Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01360-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01360-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-01360-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
4 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTITRÉS (23) ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01360-00 (2096)
Recurrente: Gloria Inés Orozco de Jaimes
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Estudio de la causal
prevista en el numeral 1° del artículo 250 del CPACA – No se configura en el
presente asunto. No se expuso ningún evento de fuerza mayor, caso fortuito u obra
de la parte contraria que impidiera haber aportado las pruebas en la etapa procesal
correspondiente.
Procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
la sentencia del 1° de febrero de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A.
El recurrente plantea la configuración de la causal 1° del artículo 250 del CPACA.
I. ANTECEDENTES
Sentencia objeto del recurso extraordinario
1.
Corresponde a la decisión del 1° de febrero de 20241, mediante la cual la
Sección Segunda - Subsección A del Consejo de Estado revocó parcialmente el
fallo de primera instancia2. En su lugar, declaró la nulidad de la Resolución 15170
1 Visible a folios 58 a 79 del archivo denominado: 4ED_RecursoExtraordinario(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua
2, índice 2, Samai.
2 Revocó los ordinales tercero, quinto y sexto de la parte resolutiva del fallo dictado por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander el 21 de mayo de 2020 (visible a folios 46 a 57, ibidem), que habían dispuesto:
“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de "falta de causa para demandar", propuesta por la parte
demandada. A su vez, DECLARAR PROBADAS las excepciones denominadas "buena fe y confianza legítima",
y "prescripción", propuestas por la parte demandada, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva.
“SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 9356 del 8 de mayo de 2002, por medio de la cual la
extinta Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL- ordena la reliquidación de la pensión gracia en favor del
señor LUIS ALBERTO JAIMES VEGA, por las razones jurídicas y probatorias esbozadas en la parte motiva de
esta providencia.
“TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la UAE DE GESTION PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL UGGP, si aún no lo ha hecho, adelantar
las gestiones, actuaciones y trámites administrativos pertinentes y necesarios, tendientes а reliquidar la pensión
gracia de la que es beneficiario el señor LUIS ALBERTO JAIMES VEGA, identificado con C.C. N° (…), con el
75% de la totalidad de los factores salariales devengados por el docente en el año anterior a la adquisición del
estatus pensional, de conformidad con la Ley 4ª de 1966 y el Decreto 1743 de ese año.
“CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
“QUINTO: ORDENAR a la UAE DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCION SOCIAL UGGP dar cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
SEXTO: ORDENAR a la UAE DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCION SOCIAL UGGP, en el término perentorio de 10 días, acreditar el efectivo cumplimiento de la
medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución 9356 del 8
de mayo de 2002, y que fuera ordenada en auto del pasado 18 de julio de 2019.
“(…)”.
Decisión adoptada frente a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la UGPP en
contra de Luis Alberto Jaimes Vega, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones a través de
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01360-00 (2096)
Recurrente: Gloria Inés Orozco de Jaimes
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
de 28 de diciembre de 1994, por medio de la cual se le reconoció la pensión gracia
al señor Luis Alberto Jaimes Vega3; en forma preliminar a esta decisión, reconoció
a la señora Gloria Inés Orozco de Jaimes como sucesora procesal del mencionado
señor -quien había fallecido en el transcurso del trámite de la segunda instancia- y
confirmó en lo demás el fallo de primera instancia.
2.
En su decisión, el Consejo de Estado señaló que el a quo omitió pronunciarse
frente a una de las resoluciones demandadas. Adujo que el señor Luis Alberto
Jaimes Vega, en su calidad de docente nacional, no cumplía con los requisitos para
ser beneficiario de la pensión gracia, por ende, declaró la nulidad del acto que se la
otorgó y confirmó la decisión del Tribunal en cuanto a declarar la nulidad del acto
que reliquidó la mencionada prestación, tras estimar que carecía de sustento
jurídico por haberse declarado la nulidad del acto primario que confirió el derecho.
A su vez, confirmó la decisión de negar el restablecimiento del derecho solicitado,
dado que el particular beneficiario no actuó de mala fe.
Recurso extraordinario de revisión y su trámite
3.
Mediante escrito del 7 de marzo de 20254, la señora Gloria Inés Orozco de
Jaimes interpuso recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal 1°
del artículo 250 del CPACA, esto es, por “haberse encontrado o recobrado después
de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
4. La parte recurrente indicó que en el curso de la primera instancia el señor
Luis Alberto Jaimes Vega fue representado por un curador ad litem, quien no
contaba con las pruebas documentales que habrían variado el sentido de la decisión
del Consejo de Estado. Expuso que tal circunstancia se originó en la conducta
“extraña” adelantada por la UGPP en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, en donde informó erradamente la dirección para notificar al involucrado en
las resoluciones objeto de litigio, pese a que esa información estaba consignada en
el expediente administrativo bajo el cual se adelantó su trámite pensional.
5. Indicó que al cumplirse el supuesto del artículo 250.1 del CPACA, allegaba
con el recurso los siguientes documentos:
i) Acta de posesión de Luis Alberto Jaimes Vega expedida por la Alcaldía de
Chiquinquirá el 3 de noviembre de 1988, que informa que el docente se
posesionó el 17 de febrero de 1954 como jefe de taller de mecánica.
ii) Constancia expedida el 8 de junio de 1981 por el rector y pagador del Instituto
Técnico Industrial Antonio Álvarez Restrepo del municipio de Sonsón, Antioquia,
el cual indica que el docente Luis Alberto Jaimes Vega laboró del 20 de
septiembre de 1957 al 21 de febrero de 1962.
iii) Acta de posesión del 6 abril de 1959 de Luis Alberto Jaimes Vega, como Director
de la Escuela Media de Artes y oficios del municipio de Sonsón, Antioquia.
las cuales se le había reconocido la pensión gracia; como restablecimiento, solicitó que se ordenara la
devolución de las sumas pagadas al mencionado señor por tal concepto.
3 El a quo había omitido pronunciarse sobre dicha resolución, y declaró la nulidad únicamente del acto
administrativo de 8 de mayo de 2002, a través del cual se reliquidó la pensión de gracia.
4 Samai, índice 2.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01360-00 (2096)
Recurrente: Gloria Inés Orozco de Jaimes
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
iv) Telegrama emitido por Telégrafos Nacionales el 11 de febrero de 1954, donde
se nombra el docente Luis Alberto Jaimes Vega como Jefe de Taller de la
Escuela de Artes y oficios de Chiquinquirá.
v) Cinco telegramas emitidos por Telégrafos Nacionales que dan cuenta del
nombramiento de Luis Alberto Jaimes Vega como profesor de peritos del área
de mecánica.
vi) Mosaico (fotografía) de 1955 de la Escuela Industrial de Artes y Oficios de Santa
Marta, en el que se dice aparece el docente Luis Alberto Jaimes Vega quien
fungía para la época como perito.
6. Arguyó que tales documentos acreditan el tiempo real laborado por el señor
Jaimes Vega como docente, con lo que se validarían las resoluciones: i) 1199 de 3
de marzo de 1993, que le reconoció la pensión de jubilación, ii) 15170 de 28 de
diciembre de 1994 que le otorgó la pensión gracia; y, iii) 9356 de 8 de mayo de 2002
que le reliquidó esta última prestación.
7. Como sustento de su recurso, apeló a doctrina y jurisprudencia sobre los
principios in dubio pro operario5, pro homine6 e iura novit curia7. Solicitó que a través
de este medio extraordinario se pondere la situación fáctica y probatoria de las
“pruebas sobrevinientes” que no se pudieron discutir en sede ordinaria.
8.
El Ministerio Público rindió concepto a través de escrito de 30 de mayo de
8
2025 . Solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, pues los
documentos que se aportaron con la demanda no fueron recobrados con
posterioridad a la ejecutoria de la sentencia objeto de revisión, ni tienen la entidad
de conferir un sentido distinto a la decisión, dado que esas pruebas documentales
carecen de relevancia en la controversia del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
9.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP 9 y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, no contestaron la demanda ni intervinieron en el proceso.
10.
En proveído de 7 de noviembre de 2025, se incorporó al proceso como
prueba, el expediente digital de nulidad y restablecimiento del derecho 54001-23-
33-000-2017-00561-00/01 y se negó el decreto de las demás solicitudes probatorias
elevadas por la parte actora.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
11.
La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión. La parte
actora no demostró los presupuestos necesarios para la configuración de la causal
prevista en el numeral 1º del artículo 250 del CPACA.
12.
La causal 1° de revisión establece la procedencia del recurso extraordinario,
por “haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
5 Trazos en la Construcción de un Derecho Procesal Laboral Colombiano, Ernesto Forero Vargas, Universidad
Libre, Facultad de Derecho, Instituto de Posgrados, diciembre 2017, página 40.
6 Ibidem. Corte Const. Sentencia SU-636 de 7 de octubre de 2015. M.P: María Victoria Calle Correa
7 Corte Interamericana 29 de julio de 1988, en el caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras
8 Índice 22, Samai.
9 Encontrándose el asunto para dictar sentencia, el señor Nicolás Pataquiva Delgadillo, en escrito de 6 de junio
de 2025, allegó contestación de la demanda a nombre de la UGPP; no obstante, además de ser inoportuna tal
intervención, no fue acompañada del respectivo poder para actuar en el presente asunto.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01360-00 (2096)
Recurrente: Gloria Inés Orozco de Jaimes
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria”.
13.
Para la prosperidad de esta causal deben concurrir los siguientes
presupuestos: i) el medio probatorio debe ser documental; ii) la prueba debe
recobrarse10 después de dictarse el fallo, lo que supone que el documento existía
para el momento en que se profiere la decisión11; iii) la acreditación de cualquiera
de los eventos de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, como
supuesto para demostrar que la prueba documental no pudo ser aportada en las
correspondientes etapas del proceso12; y, iv) la prueba documental debe tener un
carácter decisivo para resolver la controversia, es decir, debe ostentar tal entidad
que de haber obrado en el acervo probatorio del proceso ordinario, el sentido de la
decisión hubiere sido diferente.
14.
En el presente asunto, la parte recurrente pretende hacer valer 6 documentos
-enlistados en el párrafo 5-, de los cuales adujo que fueron encontrados después de
dictada la sentencia cuestionada y que no pudieron ser aportados porque en el
proceso originario el señor Luis Alberto Jaimes Vega fue representado por un
curador ad litem, quien no poseía dichos documentos y, por ende, no los aportó
cuando contestó la demanda.
15.
Adujo que de haberse aportado esas pruebas, la Sección Segunda –
Subsección A del Consejo de Estado habría confirmado el fallo de primera instancia
en su totalidad, toda vez que aquellas acreditaban aproximadamente 9 años
adicionales de labores docentes por el mencionado señor, con lo cual se habrían
validado las Resoluciones cuestionadas en el proceso.
16.
La Sala no encuentra que los documentos que se relacionaron en el recurso
tengan la calidad de recobrados pues no media prueba de las hipótesis que
justifican la imposibilidad de haberlos aportado en los términos consagrados para
llevarlos al proceso judicial o haberse discutido en él una falencia en la notificación
del auto admisorio de la demanda.
17.
Revisado el trámite procesal de la primera instancia del proceso ordinario, se
observa que el señor Luis Alberto Jaimes Vega constituyó apoderado de manera
previa a la audiencia de pruebas13, quien, por demás, no asistió a la diligencia según
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de noviembre de 2017, expediente:
44001-33-31-002-2005-00969-01(47691): “(…) es viable hablar de prueba recobrada cuando ésta inicialmente
se encuentra extraviada o refundida y luego se recupera y, por ello, el demandante no estuvo en condiciones
de aportarla al proceso. El verbo ‘recobrar’ implica que se hubiere perdido algo que más tarde se recupera”.
11 La existencia previa del documento exhibido como requisito de la revisión, fue destacada por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en los siguientes términos: “La prueba recobrada es un
elemento probatorio nuevo, presentado por el recurrente, que pudiendo ser decisivo para el sentido de la
decisión, no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo presentarla oportunamente dentro
del proceso, pues sólo fue recuperado luego de proferida la sentencia. Esto implica, que el elemento
probatorio existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero no fue conocido por el fallador, porque sólo
llegó a poder del recurrente con posterioridad a ello” (se destaca). Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de 12 de julio de 2005, radicación 1997-00143-02.
12 Se refiere a la conducta de la parte que ganó el proceso, quien con su actuar intencional logró que el
documento que le daría el triunfo a su contraparte no se pudiera aportar al expediente debido a que lo retuvo u
ocultó, precisamente con el propósito de que no sirviera como prueba. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de 2005, radicado: 1999-00218.
13 Radicado el 6 de noviembre de 2019. El curador ad litem que había sido designado -Alfonso Gómez Aguirre-
intervino en representación del señor Luis Alberto Jaimes Vega, hasta la primera sesión de la audiencia de
pruebas -27 de septiembre de 2019-.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01360-00 (2096)
Recurrente: Gloria Inés Orozco de Jaimes
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
se señaló en la correspondiente acta y, cuando intervino en el proceso, no impetró
ninguna solicitud probatoria frente a los documentos aquí referidos; menos aún,
puso de presente alguna falencia en la defensa que fue conducida de manera previa
por el curador-ad litem .
18.
Lo anterior constata como inadmisible la justificación de no haber aportado
dichas pruebas documentales por no actuar por medio de abogado designado, pues
aun cuando si constituyó un apoderado desde la referida etapa procesal, no se
evidencia que éste hubiere elevado alguna petición probatoria como tampoco que
hubiera manifestado la posible ocurrencia de algún yerro o irregularidad en el trámite
de la notificación del auto admisorio de la demanda o en las actuaciones del curador
ad litem, con proyección efectiva sobre su derecho a probar lo que ahora pretende
hacer.
19.
De igual forma, la Sala constata que al margen del hecho referido, si bien son
documentos que datan de los años 1950 a 1980, no se indicó que estuvieran
extraviados o en poder de algún tercero, ni siquiera se explicaron las condiciones
en que supuestamente fueron recobrados, mencionándose únicamente que la
señora Gloria Inés Orozco de Jaimes los encontró luego de finalizado el proceso.
20.
En estas condiciones, no se está ante pruebas recobradas. Esta Sala
Especial reitera que el recurso extraordinario de revisión no se estatuye como una
oportunidad para instrumentalizar una nueva instancia o revivir el análisis probatorio
y jurídico del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
21.
Por consiguiente, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión.
Condena en costas
22.
Como el recurso extraordinario de revisión se decidió de manera
desfavorable, en principio, correspondería condenar a la parte recurrente en costas,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 255 del CPACA; sin embargo, en la medida
en que la contraparte no intervino en el proceso ni constituyó apoderado, las
agencias en derecho no se encuentran causadas. Tampoco se evidencia que el
demandado hubiere incurrido en expensas del proceso.
III. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintitrés Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Gloria Inés Orozco de Jaimes contra la sentencia proferida el 1° de
febrero de 2024 por la Sección Segunda – Subsección A Consejo de Estado.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01360-00 (2096)
Recurrente: Gloria Inés Orozco de Jaimes
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
TERCERO: Una vez cumplido el trámite anterior, ARCHIVAR el presente asunto y
dejar las constancias de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link . Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su
teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener
acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF
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