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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01277-01

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01277-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 4 de abril de 2025, proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 12 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio Estrada, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-217 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 13 M.P.: Natalia Ángel Cabo. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-01277-01 Demandantes: Carlos Duván Buriticá Echavarría y otros Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01277-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

26 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01277-01
Demandantes: Carlos Duván Buriticá Echavarría y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01277-01
Demandantes: CARLOS DUVÁN BURITICÁ ECHAVARRÍA, CÉSAR
AUGUSTO VALENCIA ACERO, MARY LUZ BURITICÁ
ECHAVARRÍA, ESTEFANYA VALENCIA ACERO, SHIRLEY
ACERO MARÍN Y ESTRELLA IVETTE ACERO MARÍN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUSBECCIÓN “C”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa. Violación directa de la Constitución. Incumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por los demandantes, quienes actúan mediante apoderado judicial,
contra la sentencia de 4 de abril de 2025 proferida por la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción
de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 4 de marzo de 2025, los demandantes pidieron al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y al debido proceso, así como el principio de prevalencia del derecho
sustancial, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formulan la siguiente pretensión:
“Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas,
respetuosamente solicito al JUEZ CONSTITUCIONAL, TUTELAR a favor de las
personas afectadas, los derechos constitucionales fundamentales invocados, dejando
sin valor y efecto la sentencia de segunda instancia emitida por La Sección Tercera
Consejo De Estado, Consejero Ponente: William Barrera Muñoz, con fecha del 24 de
julio de 2024 y notificada el 11 de septiembre de 2024. Ordenando que se emita un nuevo
pronunciamiento sobre la indemnización correspondiente a las víctimas”.

2. Hechos

Los accionantes relataron que el 3 de febrero de 2009, aproximadamente a la 1:00
a.m. en la vía La Mansa - Quibdó1, el autobús de servicio público afiliado a la
empresa Rápido Ochoa S.A., al intentar esquivar un derrumbe que se encontraba
en la carretera, se volcó y cayó por un abismo. En ese accidente perdieron la vida,

1 Ruta Medellín – Quibdó – Medellín.

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Demandantes: Carlos Duván Buriticá Echavarría y otros

entre otros, los señores Yimmy Valencia Moreno, Alba Leticia Echavarría Mazo y
César Augusto Valencia Martínez -familiares de los demandantes-.

Mencionaron que por esos hechos se adelantó una acción de grupo con radicado
No. 05001-33-31-017-2009-00241-01 (demandantes: María Rocío Castrillón
Holguín y otros vs Nación, Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías,
Invías), de la no hicieron parte, en la que se pretendió el resarcimiento de los
perjuicios causados por la falla del servicio por falta de mantenimiento,
rehabilitación, conservación y señalización de la vía en donde ocurrió el accidente
y que causó el deceso de varias personas2.

Sostuvieron que en ese proceso el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de
Medellín en sentencia de 21 de mayo de 2015, declaró la responsabilidad del Estado
y condenó al pago de perjuicios materiales en una suma de $6.240.430.449,84 y
dispuso los requisitos necesarios para que las personas que, en un principio, no
hicieron parte del grupo se beneficiaran de la indemnización. El Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, mediante fallo de 15 de
marzo de 2016, confirmó parcialmente la decisión, en el sentido de que se excluía
al Ministerio de Transporte del pago de la condena, en razón a que declaró la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Afirmaron que el 28 de marzo de 2011, en ejercicio de la acción de reparación
directa3 (radicado No. 27001-23-31-2011-00099-01), presentaron demanda contra
la Nación, Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, Invías, con el fin
de que se declare administrativamente responsable al Estado por la muerte de sus
familiares en el accidente que ocurrió el 3 de febrero de 2009 y que, como
consecuencia, se le condenara al pago de los perjuicios morales, a la vida de
relación y perjuicio material en la modalidad de lucro cesante.

Indicaron que el Tribunal Administrativo del Chocó en fallo de 27 de octubre de 2016,
declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del
Ministerio de Transporte, declaró administrativa y solidariamente responsable al
Invías y a la mencionada cartera ministerial. Por consiguiente, las condenó al pago
de los perjuicios morales y materiales causados por el fallecimiento de sus
familiares, en tanto que el volcamiento del bus se dio al derrumbarse la banca por
el mal estado de la carretera, aunado a que el conductor no pudo advertir el peligro
existente por la ausencia de señalización, demarcación del carril, e iluminación.

Aseguraron que contra la anterior decisión las partes interpusieron recurso de
apelación. La Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto
de 25 de febrero de 2022, decretó la acumulación del proceso con radicado No.
27001-23-31-2011-00099-01 al proceso con radicado No. 27001-23-31-000-2010-
00184-01, toda vez que los dos cursaban en segunda instancia, se tramitaron por
el mismo procedimiento y se reclamaba la responsabilidad del Estado por una causa
común, esto es, los daños causados por el accidente de tránsito ocurrido el 3 de
febrero de 2009 en el que fallecieron varias personas.

Finalmente, manifestaron que la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, mediante sentencia de 24 de julio de 2024, revocó la decisión favorable
de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la excepción de cosa juzgada
y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en que
existe identidad de parte, objeto y causa entre la acción de grupo con radicado No.
05001-33-31-017-2009-00241-01 y las demandas de reparación directa
acumuladas.

2 La demanda se admitió el 16 de octubre de 2009.
3 Demanda se radicó en vigencia del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

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3. Fundamentos de la acción

La parte actora aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto por
violación directa de la Constitución, por cuanto se vulneraron sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al debido
proceso, así como el principio de prevalencia del derecho sustancial, además que
se desconoció el artículo 90 de la Constitución Política.

Afirmó que “ante la oscuridad de la ley, los perjudicados que no se hicieron parte en
el proceso fallado y no se excluyeron en forma expresa del mismo, puedan acudir
al segundo proceso si por cualquier motivo no se presentaron con posterioridad a la
sentencia del proceso ya fallado a reclamar la indemnización”.

Indicó que en lo relacionado con la publicación que se debe hacer para convocar a
los miembros del grupo, “la ley cual sea contenido de la información que se debe
publicar. En principio, podría pensarse en que basta simplemente con publicar el
auto admisorio de la demanda. sin embargo, creemos que la publicación debe
contener, así sea dentro del mismo auto de admisión de la demanda, una
convocatoria del juez a todas las personas que reúnan las condiciones de
uniformidad exigidas por la ley para hacer parte del grupo. Y desde luego, se deben
incluir esas condiciones, de forma tal, que quien lea la publicación sepa al leerla si
hace parte del grupo o no, y para, en esa forma, estar pendiente del resultado del
proceso, o pedir su exclusión del grupo. Si la publicación no contiene esos datos
mínimos, las víctimas que no se presentaron al proceso luego de la publicación
podrán alegar que la sentencia no les es oponible, con base en el artículo 56,
invocando graves errores en la notificación”.

Sostuvo que un término de 20 días para adherirse al grupo que se beneficia de los
efectos de la sentencia son escasos en “un medio geográfico e incomunicado como
el nuestro”.

Para terminar, manifestó que contra la sentencia objetada no procedía recurso
alguno, no se reprocha un fallo de tutela y no han transcurrido 6 meses desde la
notificación de la decisión de segunda instancia.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia

La magistrada del Tribunal informó que no tiene ninguna injerencia en el asunto,
pues los demandantes reprochan una providencia dictada por la Sección Tercera,
Subsección “C” del Consejo de Estado en el curso del proceso de reparación directa
No. 2010-00184-01.

4.2. Respuesta del Tribunal Administrativo del Chocó

El magistrado del despacho ponente de la sentencia de primera instancia pidió que
se negaran las pretensiones de la acción de tutela por resultar improcedentes, más
aún cuando no se agotó el recurso extraordinario de revisión y, además, se utiliza
el mecanismo constitucional como una tercera instancia.

4.3. Respuesta del Invías

La apoderada de la entidad solicitó que se declarara la improcedencia de la acción
de tutela, pues la declaratoria de cosa juzgada no afecta derechos fundamentales
ni desconoce los fines de las acciones de grupo, mecanismo establecido para
amparar de manera rápida a quienes han sido víctima de daños masivos.
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Agregó que la sentencia objetada se sustentó en las pruebas oportunamente
allegadas al proceso y con la participación de las partes, por lo que se cumplió con
lo establecido en la Ley 472 de 1998, además que los hoy accionantes tuvieron
pleno conocimiento y continuaron con el trámite de la acción de reparación directa,
lo que generó la existencia de 2 acciones indemnizatorias las cuales se excluían al
advertirse que se cumplían los elementos que configuraban la excepción de cosa
juzgada.

4.4. Respuesta de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

La apoderada pidió que se desvinculara a la entidad, toda vez que de los hechos
del escrito de tutela se concluye que éstos son ajenos a la labor que legalmente
tiene encomendada la agencia y, en ese sentido, no podría ser destinataria de una
eventual orden judicial, pues el hecho que origina la controversia es ajeno a los
deberes, actividades y ámbito de competencia de esta entidad.

4.5. Respuesta de la Defensoría del Pueblo

El profesional adscrito a la Oficina Jurídica de la Defensoría del Pueblo solicitó que
se desvinculara del trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa
por pasiva.

4.6. La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, el Juzgado
Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín, el Ministerio del Transporte,
la Compañía de Estudios e Interventorías S.A. – (CEI S.A.), la Sociedad Cass
Constructores & CIA S.C.A y la Sociedad Constructora LHS S.A., a pesar de
que se les notificó en debida forma del auto admisorio, guardaron silencio.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado en fallo de 4 de abril de
2025, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la
relevancia constitucional, por falta de carga argumentativa.

Señaló que el escrito de tutela no plantea un debate constitucional que muestre una
contradicción ostensible entre la decisión atacada y una norma constitucional, pues
los accionantes acuden a argumentos de orden legal y doctrinario sobre las
competencias del juez de la reparación y el juez de grupo, y la manera en la que,
en su criterio, debería interpretarse el artículo 47 de la Ley 472 de 1998.

Indicó que los demandantes omiten explicar las razones por las cuales se satisfacen
los requisitos de procedencia formal, y en punto al examen de fondo omiten
desarrollar justificaciones sobre la manera concreta en la que se vulnera alguna
norma constitucional.

Para terminar, manifestó que el escrito de tutela no satisface la específica
argumentación exigida para cuestionar una decisión proferida por un órgano de
cierre.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo
cual expuso lo siguiente:

Afirmó que en el escrito de tutela se encuentran debidamente identificados,
argumentados e individualizados los criterios para considerar que es procedente la
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acción de tutela, además que, en su sentir, existe un debate constitucional claro en
el que se involucran derechos fundamentales que han sido vulnerados y tiene
implicaciones importantes para la interpretación de la Constitución, toda vez que el
fallo que se cuestiona negó la posibilidad de reparar a unas víctimas de un mismo
hecho, argumentando que ya existía cosa juzgada por un proceso previo de acción
de grupo.

Resaltó que no se plantea una simple inconformidad con la interpretación legal del
artículo 47 de la Ley 472 de 1998, sino en la afectación directa y concreta de
derechos fundamentales que trascienden lo meramente legal. Tampoco pretende
abrir un debate legal y doctrinario como se menciona en el fallo, lo que se procura
es exponer que por la restricción de esta norma se puede presentar una vulneración
a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades y las consecuencias
que se derivan de allí, que se precisan en que otros derechos fundamentales
resulten quebrantados.

Aseguró que la declaratoria de la cosa juzgada, a pesar de la existencia de varios
fallos en los que se declaró la responsabilidad estatal por el mismo hecho, lo que
permitió que algunas de las víctimas accedieran a su derecho de ser indemnizados,
tiene significativa injerencia en la eficacia de garantías y principios de carácter
constitucional como el derecho fundamental a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia, el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal
y el derecho a la reparación integral.

Afirmó que la sentencia impugnada se basa en una interpretación formalista y
restrictiva que niega el estudio de la acción, por considerar que no se explicó
suficientemente la vulneración de normas constitucionales, sin embargo, en el
escrito de tutela se expusieron con claridad los derechos vulnerados y las razones
por las que la decisión cuestionada es contraria a la Constitución.

Finalmente, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela relacionados
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 4 de abril de 2025 de la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir el presupuesto general de relevancia constitucional y, en
caso afirmativo y que cumpla con los demás requisitos generales de procedencia,
si la autoridad judicial accionada incurrió en la vulneración de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al debido
proceso, así como el principio de prevalencia del derecho sustancial de los
accionantes.

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3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones4.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20055, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional6.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala7, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad,
pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza
o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron
de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación

4 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez

Ramírez.
5 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria

Calle Correa.
6 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
7 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si
fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
4 de abril de 2025, declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, bajo el
argumento de que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa necesaria
para que asunto goce de relevancia constitucional. Los accionantes impugnaron la
anterior decisión, para lo cual aseguraron que se cumple con la carga de exponer
el defecto por violación directa de la Constitución, pues la decisión objetada
vulneraba sus derechos fundamentales.

Descendiendo al caso concreto, la Sala confirmará la sentencia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia
constitucional.

Al respecto, se observa que la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo
de Estado en fallo de 23 de agosto de 2018, revocó la decisión favorable de primera
instancia y, en su lugar, declaró probada la excepción de cosa juzgada y, en
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

Para sustentar la decisión, el órgano de cierre se refirió a la cosa juzgada en la
acción de grupo y su efecto en la acción de reparación directa, para lo cual tuvo en
cuenta el fallo de 9 de septiembre de 20208 del Consejo de Estado, Sala Especial
de Decisión No. 9, en el que se estableció que el mencionado fenómeno jurídico
opera en el medio de control de reparación directa cuando por el mismo hecho
dañino se cuenta con sentencia de una acción de grupo, salvo i) que hayan
solicitado expresamente su exclusión en la oportunidad pertinente –dentro de los
cinco días siguientes al vencimiento del traslado de la demanda–; ii) si participaron
en el proceso y demuestran que sus intereses no fueron representados en forma
adecuada por el representante del grupo o que hubo graves errores en la
notificación o iii) como lo ha señalado la jurisprudencia, “hubiesen ejercido acciones
individuales antes de la admisión de la acción de grupo”.

Agregó que, en virtud del derecho de exclusión, el interesado pueda iniciar una
acción independiente del resto de las personas cobijadas por la misma causa que
originó un daño plural. No obstante, cuando no ejercen el derecho de exclusión del
grupo resultan vinculadas por lo decidido en la acción instaurada en su nombre,
tanto si se han hecho o no parte en el proceso.

Resaltó que “la Corporación ha considerado que, al compartir las dos acciones la
misma la naturaleza indemnizatoria o resarcitoria, lo que hace tránsito a cosa
juzgada en una acción de grupo es lo mismo que produce efectos de cosa juzgada

8 Radicado No. 76001-33-31-001-2008-00134-01. “212.– En los términos de la Ley 472 de 1998, lo decidido en

el medio de control colectivo tiene efectos de cosa juzgada para los miembros del grupo a favor del cual se
interpuso –tanto si hicieron parte del proceso o no y salvo las excepciones antes señaladas-, lo que, en
consideración a lo dispuesto en el entonces artículo 175 del CCA y ahora 140 del CPACA sobre las acciones
de reparación directa, significa que a favor del mismo grupo no podrá adelantarse, contra el mismo demandado,
otra acción con un objeto idéntico y con fundamento en la misma causa”.
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en una acción de reparación directa. Entonces, al analizar este fenómeno entre una
acción de grupo y una de reparación directa es necesario analizar el objeto, la causa
y las partes del litigio. Sin embargo, se aclara y se reitera –por la particularidad de
la acción de grupo– la parte demandante no es quien interpuso la demanda sino el
grupo a favor del cual se presentó la misma”.

Luego, al estudiar el caso concreto observó que el proceso de reparación directa
adelantado por los accionantes con radicado No. 2011-00099, guarda identidad de
partes, objeto y causa con la acción de grupo con radicado No. 2009-00241.

En efecto, en la sentencia se resaltó que existe identidad de objeto entre las dos
acciones, pues pretendían el resarcimiento de perjuicios causados por el accidente
de tránsito ocurrido el 3 de febrero de 2009 en la vía que de Medellín conduce a
Quibdó. Asimismo, evidenció la identidad de causa toda vez que las dos demandas
se fundamentaron en los mismos hechos antes mencionados.

En lo relacionado con la identidad de partes advirtió que las demandas se
presentaron contra la Nación, Ministerio de Transporte y el Invías, mientras que la
parte demandante estaba conformada por el grupo de personas que gozan de
condiciones uniformes por los daños causados en el accidente -acción de grupo-, y
con respecto a la reparación directa estaba integrada por los señores Carlos Duván
Buriticá Echavarría, Cesar Augusto Valencia Acero, Mary Luz Buriticá Echavarría,
Estefanya Valencia Acero, Shirley Acero Marín y Estrella Ivette Acero Marín, como
familiares de las señoras Yimmy Valencia Moreno y Alba Leticia Echavarría Mazo y
el señor César Valencia Martínez, víctimas directas del siniestro automotriz.

Posteriormente, de las pruebas constató que en la acción de grupo radicada con el
número 2009-00241-00 se profirió el auto admisorio el 16 de octubre de 2009,
mientras que “las demandas de reparación directa de los procesos acumulados en
esta instancia se interpusieron el 10 de septiembre de 2010 y el 28 de marzo de
2011, es decir que las acciones de carácter individual no se interpusieron antes de
la admisión de la acción de grupo”. Adicionalmente, evidenció que i) no se solicitaron
la integración dentro del trámite de la acción de grupo, ii) no se pidieron inclusiones
al grupo en fecha posterior de la sentencia y que iii) se formuló la demanda de
reparación directa el 10 de septiembre de 2010, esto es, se presentó en fecha
posterior a la admisión de la acción de grupo (16 de octubre de 2009).

Finalmente, resaltó que la Sección Tercera del Consejo de Estado9, al resolver otra
demanda de reparación directa por los mismos hechos ocurridos el 3 de febrero de
2009, declaró probada la excepción de cosa juzgada porque los demandantes
presentaron la acción en fecha posterior a la admisión de la acción de grupo y no
ejercieron el derecho de exclusión del grupo.

De lo antes expuesto, Sala advierte que, a partir de los argumentos desarrollados
en la impugnación, la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, en tanto la parte actora emplea la acción de tutela para plantear
reproches que no cumplen con la carga mínima argumentativa, pues las razones
expuestas no le permiten al juez de tutela realizar un estudio de fondo.

Al respecto, se observa que los argumentos planteados en el escrito de tutela se
circunscriben al hecho de que se vulneraron sus derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al debido proceso, así como
el principio de prevalencia del derecho sustancial, además que invocó la supuesta

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 30 de agosto de 2022, radicado No. 58728,

C.P.: María Adriana Marín y sentencia de 23 de septiembre de 2022, radicado No. 58896, C.P.: José Roberto
Sáchica Mendez.
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configuración del defecto por violación directa de la Constitución, el cual fue
expuesto de manera general.

En efecto, si bien es cierto que los accionantes manifiestan que cumple con el
requisito de la relevancia constitucional, esta mención tangencial o por sí sola no
otorga a la solicitud de amparo la carga argumentativa que permita al juez de tutela
estudiar el asunto de fondo, pues es necesario que se exponga de manera clara
porqué la providencia objetada vulneró los derechos fundamentales invocados al
declarar probada la excepción de cosa juzgada y negar las pretensiones del medio
de control de reparación directa que adelantó contra la Nación, Ministerio de
Transporte e Invías, además que debía explicar cómo, supuestamente, la autoridad
judicial accionada incurrió en el defecto por violación directa de la Constitución.

Así las cosas, la Sala reitera que no basta con aducir la afectación de garantías
iusfundamentales para cumplir este requisito de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, sino que es imperativo que el interesado exponga de
manera clara las razones por las cuales las considera, carga que se torna más
cualificada cuando se cuestiona una providencia judicial de una Alta Corte, lo que
no ocurre en el caso concreto.

En relación con el alcance de este presupuesto de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha indicado que la
solicitud debe contener una carga argumentativa y explicativas mínimas, lo que es
razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales con los
principios y valores en juego, cuando se controvierte una decisión judicial, porque
“a pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido
control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces”10.

Aunado a lo anterior, se recuerda que, si bien la Constitución Política y el Decreto
2591 de 1991 aluden al principio de informalidad en el ejercicio de la acción de
tutela, la jurisprudencia constitucional, acogida por esta Sala, ha considerado que
cuando se cuestionan providencias judiciales particularmente de los órganos de
cierre, la parte interesada debe exponer unas razones mínimas con el fin de que el
juez constitucional pueda efectuar el juicio de validez de la decisión objeto de
reproche constitucional, lo que se justifica en que, en principio, deben privilegiarse
los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y especialidad del juez natural.

Ahora bien, la Corte Constitucional11 precisó que dicha carga no busca convertir a
la tutela en un mecanismo ritualista, sino que su propósito es exigir una
argumentación razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos
fundamentales con los principios y valores con los que está en tensión, como lo son
el principio de seguridad jurídica y la garantía de la cosa juzgada.

Por otra parte, en razón a que la providencia objetada fue dictada por la Subsección
“C” de la Sección Tercera, del Consejo de Estado, la verificación del requisito de la
relevancia constitucional adquiere mayor importancia y se torna más estricto en este
caso, teniendo en cuenta que se trata de una providencia emitida por una Alta Corte.

10 T-461 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
11 Sentencia T-146 de 2025, M.P. Miguel Polo Rosero.

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En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que este presupuesto es más
riguroso cuando se trata de providencias judiciales proferidas por una Alta
Corporación. Al respecto, en la sentencia SU-917 de 201012, expresó lo siguiente:

“La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el
control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los
principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos
supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente
del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.

Lo anterior, fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 202213,
en la que se afirmó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad,
razón por la cual “se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta
una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una
actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una vulneración a los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. Se destaca que este requisito
no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los derechos
fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan advertir
tal situación a primera vista especialmente, cuando se trata de una tutela contra una
sentencia de una alta corte”.

Finalmente, se debe resaltar que el demandante en su relato insistió en el daño
causado y que debía ser motivo de reparación en la acción de grupo, así como la
imputación de este, mas no expuso mayores alegatos frente a la razón de la decisión
objetada, es decir, respecto la excepción de la cosa juzgada, lo que reafirma la
inobservancia del requisito de la relevancia constitucional.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia impugnada que declaró
la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de la
relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 4 de abril de 2025, proferida por la Subsección
“A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

12 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio

Estrada, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-217 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo.
13 M.P.: Natalia Ángel Cabo.

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Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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