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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01339-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01339-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de abril de 2025 proferida por la Sala de Conjueces de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01339-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

19 de junio de 2025

Demandante: Jorge Torres Barrera
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01339-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01339-01
Demandante: JORGE TORRES BARRERA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E

Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedencia por falta de
relevancia constitucional - confirma.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 30 de abril de 2025, dictada por la
Sala de Conjueces de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado. En dicha providencia, se declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo, por considerar que no se cumplió con el requisito de relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Jorge Torres Barrera, actuando por medio de apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E. Con la solicitud de amparo pretende la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia.

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de la providencia proferida el 12 de abril de 2024 por el tribunal
accionado. Mediante esta decisión, se confirmó el auto del 27 de mayo de 2022
dictado por el Juzgado 53 Administrativo de Bogotá, por medio del cual decidió
improbar el acuerdo conciliatorio suscrito por el actor con la Unidad
Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos. Esto, al interior del
proceso ejecutivo con radicado 11001-33-42-053-2018-00405-01.

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Demandante: Jorge Torres Barrera
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01339-01

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERO: Se conceda, la tutela impuesta, con el fin de proteger los derechos
constitucionales fundamentales, denominados: DERECHO A LA IGUALDAD,
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, COSA JUZGADA, INMUTABILIDAD DE
LAS SENTENCIIAS, principios constitucionales del artículo 53 de la Carta
Política, en especial la igualdad de oportunidades de los trabajadores,
remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales del derecho; así como el derecho de
acceso a la administración de justicia conforme al artículo 229 de la Constitución
Política.

SEGUNDA: Que el H. Consejo de Estado, disponga DEJAR SIN EFECTOS la
providencia de segunda instancia proferida por la Subsección “E” de la Sección
Segunda del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca […]. (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia de la siguiente manera:

5. Mediante sentencia del 12 de diciembre de 2012, el Juzgado 16
Administrativo de Descongestión Judicial de Bogotá le ordenó a la Unidad
Administrativa del Cuerpo Oficial de Bomberos (en adelante, AUECOBB)
reliquidar y pagar los recargos diurnos y nocturnos devengados por el señor
Torres Barrera, de conformidad con los artículos 33 y 39 del Decreto 1042 de
1978.

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, en providencia proferida el 15 de diciembre de 2014, confirmó
parcialmente la decisión de primera instancia, en la cual dispuso lo siguiente: i)
el reconocimiento de horas extras diurnas y nocturnas, hasta el tope de 50
mensuales sobre 190 horas de jornada máxima mensual, ii) los compensatorios
por exceso de horas extras por razón de un día hábil por cada 8 horas extras que
excedan las 50 mensuales, iii) la reliquidación de recargos del 35%, 200% y 235%
pagados sobre 240 horas mensuales, es decir, pagar las diferencias respecto de
factor de 190 horas mensuales conforme con la jornada máxima legal de los
empleados públicos, iv) la reliquidación de cesantías, primas de servicios,
navidad, sueldo de vacaciones y demás factores salariales, y v) los intereses
moratorios. Además, en la providencia se dispuso que no se incluirían los
descansos compensatorios remunerados por laborar domingos y festivos, ya que
se debía descontar lo cancelado por el sistema de recargos de la entidad.

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Demandante: Jorge Torres Barrera
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
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7. El 5 de octubre de 2018, el señor Torres Barrera promovió un proceso
ejecutivo contra la UAECOOB, con el fin de hacer efectivo el título ejecutivo
contenido en la sentencia del 15 de diciembre de 2014, proferida por el tribunal
accionado, al considerar que la entidad demandada no cumplió con el pago de la
condena. Al respecto, solicitó que le fuera reconocida la suma de $106.038.678.
El asunto fue tramitado por el Juzgado 53 Administrativo de Bogotá.

8. Mediante auto del 1 de junio de 2020, el juzgado libró mandamiento de
pago por la suma de $67.266.3311 correspondiente al capital adeudado, con la
indexación causada hasta el 20 de enero de 2015 y por los intereses moratorios
causados sobre el capital. El 29 de mayo de 2021, la entidad demandada realizó
un depósito judicial a favor del demandante por el valor de $52.779.247.

9. Posteriormente, las partes presentaron un acuerdo conciliatorio en el que
pusieron de presente que la UAECOOB ya había efectuado un pago parcial por
la suma de $87.574.214. No obstante, aun adeudaba la suma de $109.137.911
por concepto de intereses moratorios, razón por la cual aceptaron conciliar el
20% de descuento sobre dicho valor. En ese orden, la demandada se
comprometió a pagar la suma de $87.310.329, los cuales serían pagaderos
dentro de los 3 meses siguientes al auto que aprobara la conciliación.

10. Por auto del 27 de mayo de 2022, el Juzgado 53 Administrativo de Bogotá
improbó el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes, debido a que no
cumplía con el requisito de que no resulte abiertamente lesivo para el patrimonio
público. Al respecto, señaló que existió una diferencia significativa entre lo pedido
por el señor Torres Barrera en el proceso ejecutivo2 y el valor señalado como
adeudado en la conciliación, pues la suma del valor cancelado por la entidad y lo
conciliado da como resultado $173.884.543. De allí que, para el juzgado, las
cifras objeto de la conciliación fuesen abiertamente superiores a los valores
resultantes de la liquidación elaborada por ese despacho como capital ($
32.167.596) e intereses moratorios ($41.216.899).

11. Por lo anterior, la parte demandante presentó recurso de apelación 3,
mecanismo que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, en auto del 12 de abril de 2024. Mediante esta
providencia confirmó la decisión de primera instancia al concluir que no se
cumplió con el requisito de que el acuerdo conciliatorio no resulte abiertamente
lesivo para el patrimonio público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
91 de la Ley 2220 de 2022.

1 Esto, debido a que al valor adeudado de $102.061.299 le fue descontada la suma de
$34.794.989 que le fue pagada al demandante mediante la Resolución No. 1179 del 21 de octubre
de 2019.
2 La demanda ejecutiva se presentó por el valor de $106.038.678.
3 Sostuvo que se equivocó el juzgado de instancia en la liquidación en que se fundamentó para

no aprobar la conciliación, desconociendo que se deben reconocer al ejecutante los recargos
nocturnos ordinarios (35%), los recargos diurnos (200%) y los recargos nocturnos ordinarios
(235%) tomando como base para su liquidación 190 horas mensuales de la jornada máxima legal.

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Demandante: Jorge Torres Barrera
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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12. Para sustentar su decisión, señaló que, luego de revisar las pruebas
aportadas al expediente y realizar la liquidación del crédito, la suma de los
intereses moratorios no asciende a $109.137.911, como lo infiere la parte
demandante, sino que corresponden a $47.419.836. En ese sentido, indicó que,
debido a la diferencia sustancial entre la fórmula conciliatoria y la liquidación del
crédito, el acuerdo resultaba lesivo para el Estado.

13. Advirtió que, pese a que en la sentencia declarativa se ordenó la
reliquidación de las cesantías y distintas prestaciones sociales, en la demanda
ejecutiva, el señor Torres Barrera no realizó ninguna solicitud frente a estos
conceptos, motivo por el cual dichos emolumentos no pueden ser objeto de
estudio.

14. Finalmente, precisó que, frente a los compensatorios por horas extras, la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 12 de febrero
de 2025 bajo el radicado 25000-23-25-000-2010-00725-01, dispuso no hay lugar
a su pago debido a que estos ya fueron disfrutados conforme al sistema de turnos
de la entidad, sin toma ninguna determinación al respecto.

15. El demandante solicitó la adición, aclaración y corrección de esa
providencia para que le precisaran cómo debían liquidarse las horas extras
nocturnas; además, para que se ordenara el reconocimiento y pago de los
descansos compensatorios por exceso de horas extras por considerar que en la
providencia no se dio «un alcance real y completo a las sentencias de recaudo
debidamente ejecutoriadas el 20 de enero de 2015, o sea el reconocimiento de
horas extras diurnas del 125%, horas extras nocturnas del 175%, compensatorios
por exceso de horas extras a razón de 1 día hábil por cada 8 horas que excedan
las 50 adicionales, tomando como jornada máxima legal 19 horas mensuales».

16. La solicitud fue negada en la providencia proferida el 14 de febrero de
2025, debido a que el auto cuestionado no contenía aspectos que generaran
duda, por el contrario, sus reproches tendían a cuestionar el fondo de la decisión.

1.4. Sustento de la vulneración

17. La parte actora señaló que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, dado que desconoció los lineamientos y parámetros
que fijó el título ejecutivo. Esto, debido a que, a su juicio, fueron omitidas las horas
extras nocturnas y no liquidó los compensatorios por exceso de horas extra que
fueron reconocidos en la providencia de recaudo de segunda instancia.

18. Sostuvo que fue violado el principio de cosa juzgada e inmutabilidad de
las sentencias, para desconocer de plano las horas extras nocturnas, así como
el reconocimiento de la reliquidación de las cesantías.

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19. Consideró que el tribunal accionado desconoció la petición contenida en
el recurso de apelación y en la solicitud de adición en la que pidió que «el
despacho se sirva a estudiar la realidad procesal de los puntos ordenados en la
sentencia de recaudo, es o sea el reconocimiento de las horas extra diurna del
125%, horas extra nocturnas del 175%, compensatorios por exceso de horas
extra a razón de 1 día hábil por cada 8 horas que excedan las 50 iniciales (…)».

20. Indicó que en su caso existen precedentes sobre casos que son análogos
al suyo en los que se le ordenó a la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca proferir sentencia de remplazo. Al respecto, citó un extracto de
las sentencias de tutela con radicado 11001-03-15-000-2012-00538-00, 11001-
03-15-000-2010-00795-00 y, 11001-03-15-000-2021-01379-00.

1.5. Trámite de la tutela

21. Por medio del auto del 12 de marzo de 2025, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la tutela. En consecuencia,
ordenó notificar en calidad de accionado al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E. Además, vinculó como tercero
con interés al Juzgado 53 Administrativo de Bogotá, a la Unidad Administrativa
del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y al Juzgado 16 Administrativo de
Bogotá.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E

22. El magistrado ponente de la decisión reprochada, luego de hacer un
recuento del trámite impartido al proceso ejecutivo, refirió que su decisión se
justificó plenamente en la jurisprudencia del Consejo de Estado, pues en la
sentencia de unificación con radicado 25000-23-25-000-2010-00725-01 se
determinó que los descansos compensatorios por exceso de horas ya fueron
disfrutados por los trabajadores del Cuerpo Oficial de Bomberos, de conformidad
con el sistema de turnos de la entidad.

23. A su vez, señaló que, si bien el título ejecutivo ordenó la reliquidación de
cesantías, la parte interesada no solicitó ningún reconocimiento por ese concepto
al momento de radicar la solicitud para que se librara el mandamiento de pago,
motivo por el cual no podía calcular ninguna cifra por concepto de reajuste de
cesantías.

24. Por lo anterior, sostuvo que, contrario a lo afirmado por el accionante, no
vulneró los derechos fundamentales invocados en la solicitud de amparo ni
incurrió en alguna irregularidad procesal.

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1.6.2. Juzgado 53 Administrativo de Bogotá

25. La entidad refirió que la diferencia entre los valores del crédito liquidados
en el acuerdo conciliatorio y los determinados por el juzgado, de conformidad con
el título ejecutivo, demuestran una diferencia que le resulta lesiva al patrimonio
público. Señaló que su decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, motivo por el cual ordenó seguir con el trámite del proceso
ejecutivo.

26. Por lo anterior, consideró que ha garantizado el derecho de defensa y
contradicción del actor. Además, señaló que las decisiones que se ha dictado
han sido adoptadas con fundamento en las normas aplicables, la valoración
integral de las pruebas y la observancia de la jurisprudencia adoptada por el
máximo órgano de lo contencioso administrativo.

1.7. Sentencia de primera instancia

27. Mediante sentencia del 30 de abril de 2025, la Sala de Conjueces de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado4 declaró
improcedente el mecanismo constitucional de la referencia, tras considerar que
no superó el requisito de relevancia constitucional.

28. Al respecto, sostuvo que los argumentos empleados por el actor se dirigen
de forma exclusiva a discutir los aspectos que fueron debatidos, analizados y
resueltos en el trámite del recurso de apelación que presentó en contra de la
providencia que improbó el acuerdo conciliatorio.

29. Además, consideró que la discusión propuesta se circunscribe a aspectos
de contenido meramente económico, dado que la controversia gira en torno a
temas prestacionales como el reconocimiento de horas extras diurnas y
nocturnas, las cesantías y los compensatorios por exceso de horas extras,
discusiones que no trascienden al plano constitucional ni relacionan una
afectación directa de derechos fundamentales.

30. Por último, señaló que, en cuanto al argumento relacionado con la
aplicación retroactiva de una sentencia de unificación del Consejo de Estado,
pese a que la decisión fue posterior a la sentencia de recaudo, es razonable que
el tribunal se haya apoyado en ella debido a que el proceso se encontraba en
curso, la decisión se encontraba vigente y en ella se establecieron criterios
interpretativos que debían ser observados por el juez de ejecución.

1.8. Impugnación

4 La Sala estuvo integrada por los magistrados Fredy Ibarra, Alberto Montaña y William Barrera,

este último en calidad de conjuez.

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31. La parte actora indicó que la providencia impugnada desconoce que, en la
orden dada en segunda instancia en el proceso declarativo, se determinó de
manera precisa el reconocimiento de: i) horas extras nocturnas, ii)
compensatorios por exceso de horas extra y, iii) la reliquidación de cesantías.

32. Señaló que no trata de revivir una controversia ya zanjada por los jueces
ordinarios, debido a que está reprochando la modificación que se efectuó sobre
la sentencia de recaudo.

33. Finalmente, resaltó que se encuentra en un estado de «total indefensión»
por el desconocimiento en el que incurrió la autoridad judicial accionada frente al
principio de cosa juzgada el momento de «cambiar» el título ejecutivo, a pesar
de que el mismo se encontraba ejecutoriado desde el 20 de enero de 2015, antes
de que se profiriera la sentencia de unificación.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

34. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida por la Sala de
Conjueces de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado el
24 de enero de 2025. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

35. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

36. La Sala advierte que el señor Jorge Torres Barrera está legitimado en la
causa por activa, porque fue la parte demandante en el proceso ejecutivo en el
que se profirió la providencia reprochada mediante esta vía.

37. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, está legitimado en la causa por pasiva, por
haber proferido la decisión reprochada mediante el presente mecanismo
constitucional.

2.3. Problema jurídico

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38. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, la sala deberá resolver
los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

39. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia con ocasión de la providencia
proferida el 12 de abril de 2024?

40. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia de excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de
superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso en concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales7.

42. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20148. En esta sentencia
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia9 y ocho defectos

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014

son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.

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especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la siguiente
manera:

Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de
agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

43. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

44. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

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45. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

46. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

47. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional10.

48. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en
una tercera instancia.

49. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29

de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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50. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».

51. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez, y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».

52. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.

2.6. Relevancia constitucional en el caso en concreto

53. La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia que
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no superar el requisito de
relevancia constitucional. Ello, porque la tutela no cumple con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022,
señalados en el numeral 48 de esta providencia, como pasará a explicarse.

54. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la parte
actora reprochó el auto proferido el 12 del de abril de 2024 por la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Mediante
dicha decisión confirmó la providencia del 27 de mayo de 2022, dictada por el
Juzgado 53 Administrativo de Bogotá, por medio del cual decidió improbar el
acuerdo conciliatorio suscrito por el actor con la Unidad Administrativa Especial
del Cuerpo Oficial de Bomberos.

55. A juicio de la parte tutelante, la providencia reprochada mediante esta vía
omitió liquidar las horas extras nocturnas, la reliquidación de las cesantías y los
compensatorios por exceso de horas extra que fueron reconocidos de manera
concreta en la providencia de recaudo de segunda instancia.

56. Sostuvo que fue violado el principio de cosa juzgada e inmutabilidad de
las sentencias por haber sido modificado el título ejecutivo. Finalmente, refirió
que existen precedentes en los que esta corporación le ha ordenado a la Sección

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Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir una sentencia de
remplazo.

57. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que, si bien el actor
sostiene que fueron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y de acceso a la administración de justicia con ocasión de la
providencia por medio de la cual se confirmó la decisión de declarar improbado
el acuerdo conciliatorio, la Sala no considera que este caso supere el requisito
de relevancia constitucional, porque el asunto objeto de la acción de tutela tiene
un carácter netamente legal y patrimonial.

58. Primero, es importante señalar que este caso no involucra una
controversia sobre el reconocimiento al derecho fundamental a la seguridad
social del actor, sino que radica en la decisión de improbar un acuerdo
conciliatorio por las «diferencias» en la liquidación efectuada por la autoridad
judicial accionada y la que ellos consideran correcta.

59. Segundo, la naturaleza legal y patrimonial del caso objeto de estudio
también se evidencia con la simple lectura del escrito de tutela. El actor puso de
presente su inconformidad con la interpretación y alcance que el tribunal de
instancia le dio al título ejecutivo, pasando por alto que el auto por medio del cual
se imprueba el acuerdo conciliatorio no finaliza el proceso ejecutivo.

60. En efecto, luego de proferida la decisión cuestionada en este trámite, el
proceso continuó con su ejecución, pues se advierte que, mediante el auto
proferido el 7 de marzo de 2025, el Juzgado 53 Administrativo de Bogotá le corrió
traslado a las partes para que presenten alegatos de conclusión, a efectos de
proferir la liquidación definitiva del crédito. En ese orden, el actor aún cuenta con
los recursos establecidos por la ley para controvertir las decisiones que se
profieran dentro del trámite del proceso ejecutivo.

61. Además, sus pretensiones persiguen un fin económico que se escapa de
la órbita de la acción de tutela, pues lo que se observa en el presente caso es la
existencia de un interés patrimonial más allá de una aparente transgresión de
derechos fundamentales.

62. Se reitera que, pese a que la parte demandante refirió que existía una
vulneración de sus garantías constitucionales, lo cierto es que los argumentos
planteados no resultan suficientes para que el juez constitucional realice algún
tipo de pronunciamiento de fondo en la presente controversia. Por lo tanto, no se
advierte la necesidad de la intervención del juez de tutela en un asunto en el que
los jueces naturales improbaron un acuerdo conciliatorio, al concluir que la
fórmula conciliatoria propuesta por las partes del proceso ejecutivo era lesiva
para el patrimonio público.

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63. En ese orden, se evidencia que los reproches del accionante son una mera
inconformidad con lo analizado por el juez ordinario, pues no media un ejercicio
argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al alcance,
contenido o goce de un derecho fundamental, razón por la cual sus reproches
carecen de relevancia constitucional.

64. Lo anterior, debido a que la competencia de este juez de tutela se restringe
a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de
carácter legal y/o económico o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.

65. En relación con el presunto desconocimiento del precedente judicial, de
acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes
con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos,
problemas jurídicos y ratio decidendi que fija una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el caso reciente11. Aunado a ello,
esta Sección en reiterados pronunciamientos12 ha explicado que el concepto de
precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de la
decisión y su contenido específico.

66. Es decir, la ratio decidendi no está atada al número de decisiones, dado
que solo basta una providencia en donde se especifique una regla o sub-regla
de derecho. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad
se aparta del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con
la carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.

67. Sin embargo, aunque la parte actora indica las providencias que alude
como desconocidas en la providencia objeto de análisis y señaló el sentido de la
decisión, no esbozó los argumentos que tienden a demostrar por qué esa
sentencia resultaba aplicable a su situación particular. Por el contrario, se limitó
a citar apartados.

68. En ese orden de ideas, se advierte que del escrito tutelar no se hace
referencia a esa regla de derecho determinante para el sentido de la decisión en
el caso en concreto, ni tampoco se hace referencia a la ratio decidendi que
justifica la decisión adoptada en sede de tutela, y ni siquiera, el señaló obiter
dicta. Como se señaló en líneas precedentes, el actor se limita a citar extractos
de las decisiones, sin desarrollar las similitudes fácticas entre los casos.

69. No obstante, se evidencia que el actor citó la sentencia con radicado

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15

de julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
12 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.

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11001-03-15-000-2021-01379-00, proferida por esta Sección. En ese sentido, la
Sala considera importante resaltar que en dicha providencia fueron amparados
los derechos del tutelante en relación con la liquidación del tiempo
compensatorio por exceso de horas extras, dado que en el ejecutivo se aplicó
la sentencia de unificación del 12 de febrero de 2015, pese a que la sentencia
ordinaria fue dictada antes de que se profiriera la mencionada sentencia de
unificación. No obstante, en ese caso fue cuestionada la sentencia que puso fin
al proceso y no la providencia que improbó un acuerdo conciliatorio.

70. Además, en el presente caso quedó establecido en el fallo ordinario que
no se incluirían los descansos compensatorios remunerados por laborar
domingos y festivos, circunstancia fáctica que se diferencia de la providencia que
consideró desconocida.

70. Con tales precisiones, se tiene que el asunto objeto de estudio no supera
el requisito de relevancia constitucional, en la medida que no se cumple la carga
argumentativa necesaria para que esta Sala advierta la vulneración a los
derechos fundamentales del accionante. En consecuencia, la Sala confirmará la
sentencia del 30 de abril de 2025 proferida por la Sala de Conjueces de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de abril de 2025 proferida por la
Sala de Conjueces de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01339-01

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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