Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01288-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01288-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01288-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
3 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01288-00
Accionante: ALBA LUCÍA GARCÍA SUÁREZ
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: PROTECCIÓN DE ARROCEROS. Se declara improcedente la
solicitud de tutela porque no cumple con el requisito de legitimación en la
causa por activa.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Alba Lucía García
Suárez contra el Presidente de la República, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Alba Lucía García Suárez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la seguridad alimentaria, al mínimo vital, al trabajo, a la igualdad
y a “[…] la dignidad de los productores arroceros del Tolima y del país […]”, cuya
vulneración le atribuyó al Presidente de la República, al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con la omisión
“[…] de proteger la producción de alimentos y garantizar condiciones de equidad
en el mercado agropecuario […]” del “[…] sector arrocero nacional […]”.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de tutela, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que el “[…] sector arrocero colombiano, en especial en el Tolima, atraviesa
una crisis estructural que ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria nacional, el
derecho al trabajo de miles de campesinos y el mínimo vital de quienes dependen
de esta actividad agrícola […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Alba Lucía García Suárez
2.2. Manifestó que el Departamento del Tolima es el “[…] segundo mayor productor
de arroz del país con 100.000 hectáreas sembradas y 25% de la producción
nacional, ha sido severamente golpeado por la caída de los precios del arroz […]”.
2.3. Refirióque las principales causas de la crisis son “[…] El incremento
descontrolado de las importaciones de arroz subsidiado de Estados Unidos […]”,
“[…] El contrabando masivo de arroz desde Ecuador […]”, “[…] La falta de un
incentivo al almacenamiento […]” y “[…] El abuso de la posición dominante por parte
de los grandes molinos arroceros […]”.
2.4. Indicó que más de 100.000 empleos están en riesgo en el Departamento del
Tolima y “[…] El Gobierno Nacional, a través del Presidente de la República, la
Ministra de Agricultura y el Ministro de Comercio, ha omitido su deber constitucional
de proteger la producción de alimentos y garantizar condiciones de equidad en el
mercado agropecuario, incumpliendo los mandatos de los artículos 64, 65 y 333 de
la Constitución Política de Colombia […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] En virtud de lo expuesto, y conforme a los artículos 86 de la Constitución
Política de Colombia y 1° y siguientes del Decreto 2591 de 1991, solicito al
despacho:
1. ORDENAR al Presidente de la República, la Ministra de Agricultura y el
Ministro de Comercio que adopten de manera inmediata las medidas
necesarias para garantizar la protección del sector arrocero nacional,
incluyendo:
• Fijación de un precio mínimo por carga de arroz.
• Aprobación inmediata del incentivo al almacenamiento.
• Implementación de salvaguardias comerciales para frenar la competencia
desleal de las importaciones de arroz subsidiado.
• Medidas efectivas contra el contrabando de arroz desde Ecuador.
• Regulación del mercado molinero, garantizando precios justos a los
productores.
2. ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que investigue a
los grandes molinos arroceros por posibles prácticas restrictivas de la
competencia y abuso de posición dominante en la compra del arroz nacional.
3. ORDENAR a las entidades accionadas que, en el término máximo de 15
días, presenten un plan de acción concreto para la protección del sector
arrocero, con plazos y medidas claras.
4. DECLARAR la vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad
alimentaria, al trabajo, al mínimo vital y a la igualdad de los productores
arroceros del Tolima y del país.
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Accionante: Alba Lucía García Suárez
5. OTORGAR medidas cautelares que suspendan temporalmente cualquier
nueva importación de arroz subsidiado hasta que se garantice la estabilidad
del mercado interno. 6. EXHORTAR al Congreso de la República para que
legisle sobre medidas de protección estructural para la producción de arroz en
Colombia. […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 10 de marzo de 2025, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vincularon en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso al
Congreso de la República, a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos
Agropecuarios - UPRA.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Presidente de la República, a través de apoderada judicial, solicitó negar
las pretensiones de la acción de tutela “[…] debido a la inexistencia de
vulneración de derechos por parte del Presidente de la República […]”.
5.2. Indicóque se llegó a un acuerdo “[…] entre los productores arroceros de
Casanare, Meta y el Ministerio de Agricultura, lo que permitió el levantamiento del
paro que había generado bloqueos en diversas vías de la región, afectando la
movilidad y el transporte de productos básicos. Tras intensas negociaciones y la
participación de diversos actores, entre ellos el Ministerio de Agricultura,
Fedearroz y los delegados de los productores arroceros, se logró un
entendimiento que resolvió las principales demandas del sector […]”.
5.3. Indicó que los principales puntos acordados en la mesa de negociación fueron
los siguientes:
“[…] 1. Fijación de un precio diferencial para el arroz, con el objetivo de
contrarrestar la caída de los precios del cereal.
2. Compra de cartera a través del programa Fonsa para la reducción de
deudas de los productores.
3. Establecimiento de precios para la cosecha de 2025, buscando asegurar
precios justos y competitivos para los arroceros.
4. Implementación de un programa para el manejo de excedentes de la
cosecha del segundo semestre de 2023, y un encuentro entre el Ministerio de
Agricultura, la industria arrocera y FINAGRO para explorar alternativas de
financiamiento.
5. Asignación de $21.930 millones para financiar a los pequeños y medianos
productores arroceros.
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Accionante: Alba Lucía García Suárez
6. Brigadas financieras en Villavicencio para facilitar el acceso a créditos y
otros instrumentos financieros a los productores.
7. Seguimiento periódico y mesas de trabajo para abordar temas como
salvaguardias, semillas, contrabando, exportaciones e inocuidad.
8. Incorporación de los productores en el Consejo Nacional de la Cadena del
Arroz para participar en la toma de decisiones sectoriales.
9. Promoción de la agroindustria y la comercialización del arroz, incluyendo su
inclusión en mercados de exportación y compras públicas. […]”.
5.4. La Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y
Usos Agropecuarios - UPRA, a través de apoderada judicial, solicitó su
desvinculación porque carecía de competencia para “[…] atender lo solicitado por
el [sic] accionante […]”.
5.5. También indicó que la acción de tutela “[…] no se aportan elementos
probatorios que permitan acreditar ni los hechos, ni las presuntas vulneraciones
de derechos fundamentales de la accionante […]”.
5.6. ElMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de apoderado
judicial, solicitó su desvinculación porque han “[…] realizando acciones en favor
del sector arrocero del país, conforme a sus competencias dispuestas en el
Decreto 1985 de 2013 […]”.
5.7. Precisó que dicha cartera ministerial está llevando a cabo la consulta de un
acto administrativo con el objeto de realizar “[…] vigilancia sobre los precios […]”
de arroz. Explicó que a través del incentivo al almacenamiento “[…] ha logrado
cubrir las diferentes zonas arroceras, siendo la zona Llanos la de mayor
participación con un 63% del total de las toneladas apoyadas con el incentivo,
seguida de centro con 23%. Adicionalmente, la capacidad de almacenamiento a
nivel nacional se concentra en las Organizaciones Roa Flor Huila S.A. y Diana
Corporación S.A; con una participación de 21,5% y 12,8% respectivamente […]”.
5.8. Sobre el contrabando de arroz adujo que “[…] han realizado reuniones con los
diferentes actores de la cadena para identificar factores que incidan en el precio,
como el posible contrabando, principalmente desde el Ecuador que afecta el
mercado interno. En este último caso, se sugiere a los diferentes actores de la
cadena hacer las respectivas denuncias si se tiene conocimiento de alguna acción
de contrabando […]”.
5.9. ElMinisterio de Comercio, Industria y Turismo, a través de apoderado
judicial, solicitó su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por
activa.
5.10. El Secretario General del Senado solicitó declarar improcedente la acción de
tutela “[…] por no existir vulneración de Derecho Fundamental alguno […]”.
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Accionante: Alba Lucía García Suárez
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por la Unidad de Planificación de Tierras
Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en sentencia SU-077 de 2018, señaló lo siguiente:
“[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada.6
Sobre el particular, el artículo 86 de la Constitución establece que la tutela
procede contra cualquier autoridad pública. Por lo tanto, es posible concluir
que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil,
están legitimadas por pasiva en el caso que se analiza, pues se trata de
autoridades públicas, presuntamente responsables de las acciones y
omisiones que, a juicio del accionante, vulneraron sus derechos
fundamentales […]". [Subrayado fuera del texto].
9. Frente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, la Sala advierte que estos fueron señalados en el escrito de
tutela como los causantes de la vulneración de los derechos fundamentales. En
cuanto la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y
Usos Agropecuarios - UPRA se observa que esta entidad tiene la competencia
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
6
Ver sentencias T-430 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara y T-662 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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Accionante: Alba Lucía García Suárez
para “[…] orientar la política de gestión del territorio para usos agropecuarios.
Para ello la UPRA planificará, producirá lineamientos, indicadores y criterios
técnicos para la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad
de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuación
de tierras, el mercado de tierras rurales, y el seguimiento y evaluación de las
políticas públicas en estas materias […]”7.
10. Por lo tanto, se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:
b) Determinar si se encuentran vulnerados los derechos fundamentales
invocados por la accionante con la omisión “[…] de proteger la producción
de alimentos y garantizar condiciones de equidad en el mercado
agropecuario […]” del “[…] sector arrocero nacional […]”.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela
12. De acuerdo con el artículo 5°y 6 del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de
tutela procede:
“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico
escrito […]”.
13. A su vez, la referida norma señala que, por el contrario, este medio de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:
“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
7
Decreto núm. 4145 de 3 de noviembre de 2011. “Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales,
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA y se dictan otras disposiciones”.
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Accionante: Alba Lucía García Suárez
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior
no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.
14. Esta
Sala de Decisión ha señalado que cualquier ciudadano que considere
amenazado o vulnerado un derecho fundamental puede acudir ante un juez de la
República, para obtener la protección judicial de las garantías constitucionales
conculcadas o amenazadas. Así las cosas, se han establecido como requisitos de
procedencia de la acción de tutela: la legitimación en la causa por activa, la
inmediatez y la subsidiaridad.
VI.5. El caso concreto
15. Laseñora Alba Lucía García Suárez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la seguridad alimentaria, al mínimo vital, al trabajo, a la igualdad
y a “[…] la dignidad de los productores arroceros del Tolima y del país […]”, cuya
vulneración le atribuyó al Presidente de la República, al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con la omisión
“[…] de proteger la producción de alimentos y garantizar condiciones de equidad
en el mercado agropecuario […]” del “[…] sector arrocero nacional […]”.
16. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento del requisito de
legitimación en la causa por activa.
VI.5.1. De la falta de legitimación en la causa por activa en el caso sub
examine
17. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares
encargados de la prestación de un servicio público.
18. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01288-00
Accionante: Alba Lucía García Suárez
“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.
19. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i)
cuando la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es
promovida por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de
amparo es interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa
en calidad de agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del
agenciado de actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida
por el Defensor del Pueblo o los personeros municipales.
20. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:
“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o
atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces
simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.
La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un
derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona.
Adicionalmente, la legitimación en la causa como requisito de procedibilidad
exige la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración de los
derechos del demandante, y la acción u omisión de la autoridad o el particular
demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna improcedente […]”8.
[Subrayado fuera del texto]
21. Laseñora Alba Lucía García Suárez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales indicados supra cuya vulneración le atribuyó al Presidente de la
República, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, con la omisión “[…] de proteger la producción de
alimentos y garantizar condiciones de equidad en el mercado agropecuario […]”
del “[…] sector arrocero nacional […]”.
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Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01288-00
Accionante: Alba Lucía García Suárez
22. En ese sentido, la accionante pretende que se ordene a las accionadas y
vinculadas, i) adoptar medidas de protección al sector arrocero, ii) investigar los
grandes molinos arroceros por presuntas prácticas de restrictivas de la
competencia, y iii) presentar un plan de acción para la protección del sector
arrocero.
23. De lo expuesto se observa que la accionante no es la titular de los derechos
fundamentales cuya protección pretende y no probó tener un interés personal y
concreto en el asunto objeto de estudio, sino que pretende el amparo de un
gremio. Esta circunstancia se refuerza con el análisis de las pretensiones, ya que
a través de ellas se busca la protección de los derechos de todo un gremio.
24. Al respecto, indicó la Sala en la sentencia de tutela de 20 de enero de 20229:
“[…] 22. En el sub lite el señor Eduardo Fuentes Díaz afirma que la presente
acción de tutela tiene por finalidad la protección de sus propios intereses, esto
es, de sus derechos fundamentales a la salud, al acceso a la administración
de justicia, a la igualdad y a la identidad cultural. También sostiene que dichas
garantías se encuentran amenazadas por la omisión del Presidente de la
República de ordenarle al Ministro del Deporte cumplir con los Decretos
legislativos número 491 de 28 de marzo de 202010 y 564 de 15 de abril de
202011, que supuestamente prorrogaron automáticamente el reconocimiento
deportivo de la sociedad Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A.
[…]
25. Vistos los argumentos medulares de la presente acción de amparo,
procede la Sala a exponer los motivos primordiales por los que considera que
en el sub judice no se cumple el presupuesto de la legitimación en la causa
por activa.
26. Cabe destacar, en primera medida, que el actor en ningún momento
solicitó la protección de los derechos fundamentales de la sociedad Cúcuta
Deportivo Fútbol Club S.A. Por el contrario, la literalidad del escrito de tutela
da cuenta de la claridad del actor al señalar que lo que le solicita al juez de
tutela es la protección de sus garantías fundamentales a la salud, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la identidad cultural.
27. Es decir, formalmente se aprecia que el escrito de tutela persigue la
protección de los derechos individuales del accionante y no los de la sociedad
Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. Empero, aunque explícitamente el actor
solicita la protección de sus derechos fundamentales, lo cierto es que
materialmente la sociedad Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. es la titular
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 d enero de 2022, Exp. núm.
11001-03-15-000-2021-06891-00, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
10
Expedido por el Gobierno Nacional, y «[p]or el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se
toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».
11
Expedido por el Gobierno Nacional, y «[p]or el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios
del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».
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Accionante: Alba Lucía García Suárez
de los derechos fundamentales que supuestamente están siendo
amenazados con la acción u omisión de la autoridad pública accionada.
28. Dicho de otra forma, aunque el actor explícitamente señala que persigue
la protección de sus derechos fundamentales, lo que prima facie daría lugar al
cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por activa; lo cierto es
que tanto los hechos como los fundamentos jurídicos de la acción de tutela
permiten constatar que los derechos fundamentales que presuntamente están
siendo afectados no son los suyos, sino los de la sociedad Cúcuta Deportivo
Fútbol Club S.A., como consecuencia de la supuesta omisión del Presidente
de la República de exhortar al Ministerio del Deporte.
29. Así pues, pese a que, se reitera, formalmente se puede advertir que el
actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales -ya que en las
pretensiones de la tutela se pide la protección de sus derechos
fundamentales a la salud, a la igualdad, al acceso la administración de justicia
y a la identidad cultural-, lo cierto es que no existe una relación jurídica entre
sus derechos fundamentales y la acción u omisión causante del supuesto
detrimento a sus garantías constitucionales. Es decir, no se puede predicar
una relación entre los derechos fundamentales del actor y el presunto
desconocimiento de los Decretos Legislativos número 491 de 28 de marzo de
202012 y 564 de 15 de abril de 202013, por parte del Ministerio del Deporte al
expedir la Resolución número 001228 de 29 de julio 2021, que «levanta la
suspensión del reconocimiento deportivo al Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A.
en Liquidación Judicial».
30. Todo lo anterior permite afirmar que, en el fondo, el actor lo que pretende
es actuar como vocero de la sociedad Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A.,
entidad que resultó presuntamente afectada por la expedición de la
Resolución número 001228 de 29 de julio 2021, la cual supuestamente
desconoce los decretos legislativos citados […]”. [Negrilla original del texto]
25. De lo transcrito se puede concluir que la accionante carece de legitimación en
la causa por activa porque los hechos constitutivos de la presunta afectación de
sus garantías constitucionales no tienen relación con sus derechos
fundamentales.
26. Tampoco se cumplen los requisitos para reconocer a la accionante como
agente oficioso porque en el escrito de tutela no manifestó expresamente que
actuaba en dicha calidad, no identificó las personas frente a las cuales actuaba en
condición de agente oficioso y no demostró la imposibilidad de los agenciados
para interponer la acción de tutela por sí mismo.
27. Por lo anterior, se declarará improcedente esta acción de tutela debido a la falta
de legitimación en la causa por activa de la accionante.
12
Expedido por el Gobierno Nacional, y «[p]or el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se
toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».
13
Expedido por el Gobierno Nacional, y «[p]or el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios
del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01288-00
Accionante: Alba Lucía García Suárez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Unidad
de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios
• UPRA, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR este fallo por el medio más expedito, en los términos de
los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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