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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01385-01

Fecha
15 de agosto de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01385-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 13 Expediente No. 11001-03-15-000-2025-01385-01 Accionante: Electro Hidráulicas S.A. Representaciones y otras Resuelve impugnación PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de mayo de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección Primera, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01385-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

15 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., quince (15) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01385-01
Accionantes: ELECTRO HIDRÁULICA S.A. REPRESENTACIONES Y OTRAS
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO–SECCIÓN TERCERA–SUBSECCIÓN B
Proceso: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. SUBSIDIARIEDAD-
No se agotaron los medios de defensa procedentes.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra el fallo proferido
el 22 de mayo de 2025 por el Consejo de Estado-Sección Primera que declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por Electro Hidráulica S.A.
Representaciones, Incoequipos Ingeniería Construcción y Equipos S.A. En
Reorganización, Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A., JHM Consultoría S.A.S. y
Conhydra S.A. E.S.P. contra el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 7 de marzo de 2025 las sociedades Electro Hidráulica S.A. Representaciones,
Incoequipos Ingeniería Construcción y Equipos S.A., en Reorganización, Arquitectos e
Ingenieros Asociados S.A., JHM Consultoría S.A.S. y Conhydra S.A. E.S.P., como
integrantes de la «Futura Asociación Tayrona S.A.», por medio de apoderado,
interpusieron acción de tutela para que se ampararan sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que consideran vulnerados
por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B, por haber expedido las
providencias del 17 de junio y 11 de septiembre de 2024, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicación 47001-
23-31-000-1998-06404-00/01 y acumulado número 47001-23-31-000-1998-06426-00.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-01385-01
Accionante: Electro Hidráulicas S.A. Representaciones y otras
Resuelve impugnación

Los accionantes plantearon las siguientes pretensiones (se transcriben, incluso con
errores):

«PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales de los accionantes dentro
del proceso referenciado.

SEGUNDA: DECLARAR que el CONSEJO DE ESTADO incurrió en un defecto
fáctico y que, en consecuencia, vulneró los derechos fundamentales de acceso
a la administración de justicia y debido proceso dentro del proceso 47001-23-
31-000-1998-06404-01 (69.127) 47001-23-31-000-1998-06426-00
(ACUMULADO).

TERCERA: REVOCAR la Sentencia fechada 17 de junio de 2024, proferida al
interior del proceso identificado 47001-23-31-000-1998-06404-01 (69.127)
47001-23-31-000-1998-06426-00 (ACUMULADO).

Y, en consecuencia,

CUARTA: ORDENAR a la SALA DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN 3ERA, SUBSECCIÓN B, CONSEJO DE ESTADO, PROFERIR una
nueva sentencia de segunda instancia, en el término improrrogable de treinta
(30) días, en la que valore los medios probatorios expuestos en la presente
Acción de Tutela a la luz de los argumentos expuestos, y llegue como mínimo
a la conclusión de un fallo en abstracto.

QUINTA: ADOPTAR cualquier otra medida adicional que CONSIDERE
EFECTIVA».

2. Hechos relevantes

El 19 de enero de 1998, el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
(Magdalena) abrió la licitación pública internacional número 01 de 1997 cuyo objeto fue
la selección del concesionario para la construcción, operación y mantenimiento del
acueducto del río Guachaca. Las sociedades accionantes concurrieron al proceso de
selección como integrantes de la «Futura Asociación Concesionaria Tayrona S.A.».

El comité de evaluación designado por el Distrito para asistir en la evaluación de las
propuestas recomendó descalificar a los accionantes. En esa medida, el Distrito de Santa
Marta expidió la Resolución No. 229 del 7 de julio de 1998 por la cual rechazó el
ofrecimiento de los demandantes. Interpuesto el recurso de reposición contra dicha
resolución, fue confirmada por medio de la Resolución No. 259 del 27 de julio de 1998.
Posteriormente, el contrato fue adjudicado mediante la Resolución No. 261 de 1998.

Así, los accionantes interpusieron el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra las resoluciones que rechazaron su oferta y la de adjudicación del
contrato. Esta demanda fue acumulada con otra presentada por los integrantes de la

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-01385-01
Accionante: Electro Hidráulicas S.A. Representaciones y otras
Resuelve impugnación

Unión Temporal ACNEDI 1 contra el mismo acto. En primera instancia, el Tribunal
Administrativo del Magdalena denegó las pretensiones de las demandas, al no encontrar
reunidas las causales de nulidad.

En segunda instancia, el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B modificó la
providencia de primera instancia y declaró la ineptitud sustantiva de la demanda en el
expediente 47001-23-31-000-1998-06404-01, resultado de la demanda promovida por
los aquí accionantes, y negó las pretensiones de la demanda promovida por los
integrantes de la UT ACNEDI2.

La decisión de declarar dicha ineptitud sustantiva de la demanda se justificó en que la
demanda se presentó con posterioridad a la celebración del contrato, por lo cual, de
conformidad con las disposiciones del Código Contencioso Administrativo-CCA, debía
demandarse la nulidad del negocio jurídico, lo cual no hicieron los demandantes.

3. Fundamentos de la solicitud

En su solicitud, la parte accionante presentó dos cargos contra la providencia del 17 de
julio de 2024: primero, aseguró que la providencia enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados, porque incurrió en un defecto fáctico por no haber emitido un
fallo inhibitorio (se agregó la frase “emitido un fallo inhibitorio”, pero se sugiere revisar
para que haga sentido con la oración) probado la publicación en la gaceta del municipio
de la firma del contrato, «único hecho que permitía demostrar la existencia de tal acto
para tal fecha y determinar la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho». Segundo, alega también un defecto fáctico, porque la autoridad judicial
accionada consideró que el incumplimiento de un requerimiento para que se aportara la
prueba del contrato implicaba que el demandante (las empresas demandantes?) no
satisfizo su carga de la prueba, en lugar de considerarlo un indicio grave en contra de la
demandada, lo cual considera correcto.

Narró el extremo actor que después de la ejecutoria de la providencia, radicaron una
petición para averiguar si existía la publicación aludida, a lo cual recibió respuesta en la
que se indicó que no se habían podido ubicar los documentos de la licitación en el Archivo

1 Integrada por DICONCI Ltda., NECSO Entrecanales, Cubiertas S.A. Sucursal Colombia y el Grupo Acciona S.A.

Sucursal Colombia.
2 Expediente acumulado, con radicado No. 47001-23-31-000-1998-06426-00.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-01385-01
Accionante: Electro Hidráulicas S.A. Representaciones y otras
Resuelve impugnación

Central del distrito. Sostuvo que, ante la ausencia de prueba de que el contrato fue
firmado en una fecha determinada, el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B
no tenía los elementos de juicio para llegar a la conclusión de que se llevó a cabo esa
diligencia en la fecha en que afirmó el Distrito de Santa Marta y que, en consecuencia, lo
pactado era «inoponible».

Como «segundo cargo» los accionantes plantean que un defecto fáctico que llevó a que
se despacharan desfavorablemente las pretensiones de la UT ACNEDI (no es clara esta
afirmación se sugiere revisar). Esto, porque dentro del proceso se decretó como prueba
un oficio al Distrito de Santa Marta, en el que se le requirió que allegara los volúmenes 4
y 5 del pliego de condiciones del contrato. El distrito no los remitió. Ante ello, la parte
accionante considera que el ad quem lo sancionó por la ausencia de esa prueba, «cuando
la carga se distribuyó en cabeza de la entidad en su solicitud y decreto».

Adujo que «en materia probatoria se demuestra el hecho positivo, mas no el hecho
negativo». En ese sentido, consideró que el resultado de que el distrito demandado no
haya aportado la prueba decretada, aun cuando dicho extremo advirtió ese hecho en el
proceso ordinario, es un indicio grave en su contra cuya valoración debía resultar en la
nulidad del acto de adjudicación.

4. Trámite de primera instancia

El asunto correspondió, en primera instancia, al Consejo de Estado-Sección Primera, que
mediante auto del 18 de marzo siguiente3, admitió la acción de tutela. En esa providencia,
se dispuso la notificación a las autoridades judiciales accionadas, así como la vinculación
del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, de Estudios Técnicos S.A., de
Diseño y Construcciones Civiles Ltda., de DICONCI Ltda., de Necso Entrecanales y
Cubiertas S.A., del Grupo Acciona S.A., de Selfinver Banca de Inversión Ltda., de
Corfipacífico S.A., de Conalvías S.A., de Constructora Global S.A., de Conciviles S.A., de
Agremezclas S.A., de Norberto Garcés Alarcón, de Óscar Sánchez Velásquez, de
Agustín Calderón Serrada, de Miguel Montes Swanson, de Magdalena Barón de
Martínez, de Mario Estrada Salas y del Tribunal Administrativo del Magdalena.

3 SAMAI, índice 4 de primera instancia.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-01385-01
Accionante: Electro Hidráulicas S.A. Representaciones y otras
Resuelve impugnación

En su escrito de contestación, la Sección Tercera-Subsección B del Consejo de Estado,
a través del ponente de la sentencia de segunda instancia 4 , solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, porque no se satisface el requisito de relevancia
constitucional, por intentarse reabrir el debate procesal ya zanjado por los jueces
naturales del asunto. Además, advirtió que la sentencia se encuentra debidamente
soportada en los elementos fácticos y jurídicos aplicables al caso.

Por su parte, el Tribunal Administrativo del Magdalena5 solicitó su desvinculación, porque
la acción de tutela no había sido dirigida en su contra. El Distrito de Santa Marta6 hizo lo
mismo.

En sentencia del 22 de mayo de 20257 el Consejo de Estado-Sección Primera declaró
improcedente la acción de tutela. Consideró que el extremo accionante no satisfizo el
requisito de subsidiariedad, por cuanto el mecanismo idóneo para la satisfacción de sus
pretensiones es el recurso extraordinario de revisión, amparado en la causal quinta del
artículo 250 del CPACA. Puso de presente la providencia de unificación del 8 de mayo
de 20188, entre otras, que avalan la emisión de un fallo inhibitorio injustificado como un
evento de nulidad en la sentencia, por lo cual encuentra que el mecanismo es la vía
procesal que permitiría la defensa de sus derechos, en lugar de la acción de tutela.

Además, analizó el requisito de relevancia constitucional y concluyó que la parte
accionante pretendió utilizar este mecanismo tuitivo como una instancia adicional para
plantear sus discrepancias con el proceso ordinario. Manifestó que no observaba que la
decisión hubiera sido arbitraria o se hubiesen desconocido derechos fundamentales en
el trámite procesal.

Mediante memorial del 10 de junio de 20259 la parte accionante impugnó la decisión,
fundamentada en tres argumentos. Primero, consideró que el recurso de revisión no es
procedente, según su interpretación sistemática de las causales legales, dado que no
evidencia nulidad en una declaratoria de «caducidad» indebidamente interpuesta.

4 SAMAI, índice 10 de primera instancia.
5 SAMAI, índice 13 de primera instancia.
6 SAMAI, índice 18 de primera instancia.
7 SAMAI, índice 35 de primera instancia. Notificada por correo electrónico el 29 de mayo. SAMAI, índice 38 de primera

instancia.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de mayo de 2018. Rad. 11001-03-

15-000-1998-00153-01(REV). C.P. Alberto Yepes Barreiro.
9 SAMAI, índice 44 de primera instancia.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-01385-01
Accionante: Electro Hidráulicas S.A. Representaciones y otras
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Segundo, alegó que el estudio de la relevancia constitucional en el cargo relativo a la UT
ACNEDI no valoró seriamente las alegaciones centrales de la acción, que tratan de la
errónea valoración de la prueba (de su ausencia) que fue determinante para la decisión.
Tercero, arguyó que el argumento sobre la relevancia es «sofístico», porque no se puede
determinar que no hubo violación a los derechos fundamentales sin estudiar de fondo el
caso, lo cual no es dable al declararlo improcedente.

El recurso fue concedido mediante auto del 24 de junio de 202510.

II. CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
22 de mayo de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera
instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el
Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental11. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; (ii) que el afectado haya agotado todos
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que
se configure un perjuicio irremediable; (iii) que la tutela se formule con inmediatez; (iv) si
se trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; (v)

10 SAMAI, índice 49 de primera instancia. Notificado el 27 del mismo mes. SAMAI, índice 53 de primera instancia.
11 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-01385-01
Accionante: Electro Hidráulicas S.A. Representaciones y otras
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que la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; y vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela12.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.

Subsidiariedad

El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591 de
1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta regla tiene
dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa no sean idóneos ni
eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados13.

Si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para
solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a ellos y no a la acción de tutela. En consecuencia, una persona que acude
a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede
desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni
pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe
conocer dentro del marco estructural de la administración de justicia, de un determinado
asunto radicado bajo su competencia14.

Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el objeto
de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los recursos judiciales

12 Ibidem.
13 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-026 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-373 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Betancur.

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ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías legítimas de defensa y
reconocimiento de derechos fundamentales15. La Corte Constitucional, en la sentencia
SU-062 de 2018, estableció las razones principales que refuerzan el requisito de
subsidiariedad en tutelas contra providencias judiciales:

«En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que
recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una
jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e
independencia (…). [L]a acción de tutela que no es presentada con apego
estricto al principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de
acuerdo con la cual, una persona sólo puede ser procesada por su juez natural.

En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman
un proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales
de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del
debido proceso de manera que no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el
amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el
ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para
corregir durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle.

Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales no
pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido
definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el
principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra
instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para
advertir violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada
y contra la seguridad jurídica».

La Corte Constitucional también ha destacado que el requisito de subsidiariedad guarda
relación con el deber de identificar de manera razonable los hechos y argumentos que
acrediten la trasgresión de derechos fundamentales, de modo que:

«[…] se traduce en el deber de demostrar que, en el asunto sub-judice,
efectivamente sus derechos están siendo trasgredidos y que ello fue puesto a
consideración del juez natural de la causa o, en su defecto, que ello no fue
posible por razones ajenas a su voluntad»16.

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado, desde 2014, los siguientes elementos
para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional17: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual
no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben

15 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre otras, las
sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018,
M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-081 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
17 Consejo de Estado, Sala Plena. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.

11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto
de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que la tutela no
constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no
meramente legal y/o económico.

Adicionalmente, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su
formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la
controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la
preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la
prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

El extremo accionante plantea que la sentencia enjuiciada es violatoria de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con base en
la ausencia de prueba de que el contrato estatal hubiera sido publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito. Además, indicó que, como se decretó como prueba que se oficiara a
la entidad estatal para que aportara los capítulos 4 y 5 del pliego de condiciones, se
invirtió la carga de la prueba en favor de los demandantes. Asimismo, manifestó que el
ad quem debía valorar que el Distrito de Santa Marta no hubiera aportado la prueba
requerida mediante oficio como un indicio grave en su contra y así declarar la nulidad del
acto, por no tener cómo comprobar la legalidad de la adjudicación.

La Sección Primera de esta corporación, como primera instancia constitucional, declaró
improcedente la acción, porque estimó que procedía el recurso extraordinario de revisión
en lo relativo a la ineptitud sustantiva de la demanda, por tratarse de la supuesta

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expedición de un fallo inhibitorio injustificado. También consideró que el segundo
«cargo», que abordó la discrepancia de los accionantes sobre la interpretación de la
omisión de allegar los volúmenes del pliego de condiciones por parte del Distrito de Santa
Marta, carecía de relevancia constitucional.

La Sala abordará los dos reproches: primero, se pronunciará sobre los reclamos acerca
de la inhibición injustificada para pronunciarse de fondo por no obrar prueba de la fecha
de la firma del contrato y, segundo, se pronunciará sobre el reparo concreto relacionado
con que el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B invirtió, injustificadamente,
la carga de la prueba, al no valorar la reticencia del Distrito de Santa Marta de aportar las
pruebas, que le solicitó el tribunal por medio de un oficio, constituye un indicio grave en
contra del referido ente territorial.

Respecto del primer cargo, la Sala considera que, en efecto, la parte accionante no ha
interpuesto el recurso extraordinario de revisión, a pesar de que cuenta con esa vía
procesal para procurar sus intereses.

Sobre los argumentos de la impugnación, relativos a la improcedencia del recurso de
revisión por no concurrir causal de nulidad, debe establecerse que si bien a esta instancia
no le corresponde pronunciarse sobre la posible adecuación de los hechos narrados a
una causal de nulidad, lo cierto es que la jurisprudencia de unificación de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado estableció, con base en
jurisprudencia constitucional, que la procedencia del recurso extraordinario de revisión
por nulidad originada en la sentencia se circunscribe a los supuestos del artículo 140 del
Código de Procedimiento Civil-CPC [hoy artículo 133 del Código General del Proceso-
GCP] y, asimismo, a cuando se alega una violación directa del artículo 29 de la
Constitución Política de 1991.

En ese sentido, la Sala Plena estableció que «los eventos definidos tradicionalmente por
la jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en
sentencia, no son taxativos». En consecuencia, no se limitan a la configuración de una
nulidad procesal en los términos del artículo 133 del CGP. Además, se comparten las
consideraciones del a quo, en lo que respecta a que la jurisprudencia unificada indica,
expresamente, que los fallos inhibitorios injustificados son motivo para infirmar una
providencia en sede de revisión.

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La Sala encuentra razonable y fundado en la jurisprudencia de unificación de esta
corporación el hecho de considerar el recurso extraordinario de revisión como la vía
idónea procesal para la satisfacción de sus intereses, por lo cual coincide con que, ante
la vigencia de mecanismos de defensa, este cargo es improcedente por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad.

Respecto del segundo cargo (se sugiere exponer el cargo nuevamente para efectos de
claridad), este órgano decisorio también se adhiere a la motivación de la sentencia de
primera instancia. Se observa que, con este reproche, se pretende reabrir el debate
jurídico ya zanjado en las instancias ordinarias respecto de la valoración de la ausencia
de las pruebas. Ante ello, este reproche carece de relevancia constitucional, como advirtió
el a quo.

De entrada, resulta fundamental advertir que el hecho de decretar un exhorto para que
una entidad allegue un documento no da lugar a suponer la inversión de la carga de la
prueba, que, por demás, no está regulada en el régimen escritural. Por el contrario, el
artículo 177 del CPC establece que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Bajo la égida de
dicha norma, la Sala sostiene que correspondía a la parte accionante desvirtuar la
presunción de legalidad del acto administrativo de adjudicación, para efectos de lo cual
debían probar que la oferta del adjudicatario debía rechazarse o que no era la mejor, de
conformidad con el pliego de condiciones.

Sobre ese asunto, la sentencia enjuiciada estableció que la UT ACNEDI

«sustentó la demanda en supuestas falencias de la oferta del adjudicatario del
contrato número 001 de 1998, el cual, a su juicio, no fue debidamente habilitado
porque (i) no presentó el compromiso fiduciario ni el nombre de la fiduciaria que
garantizaría el pago de los derechos económicos en favor de la entidad
concedente, (ii) no incluyó el costo de la administración del referido fideicomiso
en el valor de la propuesta, (iii) presentó en forma indebida la garantía bancaria
de los aportes de capital de sus integrantes, (iv) uno de sus miembros no
acreditó haber autorizado al gerente general para integrar el extremo
contratante, (v) no presentó las características técnicas de los equipos
ofertados y, (vi) cotizó menos equipo del mínimo exigido lo cual determinó que
su ofrecimiento fuera inferior en precio, aspectos que la Sala analizará a
continuación para determinar si impedían o no la adjudicación del contrato en
su favor».

La providencia señaló que no es posible «determinar las exigencias específicas de equipo
y verificar si la adjudicataria las incumplió», dado que los volúmenes 4 y 5 del pliego de

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-01385-01
Accionante: Electro Hidráulicas S.A. Representaciones y otras
Resuelve impugnación

condiciones, en los que se establecieron «las especificaciones y cantidades de obra», no
fueron allegados al proceso como prueba. Estableció también que las reglas de la
licitación no exigían presentar las especificaciones técnicas de los equipos.

La sentencia impugnada estableció que el debate sobre la valoración probatoria había
sido agotado en el proceso ordinario. En la impugnación la parte accionante manifestó su
desacuerdo con ello, pues, en su criterio, está probada la relevancia constitucional del
asunto. Añadió que la prueba ausente fue determinante para la decisión y que insistió a
lo largo del proceso en la consecución de la prueba.

Pues bien, la Sala observa que las instancias del proceso ordinario zanjaron la discusión
objeto de debate y no es dable que el juez constitucional se pronuncie sobre la valoración
probatoria que realizó la Subsección B de la Sección Tercera criticada. La providencia
responde a una aplicación razonable del artículo 177 del CPC, aplicable al asunto, el cual
indica que las partes tienen la carga de probar lo que alegan y cuyos postulados no se
modifican, a pesar de que, en efecto, el Distrito no haya remitido el expediente contractual
completo.

En conclusión, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de las
autoridades judiciales accionadas, resulta improcedente que el juez de tutela revise o
evalúe la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela
no es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracteriza las actuaciones judiciales. Por las razones
expuestas, la acción de tutela (se sugiere indicar que la queja sobre la indebida valoración
de la prueba, pues antes se hizo mención al incumplimiento de la subsidiariedad frente
al otro argumento de los actores) no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional, lo cual zanja su improcedencia.

Por todo lo anterior, se impone confirmar la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-01385-01
Accionante: Electro Hidráulicas S.A. Representaciones y otras
Resuelve impugnación

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de mayo de 2025, proferida por el Consejo
de Estado-Sección Primera, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

VF

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