Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01468-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01468-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01468-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
24 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01468-00
Accionante: DIEGO FERNANDO ZAMORA OSPINA
Autoridad: JUZGADO 30 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Diego Fernando Zamora Ospina contra
el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que profirieron los autos mediante los cual negaron la medida cautelar
solicitada dentro del proceso ejecutivo laboral1, adelantado por el accionante contra la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
El 26 de febrero de 2026, Diego Fernando Zamora Ospina, actuando en nombre propio,
formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad
material y eficacia real de la sentencia laboral; que consideró vulnerados por el Juzgado
30 Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al haber proferido los autos del 24 de julio de 2025 y del 9 de febrero de 2026,
respectivamente, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido contra la Subred
1 Proceso identificado con número de radicación: 11001-33-35-030-2025-00112-00.
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Radicación:11001-03-15-000-2025-01468-00
Accionante: Diego Fernando Zamora Ospina
Acción de tutela–Primera instancia
Integrada de Servicios de Salud Sur, mediante los cuales se negó la solicitud de medidas
cautelares orientadas a garantizar la efectividad del crédito laboral reconocido a su favor.
En virtud de la acción de tutela, el accionante solicitó textualmente:
«1. Amparar los derechos fundamentales invocados.
2. Dejar sin efectos el auto del 9 de febrero de 2026.
3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir nueva decisión en
la que:
• Se aplique de manera efectiva la excepción laboral al principio de
inembargabilidad.
• Se respete el principio de carga dinámica de la prueba.
• Se disponga, de considerarse necesario, la práctica de prueba de oficio para
establecer la naturaleza de los recursos.
• Se garantice la eficacia real del proceso ejecutivo laboral.»
2. Hechos relevantes
El señor Diego Fernando Zamora Ospina es titular de un crédito laboral reconocido
mediante providencia judicial, actualmente en fase de ejecución dentro del proceso
ejecutivo laboral2 radicado, adelantado contra la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur.
En el trámite del proceso ejecutivo laboral, solicitó el decreto de medidas cautelares de
embargo con el fin de garantizar la efectividad del fallo, ante la mora prolongada de la
entidad demandada y el riesgo de incumplimiento de la obligación.
La solicitud fue conocida por el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Bogotá, que
mediante auto de primera instancia del 24 de julio de 2025 consideró que no era
procedente decretar la medida cautelar de embargo solicitada, toda vez que, si bien la
parte ejecutante identificó una cuenta bancaria de la entidad demandada, no señaló la
naturaleza de los recursos depositados en ella, lo cual impedía determinar si eran o no
embargables, en atención al principio de inembargabilidad de los recursos públicos, por
lo que negó la medida cautelar solicitada.
2 Proceso identificado con número de radicación: 11001-33-35-030-2025-00112-00.
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Accionante: Diego Fernando Zamora Ospina
Acción de tutela–Primera instancia
Posteriormente, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación contra el
auto de primera instancia, solicitando su revocatoria y, en su lugar, que se decretara la
medida cautelar de embargo con el fin de garantizar la efectividad del crédito laboral
reconocido dentro del proceso ejecutivo.
La segunda instancia correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
mediante auto del 9 de febrero de 2026, confirmó la decisión adoptada en primera
instancia y consideró que, si bien el principio de inembargabilidad de los recursos públicos
no es absoluto y admite excepciones en materia de obligaciones laborales, la procedencia
de la medida cautelar exige acreditar previamente la naturaleza embargable de los
recursos sobre los cuales se pretende hacer efectiva, carga que corresponde a quien
solicita la medida, sin que sea posible decretar el embargo con fundamento en
afirmaciones no verificadas ni en ausencia de prueba sobre el origen y destinación de los
dineros.
Las providencia dieron lugar a la interposición de la presente acción de tutela por parte
del accionante Zamora Ospina.
3. Fundamentos de la acción
El accionante sostiene que la providencia incurre en errores que afectan el núcleo del
proceso ejecutivo laboral, debido a que, aunque reconoce que la inembargabilidad de los
recursos públicos no es absoluta, convierte dicha excepción en una exigencia técnica al
imponerle la carga de demostrar la naturaleza específica de los recursos, lo que en la
práctica la vuelve inoperante.
Alega que se vulnera el principio de carga dinámica de la prueba, en tanto se le exige
acreditar información que está en poder exclusivo de la entidad pública, trasladándole
una carga imposible y desconociendo la asimetría entre las partes.
Asimismo, señala que el juez omitió su deber de dirección del proceso y de decretar
pruebas de oficio para verificar la embargabilidad de los recursos, limitándose a negar la
medida por falta de prueba. Indica que ello genera una desigualdad material y desprotege
el crédito laboral, de naturaleza reforzada, al favorecer al deudor institucional.
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Radicación:11001-03-15-000-2025-01468-00
Accionante: Diego Fernando Zamora Ospina
Acción de tutela–Primera instancia
4. Trámite procesal
El 9 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela3 y se ordenó su notificación al
accionante y a las autoridades judiciales accionadas, así como a la Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., como tercera interesada. Se vinculó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se dispuso la publicación de la
providencia en la página web de esta Corporación. Igualmente, se solicitó a las
autoridades judiciales accionadas remitir copia digital del expediente del medio de control.
El Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Bogotá, contestó la acción de tutela4 y
solicitó que se tengan en cuenta los argumentos de hecho y de derecho expuestos en las
providencias de primera y segunda instancia, al considerar que la decisión adoptada se
ajustó a la normativa y jurisprudencia aplicable.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su escrito de contestación5
solicitó negar el amparo, al sostener que no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados, en tanto la decisión cuestionada se fundamentó en la normativa y
jurisprudencia aplicable, especialmente en el principio de inembargabilidad de los
recursos públicos y la carga probatoria del solicitante, al no haberse acreditado la
naturaleza embargable de los recursos cuya afectación se pretendía.
Finalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, envió copia digital del
expediente del proceso ordinario6.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra los autos del 24
de julio de 2025 y del 9 de febrero de 2026, proferidos por el Juzgado 30 Administrativo
del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente,
3 SAMAI, índice 4.
4 SAMAI, índice 12.
5 SAMAI, índice 13.
6 SAMAI, índice 14.
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Accionante: Diego Fernando Zamora Ospina
Acción de tutela–Primera instancia
mediante los cuales se negó la medida cautelar dentro del proceso ejecutivo laboral 7
promovido por el accionante contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 8 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela9.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
Relevancia constitucional
7 Proceso identificado con número de radicación: 11001-33-35-030-2025-00112-00.
8 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
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Accionante: Diego Fernando Zamora Ospina
Acción de tutela–Primera instancia
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el
requisito de relevancia constitucional10: i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii)
Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:
«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.»
Caso concreto
El señor Diego Fernando Zamora Ospina promovió acción de tutela contra los autos del
24 de julio de 2025 y del 9 de febrero de 2026, proferidos por el Juzgado 30 Administrativo
del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, al
considerar que dichas providencias vulneraron sus derechos fundamentales al debido
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Radicación:11001-03-15-000-2025-01468-00
Accionante: Diego Fernando Zamora Ospina
Acción de tutela–Primera instancia
proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad material y eficacia real
de la sentencia laboral.
La Sala advierte que, la tutela promovida por el señor Zamora Ospina será declarada
improcedente, toda vez que no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Esto,
pues la Sala observa que lo que pretende el accionante es reabrir el debate que quedó
zanjado en sede de instancia.
Se observa que, como fundamentos principales de la acción de tutela, el accionante
sostiene que las providencias cuestionadas incurrieron en errores al exigirle demostrar la
naturaleza de los recursos para decretar la medida cautelar, desconociendo la carga
dinámica de la prueba, pues se le impuso una carga imposible sobre información en poder
de la entidad, y omitiendo el deber del juez de decretar pruebas de oficio, lo que genera
una desigualdad material y desprotege el crédito laboral.
Se advierte que la controversia planteada carece de relevancia constitucional, en la
medida en que el accionante pretende reabrir un debate que ya fue resuelto por la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro del cual las dos instancias valoraron
integralmente los documentos y argumentos por él aportados. Se evidencia que la acción
de tutela se utiliza para cuestionar la decisión adoptada en segunda instancia y reabrir el
debate propio del proceso ordinario, reflejando, en realidad, una inconformidad con el
sentido del fallo y un intento de convertir el amparo constitucional en una tercera
instancia.
De la revisión del expediente, se observa que, el Juzgado 30 Administrativo del Circuito
de Bogotá, en el auto de primera instancia, mencionó lo siguiente:
«Poniendo de relieve que la finalidad de la medida cautelar deprecada es asegurar
el pago de la obligación por parte de la ejecutada, no se decretará el embargo
solicitado, toda vez que, si bien el extremo ejecutante identifica presuntamente el
número de alguna de las cuentas bancarias de la parte demandada, lo cierto es
que pretermitió señalar la naturaleza de los recursos que existen en ellas.
Todo, en atención al principio de inembargabilidad de los recursos públicos, en
especial lo dispuesto en los numerales 1 y 2, entre otros, del artículo 594 del
C.G.P.; parágrafo 2.° del artículo 195 del C.P.A.C.A.; artículo 2.8.1.6.1 y ss del
Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.»
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Accionante: Diego Fernando Zamora Ospina
Acción de tutela–Primera instancia
Asimismo, en respuesta al recurso interpuesto por el accionante frente a dicho auto, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con base en fundamentos normativos y
jurisprudenciales, concluyó lo siguiente:
«De conformidad con el análisis jurisprudencial expuesto en el fundamento
normativo y jurisprudencial, la Sala considera que, si bien es cierto, el principio de
inembargabilidad de los recursos públicos no tiene carácter absoluto y que la
jurisprudencia ha reconocido excepciones cuando se trata de garantizar el pago
de obligaciones laborales derivadas de sentencias judiciales, ello no implica que
tales excepciones operen de manera automática ni indiscriminada. La procedencia
de la medida cautelar no depende únicamente de la naturaleza laboral del crédito,
sino que exige, de forma concurrente, la verificación concreta y previa de la
embargabilidad de los recursos específicos sobre los cuales se pretende hacer
efectiva la medida. De lo contrario, se vaciaría de contenido la regla general de
inembargabilidad y se desconocería el régimen constitucional y legal que protege
la destinación específica de los recursos públicos.
El parágrafo del artículo 594 del Código General del Proceso, en adelante C. G.
del P., es perentorio al establecer que "(l)os funcionarios judiciales o
administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos
inembargables". Solo en el evento en que por ley fuere procedente una excepción
a esta regla, se deberá invocar el fundamento legal para su procedencia.
En este sentido, no es de recibo el argumento según el cual el ejecutante no tiene
el deber de conocer la naturaleza de los fondos. Por el contrario, conforme a la
norma citada, los funcionarios judiciales deben abstenerse de decretar embargos
sobre recursos inembargables, lo que supone que quien solicita la medida tiene la
carga de acreditar que los dineros objeto de embargo no se encuentran cobijados
por dicha protección legal.
El argumento del ejecutante, según el cual la cuenta de ahorros N° 008400747591
del Banco Davivienda estaría destinada al “pago de sentencias y conciliaciones”,
no pasa de ser una simple afirmación sin respaldo probatorio. En efecto, dentro de
expediente no obra certificación bancaria, acto administrativo, documento
presupuestal ni constancia oficial que permita establecer que dicha cuenta tenga
asignada esa destinación específica. Tampoco se allegó prueba que acredite el
origen de los recursos allí depositados, su clasificación presupuestal o su
incorporación en el Presupuesto General de la entidad ejecutada.»
«De conformidad con las reglas generales de la carga de la prueba, corresponde
a quien solicita la medida cautelar acreditar los supuestos fácticos que la hacen
procedente, entre ellos, la embargabilidad de los bienes cuya afectación pretende.
No es función del juez suplir esa carga ni ordenar embargos con base en
conjeturas o afirmaciones no verificadas.»
De lo anterior se desprende que las autoridades judiciales accionadas concluyeron que
no era procedente decretar la medida cautelar de embargo solicitada, por cuanto el
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Accionante: Diego Fernando Zamora Ospina
Acción de tutela–Primera instancia
accionante no acreditó la naturaleza embargable de los recursos depositados en la
cuenta bancaria de la entidad demandada, siendo insuficiente la simple afirmación sobre
su destinación, y que, en aplicación del principio de inembargabilidad de los recursos
públicos y de las reglas de la carga de la prueba, no era posible ordenar la medida sin
contar con soporte probatorio que permitiera desvirtuar dicha presunción.
La Sala advierte que lo planteado por el accionante se reduce a un mero desacuerdo con
la sentencia de segunda instancia, pues pretende que el juez constitucional imponga un
criterio específico sobre la inembargabilidad de los recursos públicos y la carga de la
prueba.
En consecuencia, la controversia planteada no evidencia una vulneración directa de
derechos fundamentales, sino una discrepancia del accionante con el ejercicio legítimo
de la función jurisdiccional, debido a que, el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya resolvieron de fondo la situación
jurídica debatida en el proceso ordinario. De hecho, se observa que, los cargos
formulados por el accionante en sede de tutela se limitaron a plantear los mismos
argumentos y desacuerdos planteados en el recurso ordinario y que ya fueron resueltos
de manera definitiva.
Además de lo expuesto, la demanda de tutela pide se deje sin efectos una providencia
sobre la medida cautelar solicitada que buscaba el embargo y retención de dineros de
una entidad pública. Esta pretensión, netamente económica, escapa de la órbita del juez
de tutela, que debe verificar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. Por
demás, la jurisprudencia constitucional ha señalado que ese tipo de pretensiones "deben
ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez
que le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal
o reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones correspondientes" i. Dicha
circunstancia reitera que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, toda vez
que se trata de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares
o privada11.
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Corte Constitucional Sentencia SU-134 de 2022. MP José Fernando Reyes Cuartas
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Radicación:11001-03-15-000-2025-01468-00
Accionante: Diego Fernando Zamora Ospina
Acción de tutela–Primera instancia
La Sala concluye que los autos proferidos en sede ordinaria estuvieron debidamente
motivados, fueron razonables, respetaron los límites de la autonomía judicial y aplicaron
correctamente el derecho sustancial.
Dicho lo anterior, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe
la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es
una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las razones
expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional.
Los autos reprochados fueron dictados dentro del marco de la legalidad. En
consecuencia, no se configura vulneración de derecho fundamental alguna y el amparo
se declarará improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Diego Fernando Zamora
Ospina contra el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Radicación:11001-03-15-000-2025-01468-00
Accionante: Diego Fernando Zamora Ospina
Acción de tutela–Primera instancia
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
i [1] Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
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