Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-31-000-1998-06404-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-31-000-1998-06404-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 47001-23-31-000-1998-06404-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
17 de junio de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 (69.127)
47001-23-31-000-1998-06426-00 (acumulado)
Actores: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
(DIACONCI LTDA) Y OTROS
Demandados: DISTRITO DE SANTA MARTA
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Asunto: PRETENSIÓN DE NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN
DE UN CONTRATO ESTATAL
Síntesis del caso: los oferentes vencidos controvierten, a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y en vigencia de la Ley 446 de 1998, la legalidad de la
adjudicación de la licitación pública internacional número 01 de 1997 con la cual se
seleccionó al concesionario para la construcción, operación y mantenimiento del
acueducto del Río Guachaca y obras complementarias.
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes demandantes
de los procesos acumulados en contra la sentencia de 27 de abril de 2022, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró probada las
objeciones por error grave de los dictámenes periciales practicados en el curso
del proceso y denegó las pretensiones de las demandas.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda (expediente 47001-23-31-000-1998-06404-01)
Mediante escrito presentado el 31 de agosto de 1998 (fl. 25 cdno. 2), las
sociedades Electrohidráulica Ltda, Incoequipos SA, Arquitectos e Ingenieros
Asociados SA, Estudios Técnicos SA, JHM Consultoría Ltda y Conhydra EPS,
(integrantes que se denominaron grupo “Futura Asociación Concesionaria
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
Demandantes: Diseño y Construcciones Civiles Ltda - DIACONCI y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho
Tayrona SA”)1, promovieron demanda en ejercicio de la acción de controversias
contractuales en contra del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta
(Magdalena) con el fin de obtener las siguientes pretensiones:
“1. Que se declaren nulas las Resoluciones No. 229 del 07 de julio de
1998, mediante la cual se ‘declaró aceptadas unas propuestas y se
rechazó otras dentro de la licitación pública internacional No. 01 de 1997’
y la No. 259 del 27 de julio de 1998 por la cual ‘se resuelven los recursos
de reposición interpuestos contra la resolución No. 229 de 1998’ por falta
de motivación de hecho y de derecho.
2. Que se declare nula la Resolución No. 261 de julio 7 de 1998 expedida
por el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, acto
definitivo en virtud de la cual se adjudicó el contrato de concesión para
la construcción, operación y mantenimiento del acueducto del Río
Guachaca (…) al grupo de proponentes integrado por las firmas
Cortipacífico SA, Conalvías SA, Constructora Global SA, Conciviles SA
y Agremezclas SA, por falsa motivación de hecho y de derecho.
3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se
restablezca el derecho de las sociedades (demandantes) al haber
presentado la única oferta que era calificable y, por consiguiente, más
favorable para el Distrito (…) ordenando a los demandados en forma
solidaria a pagar a los demandantes, la utilidad dejada de percibir por la
inejecución del contrato, más el correspondiente reajuste al momento de
ejecución del mismo.
4. Se condena (sic) al DISTRITO (…) al pago del lucro cesante dejado
de percibir por los demandantes al no poder gozar de los valores a que
tenían derecho, de conformidad con los intereses corrientes establecidos
en la Ley 80 de 1993 y su decretos (sic) reglamentarios.
5. Se proceda en repetición en contra de los directos responsables de
las irregularidades cometidas en este proceso de adjudicación, según se
tuvo la oportunidad de manfestarse (sic) en los hechos de esta demanda
en contra de la sociedad SELFINVER BANCA DE INVERSIÓN quien
elaboró el informe del Comité Evaluador, así como del Alcalde del Distrito
de Santa Marta, JAIME SOLANO JIMENO, o de las personas que sean
llamadas en garantía para este efecto por parte de los demandados.
6. Que se actualicen los valores definidos por los conceptos anteriores,
a la fecha correspondiente de pago, con base en los intereses corrientes
establecidos en la Ley 80 de 1993 o los intereses reconocidos por el
Consejo de Estado, de inferior categoría monetaria, en casos ordinarios
de actualización de condenas.
7. Se de (sic) aplicación a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso
Administrativo.
propuestas “por dos o más personas”, además, con
1 El pliego de condiciones permitía presentar
independencia de la figura asociativa utilizada por los proponentes pluripersonales , imponía
“asumir expresamente el compromiso de constituir una sociedad anónima ESP, que tenga como
objeto social exclusivo la prestación del servicio objeto de la concesión en caso de ser
adjudicatario” (fl. 48 cdno. 10).
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
Demandantes: Diseño y Construcciones Civiles Ltda - DIACONCI y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho
8. Se condene en costas al DISTRITO (…).” (fls. 7-9 cdno. 2 –
mayúsculas fijas del origina).
1.1 Hechos
Como sustento fáctico de las pretensiones de la demanda se señaló, en síntesis,
el siguiente:
1) El 19 de enero de 1998 el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
(Magdalena) abrió la licitación pública internacional número 01 de 1997 cuyo
objeto fue la selección del concesionario para la construcción, operación y
mantenimiento del acueducto del Río Guachaca, a la cual se presentaron los
siguientes oferentes:
a) Sociedades Corfipacífico SA, Conalvías SA, Constructora Global SA, Conciviles
SA y Agremezclas SA (adjudicatarios).
b) Unión Temporal ACNEDI integrado por las sociedades Grupo Acciona SA,
Necso Entrecanales Cubiertas SA sucursal de Colombia, Construcciones Civiles
Ltda – DICONCI Ltda, Óscar Sánchez Velásquez y Norberto Garcés Alarcón.
c) Sociedades Alfredo Muñoz y Cia Ltda y Obras Especiales Obresca CA.
d) Sociedades K&M Engenerring & Consulting Corporation y Morrison Knudsen
International.
e) Integrantes de la “Futura Asociación Concesionaria Tayrona SA”, sociedades
Electrohidráulica Ltda, Incoequipos SA, Arquitectos e Ingenieros Asociados SA,
Estudios Técnicos SA, JHM Consultoría Ltda y Conhydra EPS.
2) Con el fin de calificar las propuestas el distrito demandado designó un comité
evaluador conformado por tres funcionarios de la firma Selfinver Banca de
Inversión, el cual recomendó descalificar la oferta de los demandantes por
considerar que, en lo correspondiente a la capacidad jurídica (i) no se presentó el
poder otorgado por el representante de la sociedad Arquitectos e Ingenieros
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
Demandantes: Diseño y Construcciones Civiles Ltda - DIACONCI y otros
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Asociados SA quien suscribe la propuesta, (ii) no se presentó el acta de junta de
socios en la cual se autorizó al gerente de la sociedad JHM Consultoría Ltda para
comprometer a la sociedad en la licitación, (iii) la póliza presentada no garantiza
a las proponentes sino a la “Futura Asociación Concesionaria Tayrona SA” y, (iv)
el proponente exige mecanismos para restablecer el equilibrio contractual cuando
existan cambios en la legislación tributaria nacional, lo cual contraría lo dispuesto
en el numeral 1.4.18 del pliego de condiciones; de otro lado, se desconoció,
indebidamente, la experiencia de algunas las sociedades oferentes sin tener en
cuenta en forma estricta las previsiones del pliego de condiciones.
3) Con sustento en el informe de evaluación y previo traslado de las objeciones
formuladas a este, el Distrito de Santa Marta expidió la Resolución número 259
de 7 de julio de 1998 por la cual rechazó el ofrecimiento de los demandantes.
4) Los demandantes presentaron recurso de reposición en contra de la Resolución
número 229 de 1998 la cual fue confirmada a través de la Resolución número 259
de 27 de julio de 1998 y, en la misma fecha, se adjudicó el contrato mediante la
Resolución número 261 de 1998.
1.2 Cargos
La demanda se sustentó en que la evaluación con sustento en la cual se realizó
la adjudicación fue contraria a la ley, al pliego de condiciones y a la realidad de
las propuestas presentadas, por lo siguiente:
1.2.1 Objeciones en relación con la evaluación de los demandantes
1) Las sociedades demandantes, para efectos de la presentación de la propuesta,
se agruparon con el nombre de “Futura Asociación Concesionaria Tayrona SA”
con el fin de poder participar en la licitación; la póliza número G-U01.0786942
expedida por la Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza SA amparó al
mencionado grupo de sociedades y sus integrantes fueron especificados en la
nota número 2 de la póliza; además, en la promesa de contrato de constitución de
la sociedad concesionaria consta, de manera específica e inequívoca, quiénes
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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son las sociedades oferentes, por lo cual la póliza sí cumplió con la finalidad de
amparar la seriedad de la oferta.
2) La ausencia de requisitos subsanables no era razón suficiente para rechazar
los ofrecimientos, por lo cual la administración debió permitir su subsanación y
requerirlos al oferente, lo cual no hizo.
3) La” “sugerencia en materia de impuestos” incluida en la propuesta no
condicionó o limitó su alcance toda vez que nunca indicaron que no asumirían los
impuestos, sino que, tan solo consideraron prudente precisar que, si el riesgo
tributario era de cargo del contratista, así debió precisarse en el pliego de
condiciones para efecto del cálculo de la tarifa a cobrar.
4) El pliego de condiciones no exigía “experiencia específica” en obras hidráulicas,
sanitarias o similares sino, únicamente, acreditar haber ejecutado “obras
similares”, razón por la cual fue ilegal desconocer la experiencia de algunos de los
integrantes de la “Futura Asociación Concesionaria Tayrona SA” en relación con
los siguientes aspectos específicos de la oferta:
a) Obra de rehabilitación Puente Salgar (sociedad Arquitectos e Ingenieros
Asociados SA):
La experiencia obtenida en este contrato consistió en el “relleno de protección en
las socavaciones del río para de esta manera lograr la recuperación ecológica y
morfológica” (fl. 16 cdno. 2), actividad que hacía parte de las obras sanitarias del
contrato, trabajo similar al que habría que realizarse en el contrato para el cual se
presentó la oferta.
b) Obra Cervecería Leona (sociedad Arquitectos e Ingenieros Asociados SA):
Consistió en la construcción de dos (2) plantas de tratamiento de aguas
residuales, las cuales no fueron tenidas en cuenta porque no se acreditó el
porcentaje de participación de la oferente, pese a que el pliego de condiciones no
señaló que la experiencia sería divisible; además, para evaluar el porcentaje de
participación respecto de otras experiencias (contrato ejecutado por
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Electrohidráulica Ltda para la construcción de la estación de Bombeo ‘Paso del
Comercio’) la entidad dividió aritméticamente entre el número de proponentes, sin
embargo, en el caso de la Cervecería Leona aplicó un criterio distinto.
c) Empresa Industrial e Inversiones Samper (Incoequipos):
La sociedad oferente realizó obras de descapote, explotación y cargue de caliza
y conformación de areniscas y lutitas en dos (2) misas de los municipios de
Moniquirá y La Calera, las cuales no fueron validadas porque no se realizó la
explotación de un recurso natural, pese a que la caliza es uno de estos tal como
lo prevé el artículo 1 de la Ley 141 de 1994 y está incluido en las obras del grupo
13 de la especialidad 02 del RUP.
d) Poblado Country (Arquitectos e Ingenieros Asociados SA):
Se desestimó esta experiencia porque no incluye obras de acueducto y
alcantarillado, sin embargo, en el conjunto de trabajos realizados se encuentra la
red de distribución de aguas negras y empradización que hacen parte de las obras
sanitarias y ambientales del RUP y el club no podía construirse sin realizarlas.
1.2.2 Objeciones en relación con la evaluación del adjudicatario
1) El adjudicatario solo cotizó dos (2) bombas sumergibles para la captación del
Río Guachaca pese a que en las adendas 4 y 7 quedó estipulado que se requerían
tres (3) de estas.
2) El adjudicatario no adjuntó la “propuesta de la fiduciaria y la carta de
compromiso correspondiente” exigidos en el pliego de condiciones como garantía
en favor del concesionario de los dineros que el Distrito recaudaría para el pago
del servicio; el ente territorial asumió dicha carga para suplir la falencia de la
propuesta lo cual violó la igualdad entre los oferentes.
1.2.3 Objeciones en relación con la evaluación de otros oferentes
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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Nulidad y restablecimiento del derecho
La Unión Temporal ACNEDI no aportó la promesa de futuro contrato de sociedad
que habría de constituirse en caso de resultar adjudicataria.
2. La demanda acumulada (expediente 47001-23-31-000-1998-06426-00)
1) A petición de parte, mediante auto de 10 de agosto de 2004, el tribunal de
primera instancia ordenó acumular el expediente número 47001-23-31-000-1998-
06426-00 al presente trámite, el cual corresponde a la demanda promovida el 26
de agosto de 1998 (fl. 14 cdno. 1) por otro grupo de proponentes vencidos,
constituido por las siguientes personas: Diseño y Construcciones Civiles Ltda,
Diconci Ltda, Necso Entrecanales y Cubiertas SA, Grupo Acciona SA, Norberto
Garcés Alarcón y Óscar Sánchez Velásquez, integrantes de la Unión Temporal
ACNEDI, quienes también reclaman que se les privó injustamente de la
adjudicación, por lo cual formularon las siguientes pretensiones:
“1. Que se declare nula la Resolución 261 del 27 de julio de 1998,
emanada del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, por
medio de la cual se adjudicó el contrato de concesión para la
Construcción, Operación y Mantenimiento del Río Guachaca (…).
2. Que son nulas además la Resolución 229 de julio 7 de 1998 y (…)
261 del 27 de julio de 1998 (…).
3. Que (…) la adjudicación del contrato le corresponde al grupo Unión
Temporal ACNEDI, integrado por las sociedades Grupo Acciona S.A.,
Necso Entrecanales y Cubiertas S.A. – sucursal de Colombia, Diseño y
Construcciones Civiles Ltda, Diconci Ltda y por Óscar Sánchez
Velásquez y Norberto Garcés Alarcón.
4. Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, se
restablece el derecho de las sociedades (demandantes) ordenando al
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y a los demás
demandados, paguen a los demandantes, la utilidad de construcción y
la utilidad de la concesión dejadas de percibir por la inejecución del
contrato, las cuales serán reajustadas con el IPC m{as 6 puntos desde
abril de 1998 hasta la fecha del fallo.
5. Que se condena al DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E
HISTÓRICO DE SANTA MARTA y a los demás demandados, al pago
del lucro cesante dejado de percibir por los demandantes, por la pérdida
del costo de la oportunidad, al no poder gozar de los valores a que
tenían justo derecho y en relación con las tasas de interés corriente
bancario de libre asignación o los que en su defecto consagra la Ley 80
de 1993 y el Decreto Reglamentario 679, entre la fecha de suscripción
del respectivo contrato y la del respectivo pago.
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
Demandantes: Diseño y Construcciones Civiles Ltda - DIACONCI y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho
6. Que se condene en costas al Distrito (…) y a los demás demandados
(…).” (fls. 1-2 cdno. 1 – mayúsculas fijas originales).
2) Las referidas pretensiones se formularon en contra de la entidad territorial
contratante y de los señores Agustín Calderón Serrada, Miguel Montes Swanson,
Magdalena Barón de Martínez y Mario Estrada Salas (integrantes del comité que
se encargó de evaluar las propuestas) y de la sociedad Selfinver Banca de
Inversión (para la cual laboraban los referidos evaluadores).
3) Por su parte, en el auto admisorio de la demanda se ordenó vincular como
litisconsortes de la parte pasiva a las sociedades adjudicatarias; Corfipacífico SA
se opuso a las pretensiones (fls. 311 y ss cuaderno despacho comisorio) por
considerar que cumplió los requisitos necesarios para ser contratista por lo cual
fue beneficiada con la adjudicación, pero, la decisión sobre quién sería el
contratista estuvo en cabeza de la entidad territorial quien es la eventual llamada
a indemnizar los daños cuya reparación se pretende; ante la imposibilidad de
notificarlas personalmente, las demás sociedades contratistas estuvieron
representadas por curador ad litem, quien solicitó que se profiera sentencia con
sustento en aquello que resulte demostrado en el proceso (fls. 148 – 152 cdno.
despacho comisorio).
2.1 Cargos de la demanda acumulada
1) La adjudicataria no presentó el compromiso fiduciario ni indicó el nombre de la
fiduciaria con la cual se suscribiría el correspondiente contrato para garantizar los
derechos económicos del concesionario, pese a lo cual, en contravía de lo
dispuesto en el pliego de condiciones y de la igualdad entre los oferentes, el
Distrito “anunció que presentaría el nombre de la fiduciaria, eximiendo de esta
obligación a ese oferente específicamente” (fl. 6 demanda).
2) El pliego de condiciones exigía incluir el costo de administración del fideicomiso
en los costos indirectos de la propuesta lo cual no hizo el adjudicatario.
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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Nulidad y restablecimiento del derecho
3) El adjudicatario no presentó la garantía bancaria que asegurara el pago de
aportes de capital porque esta fue expedida por uno de los integrantes del mismo
grupo.
4) Conciviles SA no acreditó la autorización de la sociedad al gerente general para
integrar el extremo contratante.
5) El adjudicatario no presentó la documentación técnica sobre las características
de las bombas, motores, tubería, sistema de control de monitoreo y otros a utilizar
en caso de adjudicación, lo cual conducía al rechazo de la prueba con sustent o
en numeral 6.5.2 del pliego de condiciones de la licitación.
6) El adjudicatario no ofertó el equipo exigido: solo cotizó dos (2) bombas
sumergibles pese a que se exigían tres (3), ni los conjuntos bomba – motor para
las estaciones de bombeo, ni el módulo adicional de 500 LPS para la planta de
tratamiento, equipo esencial para la ejecución del contrato el cual tiene un costo
directo de $5.330.421.890 incluido el AUI y, por tanto, tuvo incidencia directa en
el valor de la propuesta y en el menor costo propuesto por el adjudicatario.
7) La decisión sobre la adjudicación no fue motivada y hubo desviación de poder
por favorecimiento indebido en favor del adjudicatario, por el hecho de exonerarlo
de requisitos exigidos en igualdad de condiciones a todos los oferentes.
3. Contestaciones de las demandas
3.1 Distrito de Santa Marta
El ente territorial demandado se opuso a las pretensiones de ambas demandas
(fls. 1 – 8 cdno. 3) por las razones que se sintetizan a continuación:
1) No existieron irregularidades en la adjudicación y esta se ciñó a las reglas
establecidas en el pliego de condiciones.
2) La fiduciaria que garantizaría los derechos del distrito podía ser escogida por
este lo cual no violó la igualdad entre los oferentes.
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
Demandantes: Diseño y Construcciones Civiles Ltda - DIACONCI y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho
3) El pliego de condiciones no prohibió que alguna de las sociedades oferentes
otorgara la garantía bancaria exigida.
4) La contratista sí presentó el compromiso de constitución de sociedad futura.
5) En la adenda número 7 al pliego de condiciones no se especificó la cantidad de
bombas exigidas por lo cual la propuesta de la adjudicataria era admisible.
3.2 Selfinver Banca de Inversión, Miguel Montes Swanson y Magdalena
Barón de Martínez
Las referidas personas, demandadas en el expediente número 47001-23-31-000-
1998-06426-00 por el hecho de haber participado en la evaluación de las ofertas,
fueron notificados personalmente de la admisión de la demanda 2 y contestaron en
los siguientes términos:
1) Aunque las demandas se presentaron dentro de los treinta (30) días siguientes
a la notificación del acto administrativo de adjudicación del contrato materia de la
presente controversia, el auto admisorio de las demandas no fue notificado dentro
de los 120 días siguientes, por lo cual el término de caducidad no se tiene por
interrumpido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 90 del CPC.
2) El medio de control jurisdiccional ejercido es improcedente porque para el
momento de la presentación de las demandas ya se había suscrito el contrato
correspondiente y, en tal virtud, a partir de ese momento la nulidad de los actos
previos solo podía invocarse como sustento de la nulidad del contrato, lo cual no
hicieron los demandantes quienes se limitaron a proponer pretensiones de nulidad
y restablecimiento del derecho.
3) El informe de evaluación no constituye decisión sobre la adjudicación y contiene
una recomendación que puede ser acogida o rechazada por la entidad
contratante.
2 Los demás fueron emplazados por la imposibilidad de notificarlos, se les designó curador ad litem
y este guardó silencio.
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
Demandantes: Diseño y Construcciones Civiles Ltda - DIACONCI y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho
4) El informe rendido por los demandantes se fundamentó en el contenido de las
ofertas presentadas y en el pliego de condiciones.
3.3 Adjudicatarios
1) Las sociedades adjudicatarias fueron vinculadas en calidad de litisconsortes de
la parte pasiva; Corfipacífico SA fue notificado personalmente y se opuso a las
pretensiones con la excepción de inexistencia del demandado por encontrarse en
liquidación; adicionalmente alegó que cumplió con todos los requisitos exigidos en
la licitación pública en la cual el grupo del cual hizo parte resultó adjudicatario y
que no tuvo vínculo contractual con los demandantes en virtud del cual pueda ser
llamada a responder frente a estos.
2) Conalvías SA, Conciviles SA y Agremezclas SA no comparecieron a notificarse
personalmente de la admisión de las demandas por lo cual estuvieron
representadas por curador ad litem quien solicitó al tribunal resolver las
pretensiones con sustento en lo que resulte probado en el proceso (fls. 148 – 152
cdno. 1).
4. La sentencia apelada
El 27 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo del Magdalena denegó las
súplicas de las demandas (archivo sentencia índice 2 SAMAI) con sustento en las
razones que a continuación se resumen:
1) La acción ejercida por las demandantes es procedente porque con ella se
controvierte la legalidad de la adjudicación y del contrato; además, fue interpuesta
dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del acto administrativo
por medio del cual se seleccionó al contratista, al tiempo que el artículo 90 del
CPC no es aplicable en materia de caducidad a los casos de conocimiento de esta
jurisdicción porque dicha figura está regulada integralmente en el CCA.
2) El dictamen pericial practicado en el curso de proceso (decretado en el curso
del expediente número 47001-23-31-000-1998-06404-01) con el fin de establecer
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
Demandantes: Diseño y Construcciones Civiles Ltda - DIACONCI y otros
Nulidad y restablecimiento del derecho
la legalidad de los criterios tenidos en cuenta para la adjudicación y la utilidad
esperada del contrato incurrieron en error grave porque el primer perito designado
presentó un dictamen y se negó a rendir la adición ordenada a petición de parte,
razón por la cual se designó a un segundo experto quien, en forma indebida, fundó
sus conclusiones en la primera experticia.
3) El segundo dictamen pericial decretado a instancia de los demandantes en el
proceso 47001-23-31-000-1998-06426-00 con el propósito de analizar las ofertas
de todos los proponentes y cuantificar la utilidad esperada por estos con la
ejecución del contrato también incurrió en error porque los expertos (i) analizaron
el asunto como si se tratara de un contrato de obra y no de concesión y no
estuvieron acompañados de los modelos económicos de las propuestas que
permitan determinar las incidencias económicas específicas del contrato, (ii) ni se
sustentaron en una determinación seria y atendible de la tasa interna de retorno
que tendría el concesionario.
4) Aunque en la Resolución número 229 de 7 de julio de 1998 no se plasmaron
las razones por las cuales unos oferentes fueron descalificados, limitándose la
entidad a citar el informe de evaluación, ello sí se hizo cuando se decidió el recurso
de reposición interpuesto por los demandantes, en el cual se expuso la razón por
la cual la entidad acogió el informe de evaluación frente a cada punto materia de
debate.
5) No había lugar al rechazo de la propuesta de los adjudicatarios, por lo siguiente:
a) La carta de compromiso y el nombre de la fiduciaria no constituían un elemento
esencial de la oferta y no estaban descritos en el capítulo IV ni en el numeral 6.2
del pliego de condiciones; aunque en la adenda número 7 se dispuso que el
proponente debía presentar esta información, tal requisito era “insustancial”
porque no era necesario para la comparación de las propuestas.
b) La construcción del acueducto concesionado se realizaría en tres (3) etapas y
los formatos que hacían parte integral del pliego señalaban los items y cantidades
de obra a ejecutar, por lo cual no era necesario ni se les exigió a los oferentes
individualizar los equipos ofertados, por ende, no era causal de rechazo; la
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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obligación de acompañar la justificación técnica de los equipos solo era exigible
cuando se ofertara una alternativa a la exigida por la entidad, lo cual no ocurrió.
c) En los planos entregados por la entidad territorial se detalló el número de
bombas sumergibles requeridas y el número de bombas no era un criterio para la
calificación o descalificación de las propuestas y no incidían en las ofertas, debido
a que el pliego de condiciones no exigía presentar análisis detallado de precios
unitarios.
6) Por su parte, la oferta presentada por los integrantes de la “Futura Asociación
Concesionaria Tayrona SA” fue bien rechazada por lo siguiente:
a) La garantía de seriedad de la oferta no amparó a las personas jurídicas
oferentes sino a una inexistente para el momento de la presentación de la oferta
y la adjudicación, por lo cual estuvo bien rechazado el ofrecimiento, máxime
porque ese requisito sustancial no podía ser subsanado porque implicaba mejorar
el ofrecimiento, lo cual está prohibido en garantía de la igualdad entre los
prponentes.
b) La “sugerencia” en materia de impuestos contenida en la oferta de la “Futura
Asociación Concesionaria Tayrona SA”, según la cual su oferta se calculó con las
tasas impositivas vigentes y que debían preverse los mecanismos para equilibrar
el contrato en caso de cambios en la legislación colombiana, fue en realidad un
condicionamiento contrario a las estipulaciones del pliego de condiciones según
el cual el riesgo tributario lo asumía el concesionario, por lo cual, el rechazo de la
oferta estuvo justificado.
c) El pliego de condiciones previó de manera expresa que las “obras similares”
para efectos del cálculo de la experiencia exigida a los contratistas serían las
relacionadas con las siguientes especialidades del RUP: constructor, obras civiles
hidráulicas, obras sanitarias o ambientales, adicionales, líneas de conducción,
gasoductos y oleoductos, montajes relacionados con tuberías y equipos de
bombeo; sin embargo, la experiencia en la construcción de la obra denominada
“Puente Salgar” consistió en el relleno de socavaciones en el lecho del río y la
correspondiente a “Empresa Industria e Inversiones Samper” tenía que ver
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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únicamente con el cargue y descargue de materiales en la mina “La Esperanza”,
ambas labores ajenas a las especialidades exigidas según están descritas en el
Decreto 92 de 1998.
d) De otro lado, las certificaciones aportadas para acreditar la experiencia en las
obras “Cervecería Leona” y “Poblado Country” no permiten evidencia el porcentaje
de participación de las sociedades oferentes, por lo cual estuvieron fueron bien
desestimadas por la entidad territorial demandada.
8) El informe de evaluación de las ofertas era solamente un criterio orientador para
la entidad, no está probado que la finalidad de la adjudicación hubiera sido
contraria a los fines del buen servicio y el contrato fue adjudicado a la propuesta
que ofreció el mejor precio, tal como se había previsto en el pliego de condiciones,
por lo cual no se desvirtuó la legalidad de los actos administrativos demandados.
5. Los recursos de apelación
Los demandantes de uno y otro procesos apelaron la sentencia de primera
instancia, con el fin de que sea revocada y, en su lugar, que se concedan sus
respectivas pretensiones, por las razones que se resumen a continuación:
5.1 Integrantes del grupo “Futura Asociación Concesionaria Tayrona SA”
(exp. 47001-23-31-000-1998-06404-01)
La inconformidad de las sociedades Electrohidráulica Ltda, Incoequipos SA,
Arquitectos e Ingenieros Asociados SA, Estudios Técnicos SA, JHM Consultoría
Ltda y Conhydra EPS, integrantes de la denominada “Futura Asociación
Concesionaria Tayrona SA” (fls. 52 – 68 cdno. ppal.) con la sentencia de primera
instancia tiene que ver con los siguientes aspectos:
1) El tribunal erró por declarar probada la objeción por error grave del dictamen
pericial practicado a instancia de ese extremo procesal, pues, la sola circunstancia
de que el segundo perito designado se hubiera referido al trabajo del primero no
permite juzgar como erradas sus conclusiones; en la sentencia no se sustentó si
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el trabajo pericial incurrió en una inadecuada interpretación del objeto de la
prueba, único escenario en el cual podía declarar próspera la objeción.
2) La oferta de Futura Asociación Concesionaria Tayrona SA fue indebidamente
rechazada porque se aportó correctamente la garantía de seriedad de la
propuesta y en el texto de la póliza se hizo mención a cada una de las personas
oferentes y no solo a la futura sociedad y, en todo caso, dicha póliza era
subsanable porque no otorgaba puntaje; además, insistió en que su propuesta
económica no incluyó un condicionamiento en materia de estabilidad tributaria
sino, únicamente, una recomendación y todos los integrantes acreditaron en
debida forma la experiencia exigida, toda vez que estuvieron relacionadas con la
explotación de recursos naturales y el pliego de condiciones no exigía acreditar
los porcentajes de participación de cada oferente para validarla.
3) La propuesta de la Unión Temporal ACNEDI debió descalificarse porque no se
acompañó la promesa de futura sociedad como lo exigía el pliego de condiciones.
4) La oferta de los adjudicatarios debió ser rechazada debido a que no ofertaron
el equipo mínimo exigido ni cotizaron elementos esenciales para la concesión, lo
cual condujo que su oferta económica estuviera mal estimada.
5.2 Integrantes de la Unión Temporal ACNEDI (expediente 47001-23-31-000-
1998-06426-00)
Por su parte, las sociedades Grupo Acciona SA, Necso Entrecanales Cubiertas
SA sucursal de Colombia, Diseño y Construcciones Civiles Ltda – DICONCI Ltda
y los señores Óscar Sánchez Velásquez y Norberto Garcés Alarcón, integrantes
de la Unión Temporal ACNEDI cuestionaron la sentencia de primera instancia (fls.
43 – 50 cdno. ppal.) en los siguientes términos:
1) El tribunal erró en declarar probada la objeción por error grave de los
dictámenes periciales, porque lo hizo con sustento en su apreciación de los juicios
e inferencias de los peritos y no por la existencia de un verdadero yerro respecto
del objeto examinado. La circunstancia de haber citado el primer dictamen rendido
por el perito a la postre relevado no tiene, por sí misma, la virtualidad de minar el
valor probatorio de la experticia.
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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2) Los peritos no confundieron el objeto del dictamen; para analizar la utilidad
dejada de percibir era necesario que se tuviera en cuenta que el contrato tenía
una fase de construcción y otra de operación; la primera de estas tenía un AUI
porque podía conocerse el valor de la inversión a realizar y el precio se pagaría al
terminar la construcción; por su parte, otras serían las utilidades de la fase de
operación, las cuales también deben indemnizarse.
3) El tribunal reconoció que el acto de adjudicación no estuvo debidamente
motivado y se limitó a aceptar las conclusiones del comité evaluador, lo cual
conduce, necesariamente, a decretar su nulidad.
4) El grupo adjudicatario no cumplió los requisitos del pliego de condiciones
porque no informó el nombre de la fiduciaria ni aportó la carta de compromiso de
constituirla con el fin de garantizar los recursos recaudados por el distrito en favor
del concesionario, lo cual se exigió expresamente en el pliego de condiciones; la
administración lo benefició indebidamente por el hecho de exonerarlo de ese
requisito, en contravía de la igualdad entre los proponentes, cuestión que el
tribunal omitió resolver.
5) La adjudicataria cotizó equipo menor al exigido, no aportó las especificaciones
técnicas, la garantía bancaria fue expedida por uno de sus integrantes y el
represente de uno de ellos no estaba autorizado para presentar la oferta, lo cual
conducía al rechazo de la propuesta; los equipos que dejaron de cotizarse por el
adjudicatario tenían un significativo valor, superior a cinco mil millones de pesos,
lo cual permitió una menor tarifa y determinó la adjudicación en su favor.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Surtido el trámite procesal, sin que se advierta nulidad que lo invalide,
corresponde resolver de fondo, para lo cual se seguirá el siguiente derrotero: (i)
objeto de la controversia y anuncio de la decisión, (ii) pretensiones de nulidad de
los actos administrativos precontractuales en vigencia del artículo 32 de la Ley
446 de 1998, (iii) motivación del acto de adjudicación, (iv) el adjudicatario fue
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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debidamente habilitado por la entidad contratante en el curso de la licitación
pública internacional número 001 de 1997 del Distrito de Santa Marta, (v) las
objeciones por error grave en contra de los dictámenes periciales y, (vi) costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Las demandas, promovidas por dos distintos oferentes vencidos, se dirigen a
obtener la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se adjudicó
una licitación pública y la reparación de perjuicios por la utilidad que cada uno
esperaba obtener, por considerar, cada uno de ellos, que su oferta era la mejor y,
por ende, que debió ser favorecida con la adjudicación; el contrato está regido por
la Ley 80 de 1993 en los precisos términos del artículo 2 de dicho ordenamiento
porque los suscribe una entidad territorial en calidad de contratante.
El tribunal de primera instancia denegó las súplicas de ambas demandas por
estimar que el contrato fue adjudicado en legal forma, en aplicación de las reglas
del pliego de condiciones, decisión que los apelantes no comparten.
La Sala modificará la decisión de primera instancia y se inhibirá de emitir decisión
de fondo en relación con las pretensiones del expediente 47001-23-31-000-1998-
06404-01, toda vez que la demanda fue presentada con posterioridad a la
suscripción del contrato estatal de concesión número 001 de 26 de agosto de
1998, por lo cual la nulidad de los actos previos solo podía reclamarse como
fundamento de la nulidad del contrato, lo cual no hicieron los demandantes en
dicho proceso, quienes no cuestionaron la legalidad del negocio jurídico.
De otro lado, se confirmará lo decidido por el tribunal de primera instancia en tanto
denegó las súplicas de la demanda promovida en el proceso identificado con el
número de radicación 47001-23-31-000-1998-06426-00, toda vez que no se
demostró que la propuesta del adjudicatario del contrato hubiera sido habilitada
en contravía de las reglas que rigieron el procedimiento de selección del
contratista.
Finalmente, se mantendrá la sentencia apelada en relación con la decisión de
declarar prósperas las objeciones por error grave en contra de los dictámenes
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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periciales toda vez que los peritos confundieron el objeto y tipología del contrato
lo cual condujo a que las conclusiones entregadas no correspondan con la
realidad de la licitación pública ni del contrato producto de esta.
2. Pretensiones de nulidad de los actos administrativos precontractuales en
vigencia del artículo 32 de la Ley 446 de 1998
1) El artículo 32 de la Ley 446 de 7 de julio de 1998 reformó el artículo 87 del
Decreto-ley 01 de 19843 y dispuso que la vía procesal adecuada para pretender
la nulidad de los actos precontractuales era la de nulidad y restablecimiento
dentro de los treinta días siguientes a su notificación; sin embargo, también previó
que una vez suscrito el contrato la ilegalidad de los actos previos solo podía
reclamarse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato:
“ARTÍCULO 87. De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes
de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y
que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que
se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al
responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y
condenas. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con
ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las
acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el
caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o
publicación.
La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la
celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de
los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad
absoluta del contrato.” (resalta la Sala).
2) En esas condiciones, la separabilidad de los actos precontractuales para
efectos de su control judicial quedó restringida a que la demanda se promueva
antes de la celebración del contrato; luego de ello, por disposición legal, solo
podía invocarse la invalidez de la adjudicación como fundamento de la nulidad
del contrato.
3) La disposición en cita fue demandada mediante la acción de
inconstitucionalidad con el argumento de que esa restricción procesal impedía a
los ciudadanos acceder a la administración de justicia y violaba el debido proceso
3 Las normas procesales aplicables a la controversia son aquellas vigentes en la época de la
presentación de la demanda, razón por la cual la Sala se abstiene de analizar el asunto a la luz de
las normas del CPACA que regulan de forma distinta el asunto.
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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por el hecho de imponer demandar el contrato cuando ello puede no ser la
intención del afectado, al tiempo que dejaba la definición de la acción en manos
de quien tiene a su cargo la suscripción del contrato. En sentencia C-1048 de
2001 la Corte Constitucional la declaró exequible por considerar que no
desprotege los intereses de los terceros afectados y deja abierta la posibilidad de
cuestionar los actos precontractuales con base en las reglas definidas por el
legislador. Así lo resolvió:
“La expresión, ‘(u)na vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos
previos solamente podrá invocarse como fundamento de la nulidad
absoluta del contrato’, a juicio de la Corte es indicativa de la
voluntad del legislador de fijar un límite a la separabilidad de los
actos previos, definiendo que a partir de la firma del contrato tales
actos se hacen inseparables del mismo.
De su parte, la interpretación del demandante, si bien es acertada
en cuanto reconoce que la suscripción del contrato extingue
anticipadamente el término de caducidad (como consecuencia de la
extinción de las acciones no contractuales), resulta equivocada en
cuanto afirma que dicha extinción tiene el alcance de impedir la
defensa judicial de los intereses de terceros participantes en la
actividad precontractual. La disposición no desprotege estos
intereses, pues conforme ella misma lo señala en su tercer inciso,
dichos terceros, por tener un interés directo, pueden pedir la
nulidad absoluta del contrato con fundamento en la ilegalidad de
los actos previos. No quedan por ende desamparados, pues esta
acción satisface sus pretensiones, amén de que dicha nulidad
absoluta, por las mismas razones, también puede ser invocada por
el Ministerio Público, o aun ser declarada de oficio por el juez
administrativo.
(…).
De esta manera, la Corte entiende que actualmente los terceros pueden
demandar la nulidad de los actos previos al contrato, a través de las
acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del
término de caducidad de 30 días siguientes a su comunicación,
notificación o publicación. Pero que una vez expirado este término o
suscrito el contrato, desaparece la posibilidad de incoar tales acciones
respecto de esta categoría de actos previos. A partir de ese momento,
los referidos actos previos sólo podrán ser impugnados a través de
la acción de nulidad absoluta, la cual puede ser incoada, entre otras
personas, por los terceros con interés directo -interés que ha sido
reconocido por la jurisprudencia del h. Consejo de Estado como existente
en cabeza de los licitantes o proponentes-. En este caso, la ilegalidad de
los actos previos se puede alegar como fundamento de la nulidad
absoluta del contrato.” (se resalta).
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4) En relación con la posibilidad de acudir al estrado judicial para discutir la
legalidad de los actos previos al contrato esta Corporación ha señalado
precisamente lo siguiente:
“(…) Ante la celebración del contrato estatal, los actos previos de
la administración se tornan en inseparables del negocio jurídico, lo
cual significa que su control solamente puede incoarse mediante
la acción de controversias contractuales, a través de la pretensión
de nulidad absoluta del contrato, fundamentada en la nulidad de
los actos previos –entre ellos, el acto de adjudicación-.
Estas condiciones, impuestas para la impugnación judicial de los actos
previos, han sido consideradas por la Corte Constitucional como
requisitos congruentes y ajustados al ordenamiento jurídico, toda vez
que proveen estabilidad al proceso de selección sin coartar las garantías
de todos aquellos que se consideren perjudicados; a la vez que dotan
de firmeza al contrato una vez este ha sido suscrito, al permitir que solo
pueda ser discutido judicialmente por el Ministerio Público, las partes o
un tercero que acredite un interés directo. Sobre el particular, el alto
Tribunal Constitucional ha manifestado:
`(…) Estos límites, a juicio de la Corte, pretenden dar agilidad al proceso
licitatorio, y estabilidad a las etapas surtidas del mismo, proceso que se
dificultaría en exceso si cada uno de los actos administrativos
separables se sometiera a plazos de caducidad más extensos, y a la
acción de simple nulidad sin término de caducidad, según la regla
general. Y de otro lado, las limitaciones comentadas también pretenden
contribuir a la firmeza del contrato administrativo una vez que este ha
sido suscrito, poniéndolo al amparo de todo tipo de demandas
provenientes de terceros sin interés directo y ajenos a la relación
contractual. Ahora bien, estos límites en principio no tienen el alcance
de eliminar ni la protección de los derechos de terceros interesados
(quienes pueden impugnar los actos que los perjudiquen dentro del
plazo de los treinta días que señala la disposición), ni la del interés
general, pues éste, después de la celebración del contrato, puede ser
protegido a través de la acción de nulidad absoluta del contrato, que
puede ser alegada por las partes, por el agente del ministerio público,
por cualquier persona que acredite un interés directo, o declarada de
oficio9` (se subraya).
En este orden de ideas, se insiste que, el límite de la separabilidad de
los actos previos se traza una vez se cumple el plazo de los 30 días ya
referenciado o, cuando se suscribe el contrato, por cuanto desde ese
momento tales actos se tornan en inseparables del mismo, lo que hace
ineludible que su control judicial se ejerza mediante el ejercicio de la
denominada acción de controversias contractuales, como mecanismo
procedente para escrutar la presunción de legalidad de los aludidos
actos previos.” (negrillas adicionales).
5) Debido al interés que les asistía a los oferentes vencidos para demandar, tenían
la carga de informarse sobre los pormenores relativos a la firma del contrato,
documento que era de libre acceso al público; en sentencia C-712 de 2005 la
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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Corte Constitucional examinó nuevamente la constitucionalidad del artículo 87 del
CCA y precisó lo siguiente respecto del conocimiento de la suscripción del contrato
por parte del oferente vencido:
“[C]onsidera la Corte que la disposición en comento impone una
carga procesal mínima a los interesados en ejercer la acción de
nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos
precontractuales, a saber, la de estar debida y oportunamente
informados, por medio de los canales públicos establecidos en la ley,
sobre la fecha en que según los pliegos de condiciones, términos de
referencia o actos administrativos pertinentes habrá de suscribirse el
contrato administrativo correspondiente. Se trata de una carga que no
resulta manifiestamente desproporcionada ni irrazonable, y que -se
reitera- es de fácil cumplimiento, por la naturaleza pública tanto de
los pliegos de condiciones y términos de referencia como de los
actos administrativos mediante los cuales se introduzcan
modificaciones a la fecha de celebración del contrato inicialmente
prevista (art. 24, Ley 80 de 1993)”. (resalta la Sala).
6) En este caso particular el pliego de condiciones previó, de manera inequívoca
que “una vez efectuada la adjudicación, se procederá con la firma del contrato de
concesión dentro de los VEINTE (20) días hábiles siguientes a la fecha de
adjudicación, con la sociedad que el adjudicatario deberá constituir para tal efecto”
(fl. 57 cdno. 10), estipulación que se reiteró en el artículo tercero del acto de
adjudicación en cual se indicó lo siguiente:
“ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de esta adjudicación, el grupo
proponente deberá constituir la Sociedad Concesionaria S.A. E.S.P de
conformidad con el ítem 4.4. del pliego de condiciones dentro de la licitación
No. 01 de 1997 y su propia propuesta, dentro del término que permita el
cumplimiento del plazo de veinte (20) días hábiles indicado en el ítem 7.2 y
7.3 para la suscripción del contrato de concesión”.
7) Así las cosas, los demandantes debían informarse acerca del estado de dicha
actuación con el fin de acatar las normas procesales vigentes que regulaban la
forma de atacar la validez de los actos precontractuales; no obstante, en contravía
de lo dispuesto en las normas procesales aplicables, en este caso concreto, los
demandantes pretenden cuestionar, separadamente, la legalidad de los actos
precontractuales sin cuestionar la validez del negocio jurídico, lo cual no era
posible con sustento en el régimen legal aplicable para la época.
8) Está probado en este asunto que las demandas se presentaron en las
siguientes fechas:
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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a) Expediente 47001-23-31-000-1998-06404-01, demandantes integrantes del
grupo “Futura Asociación Tayrona SA” el 31 de agosto de 1998 (fl. 25 cdno. 2).
b) Expediente 47001-23-31-000-1998-06426-00, demandantes integrantes de la
Unión Temporal ACNEDI, el 26 de agosto de 1998 (fl. 14 cdno. 1).
9) En los referidos términos, la demanda de los integrantes del grupo “Futura
Asociación Concesionaria Tayrona SA” con la cual se dio inicio al proceso que se
tramitó con el número 47001-23-31-000-1998-06404-01 fue promovida en forma
posterior a la suscripción del contrato, el cual se firmó el 26 de agosto de 2008 (fl.
750 cdno. 4), por lo cual, en ese momento, la validez de los actos previos solo
podía reclamarse con fundamento en la nulidad absoluta del contrato, por
consiguiente, como así no lo hicieron los demandantes, la demanda es inepta, lo
cual impone modificar el fallo apelado para declarar probada, de oficio, la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.
10) No ocurre lo mismo en relación con las pretensiones de la Unión Temporal
ACNEDI, las cuales se tramitaron con el número de radicación 47001-23-31-000-
1998-06426-00, pues, la demanda fue presentada el mismo día de la firma del
contrato y no es posible establecer probatoriamente si lo fue antes o después de
la firma del contrato, porque el sello de radicación de la demanda se estampó en
forma manual y no consta la hora exacta de presentación, así como tampoco es
posible establecer la hora de la suscripción del contrato; en esas condiciones, se
impone garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y resolver de
fondo, únicamente, respecto de las pretensiones del referido expediente, en el
entendido de que antes de la suscripción del contrato sí era posible demandar
separadamente el acto de adjudicación y no se probó que la demanda sea
posterior a la firma del contrato.
3. Motivación del acto de adjudicación
1) La parte apelante insiste en que el acto de adjudicación demandado no fue
motivado y que la motivación presentada por la entidad territorial al momento de
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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resolver el recurso de reposición interpuesto por los afectados no subsana dicha
transgresión del debido proceso.
2) Contrario a ese entendimiento se verifica que la Resolución de adjudicación
número 261 de 27 de julio de 1998 tuvo como antecedente la Resolución 229 del
día 7 anterior, en la cual se rechazaron las ofertas formuladas por las siguientes
personas:
-Futura Asociación Tayrona, integrada por las Sociedades Electrohidráulica Ltda,
Incoequipos SA, Arquitectos e Ingenieros Asociados SA, Estudios Técnicos SA,
JHM Consultoría Ltda, Conhidra ESP.
-Alfredo Muñoz y Cia Ltda y Obras Especiales Obresca SA.
-K&M Engeneering and Consulting Corporation, Morrison Knudsen Internacional
INC e Ingesam Ltda.
Por su parte, se declararon elegibles las siguientes ofertas:
-Corfipacífico SA, Conalvías SA, Constructora Global SA, Conciviles SA y,
Agremezclas SA.
-Unión Temporal ACNEDI integrada por Grupo Acciona SA, Necso Entrecanales
Cubiertas SA Sucursal Colombia, Diseño y Construcciones Civiles Ltda, Diseño y
Construcciones Civiles LTDA DICONCI LTDA.
3) Para efecto de resolver cuáles eran las propuestas admisibles, el Distrito de
Santa Marta indicó que “estudiado el informe evaluativo el Alcalde Mayor acogió
las recomendaciones efectuadas por el Comité” (fl. 44 cdno. 2) y así lo plasmó en
el acápite resolutivo de la Resolución número 229.
4) Ciertamente, fue aportada como prueba en el presente proceso la evaluación
jurídica y técnica de las ofertas contenida en el acta de 6 de julio 1998 en la cual
se resolvieron todas las observaciones de los proponentes respecto de la
evaluación preliminar de 19 de junio de 1998, con el fin de determinar cuáles de
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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estos quedaron habilitados (fl. 518 cdno. 3); en el cuaderno número 6 del
expediente (fls. 1 – 38) se encuentra el documento en el cual los evaluadores se
refirieron en forma pormenorizada a todas y cada una de las observaciones de los
proponentes en relación con la evaluación de las ofertas, documento en el que
constan los motivos que llevaron a considerar a la administración que solo dos de
estas quedaron habilitadas, cuyo contenido fue expresamente acogido por el
ordenador del gasto.
5) La jurisprudencia de esta Corporación4 ha aceptado que la motivación del acto
administrativo por medio del cual se adjudica un contrato estatal puede aparecer
desarrollada no solamente en el texto del propio acto, sino que, también puede
aparecer en otros documentos expresamente referenciados, tales como los
informes de evaluación, cuando es inequívoca la voluntad de la administración de
incorporarlos a la decisión, en los siguientes términos:
“El acto de adjudicación se entiende bien motivado, como lo exige la
ley en estos eventos, pese a que su considerando no sea muy
explícito porque hay que entender incorporada a su motivación las
razones analizadas en la reunión de la Junta de Licitaciones del día
5 de septiembre de 1989 (ver acta # 05).
(…).
Aunque si bien es cierto la doctrina ha dicho que cuando el acto debe
ser motivado (y el de adjudicación no es la excepción) los motivos se
deben expresar en el cuerpo del mismo, no es menos cierto que esa
misma doctrina acepta que esa motivación puede aparecer en otros
documentos expresamente referenciados, sin que sea menester
repetir sus textos.”.
6) En forma más reciente esta Sección5 precisó que las razones contenidas en los
informes de evaluación se han de entender incorporadas al acto de adjudicación:
“Ahora bien, debe recordarse que la Sala ha considerado que la
motivación del acto de adjudicación no implica que en su texto deban
encontrarse consignadas todas y cada una de las razones que
determinaron su expedición, puesto que aunque la parte considerativa
no sea muy explícita, hay que entender incorporadas a su motivación
4 Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia de 1° de octubre de 1992, exp. 6.920, MP Carlos
Betancour Jaramillo.
5 Consejo de Estado – Sección Tercera– Subsección A, sentencia de 12 de septiembre de 2012,
exp. 24.938, MP Mauricio Fajardo Gómez.
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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las razones analizadas en la evaluación de las ofertas o debatidas en
la Audiencia Pública de Adjudicación”.
7) Adicionalmente, en este caso la Resolución número 229 fue recurrida en
reposición por algunos la Unión Temporal ACNEDI y por los integrantes de la
Futura Asociación Tayrona con sustento en los argumentos que luego plantearon
en las demandas con las cuales promovieron el presente proceso; los referidos
recursos fueron decididos mediante la Resolución número 259 de 27 de julio de
1998, en la cual se consignaron en forma expresa e inequívoca las razones para
mantener lo decidido respecto de las propuestas habilitadas (fls. 49 – 64 cdno. 2).
Nótese que este trámite se surtió en forma previa a la adjudicación, con lo cual se
evidencia que los interesados conocieron las razones de la administración para
determinar las ofertas habilitadas.
8) De otro lado, durante la audiencia de adjudicación los proponentes insistieron
en sus observaciones, ante lo cual el Distrito de Santa Marta indicó que esta
fueron materia de decisión expresa durante la etapa de observaciones al informe
de evaluación (fl. 354 cdno. 3) y en los actos administrativos antes mencionados,
por lo cual procedió a adjudicar al oferente con la tarifa más baja, según lo reglado
en el pliego de condiciones.
9) En ese contexto, es evidente que la decisión sobre los oferentes habilitados y
la selección de la mejor propuesta sí fue motivada en forma expresa, concreta e
inequívoca, los oferentes conocieron las razones de la administración para
rechazar unas ofertas, aceptar otras y escoger al ganador, argumentos que
pudieron controvertir ampliamente en el presente proceso judicial, razón por la
cual el cargo de ausencia de motivación no podía prosperar tal como lo declaró el
tribunal de primera instancia.
4. El adjudicatario fue debidamente habilitado por la entidad contratante en
el curso de la licitación pública internacional número 001 de 1997 del
Distrito de Santa Marta
De otra parte, la Unión Temporal ACNEDI sustentó la demanda en supuestas
falencias de la oferta del adjudicatario del contrato número 001 de 1998, el cual,
a su juicio, no fue debidamente habilitado porque (i) no presentó el compromiso
fiduciario ni el nombre de la fiduciaria que garantizaría el pago de los derechos
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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económicos en favor de la entidad concedente, (ii) no incluyó el costo de la
administración del referido fideicomiso en el valor de la propuesta, (iii) presentó
en forma indebida la garantía bancaria de los aportes de capital de sus
integrantes, (iv) uno de sus miembros no acreditó haber autorizado al gerente
general para integrar el extremo contratante, (v) no presentó las características
técnicas de los equipos ofertados y, (vi) cotizó menos equipo del mínimo exigido
lo cual determinó que su ofrecimiento fuera inferior en precio, aspectos que la Sala
analizará a continuación para determinar si impedían o no la adjudicación del
contrato en su favor.
4.1 Compromiso fiduciario y costo de la administración del fideicomiso
1) En el pliego de condiciones se determinó que el concesionario tendría derecho
al pago de una tarifa por la prestación del servicio de acueducto, obligación en su
favor que sería garantizada, en los términos del numeral 1.11 del pliego, por el
Distrito de Santa Marta y/o Metroagua SA ESP, quienes quedarían obligados a
suscribir el contrato correspondiente con el fin de transferir para su administración
los recursos que por la prestación del servicio recauden en favor del contratista,
en los siguientes términos:
“La fiducia se constituirá de acuerdo con los siguientes
procedimientos:
1. EL DISTRITO DE SANTA MARTA y/o METROPLUS SA ESP o
quien haga sus veces, cederá en favor de la Fiduciaria, en su calidad
de administradora fiduciaria, la propiedad de los flujos
correspondientes a los servicios de acueducto y alcantarillado de la
zona del Rodadero, Rodadero Sur y Gaira, recaudados a través de los
bancos y corporaciones de ahorro y vivienda (…) para estos efectos
EL DISTRITO DE SANTA MARTA se obliga a recibir en cuentas
separadas los recursos provenientes del recaudo de la venta de
servicios de acueducto y alcantarillado provenientes de la facturación
comprometida, de los demás conceptos de los cuales pueda ser titular
EL DISTRITO DE SANTA MARTA (…).
2. La transferencia del flujo a que se refiere el numeral anterior se hará
por el período de operación, esto es, los dieciocho años y seis meses
de explotación de la concesión.
3. EL DISTRITO DE SANTA MARTA suscribirá la fiducia en garantía,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el
CONCESIONARIO presente para la firma el contrato de fiducia, en los
términos de la minuta que se anexa a estos pliegos.
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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(…).
La fiduciaria y el contrato de fiducia deberán ser parte de la
propuesta del PROPONENTE. El contrato de fiducia se ceñirá en
todo a una minuta incluida como anexo de estos pliegos, y no
estará sujeto a negociación alguna. El costo de la garantía será a
cargo del CONCESIONARIO.” (fl. 265 cdno. 2 – se resalta).
2) En la adenda número 7 del pliego de condiciones se modificó el numeral 1.11
del pliego y se incluyó la siguiente estipulación en relación con la referida garantía
fiduciaria: “El proponente presentará el nombre de la Fiduciaria y la carta en la
cual esta se compromete a firmar el contrato fiduciario de acuerdo con la minuta
que se anexa a los pliegos” (fl. 327 cdno. 3).
3) No es un hecho discutido en el proceso que el adjudicatario no presentó la
información de la fiduciaria ni la carta de compromiso para la suscripción del
contrato de fiducia y así se verifica luego de revisar el contenido de la propuesta;
sin embargo, la ausencia de la información sobre la fiduciaria y de la carta de
compromiso no fue establecida en el pliego de condiciones como causal de
rechazo de las propuestas, aspecto sobre el cual dispuso:
“Con posterioridad al cierre de la licitación, el DISTRITO DE SANTA
MARTA en primer lugar verificará que la propuesta contenga toda la
información requerida en el capítulo 4 de presente pliego.
La omisión de cualquiera de los documentos descritos en el capítulo 4
y en los ordinales 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14 del numeral 5.56 del
presente pliego, que se refiere al contenido del sobre uno (1), será
causal de rechazo de la propuesta.
El DISTRITO DE SANTA MARTA se reserva el derecho de requerir
aclaraciones e información complementaria. El proponente tendrá un
plazo de CINCO (5) DÍAS calendario para responder el requerimiento.
En esta etapa los oferentes no podrán entregar documentos e
información extemporánea que busque mejorar, completar o modificar
la propuesta.” (fl. 117 cdno. 2 - mayúsculas fijas del original).
La exigencia consistente en indicar el nombre de la fiduciaria y la carta de
compromiso correspondiente no quedó contenida en el numeral 4 ni en el 5.5 del
pliego de condiciones, sino, únicamente, en el numeral 1.11 de este.
6 Inicialmente el pliego se refirió al numeral cero (0) yerro que fue corregido mediante adenda
número 1 (fl. 241 cdno. 2).
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4) En los términos del artículo 25 numeral 15 de la Ley 80 de 1993 vigente en la
época de la licitación, “la ausencia de requisitos o la falta de documentos
referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la
comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los
ofrecimientos hechos”, por lo cual, por tratarse de una información no necesaria
para la comparación de las propuestas podía ser subsanada. En efecto, de
conformidad con el numeral 6.4 del pliego de condiciones “de entre todas las
propuestas, aquella de menor tarifa en pesos por m 3 será considerada ganadora
de la licitación” (fl. 55 cdno. 1), siendo el precio el único factor de ponderación
establecido.
5) La entidad contratante decidió no requerir al contratista para la presentación de
la información, sino que, asumió directamente la escogencia de la fiduciaria con
la siguiente argumentación contenida en la Resolución número 259 de 27 de julio
de 1998 demandada en el presente proceso:
“(…) dicha información, de conformidad con los pliegos de condiciones,
no constituye ni podía constituir elemento sustancial de la oferta y, por
ende, constituirse su omisión en motivo de rechazo de propuesta, toda
vez que se trata de establecer una fiducia como garantía para el
concesionario y, por consiguiente, podrá seleccionarse la fiduciaria por
el Distrito (con el lleno de las formalidades de ley) sin que con ello se
esté favoreciendo a ninguno de los proponentes.
Adicionalmente, debe decirse que el costo de dicho servicio fiduciario,
definido por el pliego a cargo del concesionario, se entiende, de todas
maneras, asumido por el proponente respectivo, definido en su
propuesta con cargo al rubro de indirectos globalmente considerados
(…) por lo demás, es claro que, de conformidad con el pliego, el
adjudicatario de la licitación se hará cargo de la ejecución del proyecto,
en las condiciones exigidas en el mismo, y que como remuneración
tendrá la tarifa definida junto con los aportes del Distrito preestablecidos,
sin que el olvido u omisión de presupuestar en su propuesta algún ítem
o costo necesario pueda constituirse en causa o fuente de reclamo
alguno.
Finalmente, debe aclararse que ni en los pliegos ni en los adendos se
previó que la falta de información a que nos referimos, constituyera
causal o motivo de rechazo de propuesta ni la documentación
respectiva está señalada como uno de los documentos que debía estar
contenido en el sobre número 1”. (fl. 57 cdno. 2).
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6) En efecto, el formato - modelo de contrato de fiducia hacía parte integral del
pliego de condiciones por lo cual fue aceptado por todos los proponentes y en este
se precisó en forma expresa que la remuneración de la fiduciaria sería de cargo
del concesionario (fl. 136 cdno. 2); por su parte, la remuneración del concesionario
consistía en el pago de una tarifa mensual “equivalente al valor agregado
correspondiente a cada m3 de agua, por su captación, transporte, potabilización
y puesta a disposición del DISTRITO DE SANTA MARTA y/o quien haga sus
veces en su punto de entrega a la salida de la planta (…) ofrecida por el
concesionario en su propuesta” (fl. 164 cdno. 2 – mayúsculas fijas originales), la
cual incluía todos los costos directos e indirectos asumidos por el concesionario,
por lo cual el hecho de incluir o no el valor de la fiducia no tenía la virtualidad de
afectar el precio del contrato; según el pliego de condiciones:
“5.6 (…) la tarifa ofrecida cubrirá todos los costos fijos y variables
de la concesión e incluirá todos los costos directos e indirectos,
generales, financieros, beneficios, impuestos y de cualquier otro
tipo en que incurra el CONCESIONARIO para el correcto
cumplimiento del objeto de la concesión y la ejecución de las obras que
se requieren en este pliego y la operación del sistema, no habiendo
ningún otro tipo de compensación por parte de EL DISTRITO DE
SANTA MARTA, excepto la señalada en el numeral 1.4.25 del presente
pliego.
La tarifa ofrecida no podrá ser mayor de cuatrocientos noventa y cuatro
pesos de 1997 por m3 ($494/m3). Las propuestas que no cumplan esta
condición serán inmediatamente rechazadas” (fl. 116 cdno. 2 – negrillas
de la Sala, mayúsculas fijas originales).
7) Tampoco es de recibo el argumento que el hecho de no presupuestar dicho
costo incidió en la posibilidad de ofrecer una tarifa inferior, pues, no hay evidencia
de los componentes que se tuvieron en cuenta para calcular la tarifa ofrecida y,
se insiste, esta debía incluir la remuneración de todos los costos y gastos a cargo
del concesionario.
8) En ese contexto probatorio, la omisión de aportar el nombre de la fiduciaria y la
carta de compromiso correspondiente no tenía la virtualidad de descalificar a la
propuesta adjudicataria y, por ende, haber permitido la participación del oferente
pese a dicha falencia formal no vició el acto de adjudicación, por lo cual se
confirma en este aspecto la sentencia de primera instancia.
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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4.2. La garantía bancaria de los aportes de capital de los integrantes del
grupo adjudicatario
1) En el numeral 5.5 del pliego de condiciones se exigió que los oferentes deberían
presentar “9. Garantía bancaria que asegure el pago de los aportes de capital por
parte de los socios de la sociedad concesionaria, según lo establecido en este
pliego” (fl. 115 cdno. 2); como el pliego de condiciones no explicitó las
características de dicha garantía ni prohibió que esta fuera otorgada por algún
oferente, no podía válidamente la entidad contratante rechazar un ofrecimiento
con sustento en condiciones que no fueron explicitadas durante la licitación, así
las cosas, lo probado en el proceso es que Corfipacífico SA es una entidad
financiera, que, en todo caso, no garantizó sus propias obligaciones sino las de
otros integrantes de su grupo oferente; las suyas propias fueron avaladas por
Pacífico CFC (fl. 7 de la propuesta).
2) En cualquier caso, la garantía otorgada por todos los oferentes, incluida la
Unión Temporal ACNEDI, consistió, precisamente, en comunicaciones emanadas
de entidades financieras en las cuales “se comprometen a expedir una garantía
bancaria (…) de la integración del capital social” (fl. 1 propuesta ACNEDI) y todas
fueron aceptadas en esos términos por la entidad contratante.
4.3 Autorización del representante legal de Conciviles SA para participar en
la licitación pública internacional 001 de 1997 del Distrito de Santa Marta
1) En el recurso que se resuelve se insistió en que el representante legal de
Conciviles SA carecía de autorización para suscribir la promesa de futuro contrato
de sociedad.
2) Contrario a ello, en el acta número 241 en la cual consta la autorización emitida
por la junta directiva de Conciviles para comprometerse a constituir una sociedad
futura quedó redactada en los siguientes términos:
“El gerente solicita autorización de la JUNTA DIRECTIVA para comprometerse
a ingresar en una sociedad futura EPS (sic) conformada por las compañías
Conalvías SA, Constructora Global SA, Corfipacífico y Agromezclas SA, ante el
DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA, para
presentarse en la licitación pública internacional No. 01/97, (…) Escuchado lo
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anterior, la junta, con el voto unánime de todos los miembros presentes, en uso
de las atribuciones legales y estatutarias
RESUELVE
Autorizar al representante legal, o a quien haga sus veces, para comprometerse
a ingresar en una sociedad futura EPS (sic) conformada por las compañías
Conalvías SA, Constructora Global SA, Corfipacífico y Agremezclas SA ante el
DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA, para
presentarse en la licitación pública internacional No. 01/97 (…) en caso de salir
favorecidos para conformar la sociedad y que esta firme el contrato (…) el
representante legal queda facultado para firmar los documentos públicos o
privados que se requieran para tal fin” (acta 241 propuesta – mayúsculas fijas
del original).
3) La copia del acta presentada está autorizada por la secretaria de la sociedad
con las anotaciones de ser “fiel copia del original” y “firmado” por parte del
presidente y de la secretaria, documento que no fue tachado de falso durante el
proceso.
4) Por su parte, la promesa de constitución de la futura sociedad anónima fue
suscrita por parte de Conciviles SA, por el señor Alberto José Otoya Villegas
(promesa de constitución – oferta adjudicataria), quien era el gerente de
Conciviles SA según consta en el certificado de existencia y representación legal
aportado con la propuesta (fl. 4342214 volumen 4 de la propuesta).
5) De conformidad con lo expuesto, no se encuentra acreditada la asuencia de
autorización alegada en la demanda y, por ende, el cargo no prospera.
4.4 Características técnicas de los equipos ofertados y cantidades cotizadas
1) En este punto, el recurso de apelación se centra en que el adjudicatario no
presentó la documentación completa de los equipos ofertados y no ofreció las
cantidades exigidas, lo cual le permitió ofertar una tarifa más baja, circunstancia
que incidió en la adjudicación por ser la menor tarifa el parámetro único
establecido para adjudicar.
2) Al respecto, debe repararse en el hecho de que en el pliego de condiciones se
determinó que el objeto del contrato incluía la construcción del acueducto y obras
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complementarias con las especificaciones entregadas por la entidad territorial, en
los siguientes términos:
“Se propone entregar en concesión la construcción, mantenimiento y
operación del acueducto del Río Guachaca y sus obras
complementarias en el tramo del Río Piedras a Santa Marta, para ser
construido y explotado por cuenta y riesgo de un CONCESIONARIO, el
cual asumirá la responsabilidad de efectuar todas las actividades
necesarias para la construcción de las obras y para el adecuado
funcionamiento de las mismas, bajo la vigilancia de el DISTRITO DE
SANTA MARTA y de las autoridades competentes, en los términos y
condiciones previstos en el pliego y en la ley.
La construcción se realizará en tres etapas así:
PRIMERA. Capacidad de 500 litros por segundo. Deberá entrar en
operación en 1999.
SEGUNDA. Ampliación a capacidad a 1000 litros por segundo. Deberá
entrar en operación antes del año 2003.
TERCERA. Ampliación de la capacidad a 1500 litros por segundo.
Deberá entrar en operación antes del año 2008.
(…).
El valor fiscal de contrato, para los efectos pertinentes se considera
indeterminado.
(…).
Descripción del objeto de la concesión
El objeto de la concesión es la construcción, mantenimiento y
operación del acueducto del Río Guachaca y sus obras
complementarias en el tramo del Río Piedras a Santa Marta, cuyas
principales obras son: bocatoma sobre el río Piedras incluidos sus
desarenadores, tubería de conducción del agua entre la toma y la planta
de tratamiento, la planta de tratamiento y dos estaciones de bombeo.
También es objeto de la concesión la construcción de las líneas de
conducción del agua tratada a Gaira y el tanque de las Tres Cruces, las
cuales una vez construidas, serán entregadas al DISTRITO DE SANTA
MARTA, o a quien haga sus veces, para su operación y mantenimiento.
Las obras y equipos que deben ser construidas o suministradas
por el concesionario se encuentran descritos en los volúmenes 4
y 5.
El proponente podrá presentar alternativas en cuanto al tipo de tubería,
accesorios y equipos, sin embargo, deberá cumplir estrictamente con
los diámetros internos de la tubería y las presiones de trabajo, así como
las especificaciones de los equipos de bombeo. No se aceptarán
materiales reconocidos como nocivos para la salud, en especial
materiales cancerígenos.
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En caso de que la propuesta considere materiales y equipos diferentes
a los establecidos en el formato 12, se deberá acondicionar este formato
a los materiales propuestos y acompañar la información técnica que
justifica su oferta.” (fls. 20 – 21 cdno. 10 – mayúsculas fijas del original
– negrillas de la Sala).
3) En los referidos términos, las especificaciones y cantidades de obra quedaron
debidamente establecidas en los volúmenes 4 y 5 del pliego de condiciones y, por
ende, todos los oferentes quedaron obligados en los términos allí establecidos;
dichos volúmenes no fueron aportados como prueba en el expediente para efectos
de determinar las exigencias específicas de equipo y verificar si la adjudicataria
las incumplió.
4) Por su parte, en las reglas de la licitación no se exigió presentar la
documentación técnica de las bombas, motores y sistemas a utilizar durante la
construcción, por lo cual no podía descalificarse un ofrecimiento por la ausencia
de documentos que no fueron exigidos.
5) La causal de rechazo que, a juicio de la parte demandante debió aplicarse, es
la contenida en el numeral 6.5.2 del pliego de condiciones según la cual “no se
considerarán admisibles las propuestas en las que (…) no se incluya la
información establecida en el numeral 6.2 del presente capítulo”7, el cual hace
referencia a los documentos exigidos en el capítulo 4 8 y en el numeral 5.59 del
7 El pliego inicialmente se refería
al numeral cero (0), sin embargo, el yerro fue corregido mediante
el adendo número 2 (fl. 241 cdno. 2).
8 En el cual se exigió la prueba de la existencia y representación legal de los oferentes, el
compromiso de constitución de futura sociedad, la determinación de los porcentajes de
participación de cada proponente, la participación de un constructor y el compromiso de futura
integración del capital social.
9 El numeral 5.5. del pliego de condiciones hace referencia al contenido del sobre número uno (1)
en los siguientes términos:
“1. Carta de presentación (…), 2. Garantía de seriedad de la propuesta, con su respectivo recibo
de pago de la póliza, 3. Copia del recibo de pago de los pliegos, 4. Índice detallado de la propuesta,
5. Resumen ejecutivo de la propuesta (…), 6. Promesa de contrato de constitución de sociedad
(…), 7. Información sobre la empresa constructora (…), 8. Documentos que acrediten la
representación legal del proponentes, (…), 9. Garantía bancaria que asegure el pago de los
aportes de capital de los socios (…), 10. Información sobre cada uno de los integrantes del grupo
proponente (…), 11. Carta de compromiso anticorrupción (…). 12. Análisis de precios unitarios de
cada uno de los ítems del formato 12. 13. Certificado de visita de obra. 14. Presupuesto detallado
de la obra. En caso de diferencia entre los precios unitarios establecidos en el análisis de precios
unitarios y los precios unitarios incluidos en el formato 12, se tomará en cuenta el precio unitario
establecido en el análisis de precios unitarios y se corregirá automáticamente la propuesta” (fl. 116
cdno. 2).
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pliego de condiciones, en ninguno de los cuales se exigió un análisis detallado de
las especificaciones técnicas a emplear en la construcción porque estas fueron
entregadas por la entidad territorial y no estaban sujetas a negociación, lo único
que se exigió a los oferentes fue una relación de los precios unitarios para
determinar que los costos estuvieran dentro de la media de lo ofertado.
6) En el numeral 1.4.4 del pliego de condiciones se exigió acompañar la
información técnica que justifique la oferta únicamente en el caso de que se
ofrecieran materiales y equipos distintos los requeridos, en los siguientes
términos:
“En caso de que la propuesta considere materiales y equipos diferentes
a los establecidos en el formato No. 12 deberá acondicionar este
formato a los materiales propuestos y acompañar la información técnica
que justifique su oferta” (fl. 258 cdno. 2) .
Sin embargo, no se acreditó que la oferta de la adjudicataria hubiera variado lo
exigido por la entidad porque no se aportaron los volúmenes 4 y 5 del pliego de
condiciones que establecían las características técnicas exigidas.
7) En las referidas condiciones, el cargo de nulidad fundamentado en la ausencia
de documentación técnica de los equipos y supuestas falencias en las cantidades
de obra al momento de realizar el análisis de precios unitarios no prospera.
5. Las objeciones por error grave en contra de los dictámenes periciales
1) La decisión del tribunal de primera instancia por la cual se declaró probada la
objeción fue objeto de apelación, razón por la cual corresponde pronunciarse
sobre ese aspecto, en atención a los efectos que el artículo 239 del CPC aplicable
a este caso asigna a la prosperidad de la objeción, por lo cual el punto debe ser
materia de decisión expresa, a lo cual se procede.
2) El primer dictamen estuvo a cargo de los peritos avaluadores Álvaro Capella
Espinoza y Edgardo Galofre Sánchez (fls. 529 – 546 cdno. 3) quienes
conceptuaron sobre dos aspectos (i) el contenido de las ofertas para efecto de
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determinar cuáles eran admisibles y (ii) la utilidad esperada por el contratista. En
cuanto al primer aspecto, determinó que únicamente eran admisibles en los
términos del pliego de condiciones las ofertas presentadas por la Unión Temporal
Acnedi y por el grupo conformado por Electrohidráulica Ltda, Incoequipos SA,
Arquitectos e Ingenieros Asociados SA, Estudios Técnicos SA, JHM Consultores
Ltda y Conhidra ESP. En cuanto a lo segundo, determinó que el valor total de la
construcción de las obras del acueducto era de $30.560.706.248 el cual incluía el
AUI del contratista y que la utilidad podía determinarse de la siguiente manera:
“si bien es cierto que el valor del AIU, no está determinado en el precio
del contrato en virtud de que el actor solo se limitó a indicar que el
valor de las ganancias o la utilidad la estima en un valor del diez por
ciento (10%), lo que indica que el ítem correspondiente a los gastos
de administración, imprevistos y utilidades (AIU), era del treinta por
ciento (30%) del valor de la propuesta comercial, esto es, la suma de
$7.640.176.562 de tal surte que este valor se divide en 3 a efecto de
establecer el quantum que le correspondería a cada rubro, que lo
viene a ser la suma de $2.546.725.520 que sería la utilidad probable
a percibir por parte del futuro contratista, debiendo reconocerse la
misma cantidad debidamente indexada (…).
LUCRO CESANTE (…) causado al futuro contratista el perjuicio de no
poder lucrarse con las ganancias que dicho dinero le hubiera podido
reportar si le hubiere percibido oportunamente (por lo cual calculó
intereses legales sobre las sumas antes indicadas, por el tiempo
transcurrido entre la adjudicación y el dictamen)” (fl. 544 cdno. 3).
3) La demandante unión temporal ACNEDI objetó por error grave el dictamen con
sustento en que, (i) en el análisis de precios unitarios de la propuesta se
determinó que la utilidad sería del 8%, contrario a lo indicado en el dictamen, (ii)
los peritos analizaron la utilidad esperada como si el contrato fuese de obra e
ignoraron que el objeto del contrato era una concesión, lo cual los llevó a dejar de
lado el retorno que obtendría el concesionario a través de las tarifas ofrecidas y,
(iii) debieron determinar el valor de los insumos que el adjudicatario dejó de
cotizar con el fin de determinar el valor de estos en relación con el costo total del
proyecto (fls. 564 – 566 cdno. 3)
4) Como prueba de la objeción se decretó un nuevo dictamen a cargo del
ingeniero civil Raúl Bayter Jelkh quien presentó un documento en el cual sintetizó
las evaluaciones de las ofertas realizadas en el curso de la licitación y las
observaciones de los oferentes, sin embargo, indicó que la ausencia de un
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Nulidad y restablecimiento del derecho
experto en contratación estatal quien nunca tomó posesión del cargo le impidió
dar respuesta al cuestionario planteado (cuaderno dictamen pericial fls. 1 y ss).
5) El tribunal de primera instancia decretó un nuevo dictamen, el cual estuvo a
cargo del contador público Crispín Rincones Pitre (fls. 957 – 978 cdno. 4). El perito
se pronunció en los siguientes términos:
a) En primer lugar, analizó las ofertas y las observaciones presentadas por los
proponentes, luego de lo cual concluyó que la presentada por los adjudicatarios
no cumplía con el pliego de condiciones por lo siguiente:
“En relación con la no presentación de la documentación precisa y
completa de las características de las bombas, motores, tuberías,
sistemas de control y monitoreo, el Distrito desconocía los detalles
mínimos para la evaluación de los aspectos técnicos de ahí que se
hubiera pasado por alto el principio que fundamenta y orienta las
licitaciones en Colombia, cual es, la selección objetiva; pues es visto
cómo la administración elige fundamentando su criterio de selección
en suposiciones o conjeturas y desconociendo la variabilidad de
precios respecto a las marcas por seleccionar, las cuales, que no
aparecen en la propuesta.
Pese a que, en diferentes oportunidades procesales, se haya
señalado que la información precisa y detallada no constituye
elemento esencial para la selección, corresponde señalar que SÍ LO
ES, pues no puede exigirse de unos proponentes propuestas
generales y abstractas y objetar aquellas que no cumple con
lineamientos específicos.
En consideración a ello, no opera el principio de la prevalencia del
derecho sustancial en este caso, toda vez que no es suficiente con
que se están prefiriendo las formas en cuanto al procedimiento, sino
que se necesita, además, el lleno de otros requisitos para cumplir
cabalmente con una selección que satisfaga a cabalidad y
estrictamente el pliego de condiciones (…) de ahí que no estamos de
acuerdo con el análisis del Comité Evaluador ni con la adjudicación
por parte del Distrito, toda vez que no es cierto que cumplan con los
requisitos jurídicos y financieros, como en efecto, sí lo cumple otra
propuesta declarada aceptada.” (fls. 970 – 971 cdno. 10 – mayúsculas
fijas originales).
b) En segundo término, calculó el valor de la utilidad esperada por la futura
asociación Tayrona por las obras civiles por construir, teniendo en cuenta que el
costo corregido de la oferta fue de $35.574.514.248 y la utilidad prevista era del
8%, por lo cual concluyó que esta equivale a $2.845.961.139, valor histórico que
actualizó a la fecha del dictamen. Adicionalmente, consideró que el lucro cesante
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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por la privación de la concesión sería de $139.299,59 millones de pesos
actualizados a 2019, conclusión que afirmó estuvo apoyada en el concepto del
economista Jaime Herrán Mesa, esto es, con la información que le entregó el
referido oferente, pero, no detalló la metodología utilizada para obtener dicho
valor ni analizó dichos datos los cuales se limitó a reproducir y están contenidos
en una tabla que señala, sin explicación alguna, unos valores año a año. En
cuanto a la propuesta de la Unión Temporal ACNEDI, calculó la utilidad esperada
en el 8% del valor de las obras ofrecidas e indicó que este no le entregó
información sobre la estructuración de la tarifa, por lo cual no pudo calcular la
utilidad esperada durante la ejecución de la concesión.
6) Este dictamen fue objetado por Selfinver Banca de Inversión Ltda, Magdalena
Barón Ferreira y Miguel Montes Swanson (fls. 995 – 998 cdno. 4) por considerar
que ninguno de los expertos que concurrieron durante el proceso tenía las
calidades y conocimientos necesarios para dictaminar sobre los puntos puestos
a su consideración, se sustentó parcialmente en las conclusiones del dictamen
inicial, las respuestas no estuvieron precedidas de análisis sobre las cosas o
elementos ni de investigaciones que sustenten sus dichos, se refieren a puntos
de derecho frente a lo cual se encuentra una evidente falta de rigor técnico y las
conclusiones financieras carecen de soporte.
7) La Sala confirmará la decisión de primera instancia en tanto declaró probadas
las objeciones por error grave de ambos dictámenes periciales, toda vez que, más
allá de contener consideraciones jurídicas inadmisibles en los términos del
artículo 236 del CPC, todas las conclusiones parten de una interpretación del
pliego de condiciones alegada de la realidad, con clara confusión sobre el alcance
del objeto del contrato y la forma de remuneración pactada, lo cual incidió en el
resultado de las experticias, al tiempo que carecen de cualquier análisis
metodológico que permita asignare algún mérito demostrativo.
8) Nótese que en ambos dictámenes se confunde el objeto de la concesión por
considerar que el contratista obtendría una utilidad por la simple ejecución material
de los trabajos, sin advertir que la construcción de la infraestructura, según se
estructuró el contrato, hacía parte de las obligaciones del contratista que también
sería remunerada vía tarifa del servicio y no por el pago de lo construido, en efecto,
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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se analizó el punto por los expertos como si se tratara de un contrato de obra, lo
cual generó que las conclusiones sean erradas y contrarias a la realidad de las
particularidades del contrato; además, ninguna de las demás conclusiones está
soportada en metodología alguna que permita analizarlas, por lo cual se confirma
la decisión de declarar probadas las objeciones por error grave.
6. Costas
No hay lugar a condena en costas de esta instancia toda vez que no se advierte
conducta temeraria o de mala fe de las partes que justifique imponerla; lo anterior
en los términos del artículo 171 del Decreto 01 de 1984 aplicable al presente
proceso; por la misma razón se confirmará la sentencia apelada en tanto no las
impuso.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°) Modifícase la sentencia de 27 de abril de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena la cual queda así:
PRIMERO. Declárase probada, de oficio, la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda en relación con las pretensiones del
expediente 47001-23-31-000-1998-06404-01 y, en consecuencia,
inhíbese de resolverlas de fondo.
SEGUNDO. Decláranse fundadas las objeciones por error grave
formuladas en contra los dictámenes periciales rendidos en el curso
del presente proceso.
TERCERO. Niéganse las pretensiones de la demanda promovidas
en el expediente 47001-23-31-000-1998-06426-00
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Expedientes: 47001-23-31-000-1998-06404-01 - 47001-23-31-000-1998-06426-00 (69.127)
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CUARTO. Abstiénese de imponer condena en costas de la
primera instancia.
2°) Abstiénese de imponer costas de segunda instancia.
3°) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(aclara voto)
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
(aclara y salva voto parcial)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
de la Sección Tercera – Subsección del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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