Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-33-33-002-2013-00045-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-33-33-002-2013-00045-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 66001-33-33-002-2013-00045-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
26 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA PRIMERA ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 66001-33-33-002-2013-00045-01 (AG) REV
Actor: RODRIGO ALBERTO CARDONA HERRERA
Demandado: SERVICIUDAD E.S.P.
Referencia: MECANISMO DE REVISIÓN EVENTUAL EN ACCIÓN DE GRUPO
Temas: MECANISMO DE REVISIÓN EVENTUAL DE LA ACCIÓN DE GRUPO – Está
destinado a asegurar la uniformidad jurisprudencial dentro de la jurisdicción contencioso
administrativa / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / La naturaleza y alcance de la legitimación
en la causa por activa en la acción de grupo / La oportunidad para acreditar dicha
legitimación / La aplicación del principio de carga probatoria en las acciones de grupo / Los
efectos de la declaratoria de falta de legitimación en la causa por activa del único
demandante / SENTENCIA DE REEMPLAZO – El actor no demostró su pertenencia al
grupo afectado, lo cual impone la declaración de falta de legitimación en la causa por activa
y, por tanto, la negación de las pretensiones.
La Sala Primera Especial de Decisión del Consejo de Estado decide el mecanismo
de revisión eventual presentado por el señor Rodrigo Alberto Cardona respecto de
la sentencia del 15 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, que revocó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de
Pereira.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora estima que esta Corporación debe unificar la jurisprudencia en torno
a la legitimación en la causa por activa en las acciones de grupo, particularmente
respecto de la naturaleza de dicho presupuesto, el momento en que debe
acreditarse el interés jurídico, la asignación de la carga probatoria y los efectos
derivados de la declaración de falta de legitimación en la causa por activa del único
demandante. Lo anterior, por cuanto en sentencia del 15 de noviembre de 2017, el
Tribunal Administrativo de Risaralda declaró probada dicha excepción, al no
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Actor: Rodrigo Alberto Cardona Herrera
Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
acreditarse la existencia de un interés jurídico del actor durante el período en que
se determinó la conformación del grupo (2006 a 2012).
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. El 20 de junio de 20131, el señor Rodrigo Alberto Cardona Herrera2, en ejercicio
del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, presentó
demanda contra Serviciudad Empresa Industrial y Comercial del Estado Empresa
de Servicios Públicos Domiciliarios — Serviciudad E.S.P., con el fin de obtener la
indemnización de los perjuicios ocasionados a los usuarios del servicio público de
acueducto y alcantarillado del municipio de Dosquebradas (Risaralda), como
consecuencia de la falta de inversión de los recursos recaudados por concepto de
reposición, expansión y rehabilitación de redes entre los años 2006 y 2012.
En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
1. Principal: Condenar a la entidad demandada a cancelar al grupo demandante
la indemnización colectiva compensatoria por el valor de los perjuicios
causados el cual a la fecha asciende a la suma de $6.617’172.584,70, más los
intereses conforme a lo establecido en la Resolución CRA 294 de 2004.
2. Subsidiaria: (...) Que se condene a la entidad demandada a reponer la suma
faltante que a diciembre 31 de 2012 ascendía a $6.617’172.584,70, más los
intereses conforme a lo establecido en la Resolución CRA 294 de 2004 e
invertir dichos recursos captados de los usuarios de los servicios de acueducto
y alcantarillado del municipio de Dosquebradas, en las obras de reposición y
rehabilitación de redes conforme a lo establecido en los estudios tarifarios (...).
3. Señalar los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que no han estado
presentes en esta acción, a fin de que puedan reclamar la indemnización
correspondiente.
4. Condenar a la demandada al pago de costas, incluidas las agencias en
derecho correspondientes a la indemnización de conformidad con lo dispuesto
en los numerales 5º y 6º del artículo 65 de la ley 472 de 1998 o subsidiariamente
al valor de las obras a ejecutar.
1.2. Para sustentar las peticiones se narraron, en síntesis, los siguientes hechos:
1 Folios 2 – 54 del cuaderno principal 1.
2 En el escrito inicial se indicó que el grupo afectado correspondía a “todos los usuarios del servicio
de acueducto y alcantarillado de la empresa Serviciudad E.S.P. del municipio de Dosquebradas,
grupo que podrá ser identificado con la base de datos con la cual se expide la factura de acueducto
y alcantarillado por parte de la entidad demandada”, siendo 39.980 usuarios de acueducto y 46.596
usuarios de alcantarillado reportados a 31 de diciembre de 2012.
2
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Actor: Rodrigo Alberto Cardona Herrera
Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
Mediante la Resolución CRA 287 de 2004, la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico (CRA) definió los componentes tarifarios aplicables
a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, entre ellos, el cargo fijo, el
cargo por unidad de consumo y el costo medio de inversión. Adicionalmente,
estableció los criterios para calcular el VPIRER (Valor Presente de las Inversiones
en Reposición, Expansión y Rehabilitación), como parte de los costos trasladables
a los usuarios a través de la tarifa.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de dicha resolución, la empresa
Serviciudad E.S.P. elaboró un Plan de Inversiones a mediano plazo para la
reposición, rehabilitación y expansión de la infraestructura de acueducto y
alcantarillado.
A su vez, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante las
Resoluciones SSPD 20051300033635 y SSPD 20101300021335, estableció en el
Catálogo Único de Cuentas, la cuenta contable 1116 denominada “Fondo para la
Recuperación de Inversiones en Servicios Públicos”, en la cual los prestadores
debían registrar los recursos recaudados vía tarifa destinados exclusivamente a
inversión.
Con base en información suministrada por Serviciudad E.S.P. entre el 22 de
diciembre de 2011 y el 23 de febrero de 2013, el señor Rodrigo Alberto Cardona
Herrera elaboró un estudio técnico dirigido a determinar “el comportamiento de las
inversiones con recursos de los ingresos del componente tarifario en la empresa
Serviciudad E.S.P.”, en el cual calculó el factor de incidencia del componente de
inversión VPIRER en el costo del servicio y verificó su ejecución real frente a lo
recaudado.
En dicho estudio concluyó que, entre octubre de 2006 y el 31 de diciembre de 2012,
Serviciudad E.S.P. recaudó $15.351’749.240,53 por concepto de VPIRER en la
facturación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, sólo destinó
$8.036’259.612 a inversiones efectivas en rehabilitación, reposición y expansión de
redes, quedando un saldo sin ejecutar de $7.314’724.128,53.
Agregó que, al 31 de diciembre de 2012, Serviciudad reportó en la cuenta 1116 un
saldo de apenas $697’551.542,83, lo cual evidenciaba un presunto desvío de
recursos por valor de $6.617’172.584,70, que se presumen fueron utilizados para
3
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Actor: Rodrigo Alberto Cardona Herrera
Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
cubrir gastos distintos a los legalmente previstos, afectando directamente a los
39.980 usuarios del servicio de acueducto y a los 46.596 usuarios de alcantarillado
registrados en esa fecha.
El demandante sostiene que, si las inversiones necesarias no se efectuaron, ello
generó un riesgo para la calidad, continuidad y eficiencia en la prestación del
servicio, con la consecuente afectación del derecho fundamental de acceso al agua
potable. En cambio, si las inversiones no se ejecutaron por no ser requeridas, es
decir, porque la infraestructura se encontraba en adecuado estado de
funcionamiento y el servicio se prestaba conforme a los estándares legales de
calidad, cobertura y continuidad, los recursos recaudados por tal concepto deben
reintegrarse a los usuarios, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución CRA
294 de 2004.
2. Trámite en primera instancia
2.1. El Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, en auto del 11 de junio de 2013,
admitió la demanda, ordenó notificar a Serviciudad E.S.P. e impartió la instrucción
de informar a la comunidad sobre la acción interpuesta3. En el expediente obra
constancia de la notificación efectuada, así como de la publicación realizada en un
diario de amplia circulación, conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable4.
2.2. Serviciudad E.S.P. se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando
que ha venido cumpliendo con las inversiones en reposición y rehabilitación de
redes, así como con sus obligaciones legales y financieras, a pesar de la necesidad
de subsidiar al 45% de los usuarios de estratos 1 y 2 y a la elevada cartera vencida,
que para la época ascendía a $4.888’850.188.
Señaló que la cuenta 1116 “Fondo para la Recuperación de Inversiones en
Servicios Públicos” fue implementada de manera gradual y que presentaba un
saldo de $2.297’551.542,83, a la vez que, reconoció que no todas las obras
previstas se han ejecutado, justificando dicha situación en que las tarifas no
permiten incluir ciertos tributos —como impuesto de renta, predial, industria y
comercio, patrimonio, tasa retributiva, tasa de uso, impuesto de vehículos,
3 Folios 57 – 58 del cuaderno principal 1.
4 Folios 64 – 73 del cuaderno principal 1.
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Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
valorización y aportes a estratificación—, los cuales ascendieron a $7.983’142.448
y debieron ser cubiertos con los ingresos tarifarios ordinarios.
Afirmó que, en todo caso, la acción carecía de objeto, dado que el plazo normativo
de diez años previsto en la Resolución CRA 287 de 2004 para la ejecución del plan
de inversiones no había finalizado al momento de presentación de la demanda —
20 de junio de 2013—, puesto que vencía en agosto de 2016.
En consecuencia, formuló las excepciones de: (i) falta de cumplimiento del requisito
de procedibilidad de reclamación previa; (ii) caducidad de la acción; (iii) falta de
legitimación en la causa por activa; (iv) falta de legitimación en la causa por pasiva;
(v) inexistencia de daño antijurídico; (vi) incumplimiento del principio de carga de la
prueba; y (vii) improcedencia de la acción5.
2.3. Mediante auto del 29 de enero de 2014, el Juzgado Segundo Administrativo de
Pereira convocó a las partes y al Ministerio Público para la audiencia de conciliación
prevista en el artículo 61 de la Ley 472 de 19986. La diligencia se llevó a cabo el 4
de febrero de 2014 y fue declarada fallida ante la inasistencia de la parte
demandada7.
2.4. Concluida la etapa probatoria8, el 4 de abril de 2014, el Juzgado a quo corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión9.
2.4.1. Serviciudad E.S.P. solicitó la denegación de las pretensiones, argumentando
que ha dado cumplimiento a la Resolución CRA 287 de 2004 y al Acuerdo 004 de
2006, los cuales gozan de presunción de legalidad. Ello, por cuanto cuenta con un
plan de inversiones ajustado a la metodología tarifaria de la CRA, el cual es objeto
de seguimiento por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
y, además, mantiene un saldo superior a dos mil millones de pesos en la cuenta
1116, destinado a su ejecución10.
2.4.2. De otro lado, la parte actora aclaró que no pretende la nulidad de actos
administrativos sino la indemnización de los perjuicios causados por el desvío de
5 Folios 74 – 90 del cuaderno principal 1.
6 Folio 116 del cuaderno principal 1.
7 Folio 118 del cuaderno principal 1.
8 Folios 122 – 124 y 136 del cuaderno principal 1.
9 Folio 139 del cuaderno principal 1.
10 Folios 141 – 147 del cuaderno principal 1.
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Actor: Rodrigo Alberto Cardona Herrera
Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
los recursos recaudados por concepto de inversión, los cuales fueron destinados a
fines distintos al legalmente previsto. Indicó que, según el material probatorio
obrante en el expediente, dichos recursos ascendían a $7.119’791.024,70 al 31 de
diciembre de 2012.
Añadió que algunas de las obras proyectadas, que debían financiarse con esos
recursos, fueron ejecutadas con otras fuentes de financiación, como el Sistema
General de Participaciones, los recursos de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda (CARDER) o las transferencias del orden nacional, lo cual, a su juicio,
configuró un doble cobro a los usuarios11.
3. Sentencia de primera instancia
El Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, mediante sentencia del 11 de
febrero de 2016, negó las pretensiones de la demanda, por considerar incumplido
el requisito de procedibilidad de titularidad de la acción, debido a que el actor no
acreditó su pertenencia al grupo afectado conforme a lo definido en la demanda.
Explicó que, aunque el grupo demandante estaba conformado por los usuarios del
servicio de acueducto y alcantarillado prestado por Serviciudad E.S.P. en el
municipio de Dosquebradas, que entre 2006 y 2012 pagaron tarifas con un
componente destinado a la reposición y rehabilitación de redes; lo cierto era que el
actor Rodrigo Alberto Cardona Herrera solo acreditó su calidad de usuario entre
enero y mayo de 2013, mediante facturas expedidas a su nombre. En
consecuencia, no demostró pertenecer al grupo afectado durante el período objeto
de controversia.
Por tal razón, el despacho concluyó que no se cumplió con la titularidad exigida
para ejercer la acción, lo cual impedía cualquier pronunciamiento de fondo sobre el
daño colectivo alegado y su eventual reparación12.
4. Recurso de apelación
La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, argumentando que sí ostentaba legitimación en la causa por activa, dado
11 Folios 148 – 168 del cuaderno principal.
12 Folios 175 – 179 del cuaderno principal.
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Radicación número: 66001-33-33-002-2013-00045-01 (AG) REV
Actor: Rodrigo Alberto Cardona Herrera
Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
que, conforme al artículo 55 de la Ley 472 de 1998, la calidad de afectado en las
acciones de grupo puede ser probada en cualquier momento del proceso e incluso
en la etapa de ejecución de la sentencia al momento de reclamar el pago. En apoyo
de su postura, citó la sentencia del 20 de octubre de 2014, con radicación 52001-
23-31-000-2001-01371-02(AG), proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, según la cual, en este tipo de acciones debe aplicarse una mayor flexibilidad
probatoria respecto de la calidad de damnificado, así como del daño y los perjuicios
individualmente considerados.
Sostuvo que el hecho de que las facturas aportadas correspondan al año 2013 no
desvirtúa su legitimación para representar al grupo, dado que el plan de inversiones
tenía una vigencia de diez años, comprendidos entre 2006 y 2016, por lo que, el
actor también resultó afectado por el desvío de recursos objeto del litigio. En este
sentido, calificó de irrazonable exigir facturas de los años 2006 a 2012 para acreditar
su interés en la causa, debido a que dicha información reposa en los archivos de la
empresa demandada.
Asimismo, manifestó que la legitimación para representar al grupo no puede
depender exclusivamente de la presentación de una factura, sino de la existencia
de una causa común que une a los afectados, en este caso, el cobro indebido de
recursos tarifarios destinados a inversión. Afirmó que, lo contrario, contraviene la
finalidad constitucional de la acción de grupo, que es proteger a un grupo uniforme
de personas que han sufrido un perjuicio, por lo que no sería razonable que una
supuesta indebida representación frustrara la reclamación de todo el colectivo.
En cuanto al fondo del asunto, el apelante insistió en que la empresa Serviciudad
E.S.P. desvió recursos recaudados por el componente tarifario VPIRER hacia el
pago de otros gastos —impuestos, tasas y empréstitos—. Además, señaló que, en
caso de no poder ejecutar las obras inicialmente proyectadas, la empresa estaba
obligada a justificarlo y solicitar autorización ante la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA–, trámite que no fue cumplido.
Concluyó que la desviación de dichos recursos constituye un incumplimiento que
afecta directamente a los usuarios del municipio de Dosquebradas, quienes tienen
derecho a ser reparados o, en su defecto, a que se ejecute la inversión
correspondiente13.
13 Folios 182 – 207 del cuaderno principal 1.
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Actor: Rodrigo Alberto Cardona Herrera
Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
El anterior recurso fue concedido por el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira
el 19 de febrero de 201614 y remitido al Tribunal Administrativo de Risaralda para su
trámite, mediante oficio No. 00455 del 11 de marzo del mismo año15.
5. Trámite en segunda instancia
5.1. En proveído del 10 de febrero de 2017, el Tribunal Administrativo de Risaralda
admitió el recurso de apelación16 y el 5 de mayo siguiente, corrió traslado a las
partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, conforme a lo dispuesto
en los artículos 67 y 68 de la Ley 472 de 199817.
5.2. Serviciudad E.S.P. reiteró los argumentos expuestos en su contestación y
expresó su conformidad con la sentencia de primera instancia. Alegó que, para
efectos de la legitimación en la causa es indispensable que las personas afectadas
compartan una misma situación fáctica respecto de la causa generadora de los
perjuicios, y que el hecho que da origen al daño sea común a todos los miembros
del grupo. En ese sentido, adujo que en el presente caso el demandante no acreditó
su pertenencia al grupo de usuarios del servicio público durante el período 2006-
201218.
5.3. En dicha oportunidad procesal, la parte actora guardó silencio.
6. Sentencia de segunda instancia
La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante
providencia del 15 de noviembre de 2017, revocó la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de improcedencia de la acción
por falta de legitimación en la causa por activa. Consideró que esta constituye una
excepción previa que impide emitir un pronunciamiento de fondo y, por ende, no
conduce a negar las pretensiones —como erróneamente lo hizo el a quo—, sino a
declarar la improcedencia de la acción.
14 Folio 208 del cuaderno principal 1.
15 Folio 211 del cuaderno principal 2.
16Folio 223 del cuaderno principal 2.
17 Folio 226 del cuaderno principal 2.
18 Folios 228 - 231 del cuaderno principal 2.
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Actor: Rodrigo Alberto Cardona Herrera
Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
Señaló que la titularidad es un presupuesto de procedencia de la acción de grupo,
que exige identificar previamente al grupo afectado con base en las condiciones
uniformes invocadas en la demanda, a fin de verificar si el demandante se encuentra
comprendido dentro de dicho colectivo.
Bajo estos parámetros, el Tribunal sostuvo que el grupo debía identificarse por los
daños ocasionados con la falta de inversión de los recursos cobrados entre 2006 y
2012 a través del componente tarifario destinado a la reposición, expansión y
rehabilitación de los sistemas de acueducto y alcantarillado. En consecuencia,
indicó que la uniformidad del grupo radicaba en haber sido usuario del servicio
público y haber pagado dicho componente tarifario dentro de ese período.
Con base en lo anterior, advirtió que el demandante no podía considerarse parte del
grupo, puesto que solo acreditó su calidad de usuario a partir de 2013, fuera del
marco temporal señalado en la demanda (2006–2012), razón por la cual no
compartía la causa común atribuida al conjunto de afectados.
Adicionalmente, desestimó el argumento del apelante según el cual el daño debía
extenderse hasta 2016, en atención a la vigencia del plan de inversiones, por cuanto
correspondía a la parte demandante establecer con precisión los criterios de
identificación del grupo, los cuales, en este caso, se restringieron expresamente al
período 2006–2012.
En consecuencia, concluyó que el señor Rodrigo Alberto Cardona Herrera carecía
de legitimación por activa para promover la acción en nombre propio y en
representación del grupo, dado que no acreditó un perjuicio individual derivado del
cobro efectuado durante las anualidades señaladas. En esa medida, no existía
identidad entre el demandante y el grupo definido en la demanda, lo que impedía
tener por cumplidos los presupuestos de procedencia de la acción de grupo19.
III. REVISIÓN EVENTUAL
1. Solicitud de selección para revisión eventual
El demandante solicitó que se le diera trámite al mecanismo de revisión eventual20,
consagrado en el artículo 36A de la Ley Estatutaria 270 de 1996, introducido por el
19 Folios 238 - 250 del cuaderno principal 2.
20 Folios 252 - 290 del cuaderno principal 2.
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Actor: Rodrigo Alberto Cardona Herrera
Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, y que, en virtud de este, se seleccionara para
su análisis la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda.
En su escrito, manifestó que dicha decisión priorizó las formalidades jurídicas sobre
lo material, al desconocer los precedentes jurisprudenciales en “materia de
flexibilización en las acciones de grupo respecto de la legitimación por activa”, en
particular, la sentencia del 20 de octubre de 2014, con radicación 52001-23-31-000-
2001-01371-02(AG). Asimismo, señaló que el Tribunal omitió el decreto oficioso de
pruebas y la aplicación del principio de carga dinámica de la prueba, debido a que
no decretó pruebas destinadas a establecer si el demandante pertenecía
efectivamente al grupo, oficiando a la empresa demandada para que suministrara
la base de datos de usuarios correspondiente al período 2006–2012.
Con base en lo anterior, el solicitante formuló los siguientes problemas jurídicos,
con el propósito de que esta Corporación unifique jurisprudencia:
¿En las acciones de grupo es la falta de legitimación en la causa por activa una
excepción previa o de fondo que además puede ser decretada de oficio como
previa en la sentencia, como lo concluyó el Tribunal de Risaralda, cuál es el
momento procesal para su estudio o declaratoria, puede declararse de oficio
en la sentencia?
¿Cuándo el demandante en una acción de grupo no acredita el perjuicio
individual, ello conlleva a la declaratoria de oficio por parte del juez de la
excepción de falta de legitimación en la causa por activa del demandante y de
rebote de todo el grupo, o la falta de acreditación del perjuicio por el
demandante no impide el reconocimiento del perjuicio para el grupo accediendo
a las súplicas de la demanda a favor del grupo afectado?
¿La no acreditación del perjuicio individual del demandante en una acción de
grupo da lugar a declarar la falta de legitimación en la causa por activa de los
demás miembros del grupo?
¿La legitimación por activa en las acciones de grupo puede probarse al
momento de efectuar la reclamación del perjuicio, una vez ha sido emitida la
sentencia, tal y como lo ha señalado el CONSEJO DE ESTADO (…) Radicación
número 52001-23-31-000-2001-01371-02 (AG) (…) o se debe entender como
lo sentenció el Tribunal Administrativo de Risaralda que es única y
exclusivamente en el proceso a efectos de unificar jurisprudencia respecto de
la forma como se debe probar la legitimación por activa en las acciones de
grupo?
¿En ejercicio de la carga dinámica de la prueba en acciones de grupo contra la
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios deberá el Juez ordenar que todas
las facturas de cobro de los servicios sean aportadas por la empresa, cuando
es esta la que conserva la base de datos en sus archivos, o debe el Juez en
ese mismo ejercicio de la carga dinámica de la prueba exigirla al demandante
o a los 20 integrantes del grupo cuando así se presente tal y como lo determinó
el Honorable Tribunal en el fallo que se objeta a efectos de unificar
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Radicación número: 66001-33-33-002-2013-00045-01 (AG) REV
Actor: Rodrigo Alberto Cardona Herrera
Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
jurisprudencia respecto de la forma de recaudar la prueba de la legitimación
por activa en las acciones de grupo? ¿Si la prueba de los pagos reposa en la
empresa de servicios públicos domiciliarios, quién tiene la facilidad para
adjuntar la prueba? ¿Es dable exigir de otro la presentación de pruebas que
tengo en mi poder y esa actitud se acompasa con la buena fe?
¿Es propio que el Honorable Tribunal Administrativo de Risaralda se aparte de
los precedentes jurisprudenciales en las acciones de grupo que aligeran la
carga probatoria de la legitimación por activa sin que señale los fundamentos
que tiene para apartarse de la línea trazada por el máximo organismo? ¿Por
qué se adoptó el criterio más regresivo con los actores teniendo en cuenta que
los derechos de los usuarios y consumidores tienen raigambre constitucional
(art. 78 C.P.)?
¿Es propio que el Honorable Tribunal Administrativo de Risaralda se aparte de
los precedentes jurisprudenciales en materia de decreto de práctica de pruebas
de oficio para buscar la verdad real del proceso sin que señale los fundamentos
que tiene para separarse de la línea trazada por la Corte Constitucional y el
Honorable Consejo de Estado, máxime si ello no optimiza el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.)?
¿La pertenencia al grupo debe quedar demostrada al momento de reclamar el
pago de la indemnización como lo tiene establecido la jurisprudencia del
Honorable Consejo de Estado sobre la flexibilidad para probarla o debe quedar
probada como lo señalo el Honorable Tribunal Administrativo de Risaralda en
el proceso, para efectos de unificar la jurisprudencia?
En el caso que ocupa su atención al quedar demostrado que existe una causa
común frente al servicio prestado por SERVICIUDAD E.S.P.
DOSQUEBRADAS para todos los 39.980 usuarios del servicio de acueducto y
para los 46.596 usuarios de alcantarillado reportados a diciembre 31 de 2012
y que se configuró el daño. ¿Quedará enervada la acción de grupo si quien
inició el proceso fuese un impostor?
Al quedar demostrado que existió el daño para todos los 39.980 usuarios del
servicio de acueducto y para los 46.596 usuarios de alcantarillado reportados
a diciembre 31 de 2012, ¿debe ordenarse a la entidad demandada a reponer
la suma faltante que a diciembre 31 de 2012 ascendía a $6.617.172.584,70,
más los intereses conforme a lo establecido en la Resolución CRA 294 de 2004
e invertir dichos recursos captados de los usuarios de los servicios de
acueducto y alcantarillado del Municipio de Dosquebradas, en las obras de
reposición y rehabilitación de redes conforme a lo establecido en los estudios
tarifarios en consideración a que si esas obras fueron proyectadas es porque
se requieren para una correcta y eficiente prestación del servicio a la
comunidad o debe pagarse la indemnización individualmente a cada uno de los
usuarios?
2. Providencia de selección para revisión eventual
Mediante auto del 6 de septiembre de 2018, la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado resolvió seleccionar el presente asunto para trámite de revisión
eventual.
La Sala estimó que, aunque el solicitante no invocó una contradicción
jurisprudencial, el mecanismo de revisión eventual resulta procedente no solo en
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casos de posiciones jurídicas divergentes, sino también cuando no existe una línea
jurisprudencial consolidada o esta no ha sido suficientemente desarrollada.
Precisamente, señaló que ello ocurría en el sub examine, “en el que resulta
necesario dilucidar si la falta de legitimación en la causa por activa del único
accionante en una acción de grupo, puede afectarlo no solo a él sino a todo el grupo
que representa, aun cuando se ha cumplido con los requisitos del artículo 52 de la
Ley 472 de 1998 al momento de presentar la demanda, especialmente en la
identificación del grupo y determinación de los perjuicios que a ellos se les han
causado”.
En consecuencia, consideró necesario unificar y sentar jurisprudencia sobre “cómo
opera la falta de legitimación en la causa por activa en acciones de grupo” y “si la
legitimación en la causa del único accionante puede afectar a todo el grupo de
personas a las cuales se les ha causado algún perjuicio, con lo cual se perdería
toda oportunidad para que el proceso sea estudiado de fondo, perjudicando así, no
solo a la persona que presentó la demanda, sino también a todas aquellas personas
que conforman el grupo afectado por el daño que se pretende probar en el
proceso”21.
IV. CONSIDERACIONES
1. Presupuestos procesales
1.1. Legislación aplicable
La presente decisión se rige por el procedimiento vigente para el momento en que
se solicitó su revisión eventual, esto es, el 28 de noviembre de 2017, fecha para la
cual se encontraba en vigencia la Ley 1437 de 2011 –Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)–, conforme a lo
dispuesto en su artículo 308, el cual establece que: “Este Código sólo se aplicará a
los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia
(…)”.
En lo atinente a la resolución de fondo del asunto, en caso de que haya lugar a ella,
se advierte que, en principio, para el trámite y decisión de las acciones de grupo la
21 Folio 340 – 345 del cuaderno principal 2.
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normativa aplicable es la contemplada en la Ley 472 de 1998, con las
modificaciones que, respecto de la pretensión, caducidad del medio de control y
competencia funcional, introdujeron los artículos 145, 152 numeral 16 y 164 literal
h) del CPACA, dado que la demanda fue interpuesta con posterioridad al 2 de julio
de 2012, fecha de entrada en vigencia de dicha normativa.
En los aspectos no regulados expresamente por la Ley 472 de 1998 o el CPACA,
se acudirá de manera supletoria a la legislación procesal civil 22, bajo el entendido
que, a partir del 1º de enero de 2014 dicha remisión se entiende referida a la Ley
1564 de 2012 –Código General del Proceso (CGP)–23. Lo anterior, sin perjuicio de
que cuando existan disposiciones del CPACA que regulen de forma específica
materias relativas al medio de control de reparación de los perjuicios causados a un
grupo, tales disposiciones deberán preferirse frente a aquellas previstas en el CGP,
en virtud del principio de especialidad normativa24.
1.2. Competencia para conocer del asunto
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de
“las acciones de grupo originadas en la actividad de las entidades públicas y de las
personas privadas que desempeñen funciones administrativas”, en virtud de lo
establecido en el artículo 50 de la Ley 472 de 1998.
En el caso objeto de análisis, la demanda fue dirigida contra Serviciudad E.S.P.,
entidad que, al momento de la interposición de la acción, ostentaba la naturaleza
jurídica de empresa industrial y comercial del Estado, dedicada a la prestación de
servicios públicos domiciliarios en el municipio de Dosquebradas25. En
consecuencia, al verificarse la condición pública de la entidad demandada, no existe
duda sobre la competencia de esta jurisdicción para conocer del presente asunto.
Adicionalmente, la Sala Primera Especial de Decisión es competente para decidir la
presente revisión eventual solicitada frente a la sentencia proferida el 15 de
noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en el marco del
22 Ley 472 de 1998. “Artículo 68. Aspectos No Regulados. En lo que no contraríe lo dispuesto en las
normas del presente título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de
junio de 2014, exp. 49.299, C.P. Enrique Gil Botero.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, auto del 6 de agosto de 2020, exp. 64.778.
C.P. María Adriana Marín.
25 Folios 92 – 94 del cuaderno principal 1 y 55 – 57 del cuaderno anexo 1.
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medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, de
conformidad con el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo
11 de la Ley 1285 de 2009, en concordancia con el numeral 4º del artículo 29 del
Acuerdo 80 de 12 de marzo 201926, que dispone:
Artículo 29.- Las Salas especiales de decisión decidirán los siguientes asuntos
de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
(…)
4. Las revisiones eventuales en materia de acciones populares y de grupo que
a la fecha de entrada en vigencia del presente acuerdo estén pendientes de
decisión por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, las cuales
quedarán asignadas a la respectiva Sala Especial de Decisión a la que
pertenezca el ponente, en los términos de este acuerdo.
1.3. Ejercicio oportuno del mecanismo
La solicitud de revisión eventual fue presentada dentro del término previsto en el
artículo 11 de la Ley 1285 de 200927. En efecto, la sentencia del 15 de noviembre
de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, fue notificada a las
partes por correo electrónico el 16 de noviembre de 201728. En consecuencia, el
plazo de ocho días fijado por la ley transcurrió entre el 17 y el 28 de noviembre de
2017, fecha en la cual se radicó la solicitud, lo que acredita su oportuna
presentación.
1.4. El mecanismo de revisión eventual: naturaleza, procedencia y alcance
El mecanismo de revisión eventual fue incorporado al ordenamiento jurídico
colombiano mediante el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, que adicionó el artículo
36A a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), siendo
posteriormente recogido y desarrollado en el CPACA29. Este instrumento fue
concebido con el propósito específico de facultar al Consejo de Estado, en su
calidad de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, para revisar las
sentencias o providencias que determinen la finalización o archivo de los procesos
26 Que compiló el Reglamento del Consejo de Estado.
27 “La petición de parte o del Ministerio Público deberá formularse dentro de los ocho (8) días
siguientes a la notificación de la sentencia o providencia con la cual se ponga fin al respectivo
proceso (…)”.
28 Folio 251 del cuaderno principal 2.
29La Ley 1437 de 2011 (CPACA) incorporó y desarrolló en sus artículos 272 a 274 los lineamientos
jurisprudenciales establecidos por el Consejo de Estado en torno al mecanismo de revisión eventual,
reafirmando su carácter excepcional, su finalidad unificadora y los criterios que rigen su procedencia
y trámite.
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Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
promovidos para la protección de los derechos e intereses colectivos y la reparación
de daños causados a un grupo, con el único y exclusivo fin de unificar la
jurisprudencia30.
En cuanto a su naturaleza, la Sala Plena de esta Corporación31 ha precisado que
este instrumento jurídico no constituye un recurso ordinario ni extraordinario, sino
que debe entenderse como un “proceso de impugnación excepcional o un proceso
de impugnación en grado supremo”, destinado a asegurar la uniformidad
jurisprudencial dentro de la jurisdicción contencioso administrativa. De igual forma,
a título ilustrativo, se ha establecido que la revisión eventual procede en los
siguientes supuestos: “(i) cuando uno o varios de los temas contenidos en la
providencia respectiva hubiere merecido tratamiento diverso por la jurisprudencia
del Consejo de Estado, de manera que resulte indispensable fijar una posición
unificadora; (ii) cuando uno o varios de los temas de la providencia, por su
complejidad, por su indeterminación, por la ausencia de claridad de las
disposiciones normativas en las que se funda o por un vacío en la legislación, sean
susceptibles de confusión o involucren disposiciones respecto de las cuales quepan
diferentes formas de aplicación o interpretación; (iii) cuando sobre uno o varios de
los temas de la providencia no hubiere una posición consolidada por parte de la
jurisprudencia de esta Corporación, y (iv) cuando uno o varios de los temas de la
providencia no hubieren sido objeto de desarrollos jurisprudenciales, por parte del
Consejo de Estado”32.
Asimismo, se ha indicado que también procede la revisión eventual cuando,
existiendo una posición unificada, se advierta la necesidad de precisar su alcance
o resolver divergencias en su interpretación y aplicación33.
30 Dicha finalidad fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-713
del 15 de julio de 2008, y posteriormente recogida en el artículo 272 del CPACA, cuyo tenor literal
establece: “Finalidad de la revisión eventual en las acciones populares y de grupo. La finalidad de
la revisión eventual establecida en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de
Administración de Justicia, adicionado por artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, es la de unificar la
jurisprudencia en tratándose de los procesos promovidos para la protección de los derechos e
intereses colectivos y la reparación de daños causados a un grupo y, en consecuencia, lograr la
aplicación de la ley en condiciones iguales frente a la misma situación fáctica y jurídica”.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de septiembre
de 2013, rad. 17001-33-31-001-2009-01566-01 (IJ), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 14 de julio de 2009,
rad. 20001-12-33-100-2007-00244-01, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
33 Estas hipótesis se introdujeron al derecho positivo con la expedición de la Ley 2080 de 2021, por
medio de la cual se reformó la Ley 1437 de 2011. Así, los artículos 79 y 80 de aquella ley, que
reformaron respectivamente los artículos 270 y 271 del CPACA, previeron que la labor unificadora
del Consejo de Estado podía cumplirse no solo cuando fuese necesario unificar o sentar
jurisprudencia, sino también en los casos en que se requiriese “precisar su alcance o resolver las
divergencias en su interpretación y aplicación (…)”. Es importante anotar que, con anterioridad a la
expedición de dicha ley, nada obstaba para que, jurisprudencialmente, se acudiera a tales supuestos
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Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
En todos los casos, para la procedencia del mecanismo de revisión eventual, es
indispensable que los temas objeto de unificación jurisprudencial tengan una
incidencia directa e inmediata en la decisión adoptada en la providencia sometida a
revisión, con el fin de salvaguardar los principios de eficacia, celeridad y economía
procesal que rigen la actividad judicial.
En punto al alcance de la decisión que corresponde adoptar, se tiene que luego de
haberse seleccionado la providencia para revisión, el juez cuenta con amplias
facultades para garantizar el principio de legalidad en su integralidad y la protección
efectiva de derechos fundamentales, de ahí que tenga la competencia para
examinar tanto la providencia de segunda instancia como la integridad del
proceso34. En efecto, en ejercicio de esta competencia, el análisis del Consejo de
Estado en sede de revisión eventual se desarrolla en dos fases: la primera, conocida
como iudicium rescindens, que está limitada por un análisis objetivo en el que se
ausculta el motivo de revisión, determinando si existe contradicción en la
jurisprudencia de esta Corporación y se comprueba si de haber sido resuelto el caso
conforme a la postura unificada, habría cambiado el sentido del fallo; de no ser así,
el mecanismo se declara improcedente. Por el contrario, si la primera etapa es
favorable al revisionista, se activa la fase denominada iudicium rescissorium, en la
cual el juez de revisión adquiere competencia plena para analizar integralmente el
litigio (hechos, pruebas, argumentos y normas aplicables) y dictar una nueva
providencia ajustada a los criterios jurisprudenciales unificados35.
En este contexto, la competencia del Consejo de Estado no se ve restringida por los
argumentos del solicitante ni por las razones que motivaron la selección del caso.
El thema decidendum lo determina exclusivamente la Corporación, en atención al
objetivo superior de garantizar la unificación jurisprudencial. Por ello, el juez de
revisión tiene plena libertad para identificar, abordar y resolver todos los aspectos
de orden jurídico trascendentes que se desprendan del caso, incluso aquellos no
planteados expresamente por las partes, siempre que resulten indispensables para
cumplir con la función de unificación en el asunto concreto36.
a fin de que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo emprendiera la tarea unificadora
que le corresponde.
34 Corte Constitucional, sentencia C-252 de 2001. M.P: Carlos Gaviria Díaz; 18 de febrero de 2001;
sentencia C-668 de 2001. M.P: Clara Inés Vargas Hernández; 28 de junio de 2001.
35 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 4 de diciembre de 2018. Rad.
66001-33-31-002-2007-00107-01(AG) REV, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
36 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 14 de agosto de 2018,
rad. 20001-23-31-000-2007-00244-01(AG) REV, CP. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Esta amplitud competencial responde al carácter excepcional de la revisión
eventual, que no se centra en argumentos propios de un recurso de apelación, ni
constituye un recurso a favor de las partes, sino que se activa para asegurar la
correcta y uniforme aplicación del derecho, motivo por el cual en sede de este
mecanismo no resulta aplicable el principio de non reformatio in pejus37.
Con base en lo anterior, esta Sala Especial de Decisión abordará el estudio de los
temas seleccionados por la Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de
unificar o reiterar la jurisprudencia aplicable, y verificar si el fallo del tribunal objeto
de revisión se ajusta a dichos lineamientos. En caso contrario, se dejará sin efectos
y se dictará una nueva decisión conforme al criterio unificado38.
2. Aspectos y temas de unificación jurisprudencial
La Sala procederá a examinar el proceso a la luz de la solicitud de revisión eventual
y lo considerado en el auto del 6 de septiembre de 2018 a través del cual esta
Corporación seleccionó la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, con el propósito de reiterar o unificar jurisprudencia en
torno a: (i) la naturaleza y alcance de la legitimación en la causa por activa en la
acción de grupo —actualmente, medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo—; (ii) la oportunidad para acreditar dicha legitimación; (iii) la
aplicación del principio de carga probatoria en las acciones de grupo; y (iv) los
efectos de la declaratoria de falta de legitimación en la causa por activa del único
demandante.
2.1. Naturaleza y alcance de la legitimación en la causa por activa en las
acciones de grupo
Tradicionalmente, la legitimación en la causa se ha concebido desde dos
dimensiones: la legitimación de hecho y la legitimación material (legitimatio ad
37 Consejo de Estado, Sala Décimo Quinta Especial de Decisión, sentencia del 10 de marzo de
2021, rad. 66001 33 31 003 2009 00225 01 (AP) REV, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
38 En cuanto a las decisiones a adoptar en caso de prosperidad de la revisión, el numeral 6 del
artículo 274 del CPACA, dispone: “6. Si prospera la revisión, total o parcialmente, se invalidará, en
lo pertinente, la sentencia o el auto, y se dictará la providencia de reemplazo o se adoptarán las
disposiciones que correspondan, según el caso. Si la sentencia impugnada se cumplió en forma
total o parcial, la Sentencia de Unificación dejará sin efectos los actos procesales realizados y
dispondrá que el juez inferior ejecute las órdenes sobre las restituciones y adopte las medidas a que
haya lugar”.
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causam)39. La primera se establece a partir de la relación procesal que el petitum y
la causa petendi generan entre las partes, es decir, se refiere a la vinculación formal
entre demandante y demandado. La segunda, en cambio, responde al criterio de
efectividad, esto es, a la participación real de las personas en la situación jurídica
sustancial que da origen a la demanda, sin importar si accionó o no, para el caso
del demandante, o si fue demandado o no, cuando se trata de la parte pasiva40.
Desde esta perspectiva, la legitimación material en la causa no constituye un
presupuesto procesal41 ni una excepción de fondo, sino un elemento de mérito de
la litis42, cuya verificación resulta indispensable para que el juez pueda emitir una
sentencia de fondo favorable a alguna de las partes43.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en afirmar que, aunque su
ausencia no extingue las pretensiones por falta de fundamento, como sucede con
las excepciones de fondo44, sí condiciona la posibilidad de que el fallador emita un
39 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de junio de 2000, exp. 10.171, C.P.
María Elena Giraldo Gómez.
40 “En los procesos civiles, laborales y contencioso-administrativos, esa condición o cualidad que
constituye la legitimación en la causa, se refiere a la relación sustancial que se pretende que existe
entre las partes del proceso y el interés sustancial en litigio o que es el objeto de la decisión
reclamada. Se puede tener la legitimación en la causa, pero no el derecho sustancial pretendido”..
Cita Original de: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de febrero
de 2025, exp. 68.086, C.P. María Adriana Marín, y sentencia del 7 de marzo de 2025, exp. 66.072,
C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
41 “La legitimación en la causa es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, en cuanto
concierne con una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio y no a
los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste, motivo por el cual su
ausencia desemboca irremediablemente en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama
el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo”. Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, providencia del 14 de marzo de 2002, radicado: 6139.
42 En estricto sentido, resulta ser requisito de la sentencia de fondo o mérito, toda vez que, in fine,
no es posible confundir el interés sustancial legítimo para pedir u oponerse, con la real titularidad
del derecho material pretendido. Cfr. Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal
– Teoría General del Proceso, Tomo I. Cuarta edición. Editorial ABC. Bogotá. 1974. Pág. 223.
43 En similar sentido y complementando lo expuesto, se ha afirmado lo siguiente: “La legitimación
material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar
sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la
causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta
recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya
probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo
atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo -no el procesal-; si
la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán
las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien
se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser
absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”. Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, exp. 13.356, y sentencia de 17
de junio de 2004, exp. 14.452, ambas con ponencia de la consejera María Elena Giraldo Gómez.
En el mismo sentido, puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de
abril de 2006, exp. 15.352, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
44 Constituye una postura sólidamente decantada por la jurisprudencia del Consejo de Estado
aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de
fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que éstas, a diferencia de aquélla,
enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o
totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una
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Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
pronunciamiento favorable, en tanto representa una exigencia inherente al derecho
sustancial cuya verificación es necesaria para entrar a estudiar intrínsecamente las
pretensiones de la demanda y acoger sus súplicas. Así, si bien el juez puede emitir
una decisión de fondo, esta será adversa al demandante si no se acredita la
legitimación en la causa, ya sea porque no se configura la titularidad del derecho
material reclamado o porque los hechos se atribuyeron a un sujeto que no tenía el
deber jurídico de responder45.
En lo que respecta a la legitimación material en la causa por activa, esta se refiere
a la titularidad del derecho subjetivo o del interés legítimo que se invoca en la
demanda y cuya protección se pretende frente a la parte demandada. Por ello, solo
puede predicarse de quienes tienen el interés sustantivo para incoar la acción e
intervenir en el proceso, pues se trata de una condición sustancial vinculada
directamente con la pretensión formulada.
Así las cosas, conforme al principio del interés jurídico para obrar o pedir, quien
formula peticiones en el proceso debe tener un interés legítimo, serio y actual en la
declaración que se persigue, por cuanto existen solicitudes que sólo corresponde
hacerlas a ciertas personas y frente o contra otras determinadas46. Dicho interés se
traduce en el motivo o causa privada que determina la necesidad de demandar, que
además de la relevancia jurídico sustancial, debe ser concreto, o sea existir para el
caso particular y con referencia a una determinada relación sustancial; serio, en
tanto la sentencia favorable confiera un beneficio económico o moral para el
demandante; y actual, porque el interés debe existir para el momento de la demanda
y principalmente cuando se define el litigio47.
condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante
o al demandado. En este sentido, consultar entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 20 de septiembre de 2001, exp. 10.973, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia
del 22 de noviembre de 2001, exp. 13.356, María Elena Giraldo Gómez; y sentencia del 26 de
septiembre de 2012, exp. 24.677, C.P. Enrique Gil Botero.
45 Se ha indicado que la falta de legitimación en la causa no impide al fallador pronunciarse de fondo
sobre el petitum de la demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un elemento de
la pretensión y no de la acción, en la medida en que se trata de “… una condición propia del derecho
sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el
demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del
demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1° de marzo de 2006, exp. 13.764, C.P. Alier
Eduardo Hernández Enríquez, reiterado en Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27
de febrero de 2013, exp. 24.998, C.P. Olga Mélida Valle De La Hoz.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de septiembre de 2014,
exp. 32.241, C.P. Enrique Gil Botero.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2025, exp.
70.545, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, reiterada en sentencia del 21 de febrero de 2025, exp.
68.086, C.P. María Adriana Marín; y sentencia del 5 de mayo de 2025, exp. 71.971, C.P. Fernando
Alexei Pardo Flórez.
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Así pues, la legitimación en la causa por activa implica verificar que quien demanda
ostenta la titularidad concreta, seria y actual del interés jurídico que reclama en el
proceso y, por lo tanto, sin importar si son o no procedentes las pretensiones
elevadas –lo que supondría efectuar un análisis de fondo de la controversia a la luz
del derecho sustancial–, sí sea el llamado a discutir su procedencia dentro del
trámite judicial, en tanto que constituye condición anterior y necesaria para la
emisión de una sentencia de mérito favorable48.
En cuanto a la aplicación de dicho presupuesto en las acciones de grupo, se parte
por precisar que este mecanismo tiene fundamento constitucional en el inciso
segundo del artículo 88 de la Constitución Política, que autorizó su ejercicio bajo la
premisa de que la ley regularía “las acciones originadas en los daños ocasionados
a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones
particulares”. En desarrollo de esta disposición, la Ley 472 de 1998 reguló el
mecanismo y en su artículo 3º lo definió como aquel que puede ser ejercido “por un
número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas
personas”.
En tal virtud, la titularidad para ejercer la acción de grupo, según el artículo 48 de la
Ley 472 de 1998, corresponde a “las personas naturales o jurídicas que hubieren
sufrido un perjuicio individual”. Adicionalmente, dicha norma contempla la
posibilidad de que el Defensor del Pueblo y los personeros municipales o distritales
la interpongan, “en nombre de cualquier persona que se los solicite o que se
encuentre en situación de desamparo o indefensión”, siempre que esta actuación
se ejerza por solicitud de los directamente agraviados.
El parágrafo del mismo artículo consagra el principio de representación procesal
colectiva, según el cual el demandante actúa en nombre del grupo afectado —
integrado al menos por veinte personas49—, sin que se requiera que cada uno de
los interesados promueva individualmente su propia acción, ni haya otorgado poder.
Sin embargo, esa representación exige que el actor pertenezca efectivamente al
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de septiembre de 2012,
exp. 24.677, C.P. Enrique Gil Botero.
49 Esta exigencia se encuentra consagrada en el artículo 46 de la Ley 472 de 1998, que dispone:
“Artículo 46.- Procedencia de las Acciones de Grupo. Las acciones de grupo son aquellas acciones
interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. La acción
de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de
los perjuicios. El grupo estará integrado al menos por veinte (20) personas”.
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grupo afectado y que acredite su calidad de perjudicado por los hechos que dieron
lugar a la acción, como presupuesto indispensable para su legitimación activa.
A su vez, el artículo 145 del CPACA reguló el medio de control para la reparación
de los perjuicios causados a un grupo, disponiendo que:
Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de
personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que
les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y
pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos
preceptuados por la norma especial que regula la materia.
De acuerdo con lo expuesto, tanto la Ley 472 de 1998 como el CPACA disponen
que la legitimación en la causa por activa en las acciones de grupo recae en quienes
hayan sido afectados por la causa común generadora del daño y, por tanto, reúnan
condiciones uniformes respecto al conjunto que se pretende representar, de ahí que
para acreditar dicha legitimación deban ser titulares del perjuicio que invocan a título
individual. Esta exigencia no solo permite verificar el vínculo del actor con el grupo,
sino que constituye una condición esencial para garantizar la representación
adecuada de los intereses comunes.
2.1.1. Lineamientos de la Corte Constitucional respecto de la legitimación en
la causa por activa en las acciones de grupo
En el diseño normativo y constitucional colombiano, la acción de grupo emerge
como un mecanismo de carácter indemnizatorio orientado a reparar daños
individuales causados por un mismo hecho generador que afecta a una pluralidad
de personas. En este marco, la Corte Constitucional ha desarrollado una línea
jurisprudencial coherente y progresiva sobre la legitimación en la causa por activa,
subrayando que no se trata de un requisito formal, sino de una condición sustancial
estrechamente vinculada con la naturaleza del mecanismo y su finalidad de
protección colectiva de intereses homogéneos.
Desde sus primeras decisiones en sede del control de constitucionalidad del
régimen de acciones de grupo, la Corte ha sostenido que la titularidad de la acción
depende de la pertenencia del demandante a un grupo afectado por una causa
común. Así, en la sentencia C-215 de 1999, al examinar la constitucionalidad del
artículo 48 de la Ley 472 de 1998, el Alto Tribunal avaló que cualquier persona —
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natural o jurídica— afectada por el hecho generador del daño, pueda ejercer la
acción, en representación de los demás perjudicados. En ese pronunciamiento,
también se respaldó la opción prevista en el mismo artículo 48, de facultar al
Defensor del Pueblo y a los personeros municipales o distritales para presentar
acciones de grupo en nombre de quienes lo soliciten y se encuentren en estado de
desamparo o indefensión. La Corte consideró que esta disposición no
menoscababa la titularidad de la acción sino que reforzaba su eficacia, pues
respetaba el derecho de acceso a la administración de justicia de las personas
directamente afectadas, y además, lo ampliaba, de acuerdo con el principio de
efectividad de los derechos consagrado en el artículo 2° de la Constitución Política,
al permitir que aquéllas que carecieran de medios para promover la acción pudieran
hacerlo a través del Defensor del Pueblo o de los personeros50.
Sobre esta base, la Corte ha consolidado la comprensión de la legitimación activa
como un requisito sustancial de la acción51. En la sentencia C-1062 de 200052,
reiteró que para acreditar tal presupuesto “debe probarse un interés jurídico
determinado por quien la instaure”, precisando que “las personas que se han visto
afectadas en un interés jurídico deben compartir la misma situación respecto de la
causa que originó los perjuicios individuales”.
La sentencia C-569 de 200453 profundizó esta postura al enfatizar que, aunque el
interés a proteger se manifieste individualmente, su origen común justifica el
tratamiento procesal colectivo, puesto que el mecanismo está diseñado en función
del individuo como parte de un grupo afectado, y no en su carácter aislado. En sus
propias palabras, “no es en razón de la persona individualmente considerada que
50 Corte Constitucional, sentencia C-215 de 14 de abril de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica De
Moncaleano.
51 En la sentencia C-1062 de 2000, la Corte Constitucional sostuvo que el ejercicio de la acción de
grupo “está sometido a unos requisitos sustanciales específicos, en cuanto a la legitimación activa
y pasiva de la acción, la determinación de la responsabilidad que se pretende determinar y el objeto
que pretende proteger”.
52 Corte Constitucional, sentencia C-1062 del 16 de agosto de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis. En
esta decisión, la Corte declaró exequibles las expresiones “derivados de la vulneración de derechos
e intereses colectivos” contenidas en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, bajo el entendido de que
su interpretación y aplicación no excluyen otros derechos subjetivos de origen constitucional o legal,
cualquiera sea su naturaleza, los cuales también pueden ser amparados mediante las acciones de
clase o de grupo.
53 Corte Constitucional, sentencia C-569 del 8 de junio de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. En
esta decisión, la Corte declaró inexequible la expresión: “Las condiciones uniformes deben tener
también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad”, prevista tanto en
el inciso primero del artículo 3° como en el inciso primero del artículo 46 de la Ley 472 de 1998,
disposición de la cual se derivaba la interpretación sobre la preexistencia del grupo acogida por el
Consejo de Estado. En consecuencia, la Corte concluyó que resultaba inconstitucional exigir la
preexistencia del grupo al momento de la ocurrencia del daño como requisito de procedibilidad de
la acción de grupo.
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se diseña el mecanismo, sino pensando en la persona, pero como integrante de un
grupo que se ha visto afectado por un daño”.
A partir de esta premisa, la Corte distinguió entre los derechos colectivos indivisibles
—propios de las acciones populares— y “los derechos o intereses de grupo con objeto
divisible e individualizable54”, que son los protegidos por las acciones de grupo, para
sostener que, en este último caso, la legitimación no se estructura en torno a un
vínculo organizativo entre los miembros, como en los colectivos, sino que “el titular se
define en función de la afectación de un interés en circunstancias comunes”, lo que
hace interdependientes los conceptos de “interés afectado” y “grupo titular de la
acción”. De allí que la Corte haya entendido que el demandante no solo debe acreditar
un perjuicio personal, sino también que lo comparte con otras personas bajo
circunstancias comunes, lo cual justifica el tratamiento procesal colectivo.
En la sentencia C-116 de 200855, la Corte reafirmó que puede ejercer la acción
cualquier persona natural o jurídica “que hubiere sufrido un perjuicio individual” por
el mismo hecho vulnerante. Asimismo, precisó que el demandante debe acreditar
la existencia del grupo afectado y señalar al menos veinte integrantes o en su
defecto establecer los criterios que permitan su identificación, conforme al artículo
46 de la Ley 472 de 1998.
Con ello, la Corte distinguió entre dos conceptos fundamentales: (i) la legitimación
en la causa por activa, que puede ejercerla cualquier persona directamente
afectada, y (ii) la determinación del grupo, que exige un mínimo de veinte personas,
aunque no todas deban comparecer u otorgar poder desde el inicio del proceso,
conforme al parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998. A partir de ello, el Alto
Tribunal precisó que el requisito de las veinte personas no incide sobre la
legitimación activa, sino que opera como un presupuesto procesal de admisión que
debe ser verificado por el juez.
54 Existen otras denominaciones posibles y usadas por la doctrina y la legislación comparada. Así,
por ejemplo, algunos doctrinantes hablan más sintéticamente de “intereses de grupo con objeto
divisible”. Por su parte, la legislación brasileña y el proyecto de Código Modelo de Procesos
Colectivos para Iberoamérica, adoptado por las XVIII Jornadas de Derecho Procesal, en Montevideo
en 2002, prefiere denominarlos “intereses o derechos individuales homogéneos”. (Ver: Ferrer Mac
Gregor. Op-cit, págs. 14 y 66). A pesar de las diferencias de denominación, el concepto es el mismo.
55 Corte Constitucional, sentencia C-116 del 13 de febrero de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En
esta decisión se declaró exequible el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, bajo el
entendido de que, para la legitimación activa en las acciones de grupo, no se requiere la
conformación de veinte personas que instauren la demanda. Es suficiente con que un miembro del
grupo actúe en su nombre y señale en la demanda los criterios que permitan identificar al grupo
afectado.
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Posteriormente, en la sentencia C-242 de 201256, la Corte Constitucional aclaró que
la legitimación activa no debe confundirse con la conformación del grupo, puesto
que esta última puede estructurarse con la integración de las personas inicialmente
ausentes en el proceso antes de la apertura a pruebas o dentro de los veinte días
siguientes a la publicación de la sentencia, como lo prevén los artículos 55 y 65 de
la Ley 472 de 1998. Estas disposiciones, a juicio de la Corte, no vulneran el debido
proceso, sino que fortalecen el principio de acceso a la justicia de quienes, aunque
no participaron en la acción desde su inicio, sí fueron objeto del mismo daño.
En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la legitimación en la
causa por activa en las acciones de grupo constituye un requisito sustancial, que
exige la acreditación de un interés jurídico individual por parte del demandante y de
su pertenencia al grupo afectado, esto es, haber sufrido un daño originado en los
mismos hechos que generaron la afectación a los demás miembros del grupo. La
facultad atribuida al Defensor del Pueblo y a los personeros municipales o distritales
no constituye una excepción a esta regla, sino un mecanismo que refuerza la
eficacia de la acción, al permitir que quienes se encuentren en situación de
desamparo o indefensión puedan acceder a la justicia, sin que ello menoscabe la
titularidad del medio colectivo. En conclusión, estas exigencias habilitan a un solo
individuo para actuar en representación del grupo, sin necesidad de la
comparecencia directa de los demás afectados, lo que garantiza la operatividad y
eficacia del mecanismo judicial.
2.1.2. Criterios fijados por el Consejo de Estado respecto de la legitimación
por activa en las acciones de grupo
La Sección Tercera del Consejo de Estado ha consolidado una línea jurisprudencial
sólida y reiterada en torno a la legitimación en la causa por activa en las acciones
de grupo, fundada en una interpretación sistemática de la Ley 472 de 1998 y del
artículo 145 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Al respecto, ha precisado que la legitimación constituye un requisito
sustancial que impone a quien promueve la acción la carga de demostrar un interés
56 Corte Constitucional, sentencia C-242 del 22 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
En este fallo, la Corte declaró exequibles: (i) la expresión “dentro de los veinte (20) días siguientes
a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior”, contenida en el artículo 55
de la Ley 472 de 1998; (ii) las expresiones “las solicitudes que llegaren a presentar oportunamente”,
“las solicitudes presentadas oportunamente” y “a las solicitudes presentadas”, previstas en el literal
b) del numeral 3 del artículo 65 de la misma ley; y (iii) la expresión “para que se presenten al
Juzgado, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación”, contenida en el numeral 4 del
artículo 65.
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jurídico determinado, el cual no se predica del demandante como individuo aislado,
sino de su pertenencia al grupo afectado por un hecho dañoso común57.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 472 de 1998, la Corporación ha
puntualizado que los sujetos legitimados para promover acciones de grupo son las
personas naturales o jurídicas que hubieren sufrido un perjuicio individual, lo cual,
implica que el demandante debe ostentar un interés sustancial, subjetivo, concreto,
serio y actual en el resultado del proceso, derivado de condiciones uniformes frente
a una misma causa que le generó perjuicios individuales a por lo menos veinte
personas. Además, en cuanto a la eficacia del mecanismo se ha reconocido que
también están facultados para ejercer este tipo de acciones el Defensor del Pueblo
y los personeros municipales o distritales, siempre que medie la solicitud de un
integrante del grupo que se encuentre en situación de desamparo o indefensión58.
De igual forma, a partir de la interpretación del parágrafo del artículo 48 ibidem, la
Corporación ha sostenido que la legitimación en la causa por activa se predica del
grupo59, por cuanto el demandante “representa a las demás personas que hayan
sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que
cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya otorgado
poder”.
En virtud de esta representación, se ha establecido que la acción puede ser
promovida por un solo individuo en nombre de un grupo no inferior a veinte
personas, siempre que demuestre su pertenencia al mismo e individualice a los
demás afectados o indique los criterios que permitan su identificación (artículo 52
núm. 2 y 4, Ley 472 de 199860)61. Por tanto, no basta con que el demandante afirme
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2007, rad. 68001-23-15-000-
2001-01531-01(AG). C.P. Alier Hernández Enríquez.
58 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 15 de marzo de 2006, rad. 25000-23-26-000-2004-
02556-01(AG). C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2007, rad. 68001-23-15-000-
2001-01531-01(AG). C.P. Alier Hernández Enríquez y Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, auto del 13 de febrero de 2013, rad. 63001-23-33-000-2012-00052-01(AG). C.P.
Mauricio Fajardo Gómez.
60 “Artículo 52.- Requisitos de la demanda. La demanda mediante la cual se ejerza una acción de
grupo deberá reunir los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil o en el Código
Contencioso Administrativo, según el caso, y además expresar en ella: (…)2. La identificación de
los poderdantes, identificado sus nombres, documentos de identidad y domicilio.(…) 4. Si no fuere
posible proporcionar el nombre de todos los individuos de un mismo grupo, expresar los criterios
para identificarlos y definir el grupo”.
61 En este sentido, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias del Consejo de
Estado, Sección Tercera: sentencia del 6 de octubre de 2005, rad. 41001-23-31-000-2001-00948-
01 (AG); auto del 15 de marzo de 2006, rad. 25000-23-26-000-2004-02556-01 (AG); sentencia del
15 de agosto de 2007, rad. 25000-23-27-000-2002-00004-01 (AG); sentencia del 7 de abril de 2011,
rad. 25000-23-24-000-2000-00016-01 (AG), todas con ponencia de la Consejera Ruth Stella Correa
Palacio. En igual dirección: auto del 7 de febrero de 2007, rad. 08001-23-31-000-2006-03753-01
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su pertenencia al grupo, sino que le corresponde probar que efectivamente lo
integra y que representa sus intereses, mediante la demostración concreta de un
interés jurídico individual. En este sentido, se ha sostenido62:
En primer lugar, es necesario precisar que la condición genérica de
existencia de un grupo no agota el requisito de integración del mismo
para demandar, en tanto que es indispensable que quienes demandan
demuestren que realmente pertenecen al grupo cuyos intereses
representan, pues como lo advirtió la Corte Constitucional, el ejercicio de la
acción de grupo “está sometido a unos requisitos sustanciales específicos en
cuanto a la legitimación activa y pasiva de la acción frente a lo primero, debe
probarse un interés jurídico determinado por quien la instaure”63.
De hecho, el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998, es claro en
señalar que “quien actúe como demandante, representa a las demás personas
que hayan sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin
necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia
acción, ni haya otorgado poder”. En tal virtud, la legitimación en esta acción
no es del individuo sino del grupo, por lo que es obvio exigir que el titular
de la demanda demuestre que hace parte o integra el grupo cuyos
intereses representa. Luego, no es suficiente que los actores manifiesten que
hacen parte del grupo sino también es indispensable que demuestren su
interés para actuar, esto es, que integran el grupo y pueden representar a
quienes se encuentran en las mismas condiciones uniformes”. (Se
destaca)
Con el propósito de dotar de claridad las atribuciones y exigencias de los distintos
sujetos que persiguen un reconocimiento indemnizatorio mediante el mecanismo
de la acción de grupo, en reiterada jurisprudencia, la Sección Tercera ha
consolidado una diferenciación conceptual entre el grupo demandante y el grupo
afectado en este tipo de acciones. El primero está conformado por quienes ejercen
materialmente la acción judicial y presentan la demanda en nombre de un colectivo
más amplio, el cual puede aumentarse con la adhesión de otros miembros antes
de la apertura a pruebas; mientras que, el segundo está integrado por todas
aquellas personas que han sufrido un perjuicio individual derivado de una misma
causa y no se han excluido del proceso, incluyendo tanto a los demandantes
iniciales como a quienes se vinculan posteriormente o nunca comparecen, pero
(AG), C.P. Enrique Gil Botero; y sentencia del 26 de noviembre de 2014, rad. 76001-23-31-000-
2003-00834-02 (AG), C.P. Hernán Andrade Rincón (E).
62 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de enero de 2006, rad. 47001-23-31-000-
2002-00614-01(AG). C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
63 Sentencia C-215 de 1999.
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resultaron afectados con el mismo hecho generador (artículos 55 y 56, Ley 472 de
199864)65.
Este desarrollo jurisprudencial reafirma que la acción de grupo no se funda en una
titularidad individual, sino que se estructura en un interés colectivo orientado a la
reparación de perjuicios individuales. Por ello, el grupo demandante, en su
condición de representante del grupo afectado, debe estar necesariamente
conformado por personas que también hayan sido víctimas del mismo hecho
generador del daño. Esta exigencia legal, ampliamente reconocida en la
jurisprudencia, constituye una condición indispensable para acreditar la
legitimación en la causa por activa en este tipo de acciones, así como para
garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y la protección integral
de los derechos del grupo afectado.
En línea con este planteamiento y atendiendo al carácter colectivo de la acción de
grupo, la Corporación ha distinguido este mecanismo de las acciones públicas, al
64 “Artículo 55.- Integración al Grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados
a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones,
derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio
podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación
de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de
acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo
grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado
de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte
(20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no
podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y
tampoco se beneficiará de la condena en costas.
La integración de nuevos miembros al grupo, con posterioridad a la sentencia, no incrementará el
monto de la indemnización contenida en ella.
Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo, a
solicitud del interesado. En este evento, el interesado ingresará al grupo, terminará la tramitación de
la acción individual y se acogerá a los resultados de la acción de grupo”. El texto subrayado fue
declarado inexequible.
“Artículo 56.- Exclusión del Grupo. Dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término
de traslado de la demanda, cualquier miembro de un mismo grupo podrá manifestar su deseo de
ser excluido del grupo y, en consecuencia, no ser vinculado por el acuerdo de conciliación o la
sentencia. Un miembro del grupo no quedará vinculado a los efectos de la sentencia en dos
situaciones:
a) Cuando se haya solicitado en forma expresa la exclusión del grupo en el término previsto en el
inciso anterior;
b) Cuando la persona vinculada por una sentencia pero que no participó en el proceso, demuestre
en el mismo término que sus intereses no fueron representados en forma adecuada por el
representante del grupo que hubo graves errores en la notificación.
Transcurrido el término sin que miembro así lo exprese, los resultados del acuerdo o de la sentencia
lo vincularán. Si decide excluirse del grupo, podrá intentar acción individual por indemnización de
perjuicios”.
65 Sobre esta distinción pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de octubre de 2005, rad. 41001-23-31-000-2001-00948-
01(AG), y sentencia del 7 de abril de 2011, exp. 25000-23-24-000-2000-00016-01(AG), ambas con
ponencia de la consejera Ruth Stella Correa Palacio; Sección Tercera, Subsección A, auto del 13
de febrero de 2013, rad. 63001-23-33-000-2012-00052-01(AG), C.P. Mauricio Fajardo Gómez;
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2014, rad. 76001-23-31-000-
2003-00834-02(AG), C.P. Hernán Andrade Rincón (E); y Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 24 de julio de 2024, exp. 58.718, C.P. William Barrera Muñoz.
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sostener que no admite una legitimación abierta o difusa —como sí ocurre con las
acciones populares, de cumplimiento o de nulidad—, dado que, se itera, su finalidad
es la indemnización de daños individuales, aunque estos tengan origen en una
causa común. En consecuencia, se ha recalcado que personas ajenas a la
afectación, así como organizaciones no gubernamentales, populares, cívicas o
comunitarias, no están habilitadas para presentar una acción de grupo ni para
representar al colectivo afectado, salvo que acrediten su pertenencia al grupo y la
existencia de un perjuicio individual concreto que los legitime como parte del
mismo66.
Esta postura ha sido reiterada en distintas decisiones de la Corporación, entre ellas,
la sentencia del 11 de septiembre de 200367, mediante la cual la Sección Tercera
revocó la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
había accedido a las pretensiones de la demanda, y en su lugar, las negó por falta
de legitimación en la causa por activa de la demandante, esto es, la Asociación de
Copropietarios del Fondo Nacional de Ahorro y Conavi Aurora II – ACOFA
AURORA II. Lo anterior, por cuanto dicha asociación no acreditó haber sufrido un
daño directo como persona jurídica autónoma, derivado de la causa común alegada
en la demanda y que generaba daños individuales a los copropietarios de una
urbanización.
Aunque en ese proceso se acreditó que los afectados otorgaron poder especial al
representante legal de la mencionada asociación para presentar la demanda, quien
además era copropietario de un inmueble en la misma urbanización, este no
demostró ser abogado ni ostentar la condición de damnificado frente al daño
reclamado. A su vez, otorgó poder a un abogado, pero lo hizo en su calidad de
representante legal de la asociación de copropietarios y no a título personal. En
consecuencia, no se acreditó que la asociación demandante contara con el interés
jurídico necesario para representar al grupo afectado68.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de enero de 2006, rad. 47001-23-31-000-
2002-00614-01(AG). C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
67 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de septiembre de 2003, rad. 25000-23-25-
000-2000-00019-01(AG). C.P. Ricardo Hoyos Duque.
68 En similar sentido, en sentencia del 23 de febrero de 2001, exp. AG-013, se explicó que el
demandante “Asociación de Pensionados del Cauca - ASOPEN, no representaba a sus miembros
individualmente considerados y por lo mismo no se halla autorizada legalmente para demandar en
defensa de sus intereses particulares; en tales condiciones el poder otorgado por su representante
legal para que se proponga la acción de grupo contra el Departamento del Cauca, en procura del
reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios individuales por mora de las mesadas
pensionales, carece de validez por falta de interés jurídico para demandar”.
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De igual manera, en sentencia del 26 de enero de 200669, la Sección Tercera analizó
la legitimación en la causa de los demandantes —227 personas naturales y 1
jurídica— y concluyó que la mayoría no acreditó su pertenencia al grupo afectado por
el incumplimiento de un convenio suscrito entre la Fundación Ciénaga La Grande y
el municipio de Ciénaga, orientado a beneficiar a la población desplazada por la
violencia. En efecto, al no probar su condición de desplazados, y por ende su calidad
de afectados por las condiciones uniformes invocadas en la demanda, sus
pretensiones fueron rechazadas por falta de legitimación, al no demostrar su interés
personal para promover la acción70.
En línea con estas consideraciones, en un asunto en el que se discutía el pago tardío
y sin intereses del reajuste salarial de los empleados del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, la Sección Tercera, en auto del 7 de febrero de 200771, negó la
legitimación en la causa del sindicato que pretendía promover una acción de grupo
en nombre de sus afiliados, al considerar que “dicho sujeto de derechos no es quien
padece el perjuicio”. En palabras de la Sala: “el sindicato como tal no es una de
aquellas personas que se ven afectadas por el daño reclamado, sino que, solamente,
es una asociación que vincula a un determinado grupo de trabajadores con intereses
comunes”. En ese sentido, se concluyó que la acción sólo puede ser ejercida por
quienes han sufrido un daño derivado de la causa común que se invoca en la
demanda y acrediten su pertenencia al grupo afectado.
Incluso en las acciones de grupo interpuestas con el fin de obtener la reparación por
afectaciones a derechos colectivos como el medio ambiente sano y la salubridad
pública, la Corporación ha reiterado que, aunque se trate de intereses colectivos, la
acción de grupo protege intereses con objeto divisible o plurisubjetivo homogéneo,
de manera que la responsabilidad se determina de manera colectiva, pero las
69 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de enero de 2006, rad. 47001-23-31-000-
2002-00614-01(AG). C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
70 En esa oportunidad, los demandantes afirmaron que la causa común que justificaba la
conformación del grupo se fundaba en tres elementos: (i) la condición de población desplazada, (ii)
el asentamiento de varias familias en la periferia del municipio de Ciénaga y (iii) la afectación
derivada del incumplimiento del contrato celebrado con el ente territorial. No obstante, la mayoría
no acreditó su condición de desplazados, ni su asentamiento irregular en el municipio, ni haber sido
personal y directamente afectados por dicho incumplimiento. Aun así, la Sala concluyó que existía
un grupo de más de veinte personas potencialmente afectadas por el incumplimiento del contrato
estatal, entre ellas, la Fundación Ciénaga La Grande, en su calidad de contratista.
71 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 7 de febrero de 2007, rad. 08001-23-31-000-2006-
03753-01(AG). C.P. Enrique Gil Botero. En esa decisión, esta Corporación revocó la providencia del
25 de enero de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, para en su lugar admitir
una demanda presentada en ejercicio de acción de grupo por el Sindicato de Empleados del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y otras diez personas naturales que se vieron directamente
afectadas con el daño padecido a causa del pago tardío y sin intereses del reajuste salarial del año
2003.
29
Radicación número: 66001-33-33-002-2013-00045-01 (AG) REV
Actor: Rodrigo Alberto Cardona Herrera
Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
reparaciones se conceden de forma individual, en tanto buscan resarcir el daño
particular sufrido por cada integrante del grupo. Por ello, se ha precisado que aun
cuando pueda reconocerse una titularidad colectiva sobre ciertos intereses —como
el medio ambiente sano y la salubridad pública—, en la acción de grupo es
indispensable acreditar el perjuicio individual de quienes integran el grupo
demandante.
Así lo sostuvo la Sección Tercera en sentencia del 16 de mayo de 200772, al negar
las pretensiones de una demanda presentada por 520 personas por los perjuicios
derivados del mal funcionamiento del relleno sanitario de Popayán. La Sala
concluyó que no se encontraban probados los daños individuales de los integrantes
del grupo, cuya causa, según la demanda, se derivaba directamente de la afectación
a los derechos colectivos al medio ambiente sano y la salubridad pública. En esa
ocasión, además, se destacó que, aun tratándose de una acción de origen
constitucional como la acción de grupo, su trámite está sujeto a reglas procesales
básicas, indispensables para garantizar el derecho al debido proceso de todas las
partes, las cuales no pueden ser desconocidas por el juez bajo ninguna
circunstancia.
Más recientemente, en sentencia del 7 de septiembre de 202073, la Subsección B
de la Sección Tercera de esta Corporación declaró la falta de legitimación en la
causa por activa y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda
presentada por una abogada que se atribuyó la representación del grupo
conformado por habitantes del municipio de Pinchote (Santander), presuntamente
afectados por la ola invernal del año 2011, quienes, según afirmó, no recibieron la
ayuda humanitaria otorgada por el Gobierno Nacional.
En ese caso, la Sala reiteró que la legitimación por activa en las acciones de grupo
recae exclusivamente en las víctimas del daño, es decir, en los miembros del grupo
individualmente considerados, quienes no otorgaron poder a la abogada para actuar
en su nombre. Asimismo, se precisó que: “si bien es cierto que la acción puede ser
interpuesta por cualquier miembro del grupo en representación de las demás
personas afectadas (art. 46 de la ley), razón por la cual su legitimación para
adelantar la acción es clara, esa facultad no se extiende a cualquier persona que no
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de mayo de 2007, rad. 19001-23-31-000-
2003-00680-01(AG), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
73 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2020, rad.
68001-23-33-000-2016-00620-01(AG). C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
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Radicación número: 66001-33-33-002-2013-00045-01 (AG) REV
Actor: Rodrigo Alberto Cardona Herrera
Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
tenga tal condición, ni tampoco a los abogados en ejercicio, pues para incoarla
requieren obrar como apoderados de quien esté legitimado (art. 49 Ley 472 de
1998)”.
Para finalizar la ilustración de esta postura, en sentencia del 10 de septiembre de
202074, la Subsección A de la Sección Tercera declaró la falta de legitimación en la
causa por activa respecto de varios demandantes que no acreditaron su condición
de propietarios o poseedores de los inmuebles presuntamente afectados por el
fenómeno de remoción en masa ocurrido en el corregimiento de San Bernardo de
Bata (Norte de Santander). En esa oportunidad, la Sala concluyó que, al no
demostrarse un vínculo jurídico o material con los predios donde se produjo la
supuesta afectación, los actores no estaban legitimados para representar los
intereses del grupo en la acción promovida por dichos hechos.
De todo lo expuesto se sigue, en suma, que la legitimación en la causa por activa
se erige como un presupuesto sustancial, destinado a salvaguardar el carácter
indemnizatorio de la acción de grupo, asegurar la adecuada representación del
grupo y restringir el acceso a este instrumento de justicia colectiva a las verdaderas
víctimas de la causa común.
Así pues, con sujeción a la jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en armonía con la jurisprudencia constitucional y con las
normas que regulan la materia, se tiene lo siguiente:
La legitimación en la causa por activa en las acciones de grupo
constituye un presupuesto sustancial, que solo se satisface cuando el
demandante acredita la pertenencia al grupo cuyos intereses pretende
representar y la titularidad del daño que invoca a título individual, so pena
de que se imponga al juez el rechazo de las pretensiones por la falta de
acreditación de dicho presupuesto. En este contexto, la titularidad no es
abierta ni difusa, ni puede extenderse a sujetos colectivos o
institucionales ajenos al grupo afectado, como ocurre en las acciones
populares, sino que se circunscribe a quienes comparten condiciones
uniformes frente a la causa común del daño, sin perjuicio de que aquellos
que se encuentren en situación de desamparo o indefensión conserven
74 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2020, rad.
54001-23-33-000-2016-00359-03(63850). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Radicación número: 66001-33-33-002-2013-00045-01 (AG) REV
Actor: Rodrigo Alberto Cardona Herrera
Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
la posibilidad de ejercer la acción a través del Defensor del Pueblo o de
los personeros municipales y distritales.
2.2. Oportunidad para la acreditación del presupuesto de legitimación en la
causa por activa en las acciones de grupo. Regla de unificación.
Como se desprende de las consideraciones precedentes, la jurisprudencia
mayoritaria del Consejo de Estado ha sostenido que la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto sustancial en las acciones de grupo, que debe ser
acreditado en el curso del proceso judicial. En este sentido, la verificación de la
pertenencia al grupo afectado y, por tanto, del perjuicio individual derivado del hecho
dañoso común, como condición indispensable para ejercer la acción, no se restringe
a la etapa inicial del proceso —en particular, al momento de la admisión de la
demanda—, sino que puede y debe ser objeto de valoración a lo largo de todo el
trámite judicial y hasta el momento de dictar sentencia, pues constituye una
condición indispensable para que el juez pueda emitir una decisión de fondo
favorable.
Desde esta perspectiva, la ausencia de prueba sobre la pertenencia del
demandante al grupo y, por tanto, del interés jurídico individual que le resultó
comprometido en condiciones uniformes junto con los demás afectados, obliga a
declarar, incluso de oficio, la falta de legitimación en la causa por activa, tal como
se evidenció en los fallos citados en el acápite precedente a título ilustrativo.
Esta postura ha sido precisada en distintos pronunciamientos de las diferentes
secciones del Consejo de Estado, entre ellos, la sentencia del 11 de septiembre de
2003 proferida por la Sección Tercera75, en la que se sostuvo que la legitimación en
la causa debe probarse dentro de las oportunidades procesales. En dicho fallo, se
subrayó que la demanda había sido presentada por una persona jurídica que
carecía de capacidad para representar al grupo afectado, lo cual implicó un
desgaste innecesario de la administración de justicia. Sobre la oportunidad para
acreditar el mencionado presupuesto, indicó:
En síntesis, la demanda no debió admitirse porque fue interpuesta por una
persona jurídica que no tenía capacidad para representar a los integrantes del
grupo afectado.
75 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de septiembre de 2003, rad. 25000-23-25-
000-2000-00019-01(AG). C.P. Ricardo Hoyos Duque.
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Radicación número: 66001-33-33-002-2013-00045-01 (AG) REV
Actor: Rodrigo Alberto Cardona Herrera
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Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
Al admitir la demanda el Tribunal debió valorar la procedencia de la acción de
grupo, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 53 de la
ley 472 de 1998, en armonía con lo dispuesto en los artículos 3 y 46 ibidem y
en consecuencia, establecer entre otros, la legitimación del demandante. No
haber actuado con el cuidado que ese acto procesal exigía, implicó un desgaste
innecesario de la administración de justicia y la frustración de las expectativas
que durante tres años tuvieron en esta acción los copropietarios de la
urbanización Aurora II, afectados con los daños que se señalan en la demanda.
Con todo, este requisito no puede ser subsanado en este momento procesal
porque constituye un presupuesto de la acción y por lo tanto, su carencia afecta
el proceso desde el comienzo.
(…)
La decisión debe ser denegatoria de las pretensiones, pues como lo señaló la
Corte Suprema de Justicia (...) “la legitimación para obrar es una de las
condiciones de la acción, o sea los requisitos indispensables para obtener
sentencia favorable”.
En igual sentido, la Sección Primera, en sentencia del 19 de septiembre de 201376,
al resolver una acción de tutela interpuesta contra decisiones judiciales que
declararon de oficio la falta de legitimación en la causa por activa y negaron las
pretensiones de una acción de grupo, reafirmó que la valoración de ese presupuesto
puede hacerse en cualquier etapa del proceso, incluso en la sentencia, sin que ello
contravenga el debido proceso. Al respecto, subrayó:
Aceptar, como lo pretende la parte actora, que la falta de legitimación en la
causa únicamente se pueda declarar en la etapa de admisión de la demanda,
desnaturaliza por completo esta figura jurídica y se contrapone a los principios
del debido proceso y contradicción, imperantes en nuestro ordenamiento
jurídico.
Cabe resaltar que al momento en que el Juez va a proferir la sentencia, es
cuando analiza todo el acervo probatorio en que va a sustentar su decisión, por
lo tanto, es allí cuando puede establecerse si quien reclama para sí la
indemnización de perjuicios, está o no legitimado para ello.
Ahora bien, aun cuando la jurisprudencia del Consejo de Estado ha coincidido en
exigir la demostración de la pertenencia al grupo a través de la acreditación de un
perjuicio individual derivado de un hecho dañoso común, como requisito para
acreditar la legitimación en la causa por activa y, como se expuso, la postura
76 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de septiembre de 2013, rad. 11001-03-15-
000-2013-01340-00(AC). C.P. María Elizabeth García González. En ese fallo de tutela se amparó el
derecho fundamental al debido proceso de los accionantes y, en consecuencia, se dejó sin efectos
la sentencia de segunda instancia proferida el 16 de agosto de 2013 por el Tribunal Administrativo
del Meta. Asimismo, se ordenó a dicha Corporación emitir una nueva decisión en un plazo de treinta
(30) días, en la que se valoraran los títulos de adquisición y tradición aportados en copia simple por
el grupo demandante, como prueba de su calidad de propietarios de los inmuebles afectados por
las inundaciones ocurridas en el Conjunto Residencial Camino Real I y II, ocasionadas por el
desbordamiento del caño La Cristalina, cuya inadecuada canalización se debió a la falta de inversión
y ejecución de las obras civiles a cargo del municipio de Villavicencio.
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Radicación número: 66001-33-33-002-2013-00045-01 (AG) REV
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Demandado: Serviciudad E.S.P.
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mayoritaria ha sostenido que dicha demostración puede efectuarse desde la
presentación de la demanda y a lo largo de las oportunidades procesales previstas
en el curso del proceso, no pasa desapercibido para esta Sala Especial de Decisión
que el solicitante del mecanismo de revisión eventual advirtió sobre la existencia de
una postura más flexible respecto del momento en que puede acreditarse dicho
requisito, adoptada en la sentencia del 20 de octubre de 2014, con radicación
52001-23-31-000-2001-01371-02(AG)77.
En dicha providencia, la Sección Tercera revocó la sentencia del Tribunal
Administrativo de Nariño del 8 de agosto de 2006, que había negado las
pretensiones de la demanda al considerar que los demandantes carecían de
legitimación en la causa por activa, en razón a que no acreditaron la propiedad de
los predios afectados con las inundaciones ocurridas los días 7 y 21 de abril de
2001, a causa del desbordamiento del río San Francisco en la vereda Cabrera del
municipio de Sibundoy (Putumayo)78. En contraste, el ad quem estimó que, dicho
presupuesto no dependía estrictamente de la demostración de la propiedad y, por
ende, del interés jurídico individual de los demandantes sobre los predios afectados,
sino de la pertenencia al grupo y la existencia del daño sufrido en condiciones
comunes79.
77 Con ponencia del consejero Enrique Gil Botero.
78 La pretensión de la demanda fue la siguiente: “1. El fin es que se condene al pago de perjuicios o
sea de obtener que mediante sentencia se ordene a la parte demandada AL RECONOCIMIENTO
Y PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE LOS PERJUICIOS, ya que represento a un conjunto de
personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa, cual fue, el daño
causado por el desbordamiento del río San Francisco y la omisión de INVÍAS de haber adecuado
técnicamente la nueva carretera, lo que ocasionó inundaciones y daños en las propiedades que
sufrió la comunidad de la vereda Cabrera (…)”.
79 En ese fallo, se accedió a las pretensiones, al constatar que las entidades demandadas —el
Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y el Consorcio Murillo, Lobo-Guerrero Ingenieros S.A. – Vías y
Construcciones Vicón S.A.— incurrieron en una falla en el servicio al no prever y mitigar los riesgos
derivados del diseño y ejecución de un puente en una zona de alta vulnerabilidad, lo que
desencadenó el desbordamiento del río y la consecuente inundación de los predios de los
demandantes. Lo anterior, por cuanto se acreditó que el desbordamiento del río San Francisco,
ocurrido el 7 y 21 de abril de 2001, fue causado por el diseño inadecuado del puente construido por
el INVÍAS y la negligencia del contratista Consorcio Murillo, Lobo-Guerrero Ingenieros S.A. - Vías y
Construcciones Vicón S.A., al no retirar el estribo del antiguo puente, lo cual obstruyó el paso del
agua y generó la avalancha.
La Sala consideró que el fenómeno era previsible y evitable, como se desprendía de documentos y
comunicaciones previas al evento, que advertían sobre el riesgo de inundaciones en la zona. Pese
a esto, el INVÍAS omitió incluir medidas de prevención en los diseños de la obra y desatendió las
solicitudes de intervención formuladas por la comunidad. A su vez, el contratista ejecutó la obra de
forma deficiente, agravando la situación.
Asimismo, sostuvo que, aunque se demostró que los habitantes afectados estaban ubicados en una
zona de alto riesgo, lo cual constituía una contribución al daño, esta no fue la causa determinante
del mismo. En efecto, se estableció una concurrencia de culpas, en la que la mayor responsabilidad
recayó sobre el INVÍAS, por su deber técnico y legal de prever y mitigar los riesgos derivados del
diseño y ejecución de obras en zonas vulnerables. Por tanto, el daño se imputó en un 70% a la
pasiva, en atención a su mayor participación en la producción del evento dañoso.
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Radicación número: 66001-33-33-002-2013-00045-01 (AG) REV
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Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
Así las cosas, con base en una interpretación extensiva del artículo 55 de la Ley
472 de 1998, la Sala señaló que, si bien la pertenencia al grupo afectado en
condiciones comunes debía acreditarse en el proceso, la prueba del daño y el
perjuicio individualmente considerados podía diferirse a la etapa de ejecución de la
sentencia. Esta conclusión se sustentó en que si la ley permitía que personas que
no participaron en el proceso pudieran acogerse al fallo dentro de los veinte (20)
días siguientes a su publicación, con mayor razón debía permitirse que quienes sí
hicieron parte del proceso pudieran aportar la prueba de su calidad de perjudicados
en un momento posterior. Así lo sostuvo la Sección Tercera en esa oportunidad:
4. De la legitimación en la causa por activa.
El a quo denegó las pretensiones de la demanda, en razón a que los
demandantes no demostraron ser los propietarios de los predios que fueron
afectados por el desbordamiento del río, y por ello consideró que no estaban
legitimados en la causa por activa para solicitar la reparación del daño alegado.
(…)
Lo anterior podría dar lugar a pensar prima facie que al no obrar prueba sobre
la propiedad de los predios, no concurre el requisito de legitimación en la
causa por activa y en consecuencia, tampoco estaría demostrado el daño.
No obstante, este razonamiento no se compadece con el objetivo de la
acción de grupo, cuya finalidad primordial es obtener el resarcimiento de
los perjuicios sufridos por un grupo de personas, derivados de una causa
común (Art. 46 L. 472 de 1998). Bajo este precepto, se tiene que lo más
importante es acreditar la pertenencia al grupo, el daño o menoscabo y que
éste sobrevino en las mismas condiciones.
Lo anterior supone una mayor flexibilidad en relación a la forma y la
oportunidad de probar la calidad de damnificado, así como el daño y el
perjuicio individualmente considerados, toda vez que no necesariamente
deben quedar plenamente demostrados en el proceso, sino al momento
de reclamar el pago de la indemnización. En efecto, de no ser cierto lo
anterior, el legislador no hubiera consagrado en el inciso 1° del artículo 55 la
posibilidad de que una vez proferida la sentencia condenatoria, pudieran acudir
a reclamar el pago de los perjuicios aquellas personas que no hicieron parte
del proceso, pues en un principio no acreditaron su calidad de perjudicados
dentro del mismo.80 Prescribe la norma:
Artículo 55.- Integración al Grupo. Cuando la demanda se haya originado
en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma
acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la
vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido
un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura
a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique
su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse
al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la
demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre
y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con
80 Sobre la posibilidad de reclamar la indemnización del daño aun cuando el peticionario no haya
hecho parte del proceso, pueden consultarse las sentencias C-215 de 1999, C-732 de 2000 y C-241
de 2009.
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Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de los
veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando
la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o
excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se
beneficiará de la condena en costas.
De la disposición citada se infiere que el propósito del legislador fue permitir la
existencia de grupos abiertos para las acciones de grupo, es decir que no
necesariamente debían estar constituidos para la fecha en que se presentó la
demanda81 y es perfectamente plausible que un individuo que no hizo parte del
proceso, acuda una vez culminado éste a solicitar el pago de la indemnización,
siempre y cuando acredite que es parte del grupo y sufrió el daño en las mismas
condiciones de éste. En este orden de ideas, debe aplicarse el razonamiento
según el cual, quien puede lo más, puede lo menos, ya que, si un individuo
que jamás hizo parte del proceso está habilitado para probar con
posterioridad al mismo su calidad de damnificado, con mayor razón debe
otorgársele esta oportunidad a quien sí hizo parte del proceso como
demandante.
(…)
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto no hay lugar a declarar
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa,
comoquiera que lo importante es demostrar la existencia de un grupo que
se vio afectado por un daño que sobrevino en las mismas circunstancias
y lo atinente a la prueba del daño y el perjuicio individualmente
considerados cobra relevancia durante la ejecución de la sentencia,
siendo ese el momento para demostrar la propiedad o posesión del bien,
a fin de poder acceder al pago de la indemnización.
Concluir lo contrario, no tendría sentido si se tiene en cuenta que en el proceso
se practicó un dictamen pericial, con el fin de avaluar los perjuicios económicos
causados por las inundaciones acaecidas el 7 y 21 de abril de 2001 en la vereda
Cabrera, en el que se especificaron uno por uno los daños que se habían
presentado en cada predio de los demandantes, con fundamento en lo
observado en la inspección judicial practicada el 17 de noviembre de 2005 (fls.
622-629, cdno. 1). Igualmente, está demostrado que quienes obran como
demandantes en el proceso de la referencia, fueron los que interpusieron la
acción popular contra el INVÍAS, en razón de los mismos hechos, lo que permite
inferir que en efecto se trata de un grupo y que sufrió el daño en las mismas
circunstancias. En este sentido, se destacan las constancias expedidas el 17
de septiembre de 2001, por el Secretario de Planeación y el Alcalde Municipal
de Sibundoy (fls. 29 y 30, cdno. 1), según las cuales, la vereda Cabrera, en la
parte norte y sur de la carretera nacional fue afectada con las inundaciones del
7 y 21 de abril de ese año, resultando perjudicadas 20 familias que residían en
ella.
81 Sobre la preexistencia del grupo antes de la presentación de la demanda, puede consultarse la
sentencia C-569 de 2004, que declaró inexequible la expresión “Las condiciones uniformes deben
tener también lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad”, contenida en el
inciso 1° del artículo 46 de la ley 446 de 1998. De los argumentos aducidos en la providencia, se
destaca: “Exigir la preexistencia del grupo puede privar a las personas no preagrupadas de las
ventajas procesales de este tipo de acciones, sin que para ello exista una razón suficiente, o se
adviertan motivos constitucionales sólidos, y peor aun desconociendo, como se ha visto, el principio
de igualdad de trato, la efectividad de los derechos y garantías, y el diseño constitucional de las
acciones de grupo”.
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Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
En este orden de ideas, los demandantes deben acreditar que pertenecían
a la vereda Cabrera para la fecha en que se desbordó el río San Francisco-
7 y 21 de abril de 2001- y que, como consecuencia de ese hecho, se vieron
afectados, bien sea, al no poder explotar sus predios o habitar en ellos,
circunstancias que conforme a lo explicado pueden ser acreditadas, en el
proceso o al momento de solicitar el pago de los perjuicios, durante la
ejecución de la sentencia. Para este efecto, los requisitos y calidades que
deben demostrarse se precisarán al resolver lo concerniente a los perjuicios.
(Se destaca).
La sentencia en cuestión sostuvo, de manera expresa, que el núcleo del juicio sobre
la legitimación en la causa por activa reside en la acreditación de un grupo afectado
por un daño que sobrevino en las mismas circunstancias, diferenciándolo del
perjuicio individual del demandante, cuya demostración difirió incluso hasta la etapa
de ejecución del fallo82.
Como puede advertirse, la jurisprudencia de la Corporación ha desarrollado dos
posturas respecto del momento en que deben acreditarse los elementos de la
legitimación en la causa por activa en las acciones de grupo. La primera de ellas
exige que, durante el proceso, se pruebe la pertenencia del demandante al grupo
afectado a través de la acreditación de un perjuicio individual derivado de aspectos
de hecho o de derecho comunes (condiciones uniformes83) entre los miembros del
grupo, como requisito para habilitar el análisis de fondo de la controversia; mientras
que, la segunda, estima suficiente acreditar en el proceso la existencia de un grupo
afectado por una causa común, permitiendo que el perjuicio individual del
demandante y por tanto su calidad de damnificado se demuestre en el curso del
82 En efecto, al momento de fijar los criterios para la indemnización, indicó:
“Ahora bien, debido a que no se demostró en el proceso lo concerniente a la propiedad de los
predios, los beneficiarios de la indemnización, al momento de reclamar el pago de la misma,
deberán reunir los siguientes requisitos:
1) Prueba de la propiedad del inmueble respectivo, con fundamento en el folio de matrícula
inmobiliaria. Al respecto es pertinente aclarar que en providencia de Sala Plena de la Sección
Tercera, proferida el 13 de mayo de 2014, se modificó la posición jurisprudencial en relación a la
acreditación de la propiedad de los bienes inmuebles, en el sentido de que para el efecto sólo basta
con el folio de matrícula inmobiliaria.
(…)
2) De no ser posible acreditar la propiedad, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la
comunidad que demanda, podrán demostrar que ostentaban la calidad de poseedores para la fecha
en que ocurrió el hecho, para lo cual podrán valerse de escrituras públicas, declaraciones extra
procesales, certificaciones, facturas de servicios públicos, entre otros.
3) En caso de que se demuestre que el predio le pertenece de manera conjunta a varias personas,
el pago de la indemnización se haga de manera proporcional, según la cuota que le corresponda a
cada una”. (Se destaca).
83 No se trata de que las situaciones particulares de todos los miembros del grupo sean idénticas o
iguales, pues es claro que pueden resultar perjuicios o daños disímiles en cuanto a su modalidad e
intensidad (tanto el quantum como la modalidad: patrimoniales, morales, etc.), sino que es necesario
que entre las mismas exista un común denominador o núcleo que pertenece o se extiende a todos
ellos, derivado de la conducta dañina del demandado. Consejo de Estado, Sala Primera Especial
de Decisión, sentencia del 10 de junio de 2021, rad. 76001-23-31-000-2002-04584-02(AG)REV-SU.
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Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
proceso o, inclusive, en la etapa de ejecución de la sentencia, por considerar que
es allí donde cobra relevancia.
En este punto, la Sala considera que la segunda de las posturas sostenida por la
Corporación desconoce el contenido de lo previsto en los artículos 48 de la Ley 472
de 1998, 145 del CPACA y demás concordantes, que consagran como legitimados
para promover la acción de grupo a “las personas naturales o jurídicas que hubieren
sufrido un perjuicio individual”, más específicamente, a “cualquier persona
perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan
condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios
individuales”, cuestión que comporta necesariamente que, durante el proceso, el
actor demuestre la titularidad concreta, cierta y actual del interés jurídico que invoca,
en tanto miembro afectado por los hechos que dieron lugar a la acción, como
condición necesaria para que el juez pueda entrar a estudiar de fondo las
pretensiones de la demanda. Por consiguiente, desplazar la acreditación de la
titularidad del derecho subjetivo o del interés legítimo que se invoca en la demanda
a la etapa de ejecución de la sentencia no resulta compatible con el diseño
normativo de este mecanismo de protección, razón por la cual dicha tesis no será
acogida como la postura jurisprudencial unificada sobre la materia.
En otras palabras, la legitimación en la causa por activa en las acciones de grupo
no puede fundarse exclusivamente en la prueba de “la existencia de un grupo que
se vio afectado por un daño que sobrevino en las mismas circunstancias”, por
cuanto la ley exige también la demostración de la pertenencia del demandante al
grupo afectado como elemento de la titularidad de la acción.
La razón de ser de esa exigencia se justifica en la naturaleza indemnizatoria de este
mecanismo, puesto que, está diseñado para proteger derechos individuales
homogéneos —divisibles e individualizables— y no intereses difusos o abiertos, lo
que lo distingue de las acciones públicas que pueden ser incoadas por cualquier
ciudadano sin que se requiera acreditar un interés particular. Por esta razón, la
titularidad en las acciones de grupo no es abierta, sino que está restringida a
quienes hayan sufrido un daño personal en circunstancias comunes con otros, lo
que justifica su tratamiento procesal colectivo. De allí que la legitimación por activa
se configure únicamente cuando el actor demuestra su calidad de integrante del
grupo mediante la acreditación de la titularidad del derecho, hecho, bien o interés
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personal jurídicamente protegido que le fue menoscabado en condiciones uniformes
con los demás afectados, lo que lo habilita para representarlos.
Esto se corresponde con un requisito básico desarrollado en la dogmática del
derecho de daños consistente en que la persona que debe ser indemnizada es
aquella que efectivamente sufrió el daño y lo reclama en juicio, lo que exige verificar
que el menoscabo cuya reparación se pretende sea personal84. En similar sentido,
la doctrina nacional ha sostenido que “es un principio elemental del derecho de la
responsabilidad que el perjuicio debe ser sufrido por la persona que solicita su
reparación”85.
Existe, pues, una estrecha relación entre la existencia del menoscabo para quien
aduce que se ha producido y la legitimación en la causa por activa, cuestión que ha
sido explicada por la doctrina jurídica en los siguientes términos:
Es oportuno, entonces, anotar que el carácter personal del perjuicio se presenta
en forma pura. Sólo hay que establecer que el hecho dañino causó un perjuicio
a la persona que solicita la indemnización (…).
Puesto que se parte entonces del supuesto de que el título con el cual se
comparece al proceso es lícito, el estudio de este aspecto del perjuicio lleva a
precisar la forma como operan las reglas para que se dé la identidad entre
demandante y título, y se establezca, de contera, el daño personal. Si dicha
identidad se presenta, se puede afirmar que la víctima sufre un daño, salvo que
se pruebe que su título no es legal (…).
Se debe sólo mirar si el título con que comparece al proceso legitima al
demandante para actuar. Es así como tal concepción nos permite centrarnos
en el estudio de la existencia del título jurídico con el cual el demandante
concurre al proceso, lo cual nos relaciona con el concepto de legitimatio ad
causam por activa (…).
Es así como el carácter personal del perjuicio estará presente cuando el
demandante relaciona el daño padecido con los derechos que tiene sobre el
bien que sufrió menoscabo, debiendo establecer una titularidad jurídica sobre
el derecho que tiene respecto del bien menguado. En este entendido se
recuerda un concepto elemental del derecho de daños, claramente enunciado
por De Cupis cuando afirma que “lo que el derecho tutela, el daño vulnera”86, y
por ello el demandante en un proceso debe establecer que tenía el derecho
que vulneró el daño, como requisito para establecer que en efecto hubo lesión
en su patrimonio. Es la lógica del artículo 2342 del Código Civil colombiano
cuando enuncia que “puede pedir esta indemnización no solo el que es dueño
o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el
usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho
de usufructo, habitación o uso”. Dentro de esta concepción se puede afirmar
que, “en consecuencia, es claro que la lesión de un derecho constituye una
84 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de septiembre de 2017,
expediente 20001-23-31-000-2010-00024-01(42286), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
85 Henao, Juan Carlos. El Daño. Universidad Externado de Colombia, 1998, pág. 88.
86 “De Cupis. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, cit., p. 109”.
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condición de existencia del daño, necesaria para que proceda la indemnización.
La lesión del derecho es entonces un elemento para apreciar el perjuicio
reparable”87.//Es así como carácter personal y legitimación por activa en la
causa se confunden88.
De lo transcrito se advierte que el carácter personal del daño exige demostrar que
el hecho lesivo causó un perjuicio directo a quien solicita la indemnización, de modo
que el título jurídico que lo habilita para comparecer en el proceso coincida con el
derecho afectado. En esa medida, en las acciones indemnizatorias la legitimatio ad
causam solo se configura cuando el demandante acredita la relación entre el
perjuicio padecido y el derecho que ostenta sobre el bien o interés vulnerado, lo que
exige demostrar la titularidad jurídica del mismo, condición indispensable para que
el juez pueda emitir un pronunciamiento favorable, en tanto se trata de una
exigencia inherente al derecho sustancial.
En línea con estos planteamientos, es claro que únicamente se encuentra
legitimado para ejercer la acción de grupo quien acredite, dentro del proceso, un
interés jurídico propio, afectado en condiciones uniformes con los demás miembros
del grupo, pues, solo en esa medida se habilita para reclamar la reparación del
perjuicio sufrido y representar a los demás afectados, a la vez que se cumple con el
presupuesto sustancial para que el juez pueda entrar a analizar de fondo las
pretensiones.
Por consiguiente, la falta de acreditación de este presupuesto durante el trámite de
la acción conduce necesariamente a la imposibilidad de dictar un fallo estimatorio,
en la medida en que se desconocería la relación entre el daño reclamado y el
derecho personal efectivamente vulnerado al demandante, lo cual resulta
incompatible con la finalidad reparadora de la acción de grupo y con los principios
que gobiernan el derecho de daños.
En criterio de la Sala, considerar que la titularidad del daño padecido por el
demandante y cuya indemnización reclama puede ser acreditada en una etapa
posterior a la sentencia no es jurídicamente posible. Ello, por cuanto la acción de
grupo está diseñada para reparar daños de carácter individual y homogéneo, lo que
exige, se itera, desde el inicio y a lo largo del proceso, la comprobación de que el
87 “Deguergue. Jurisprudence et doctrine dans l`élaboration du droit de la responsabilité
administrative, cit., p. 412”.
88 Henao, Juan Carlos. El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del
Estado en Derecho Colombiano y Francés. Universidad Externado de Colombia, 1998, págs. 87, 88,
93, 102, 103, 111, 113, 114, 115.
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demandante ostenta efectivamente la condición de afectado. Admitir que esta
acreditación se difiera a una etapa posterior —como la de ejecución del fallo—
implicaría desconocer la naturaleza indemnizatoria del mecanismo, que exige
verificar la existencia de un perjuicio personal padecido por el demandante en
condiciones uniformes con los demás afectados.
En este contexto, no resulta posible interpretar el artículo 55 de la Ley 472 de 1998
como una habilitación para que los demandantes acrediten su condición de
afectados con posterioridad a la sentencia. La disposición en comento se limita a
facultar a los miembros del grupo que no intervinieron en el proceso —pero que
estuvieron representados por la parte actora en virtud del carácter colectivo de la
acción— para adherirse al fallo dentro de los términos y requisitos allí señalados89.
Extender tal prerrogativa a los integrantes iniciales del grupo demandante es una
interpretación que no se corresponde con el contenido normativo de la disposición
y, además, desnaturaliza la institución de la legitimación en la causa por activa, pues
traslada la verificación de la titularidad del interés jurídico afectado a la etapa de
ejecución, cuando dicha comprobación debe estar plenamente realizada para que
el juez pueda emitir un pronunciamiento de fondo.
Cualquier interpretación contraria vaciaría de contenido la sentencia misma, que
debe resolver de manera integral y definitiva sobre la legitimación y el daño de
quienes promovieron la acción, y transformaría indebidamente la fase de ejecución
en un escenario de determinación del derecho sustancial, en abierta contradicción
con la naturaleza y finalidad del proceso colectivo.
Dicho esto, la Sala procede a unificar la jurisprudencia de la Corporación,
circunscribiéndose al objeto de revisión definido en el auto de selección para
revisión eventual, relativo al tratamiento del presupuesto de legitimación en la causa
por activa en las acciones de grupo cuando se trata de un demandante único, a
través de la siguiente regla:
89 “Artículo 55. Integración al grupo. (…) Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción
no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse
posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia,
suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales
para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas (…)”. El
texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-241 de
2009.
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En las acciones de grupo —hoy medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo—, cuando se trate de un demandante
único, la legitimación en la causa por activa exige que se demuestre,
dentro del proceso, en las oportunidades procesales respectivas y antes
de proferir sentencia, su pertenencia al grupo afectado mediante la
acreditación de la titularidad jurídica que ostenta sobre el derecho, bien
o interés vulnerado en condiciones uniformes con los demás miembros
del grupo.
2.3. La carga de la prueba en las acciones de grupo
De conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil 90, en
consonancia con lo que hoy prevé el artículo 167 del Código General del Proceso91
—normas aplicables a las acciones de grupo por remisión expresa de los artículos
44 de la Ley 472 de 1998, 168 y 267 del CCA y 306 del CPACA—, que consagran
el principio general de la carga de la prueba (onus probandi), corresponde a cada
parte demostrar los supuestos fácticos en que fundamenta sus pretensiones o
excepciones y asumir las consecuencias desfavorables en caso de incumplir con
este deber, pues ninguna de las partes goza de un privilegio especial, que permita
tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada
una de ellas debe acreditar sus propias aseveraciones, sin perjuicio de las reglas
especiales establecidas frente a los hechos notorios, las presunciones, o las
manifestaciones indefinidas92.
90 “Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
91 “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso
antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación
más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por
tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad
en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se
someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.
92 Al respecto, el tratadista Devis Echandía expone lo siguiente: “Para saber con claridad qué debe
entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1°) por
una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no
encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en
el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas,
de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2°) por otro aspecto, es una
regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada
una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., núms. 43 y
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En este marco, la parte actora no solo debe acreditar los hechos constitutivos del
derecho que invoca, sino también su legitimación en la causa por activa, esto es, su
pertenencia al grupo afectado y la titularidad del daño que alega haber sufrido, de
manera que pueda establecerse una correlación entre su situación individual, la
afectación común y el hecho generador del daño. Esta exigencia, se insiste, se erige
como una carga procesal ineludible del demandante, cuyo incumplimiento impone
al juez rechazar las pretensiones por falta de acreditación del presupuesto
sustancial de legitimación.
La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reiterado que
esta regla es plenamente aplicable en las acciones de grupo, en atención a la
finalidad indemnizatoria de este mecanismo, la cual, según lo definido por la Corte
Constitucional se centra en “obtener la reparación por un daño subjetivo,
individualmente considerado”93, aun cuando la determinación de la responsabilidad
se tramite de forma conjunta, pues las reparaciones deben individualizarse para
cada miembro del grupo94.
Por ello, se ha sostenido que tratándose de la indemnización de perjuicios
individuales, la carga probatoria que recae en los demandantes no se satisface con
la sola acreditación de la vulneración del derecho, sino que exige aportar los medios
de convicción que demuestren la existencia del daño y los perjuicios individuales de
cada miembro del grupo demandante y de quienes se adhieran posteriormente, por
cuanto, corresponde al juez, en la sentencia, establecer si procede declarar la
responsabilidad de la parte demandada, fijar el porcentaje de la indemnización y
determinar los parámetros que deberá seguir el Defensor del Pueblo para su pago.
Por lo tanto, si no se demuestra el daño individualmente considerado, es decir con
las cualidades de cierto, personal y que corresponda a una situación jurídicamente
protegida es imposible concluir la responsabilidad95.
126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus
pretensiones o excepciones”. Devis Echandía, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial.
Bogotá: Editorial Temis. 2002, pág. 405.
93 Sentencia C-1062 del 16 de agosto de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
94 Sentencia C-569 del 8 de junio de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Reyes y C-116 del 13 de febrero
de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
95 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de mayo de 2007, rad. AG-2003-00680,
C.P. Alier E. Hernández Enríquez y sentencia del 19 de mayo de 2005, rad. 15001-23-31-000-2001-
01541-03 (AG), C.P. María Elena Giraldo Gómez.
43
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Esta postura jurisprudencial fue recogida en la sentencia de unificación del 14 de
agosto de 2018 proferida por la Sala Veinticinco Especial de Decisión96, en la que
se precisó que: “[e]n materia de acciones de grupo, la parte actora debe asumir la
carga probatoria prevista en el artículo 177 del C. de P. C.97, por cuanto no solo
debe demostrar la pertenencia al grupo, el daño o menoscabo sufrido y que este se
produjo en las mismas condiciones, sino que también deberá allegar al proceso los
medios de prueba que permitan determinar la existencia de los perjuicios
individuales reclamados por cada integrante del grupo actor”.
Así, aunque esta Sala Especial de Decisión comparte plenamente la postura
unificada de la Corporación, según la cual la regla general en materia probatoria es
el principio del onus probandi y se descarta la existencia de un régimen más flexible
en las acciones de grupo98, resulta necesario precisar que ello no impide que, en
determinadas situaciones, el juez pueda acudir a una distribución flexible de la carga
probatoria, con la finalidad de restablecer la igualdad en el proceso, al amparo de
los principios de solidaridad, lealtad y buena fe procesal99.
No obstante, la distribución de la carga probatoria no opera de manera automática,
sino que debe disponerse en las etapas procesales previstas para la incorporación
y práctica de pruebas, ya sea de oficio o a solicitud del interesado, mediante una
decisión expresa y motivada, sujeta a contradicción por las partes, con lo cual se
busca garantizar que la carga dinámica de la prueba no se convierta en un
mecanismo de traslado automático de los deberes que le corresponden a quien
alega un hecho a su favor, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional100:
En efecto, la norma [artículo 167 del CGP] permite que sean las propias partes
quienes hagan un llamado expreso al juez, ante la cual el funcionario judicial
debe inexorablemente pronunciarse en forma expresa y debidamente motivada,
bien para acoger la solicitud o bien para rechazarla.
“(…) [P]odrá ser recurrida tanto la decisión que accede como la que niega la
solicitud de distribución de la carga probatoria, y por supuesto aquella
producto del ejercicio oficioso del juez. Esta hermenéutica es coherente con la
vocación de control a la actividad judicial que quiso imprimir el Legislador
cuando hace uso oficioso de la carga dinámica de la prueba o cuando atiende
o desestima la solicitud elevada por las partes.
96 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 14 de agosto de 2018,
rad. 20001-23-31-000-2007-00244-01(AG) REV, CP. Marta Nubia Velásquez Rico.
97 Hoy artículo 167 del CGP.
98 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2020, rad.
54001-23-33-000-2016-00359-03 (63.850), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
99 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1º de julio de 2025, exp. 70.875,
C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
100 Corte Constitucional, sentencia C-086 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
44
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Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
Adicionalmente, la posibilidad de revisar dicha decisión permite (…) debatir
acerca de la razonabilidad o no de la distribución de cargas probatorias a
las partes, de acuerdo con las especificidades de cada caso.
“(…) Imponer al juez la obligación de acudir en todos los eventos a la institución
de la carga dinámica de la prueba, y no de manera ponderada de acuerdo con
las particularidades de cada caso (…) significaría alterar la lógica probatoria
prevista en el estatuto procesal diseñado por el Legislador, para en su
lugar prescindir de las cargas procesales razonables que pueden
imponerse a las partes y trasladar esa tarea únicamente al juez (…)” (se
destaca).
Sobre esta materia, también se ha precisado que la redistribución de la carga
probatoria solo resulta procedente cuando la parte obligada se encuentra en
situación de indefensión o debilidad manifiesta, o cuando enfrenta obstáculos reales
y demostrables para cumplir con dicha carga, siempre que, además, haya
demostrado una actitud diligente en el proceso. Ello obedece a que la intervención
judicial en el ámbito probatorio, de no mediar estas circunstancias excepcionales,
puede afectar el equilibrio procesal entre las partes, en lo que respecta a la
exigencia del cumplimiento de sus deberes y cargas procesales101.
Con base en lo expuesto, la Sala ratifica la postura adoptada por la jurisprudencia
unificada y reiterada de esta Corporación, en el siguiente sentido:
En las acciones de grupo —actualmente medio de control de reparación
de los perjuicios causados a un grupo— la carga de la prueba se rige por
las reglas generales del proceso civil que le son aplicables (art. 177 del
CPC., hoy art. 167 del CGP), sin que exista un régimen probatorio
privilegiado. En consecuencia, corresponde a la parte actora acreditar
los hechos que fundamentan la demanda, su pertenencia al grupo, el
daño o menoscabo sufrido y que este se produjo en las mismas
condiciones para todos los integrantes, así como los perjuicios
individuales reclamados por cada miembro.
Con todo, de manera excepcional, cuando la parte actora se encuentre
en situación de indefensión o en condiciones de debilidad manifiesta, o
cuando enfrente obstáculos demostrables para cumplir con su carga
probatoria, procede aplicar el principio de la carga dinámica de la prueba,
101 Corte Constitucional, sentencia SU-636 del 7 de octubre de 2015, M.P. María Victoria Calle
Correa.
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mediante una decisión debidamente motivada y sujeta a contradicción,
a fin de restablecer la igualdad en el proceso.
2.4. Los efectos de la declaratoria de falta de legitimación en la causa por
activa del único demandante en las acciones de grupo
Como se ha venido sosteniendo a lo largo de esta providencia, el diseño normativo
de la acción de grupo previsto en la Ley 472 de 1998, parte del reconocimiento de
que el demandante inicial no actúa únicamente en nombre propio, sino en
representación de un conjunto de personas —no inferior a veinte— que, al haber
sufrido perjuicios individuales en condiciones uniformes, pueden quedar vinculadas
por los efectos de la sentencia. En esa medida, el actor ejerce una doble condición:
litiga en causa propia y, simultáneamente, asume la representación procesal de la
totalidad del grupo, salvo de quienes expresamente soliciten su exclusión, conforme
lo autoriza el artículo 56 ibidem.
Dada la naturaleza representativa de este mecanismo, la ley consagró instrumentos
de publicidad e integración al proceso, orientados a garantizar la efectividad de los
derechos de los afectados. Así, el artículo 53 ordena informar la admisión de la
demanda a través de un medio masivo de comunicación o de cualquier otro
mecanismo eficaz102, con dos finalidades principales: (i) permitir que los afectados
que no hicieron parte del grupo demandante puedan adherirse antes de la apertura
a pruebas o acogerse al fallo dentro de los veinte días siguientes a su publicación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 55; y (ii) habilitar a quienes integren el grupo
identificado por el demandante para que, dentro del término procesal previsto,
manifiesten expresamente su decisión de ser excluidos (opting out), conforme lo
autoriza el artículo 56.
En este contexto, la falta de legitimación en la causa por activa del único
demandante produce consecuencias directas, particularmente gravosas para la
colectividad que dice representar, consistentes en: (i) la imposibilidad de dictar un
102 “Artículo 53. Admisión, notificación y traslado. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
presentación de la demanda, el juez competente se pronunciará sobre su admisión. En el auto que
admita la demanda, además de disponer su traslado al demandado por el término de diez (10) días,
el juez ordenará la notificación personal a los demandados. A los miembros del grupo se les
informará a través de un medio masivo de comunicación o de cualquier mecanismo eficaz, habida
cuenta de los eventuales beneficiarios. Para este efecto el juez podrá utilizar simultáneamente
diversos medios de comunicación. // Si la demanda no hubiere sido promovida por el Defensor del
Pueblo, se le notificará personalmente el auto admisorio de la demanda con el fin de que intervenga
en aquellos procesos en que lo considere conveniente”.
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Radicación número: 66001-33-33-002-2013-00045-01 (AG) REV
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fallo estimatorio, lo que conduce necesariamente a la negación de las pretensiones;
y, con ello, (ii) la extensión de los efectos de cosa juzgada a todos los miembros del
grupo que no hubieren promovido sus acciones indemnizatorias individuales o
solicitado su exclusión en las oportunidades procesales previstas (cosa juzgada
ultra partes)103.
En relación con la consecuencia de negación de las pretensiones, esta encuentra
sustento en la naturaleza misma de la legitimatio ad causam. En efecto, al tratarse
de un elemento intrínseco de la pretensión, y no de un requisito de la acción, en
tanto comporta la titularidad del derecho sustancial cuya vulneración se alega,
resulta indispensable su acreditación para dictar una sentencia de fondo favorable.
Por esta razón, cuando no se acredita, el juez puede proferir sentencia de fondo,
pero necesariamente adversa al demandante, ya sea porque este no es titular del
derecho material reclamado o porque los hechos fueron atribuidos a un sujeto que
no tenía el deber jurídico de responder104.
En las acciones de grupo, la falta de legitimación en la causa del actor impacta de
manera directa a la colectividad, pues impide que esta obtenga, por esa vía, la
reparación de los perjuicios alegados. En consonancia, la jurisprudencia reiterada
de esta Corporación ha precisado que, si el demandante no acredita su condición
de miembro del grupo afectado, el juez debe negar las pretensiones, dado que
carece de aptitud para actuar tanto en nombre propio como en representación de
los integrantes del grupo105.
Ahora bien, en lo que concierne a los efectos de cosa juzgada, el artículo 66 de la
Ley 472 de 1998 dispone que “[l]a sentencia tendrá efectos de cosa juzgada en
103 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de octubre de 2001, rad. 25000-23-27-
000-2000-0023-01(AG-021), C.P. Ricardo Hoyos Duque.
104 Se ha indicado que la falta de legitimación en la causa no impide al fallador pronunciarse de
fondo sobre el petitum de la demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un
elemento de la pretensión y no de la acción, en la medida en que se trata de “… una condición
propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente
contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los
intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte
demandada”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1° de marzo de 2006, exp. 13.764,
C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; reiterado en sentencia del 27 de febrero de 2013, exp.
24.998, C.P. Olga Mélida Valle De La Hoz.
105 Consultar, entre otras, las siguientes providencias Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 11 de septiembre de 2003, rad. 25000-23-25-000-2000-00019-01(AG). C.P. Ricardo
Hoyos Duque; sentencia del 26 de enero de 2006, rad. 47001-23-31-000-2002-00614-01(AG). C.P.
Alier Eduardo Hernández Enríquez; auto del 7 de febrero de 2007, rad. 08001-23-31-000-2006-
03753-01(AG). C.P. Enrique Gil Botero; y sentencia del 7 de septiembre de 2020, rad. 68001-23-33-
000-2016-00620-01(AG). C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
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Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
relación con quienes fueron parte del proceso y de las personas que, perteneciendo
al grupo interesado no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de
excluirse del grupo y de las resultas del proceso”. En tal virtud, el fallo dictado en
una acción de grupo adquiere el carácter de inmutable, vinculante y definitivo frente
a todos los integrantes del grupo, quienes, por la naturaleza representativa de la
acción, se entienden incorporados al proceso aun sin haber intervenido
directamente, de modo que sus efectos trascienden el ámbito estrictamente inter
partes y se proyectan ultra partes, alcanzando a todos los afectados que no
hubieren ejercido su derecho de exclusión.
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-036 de 1998, destacó que
esta consecuencia encuentra sustento en el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472
de 1998, según el cual el demandante actúa no solo en nombre propio, sino también
en representación de todas las personas afectadas por el mismo hecho dañoso,
motivo por el cual, lo resuelto —bien sea favorable o adverso a las pretensiones—
se extiende, con efectos de cosa juzgada, a la totalidad de los posibles afectados,
aunque no hubiesen promovido directamente la demanda, enfatizando además que
“[e]l esquema legal [de las acciones de grupo] estimula el efectivo acceso a la
justicia del conjunto de damnificados, pero no impide que se instauren procesos
singulares por parte de quienes decidan obrar de manera individual”106.
En la misma línea, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha advertido que,
incluso en hipótesis de inadecuada representación, los integrantes del grupo
resultan vinculados en principio por la sentencia adversa, salvo que demuestren que
sus intereses no fueron debidamente representados o que existieron graves
irregularidades en la notificación del auto admisorio de la demanda. Así lo precisó
la Corporación en providencia del 15 de marzo de 2006107:
(…) el trámite de una acción de grupo ejercida por quien no ostenta una
adecuada representación, vulnera los derechos de los integrantes del grupo
que autorizados por la ley deciden no presentarse en el curso del proceso,
quedándose sin posibilidades de hacer efectivos sus derechos, dado que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la ley 472, la sentencia hace
tránsito a cosa juzgada y produce efectos tanto en relación con aquellas
personas que concurrieron al proceso, como con aquéllas que sin haberlo
106 Corte Constitucional, sentencia C-036 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; reiterada en las
sentencias C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, y C-1062 de 2000, M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
107 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 15 de marzo de 2006, rad. 25000-23-26-000-2004-
02556-01(AG), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
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Actor: Rodrigo Alberto Cardona Herrera
Demandado: Serviciudad E.S.P.
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hecho, formaron parte del grupo, salvo cuando demuestren que sus intereses
no fueron representados adecuadamente o hubo graves errores en la
notificación del auto admisorio de la demanda (art. 56 lit. b ley 472 de 1998).
Aún en el segundo evento y frente al agotamiento del término para intentar la
acción reparatoria individual, también los integrantes del grupo se ven
afectados por la inadecuada representación.
Más recientemente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en Sala
Especial de Decisión108, sistematizó estas excepciones y puntualizó que los efectos
de la sentencia o del acuerdo conciliatorio celebrado dentro de la acción de grupo,
vinculan a todos los afectados, salvo en tres hipótesis expresamente reconocidas:
(i) cuando el interesado hubiera promovido previamente acciones individuales antes
de la admisión de la demanda colectiva; (ii) cuando hubiera solicitado de manera
expresa y oportuna su exclusión del grupo —dentro de los cinco días siguientes al
vencimiento del traslado de la demanda—; o (iii) cuando, no habiendo participado
en el proceso, demuestre la existencia de una representación inadecuada o de
errores graves en la notificación del auto admisorio. En otros términos, todos los
afectados por una causa común quedan sujetos a la sentencia proferida en una
acción de grupo, a menos que encuadren en alguna de estas excepciones, casos
en los cuales conservan la facultad de acudir a la jurisdicción para reclamar de
manera individual la reparación de los perjuicios, siempre que la acción respectiva
no se encuentre caducada y se satisfagan los demás requisitos de procedibilidad.
Respecto a la primera de las excepciones —el ejercicio previo de acciones
individuales—, la Sección Tercera ha reiterado que, conforme a los artículos 47 y
55 (inciso final) de la Ley 472 de 1998, se consideran excluidos del proceso colectivo
quienes hubieran presentado una demanda individual antes de la admisión de la
acción de grupo. Esta posibilidad de accionar individualmente se encuentra,
entonces, limitada temporalmente, debido a que, una vez admitida la acción de
grupo, todos los afectados quedan vinculados al proceso, con excepción de aquellos
que instauraron su acción individual con anterioridad. En tal caso, la integración al
colectivo solo procede si el interesado solicita expresamente la acumulación de su
108 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de
Decisión, sentencia de 9 de septiembre de 2020, rad. 76001-33-31-001-2008-00134-01, C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
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Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
proceso individual a la acción de grupo, de conformidad con lo previsto en el inciso
final del artículo 55, que en su tenor literal reza109:
Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a
la acción de grupo, a solicitud del interesado. En este evento, el interesado
ingresará al grupo, terminará la acción individual y se acogerá a los resultados
de la acción de grupo.
En cuanto a las opciones que tienen los afectados para excluirse de los efectos de
la cosa juzgada una vez presentada la acción de grupo, resulta pertinente recordar
lo previsto en el artículo 56 de la Ley 472 de 1998:
Artículo 56.- Exclusión del Grupo. Dentro de los cinco (5) días siguientes al
vencimiento del término de traslado de la demanda, cualquier miembro de un
mismo grupo podrá manifestar su deseo de ser excluido del grupo y, en
consecuencia, no ser vinculado por el acuerdo de conciliación o la sentencia.
Un miembro del grupo no quedará vinculado a los efectos de la sentencia en
dos situaciones:
a) Cuando se haya solicitado en forma expresa la exclusión del grupo en el
término previsto en el inciso anterior;
b) Cuando la persona vinculada por una sentencia pero que no participó en el
proceso, demuestre en el mismo término que sus intereses no fueron
representados en forma adecuada por el representante del grupo que hubo
graves errores en la notificación.
Transcurrido el término sin que miembro así lo exprese, los resultados del
acuerdo o de la sentencia lo vincularán. Si decide excluirse del grupo, podrá
intentar acción individual por indemnización de perjuicios.
Como se desprende de la disposición transcrita, la norma contempla dos opciones
diferenciadas para el ejercicio del derecho de exclusión: (i) una primera, previa a la
sentencia o a la conciliación, que se concreta en la manifestación clara, expresa y
escrita del afectado, presentada dentro de los cinco días siguientes al vencimiento
del traslado de la demanda; y (ii) una segunda, de carácter posterior, ejercitable
dentro de los veinte días siguientes a la publicación de la sentencia110 por quienes
109 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de octubre de 2005, rad. 41001-23-31-000-
2001-00948-01(AG), C.P. Ruth Stella Correa Palacio; reiterada, entre otras, en: Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia del 15 de marzo de 2006, rad. 76001-23-31-000-2001-04011-01(AG),
C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 29 de septiembre de 2015, exp. 25000-23-25-000-
2000-09014-05(AG), C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 10 de julio de 2019, rad. 08001-
23-31-000-2005-01472-01(41943), C.P. Ramiro Pazos Guerrero; y Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 9 de septiembre de 2020, rad.
76001-33-31-001-2008-00134-01, C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
110 Aun cuando este último término no se encuentra expresamente señalado por la Ley –que de
manera confusa remite al “mismo término”, con lo cual se podría pensar que se alude a los cinco
días siguientes al vencimiento del traslado de la demanda-, una interpretación sistemática de la Ley
472 de 1998 y su lectura a la luz del principio constitucional de igualdad (artículo 13 CP) permite
entender que la referencia debe entenderse efectuada al tiempo previsto por el artículo 65.4 de esta
normativa, en el cual se otorga un lapso de veinte días después de la publicación de la sentencia a
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no intervinieron en el proceso, siempre que demuestren que sus intereses no fueron
debidamente representados por el actor principal o que existieron errores graves en
la notificación que les impidieron comparecer oportunamente. En ambos
escenarios, la consecuencia jurídica de la exclusión es que el afectado conserva la
facultad de promover una acción individual tendiente a obtener la indemnización de
perjuicios, en los términos del artículo 56 ibidem.
De esta manera, se ha sostenido que los mecanismos de exclusión descritos
constituyen una garantía esencial para la salvaguarda de los derechos al debido
proceso, a la defensa y a la igualdad en el marco de las acciones de grupo, en tanto
permiten que quienes no deseen quedar vinculados por los efectos de la cosa
juzgada colectiva puedan optar por ejercer, en su lugar, la acción individual de
indemnización de perjuicios, siempre que no haya operado la caducidad. Así, se
armoniza la eficacia propia de las acciones de grupo con la protección de los
derechos individuales de sus integrantes111.
A contrario sensu, quienes no hacen uso de tales mecanismos —ya sea porque no
demandaron antes de la admisión de la acción de grupo o porque no solicitaron
oportunamente su exclusión— quedan sujetos, de manera definitiva, a lo resuelto
en el proceso colectivo, aun cuando la decisión sea adversa a sus pretensiones,
incluida la hipótesis de la falta de legitimación en la causa por activa, pues los
efectos de la cosa juzgada ultra partes se proyectan sobre ellos. Esta consecuencia
no se considera arbitraria, dado que, se itera, el legislador dispuso instrumentos de
exclusión que, al no ser ejercidos, suponen una renuncia tácita a promover acciones
individuales y la aceptación de los efectos expansivos de la sentencia 112.
“los interesados igualmente lesionados por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso,
para que se presenten al juzgado (…) para reclamar la indemnización”. Si este término aplica para
que las personas que no concurrieron al proceso soliciten su reconocimiento como miembros del
grupo y reclamen la correspondiente indemnización, el mismo debe resultar aplicable a quienes no
habiendo concurrido al juicio no desean resultar vinculados por los efectos de la sentencia o
conciliación obtenida: ubi eadem ratio, eadem dispositio. Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera,
sentencia del 4 de julio de 2013, rad. 11001-03-15-000-2013-00186-01(AC), C.P. Guillermo Vargas
Ayala.
111 Consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de octubre de 2005,
rad. 41001-23-31-000-2001-00948-01 (AG), C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia del 16 de agosto de 2007, rad. 76001-23-31-000-2005-04378-01 (AG),
C.P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 4 de julio de 2013, rad.
11001-03-15-000-2013-00186-01 (AC), C.P. Guillermo Vargas Ayala; y Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de julio de 2024, rad. 27001-23-31-000-2010-00184-01
(58718), C.P. William Barrera Muñoz.
112 Sobre este aspecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes decisiones: Corte
Constitucional, sentencia C-036 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 9 de
septiembre de 2020, rad. 76001-33-31-001-2008-00134-01, C.P. Gabriel Valbuena Hernández;
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de junio de 2024, rad. 19001-23-33-000-
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Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
Con base en lo expuesto, esta Sala reitera lo que ha sido el criterio de la Sección
Tercera de la Corporación –que es la competente y, por ende, ha desarrollado esta
clase de temas en materia de acciones de grupo–, en los siguientes términos:
La falta de legitimación en la causa por activa en las acciones de grupo
—hoy medio de control de reparación de los perjuicios causados a un
grupo—, aun cuando constituye una circunstancia individual atribuible al
demandante inicial, proyecta sus efectos sobre todo el colectivo, pues
conduce, de manera inevitable, a la negación de las pretensiones y a la
extensión de los efectos de cosa juzgada ultra partes, tanto respecto de
quienes intervinieron en el proceso como de quienes permanecieron
ausentes.
No obstante, las salvaguardas previstas por el legislador para permitir a
los afectados desligarse de dichos efectos permiten garantizar el debido
proceso, el derecho de defensa y el acceso a la administración de
justicia. De este modo, se equilibra la eficacia propia de la acción de
grupo con la protección de los derechos individuales, trasladando a los
afectados la carga de activar los mecanismos que el ordenamiento
jurídico les ofrece para evitar quedar vinculados por los efectos adversos
de una indebida representación.
3. El caso concreto: se revoca la decisión del Tribunal para declarar la falta de
legitimación en la causa por activa y, en consecuencia, negar las pretensiones
de la demanda
Con las precisiones efectuadas, corresponde a la Sala determinar si la sentencia
objeto de revisión se ajusta a los lineamientos expuestos en torno a la legitimación
en la causa por activa en las acciones de grupo —hoy medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo—.
Según consta en el expediente, el señor Rodrigo Alberto Cardona Herrera, en
ejercicio del referido medio de control, demandó a Serviciudad E.S.P. alegando la
falta de ejecución de los recursos recaudados entre 2006 y 2012 por concepto de
2013-00009-01 (68.447) (AG), C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez; y Consejo de Estado, Sección
Tercera, sentencia del 19 de mayo de 2025, rad. 76001-23-33-000-2016-01441-01 (70.571) (AG),
C.P. María Adriana Marín.
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Actor: Rodrigo Alberto Cardona Herrera
Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
reposición, expansión y rehabilitación de redes (VPIRER), lo cual habría causado
perjuicios a los usuarios de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado del
municipio de Dosquebradas.
En primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira negó las
pretensiones, al considerar incumplido el requisito de procedibilidad de titularidad
de la acción, debido a que el demandante no acreditó su pertenencia al grupo
definido en la demanda, esto es, el conformado por los usuarios del servicio público
de acueducto y alcantarillado de Dosquebradas que pagaron dicho cargo adicional
en el período comprendido entre 2006 y 2012.
La decisión anterior fue apelada y mediante sentencia del 15 de noviembre de 2017,
el Tribunal Administrativo de Risaralda revocó el fallo de primera instancia y, en su
lugar, declaró probada de oficio la excepción de improcedencia de la acción por falta
de legitimación en la causa por activa. Lo anterior, al advertir que el actor no
demostró haber sufrido un perjuicio individual derivado del pago del rubro VPIRER
durante el lapso señalado y, por tanto, no acreditó su pertenencia al grupo.
En tal sentido, en la sentencia objeto de revisión, el Tribunal argumentó que el a
quo incurrió en un yerro al fundamentar su decisión en la falta de cumplimiento de
los requisitos de procedibilidad de la acción de grupo, cuando en realidad “el
argumento aquí trazado corresponde a una falta de legitimación en la causa por
activa, y como quiera que ésta, según los derroteros de la ley procesal civil, es una
excepción previa, no hay lugar como se dijo en la sentencia de primer grado, en
negar las pretensiones de la demanda si no se realizó un estudio de fondo de este
asunto, por lo que, bajo estas precisiones en su lugar se declarará probada de oficio
la excepción de improcedencia de la acción por falta de legitimación en la causa por
activa”.
Así mismo, sostuvo que la titularidad de la acción es un presupuesto de procedencia
de la acción de grupo, que no fue demostrado por el demandante, puesto que no
probó haber sido afectado por la misma causa que dio origen a los perjuicios de los
demás afectados. Textualmente, consideró:
Basta con la cita de los anteriores apartes [de la demanda] para hacer evidente
que el grupo de personas perjudicadas, debe identificarse por el daño sufrido
en el lapso de los años 2006 al 2012 conforme la relación de recaudo e
inversión que asevera el demandante ha sido malversado y no invertido, de allí
que la uniformidad que se predica en el aparte jurisprudencial en cita, se ubica
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Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
en el tiempo señalado 2006-2012 y lo que no se acredite como tal no podrá
incluirse como perteneciente del grupo puesto que no sería una causa común
de la demanda.
De acuerdo con todo lo analizado, así el hecho causal dañino sea uno o
múltiple, lo que se exige es que la causa dañina para todos los actores
provenga de la misma conducta o las mismas conductas, por lo tanto, si el
demandante plasmó y pugnó en la demanda porque el daño y el hecho
causante del daño se ubicara en una línea de tiempo que abarcara los años
2006 al año 2012, no encuentra razón esta Sala de decisión, en la insistencia
en ser parte del grupo si tal como lo evidenció la Juez de primera instancia las
facturas que le acreditan como usuario del servicio de acueducto y
alcantarillado corresponden al año 2013.
(…)
En tal virtud, según el análisis adelantado en esta decisión, no hay identidad
del grupo, por lo tanto, es evidente que no se reúnen los presupuestos para la
procedencia de esta acción constitucional, toda vez que si bien el actor indica
que le asiste un interés resarcitorio y además considera que puede representar
a un amplio número de ciudadanos que se vieron inmersos en igualdad de
condiciones en esta problemática, se denota por parte de esta Corporación que
quien encabeza el grupo e instaura la acción constitucional en nombre y
representación del mismo, no cuenta con esas características homogéneas a
las cuales se ha hecho referencia refiriendo (sic), avizorándose una falta de
legitimación por activa.
(…)
De lo expuesto, puede concluirse que si bien la Ley le otorga la posibilidad de
que una sola persona pueda reclamar la totalidad de los perjuicios ocasionados
al grupo, la misma exige que esa persona, que es la titular de la acción de grupo
pertenezca al grupo de afectados, es decir, que haya sufrido un perjuicio
individual con fundamento en la causa común que demanda; hecho que no
sucede en el presente asunto, pues como ya se explicó y quedó demostrado .
en el plenario, el señor Rodrigo Alberto Cardona Herrera, quien fue el único
titular de la acción de grupo toda vez que fue el único demandante, no tenía la
legitimación por activa para demandar y representar al grupo de afectados por
la omisión en la inversión del rubro adicional pagado con las facturas de
acueducto y alcantarillado durante los años 2006 a 2012, ya que éste no sufrió
un perjuicio individual con el referido pago adicional puesto que no hace parte
de dicho período, acreditando ser usuario de la prestación del servicio solo a
partir del año 2013, por lo tanto, como el señor Cardona Herrera no pertenece
al grupo de afectados, carece de capacidad para demandar aunado que no
tiene la facultad para representar el grupo de afectados en el caso sub examine
pues no cumple con los lineamientos del artículo 48 de la Ley 472 de 1998.
En criterio de esta Sala Especial de Decisión, el razonamiento expuesto por el
Tribunal Administrativo de Risaralda no se ajusta plenamente a la jurisprudencia
fijada por la Sección Tercera de esta Corporación. En efecto, si bien acertó al exigir
que el demandante acreditara su pertenencia al grupo afectado como condición
necesaria para reconocer la legitimación en la causa por activa, desconoció la
verdadera naturaleza de este presupuesto y las consecuencias jurídicas que se
derivan de su incumplimiento. Como se dejó expuesto, la falta de legitimación en la
causa por activa no constituye una excepción previa ni conduce a declarar la
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improcedencia de la acción, sino que comporta la negación de las pretensiones en
sentencia de fondo adversa al demandante, en tanto obedece a la ausencia de
titularidad para reclamar el derecho cuya vulneración se alega.
En consecuencia, la Sala declarará la prosperidad del mecanismo eventual de
revisión y dictará sentencia de reemplazo, con el fin de precisar la naturaleza y los
efectos jurídicos de dicha institución en el caso concreto.
Así las cosas, corresponde determinar si el señor Rodrigo Alberto Cardona Herrera
se encontraba legitimado en la causa por activa para promover el medio de control
de reparación de los perjuicios causados a un grupo contra Serviciudad E.S.P., con
ocasión de la presunta omisión en la inversión de los recursos recaudados en el
municipio de Dosquebradas por concepto de reposición, expansión y rehabilitación
de las redes de acueducto y alcantarillado entre 2006 y 2012.
Con este propósito, la Sala parte por precisar que en la demanda el actor definió el
grupo afectado como aquel conformado por los usuarios de los servicios de
acueducto y alcantarillado de Dosquebradas que, entre octubre de 2006 y diciembre
de 2012, pagaron el rubro adicional denominado VPIRER113. Los perjuicios
113 Así se desprende de los siguientes a partes de la demanda: “WILLIAM GARCÍA GIRALDO,
abogado en ejercicio, portador de la cédula de ciudadanía Nro. 10.086.945 de Pereira con T.P. Nro.
81.209 del C.S.J., actuando en nombre y representación de RODRIGO ALBERTO CARDONA
HERRERA, mayor de edad y portador de la cédula de ciudadanía Nro. 10.099.210 de Pereira,
domiciliado en el Municipio de Dosquebradas, (…) según poder que anexo y, quien a su vez
representa al grupo que se encuentra conformado por todos los usuarios del servicio de
acueducto y alcantarillado de la Empresa SERVICIUDAD ESP del Municipio de Dosquebradas,
grupo que podrá ser identificado con la base de datos con la cual se expide la factura de
acueducto y alcantarillado por parte de la entidad demandada, por medio del presente escrito
me permito promover ACCIÓN DE GRUPO (…)
I. A MANERA DE EXORDIO
Señor Juez, el caso sometido a su estudio se condensa en que la Empresa de Servicios
Públicos SERVICIUDAD E.S.P. captó en la factura de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado, durante los años comprendidos entre el 2006 y el 2012, por concepto de
reposición, expansión rehabilitación, unos recursos que ascienden aproximadamente a
$6.617.172.584,70 que no fueron ejecutados en su objeto específico conforme a la ley, además
no existe ninguna constancia sobre qué pasó con dichos recursos y de acuerdo a sus estados
financieros o información suministrada, tampoco se reflejan en ningún fondo especial, de acuerdo a
lo determinada en la Ley.
II. HECHOS (…)
16. Una vez hallado el factor de incidencia de las inversiones VPIRER sobre la tarifa por consumos
y vertimiento facturados, se calcularon los recursos facturados con destino a inversión, del total de
la facturación mensual por consumo en acueducto o vertimiento en alcantarillada durante el
período de adopción del estudio Tarifario por parte de SERVICIUDAD ESP (Octubre de 2006
a Diciembre de 2012); para lo cual se tuvo en cuenta la información suministrada por la empresa
SERVICIUDAD ESP (…).
21. En resumen, (…) [e]ste déficit de inversión evidencia un incumplimiento continuo desde
octubre de 2006 a diciembre 31 de 2012 en la ejecución del Plan de Inversiones proyectado
para calcular las tarifas aplicadas, y por ende un incumplimiento en la aplicación de la metodología
tarifaria adoptada, a pesar de haber estado cobrando oportunamente a los usuarios los recursos
correspondientes al VPIRER en la factura de servicios públicos.(…)
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Radicación número: 66001-33-33-002-2013-00045-01 (AG) REV
Actor: Rodrigo Alberto Cardona Herrera
Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
reclamados se sustentaban en la no ejecución de tales recursos, cuantificados en
$6.617’172.584,70.
No obstante, del análisis del acervo probatorio se concluye que el demandante no
acreditó su pertenencia al grupo definido en la demanda. En particular, no existe
prueba alguna que demuestre que entre octubre de 2006 y diciembre de 2012
hubiese ostentado la calidad de usuario o suscriptor de los servicios de acueducto
y alcantarillado en algún predio ubicado en el municipio de Dosquebradas, y menos
aún, que hubiera sufragado la tarifa correspondiente.
En efecto, las pruebas obrantes en el expediente son indicativas de que durante el
año 2012 el señor Rodrigo Alberto Cardona Herrera no figuraba como suscriptor de
los mencionados servicios públicos. Así lo revelan las solicitudes de información
que él mismo elevó ante Serviciudad E.S.P. los días 15 de mayo114, 17 de julio115,
8 de octubre116 y 2 de noviembre de 2012117, así como el 18 de febrero de 2013118,
en las cuales reconoció expresamente que la suscripción de los servicios públicos
en el inmueble que identificó en sus solicitudes, ubicado en la calle 38 No. 12–18,
correspondía a la señora Adiela Rincón Alzate.
Cabe precisar que, aunque en dichas solicitudes el actor invocó su condición de
usuario, tal manifestación carece de respaldo probatorio, pues no obra en el
expediente documento alguno que corrobore que efectivamente hubiese pagado la
26. Es evidente que la Empresa ha venido perjudicando a los 39.980 usuarios de acueducto y a los
46.596 usuarios de alcantarillado reportados a diciembre 31 de 2012, ya que, al estar desviando los
recursos de inversión a otras actividades, no solo atentó contra la infraestructura de acueducto y
alcantarillado, sino que ha venido poniendo en inminente peligro el suministro futuro del agua
potable para la ciudad (…).
27. En todo caso, es un hecho que la Empresa de servicios Públicos Domiciliarios
SERVICIUDAD ESP, ha recaudado en eI período de octubre de 2006 a diciembre 31 de 2012
la suma de $15.351.749.240,53 en el componente VPlrer de la facturación de servicios de
acueducto y alcantarillado y solo ha invertido la suma de $8.036.259.612 equivalentes solo al
52,3% del total del recaudo para inversión, quedando sin invertir a diciembre 31 de 2012 la
suma de $7.314.724.128,53, perjudicando a los usuarios del servicio que mes tras mes han
venido efectuando dicho pago con la esperanza de que a futuro puedan tener una infraestructura
apta a fin de gozar del derecho fundamental de acceso al agua potable en las condiciones exigidas
por la Ley.
De los recursos facturados que por la suma de $7.314.724.128,53 que se encuentran por invertir,
solo se reporta la existencia de $697.551.542,83 en la cuenta 1116, presentándose un presunto
faltante en dicho fondo por la suma de $6.617.172.584,70 indexados con el interés correspondiente,
en los términos del artículo Tercero de la Resolución CRA 294 de 2004.
114 Folios 103 – 104 del cuaderno anexo 1.
115 Folios 105 – 106 del cuaderno anexo 1.
116 Folios 107 – 109 del cuaderno anexo 1.
117 Folios 110 - 111 del cuaderno anexo 1.
118 Folios 112 - 117 del cuaderno anexo 1.
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Actor: Rodrigo Alberto Cardona Herrera
Demandado: Serviciudad E.S.P.
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tarifa del servicio en el período alegado, o que hubiera sido reconocido como usuario
por la empresa prestadora.
Aunado a lo anterior, las facturas de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo aportadas al proceso, expedidas el 31 de enero 119, 28 de
febrero120, 2 de abril121, 29 de abril122 y 29 de mayo de 2013123 a nombre del señor
Rodrigo Alberto Cardona, bajo el código de usuario No. 9578232526 y con dirección
de servicio en Mz D Cs 5 Gemela, únicamente acreditan que ostentó la calidad de
usuario en dichas fechas, esto es, con posterioridad al período en el que, según la
demanda, se habrían generado los perjuicios reclamados (2006–2012).
De igual forma, en la base de usuarios aportada por Serviciudad E.S.P. en 2014
tampoco figura el señor Rodrigo Alberto Cardona como suscriptor del servicio. En
dicho registro, el código de usuario No. 9578232526, correspondiente a la dirección
Mz D Cs 5 Gemela, aparece a nombre de Sara Yulieth Murillo Virgen, y no del actor.
Asimismo, respecto del predio ubicado en la calle 38 No. 12–18, se mantiene como
suscriptora la señora Adiela Rincón Alzate124.
De lo anterior se desprende que el vínculo jurídico con la empresa — y, por ende,
la condición de sujeto pasivo del cobro del cargo adicional VPIRER— recaía en
quienes efectivamente gozaban de la calidad de usuarios o suscriptores de los
aludidos servicios públicos, y no en el señor Rodrigo Alberto Cardona Herrera, quien
no acreditó haber ostentado dicha calidad ni haber sufragado el referido cargo
adicional en el período objeto de discusión.
En ese orden, resulta evidente que el actor no compartía condiciones uniformes con
los integrantes del grupo definido en la demanda, pues no probó su pertenencia ni
la titularidad de un daño individual, presupuestos indispensables para reconocerle
legitimación en la causa por activa.
La Sala también descarta el argumento del actor según el cual correspondía al
Tribunal Administrativo de Risaralda suplir la ausencia probatoria mediante el
119 Folio 1362 del cuaderno anexo 6
120 Folio 1361 del cuaderno anexo 6
121 Folio 1360 del cuaderno anexo 6
122 Folio 1359 del cuaderno anexo 6
123 Folio 1358 del cuaderno anexo 6
124CD Base usuarios Serviciudad ESP Mar-04-2012, documento: “Total Susc MAR-04-2014”,
obrante al folio 1363 del cuaderno anexo 6.
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Actor: Rodrigo Alberto Cardona Herrera
Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
decreto oficioso de pruebas y la aplicación del principio de la carga dinámica, a
efectos de que la empresa demandada aportara la base de datos de usuarios del
período 2006–2012. Como se indicó, dicho principio no constituye un criterio de
valoración ex post, sino un mecanismo excepcional — justificado únicamente por
situaciones de indefensión, debilidad manifiesta o por la existencia de obstáculos
reales y acreditados para cumplir con la carga probatoria— que debe ser adoptado
de oficio o a petición de parte en las etapas procesales previstas para la
incorporación y práctica de pruebas, de manera expresa y debidamente motivada,
y no en la sentencia para suplir las deficiencias probatorias del demandante.
En el expediente no obra solicitud alguna del actor encaminada a la aplicación de
este principio durante el curso del proceso, ni se acreditaron dificultades probatorias
o una situación de indefensión que justificara la intervención oficiosa del juez. Por
el contrario, en el auto de pruebas del 14 de febrero de 2014, el Juzgado Segundo
Administrativo de Pereira decretó pruebas en los precisos términos solicitados por
las partes, sin alterar la distribución ordinaria de la carga probatoria125. Tal decisión
no fue recurrida por el actor, razón por la cual el proceso se tramitó bajo la regla
general contenida en el artículo 167 del CGP, según la cual incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que invocan, siendo responsable de las
consecuencias adversas quien incumpla tal deber.
En esas condiciones, pretender que el juez de segunda instancia decretara pruebas
de oficio para establecer un hecho cuya acreditación correspondía al actor habría
supuesto una indebida intervención de la autoridad judicial para suplir la falta de
diligencia del demandante y, en últimas, una ruptura del equilibrio procesal entre las
partes, quienes se encontraban en condiciones de igualdad de armas durante el
trámite.
Aclarado lo anterior, la Sala reitera que la legitimación en la causa por activa
constituye un presupuesto sustancial de mérito de la litis, que impone al actor
demostrar, dentro del proceso, su pertenencia al grupo afectado a través de la
titularidad jurídica del derecho, bien o interés vulnerado en condiciones uniformes
con los demás miembros del grupo, a fin de quedar habilitado para reclamar la
indemnización de su propio perjuicio y, al mismo tiempo, representar al colectivo,
de conformidad con lo previsto en los artículos 48 de la Ley 472 de 1998 y 145 del
CPACA.
125 Folios 122 – 124 del cuaderno principal 1.
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En esa medida, no basta con que el actor afirme su pertenencia al grupo, sino que
resulta indispensable que lo acredite mediante pruebas idóneas. En el presente
caso, el señor Rodrigo Alberto Cardona Herrera no demostró su condición de
usuario del servicio durante el período 2006–2012, en el cual se causó el daño
identificado por la falta de inversión de los recursos recaudados con el cargo
adicional VPIRER. La prueba obrante únicamente da cuenta de su calidad de
suscriptor durante algunos meses de 2013, lo que impide reconocerle la titularidad
del daño alegado y, en consecuencia, su legitimación para actuar en nombre propio
y en representación del colectivo.
Debe precisarse que la falta de legitimación en la causa por activa no conlleva a la
improcedencia de la acción, sino a la negación de las pretensiones mediante
sentencia de fondo adversa al demandante, en tanto evidencia su carencia de
aptitud sustancial para reclamar el derecho cuya vulneración invoca. Este
presupuesto no puede confundirse con un requisito de procedibilidad ni con una
excepción previa, puesto que, a diferencia de aquellas, no se refiere a aspectos
formales del litigio, sino a la inexistencia de una relación material entre el actor y el
derecho reclamado, lo cual priva al juez de base sustancial para amparar un
derecho respecto de quien no ostenta su titularidad.
En otros términos, cuando el demandante no acredita su pertenencia al grupo que
pretende representar, la consecuencia es la desestimación de las pretensiones por
falta de legitimación en la causa. Así lo ha reconocido de manera uniforme la
jurisprudencia de esta Corporación, al señalar que la legitimatio ad causam expresa
la relación entre el sujeto procesal y el derecho invocado, y que su ausencia excluye
la posibilidad de éxito de la demanda.
Finalmente, resulta imperioso reiterar que, en las acciones de grupo, esta
consecuencia se proyecta sobre la totalidad de los miembros del colectivo, en virtud
del efecto de cosa juzgada ultra partes consagrado en el artículo 66 de la Ley 472
de 1998. De este modo, aun cuando se trate de una circunstancia atribuible
únicamente al demandante, sus efectos se extienden a todos los integrantes del
grupo, salvo que estos hubieren ejercido oportunamente alguno de los mecanismos
de exclusión consagrados por el legislador —como promover una acción individual
antes de la admisión de la demanda, solicitar expresamente su exclusión en el
término legal o acreditar una representación inadecuada o irregularidades graves
en la notificación del auto admisorio—. Con ello, el ordenamiento asegura un
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equilibrio entre la eficacia propia de las acciones de grupo y la garantía del debido
proceso de los afectados, al tiempo que traslada a estos la carga de activar los
instrumentos procesales diseñados para evitar quedar vinculados por los efectos
adversos de una representación indebida, como ocurre en el presente asunto.
En este orden de ideas, y conforme a la jurisprudencia reiterada y unificada de esta
Corporación, al no haber demostrado el demandante su pertenencia al grupo de
usuarios que sufragaron el cargo adicional VPIRER en el período 2006–2012, cuya
falta de ejecución se cuestiona, corresponde a la Sala negar las pretensiones de la
demanda por falta de legitimación en la causa por activa. Ello, por cuanto el actor
no acreditó la titularidad del derecho cuya vulneración alegó ni su aptitud para
representar al colectivo, lo que impone una sentencia de fondo desfavorable con
efectos de cosa juzgada extensivos a todos los integrantes del grupo.
En consecuencia, se declarará la prosperidad del mecanismo eventual de revisión,
se revocará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Risaralda y, en
su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda por la falta de legitimación en
la causa por activa del señor Rodrigo Alberto Cardona Herrera.
4. Condena en costas
La Sala se abstendrá de imponer condena en costas, por cuanto no se satisface el
presupuesto previsto en el artículo 65.5 de la Ley 472 de 1998, según el cual la
misma procede únicamente en los eventos en que la sentencia acoge las
pretensiones incoadas126.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, en Sala Especial de Decisión de lo Contencioso Administrativo,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
126 “Artículo 65. Contenido de la sentencia. La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las
disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y además, cuando acoja las
pretensiones incoadas, dispondrá: (…) 5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida,
teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia”. (Se
destaca)
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RESUELVE
PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia del Consejo de Estado, en el sentido de
precisar lo siguiente en cuanto a la oportunidad para acreditar la legitimación
en la causa por activa del demandante único en las acciones de grupo:
En las acciones de grupo —hoy medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo—, cuando se trate de un demandante
único, la legitimación en la causa por activa exige que se demuestre,
dentro del proceso, en las oportunidades procesales respectivas y antes
de proferir sentencia, su pertenencia al grupo afectado mediante la
acreditación de la titularidad jurídica que ostenta sobre el derecho, bien
o interés vulnerado en condiciones uniformes con los demás miembros
del grupo.
SEGUNDO: ESTARSE A LO RESUELTO en la jurisprudencia reiterada de la
Sección Tercera del Consejo de Estado respecto de la naturaleza y alcance
de la legitimación en la causa por activa en las acciones de grupo,
conforme con lo establecido, entre otras, en las providencias del 11 de
septiembre de 2003, radicación 25000-23-25-000-2000-00019-01(AG); del 6
de octubre de 2005, radicación 41001-23-31-000-2001-00948-01(AG); del 26
de enero de 2006, radicación 47001-23-31-000-2002-00614-01(AG); del 15
de marzo de 2006, radicación 25000-23-26-000-2004-02556-01(AG); del 7 de
febrero de 2007, radicación 08001-23-31-000-2006-03753-01 (AG); del 21 de
febrero de 2007, radicación 68001-23-15-000-2001-01531-01(AG); del 16 de
mayo de 2007, radicación 19001-23-31-000-2003-00680-01(AG); del 15 de
agosto de 2007, radicación 25000-23-27-000-2002-00004-01 (AG); del 7 de
abril de 2011, radicación 25000-23-24-000-2000-00016-01 (AG); del 13 de
febrero de 2013, radicación 63001-23-33-000-2012-00052-01(AG); del 26 de
noviembre de 2014, radicación 76001-23-31-000-2003-00834-02 (AG); y del
7 de septiembre de 2020, radicación 68001-23-33-000-2016-00620-01(AG),
cuya posición jurisprudencial se resume en los siguientes términos:
La legitimación en la causa por activa en las acciones de grupo
constituye un presupuesto sustancial, que solo se satisface cuando el
demandante acredita la pertenencia al grupo cuyos intereses pretende
representar y la titularidad del daño que invoca a título individual, so pena
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de que se imponga al juez el rechazo de las pretensiones por la falta de
acreditación de dicho presupuesto. En este contexto, la titularidad no es
abierta ni difusa, ni puede extenderse a sujetos colectivos o
institucionales ajenos al grupo afectado, como ocurre en las acciones
populares, sino que se circunscribe a quienes comparten condiciones
uniformes frente a la causa común del daño, sin perjuicio de que aquellos
que se encuentren en situación de desamparo o indefensión conserven
la posibilidad de ejercer la acción a través del Defensor del Pueblo o de
los personeros municipales y distritales.
TERCERO: ESTARSE A LO RESUELTO en la jurisprudencia del Consejo de
Estado relativa a la carga probatoria en las acciones de grupo, conforme con lo
dispuesto en la sentencia de unificación del 14 de agosto de 2018, proferida por la
Sala Veinticinco Especial de Decisión, así como en lo recogido en la sentencia del
1º de julio de 2025, radicación 66001-23-33-000-2022-0059-02 (70.875), dictada por
la Sección Tercera de esta Corporación, en materia de la aplicación del principio de
carga dinámica de la prueba. La postura jurisprudencial sobre este aspecto se
resume en los siguientes términos:
En las acciones de grupo —actualmente medio de control de reparación
de los perjuicios causados a un grupo— la carga de la prueba se rige por
las reglas generales del proceso civil que le son aplicables (artículo 177
del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 167 del Código General
del Proceso), sin que exista un régimen probatorio privilegiado. En
consecuencia, corresponde a la parte actora acreditar los hechos que
fundamentan la demanda, su pertenencia al grupo, el daño o menoscabo
sufrido y que este se produjo en las mismas condiciones para todos los
integrantes, así como los perjuicios individuales reclamados por cada
miembro, sin perjuicio de la aplicación del principio de carga dinámica de
la prueba, en los términos y bajo los criterios acogidos por esta
Corporación.
CUARTO: ESTARSE A LO RESUELTO en la jurisprudencia del Consejo de Estado
respecto de los efectos de la declaratoria de falta de legitimación en la causa
por activa del único demandante en las acciones de grupo, conforme con lo
establecido, entre otras, en las providencias del 11 de septiembre de 2003,
radicación 25000-23-25-000-2000-00019-01(AG); del 26 de enero de 2006,
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radicación 47001-23-31-000-2002-00614-01(AG); del 7 de febrero de 2007,
radicación 08001-23-31-000-2006-03753-01(AG); y del 7 de septiembre de 2020,
radicación 68001-23-33-000-2016-00620-01(AG), en relación con la negación de
las pretensiones de la demanda ante la falta de legitimación en la causa del
demandante; así como, en las sentencias del 18 de octubre de 2001, radicación
25000-23-27-000-2000-0023-01(AG-021), y del 6 de octubre de 2005, radicación
41001-23-31-000-2001-00948-01(AG), cuyos criterios fueron recogidos en la
sentencia del 9 de septiembre de 2020, radicación 76001-33-31-001-2008-00134-
01, proferida por la Sala Novena Especial de Decisión de esta Corporación, en lo
atinente al efecto ultra partes del fallo proferido en las acciones de grupo y las
excepciones admisibles frente a dicho efecto. La posición jurisprudencial
consolidada se sintetiza así:
La falta de legitimación en la causa por activa en las acciones de grupo
—hoy medio de control de reparación de los perjuicios causados a un
grupo—, aun cuando constituye una circunstancia individual atribuible al
demandante inicial, proyecta sus efectos sobre todo el colectivo, pues
conduce, de manera inevitable, a la negación de las pretensiones y a la
extensión de los efectos de cosa juzgada ultra partes, tanto respecto de
quienes intervinieron en el proceso como de quienes permanecieron
ausentes.
No obstante, las salvaguardas previstas por el legislador para permitir a
los afectados desligarse de dichos efectos permiten garantizar el debido
proceso, el derecho de defensa y el acceso a la administración de
justicia. De este modo, se equilibra la eficacia propia de la acción de
grupo con la protección de los derechos individuales, trasladando a los
afectados la carga de activar los mecanismos que el ordenamiento
jurídico les ofrece para evitar quedar vinculados por los efectos adversos
de una indebida representación.
QUINTO: DECLARAR próspera la solicitud de revisión eventual, en consecuencia,
se INFIRMA la sentencia del 15 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda.
SEXTO: REVOCAR la sentencia del 15 de noviembre de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda. En su lugar, se DECLARA la falta de
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Radicación número: 66001-33-33-002-2013-00045-01 (AG) REV
Actor: Rodrigo Alberto Cardona Herrera
Demandado: Serviciudad E.S.P.
Referencia: Mecanismo de Revisión Eventual en Acción de Grupo
legitimación en la causa por activa del señor Rodrigo Alberto Cardona Herrera y,
en consecuencia, se NIEGAN las pretensiones de la acción de grupo presentada
por aquél contra Serviciudad Empresa Industrial y Comercial del Estado Empresa
de Servicios Públicos Domiciliarios — Serviciudad E.S.P.
SÉPTIMO: Sin condena en costas.
OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al despacho
judicial de origen.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN WILSON RAMOS GIRÓN
Firmado electrónicamente
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
VF
64
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