Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01468-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01468-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01468-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
12 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01468-00
Accionante: DARÍO RAFAEL FONTALVO MATUTE Y OTRO
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los accionantes contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral-Sección B y el Juez Tercero
Administrativo Oral del Barranquilla.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 13 de marzo de 2025, Darío Rafael Fontalvo Matute y Uriel De Jesús Muñoz
Pascuales, a través de apoderado judicial, formularon acción de tutela con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, que consideran vulnerados por
el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral-Sección B y el Juez
Tercero Administrativo Oral del Barranquilla, al haber proferido las providencias del
3 de noviembre de 2023 y 18 de noviembre de 2015, respectivamente, en el marco
del proceso de reparación directa1 que adelantaron contra la Nación-Rama Judicial-
Consejo Superior de la Judicatura.
1
Identificado con número de radicado: 08001-33-33-003-2013-00047-00/01.
2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-01468-00
Accionante: Darío Rafael Fontalvo Matute y otro
Acción de tutela – Primera instancia
En virtud de la acción de tutela, solicitan que los derechos alegados sean protegidos
y, en consecuencia, se dejen sin efectos las providencias reprochadas. Piden que se
ordene a las accionadas a proferir una nueva decisión:
«teniendo como eje central los derechos fundamentales constitucionales a la
IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA y demás que considere el juez constitucional, consagrado en los
artículos 13 y 29 de la Constitución Política de Colombia, a favor de los accionantes,
en el sentido que no se cometa la VÍA DE HECHO INDERECTA JUDICIAL, para que
se evite apreciar erradamente los hechos puestos a sus consideraciones, como
también evitar darle erróneamente tarifa legal a medios que no lo tienen, todo de
conformidad a lo alegado y probado en la presente acción de tutela.»
2. Hechos relevantes
En el año 2013, Darío Rafael Fontalvo Matute y Uriel De Jesús Muñoz Pascuales
incoaron el medio de control de reparación directa contra la Nación-Rama Judicial-
Consejo Superior de la Judicatura con el fin de que fuera declarada su
responsabilidad administrativa y patrimonial. Esto, con ocasión a los perjuicios
causados por el Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla-Sala de Decisión
Laboral, al haber incurrido en un presunto error jurisdiccional al proferir la sentencia
del 31 de agosto de 2010, en el marco de un proceso de fuero sindical que los
demandantes promovieron contra Bavaria S.A., el cual les resultó desvarobale.
El asunto correspondió en primera instancia al Juez Tercero Administrativo Oral del
Barranquilla que, por sentencia del 18 de noviembre de 2015, resolvió negar las
pretensiones. Los demandantes apelaron la decisión. El asunto fue conocido en
segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral-
Sección B que, por sentencia del 3 de noviembre de 2023, confirmó o resuelto por el
a quo.
3. Fundamentos de la solicitud
Los accionantes consideran que las autoridades judiciales accionadas vulneraron
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. Lo anterior, con ocasión a las providencias proferidas el 3
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-01468-00
Accionante: Darío Rafael Fontalvo Matute y otro
Acción de tutela – Primera instancia
de noviembre de 2023 y 18 de noviembre de 2015. Sostiene que en estas se incurrió
en los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente.
Respecto del primer defecto mencionado, consideran que las autoridades
accionadas no realizaron una debida valoración de los hechos del caso ni apreciaron
ni de los medios de prueba aportados. Sostienen que le otorgaron valor a unos que
en realidad no lo tenían, pues estos daban cuenta de que:
«el día 16 de marzo de 2002, fundaron una organización sindical, denominada
UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS,
CERVEZAS, MALTAS, BEBIDAS, JUGOS, REFRESCOS, AGUAS Y GASEOSAS
DE COLOMBIA – “USITAC.
(...)
El sindicato en mención notificó de su fundación y de los socios adherentes a la
empresa BAVARIA S.A. el día 20 de marzo de 2002) y al Ministerio de Trabajo y de
la Seguridad Social (Hoy Ministerio de Trabajo) el día 20 de marzo de 2002), dentro
de los cuales se encontraban los aquí accionantes.
(...)
No obstante que la empresa BAVARIA S.A., conocía que los aquí accionantes eran
poseedores de fuero sindical de adherentes conforme al literal b) del artículo 406 del
Código Sustantivo de Trabajo, procedió a despedirlos el día 15 de agosto de 2002,
sin previa autorización judicial.»
Sostienen que, contrario a lo determinado por las accionadas, gozaban de fuero
sindical al momento de su despido. Esgrimen también que, en el marco del proceso
que dio lugar al error jurisdiccional alegado en la demanda de reparación directa
incoada, la demandada no logró demostrar el abuso del derecho alegado, y aun así
ello fue concluido por las autoridades enjuiciadas:
«la parte demandada a lo largo del proceso jamás logró demostrar el supuesto abuso
del derecho en el cual incurrieron mis mandantes al haberse afiliado a varias
organizaciones sindicales, carga procesal a la cual estaba obligada la misma.
(...)
incurrió en vía de hecho por error de hecho, al suponer la existencia de medios
probatorios sobre el supuesto “abuso del derecho”, cuando realmente jamás se
demostró tal suceso.
(...)
los accionados no dijeron ni precisaron, cuáles fueron las supuestas pruebas que
habían sido valoradas por los Magistrados de la Sala Laboral, y que se tuvieron en
cuenta para demostrarse el “abuso del derecho”»
Respecto del segundo defecto mencionado, trajeron a colación las sentencias C-037
de 1996 y la C-797 del año 2000. Con base en estas sostienen que las autoridades
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-01468-00
Accionante: Darío Rafael Fontalvo Matute y otro
Acción de tutela – Primera instancia
no tuvieron en consideración los derechos que le asisten a los trabajadores para
pertenecer a varias organizaciones sindicales, así como el cumplimiento de los
parámetros exigidos para que se configure un error jurisdiccional, como afirman
sucedió en su caso en concreto. Sostienen que las autoridades judiciales tuvieron en
consideración unas decisiones que no eran aplicables para su caso en concreto:
«el Juez de primera instancia (...) trajo a colación unas sentencias del Consejo de
Estado y se trascribieron unos apartes de un fallo dictado por dicha entidad de fecha
29 de enero de 2009, que en nada tienen que ver con el caso puesto a su
consideración, ni mucho menos se aplica a la litis fijada dentro de la acción de
reparación directa.
(...)
Los accionados MAGISTRADOS DE LA SALA DE DECISIÓN ORAL SECCIÓN B,
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO (...) trajeron a colación unas
sentencias proferidas por la Corte Constitucional y se trascribieron algunos apartes
de las mismas entre las cuales se encuentran la C – 258 de 2013, la SU – 631 de
2017, la T – 280 de 2017, T – 368 de 2018 y T – 103 de 2019, que tratan sobre el
tema del “abuso del derecho”; Así mismo señalaron sentencias de la Corte Suprema
de Justicia, y trajeron apartes de ellas, tales como: la Sentencia del 15 de septiembre
de 2009, radicado 21280, reiterada en las STL 13523 – 2014, STL 3043- 2017 y SLT
7943-2017, y la T – 215 de 2006, que también hablan del “abuso del derecho”, y en
base a ellas establecieron que la interpretación dada por los Magistrados de la Sala
de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, (...) al
dictar la sentencia del 31 de agosto de 2010, fue en forma coherente, razonable y
jurídicamente justificada, al haberse realizado la valoración probatoria y la aplicación
razonada del derecho, frente al tema del “abuso del derecho”, pero (...) los
accionados no dijeron ni precisaron, cuáles fueron las supuestas pruebas que habían
sido valoradas por los Magistrados de la Sala Laboral, y que se tuvieron en cuenta
para demostrarse el “abuso del derecho”»
4. Trámite procesal
El 25 de marzo de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó su notificación a
las autoridades judiciales accionadas, así como a la Nación-Rama Judicial-Consejo
Superior de la Judicatura, en calidad de tercera con interés. También se comunicó la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
En el escrito de contestación, el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de
Decisión Oral-Sección B solicitó que la acción fuera declarada improcedente. Adujo
que no cumple con los requisitos de inmediatez ni relevancia constitucional. Estima
que lo que pretenden los accionantes es una instancia adicional al debate ya surtido
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Accionante: Darío Rafael Fontalvo Matute y otro
Acción de tutela – Primera instancia
en el trámite del proceso de reparación directa. Trajo a colación los argumentos que
expuso en la providencia reprochada y sostuvo que esta fue proferida en atención al
marco jurisprudencial y normativo aplicable al caso en concreto.
El Juez Tercero Administrativo Oral del Barranquilla solicitó que se declare
improcedente la acción. Consideró que esta busca en realidad una instancia
adicional al proceso ordinario y remitió copia digital del mismo.
La Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura solicitó su
desvinculación y que fuera denegada la acción de tutela. Adujo que no tiene
injerencia en las providencias cuestionadas por lo que no debe ser llamada a
comparecer como tercera interesada y que la acción fue presentada para para revivir
un debate judicial ya definido.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra las
providencias del 3 de noviembre de 2023 y 18 de diciembre de 2015, en el marco de
reparación directa, en el que los accionantes fungieron como parte demandante.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
2
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-01468-00
Accionante: Darío Rafael Fontalvo Matute y otro
Acción de tutela – Primera instancia
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
3
Ibidem.
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Accionante: Darío Rafael Fontalvo Matute y otro
Acción de tutela – Primera instancia
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
Los accionantes consideran que las autoridades judiciales accionadas vulneraron
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, al proferir las providencias cuestionadas. Sostienen que
en estas se incurrió en los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente.
Esto al haber considerado que no existió un error judicial por parte del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
Afirman que los medios de prueba aportados daban cuenta de que, contrario a lo
considerado por la autoridad judicial, los demandantes gozaban de fuero sindical al
momento de su despido y que no existió el supuesto abuso del derecho a
sindicalizarse. También esgrimen que no se tuvo en cuenta unas decisiones de la
Corte Constitucional las cuales regulan sus derechos sindicales y en general la
configuración del error judicial.
Las autoridades accionadas, de conformidad con el material probatorio allegado al
proceso, y el marco normativo y jurisprudencial aplicable al mismo, determinaron
que no había lugar a acceder a declarar el error judicial en la sentencia del 31 de
agosto de 2010, solicitado por los accionantes. Consideraron que el operador judicial
enjuiciado no incurrió en equivocación al sostener que el proceder de los
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Acción de tutela – Primera instancia
demandantes configuró un abuso del derecho a sindicalizarse. Esto, pues realizaron
una multiafiliación sindical, previo a que se venciera el término de legal de garantía
foral. Por lo anterior fue jurídica y legalmente viable proceder con su despido sin
previa autorización judicial. El Tribunal accionado sostuvo que ello se da:
«(...) con fundamento en lo dispuesto en el articulo 95-1 constitucional, que señala
como deber de los ciudadanos respetar los derechos ajenos y no abusar de los
propios»
Los jueces naturales del asunto, además, tuvieron en consideración que, a pesar de
tratarse de un asunto difícil del derecho, el Tribunal Superior reprochado en el
proceso de reparación directa por error judicial, no incurrió en dicho yerro. Esto pues
su decisión fue justificada de forma razonable. El Tribunal accionado lo expresó en
los siguientes términos:
«El juez de primera instancia consideró, respecto de los anteriores argumentos, que
si bien se puede estar en desacuerdo con el argumento del juez colegiado, resulta
claro que la decisión que se cuestiona se produjo dentro de uno de los denominados
casos difíciles del derecho, en la medida en que no existe una norma juridica que
reglamente de manera específica la situación; Y, que si bien no se comparte la
decisión del juez colegiado, quien con base en las pruebas aportadas al expediente
llega a una conclusión de que hubo abuso del derecho de sindicalizarse por parte de
los demandantes, la cual conlleva la pérdida del derecho de la garantía foral, con
fundamento en el principio de que lo que es contra derecho no puede generar
derecho alguno, las razones expuestas en la referida providencia permiten concluir
que el argumento está justificado razonablemente. (...)
(...)
(...) el operador judicial a cuyo accionar se endosa el presunto daño antijurídico
causado, consideró que algunos trabajadores al afiliarse a múltiples sindicatos, como
en el sub examine, lo hacen no con la finalidad de verse representados por estos,
sino con la intención de verse cubiertos con la protección laboral que otorga el fuero
sindical, ya bien sea por la fundación de un nuevo sindicato, por la suscripción como
miembro de la junta directiva o subdirectiva de los sindicatos, o por la presentación
de un pliego de peticiones dando como consecuencia el surgimiento del fijero
circunstancial; originándose, de esta forma, un abuso del derecho de asociación
sindical.
(...)
Teniendo como punto de partida la sentencia C- 797 del 2000, esgrimida por la Corte
Constitucional, referente a la posibilidad de crear más de un sindicato de base en
una misma empresa, con la cual se abrió la posibilidad a los trabajadores de la misma
clase o actividad, afiliarse a varios sindicatos simultáneamente, y con el fin de
determinar si la Interpretación ofrécida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, contenida en la providencia de 31 de
agosto de 2010, es coherente, razonable, y jurídicamente justificada, dentro del
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marco de libertad y la autonomía del juez, es pertinente analizar la línea
jurisprudencial que ha establecido la Corte como producto de las prerrogativas
otorgadas a los trabajadores en dichas sentencias, en lo referente al uso indebido
del derecho de asociación sindical.»
El Tribunal accionado tuvo en consideración distintas decisiones proferidas por la
Corte Constitucional5 y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia6, para
sustentar su decisión y analizar la configuración del abuso del derecho, cuestionado
por los demandantes. Con base en estas consideró el concepto de abuso del
derecho en el marco de la asociación sindical, el cual consiste en la creación o
fundación de sindicatos con el fin de obtener la estabilidad laboral reforzada que ello
otorga, y sostuvo que la interpretación realizada por el Tribunal Superior
cuestionado, se encontraba en línea con lo determinado por dichas Corporaciones,
en el asunto en cuestión.
La Sala advierte que los argumentos presentados por los accionantes no acreditan
una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a
volver sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen
divergencias de carácter netamente legal. Esto, pues los jueces naturales del asunto,
de conformidad con el marco normativo y jurisprudencial aplicable, así como con el
acervo probatorio aportado, consideraron que no existió el error judicial cuestionado,
pues la decisión reprochada en sede de reparación directa, fue razonable en
términos jurídicos y legales, aplicables para el caso.
Además de ello, considerando los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión,
la Sala estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas
aportadas al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al
asunto.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez de tutela revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
5 La C-258 de 2013, SU-631 y T-280 de ambas de 2017, la T-368 de 2018 y la T-103 de 2019, entre otras.
6 En sentencia del 15 de septiembre de 2009, radicado 21280, reiterada en las STL13523-2014, STL3043-2017
y STL7943-2017, entre otras.
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Accionante: Darío Rafael Fontalvo Matute y otro
Acción de tutela – Primera instancia
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de Darío Rafael Fontalvo Matute
y Uriel De Jesús Muñoz Pascuales, contra el Tribunal Administrativo del Atlántico-
Sala de Decisión Oral-Sección B y el Juez Tercero Administrativo Oral del
Barranquilla.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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WILLIAM BARRERA MUÑOZ
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ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
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