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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02552-01

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02552-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 22 de mayo de 2025, 20 En el mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia de 12 de junio de 2015, expediente número 2025-02661-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02552-01 Actor: JOHN WILLIAM GARCÍA CASTRO proferida por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO, para en su lugar, declarar la improcedencia por falta del cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por activa del actor como tutelante de la colectividad y los “congresistas”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02552-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02552-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOHN WILLIAM GARCIA CASTRO

TESIS: SE MODIFICA EL FALLO IMPUGNADO. EN EL PRESENTE CASO
SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: PAZ, VIDA Y SEGURIDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el señor JOHN

WILLIAM GARCÍA CASTRO contra la sentencia de 22 de mayo de

2025, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN “A”-

DEL CONSEJO DE ESTADO1 negó las pretensiones del amparo.

1
En adelante la Sección Segunda.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02552-01
Actor: JOHN WILLIAM GARCÍA CASTRO

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JOHN WILLIAM GARCÍA CASTRO, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales a la vida, a la paz y a la seguridad, los cuales estima

vulnerados por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA2 con ocasión de

las afirmaciones que realizó el 1o. de mayo de 2025 en la plaza de

Bolívar incitando presuntamente a la guerra en Colombia.

I.2.- Hechos

Señaló que el 1o. de mayo de 2025, el PRESIDENTE en medio de

las movilizaciones por el día internacional del trabajo presentó ante

el Congreso de la República una consulta popular con la que pretende

«revivir una parte de la reforma laboral».

Indicó que el PRESIDENTE lanzó “[…] pullas […]” al Congreso y

señaló que este le estaba dando la espalda al pueblo y, además, que,

2 En adelante el PRESIDENTE.

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si no le aprobaban la consulta popular, se entraría a un estado de

guerra.

Adujo que el PRESIDENTE “[…] mencionó nombres de senadores y

congresistas elegidos popularmente "Katherine, Cathy y cómo se

llamen, ¿qué son? María Fernanda, sirvientas del pueblo y no hay

que tener pena por eso. Yo soy sirviente del pueblo, ellas sirvientas

del pueblo. ¿Entonces qué hacen asustados del pueblo, por qué

no salen a mirar al pueblo? Los invito, les pongo todo el Batallón

Presidencial, pero vengan y miren al pueblo […]”.

Manifestó que el PRESIDENTE con sus expresiones, promovió

advertencias que resultan desafiantes e intimidantes, que traen

como consecuencia la vulneración del derecho fundamental a la vida

al no garantizar la paz y el orden.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, el PRESIDENTE vulneró los derechos

fundamentales a la paz, la vida y la seguridad por las afirmaciones

dadas en la intervención pública que realizó el 1o. de mayo de 2025,

teniendo en cuenta que incitaron a una guerra civil.

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I.4.- Pretensiones

El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Solicito al juez de tutela, se sirva conceder la tutela al
accionante, a fin de garantizarle sus derechos fundamentales
violados como es el derecho constitucional a la paz, a la vida a los
principios constitucionales y legales, y por trasgredir los convenios
internacionales ratificados por Colombia, derecho a la paz y
seguridad nacional que el sr funcionario Gustavo Petro se retracte
de sus ofensas y garantice el principio constitucional a la vida y el
orden en Colombia.

2. Como consecuencia de lo anterior el sr (sic) ciudadano elegido
popularmente se retracte en todos los medios de comunicación
sobre las afirmaciones en donde ínsita a la guerra en Colombia y
solicitar a todos los ciudadanos perdón público por los ataque y
descremaciones que realizo (sic) en la plaza pública realizada el 1
mayo del 2025 plaza de Bolívar […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA afirmó que el actor

no cumplió con el requisito de procedibilidad establecido en la ley y

la jurisprudencia, teniendo en cuenta que, previo a la presentación

de la acción de tutela, no llevó a cabo ninguna gestión dirigida a que

el PRESIDENTE subsanara las causas de la aparente violación de

sus derechos.

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De igual manera consideró que en el caso concreto no se acreditó la

legitimación en la causa por activa, toda vez que las actuaciones y

manifestaciones del presidente de la república que el actor acusa

como violatoria de sus derechos, no estaban dirigidas contra él.

Expresó que aunque el actor reclama la protección concreta de sus

derechos fundamentales, también indicó que encuentra que el primer

mandatario emitió “[…] amenazas a los senadores y congresistas son

discriminatorios obligantes e irrespetuosas pues en Colombia hay

medios lógicos para concertar leyes y no como lo pretende el señor

gustavo Petro, quien suprema autoridad está obligado a respetar las

instituciones colombianas […]”, sin embargo, el demandante no

acreditó los requisitos para poder promover el mecanismo

constitucional en representación de los congresistas que considera

se vieron afectados con las manifestaciones del PRESIDENTE.

Manifestó que no hay sustento jurídico para atribuir al PRESIDENTE

responsabilidad por la presunta vulneración de derechos, teniendo

en cuenta que: i) los hechos y pretensiones del actor han sido de

carácter general y no personalizados; ii) no existe nexo causal entre

las manifestaciones realizadas por el primer mandatario y el presunto

perjuicio en cabeza del accionante; y iii) no se acreditó afectación

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directa, específica y verificable de los derechos fundamentales

invocados como violados.

I.6. Intervinientes

I.6.1.-La AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL

ESTADO, pese a ser notificado del presente trámite, guardó silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 22 de mayo de 2025, la SECCIÓN SEGUNDA

negó las pretensiones de la acción de tutela

Consideró que en el caso concreto se acreditó la legitimación en la

causa por activa, teniendo en cuenta el alcance de los derechos cuya

protección reclama el actor, los cuales resultan de interés de toda

una sociedad.

Señaló que el actor no tiene legitimación para solicitar la retractación

del primer mandatario en favor de los «congresistas» que, según él,

también se vieron afectados por sus declaraciones.

Manifestó que aunque el discurso frente a estos es enérgico, es claro

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que no promueve la violencia ni el uso de la fuerza, sino una

movilización en respeto por la dignidad humana, en el que, además,

no implica una amenaza para los congresistas, sino una exigencia de

responsabilidad pública por los actos realizados en el ejercicio de sus

funciones, todo ello, relacionado con la consulta popular que

promovió en aquella oportunidad.

Por lo anterior, consideró que el problema jurídico a resolver consistía

en determinar si las declaraciones del PRESIDENTE vulneran o no

los derechos invocados, desde el punto de vista de incitar o no a una

presunta guerra civil.

Indicó que el PRESIDENTE en su discurso del 1o. de mayo de 2025,

señaló lo siguiente:

«(…) la bandera más revolucionaria del siglo XIX y XVIII, la bandera
de la libertad de los seres humanos que derrotó al ejército más
poderoso del mundo, el ejército napoleónico de los franceses que se
olvidaron de decir igualdad, fraternidad, libertad. Ahora no veo un
congreso libre. ¿Cómo se les ocurre tener rejas negras a su
alrededor? Por eso el pueblo está levantando la bandera que levantó
Bolívar aquella vez. Esa bandera que él mismo la llamó la bandera
de la guerra o muerte. ¿Y por qué negra? Porque el negro es la
muerte y el rojo es la libertad. ¿Significa esta bandera libertad o
muerte? Este pueblo de Colombia vuelve a levantar esta bandera
para que no nos tomen por pendejos, no nos escriban por ahí que es
que estamos saliendo a pasear o un ratico a mirar el sol que se
esconde en Bogotá o porque decidimos un primero de mayo
simplemente salir a todas las calles de Colombia. (…) No hay paso
atrás. Que lo oigan con toda claridad. ¡Es la libertad y punto! ¡Llegó
la hora de la decisión! ¡Llegó la hora de la democracia! ¡Llegó la hora

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de la república y está en manos del pueblo! Por eso se esconden allá
entre la mortaja negra y nos obligan a levantar la bandera de la
libertad o muerte. La bandera del pueblo de Colombia hoy. Y no
porque nos vamos a una guerra. Ya venimos de ella y estamos
cansados de ella». (Negrillas de la Sala) […]”.

Sostuvo que no se encontraban vulnerados los derechos

fundamentales invocados por el actor, teniendo en cuenta que

contrario a lo expuesto en la demanda, se evidenciaba que se hace

referencia a la bandera de la guerra o muerte que levantó Bolívar, la

cual simboliza los ideales de independencia, evento que en nada

afecta el derecho a la paz, ni implica el desconocimiento del deber

del Estado de garantizar la misma.

Adujo que la expresión “[…] nos obligan a levantar la bandera de la

libertad o muerte (…). Y no porque nos vamos a una guerra. Ya

venimos de ella y estamos cansados […]”, analizada en el contexto

completo de la intervención pública, implica una reivindicación de

esos ideales emancipatorios y una continuidad histórica de la

resistencia popular, que de ninguna manera se entiende como una

incitación a la guerra como lo sostiene el actor en el escrito de tutela.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El señor JOHN WILLIAM GARCÍA CASTRO impugnó la decisión

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proferida en primera instancia y solicitó que se accedan a las

pretensiones del amparo.

Indicó que se debe revisar la sentencia proferida por el a quo, por

carecer de las condiciones necesarias para proteger los derechos

fundamentales a la paz y a la vida digna, además que no se ajusta a

los hechos y antecedentes que motivaron la tutela.

Adujo que la sentencia de primer grado incurrió en un error al

convalidar que el PRESIDENTE puede amenazar al legislativo, a las

cortes y a quien lo considere, por lo que se está avalando que un

funcionario público amenace a la población civil en plaza pública,

poniendo en riesgo la vida de una comunidad.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

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concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

En el caso bajo examen, el actor pretende obtener el amparo de sus

derechos fundamentales a la paz, a la vida y a la seguridad, los cuales

estima vulnerados por el PRESIDENTE con ocasión de las

manifestaciones que realizó el 1o. de mayo de 2025 en la plaza de

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Bolívar incitando presuntamente a la guerra en Colombia.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante fallo de 22 de mayo de 2025,

resolvió negar las pretensiones del amparo.

Inconforme con lo anterior, el señor JOHN WILLIAM GARCÍA

CASTRO impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se accedan a las pretensiones del amparo.

Indicó que se debe revisar la sentencia proferida por el a quo, por

carecer de las condiciones necesarias para proteger los derechos

fundamentales a la paz y a la vida digna, además que no se ajusta a

los hechos y antecedentes que motivaron la tutela.

Adujo que la sentencia de primer grado incurrió en un error al

convalidar que el PRESIDENTE puede amenazar al legislativo, a las

cortes y a quien lo considere, por lo que se está avalando que un

funcionario público amenace a la población civil en plaza pública,

poniendo en riesgo la vida de una comunidad.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si hay lugar a revocar la

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sentencia proferida en primera instancia, y en ese orden de ideas,

establecer si el PRESIDENTE vulneró los derechos fundamentales a

la paz, a la vida y a la seguridad del señor JOHN WILLIAM GARCÍA

CASTRO, con ocasión de las afirmaciones que realizó el 1o. de mayo

de 2025, en la plaza de Bolívar presuntamente incitando a la guerra

en Colombia.

De la legitimación en la causa por activa

En ese sentido, se evidencia que el actor solicitó la protección de los

derechos fundamentales a la vida, a la paz y a la seguridad de algunos

congresistas y de todos los ciudadanos, con ocasión a las

afirmaciones que realizó el PRESIDENTE el 1o. de mayo de 2025 en

la plaza de Bolívar incitando presuntamente a la guerra en Colombia.

Frente al particular, la Sala estima conveniente precisar que el

artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona

podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante

apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos

fundamentales y, asimismo, el artículo 10° del Decreto 2591 de

19913, establece lo siguiente:

3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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“[…] Artículo 10: Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá
ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se podrán agenciar derechos ajenos cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en
la solicitud […]”.

De las normas transcritas, se desprende que quien promueve acción

de tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo

o mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia

oficiosa, caso en el cual se debe manifestar expresamente tal

circunstancia, además de demostrar las razones por las cuales el

agenciado no está en capacidad de ejercer su propia defensa.

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa

por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la

medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto

del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo

que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del

demandante y no de otra persona4.

Aunado a lo anterior, esta Sección5 se ha referido a la carencia de la

4
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de abril
de 2025, CP Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación 11001 03 15 000 2025
01288 00.

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legitimación en la causa por activa frente a la presunta afectación de

los derechos fundamentales de un grupo indeterminado de personas,

en los siguientes términos:

“[…] 23. De lo expuesto se observa que la accionante no es la
titular de los derechos fundamentales cuya protección pretende y
no probó tener un interés personal y concreto en el asunto objeto
de estudio, sino que pretende el amparo de un gremio. Esta
circunstancia se refuerza con el análisis de las pretensiones, ya que
a través de ellas se busca la protección de los derechos de todo un
gremio.

24. Al respecto, indicó la Sala en la sentencia de tutela de 20 de
enero de 20226:

“[…] 22. En el sub lite el señor Eduardo Fuentes Díaz afirma que
la presente acción de tutela tiene por finalidad la protección de sus
propios intereses, esto es, de sus derechos fundamentales a la
salud, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la
identidad cultural. También sostiene que dichas garantías se
encuentran amenazadas por la omisión del Presidente de la
República de ordenarle al Ministro del Deporte cumplir con los
Decretos legislativos número 491 de 28 de marzo de 20207 y 564
de 15 de abril de 20208, que supuestamente prorrogaron
automáticamente el reconocimiento deportivo de la sociedad
Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A.

[…]

25. Vistos los argumentos medulares de la presente acción de
amparo, procede la Sala a exponer los motivos primordiales por los
que considera que en el sub judice no se cumple el presupuesto de
la legitimación en la causa por activa.

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 d enero
de 2022, Exp. núm. 11001-03-15-000-2021-06891-00, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
7
Expedido por el Gobierno Nacional, y «[p]or el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar
la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que
cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de
prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica».
8
Expedido por el Gobierno Nacional, y «[p]or el cual se adoptan medidas para la garantía de los
derechos de los usuarios
del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».

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26. Cabe destacar, en primera medida, que el actor en ningún
momento solicitó la protección de los derechos fundamentales de
la sociedad Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. Por el contrario,
la literalidad del escrito de tutela da cuenta de la claridad del actor
al señalar que lo que le solicita al juez de tutela es la protección de
sus garantías fundamentales a la salud, a la igualdad, al acceso a
la administración de justicia y a la identidad cultural.

27. Es decir, formalmente se aprecia que el escrito de tutela
persigue la protección de los derechos individuales del accionante
y no los de la sociedad Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A.
Empero, aunque explícitamente el actor solicita la protección de
sus derechos fundamentales, lo cierto es que materialmente la
sociedad Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. es la titular de los
derechos fundamentales que supuestamente están siendo
amenazados con la acción u omisión de la autoridad pública
accionada.

28. Dicho de otra forma, aunque el actor explícitamente señala que
persigue la protección de sus derechos fundamentales, lo que
prima facie daría lugar al cumplimiento del requisito de legitimación
en la causa por activa; lo cierto es que tanto los hechos como los
fundamentos jurídicos de la acción de tutela permiten constatar
que los derechos fundamentales que presuntamente están siendo
afectados no son los suyos, sino los de la sociedad Cúcuta
Deportivo Fútbol Club S.A., como consecuencia de la supuesta
omisión del Presidente de la República de exhortar al
Ministerio del Deporte.

29. Así pues, pese a que, se reitera, formalmente se puede advertir
que el actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales -
ya que en las pretensiones de la tutela se pide la protección de sus
derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, al acceso la
administración de justicia y a la identidad cultural-, lo cierto es que
no existe una relación jurídica entre sus derechos fundamentales y
la acción u omisión causante del supuesto detrimento a sus
garantías constitucionales. Es decir, no se puede predicar una
relación entre los derechos fundamentales del actor y el presunto
desconocimiento de los Decretos Legislativos número 491 de 28 de
marzo de 20209 y 564 de 15 de abril de 202010, por parte del
Ministerio del Deporte al expedir la Resolución número 001228 de

9
Expedido por el Gobierno Nacional, y «[p]or el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar
la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que
cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de
prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica».
10
Expedido por el Gobierno Nacional, y «[p]or el cual se adoptan medidas para la garantía de los
derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica».

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29 de julio 2021, que «levanta la suspensión del reconocimiento
deportivo al Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. en Liquidación
Judicial».

30. Todo lo anterior permite afirmar que, en el fondo, el actor lo
que pretende es actuar como vocero de la sociedad Cúcuta
Deportivo Fútbol Club S.A., entidad que resultó presuntamente
afectada por la expedición de la Resolución número 001228 de 29
de julio 2021, la cual supuestamente desconoce los decretos
legislativos citados. [Negrilla original del texto] […]”.

De conformidad con los lineamientos jurisprudenciales señalados,

encuentra esta Sala que en el presente asunto no se cumplen los

presupuestos previstos para acreditar válidamente la legitimación en

la causa por activa del actor para ejercer la representación de todos

los “[…] ciudadanos […]”, pues se refiere a personas indeterminadas

e indeterminables y sobre las cuales resulta imposible establecer la

voluntad de comparecer al proceso de tutela en procura de obtener

la protección de derechos fundamentales y que tengan imposibilidad

mental o física de hacerlo directamente.

Ahora bien, respecto a la protección de los derechos fundamentales

de los congresistas mencionados en el escrito de tutela, la Sala

considera que tampoco se acredita la legitimación en la causa por

activa, toda vez que el señor JOHN WILLIAM GARCÍA CASTRO no

acreditó que tiene su representación, ni mucho menos manifestó la

calidad de obrar como agente oficioso, en donde se evidencia

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además, el incumplimiento de los otros requisitos de esta figura, es

decir, que (i) del amparo se infiera que el titular del derecho se

encuentra imposibilitado para interponer la acción de tutela; y (ii)

que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro del proceso

Por tanto, en relación con este aspecto, se declarará la falta de

legitimación en la causa por activa del actor como tutelante

de la colectividad y los “congresistas”, en la protección de sus

derechos fundamentales a la vida, a la paz y a la seguridad personal,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

Por último, respecto a la posible amenaza o vulneración de los derechos

fundamentales a la vida, a la paz y a la seguridad del señor JOHN

WILLIAM GARCÍA CASTRO, es menester precisar que si bien es

cierto que la acción de tutela se caracteriza por su informalidad, ello

no quiere decir que quien pretenda la protección de sus derechos

fundamentales por una afectación directa de los mismos, no tenga la

carga de aportar las pruebas que demuestren la presunta vulneración,

pues en el presente caso los acontecimientos constitutivos de la

amenaza y vulneración alegada, carecen del más mínimo respaldo

probatorio.

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Actor: JOHN WILLIAM GARCÍA CASTRO

Lo anterior, por cuanto el accionante no existe en el caso concreto

prueba suficiente que permita afirmar que las acusaciones del señor

PRESIDENTE se dirigieron concretamente contra el actor, en donde

además, no se determinó de manera específica que mensaje o

expresión empleada por el primer mandatario puso en riesgo sus

garantías constitucionales y tampoco demostró que las autoridades

demandadas hubieran vulnerado específicamente sus prerrogativas

constitucionales a la paz, a la vida y a la seguridad personal, pues se

limitó a exponer de manera general que las expresiones y lenguaje

implementado por aquel incitaron a una guerra civil,

Lo anterior, de ninguna forma permite percibir el contexto completo

de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió la

presunta amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales o

conforme a las cuales se pueda si quiera inferir que es la persona

directa o realmente afectada, pues lo que se advierte realmente es

una inconformidad con las manifestaciones hechas por el

PRESIDENTE frente a la consulta popular y la tensión con el

Congreso de la República.

Frente a este punto en particular, esta Sección en sentencia de 14 de

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abril de 202311, se refirió al ejercicio de la libertad de expresión y la

protección constitucional de ciertos discursos públicos, en la que se

indicó lo siguiente:

“[…] Del derecho a la libre expresión y el acceso a la información.
La Constitución Política protege el derecho a la libertad de
expresión y la información veraz e imparcial, en los siguientes
términos: “[…] Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad
de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar
y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios
masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad
social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de
equidad. No habrá censura […]”. Puntualmente, sobre el derecho a
la libertad de expresión, la Corte Constitucional ha señalado que:12
“[…] la jurisprudencia constitucional ha establecido que la libertad
de expresión es un derecho fundamental de doble vía porque
involucra tanto al emisor como al receptor de actos comunicativos,
agrupa un conjunto de garantías y libertades diferenciables en su
contenido y alcance, tales como la libertad de expresar
pensamientos y opiniones, la libertad de informar y recibir
información veraz e imparcial, la libertad de fundar medios masivos
de comunicación y el derecho de rectificación13. Bajo ese
entendido, al desarrollar esta garantía, la Corte ha adoptado una
doble dimensión: “Sobre esa base, la Corte ha explicado que la
libertad de expresión en sentido genérico consiste en el ‘el derecho
general a comunicar cualquier tipo de contenido a otras personas,
e [incluye] no solo la libertad de expresión en sentido estricto, sino
también las libertades de opinión, información y prensa [previstas
en el artículo 20 de la Constitución]’14. Entre tanto, la libertad de
expresión en sentido estricto se define como ‘el derecho de las
personas a expresar y difundir libremente el propio pensamiento,
opiniones e ideas, sin limitación, a través del medio y la forma
escogidos por quien se expresa’15 . Conlleva el derecho de su titular
a no ser molestado por expresar su pensamiento, opiniones (sic)16
o ideas y cuenta, además, con una dimensión individual y una
colectiva”17 . Entonces, puede decirse que la libertad de expresión
constituye una “categoría genérica que agrupa un haz de derechos

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril
de 2023, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2023 00039 01.
12
SU-274 de 2019. Mp. José Fernando Reyes Cuartas.
13
Sentencia T-244 de 2018
14
Sentencia T-277 de 2015
15
Sentencia C-442 de 2011
16
En la cita original se incluye la “informaciones”.
17
Sentencia T-022 de 2017. Cfr. Sentencia T-244 de 2018.

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y libertades diversos”18 , entre los cuales se destacan: i) la libertad
de opinión o también llamada libertad de expresión en sentido
estricto, que comprende la libertad para expresar y difundir el
propio pensamiento, opiniones e ideas, sin limitación de fronteras
y por cualquier medio de expresión; y ii) la libertad de información
que protege la libertad de buscar, transmitir y recibir información
veraz e imparcial sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole19.
Si bien ambas pueden ser ejercidas a través de cualquier medio de
expresión, la Corte ha aclarado que cuando se manifiestan a través
de los medios de comunicación se incorporan al contenido de la
libertad de prensa, que incluye, además, el derecho a fundar y
mantener en funcionamiento tales medios16. […]” (Negrillas
pertenecen al texto).

De acuerdo con lo referido por la Corte, el derecho a la libertad de
expresión transita por una doble vía, en la medida en que involucra
tanto al emisor como al receptor del mensaje y, además, reúne una
serie de garantías relacionadas tanto con la libertad de opinión,
esto es, la posibilidad de expresar y difundir pensamientos,
opiniones e ideas propias, por cualquier medio, como con la libertad
de información, la cual protege la libertad de buscar, transmitir y
recibir información veraz e imparcial […]”.

En ese sentido, teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia, las

manifestaciones públicas que efectúe el PRESIDENTE están

amparadas bajo el ejercicio de la libertad de expresión. No obstante,

si bien de dicha prerrogativa constitucional pueden surgir conflictos con

otras garantías fundamentales, también lo es que no podría

proporcionársele prevalencia a un derecho sobre otro, pues le

corresponde a la autoridad competente efectuar un análisis ponderado

de las circunstancias que rodean la discusión.

“[…] De acuerdo con lo referido por la Corte, el derecho a la libertad
de expresión transita por una doble vía, en la medida en que

18
Sentencia T-904 de 2013
19
Ibidem.

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En virtud de lo anterior, la Sala advierte que en el asunto no es posible

efectuar el aludido juicio de ponderación, esto en atención a que el

actor no indicó con claridad qué expresión o manifestación puso en

riesgo los derechos fundamentales que invoca como vulnerados, por lo

que las pretensiones frente a este punto serán denegadas 20 como lo

dispuso el a quo.

Por lo anterior, la Sala modificará la decisión impugnada en el sentido

de declarar la improcedencia por falta del cumplimiento del requisito

de legitimación en la causa por activa del actor como tutelante de la

colectividad y los “congresistas”, y confirmará en toda lo demás la

sentencia recurrida, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 22 de mayo de 2025,

20
En el mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia de 12 de junio de 2015, expediente número
2025-02661-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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proferida por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL

CONSEJO DE ESTADO, para en su lugar, declarar la improcedencia

por falta del cumplimiento del requisito de legitimación en la causa

por activa del actor como tutelante de la colectividad y los

“congresistas”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de agosto de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN (E2) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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