Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04053-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04053-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04053-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
23 de octubre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04053-01
Demandante: Dora Cecilia Landazábal Torres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 23 de octubre de 2025
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04053-01
Demandante: DORA CECILIA LANDAZÁBAL TORRES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN D Y OTRO
Temas: Contra providencias dictadas en medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Improcedencia de la acción de tutela.
Requisito general de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante contra la sentencia del 8
de agosto de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Primera, resolvió:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva
presentada por el MUNICIPIO DE CHÍA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por
falta del requisito general de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 1 de julio de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado, la
señora Dora Cecilia Landazábal Torres pidió la protección de sus derechos fundamentales
al mínimo vital, al debido proceso, la salud, igualdad, dignidad humana y trabajo.
A juicio de la demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de las sentencias del 27 de septiembre de 2024 y del 8 de mayo de 2025, dictadas
por el Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, respectivamente, que denegaron las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 25899- 33-33-003-
2020-00173-00/02.
2. Pretensiones
La tutelante formuló de manera textual las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Señores Magistrados, esta acción pretende que, dentro de un término perentorio y urgente, se le
amparen los derechos constitucionales fundamentales a la accionante, los cuales le fueron vulnerados tanto
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección segunda – subsección “d”, Magistrado Ponente DR.
1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-01393-00.
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Demandante: Dora Cecilia Landazábal Torres
ISRAEL SOLER PEDROZA como por el juzgado primero (1º.-) administrativo del circuito judicial de Zipaquirá
Cundinamarca, cuyo titular es el Doctor LUIS ANDERSON BARRIOS DIAZ, al proferir tanto en primera como
en segunda una instancia sentencia definitiva totalmente adversa a La ley, a nuestra Constitución política, al
bloque de constitucionalidad y a los tratados internacionales vigentes para nuestro país,
SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior SE REVOQUE la sentencia definitiva proferida por lo
accionados dentro del proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, de DORA CECILIA
LANDAZÁBAL TORRES VS. El municipio de Chía Cundinamarca, con No. de radicación 25899- 33-33-003-
2020-00173-02 y se dicte la que en derecho corresponde accediendo a las pretensiones solicitadas en la
demanda.
3. Hechos
Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca los
siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación Administrativa
Mediante Resolución No. 1870 del 10 de octubre de 2012, el alcalde municipal de Chía
nombró en provisionalidad a la señora Dora Cecilia Landazábal Torres en el cargo de
Comisaría de Familia, código 202, grado 05. Tomó posesión el 11 de octubre de 2012 y
ejerció hasta el 18 de enero de 2013, fecha a partir de la cual fue incapacitada a causa
de varias enfermedades originadas en el trabajo2, por lo cual, tanto la EPS, como las
Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez determinaron una pérdida de
capacidad laboral del 36.1%.
El 6 de julio de 2017, la señora Landazábal Torres solicitó a la Alcaldía de Chía, su
reincorporación laboral. Explicó, que fue calificada con una pérdida de la capacidad
laboral del 36.1% y que se encontraba incapacitada.
Mediante Resolución No. 2460 del 24 de julio de 2017, el alcalde de Chía dispuso la
reincorporación de la señora Landazábal a la planta global de empleos, en su cargo titular
en provisionalidad, con efectos a partir del 25 de julio de 2017. La decisión se sustentó
en el hecho de que la funcionaria permanecía en incapacidad médica desde enero de
2013. Además, solicitó a la Dirección de Función Pública adelantar los trámites de
traslado de la servidora, conforme a las recomendaciones médicas emitidas por la EPS
Sanitas.
Por Resolución No. 2461 del 24 de julio de 2017, la alcaldía municipal de Chía trasladó a
la señora Landazábal a la planta global de empleos para desempeñar funciones como
Profesional Universitario, código 219, grado 05, nivel profesional, en la Secretaría de
Obras Públicas, con efectos a partir del 25 de julio de 2017.
El 14 de junio de 2018, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez confirmó el dictamen
emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca.
Posteriormente, mediante la Resolución No. 3513 del 30 de julio de 2019, el alcalde de
Chía dio por terminado el nombramiento en provisionalidad de la señora Landazábal en
el cargo de profesional universitario, código 219, grado 05, de la planta global de la
administración central. La administración municipal explicó que la CNSC adelantó
concurso de méritos para proveer el cargo de profesional especializado, código 222,
grado 07, en virtud de la lista de elegibles y dado que la señora Landazábal ocupaba en
provisionalidad un empleo ligado a dicho cargo, su nombramiento terminó con
2 Tales como estrés postraumático, y enfermedades de la columna y del colon.
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Demandante: Dora Cecilia Landazábal Torres
fundamento en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015.
El 6 de agosto de 2019, la señora Landazábal, por intermedio de apoderado, interpuso
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución No. 3513 de 2019.
Alegó que: i) con una pérdida de capacidad laboral del 36,1 % era sujeto de especial
protección constitucional, por lo que no podía ser retirada sin la autorización del Ministerio
de Trabajo prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; ii) que su cargo era realmente
como Comisaria de Familia y no uno de la planta global en el cargo de Profesional
Universitario al que fue trasladada en la Secretaría de Obras, que en todo caso, esos
cargos que nunca fueron convocados a concurso de méritos; iii) ostentaba la condición
de madre cabeza de familia; y iv) tenía la calidad de prepensionada.
La Resolución No. 4084 del 9 de septiembre de 2019, expedida por la Secretaría General
de la alcaldía de Chía reconoció y ordenó el pago a la señora Landazábal de la suma de
$11.263.752, por concepto de liquidación de prestaciones sociales y demás emolumentos
salariales.
Finalmente, mediante oficio del 7 de enero de 2020, la Dirección de Función Pública de
la alcaldía de Chía declaró improcedentes los recursos de reposición y apelación
interpuestos contra la Resolución No. 3513 de 2019, razón por la cual no adelantó trámite
alguno frente a ellos.
3.2 Actuación judicial
La señora Dora Cecilia Landazábal Torres promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el municipio de Chía, para que se declarara la nulidad
la Resolución No. 3513 del 30 de julio de 2019, que dio por terminado su vínculo laboral
con esa entidad. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara su
reintegro al cargo de comisaria de familia (grado 07, código 202) con las condiciones
salariales correspondientes; el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde
el 1º de agosto de 2019 hasta que se cumpla con la eventual sentencia; la cancelación
de la diferencia salarial entre el cargo de profesional universitario (código 219, grado 05)
y el de comisaría de familia desde el 25 de julio de 2017; la indemnización por perjuicios
derivados de la desvinculación; y el pago o reintegro de los aportes a seguridad social en
salud y pensión.
El asunto se adelantó bajo el radicado 25899-33-33-003-2020-00173-00 y correspondió
al Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá que, por sentencia del 27 de septiembre
de 2024, denegó las pretensiones de la demanda.
Consideró que, la desvinculación se originó por el nombramiento en propiedad de la
persona que superó el concurso de méritos, circunstancia que acreditó la debida
motivación del acto que ordenó dar por terminado su nombramiento en provisionalidad.
Que no se demostró la condición de madre cabeza de familia, que la pérdida de
capacidad laboral del 36,1 % no otorgaba estabilidad laboral indefinida y que la
demandante no cumplía los requisitos para ser considerada prepensionada, al no
acreditar el mínimo de semanas exigidas por la ley.
Inconforme, la señora Dora Cecilia Landazábal Torres apeló y sostuvo que se desconoció
su pérdida de capacidad laboral del 36,1 %, que la hacía sujeto de especial protección
constitucional. Que su desvinculación se produjo sin la autorización del Ministerio de
Trabajo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
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Afirmó que, era titular del empleo de comisaría de familia, el cual no fue convocado a
concurso y que su traslado al cargo de profesional universitario se efectuó de manera
arbitraria. Que nunca perteneció a la planta global del nombrado municipio, que su retiro
respondió a maniobras irregulares en el nombramiento de otro funcionario y que debía
reconocérsele su calidad de madre cabeza de familia y prepensionada.
Por último, solicitó que se valoraran todas las pruebas obrantes en el expediente.
Además, pidió en segunda instancia, que se oficiara a la Alcaldía de Chía para que
remitiera y certificara: (i) el Decreto 173 del 27 de mayo de 2019, mediante el cual se
nombró en período de prueba a Fernando de Jesús Blanco Mojica, para demostrar que
dicho nombramiento no correspondía a los cargos ocupados por la demandante; (ii) si el
mencionado funcionario asumió el cargo dentro de los diez días siguientes a su
nombramiento, conforme a la ley; (iii) la identificación de la persona titular del cargo de
Profesional Universitario (Código 219, Grado 05) en la Secretaría de Obras al momento
en que la demandante fue designada en provisionalidad (24 de julio de 2017); (iv) el cargo
titular del señor Raúl Eduardo Rivera Gómez en las fechas del 24 de julio de 2017 y del
30 de julio de 2019, cuando finalizó la vinculación de la actora; (v) si se efectuó entrega
formal del cargo a la demandante conforme a la Ley 951 de 2005, y en caso contrario,
las razones de su omisión; (vi) si fue incorporada en programas o listados municipales
como sujeto de especial protección constitucional.
Por auto del 4 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, admitió el recurso de apelación interpuesto por la
señora Landazábal Torres y negó el decreto de las pruebas solicitadas por la señora Dora
Landazábal, al considerar que no resultaban necesarias en esa instancia. Contra la
decisión, no se interpuso recurso.
En sentencia del 8 de mayo de 20253, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, confirmó la decisión de primera instancia, básicamente
con las mismas razones expuestas por el a quo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la tutelante expuso que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que las sentencias cuestionadas
incurrieron en los siguientes vicios de fondo:
Defecto sustantivo porque se inaplicó el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que exige
autorización previa del Ministerio de Trabajo para desvincular a una persona en condición
de discapacidad. Alegó que los operadores jurídicos otorgaron una interpretación
equivocada a las normas sobre carrera administrativa, concurso de méritos y traslado de
funcionarios, y que desconocieron la naturaleza del cargo que ella ocupaba y sus
condiciones de vinculación. Que, además, se inaplicaron los artículos 1, 4, 13, 25, 29, 47,
53, 54 y 93 de la Constitución Política, así como el bloque de constitucionalidad.
Defecto fáctico debido a que, a su juicio, la autoridad judicial omitió decretar y valorar
pruebas solicitadas en segunda instancia que pretendían demostrar que el cargo de
comisaria de familia que ocupaba, ni el cargo al que la trasladaron en la secretaría de
obras públicas fueron sometidos a concurso, y con ello acreditar la ilegalidad de la
resolución demandada.
3 La providencia se notificó el 15 de mayo de 2025 a los correos electrónicos informados por las partes.
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Señaló, además, que fue ignorada la documentación médica que demostraba que la
actora padecía una enfermedad vascular tratada por la EPS, que requería intervención
quirúrgica, así como los informes médicos, incapacidades laborales y dictámenes que
acreditaban su condición de discapacidad.
Que no se tuvo en cuenta que era un sujeto de especial protección constitucional por su
condición de salud. Que tampoco se tuvo en consideración que al momento de su
desvinculación del ente territorial tenía pendiente una cirugía de columna, que estaba en
tratamiento médico, que contaba con dos dipos de discapacidades relacionadas con
enfermedades psiquiátricas y de la columna, que esta última discapacidad había sido
producto de un accidente laboral.
Que su desvinculación había sido discriminatoria, porque el municipio de Chía tenía la
posibilidad de volver a nombrarla comisaria de familia.
Desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional en
relación con la estabilidad laboral reforzada de las personas en condición de
discapacidad. Precisó que se ignoraron las sentencias SU-049 de 2017, SU-380 de 2021,
SU-087 de 2022 y SU-061 de 2023, que fijaron reglas claras sobre la prohibición de
despido de trabajadores discapacitados sin la autorización del Ministerio de Trabajo y
sobre la obligación de aplicar un enfoque diferencial en su protección.
5. Intervenciones
El Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela, porque se pretendía para reabrir controversias ya
debatidas y decididas en el proceso ordinario.
Afirmó que no existe sustento alguno para alegar que en el trámite del proceso se
vulneraron los derechos fundamentales de la accionante, toda vez que las actuaciones
desplegadas garantizaron el debido proceso, el derecho de defensa y de contradicción y
las providencias acusadas se adoptaron con base en el marco normativo y probatorio
aplicable al caso.
El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, ponente de la decisión de segunda instancia, pidió que se denegaran las
pretensiones de la demanda de tutela comoquiera que los cuestionamientos planteados
se limitaban a reiterar los argumentos y hechos ya expuestos en el proceso ordinario, los
cuales fueron resueltos de manera detallada en la sentencia de segunda instancia.
La Alcaldía de Chía solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, al no
constituir un mecanismo para replantear controversias previamente resueltas. Sostuvo
que la accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni el cumplimiento
del requisito de subsidiariedad que justificara el amparo deprecado.
Finalmente, resaltó que las actuaciones adelantadas en el proceso ordinario se realizaron
dentro del marco legal y jurisprudencial aplicable, y que el municipio aportó los medios
probatorios requeridos, los cuales fueron valorados en dicha actuación.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 8 de agosto de 2025,
declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no cumplía con el requisito
general de relevancia constitucional.
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Indicó que los argumentos expuestos en la solicitud de amparo ya habían sido
desestimados en la sentencia del 8 de mayo de 2024 y que, en consecuencia, la
demandante pretendía utilizar este mecanismo como una instancia adicional del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-03-15-000-2025-04053-00/02.
7. Impugnación
La tutelante impugnó el fallo de primera instancia con los mismos argumentos expuestos
en el escrito de tutela: la omisión en la aplicación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y
de la jurisprudencia sobre estabilidad laboral reforzada; la presunta negativa arbitraria del
Tribunal en decretar las pruebas solicitadas, lo que vulneró su derecho de defensa; y la
ausencia de una motivación suficiente, pues la decisión se limitó a reiterar lo resuelto en
primera instancia sin valorar el material probatorio ni los precedentes aplicables.
Finalmente, sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Primera, incurrió en error al
declarar improcedente el amparo por falta de relevancia constitucional, dado que la
estabilidad laboral reforzada constituye un derecho fundamental amparado
constitucionalmente.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, en razón a que la tutela no cumple
con la exigencia de relevancia constitucional, pues los argumentos que la demandante
formuló en la solicitud de amparo fueron los mismos que se desestimaron en las
providencias cuestionadas, de ahí que se evidencie que emplea este mecanismo judicial
como una tercera instancia del proceso ordinario.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional (iii) subsidiariedad y, finalmente,
(iv) al análisis del caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-006, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. La subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela «solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». Eso quiere decir
que la subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza
excepcional de este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de
tutela debe ser el último recurso, no el primero.
La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable7. Este requisito busca, en última instancia,
asegurar que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de
derechos fundamentales en circunstancias excepcionales.
5. Análisis del caso concreto
5.1. Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
25899-33-33-003-2020-00173-00/02, tal como se concluyó en la sentencia impugnada.
6 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-543 de 1992.
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Básicamente, en la acción de tutela de la referencia como en el proceso ordinario, la
demandante argumentó: (i) que las autoridades judiciales inaplicaron el artículo 26 de la
Ley 361 de 1997 y diversas normas constitucionales, e interpretaron de forma equivocada
las disposiciones sobre carrera administrativa y traslado de funcionarios, con lo que
desconocieron la naturaleza de su cargo y sus condiciones de vinculación y (ii) el
desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional sobre estabilidad laboral
reforzada, al ignorar sentencias de unificación que exigen autorización del Ministerio de
Trabajo para el despido de personas en condición de discapacidad y la aplicación de un
enfoque diferencial en su protección.
En efecto, respecto al primer y segundo cargo, en el recurso de apelación interpuesto por
la demandante contra la sentencia del 27 de septiembre de 2024, proferida por el Juzgado
Primero Administrativo de Zipaquirá, que denegó las pretensiones de la demanda en el
expediente 25899-33-33-003-2020-00173-00, se lee lo siguiente:
[…]
En conclusión, Señores Magistrados, los motivos que llevaron al Municipio demandado a tomar la
arbitraria e injusta determinación de desvincular a la trabajadora con fuero Constitucional y legal,
simplemente no existen, y, por el contrario, está plenamente demostrado en el proceso que:
1º.- Se trata de una persona discapacitada con discapacidad del 36.1%: situación ampliamente
demostrada en el proceso, no solo con un documento, sino con multiplicidad de elementos probatorios,
cuya situación no admite ponerse en la más mínima duda.
2º.- Que la discapacidad de la demandante era y sigue siendo doble, pues no solo era la discapacidad
36.1 % sino que tenía y tiene otra discapacidad adicional relacionada con su columna vertebral:
Situación que al igual que la anterior, está plenamente probada en el proceso.
3º.- Que, de la doble discapacidad de la demandante, el Municipio tenía antes de tomar la arbitraria
determinación de desvincularla, el pleno conocimiento, como ellos mismos lo hacen ver en las distintas
resoluciones que ellos mismos produjeron y en el amplio medio documental que acompañaron e hicieron
llegar al proceso y además con el amplio acerbo probatorio allegado por la demandante tanto con el
escrito de demanda como con los escritos relacionados con la medida cautelar solicitada.
4º.- Que en razón la situación de debilidad manifiesta de la demandante y su estatus de “sujeto de
especial protección constitucional legal y jurisprudencial” para tomar alguna decisión relacionada con
su desvinculación se tenía que contar con el permiso del Ministerio del Trabajo como lo ordena el art.
26 de la Ley 361 de 1.997, la cual se pasaron por la “faja” olímpicamente y que por consiguiente dentro
de este proceso brilla por su ausencia dicho permiso del Mintrabajo.
5º.- Que la demandante demostró ante el Municipio demandado, antes de la toma de la arbitraria e ilegal
decisión de desvincularla laboralmente ser madre cabeza de familia y en estado de pre-pensión. No
podemos olvidar que para el caso de la demandada los requisitos varían y por ejemplo las semanas ya
no son 1300, sino 1150, dado que su incapacidad supera el guarismo del 15 %, de que habla la ley y la
jurisprudencia, lo que ha sucedido es que Colpensiones ha sido negligente en certificarle todas sus
semanas, a pesar del esfuerzo hecho para tal fin.
6º.- Que no existió ningún concurso de méritos ni para su cargo del cual era titular, (comisaria de familia,
código 202, grado 05) ni para el cargo al cual estaba en calidad de préstamo, situación ampliamente
probada en este proceso.
7º. Que el Municipio demandado manifiesta errónea y mentirosamente que para el cargo que
desempeñaba la demandante antes de la desvinculación tenía que ser suplido por alguien que se lo
había ganado por concurso, lo cual es, como ya lo dije, completamente mentiroso, pues como lo he
repetido muchas veces, dicho cargo no fue sometido a concurso y la situación que expone el Municipio
demandado es referente a un cargo muy distinto que pertenece a otra categoría […]
Para terminar, simplemente quiero recordar que en desarrollo del derecho Constitucional fundamental
consagrado en el art. 13 de nuestra Constitución Nacional, que le asiste a mi cliente, la sala de casación
laboral de Nuestra Corte Suprema de Justicia fue del criterio de que las personas que tuvieran una
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discapacidad del 15 % se presumía legalmente que si eran desvinculadas laboralmente, su despido se
catalogaba como una discriminación en razón a su situación; Sentencia SL 2841 de 2.020 que a página
53 expresamente señaló: […] criterio anterior que fue superado Constitucionalmente mediante
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE NUESTRA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA No. SU-087 DE 2022
[…] (sic para toda la cita).
Por su parte, la demandante sostuvo en la acción de tutela que las autoridades judiciales
inaplicaron el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y disposiciones constitucionales al
interpretar de manera errónea las normas sobre carrera administrativa y traslado de
funcionarios, lo que desconoció la naturaleza de su cargo. Señaló también que se omitió
decretar y valorar pruebas que acreditaban su discapacidad y que se desconoció el
precedente de la Corte Constitucional en materia de estabilidad laboral reforzada. Así lo
dijo la demandante en la solicitud de amparo:
Los tutelados desconocieron por completo la calidad de sujeto de especial protección constitucional de
la tutelante y por consiguiente de aforada constitucional, pues desconocieron que el Municipio
demandado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la tutelante violó
flagrantemente los derechos legales, constitucionales y jurisprudenciales, bloque de constitucionalidad,
aplicación del precedente constitucional, trato diferencial de la accionante, etc. Por las siguientes
razones:
1º.- Los tutelados desconocieron de manera directa la aplicación de la constitución política, el
precedente constitucional y la ley al no obtener el permiso ordenado por la ley art. 26 de la ley 361 de
1.997 del Ministerio del trabajo para desvincular a la demandante, lo cual como está demostrado era un
requisito del orden legal y constitucional.
2º.- - Los tutelados desconocieron de manera directa la aplicación de la constitución política, el
precedente constitucional y la ley al no reconocerle a la demandante su calidad de sujeto de especial
protección constitucional reforzada y por consiguiente de aforada constitucional, desconocieron la
discapacidad que ampliamente se demostró tiene la tutelante del 36.1%.
3º.- Los tutelados desconocieron de manera directa la aplicación de la constitución política, el
precedente constitucional y la ley al no decretar, al no valorar y al darle una interpretación errónea a las
pruebas existentes dentro del proceso y que hicieron parte del mismo y que fueron solicitadas legal y
oportunamente; vemos que los operadores judiciales demandados, desconocieron por completo que la
accionante pertenecía era a la planta rígida de la administración central en el cargo de comisaria de
familia, pues ella como puede leerse, no aparece por ninguna parte que haya aceptado pertenecer a la
planta global del municipio, carga probatoria la anterior que le correspondía probar al municipio
demandado y que jamás demostró y que por el contrario para demostrar lo contrario a lo dicho por la
demandante allega una acta de posesión sin firma alguna.
Sumado a lo anterior, vemos con toda claridad que el cargo de comisaria de familia al que pertenecía
la tutelante no fue sometido al concurso de méritos, como falsamente lo alego el municipio demandado
y que tanto el juzgado de primera instancia como el Tribunal accionado en segunda instancia, le dieron
la razón, sin leer siquiera la resolución objeto de convocatoria, en donde, como ya se dijo, los cargos
de la comisaria no fueron sometidos al mencionado concurso de méritos.
[...]
5º.-Los tutelados le desconocieron a la demandante su condición de discapacitada; hecho este que
como fue demostrado ampliamente en el proceso y fue aceptado expresamente por el municipio
demandado, no fue tenido en cuenta por los accionados incurriendo en un grave error tanto fáctico como
jurídico, pues en el proceso no solo se demostró y así se aceptó por el municipio demandado el grado
de discapacidad, sino el conocimiento que en todo momento tuvo el municipio de mandado de la
situación de discapacidad y de salud de la demandante, de las incapacidades médicas por las que en
multitud de oportunidades atravesó la demandante antes de la desvinculación laboral, al momento de
la misma y con posterioridad a ella, vale la pena expresar que dentro del mes anterior al despido de
la demandante, ella se encontraba en estado de discapacidad del 36.1%, en incapacidad médica, en
tratamiento medicó, hecho relevante en este punto es el de que así fue certificado por el médico que le
practicó el examen médico al momento del arbitrario despido.
6º.- Los tutelados le violaron los derechos fundamentales a la tutelante al no revisar y al desconocer las
pruebas existentes en el proceso que demuestran que el cargo que ocupaba la tutelante en obras
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públicas no fue sometido a concurso y tampoco podía serlo por cuanto como aparece demostrado en
el proceso y no fue desvirtuado por el municipio demandado, que la titular de ese cargo era una mujer,
como lo dice la resolución de despido de la tutelante, no el Senor RAUL EDUARDO RIVERA GOMEZ,
y por consiguiente dicho cargo no podía ser sometido a concurso de méritos porque tenía a una persona
de sexo femenino como titular del mismo, según lo informa la mencionada resolución y jamás de los
jamaces se encontraba vacante, por consiguiente era imposible someterlo a concurso de méritos, lo
anterior se quiso desvirtuar por parte de la tutelante en el proceso de nulidad y restablecimiento de sus
derechos, pero el Tribunal no quiso decretar las pruebas encaminadas a ello como aparece registrado
en el escrito de sustentación del recurso de apelación de la sentencia de primera instancia.
7º. Los tutelados le violaron flagrantemente los derechos constitucionales fundamentales a la accionante
al interpretar erróneamente las resoluciones allegadas al expediente y dar por cierto el hecho alegado
por el municipio, por demás completamente contradictorio, que el cargo de comisario de familia del
mencionado municipio fue sometido a concurso, (y, por otro lado, alegó que dichos cargos habían
desaparecido), cuando fue totalmente lo contrario, los cargos de las comisarias no fueron sometidos a
dicho concurso y, por el contrario, en vez de desaparecer se crearon dos comisarias más, a donde podía
en dado caso enviarse a la tutelante con las restricciones y recomendaciones por motivos de salud
ordenadas medicamente.
8º.- Los tutelados igualmente violan abiertamente los derechos y garantías constitucionales
fundamentales de la accionante al interpretar equivocadamente el ordenamiento jurídico relacionado
con el concurso de méritos y en su equivocación al admitir que era válido que se diera por terminada la
vinculación laboral de la tutelante por un concurso de méritos que nada tenía que ver ni con el cargo de
comisaria de familia ni con el cargo ocupado por ésta al momento de la desvinculación; veamos por
qué?; el concurso de méritos se habré para suplir 3l5 cargos EN VACANCIA DEFINITIVA,
pertenecientes al sistema general de carrera administrativa de la planta de personal del municipio de
Chía, (acuerdo No. CNSC – 20182210000246-12-01- 2018) ( resolución No.20192210002548 del 02-
05-019) en donde al estudiar dichos instrumentos jurídicos vemos que por ningún lado aparecen
convocados ni seleccionados los cargos ni de comisaria de familia ni el de profesional universitario
código 219 grado 05 de obras públicas y que, por el contrario, el cargo que aparece convocado y
seleccionado es el de profesional especializad código 222, grado 07, completamente distinto al de
comisario de familia (grado 202, grado 05,), esto constituye un error muy grave de interpretación de
normas claras y transparentes que obligan a que las vacantes sean suplidas por las personas que ganan
el concurso para el cual han sido convocados previamente de manera concreta y específica; es decir
Señores Magistrados los tutelados avalaron una decisión totalmente contraria al ordenamiento jurídico
y violatoria de los más mínimos y elementales derechos constitucionales fundamentales de la tutelante.
9.-También los tutelados vulneran los derechos fundamentales de la tutelante al interpretar de manera
equivocada la legislación sobre el concurso de méritos y los cargos a proveer al decir de manera
contraria a la ley y a nuestro ordenamiento constitucional que era justa causa para dar por terminada la
vinculación laboral de una persona discapacitada, a la vez incapacitada y vulnerable, en pleno
tratamiento médico, por lo tanto, con fuero constitucional, (art. 13 de la C.P.), por cuanto una persona
que jamás concursó ni tampoco se posesionó para el cargo que se presentó, ni para el cargo que ella
desempeñaba, (señor FERNANDO DE JESUS BLANCO MOJICA)., había ganado el concurso y que
por consiguiente que podía ser desvinculada, habiendo otros cargos como el de devolverla al cargo de
comisaria de familia con las restricciones y condiciones ordenadas médicamente, (atención al público,
lo que en el lenguaje judicial se llama “atención de la baranda”), por una persona que concursó y ganó
el concurso de méritos para un cargo completamente distinto en todo sentido del que ocupaba la
tutelante; olvidando además que en tratándose de una persona de las condiciones de la tutelante le era
obligatorio agotar el trámite establecido en la ley 361 de 1.997 art. 26, esto es el trámite ante el Ministerio
del trabajo.
10º.-Los tutelados violaron a la tutelante, flagrantemente los derechos constitucionales fundamentales
y jurisprudenciales, bloque de constitucionalidad, aplicación del precedente constitucional, trato
diferencial de la accionante, al no reconocerle su calidad de sujeto especial de derechos
constitucionales fundamentales y al darle un tratamiento igual al de una persona en condiciones
normales, aspecto fácil de colegir Señores magistrados con la simple lectura de las providencias objeto
de esta tutela, en donde por ningún lado aparece el reconocimiento de su calidad especial, (ampliamente
demostrada en el proceso objeto de las providencias tanto de primera como de segunda instancia que
fallaron el proceso instaurado por la tutelante) y menos el reconocimiento de que su calidad de sujeto
especial de derechos obligaba al patrono a tramitar ante el Ministerio del Trabajo la orden de despido si
habían circunstancias especiales para desvincularla, (art. 13 de nuestra Constitución, en concordancia
con el art. 26 de la ley 361 de 1.997 y todo el precedente jurisprudencial que existe y bloque de
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constitucionalidad. el trámite establecido en la ley 361 de 1997, art. 26, esto es el trámite ante el
Ministerio del trabajo.
11º. De igual modo los tutelados le vulneraron los derechos fundamentales constitucionales a la
accionante, al no tener en cuenta que dentro del expediente por ninguna parte aparece la prueba
fundamental en este caso que es el permiso que el municipio demandado, en aras del cumplimiento de
la Constitución y la ley (especialmente el debido proceso) debió tramitar y obtener del Ministerio del
Trabajo (art. 26 ley 361 de 1.977), si era cierto que tenía razón o causa alguna válida para dar repentina
y arbitrariamente por terminada, de un tajo, la relación laboral que tenía con la tutelante sin el menor
respeto por sus derechos.
12.- Señores Magistrados, de igual manera tanto el juzgado de primera como el fallador de segunda
instancia desconocieron por completo los medios probatorios aportados y que demostraban que al
momento de la terminación arbitraria del contrato de trabajo con la tutelante, ésta se encontraba en la
siguiente situación de salud; (hechos plenamente demostrados dentro del proceso y admitidos por el
mismo municipio demandado, en su contestación de demanda). (sic en toda la cita)
No obstante, la discusión sobre los mencionados puntos de derechos ya fue resuelta por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en
sentencia del 8 de mayo de 2025, en los siguientes términos:
[…]
En su recurso de apelación, la parte actora plantea que: i) al haberse valorado con una pérdida de la
capacidad laboral del 36.1%, es sujeto de especial protección constitucional, por lo cual no podía ser
retirada sin autorización del Ministerio de Trabajo, como lo dispone el artículo 26 de la Ley 361 de 1997;
ii) nunca estuvo vinculada a la planta global de la administración, sino a la planta central de empleos,
como Comisaria de Familia, empleo del cual era titular y nunca se desvinculó, además tanto este como
el que desempeñó en la Secretaría de Obras, no fueron convocados a concurso; iii) es madre cabeza
de familia y; iv) es prepensionada. […].
i) La discriminación prohibida por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997
La Ley 361 de 1997 establece los mecanismos de integración social de las personas con limitaciones
físicas de diversa índole, y busca ofrecer un tratamiento integral que incluye: el acceso a la salud, la
educación, la cultura, la integración laboral, la economía, la accesibilidad a las edificaciones tanto
públicas como privadas, el acceso a los espectáculos públicos, el transporte, la señalización vial, y las
comunicaciones, entre muchos otros servicios y garantías.
[…]
Lo anterior permite concluir, que para acceder a la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley
361 de 1997 es necesario: i) que se trate de personas con discapacidad; ii) que el hecho sea conocido
por el empleador, iii) que la ruptura contractual obedezca a esta situación del trabajador.
Ahora bien, la discapacidad se configura cuando concurren los siguientes elementos:
i) La existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, a mediano y largo plazo,
entendiéndose por deficiencia los problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una
desviación significativa o una pérdida, por lo tanto, no cualquier contingencia de salud por sí misma
puede ser considerada como discapacidad; y
ii) La existencia de barreras para el trabajador de tipo actitudinal, social, cultural o económico, que al
interactuar le impidan ejercer efectivamente su labor en condiciones de igualdad con los demás.
Lo anterior permite concluir, que si bien es cierto la parte actora padece “Trastorno de estrés
postraumático”, “Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión” y “Lumbago no especificado” de origen
común patologías que se encuentran plenamente documentadas y que le generaron múltiples
incapacidades laborales, al momento de su retiro no contaba con ninguna restricción médica para el
desempeño de sus labores, pues se recomendó su reubicación, lo cual ocurrió con su traslado de la
Comisaría a de Familia a la Secretaría de Obras del municipio de Chía; según las recomendaciones
médicas no debía trabajar en horarios nocturnos, ni con excesiva interacción con el público, de lo cual
no se aportó prueba alguna, ni fue alegado por la accionante que en el empleo al que fue trasladado no
se cumpliera con dichas restricciones.
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Por lo anterior, se considera que ni se encontraba incapacitada, ni en una situación grave de salud, que
fuera notoria y evidente, lo que demuestra que, a pesar de su patología, ésta no le impedía realizar sus
labores, a pesar de las restricciones médicas que fueron acatadas por la entidad, por lo tanto, no se
hallaba en situación de debilidad manifiesta, que pueda considerarse como una situación de
discapacidad.
Además, su desvinculación obedeció a la necesidad de proveer un cargo con la persona que ganó el
concurso de méritos y en virtud de los derechos derivados de la carrera administrativa, razón por la cual
no hay lugar al reconocimiento de la indemnización establecida en la Ley 361 de 1997. Tampoco se
requería autorización del Ministerio de Trabajo para su desvinculación.
ii) El traslado interno de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Obras Públicas
De acuerdo con lo probado en el proceso, el Alcalde Municipal de Chía ordenó trasladar a la
demandante, del empleo de Comisaria de Familia que venía desempeñando, al de Profesional
Universitario, Código 219, Grado 05, desde el 25 de julio de 2017, el cual pertenece al mismo nivel
jerárquico (profesional), presenta funciones similares, exige los mismos requisitos académicos,
experiencia y tiene el mismo grado salarial que el de Comisaria de Familia, en virtud de la
recomendación médica de reubicación, y teniendo en cuenta que a través del Decreto No. 18 del 16 de
junio de 2015, se estableció la planta global de empleos públicos de la administración central del
municipio de Chía, según se consignó en la Resolución No. 2461 del 24 de julio de 2017, que dispuso
el traslado de la accionante.
La demandante alega que nunca fue desvinculada del empleo de Comisaria de Familia, del cual
considera era titular y que nunca aceptó pertenecer a la planta global de la entidad.
En torno al concepto de traslado, el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017 en
su artículo 2.2.5.4.1 señaló como una de las causales de movimiento de personal, el traslado o permuta,
el cual definió de la siguiente forma: […]
De acuerdo con lo anterior, el traslado implica que el servidor se desvincula de un empleo para
desempeñar otro, cuando las necesidades del servicio lo ameritan o por iniciativa del empleado.
Así las cosas, para la Sala no existe duda que la accionante fue desvinculada del empleo de Comisaria
de Familia para el que fue nombrada en provisionalidad, es decir, que su nombramiento provisional
pasó de estar en dicho empleo al de Profesional Universitario en la Secretaría de Obras del municipio
de Chía. Se aclara que la legalidad de dicho traslado no es materia de debate en este proceso, por lo
que no es posible emitir pronunciamiento alguno en torno al cumplimiento de los requisitos para dicho
movimiento de personal.
Por otra parte, independientemente de si se encontraba o no en la planta global de la entidad, lo cierto
es que fue nombrada en un nuevo empleo en provisionalidad, en virtud de recomendación médica, el
cual desempeñó hasta su retiro y dicho movimiento de personal no le otorgaba el derecho de regresar
al cargo de Comisaria de Familia ante su desvinculación del empleo de Profesional Universitario en la
Secretaría de Obras, ya que no tenía derechos de carrera sobre aquel.
No es cierto, como lo afirma la apelante, que el municipio de Chía haya conformado su planta global
cinco días antes de su retiro y que previamente fuera una planta rígida, ya que, al verificar el Decreto
No. 18 de 2015112, citado por la entidad accionada en el acto de traslado, se encuentra, que en efecto,
los empleos de Comisario de Familia, Código 202, Grado 05 y Profesional Universitario, Código 219,
Grado 05, pertenecen a la planta global de empleos de la entidad; es decir, que dicha planta global se
implementó más de cuatro años antes del retiro de la accionante.
Ahora bien, la Sala advierte, que la terminación del nombramiento en provisionalidad del cargo de
Profesional Universitario, Código 219, Grado 05 que ocupaba la demandante, se produjo con ocasión
de la convocatoria del proceso de selección que se llevó a cabo para proveer de manera definitiva 315
empleos de la planta de personal de la entidad accionada, dentro de los que se encontraba el empleo
de Profesional Especializado, Código 222, Grado 07, ocupado en encargo por el titular del cargo que
desempeñaba la demandante en provisionalidad, y en razón a la firmeza de la lista de elegibles, a través
Decreto No. 173 del 27 de mayo de 2019 se nombró en periodo de prueba, a partir del 1º de agosto de
2019, a quien tenía derecho de desempeñar dicho empleo.
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Es decir, que la terminación de la relación laboral se presentó como consecuencia de una circunstancia
objetiva, esto es, la finalización del concurso para proveer los empleos en vacancia definitiva,
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la entidad
accionada, en tanto, se cumplió la condición establecida para ocupar el cargo, de la cual la demandante
tenía conocimiento, por lo que se encuentra debidamente motivada, como lo señaló el A quo.
No obstante, la accionante sustenta su recurso de alzada, en que el acto administrativo demandado que
dio por terminado su nombramiento provisional incurrió en nulidad por haber desconocido la estabilidad
laboral reforzada que le asistía por su condición de salud, de madre cabeza de familia y de
prepensionada.
Al respecto, se debe indicar que la figura del retén social consagrada en el Decreto 790/02, creó una
garantía para algunos trabajadores considerados de especial protección, otorgando una estabilidad
laboral reforzada cuando el empleado ostenta la calidad de madre o padre cabeza de familia, y está
próximo a pensionarse o padece alguna discapacidad física, mental, síquica o cognitiva significativa, y
concurre una relación de dependencia intrínseca entre la permanencia en el empleo y la garantía de
sus derechos fundamentales, particularmente al mínimo vital y a la igualdad de oportunidades.
Dicha figura obedeció a los procesos de restructuración del Estado, en los cuales el legislador determinó
la necesidad de suprimir empleos dentro de las entidades objeto de liquidación, cuyo desarrollo
normativo se encuentra en la Ley 790 de 2002, complementada y modificada por la Ley 812 de 2003 y
por los Decretos 190 y 396 del mismo año. No obstante, la jurisprudencia lo ha extendido a otras
situaciones, en razón a que la estabilidad laboral reforzada no es un asunto que dependa de un mandato
legislativo, sino que tiene su fundamento en la Constitución Política11 8.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que dentro de las personas que se encuentran en
provisionalidad en un cargo de carrera, pueden hallarse sujetos de especial protección, tales como
prepensionados, madres o padres cabeza de familia y personas en situación de discapacidad o
debilidad manifiesta, quienes, si bien por esas circunstancias no tienen un derecho indefinido de
permanecer en el cargo, en razón del derecho que adquirieren las personas que accedieron al empleo
por concurso de méritos, sí surge para la entidad una obligación, en la medida de sus posibilidades, de
adoptar medidas afirmativas que otorguen un trato preferencial, con el fin de garantizar sus derechos
fundamentales. […]
Estabilidad laboral reforzada por su situación de salud.
Al respecto, se considera necesario precisar, que la Corte Constitucional ha considerado que los
titulares de la estabilidad laboral reforzada son entre otras las personas con discapacidad o en condición
de debilidad manifiesta por motivos de salud y que se aplica independientemente del tipo de vinculación
a la entidad. […]
Indicó la Corporación, que en el caso de personas discapacitadas, la estabilidad laboral reforzada es el
derecho que garantiza la permanencia en el empleo, luego de la limitación física, sensorial o psicológica,
como medida de protección y agregó, que la protección especial de quienes por su condición física
están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las
cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de
sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que
acredite una discapacidad. En este contexto, la estabilidad laboral reforzada hace ineficaz el despido o
desvinculación cuando la razón del mismo es la condición especial que caracteriza al trabajador” […]
Precisado lo anterior, se observa que, como se explicó, a la demandante se le Diagnosticó “Trastorno
de estrés postraumático”, “Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión” y “Lumbago no especificado”, por
lo cual se le otorgaron múltiples y prolongadas incapacidades hasta cuando solicitó su reincorporación
laboral teniendo en cuenta las recomendaciones médicas, ente ellas su reubicación, lo cual fue cumplido
por el municipio de Chía, disponiendo su traslado, sin embargo, no se evidencia que por su condición
de salud haya tenido restricciones o limitaciones que le dificultaran significativamente el normal
desempeño de sus actividades, pues nada se acreditó al respecto.
iii) La condición de madre cabeza de familia
[…]
8 Cita del texto original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve, Sentencia de 29 de febrero de 2016, Radicado No. 050012333000201200285-01
(3685-2013).
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De acuerdo con la norma y sentencia citadas, los requisitos para ser madre/padre cabeza de familia es:
1. Tener a su cargo permanentemente la responsabilidad económica del hogar por la incapacidad para
trabajar de los demás miembros.
2. Que la ayuda económica de los demás integrantes del núcleo familiar sea sustancialmente deficiente.
3. Que la pareja esté imposibilitada para trabajar por incapacidad física, mental o moral o porque su
presencia sea fundamental para la atención de los hijos menores enfermos o discapacitados.
Además, el hecho del desempleo temporal de la pareja no convierte por sí solo a una persona en
madre/padre cabeza de familia.
Aunque en el expediente aparece demostrado que la demandante solicitaba pagos parciales de sus
cesantías para cancelar los estudios de sus hijas, no se demostró que el padre se haya sustraído de
sus obligaciones o no esté en posibilidad de asumirlas. Además, el pago de los gastos educativos no
acredita que asuma sola los demás aspectos de la manutención de sus hijas, de lo que nada se
demostró. Por otra parte, para el momento de la terminación del vínculo de la demandante con el
municipio de Chía, sus hijas tenían 21 y 24 años de edad, respectivamente, sin que se hubiera
acreditado su incapacidad para trabajar, por lo cual no es posible entender que la accionante ostente la
condición de madre cabeza de familia.
iv) La condición de prepensionada
Tal como fue expuesto en el auto del 24 de febrero de 2022120, por el cual se resolvió el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora contra la providencia que negó el decreto de la medida cautelar
solicitada, la Corte Constitucional ha sostenido que las personas próximas a pensionarse gozan del
derecho a la estabilidad laboral reforzada, lo que constituye una garantía constitucional de los
trabajadores del sector público o privado, de no ser retirados de sus empleos cuando estén cerca de
cumplir con los requisitos para obtener la pensión de vejez, siempre y cuando la desvinculación ponga
en riesgo derechos fundamentales tales como el mínimo vital.122 9 […]
En el plenario fue demostrado, que la demandante acredita ante COLPENSIONES un total de 554,43
semanas cotizadas; igualmente, conforme se consignó, presentó reclamación para la inclusión en su
historia laboral de varios periodos que suman 370 semanas, es decir, que si fueran incluidas acreditaría
un total de 924,43 por lo cual, como acertadamente lo concluyó el A quo, aún le faltarían más de 3 años
para completar el tiempo de servicio necesario para obtener su derecho pensional, es decir, que no
demuestra su condición de prepensionada.
Finalmente, destaca la Sala, que no se demostró que en la planta de personal de la entidad existiera
algún empleo de la misma categoría del que desempeñaba la accionante, al que pudiera ser vinculada
cuando se produjo su desvinculación.
[…]
Por lo anterior, la Sala considera que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados,
en consecuencia, el recurso de apelación interpuesto por la parte actora no tiene vocación de
prosperidad y, por lo tanto, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda.
Como se ve, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, ya determinó que la demandante no acreditó discapacidad, condición de madre
cabeza de familia ni de prepensionada, pues sus patologías no le impedían trabajar, sus
hijas eran mayores de edad y le faltaban más de tres años para pensionarse. Además,
su retiro obedeció a una causa objetiva derivada del concurso de méritos. En
consecuencia, no se desvirtuó la legalidad del acto administrativo demandado.
En ese orden de ideas, en el escenario que propone la demandante, la Sala estaría
obligada a examinar nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades
judiciales demandadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 25899-
9 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-325 de 2018.
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33-33-003-2020-00173-00/02, finalidad para la que no está previsto este mecanismo
constitucional.
En conclusión, se constata que los cargos formulados por la tutelante están encaminados
a extender en sede de tutela el debate jurídico zanjado por la providencia cuestionada de
segunda instancia dentro del aludido proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo que denota que la acción de tutela de la referencia no colma el requisito de relevancia
constitucional sobre el particular, de ahí que deba confirmarse la sentencia impugnada,
que la declaró improcedente.
5.2. Defecto fáctico
La parte demandante alegó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, vulneró su debido proceso al denegar la práctica de pruebas en
segunda instancia, pese a que fueron solicitadas en tiempo con el recurso de apelación.
Alegó que, con estas, buscaba demostrar hechos ocurridos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Ahora bien, de los hechos acreditados en el expediente, la Sala observa que con auto del
4 de diciembre de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, denegó el decreto de las pruebas documentales en segunda instancia.
Para la Sala esa providencia era susceptible del recurso de súplica de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 246, numeral 2 del CPACA10. Sin embargo, la parte demandante
no formuló ningún reparo contra dicha decisión. En consecuencia, tampoco se satisface
el requisito de subsidiariedad.
Para la Sala, la demandante estaba obligada a agotar todos los recursos ordinarios
disponibles, lo que implicaba interponerlos dentro del término legal previsto para tal efecto.
En consecuencia, como lo ha señalado la Corte Constitucional: «la acción de tutela no es
un mecanismo judicial diseñado para reemplazar los medios ordinarios de defensa, ni para
reabrir procesos concluidos, ni para revivir términos u oportunidades procesales vencidas
por negligencia o inactividad injustificada de la parte interesada»11.
Es más, la Sala estima que la acción de tutela ni siquiera procede como mecanismo
transitorio, pues esta modalidad de protección exige que el interesado aún cuente con la
posibilidad de ejercer el mecanismo judicial ordinario. Este supuesto no se cumple en el
presente caso, dado que la parte actora dejó vencer el plazo para interponer el recurso de
súplica contra la providencia que denegó la solicitud de pruebas en segunda instancia.
Con todo lo expuesto, es claro para la Sala que el cargo no cumple con el requisito de
subsidiariedad, ya que la demandante no agotó los recursos ordinarios en segunda
instancia respecto a la solicitud de decreto de pruebas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
10 Artículo 246. Súplica. El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el magistrado
ponente: (…)
2. Los enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo 243 de este código cuando sean dictados en el curso de la única
instancia, o durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios.
11 Sentencia T-237 de 2018, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04053-01
Demandante: Dora Cecilia Landazábal Torres
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, con la que el Consejo de Estado, Sección
Primera, declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora Dora
Cecilia Landazábal Torres, conforme a la motivación expuesta en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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