Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04053-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04053-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04053-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
8 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04053-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: DORA CECILIA LANDAZABAL TORRES
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE
ACTORA PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO DE
ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: SALUD, TRABAJO, MÍNIMO VITAL,
DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y DIGNIDAD HUMANA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
ZIPAQUIRÁ1 y la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “D”- DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2.
1
En adelante el JUZGADO.
2
En adelante el TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04053-00
Actora: DORA CECILIA LANDAZABAL TORRES
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora DORA CECILIA LANDAZABAL TORRES, actuando a
través de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al debido
proceso, a la salud, a la igualdad, a la dignidad humana y al principio
de estabilidad laboral reforzada, los cuales estima vulnerados por el
JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber proferido las providencias de 27
de septiembre de 2024 y 8 de mayo de 2025, respectivamente,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2020-00173-02.
I.2.- Hechos
Señaló que mediante Resolución núm. 1870 de 10 de octubre de
2012 fue nombrada en el municipio de Chía (Cundinamarca), en el
cargo de comisaria de familia, código 202, grado salarial 05.
Indicó que, desempeñó el cargo de comisaria de familia desde que
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se posesionó hasta el 18 de enero de 2013, fecha a partir de la cual
fue incapacitada por varias enfermedades, tales como: “[…] estrés
postraumático, enfermedad de la columna, enfermedades en el colon
[…]”; y debido a ello, se le determinó pérdida de capacidad laboral
de 36.1%.
Comentó que las enfermedades que padece son de carácter
definitivas, las cuales adquirió al interior del trabajo, ya que “[…]
[antes de] desempeñar el cargo de comisaria de familia de Chía no
padecía ninguna enfermedad […]”.
Anotó que, además de los anteriores padecimientos de salud, es
madre cabeza de familia y tiene la calidad de prepensionada, motivo
por el cual es sujeto de especial protección constitucional.
Aseveró que, pese a lo anterior, el alcalde del municipio de Chía,
mediante Resolución núm. 3513 del 30 de julio de 2019, dio por
terminado su nombramiento.
Refirió que promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el MUNICIPIO DE
CHÍA (CUNDINAMARCA), con el fin de que se declarara la nulidad
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de la Resolución núm. 3513 del 30 de julio de 2019 y, en
consecuencia, se ordenara su reintegro al cargo de comisaria de
familia y se le pagaran los salarios dejados de percibir desde su
desvinculación, entre otros.
Señaló que el conocimiento de la demanda le correspondió por
reparto al JUZGADO que, en sentencia de 27 de septiembre de 2024,
negó las pretensiones.
Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación
ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 8 de mayo de 2025,
confirmó la decisión del a quo.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto sustantivo y fáctico, por cuanto desconocieron “[…] la
existencia del mandato legal, hoy con rango constitucional, del art.
26 de la ley 361 de 1.997; igualmente desconocieron la existencia
del art. 13 de nuestra carta constitucional […]”.
Aseveró que el defecto fáctico se configuró al no haberse decretado
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las pruebas que solicitó oportunamente tanto en primera como en
segunda instancia, las cuales, a su juicio, cumplían con los requisitos
de conducencia, pertinencia, utilidad y necesidad de la prueba.
Igualmente, por “[…] valorar equivocadamente los medios
probatorios existentes en el proceso […]”, que, a su juicio,
demostraban la ilegalidad del acto administrativo demandado.
Asimismo, expuso que se desconocieron las pruebas que acreditaban
su situación de salud para la fecha en que se produjo el despido y la
necesidad de aplicar un enfoque diferencial para adoptar las
decisiones judiciales correspondientes, con el fin de garantizar los
derechos de un sujeto de especial protección constitucional.
Aseguró que se ignoró que el municipio demandado no demostró una
causa objetiva para dar por terminado la relación laboral y mucho
menos que el cargo que ocupó hubiese sido provisto mediante
concurso de méritos.
Manifestó que se incurrió en defecto sustantivo por falta de aplicación
del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el cual prevé que, ningún
trabajador en situación de discapacidad puede ser despedido sin
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previa autorización por parte del Ministerio del Trabajo.
Alegó que se le dio una interpretación equivocada “[…] a las normas
de carrera administrativa y de concurso, de convocatoria al concurso
de méritos, y de adjudicación de cargos objeto del mismo concurso
de méritos y […] las normas sobre traslado de personal dentro de
una planta rígida de la administración central […]”.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] PRIMERA: Señores Magistrados, esta acción pretende que,
dentro de un término perentorio y urgente, se le amparen los
derechos constitucionales fundamentales a la accionante, los
cuales le fueron vulnerados tanto por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca-Sección segunda – subsección “d”, Magistrado
Ponente DR. ISRAEL SOLER PEDROZA como por el juzgado
primero (1º.-) administrativo del circuito judicial de Zipaquirá
Cundinamarca, cuyo titular es el Doctor LUIS ANDERSON
BARRIOS DIAZ, al proferir tanto en primera como en segunda
una instancia sentencia definitiva totalmente adversa a La ley, a
nuestra Constitución política, al bloque de constitucionalidad y a
los tratados internacionales vigentes para nuestro país.
SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior SE REVOQUE
la sentencia definitiva proferida por lo accionados dentro del
proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, de
DORA CECILIA LANDAZABAL TORRES VS. El municipio de Chía
Cundinamarca, con No. de radicación 25899-33-33-003-2020-
00173-02 y se dicte la que en derecho corresponde accediendo
a las pretensiones solicitadas en la demanda […]”.
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I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó negar el amparo solicitado por la parte
actora por las siguientes razones:
En cuanto a la supuesta omisión del decreto de pruebas en segunda
instancia, adujo que la actora no elevó tal solicitud, tal como se
puede corroborar en el expediente. Además, advirtió que tampoco
presentó recurso alguno contra el auto que admitió el recurso de
apelación y dispuso que no era necesario el decreto de pruebas.
Manifestó que, en la providencia cuestionada se valoraron en
conjunto las pruebas que fueron legal y oportunamente aportadas,
por tanto, no estima conculcados los derechos fundamentales de la
actora con la decisión proferida en segunda instancia.
I.5.2.- El JUZGADO afirmó que no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la actora, puesto que las decisiones adoptadas
dentro del proceso ordinario cuestionado garantizaron el derecho de
defensa y principio de contradicción de las partes en contienda.
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Advirtió que la presente solicitud deviene improcedente, por cuanto
se pretende convertir la acción de tutela para ventilar desacuerdos
frente a decisiones judiciales ya adoptadas en el marco del proceso
ordinario, lo que compromete su finalidad esencial y la estabilidad
del sistema judicial.
I.6.- Intervinientes
I.6.1- El MUNICIPIO DE CHÍA, vinculado en calidad de tercero con
interés directo, solicitó su desvinculación por carecer de legitimación
en la causa por pasiva para atender las pretensiones de amparo.
Finalmente, solicitó la improcedencia de la presente solicitud de
amparo por falta relevancia constitucional, por cuanto los
argumentos que plantea la actora ya fueron resueltos por las
autoridades judiciales competentes.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que el MUNICIPIO DE CHÍA formuló petición de
desvinculación de la presente acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que, en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
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Comoquiera que el MUNICIPIO DE CHÍA fue parte demandada
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2020-00173-02,
objeto del presente estudio, la Sala concluye que le asiste interés
directo en la decisión de la acción constitucional de la referencia,
razón por la que se denegará la solicitud de desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
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afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
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tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto las
providencias de 27 de septiembre de 2024 y 8 de mayo de
2025, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2020-00173-02.
La presente controversia tiene origen en una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por la actora contra el
MUNICIPIO DE CHIA, en la cual se pretendía que se declarara la
nulidad de la Resolución núm. 3513 del 30 de julio de 2019 y, en
consecuencia, se ordenara su reintegro al cargo de comisaria de
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familia y se le pagara los salarios dejados de percibir desde su
desvinculación, entre otros.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio,
incurrieron en el defecto sustantivo y fáctico, por cuanto
desconocieron “[…] la existencia del mandato legal, hoy con rango
constitucional, del art. 26 de la ley 361 de 1.997; igualmente
desconocieron la existencia del art. 13 de nuestra carta constitucional
[…]”.
Aseveró que el defecto fáctico se configuró al no haberse decretado
las pruebas solicitadas oportunamente en primera y segunda
instancia, las cuales, a su juicio, cumplían con los requisitos de
conducencia, pertinencia, utilidad y necesidad de la prueba.
Igualmente, por “[…] valorar equivocadamente los medios
probatorios existentes en el proceso […]”, que, a su juicio,
demostraban la ilegalidad del acto administrativo demandado.
Asimismo, expuso que se desconocieron las pruebas que acreditaban
su situación de salud para la fecha que se produjo el despido y la
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necesidad de aplicar un enfoque diferencial para adoptar las
decisiones judiciales correspondientes, con el fin de garantizar los
derechos de un sujeto de especial protección constitucional.
Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar
sin efectos tanto la providencia de 27 de septiembre de 2024
proferida por el JUZGADO, como la dictada el 8 de mayo de 2025
por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados
frente a la providencia de segunda instancia, toda vez que fue esta
la que dio por terminado el proceso.
Precisado lo anterior, la Sala debe estudiar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL
vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos sustantivo
y fáctico por la indebida valoración probatoria, al haber proferido la
providencia 8 de mayo de 2025.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
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judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».4
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
3
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
4
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [6]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [7].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [8].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[6] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[7] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[8] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [9].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
[9] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [10]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [11].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [12]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
[10] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[11] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[12] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
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“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
que propone la actora respecto de los defectos sustantivo y fáctico
alegados por la presunta inaplicación de lo dispuesto en el artículo
26 de la Ley 361 de 1997 y la indebida valoración de las pruebas y
ausencia de decreto de otras, implica la reapertura de un asunto que
ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir
una instancia adicional.
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Al verificar los motivos que fundamentan las divergencias, se
encuentra que estos se sustentan, básicamente, en que la autoridad
judicial accionada no valoró adecuadamente las pruebas aportadas y
no decretó otras solicitadas con las que, a su juicio, se demostraba
la ilegalidad del acto administrativo demandado.
En efecto, revisado el expediente digital del proceso objeto de
controversia, se extrae que las inconformidades traídas por la parte
actora a esta instancia constitucional giran en torno a la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del
asunto, la cual fue resuelta por el TRIBUNAL, así:
“[…] Planteamiento del problema jurídico. Consiste en
establecer si el acto administrativo por medio del cual se retiró del
servicio a la demandante se ajustó a derecho, o si está viciado de
nulidad por haber desconocido que se trataba de un sujeto de
especial protección constitucional por su estado de salud, por lo
que se requería autorización del Ministerio de Trabajo para
retirarla, además de ser madre cabeza de familia y prepensionada.
2. Tesis de la Sala. Se confirmará la sentencia que negó
pretensiones, toda vez que se acreditó que la decisión de
desvincular a la demandante fue producto de una causal
constitucionalmente válida, y no se acreditó que para el momento
del retiro estuviera en condiciones de debilidad manifiesta.
4. Decisión del caso.
Se encuentra demostrado que:
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• La demandante fue nombrada en el Municipio de Chía, en
provisionalidad, en el empleo de Comisaria de Familia, Código 202,
Grado 05, del cual tomó posesión el 11 de octubre de 2012.
La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y
Cundinamarca emitió dictamen el 5 de septiembre de 201310, en
el que determinó que el “Trastorno de estrés postraumático” que
sufrió a causa del evento ocurrido el 17 de enero de 2013,
consistente en un altercado en su trabajo, al sentirse presionada
por sus compañeros en un caso de una menor que tenía a su cargo,
fue un accidente de trabajo.
través de Oficio del 8 de enero de 201511, la EPS Sanitas informó
a la accionante que su diagnóstico de Trastorno Mixto de Ansiedad
y Depresión calificada el 8 de enero de 2015, tiene origen laboral.
También le informó que la Discopatía Lumbar Múltiple con
Espondilolistesis Grado II L5 sobre S1, es de origen común.
[…]
El Alcalde de Chía expidió al Resolución No. 3513 del 30 de julio de
2019, por la cual dio por terminado el nombramiento en
provisionalidad de la demandante en el empleo de Profesional
Universitario, Código 219, Grado 05, a partir del 1º de agosto
de 2019. Dicha decisión fue notificada a la accionante el 2 de
agosto de 2019.
El acto administrativo explicó, que la Comisión Nacional del Servicio
Civil – CNSC realizó concurso abierto de méritos para proveer 315
empleos en vacancia definitiva, pertenecientes al sistema general
de carrera administrativa de la planta de personal del municipio,
dentro de los que se encontraba el empleo de Profesional
Especializado, Código 222, Grado 07, del cual la CNSC envió la
lista de elegibles en firme, por lo que a través del Decreto No. 173
del 27 de mayo de 2019, nombró en periodo de prueba al señor
Fernando de Jesús Blanco Mojica a partir del 1º de agosto de 2019.
Aclaró, que dicho empleo se encontraba provisto para ese
momento por parte del señor Raúl Eduardo Rivera Gómez mediante
encargo, quien es titular del empleo de Profesional Universitario,
Código 219, Grado 05, de la Secretaría de Obras Públicas que
desempeña en provisionalidad la señora Dora Cecilia Landazabal,
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por lo cual en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.2.5.3.4. del
Decreto 1083 de 2015, se dio por terminado su nombramiento.
[…]
En su recurso de apelación, la parte actora plantea que: i) al
haberse valorado con una pérdida de la capacidad laboral del
36.1%, es sujeto de especial protección constitucional, por lo cual
no podía ser retirada sin autorización del Ministerio de Trabajo,
como lo dispone el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; ii) nunca
estuvo vinculada a la planta global de la administración, sino a la
planta central de empleos, como Comisaria de Familia, empleo del
cual era titular y nunca se desvinculó, además tanto este como el
que desempeñó en la Secretaría de Obras, no fueron convocados a
concurso; iii) es madre cabeza de familia y; iv) es prepensionada.
i) La discriminación prohibida por el artículo 26 de la Ley
361 de 1997
[…]
Lo anterior permite concluir, que para acceder a la indemnización
prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 es necesario: i)
que se trate de personas con discapacidad; ii) que el hecho sea
conocido por el empleador, iii) que la ruptura contractual obedezca
a esta situación del trabajador.
Ahora bien, la discapacidad se configura cuando concurren los
siguientes elementos:
i) La existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o
sensorial, a mediano y largo plazo, entendiéndose por deficiencia
los problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como
una desviación significativa o una pérdida, por lo tanto, no
cualquier contingencia de salud por sí misma puede ser
considerada como discapacidad; y
ii) La existencia de barreras para el trabajador de tipo actitudinal,
social, cultural o económico, que al interactuar le impidan ejercer
efectivamente su labor en condiciones de igualdad con los demás.
Lo anterior permite concluir, que si bien es cierto la parte actora
padece “Trastorno de estrés postraumático”, “Trastorno Mixto de
Ansiedad y Depresión” y “Lumbago no especificado” de origen
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común, patologías que se encuentran plenamente documentadas y
que le generaron múltiples incapacidades laborales, al momento de
su retiro no contaba con ninguna restricción médica para el
desempeño de sus labores, pues se recomendó su reubicación, lo
cual ocurrió con su traslado de la Comisaría a de Familia a la
Secretaría de Obras del municipio de Chía; según las
recomendaciones médicas no debía trabajar en horarios nocturnos,
ni con excesiva interacción con el público, de lo cual no se aportó
prueba alguna, ni fue alegado por la accionante que en el empleo
al que fue trasladado no se cumpliera con dichas restricciones.
Por lo anterior, se considera que ni se encontraba incapacitada, ni
en una situación grave de salud, que fuera notoria y evidente, lo
que demuestra que a pesar de su patología, ésta no le impedía
realizar sus labores, a pesar de las restricciones médicas que
fueron acatadas por la entidad, por lo tanto, no se hallaba en
situación de debilidad manifiesta, que pueda considerarse como
una situación de discapacidad.
Además, su desvinculación obedeció a la necesidad de proveer un
cargo con la persona que ganó el concurso de méritos y en virtud
de los derechos derivados de la carrera administrativa, razón por
la cual no hay lugar al reconocimiento de la indemnización
establecida en la Ley 361 de 1997. Tampoco se requería
autorización del Ministerio de Trabajo para su desvinculación.
ii) El traslado interno de la Secretaría de Gobierno a la
Secretaría de Obras Públicas
De acuerdo con lo probado en el proceso, el Alcalde Municipal de
Chía ordenó trasladar a la demandante, del empleo de Comisaria
de Familia que venía desempeñando, al de Profesional
Universitario, Código 219, Grado 05, desde el 25 de julio de 2017,
el cual pertenece al mismo nivel jerárquico (profesional), presenta
funciones similares, exige los mismos requisitos académicos,
experiencia y tiene el mismo grado salarial que el de Comisaria de
Familia, en virtud de la recomendación médica de reubicación, y
teniendo en cuenta que a través del Decreto No. 18 del 16 de junio
de 2015, se estableció la planta global de empleos públicos de la
administración central del municipio de Chía, según se consignó en
la Resolución No. 2461 del 24 de julio de 2017, que dispuso el
traslado de la accionante.
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La demandante alega que nunca fue desvinculada del empleo de
Comisaria de Familia, del cual considera era titular y que nunca
aceptó pertenecer a la planta global de la entidad.
[…]
De acuerdo con lo anterior, el traslado implica que el servidor se
desvincula de un empleo para desempeñar otro, cuando las
necesidades del servicio lo ameritan o por iniciativa del empleado.
[…]
Así las cosas, para la Sala no existe duda que la accionante fue
desvinculada del empleo de Comisaria de Familia para el que fue
nombrada en provisionalidad, es decir, que su nombramiento
provisional pasó de estar en dicho empleo al de Profesional
Universitario en la Secretaría de Obras del municipio de Chía. Se
aclara que la legalidad de dicho traslado no es materia de debate
en este proceso, por lo que no es posible emitir pronunciamiento
alguno en torno al cumplimiento de los requisitos para dicho
movimiento de personal.
[…]
No es cierto, como lo afirma la apelante, que el municipio de Chía
haya conformado su planta global cinco días antes de su retiro y
que previamente fuera una planta rígida, ya que, al verificar el
Decreto No. 18 de 2015112, citado por la entidad accionada en el
acto de traslado, se encuentra, que en efecto, los empleos de
Comisario de Familia, Código 202, Grado 05 y Profesional
Universitario, Código 219, Grado 05, pertenecen a la planta global
de empleos de la entidad; es decir, que dicha planta global se
implementó más de cuatro años antes del retiro de la accionante.
Ahora bien, la Sala advierte, que la terminación del nombramiento
en provisionalidad del cargo de Profesional Universitario,
Código 219, Grado 05 que ocupaba la demandante, se produjo
con ocasión de la convocatoria del proceso de selección que se llevó
a cabo para proveer de manera definitiva 315 empleos de la planta
de personal de la entidad accionada, dentro de los que se
encontraba el empleo de Profesional Especializado, Código
222, Grado 07, ocupado en encargo por el titular del cargo que
desempeñaba la demandante en provisionalidad, y en razón a la
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firmeza de la lista de elegibles, a través Decreto No. 173 del 27 de
mayo de 2019 se nombró en periodo de prueba, a partir del 1º de
agosto de 2019, a quien tenía derecho de desempeñar dicho
empleo.
Es decir, que la terminación de la relación laboral se presentó como
consecuencia de una circunstancia objetiva, esto es, la finalización
del concurso para proveer los empleos en vacancia definitiva,
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la entidad accionada, en tanto, se cumplió la
condición establecida para ocupar el cargo, de la cual la
demandante tenía conocimiento, por lo que se encuentra
debidamente motivada, como lo señaló el A quo.
[…]
Indicó la Corporación, que en el caso de personas discapacitadas,
la estabilidad laboral reforzada es el derecho que garantiza la
permanencia en el empleo, luego de la limitación física, sensorial o
psicológica, como medida de protección y agregó, que “(…) la
protección especial de quienes por su condición física están en
circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las
personas respecto de las cuales esté probado que su situación de
salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus
labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista
una calificación previa que acredite una discapacidad.[36] En este
contexto, la estabilidad laboral reforzada hace ineficaz el despido o
desvinculación cuando la razón del mismo es la condición especial
que caracteriza al trabajador.
[…]
Precisado lo anterior, se observa que, como se explicó, a la
demandante se le diagnosticó “Trastorno de estrés postraumático”,
“Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión” y “Lumbago no
especificado”, por lo cual se le otorgaron múltiples y prolongadas
incapacidades hasta cuando solicitó su reincorporación laboral
teniendo en cuenta las recomendaciones médicas, ente ellas su
reubicación, lo cual fue cumplido por el municipio de Chía,
disponiendo su traslado, sin embargo, no se evidencia que por su
condición de salud haya tenido restricciones o limitaciones que le
dificultaran significativamente el normal desempeño de sus
actividades, pues nada se acreditó al respecto.
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[…]
De acuerdo con la norma y sentencia citadas, los requisitos para
ser madre/padre cabeza de familia es:
1. Tener a su cargo permanentemente la responsabilidad
económica del hogar por la incapacidad para trabajar de los demás
miembros.
2. Que la ayuda económica de los demás integrantes del núcleo
familiar sea sustancialmente deficiente.
3. Que la pareja esté imposibilitada para trabajar por incapacidad
física, mental o moral o porque su presencia sea fundamental para
la atención de los hijos menores enfermos o discapacitados.
Además, el hecho del desempleo temporal de la pareja no convierte
por sí solo a una persona en madre/padre cabeza de familia.
Aunque en el expediente aparece demostrado que la demandante
solicitaba pagos parciales de sus cesantías para cancelar los
estudios de sus hijas, no se demostró que el padre se haya
sustraído de sus obligaciones o no esté en posibilidad de asumirlas.
Además, el pago de los gastos educativos no acredita que asuma
sola los demás aspectos de la manutención de sus hijas, de lo que
nada se demostró.
Por otra parte, para el momento de la terminación del vínculo de la
demandante con el municipio de Chía, sus hijas tenían 21 y 24 años
de edad, respectivamente, sin que se hubiera acreditado su
incapacidad para trabajar, por lo cual no es posible entender que
la accionante ostente la condición de madre cabeza de familia.
iv) La condición de prepensionada
[…]
En el plenario fue demostrado, que la demandante acredita ante
COLPENSIONES un total de 554,43 semanas cotizadas;
igualmente, conforme se consignó, presentó reclamación para la
inclusión en su historia laboral de varios periodos que suman 370
semanas, es decir, que si fueran incluidas acreditaría un total de
924,43 por lo cual, como acertadamente lo concluyó el A quo, aún
le faltarían más de 3 años para completar el tiempo de servicio
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necesario para obtener su derecho pensional, es decir, que no
demuestra su condición de prepensionada.
Finalmente destaca la Sala, que no se demostró que en la planta
de personal de la entidad existiera algún empleo de la misma
categoría del que desempeñaba la accionante, al que pudiera ser
vinculada cuando se produjo su desvinculación.
Finalmente, no le asiste razón a la demandante cuando afirma en
su recurso de apelación, que quien era titular del empleo del que
se desvinculó a la accionante, no era el señor Raúl Eduardo Rivera
Gómez, sino que “era una mujer” que se encontraba en estado de
incapacidad, como aparece en la Resolución No. 2461 de 2017. En
efecto, aunque en dicha decisión se consignó, que el empleo de
Profesional Universitario, Código 219, Grado 05 se encuentra en
vacancia temporal por “incapacidad médica de la titular”, no se
aportó prueba alguna de tal afirmación, que demuestre que en
efecto quien ocupaba en carrera el empleo del que fue desvinculada
la accionante fuera una persona diferente al señor Raúl Eduardo
Rivera Gómez, quien fue reincorporado a dicho cargo en virtud del
concurso de méritos por el cual se nombró en periodo de prueba a
quien encabezaba la lista para el empleo que este último ocupaba
en encargo.
Por lo anterior, la Sala considera que no se desvirtuó la presunción
de legalidad de los actos acusados, en consecuencia, el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora no tiene vocación de
prosperidad y, por lo tanto, se confirmará la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda […]”.
De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que
el TRIBUNAL al realizar un análisis de las pruebas aportadas al
expediente logró determinar que la señora DORA CECILIA
LANDAZABAL TORRES no le asistía razón a que se declarara la
nulidad de la Resolución núm. 3513 de 30 de julio de 2019 y, en
consecuencia, se ordenara su reintegro al cargo de comisaria de
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familia en el municipio de Chía y se le pagara los salarios dejados de
percibir desde su desvinculación, entre otros, puesto que no
desvirtuó la presunción de legalidad del acto demandado; escenario
en el que por demás, se analizaron algunos escenarios que la actora
aquí también ventila, entre otros, la calidad de prepensionada y
madre cabeza de hogar.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL
efectivamente si analizó cada una de las pruebas aportadas, sin que
se vislumbre que pudo haber actuado de forma abiertamente
arbitraria o desbordado los límites del principio de la autonomía
judicial, por lo que el asunto carece del requisito general de la
relevancia constitucional.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión
judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma
admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no
puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de
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tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Aunado a lo anterior, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,
dado que de los elementos de juicio obrantes en el expediente no es
posible establecer dicha circunstancia.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el MUNICIPIO
DE CHÍA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de agosto de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN (E2) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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