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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01489-00

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01489-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01489-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

8 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01489-00
Demandante: Manuela Alejandra Morales Cárdenas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01489-00
Demandante: MANUELA ALEJANDRA MORALES CÁRDENAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO.

Temas: Contra providencia judicial dictada en el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos. Improcedencia.
Subsidiariedad. Proceso en trámite

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Manuela Alejandra Morales Cárdenas
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 33 Administrativo del Circuito
de Medellín

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 12 de marzo de 20251, en ejercicio de la acción de tutela, Manuela Alejandra Morales
Cárdenas, en nombre propio, pidió la protección de los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

A juicio de la accionante, la vulneración se presenta con ocasión de las providencias
dictadas por el Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Medellín el 10 de octubre de
2024 y el 7 de noviembre de 2024 en el medio de control de protección de los derechos
e intereses colectivos con radicado 05001-33-33-033-2024-00269-00 que denegó el
decreto de medidas cautelares.

2. Pretensiones

El accionante formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:

1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
que se han visto comprometidos por las decisiones judiciales cuestionadas y las omisiones en materia
de seguridad pública y prevención de desastres en el Municipio de San Pedro de los Milagros.

2. DEJAR SIN EFECTO las dos providencias proferidas por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de
Oralidad del Circuito de Medellín (fechas 10 de octubre y 7 de noviembre de 2024), en las cuales se
negó la solicitud de medidas cautelares dentro de la Medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos radicada bajo el número 05001-33-33-033-2024-00269-00, por incurrir en los
defectos o vías de hecho descritos en este escrito.

3. ORDENAR al Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín que, en un
plazo máximo de 48 horas contadas a partir de la notificación de la sentencia de tutela, emita una nueva
decisión sobre las medidas cautelares solicitadas en la Medio de control de protección de los derechos
e intereses colectivos, garantizando el respeto de los derechos fundamentales y colectivos involucrados,
y absteniéndose de incurrir en los defectos sustantivos y fácticos identificados.

1 Índice 1 Samai.

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Demandante: Manuela Alejandra Morales Cárdenas

4. DISPONER que, en lo sucesivo, el Juzgado accionado respete el alcance preventivo de la Medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos y cumpla con la jurisprudencia y la
normatividad vigentes sobre la adopción de medidas cautelares cuando exista un riesgo razonable y
documentado que amenace derechos colectivos tan sensibles como la seguridad y la prevención de
desastres.

5. Cualesquiera otras órdenes o medidas que el Despacho estime pertinentes para salvaguardar de
manera efectiva los derechos constitucionales y colectivos presuntamente vulnerados.

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1 Del trámite del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos

El 11 de agosto de 2024, la señora Manuela Alejandra Morales Cárdenas presentó
derecho de petición dirigido al Municipio de San Pedro de los Milagros (Antioquia), en el
que solicitó información acerca de la cantidad de establecimientos comerciales y
empresas que operan dentro de la jurisdicción municipal. Además, preguntó si estos
cuentan con certificado de inspección de bomberos vigente y cuáles han sido las acciones
de control implementadas por la Administración Municipal en materia de seguridad contra
incendios.

De manera paralela interpuso derecho de petición ante el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de San Pedro de los Milagros, en el que requirió datos específicos sobre la
cantidad de establecimientos en funcionamiento, su grado de cumplimiento con el
certificado de inspección, los listados de establecimientos visitados, las acciones
realizadas en materia de prevención y control, y demás aspectos relevantes al riesgo de
incendios.

El 23 de agosto de 2024, el Cuerpo de Bomberos de San Pedro de los Milagros respondió
que en el municipio se registran 791 actividades económicas, entre establecimientos de
comercio y empresas. Precisó que solo 13 habían sido certificados para esa fecha, lo que
representaba alrededor del 1.64% del total, es decir, el 98.36% restante operaba sin
contar con dicha certificación. La comunicación subraya la importancia de la acción
municipal de inspección y control para exigir el cumplimiento de la norma, pero destaca
también que no cuentan con la capacidad para verificar todos los establecimientos y que
el Municipio no estaba ejerciendo la función sancionatoria.

El 10 de septiembre de 2024, el Municipio de San Pedro de los Milagros remitió respuesta
en la que señaló que tenía registradas 791 actividades económicas, pero no aclaró
cuántas de ellas contaban con el certificado de inspección de bomberos vigente, ni
especificó los procesos de inspección o control sancionatorio adelantados.

El 11 de septiembre de 2024, la señora Morales Cárdenas promovió medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos con número de radicado 05001 33-33-
033-2024-0269-00 dirigida contra el Municipio y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
la localidad. En la demanda expuso la vulneración de derechos e intereses colectivos y
además solicitó como medida provisional que el municipio suspendiera temporalmente el
funcionamiento de los negocios que no tuvieran el certificado de inspección vigente y que
se exigiera la realización de las inspecciones pertinentes en un plazo perentorio.

El 10 de octubre de 2024, el Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Medellín denegó
la medida cautelar solicitada, pues a juicio del despacho, no se encontraba demostrado
un daño inminente que justificara la adopción de las órdenes preventivas requeridas.

Inconforme, la accionante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.
Argumentó que la ausencia de certificación de bomberos en un porcentaje tan elevado

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Demandante: Manuela Alejandra Morales Cárdenas

(98.36%) de establecimientos constituía, por sí misma, una amenaza cierta y grave para
la seguridad de los habitantes del municipio y solicitó que el Tribunal Administrativo de
Antioquia revisara la negativa de las medidas cautelares.

Mediante auto del 7 de noviembre de 2024, el juzgado resolvió no reponer la decisión de
no decretar la medida cautelar y rechazó el recurso de apelación por improcedente.

La señora Morales Cárdenas interpuso recurso de queja contra el auto que rechazó por
improcedente la apelación. No obstante, el Tribunal declaró bien negado el recurso.

4. Fundamentos de la acción

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en concreto, sobre la subsidiariedad, explicó que agotó las posibilidades
procesales para lograr la adopción de medidas urgentes que protejan a la comunidad
frente al riesgo de incendios y otros posibles desastres previsibles. En cuanto al fondo
del asunto, la demandante alegó que la providencia objeto de tutela incurrió en:

Defecto sustantivo, pues desconoce que el artículo 88 de la Constitución Política y la
Ley 472 de 1998 le otorgan naturaleza preventiva a la acción popular. Al punto, dice, que
el mecanismo constitucional resulta procedente, incluso frente a riesgos o amenazas.
Sobre la naturaleza preventiva de la acción popular, citó la sentencia C-215 de 1999.

Defecto fáctico porque el juzgado que denegó la medida provisional pasó por alto la
relevancia del oficio expedido por el cuerpo de bomberos del municipio, que da cuenta
de la omisión en la inspección de más del 98% de establecimientos.

Que, además, la autoridad judicial demandada le trasladó una carga que, a su juicio, no
impone la Ley 472 de 1998, de individualizar los establecimientos que incumplen con las
medidas de seguridad necesarias para operar, máxime cuando, dice, ese deber recae en
el municipio y el cuerpo de bomberos.

Decisión sin motivación, dado que los autos cuestionados no consideraron que el
riesgo en el que fundó su solicitud de medida cautelar es actual y dejó de hacer un juicio
de proporcionalidad para analizar la procedencia del decreto de la medida.

Violación directa de la Constitución por infracción a sus derechos fundamentales, al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

5. Trámite procesal

La acción de tutela fue inicialmente asignada al Tribunal Administrativo de Antioquia que,
por auto del 12 de marzo de 2025, dicho Tribunal dispuso su remisión a esta Corporación.

Por auto del 18 de marzo de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda
presentada por Manuela Alejandra Morales Cárdenas, entre otras cosas, ordenó notificar
en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Sexta de Decisión, y al juez 33 Administrativo de Medellín y ordenó vincular como
terceros con interés al alcalde de San Pedro de los Milagros (Antioquia) y al director del
Cuerpo Oficial de Bomberos de ese municipio.

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Demandante: Manuela Alejandra Morales Cárdenas

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 25 de marzo de
20252.

6. Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión señaló que las
decisiones proferidas por el juzgado fueron acertadas, como quiera que los artículos 26
y 37 de la Ley 472 de 1998 disponen claramente que las providencias que tienen
apelación dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos son únicamente el auto que decreta la medida cautelar y la sentencia de
primera instancia, y no el auto niega la medida cautelar, como lo pretende la parte aquí
accionante.

El Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Medellín pidió que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela, pues la parte actora no plantea una discusión de
relevancia constitucional asociada a la vulneración de derechos fundamentales si nomás
bien desarrollaba argumentos como si se tratara de un recurso de apelación.

El alcalde de San Pedro de los Milagros (Antioquia) y el director del Cuerpo Oficial
de Bomberos guardaron silencio pese a que, como se vio, fueron notificados del auto
admisorio de la acción de tutela de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Manuela
Alejandra Morales Cárdenas para dejar sin efecto las providencias del 10 de octubre y 7
de noviembre de 2024, proferidos por el Juzgado 33 Administrativo del Circuito de
Medellín dentro del proceso con radicado 05001-33-33-033-2024-00269-00.

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito
de subsidiariedad, pues se cuestionan asuntos relacionados con un proceso judicial que
se encuentra en trámite.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la improcedencia general de la acción de tutela
cuando el proceso judicial se encuentra en curso y, finalmente, (iii) analizará el caso
concreto

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

2
índice 7 Samai
3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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3. La improcedencia general de la acción de tutela cuando el proceso judicial se
encuentra en curso

En sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que “si el proceso se
encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues
como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede
resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración
de derechos fundamentales”. Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que
“no es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia
ordinaria, sino cuando se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen
procedente el amparo”.

Adicionalmente, en sentencia T-511 de 2020, la Corte Constitucional manifestó que la
acción de tutela no podía ser utilizada en el marco de un proceso judicial en el cual “no
se ha proferido ningún fallo definitivo” y en el que, por tanto, la parte interesada tenía a
su disposición otros medios de defensa judicial.

4. Análisis del caso concreto

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia al denegar
la medida cautelar solicitada en el medio de control de e protección de los derechos e
intereses colectivos con radicado 05001-33-33-033-2024-00269-00.

Ahora bien, de la revisión del expediente aportado por el Juzgado 33 Administrativo del
Circuito de Medellín, así como la información registrada en Samai, la Sala encontró lo
siguiente:

• El 11 de septiembre de 2024, la señora Manuela Alejandra Morales Cárdenas
promovió medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
dirigida contra el Municipio y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad.

• En la demanda expuso la vulneración de derechos e intereses colectivos y además
solicitó como medida provisional que el municipio suspendiera temporalmente el
funcionamiento de los negocios que no tuvieran el certificado de inspección
vigente y que se exigiera la realización de las inspecciones pertinentes en un plazo
perentorio.

• El 13 de septiembre de 2024 el Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Medellín
inadmitió la demanda, pues la demandante refirió que la acción popular se
presentó contra el Municipio de San Pedro de los Milagros y el Cuerpo de
Bomberos Voluntario de San Pedro de Los Milagros, pero la pretensión segunda
se dirigió contra “Municipio de La Unión” y “Cuerpo de Bomberos Voluntario de la
Unión”.

• El 14 de septiembre de 2024 la señora Morales Cárdenas presentó memorial de
subsanación de la demanda.

• Por auto del 19 de septiembre de 2024, el Juzgado 33 Administrativo del Circuito
de Medellín admitió la demanda.

• En la misma fecha, el Juzgado corrió traslado a la parte demandada para que se
pronunciara sobre la medida cautelar propuesta.

• El 26 de septiembre de la misma anualidad, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Municipio de San Pedro de Los Milagros presentó escrito en el que se allanó a
la medida cautelar solicitada.

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• El municipio de San Pedro De Los Milagros mediante memorial del 9 de octubre
de 2024 solicitó que se denegara la medida cautelar pues, según el demandado,
existía una falta de fundamento en la misma, además de aclarar que lo pedido
cautelarmente, coincidía con lo pretendido en la demanda, por lo cual decretar la
cautela implicaría necesariamente decidir sobre el fondo del litigio, esto es, un
prejuzgamiento.

• Por autos del 10 de octubre de 2024 el Juzgado 33 Administrativo del Circuito de
Medellín denegó la medida cautelar solicitada, pues para su decreto se debía
demostrar la necesidad de la misma dada la existencia de un daño inminente, para
el juzgado la parte actora no desplegó carga argumentativa, encaminada a
sustentar en debida forma la necesidad y procedencia de decreto de la medida
solicitada, pues se probó la existencia de dicho peligro o daño. Además, fijó fecha
de audiencia de pacto de cumplimiento.

• El 17 de octubre de 2024 la accionante presentó recurso de reposición y en
subsidio de apelación. Argumentó que la ausencia de certificación de bomberos
en un porcentaje tan elevado (98.36%) de establecimientos constituía, por sí
misma, una amenaza cierta y grave para la seguridad de los habitantes del
municipio y solicitó que el Tribunal Administrativo de Antioquia revisara la negativa
de las medidas cautelares.

• El 5 de noviembre de 2024 se realizó la audiencia de pacto de cumplimiento.

• Mediante auto del 7 de noviembre de 2024, el juzgado resolvió no reponer la
decisión de no decretar la medida cautelar y rechazó el recurso de apelación por
improcedente.

• La señora Morales Cárdenas interpuso recurso de queja contra el auto que
rechazó por improcedente la apelación. No obstante, el Tribunal declaró bien
negado el recurso mediante auto del 20 de febrero de 2025.

• El 24 de abril de 2025 el expediente pasó al despacho para sentencia.

Siendo así, la Sala encuentra que se trata de un proceso judicial en curso, en el cual no
se ha proferido una decisión definitiva, por lo que, no le es dable al juez constitucional
entrometerse en la órbita propia del juez ordinario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no advierte la causación de un perjuicio irremediable
que comprometa la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora y que
amerite la intervención urgente del juez de tutela.

La Corte Constitucional, con relación al perjuicio irremediable, ha dicho5:
En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable
grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta,
además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga
un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que
sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para
superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las-particularidades del
caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a
criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico
irreparable.

Para la Sala, en el sub lite, se itera, no está probada ninguna circunstancia de urgencia,
inminencia, impostergabilidad o gravedad que demuestre la existencia de un perjuicio

5 Corte Constitucional, sentencia T - 1316 de 2001 .

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irremediable que imponga la necesidad de la intervención del juez de tutela. Máxime si
en la acción popular aún se encuentra en trámite y no se ha proferido una decisión
definitiva.

Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la solicitud de amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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