Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01393-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01393-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01393-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
28 de agosto de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01393-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Fiscales de la Protección Social (UGPP)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 28 de agosto de 2025
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01393-01
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL (UGPP)
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO
Tema: Acción de tutela contra providencias que decretaron embargo en un
proceso ejecutivo. Confirma improcedencia por reiteración de
argumentos
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante contra la sentencia del 2
de mayo de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut
supra.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 11 de marzo de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de los autos del 15 de marzo y del 12 de septiembre 2024, con los que el Juzgado
Tercero Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar,
respectivamente, ordenaron un embargo dentro del proceso ejecutivo 20001-33-33-003-
2016-00113-00/01.
2. Pretensiones
La tutelante formuló de manera textual las siguientes pretensiones:
Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR, dentro del proceso ejecutivo No. 20001333300320160011300.
1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-01393-00.
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Segundo. Que como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente:
a. DEJAR SIN EFECTOS las providencias del 15 de marzo de 2024 y [d]el 12 de septiembre de 2024,
dentro del proceso ejecutivo rad. 20001333300320160011300 y, en consecuencia, declarar la
improcedencia de la medida de embargo sobre el bien inmueble [de] Matrícula Inmobiliaria No. 244-91583.
b. Ordenar al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR librar los oficios
mediante los cuales se comunique a [la] Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ipiales el
levantamiento de la medida cautelar.
3. Hechos
Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca los
siguientes hechos relevantes:
3.1 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
La señora Dionisa Teotiste Arias Redondo promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el entonces Institucional de Seguros Sociales (ISS)
[a la que se le asignó el número de radicación 20001-33-31-002-2010-00592-00/01], para
que se declarara la nulidad del acto administrativo con el que se le denegó la reliquidación
de su mesada pensional y se ordenara dicho reajuste, pretensiones a las que accedió el
16 de febrero de 2012 el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar, y que confirmó
el 4 de abril de 2013 el Tribunal Administrativo del Cesar.
3.2 Proceso ejecutivo
En razón a que la aquí tutelante no atendió las sentencias que decidieron la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho 20001-33-31-002-2010-00592-00/01, la señora
Dionisa Teotiste Arias Redondo incoó acción ejecutiva en su contra (a la que se le asignó
el radicado 20001-33-33-003-2016-00113-00/01), con el fin de obtener el pago de
aquellas, trámite del que conoció el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar, que el
18 de agosto de 2015 libró mandamiento de pago por $92.808.413 y el 2 de febrero de
2017 ordenó seguir adelante con la ejecución.
El 15 de marzo de 2024 el Juzgado de conocimiento decretó el embargo de algunos
inmuebles de la UGPP, dentro de los que se encontraba el de matrícula inmobiliaria 244-
91583, ubicado en Ipiales (Nariño)2, decisión que apeló la entidad con el argumento de
que ese bien no era embargable porque estaba destinado a su funcionamiento, hacía
parte del presupuesto general de la Nación (conforme al artículo 19 del Decreto 111 de
1996) y con él debían cubrirse obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral
(SSSI), de ahí que la medida afectara intereses de terceros.
Con auto del 12 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó el
de primera instancia, al considerar que si bien el artículo 63 de la Constitución Política
establecía que los bienes públicos eran inembargables, la jurisprudencia constitucional
señaló que esa regla de inembargabilidad de dineros públicos no se aplicaba cuando las
obligaciones exigidas tuvieren connotaciones laborales, como las reclamadas en el
proceso ejecutivo 20001-33-33-003-2016-00113-00/01, de ahí que procediera la orden
de embargo del a quo.
2 El cual le fue adjudicado a la UGPP, como lo dice en la tutela, en un 28.53%, dentro del «proceso judicial de liquidación
patrimonial 523564003002-2019-00508-00», adelantado por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ipiales y que
corresponde a una casa de habitación ubicada en la Urbanización Colina Verde de ese municipio, manzana N (casa
17).
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4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la tutelante expuso las razones por las que la acción de tutela
cumplía los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.
En cuanto al fondo del asunto, la accionante afirmó que los autos censurados incurrían
en violación directa de la Constitución Política, toda vez que desconoció el artículo
63 superior, el cual le otorgaba una naturaleza inembargable al inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria 244-91583, al igual que los artículos 19 del Decreto 111 de 1996 y
597 del CGP, normas desconocidas por las providencias cuestionadas, de ahí que
incurrieran en defecto sustantivo.
Que los artículos 2.12.1.8 del Decreto 1068 de 2015 y 11 de la Ley 2381 de 2024
establecían que los bienes recuperados por la entidad dentro de trámites de cobro
coactivo no eran de su propiedad, sino que hacían parte del Sistema de Protección Social
Integral y estaban destinados a beneficiar a terceros y no a cubrir el pago de pensiones,
pero las autoridades accionadas no advirtieron en los autos cuestionados que las pruebas
daban cuenta de que el inmueble fue recuperado en un trámite de esa naturaleza, por
ende, incurrieron en defecto fáctico.
5. Intervenciones
El Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar indicó que «no le es posible
pronunciarse sobre [los argumentos de la tutelante] ya que son objeto de debate en la acción
[ejecutiva] y del resorte del fallador de la misma͏». Además, señaló que la tutela de la
referencia no colmaba la exigencia de procedibilidad de inmediatez, pues entre la
expedición del auto censurado de segunda instancia y la presentación de la solicitud de
amparo trascurrieron más de 6 meses.
Que el auto cuestionado del 15 de marzo de 2024 fue confirmado en segunda instancia
el 12 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cesar, de ahí que no fuera
de recibo la afirmación de la actora de que no se le respetaron sus derechos
fundamentales en el proceso ejecutivo 20001-33-33-003-2016-00113-00/01, pues se
garantizó la doble instancia.
El Tribunal Administrativo del Cesar y la señora Dionisa Teotiste Arias Redondo
guardaron silencio a pesar de que se les notificó el auto admisorio de la acción de tutela.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por medio de sentencia del 2 de
mayo de 2025, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia al considerar que
no colmaba la exigencia de procedibilidad de relevancia constitucional, dado que los
argumentos expuestos en la solicitud de amparo ya habían sido desestimados en el auto
del 12 de septiembre de 2024, por tanto, se evidenciaba que la demandante utilizaba este
trámite constitucional como una instancia adicional al proceso ejecutivo 20001-33-33-003-
2016-00113-00/01.
7. Impugnación
La tutelante impugnó el fallo de primera instancia bajo los mismos argumentos expuestos
en el escrito de tutela, es decir, que el bien inmueble con matrícula inmobiliaria 244-91583
era inembargable porque no era de su propiedad y estaba dirigido a atender sus
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obligaciones frente al «sistema de protección social». Adicionalmente, señaló que el asunto
sí revestía relevancia constitucional en razón a que era el único instrumento con el que
contaba para proteger sus derechos fundamentales y salvaguardar el ordenamiento
jurídico superior, que preveía que ese tipo de inmuebles eran inembargables por
pertenecer al Sistema de la Seguridad Social Integral.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, en razón a que la tutela no cumple
con la exigencia de relevancia constitucional y subsidiariedad, pues (i) los argumentos que
la demandante formuló en la solicitud de amparo fueron los mismos que se desestimaron
en las providencias cuestionadas, de ahí que se evidencie que emplea este mecanismo
judicial como una tercera instancia; y (ii) el proceso ejecutivo 20001-33-33-003-2016-
00113-00/01 se encuentra en trámite.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii) al análisis del
caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-005, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso ejecutivo 20001-33-33-003-2016-00113-
00/01, tal como se concluyó en la sentencia impugnada.
Básicamente, tanto en la acción de tutela de la referencia como en ese expediente la
demandante argumentó que el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 244-
91583 era inembargable porque (i) los artículos 63 de la Constitución Política, 19 del
Decreto 111 de 1996 y 597 del CGP establecían que los bienes públicos no estaban
sujetos de embargo, y (ii) integraba el Sistema de Protección Social Integral por haberse
accedido a él en el marco de un proceso de cobro coactivo, por ende, no era su titular y
tampoco era dable emplearlo para cubrir el pago de pensiones.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra el auto del 15 de
marzo de 2024, con el que el Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar ordenó el
embargo en el expediente 20001-33-33-003-2016-00113-00/01, se lee lo siguiente:
[…] consideramos que la decisión debe ser revocada ya que el despacho omitió considerar que los
bienes sobre los cuales se decreta el embargo corresponden a aquellos inmuebles que sirven a la
administración pública para prestar el servicio público que administra, en este caso, prestar servicios a
los ciudadanos que demanden y/o soliciten el reconocimiento de derechos pensionales y otras
prestaciones que están llamadas a cubrir y/o cumplir con derechos fundamentales.
La medida decretada en el caso es lesiva y sobrepone el inter[és] particular sobre el interés general,
pero además desconoce las condiciones particulares que rodean el caso de la parte demandante a
quien no se la ha desconocido su derecho pensional, cosa que si sucedería respecto de muchas otras
personas si se mantienen las medidas de embargo decretadas en el auto de marzo de 2024.
Considera la Unidad que la medida decretada está desconociendo la naturaleza de los recursos que
administra la entidad, y en especial de los inmuebles sobre los cuales se decreta el embargo[;] al
respecto se debe considerar que la UGPP es una Unidad Administrativa Especial, que tiene entre sus
funciones la sustanciación y reconocimiento de derechos pensionales de las administradoras exclusivas
de servidores públicos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional o de
las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su
liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando, así las cosas, dentro
del presupuesto de la Unidad no se encuentra ningún rubro asignado para el pago de obligaciones a
cargo del Sistema General de Pensiones, pues las mismas se pagan con cargo al Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional - FOPEP, creado por el artículo 130 de la Ley 100 de 1993, como una cuenta
de la Nación adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (hoy Ministerio del Trabajo), cuyos
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recursos se administran mediante encargo fiduciario (Consorcio FOPEP 2015) FOPEP adscrito al
Ministerio de Trabajo.
En consecuencia los recursos de tipo físico y dinerario que son manejados por la entidad, en ningún
caso tienen naturaleza pensional y, por tanto, no garantizan este tipo de obligaciones, razón por la cual,
no se encuentra dentro de las previsiones de la sentencia C -546 de 1992 de la Corte Constitucional
que estableció una excepción al principio general de inembargabilidad sobre las rentas y recursos
incorporados en el presupuesto General de la Nación, cuando se pretende lograr la efectividad de
obligaciones de carácter laboral, entendiendo que las obligaciones de carácter pensional tienen esta
misma garantía.
[…]
Aunado a lo anterior, es preciso indicar que los recursos públicos de la UGPP, además de no
corresponder a los dineros del Sistema de la Seguridad Social, en todo caso, también están amparados
por la protección constitucional y legal de INEMBARGABILIDAD, en atención a las previsiones del
artículo 63 de la Constitución Política, reglamentado por la Ley 1675 de 2013, el artículo 19 del Decreto
ley 111 de 1996 – Estatuto Orgánico del Prepuesto, reglamentado por el Decreto 1101 de 2007. Todo,
por corresponder a RENTAS INCORPORADAS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (L.
38/89, art. 16; L. 179/94, arts. 6º, 55, inc. 3º).
[…] tampoco es procedente la medida sobre tales bienes, pues la cuenta que administra estos recursos,
fue creada para la recepción exclusiva de los recursos embargados a los aportantes como consecuencia
de los procesos de cobro coactivo efectuados por la UGPP en desarrollo de su función de seguimiento,
colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y, por ende, son recursos de
terceros que corresponden al Sistema de Protección Social y deben ser dispersados a través de
la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA y, por tanto, también son recursos
inembargables sobre los cuales no cabe ninguna excepción. En ese orden, de embargarse las
cuentas de la UGPP, se verían notoriamente afectados derechos de terceros, no involucrados en este
trámite ejecutivo, y se propiciaría el incumplimiento de los deberes legales a cargo de La UGPP. (sic
para toda la cita).
Por su parte, en la acción de tutela la demandante señaló que el inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 244-91583 era inembargable por cuanto los artículos 63 de la
Constitución Política, 19 del Decreto 111 de 1996 y 597 del CGP señalaban que los
bienes públicos eran inembargables, hacía parte de Sistema de Protección Social Integral
por haberse obtenido en el marco de un proceso de cobro coactivo y no era procedente
emplearlo para el pago de pensiones.
Así lo dijo la demandante en la solicitud de amparo:
Los despachos accionados a través de los autos del 15 de marzo de 2024 y el 12 de septiembre de
2024 ordenaron el embargo del bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 244-91583, no
obstante, no se tuvo en consideración que dicho bien está amparado bajo el principio de
inembargabilidad, ya que es un bien de una entidad que forma parte del Presupuesto General de la
Nación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63 de la Constitución Política, el artículo 594 del Código
General del Proceso, el artículo 19 del Decreto ley 111 de 1996 – Estatuto Orgánico del Prepuesto,
reglamentado por el Decreto 1101 de 2007.
[…] con dicho inmueble se pretenden recuperar recursos que no ingresaron al Sistema de Seguridad
Social Integral – SSSI y por ende no pertenecen a la UGPP, ya que una vez enajenado dicho inmueble,
los dineros deberán ser trasladados a terceros que integran el sistema de la protección social, tal como
lo establece el artículo 2.12.1.8 del Decreto 1068 de 2015.
Desconoce el despacho que las obligaciones pensionales que son reconocidas por la UGPP NO son
asumidas con recursos propios de esta entidad. En materia pensional, tiene a su cargo el
reconocimiento y la administración de las prestaciones pensionales, tal como lo establece el artículo
156 de la Ley 1151 de 2007 y el artículo 150 de la Ley 100 de 1993, es decir, no tiene función de
pagaduría. Por su parte, el pago de las prestaciones pensionales se asume con recursos del sistema
de la seguridad social a los que hace referencia el artículo 134 de la Lay 100 de 1993, recursos que no
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administra la UGPP, sino que se encuentran a cargo del Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional
de Colombia – FOPEP.
[…] le legislación colombiana es clara en señalar que los bienes pertenecientes a las entidades que
hacen parte del Presupuesto General de la Nación están amparadas por el principio de
inembargabilidad, no obstante, en este caso el hecho de que el bien inmueble con folio de Matrícula
Inmobiliaria No. 244-91583 sea de titularidad de la UGPP no significa que ingrese al patrimonio de esta
entidad para su ejecución, por el contrario, como se ha indicado este bien inmueble fue adjudicado vía
judicial con ocasión de una obligación adeudada al Sistema de Seguridad Social Integral – SSSI- a
cargo del señor FABIO JOSE ERASMO NARVAEZ ERAZO, en consecuencia, los recursos que se
recuperen deberán ser traslados al sistema de la protección social. (sic para toda la cita)
No obstante, la discusión sobre los mencionados puntos de derechos ya fue resuelta por
el Tribunal Administrativo del Cesar, en el auto del 12 de septiembre de 2024, en los
siguientes términos:
[…] el ejecutante puede solicitar el embargo de bienes del demandado, con el fin de que el proceso
ejecutivo no se torne inocuo y se pueda garantizar el pago de la obligación.
Ahora, a nivel constitucional, legal y jurisprudencial, se ha regulado lo relativo a los rubros susceptibles
de embargo y aquellos que se encuentran cobijados por el principio de inembargabilidad, el cual se
encuentra consagrado en el artículo 63 de la Constitución Política […].
La preceptiva constitucional en cita, faculta que por disposición legal se definan cuáles bienes y recursos
públicos son susceptibles de embargo y dentro de qué límites, lo que ha venido realizando por el
legislador a través del estatuto procesal civil y otras leyes especiales aplicables a los municipios, reglas
que actualmente se encuentran recogidas en el artículo 594 del Código General del Proceso […].
Pese a la claridad que el tenor literal de la norma brinda sobre los límites que tienen las autoridades
judiciales para decretar y hacer efectivos embargos, la jurisprudencia emitida por la H. Corte
Constitucional y el H. Consejo de Estado ha sido pacífica al reconocer que el principio de
inembargabilidad de recursos públicos tiene sustento constitucional en la protección de los recursos y
bienes del Estado, y la facultad de administración y manejo que a éste compete, permitiendo asegurar
la consecución de los fines de interés general que conlleva la necesidad de hacer efectivos
materialmente los derechos fundamentales y, en general, el cumplimiento de los diferentes cometidos
estatales6.
[…] la UGPP gestiona dos tipos de recursos: i) uno de ellos se refiere a los fondos del sistema de
seguridad social, que provienen de los procesos de cobro coactivo llevados a cabo por la entidad para
asegurar la adecuada, completa y puntual liquidación y pago de las contribuciones parafiscales para la
protección social; ii) el otro tipo de recursos incluye las partidas asignadas en el Presupuesto General
de la Nación, los bienes transferidos por la Nación y otras entidades públicas, los ingresos obtenidos
por la prestación de servicios, los bienes adquiridos de cualquier manera, y otros recursos que indique
la ley (Decreto 575 de 2013, artículo 3). Estos últimos se destinan a fines distintos, como el
funcionamiento de la entidad o recursos propios.
En el primer caso, debido a su propósito específico, los recursos suelen ser inembargables, ya que
aseguran al menos el pago mínimo de las pensiones. Por otro lado, los segundos, no siempre tienen
esta característica, ya que, según su destino u origen, pueden ser objeto de medidas cautelares para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.
Si bien, tratándose de recursos de las entidades públicas se parte del principio de inembargabilidad
establecido en procura de garantizar que los deberes mínimos del Estado se encuentren
salvaguardados; se reconoce la posibilidad de afectarlos de manera excepcional a través de medidas
cautelares en aquellos supuestos expresamente autorizados por el legislador, lo que ha venido siendo
objeto de precisión por parte de la jurisprudencia emitida por las altas cortes.
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Ver sentencias C-546 de 1992, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-354 de 1997, C-793
de 2002, C-566 de 2003 y C-192 de 2005.
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En el caso que se analiza, se invocó como título ejecutivo la sentencia de primera instancia de fecha 16
de febrero de 2012, y la de segunda instancia proferida por esta Corporación el 4 abril de 2013, que
modificó la decisión del A-quo.
[Los] bienes y/o recursos [de la UGPP], así provengan de transferencias o asignaciones de la Nación,
constituyen sus propios rubros y se someten al régimen legal que les corresponde en lo que se refiere
a las reglas de inembargabilidad, las excepciones definidas por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y Consejo de Estado y la retención en cuenta especial, como lo preceptúa el parágrafo
del artículo 594 del CGP.
En consonancia con lo anterior, y a voces del artículo 3° del Decreto 575 de 2013, los recursos de la
UGPP están constituidos por: i) Las partidas ordinarias y extraordinarias asignadas en el Presupuesto
General de la Nación, ii) Los bienes que le transfieran la Nación y otras entidades públicas del orden
nacional, iii) Los recursos que reciba por la prestación de servicios, iv) Los bienes muebles e inmuebles
que adquiera o haya adquirido a cualquier título, y v) los demás recursos que le señale la ley, frente a
los cuales el principio de inembargabilidad sucumbe dado la existencia de excepciones, entre las que
se encuentran las eventualidades en que se ejecute una providencia judicial, como en el caso que nos
ocupa, máxime cuando se trata de una de tipo laboral.
Conclusión que se obtiene del análisis de los pronunciamientos proferidos por el Consejo de Estado, en
donde se reiteró el criterio conforme al cual, para garantizar el pago de acreencias derivadas de
sentencias judiciales, éstas no deben afectarse con la limitación de inembargabilidad, flexibilizando la
rigidez de la regla consagrada en el artículo 594 del C.G.P., que se ha matizado en aras de garantizar
la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en decisiones judiciales, requerimientos
indispensables para la realización de la dignidad humana (sic para toda la cita).
Como se ve, el Tribunal Administrativo del Cesar ya determinó el bien inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 244-91583, ubicado en Ipiales, era susceptible de
embargo dentro del proceso ejecutivo 20001-33-33-003-2016-00113-00/01, comoquiera
que estaba destinado a cubrir obligaciones de tipo pensional, escenario en el que la
jurisprudencia constitucional permite ordenar esa medida.
En ese orden de ideas, en el escenario que propone la demandante, la Sala estaría
obligada a examinar nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades
judiciales demandadas en el proceso ejecutivo 20001-33-33-003-2016-00113-00/01,
finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
En ese orden de ideas, se constata que los cargos formulados por la tutelante están
encaminados a extender en sede de tutela el debate jurídico zanjado por la providencia
cuestionada de segunda instancia dentro del aludido proceso ejecutivo, lo que denota
que la acción de tutela de la referencia no colma el requisito de relevancia constitucional
sobre el particular, de ahí que deba confirmarse la sentencia impugnada, que la declaró
improcedente.
Por último, debe advertirse que, en todo caso, como el proceso ejecutivo 20001-33-33-
003-2016-00113-00/01 está en trámite, la demandante puede solicitar el levantamiento
del embargo del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 244-91583, una vez
demuestre el pago de la obligación allí exigida o constituya la respectiva caución,
conforme a los artículos 461 y 597 del CGP, que prevén:
Artículo 461: Si antes de iniciada la audiencia de remate, se presentare escrito proveniente del
ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la obligación demandada
y las costas, el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y
secuestros, si no estuviere embargado el remanente […].
Artículo 597: Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01393-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Fiscales de la Protección Social (UGPP)
1. Si se pide por quien solicitó la medida, cuando no haya litisconsortes o terceristas; si los hubiere, por
aquel y estos, y si se tratare de proceso de sucesión por todos los herederos reconocidos y el cónyuge
o compañero permanente.
2. Si se desiste de la demanda que originó el proceso, en los mismos casos del numeral anterior.
3. Si el demandado presta caución para garantizar lo que se pretende, y el pago de las costas.
4. Si se ordena la terminación del proceso ejecutivo por la revocatoria del mandamiento de pago o por
cualquier otra causa.
En ese orden de ideas, la Sala constata que si la actora estima imperioso el levantamiento
de la medida de embargo decretada a través de las providencias censuradas, puede
pedirla con fundamento en las precitadas normas, para lo cual debe cumplir los
presupuestos allí consignados7.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, con la que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, declaró improcedente la acción de tutela presentada por la
UGPP, conforme a la motivación.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
7 Con mayor razón cuando se limitó a señalar que el bien era inembargable pero el argumento gira únicamente a que
lo obtuvo de un cobro coactivo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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