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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01393-00

Fecha
2 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01393-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01393-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

2 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., dos (02) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01393-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),
a través de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo del Cesar y del
Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 11 de marzo de 20252 la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia que considera vulnerados por el Juzgado Tercero
Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, debido a que a
través de los autos del 15 de marzo y 12 de septiembre de 2024, respectivamente,
se ordenó y confirmó el embargo, entre otros, del bien inmueble con folio de
matrícula inmobiliaria 244-91583, dentro del proceso ejecutivo de radicado 20001-
33-33-003-2016-00113-00/06.

2. Hechos

2.1. Mediante sentencia del 4 de abril de 2013 el Tribunal Administrativo del Cesar
modificó y confirmó parcialmente la providencia del 16 de febrero de 2012 emitida
por el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar, en el sentido de acceder

1
Índice 2 de SAMAI, certificado 8F960D50C517CD4D 35E477954475D4A6 4DF9A1EF75985471 81FC60604130DE13.
2
Conforme consta en la anotación visible a índice 2 de SAMAI.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01393-00
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho interpuesta por la señora Dionicia Teotiste Arias Redondo contra el extinto
ISS, radicado 20-001-33-31-004-2010-00592-01.

2.2. A raíz de lo anterior, la señora Dionicia Teotiste Arias Redondo presentó
demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

2.3. El Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar a través del auto del 18 de
agosto de 2015 ordenó librar mandamiento de pago a favor de la señora Dionicia
Teotiste Arias Redondo y contra la UGPP.3

2.4. Por medio del auto del 7 de julio de 2016 el Juzgado Tercero Administrativo de
Valledupar avocó conocimiento de la demanda ejecutiva 20001-33-33-003-2016-
000113-00.

2.5. Posteriormente, el 2 de febrero de 2017 el Juzgado Tercero Administrativo de
Valledupar profirió providencia, en el entendido de ordenar seguir adelante con la
ejecución.4

2.6. El apoderado de la ejecutante presentó solicitud de medida cautelar consistente
en el embargo de bienes inmuebles de propiedad de la UGPP, con el fin de garantizar
el pago de la mencionada sentencia. Con auto del 15 de marzo de 2024 el Juzgado
Tercero Administrativo de Valledupar decretó una medida cautelar de embargo, en
los siguientes términos:

“PRIMERO: Decretar el embargo de la cuota parte de propiedad de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social UGPP, de los siguientes bienes inmuebles:

1.- El inmueble identificado con la matricula inmobiliaria No 370-243586.
2.- El inmueble identificado con la matricula inmobiliaria No 50C -1384494.
3.- El inmueble identificado con la matricula inmobiliaria No 50C -1384485.
4.- El inmueble identificado con la matricula inmobiliaria No 244-91583.

La medida de embargo decretada será limitada a la suma de Cuatrocientos Setenta y
Ocho Millones Doscientos Diez Mil Pesos ($478.210.000) de conformidad con lo previsto

3
Archivo denominado “029 Auto libra mandamiento” de la carpeta llamada “cuaderno principal”, visible a índice 10 de SAMAI,
certificado 78FDE9E34AF8F74D 881DFC86AF687BFC 94F38BD82EDDB546 EB0BDCF9E429F684.
4
Archivo denominado “051 Auto sigue adelante” de la carpeta llamada “cuaderno principal”, visible a índice 10 de SAMAI,
ibíd.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01393-00
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

en el inciso 3° del artículo 599 del CGP, haciendo las previsiones del parágrafo 2o del
artículo 593 del C.G.P.

SEGUNDO: Por secretaria, comuníquese esta disposición a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali- Bogotá e Ipiles respectivamente, en la forma dispuesta
por el numeral 1° del artículo 593 del C.G.P, para efectos de que se inscriba la medida,
expidiendo a costa de la ejecutante, certificado de tradición del inmueble referido en el
numeral anterior remitiendo el mismo con destino a este Despacho, advirtiéndose que
en el caso de que el bien no pertenezca al demandado se abstendrá de inscribir la
medida comunicando tal situación al Despacho.”5

2.7. El 12 de septiembre de 2024 el Tribunal Administrativo del Cesar desató el
recurso de apelación contra el auto del 15 de marzo de 2024, en el entendido de
confirmar su contenido.6

2.8. La parte accionante señala que mediante la Resolución RDO-2019-03027 del 16
septiembre de 2019 se liquidó la obligación a cargo del señor Fabio José Erasmo
Narváez Erazo, por la omisión en la vinculación y realización de los respectivos
aportes al sistema de seguridad social integral, por la suma de $62.743.500. A su
vez, impuso una sanción por $125.487.000.

2.9. En el proceso judicial de liquidación patrimonial 523564003002-2019-00508-00
el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ipiales, con ocasión de la obligación
constituida en la Resolución RDO-2019-03027, adjudicó a la UGPP el 28.53% del bien
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 244-91583 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Ipiales, para pagar el 100% del crédito por el
valor de $62.743.500.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La entidad tutelante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, por los siguientes motivos:

3.1. Las autoridades accionadas desconocieron que el bien inmueble identificado
con la matrícula inmobiliaria 244-91583 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Ipiales es inembargable y fue adjudicado a la UGPP en el proceso de
liquidación patrimonial 523564003002-2019-00508-00 que cursó en el Juzgado

5
Archivo denominado “152_Auto interlocutorio” de la carpeta llamada “cuaderno principal primera instancia”, visible a índice
10 de SAMAI, ibíd.
6
Archivo denominado “007 Auto interlocut_ 20160011306 resuelvea”, visible a índice 12 de SAMAI, certificado
39BB39909DA1F256 76ECD5639150C115 86D874B7E501AFBB 974E63BFED044C03.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01393-00
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Segundo Civil Municipal de Ipiales, en un porcentaje del 28.53%, con el fin de cubrir
la obligación omitida por un ciudadano de realizar aportes al sistema de seguridad
social integral. Por consiguiente, se configura un defecto fáctico porque no se valoró
correctamente el material probatorio que reposaba en el expediente.

3.2. Se configura un defecto sustantivo, pues el bien sobre el cual recayó la medida
cautelar pertenece a una entidad que forma parte del Presupuesto General de la
Nación, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 63 de la Constitución Política,
6 de la Ley 179 de 1994, 19 del Decreto Ley 111 de 1996 – Estatuto Orgánico del
Prepuesto, 34 de la Ley 2008 de 2019 y 594 del CGP.

Así, como se dijo en el recurso de apelación contra el auto del 15 de marzo de 2024,
la UGPP se identifica en la sección presupuestal 131401, por lo que sus rentas,
bienes y recursos gozan de protección de inembargabilidad.

3.3. Los recursos de carácter parafiscal administrados por la UGPP no pertenecen a
esa entidad, pues hacen parte del sistema de la protección social, en consecuencia,
no son susceptibles de embargo para cubrir obligaciones a su cargo.

3.4. El bien inmueble con folio de matrícula inmobiliaria 244-91583 es administrado
por la UGPP en su función de recuperación de dineros que no ingresaron al sistema,
y que una vez recuperados por estricta disposición legal son enajenados. En ese
orden, los montos dinerarios resultantes deben ser traslados a los terceros
beneficiarios del sistema de la protección social, como lo establece el artículo
2.12.1.8 del Decreto 1068 de 2015, en aras de pagar los desfases económicos entre
los reportes hechos por las personas naturales y/o jurídicas con las liquidaciones
hechas por la Unidad.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP,
vulnerados por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
VALLEDUPAR y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, dentro del proceso
ejecutivo No. 20001333300320160011300.

Segundo. Que como consecuencia de lo anterior solicito respetuosamente:

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01393-00
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

a. DEJAR SIN EFECTOS las providencias del 15 de marzo de 2024 y el 12 de
septiembre de 2024, dentro del proceso ejecutivo rad.20001333300320160011300 y, en
consecuencia, declarar la improcedencia de la medida de embargo sobre el bien
inmueble Matrícula Inmobiliaria No. 244-91583.
b. Ordenar al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
VALLEDUPAR librar los oficios mediante los cuales se comunique al Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Ipiales el levantamiento del a medida cautelar.”7 (Resaltado
original del texto).

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 13 de marzo de 2025 el despacho ponente admitió la acción
de tutela, vinculó a la señora Dionicia Teotiste Arias Redondo y negó la medida
provisional solicitada. También dispuso la notificación a las partes y a los vinculados.

5.2. El Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar8 se refirió a los hechos que
consideró relevantes y aseveró que la medida cautelar decretada en providencia del
15 de marzo de 2024 se dio al reunirse los presupuestos fácticos y jurídicos
requeridos, dada la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a favor de
la ejecutante, derivada de una sentencia judicial de carácter laboral que ordenó a
favor de aquella la reliquidación de su mesada pensional. Dicha decisión fue
confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar.

Asimismo, señaló que no se encuentra acreditado que la entidad accionante sea
sujeto de especial protección constitucional o se haya configurado un perjuicio
irremediable. Finalmente, sostuvo que la acción de tutela es improcedente por no
cumplirse con el requisito de la inmediatez.

5.3. El Tribunal Administrativo del Cesar y la señora Dionicia Teotiste Arias Redondo
no se pronunciaron.9

7
Índice 2 de SAMAI, certificado 8F960D50C517CD4D 35E477954475D4A6 4DF9A1EF75985471 81FC60604130DE13, folio
20.
8
Índice 11 de SAMAI, certificado 023D352912A5AE8C 9FFA0A8BD5E13374 59D6FB142EDDF38D 07464B07CAFE909C.
9
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Tribunal Administrativo del Cesar y la
señora Dionicia Teotiste Arias Redondo hubieran rendido informe, pese a la notificación electrónica surtida obrante a índices
8 y 18, 20, respectivamente, de SAMAI.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01393-00
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Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en contra del Tribunal Administrativo del Cesar y del
Juzgado Tercero Administrativo de Valledupar de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Cuestión previa

A pesar de que la entidad tutelante atacó las providencias de primera instancia del
15 de marzo y la del 12 de septiembre de 2024 que la confirmó, la Sala analizará
únicamente la segunda en mención, puesto que se observa que esta fue la que
concluyó la solicitud de medida cautelar en el marco del proceso ejecutivo de
radicado 20001-33-33-003-2016-00113-00/06.

3. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

4. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad10 y de procedencia11 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

10
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
11
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01393-00
Accionante: UGPP
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

5. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

5.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”.12

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber13: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202214, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

5.2. Para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio dirigido a
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

5.3. En el caso concreto la UGPP cuestiona, en esencia, que el Tribunal
Administrativo del Cesar a. no valoró correctamente el material probatorio del
expediente ordinario, pues desconoció que el bien inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria 244-91583 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos

12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
13
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
14
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01393-00
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

de Ipiales está amparado por el principio de inembargabilidad y le fue adjudicado
judicialmente con el fin de cubrir la obligación omitida por un ciudadano de realizar
aportes al sistema de seguridad social integral, en un porcentaje del 28.53%, por lo
que forma parte del Presupuesto General de la Nación; y b. inobservó que el bien
sobre el cual recayó la medida cautelar pertenece a una entidad que forma parte
del Presupuesto General de la Nación, de acuerdo con los artículos 63 de la
Constitución Política, 34 de la Ley 2008 de 2019, 594 del CGP y 19 del Decreto Ley
111 de 1996 – Estatuto Orgánico del Prepuesto, razón por la cual lo rige el principio
de inembargabilidad.

5.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en el auto de segunda
instancia del 12 de septiembre de 2024 emitido por el Tribunal Administrativo del
Cesar, se observa el siguiente análisis textual:

“En este punto, se acota que la UGPP gestiona dos tipos de recursos: i) uno de ellos se
refiere a los fondos del sistema de seguridad social, que provienen de los procesos de
cobro coactivo llevados a cabo por la entidad para asegurar la adecuada, completa y
puntual liquidación y pago de las contribuciones parafiscales para la protección social;
ii) el otro tipo de recursos incluye las partidas asignadas en el Presupuesto General de
la Nación, los bienes transferidos por la Nación y otras entidades públicas, los ingresos
obtenidos por la prestación de servicios, los bienes adquiridos de cualquier manera, y
otros recursos que indique la ley (Decreto 575 de 2013, artículo 3). Estos últimos se
destinan a fines distintos, como el funcionamiento de la entidad o recursos propios.

En el primer caso, debido a su propósito específico, los recursos suelen ser
inembargables, ya que aseguran al menos el pago mínimo de las pensiones. Por otro
lado, los segundos, no siempre tienen esta característica, ya que, según su destino u
origen, pueden ser objeto de medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.

Si bien, tratándose de recursos de las entidades públicas se parte del principio de
inembargabilidad establecido en procura de garantizar que los deberes mínimos del
Estado se encuentren salvaguardados; se reconoce la posibilidad de afectarlos de
manera excepcional a través de medidas cautelares en aquellos supuestos
expresamente autorizados por el legislador, lo que ha venido siendo objeto de precisión
por parte de la jurisprudencia emitida por las altas cortes.

[…] En consonancia con lo anterior, y a voces del artículo 3° del Decreto 575 de 2013,
los recursos de la UGPP están constituidos por: i) Las partidas ordinarias y
extraordinarias asignadas en el Presupuesto General de la Nación, ii) Los bienes que le
transfieran la Nación y otras entidades públicas del orden nacional, iii) Los recursos que
reciba por la prestación de servicios, iv) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera
o haya adquirido a cualquier título, y v) los demás recursos que le señale la ley, frente a
los cuales el principio de inembargabilidad sucumbe dado la existencia de excepciones,
entre las que se encuentran las eventualidades en que se ejecute una providencia
judicial, como en el caso que nos ocupa, máxime cuando se trata de una de tipo laboral.

Conclusión que se obtiene del análisis de los pronunciamientos proferidos por el Consejo
de Estado, en donde se reiteró el criterio conforme al cual, para garantizar el pago de

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01393-00
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

acreencias derivadas de sentencias judiciales, éstas no deben afectarse con la limitación
de inembargabilidad, flexibilizando la rigidez de la regla consagrada en el artículo 594
del C.G.P., que se ha matizado en aras de garantizar la seguridad jurídica y el respeto
de los derechos reconocidos en decisiones judiciales, requerimientos indispensables
para la realización de la dignidad humana.

Por lo anterior, no son de recibo los argumentos expuestos por el recurrente respecto a
la inembargabilidad absoluta de los bienes de la ejecutada y menos a la imposibilidad
de dar aplicación a las excepciones previstas para dicho principio a nivel jurisprudencial,
por ello, se estima que sí es procedente el decreto de la medida cautelar en los términos
expuestos por la falladora de primera instancia, lo que conlleva a que sea confirmada su
decisión.”15

5.5. Luego de lo relatado se advierte que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en el auto censurado.

En efecto, contrario a lo afirmado por la entidad accionante, el Tribunal
Administrativo del Cesar sí analizó el régimen jurídico que regula el principio de
inembargabilidad y sus excepciones, en concordancia con el desarrollo realizado
por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y concluyó que aquel principio,
respecto del presupuesto de las entidades y órganos del Estado, encuentra algunas
excepciones cuando se trate, entre otros, de i) la satisfacción de créditos u
obligaciones de origen laboral, necesarias para realizar el principio de dignidad
humana; y ii) sentencias judiciales, para garantizar la seguridad jurídica y el respeto
de los derechos reconocidos en dichas decisiones.

En ese orden, sostuvo que en el expediente obraban, entre otros, el certificado de
libertad y tradición del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 244-
91583 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ipiales, que da cuenta
de que a la entonces ejecutada le fue adjudicada una cuota parte y por ende figuraba
como titular del derecho real de dominio. En esa medida, acogió el criterio fijado por
el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, según el cual, el pago de acreencias
laborales derivadas de sentencias judiciales no debe afectarse con la limitación de
inembargabilidad, de manera que se flexibiliza la regla establecida en el artículo 594
del CGP.

5.6. Resulta claro, entonces, que la parte actora pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, los

15
Archivo denominado “007 Auto interlocut_ 20160011306 resuelvea”, visible a índice 12 de SAMAI, folios 10 y 11, certificado
39BB39909DA1F256 76ECD5639150C115 86D874B7E501AFBB 974E63BFED044C03.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01393-00
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Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate que tuvo lugar
en el trámite ordinario, con el fin de que prevalezca su interpretación sobre la
acogida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en el proceso 20001-33-33-003-
2016-00113-00/06. Cosa distinta es que la parte accionante no comparta el sentido
de la decisión adoptada, aspecto que desborda el ámbito de competencia del juez
constitucional, en tanto no le corresponde definir la forma en que el juez natural
tiene que decidir.

5.7. En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la acción de tutela, es preciso señalar que no basta
con manifestar inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de
censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya
que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que
no trascienden al plano constitucional.

5.8. Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada16, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario17.

6. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

16
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
17
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01393-00
Accionante: UGPP
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado

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