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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01489-01

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01489-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 8 de mayo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 11001-03-15-000-2022-02739-01, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 10 Radicación: 11001-03-15-000-2025-01489-01 Accionante: Manuela Alejandra Morales Cárdenas SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01489-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01489-01
Accionante: MANUELA ALEJANDRA MORALES CÁRDENAS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Tema: ACCIÓN DE TUTELA. SE REVOCA EL FALLO IMPUGNADO - Se
declara la carencia actual de objeto por sustracción de materia, el hecho
constitutivo de la presunta amenaza a los derechos fundamentales de la
accionante no está produciendo efectos jurídicos.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia de 8 de mayo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Manuela Alejandra Morales Cárdenas solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 10 de octubre y 7 de
noviembre de 2024, proferidas por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín dentro del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos con número de radicación 05001-33-33-033-2024-
00269-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos contra el municipio de San Pedro de los
Milagros y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro de los Milagros, en la
medida que son responsables de la vulneración de los derechos “[…] a la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente, la seguridad y salubridad

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01489-01
Accionante: Manuela Alejandra Morales Cárdenas

públicas, la vida e integridad personal, patrimonio público y los derechos de los
consumidores y usuarios […]”.

2.2. Señaló que el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín,
mediante providencia de 10 de octubre de 2024 negó la medida cautelar solicitada,
“[…] pues a juicio del despacho, no se encontraba demostrado un daño inminente
que justificara la adopción de las órdenes preventivas requeridas […]”.

2.3. Indicó que contra dicha decisión presentó recurso de reposición y, en subsidio,
de apelación, y que el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín, mediante providencia de 7 de noviembre de 2024, resolvió “[…] NO
REPONER la decisión de NO decretar la medida cautelar solicitada […]” y rechazó
por improcedente el recurso de apelación.

2.4. Informó que interpuso recurso de queja y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante providencia de 20 de febrero de 2025, resolvió estimar bien denegado el
recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido el 10 de octubre de 2024,
que negó la solicitud de medida cautelar.

2.5. Señaló que las providencias de 10 de octubre de 2024 y 7 de noviembre de 2024
incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico, de decisión sin motivación y en
violación directa de la Constitución.

2.6. Frenteal defecto sustantivo señaló que “[…] la providencia restringió
indebidamente el alcance que la Ley 472 de 1998 otorga a la acción popular. Este
apartamiento injustificado de la norma constituye un defecto sustantivo o material,
pues se aplicó un criterio restrictivo ajeno al espíritu preventivo de la ley y a la
jurisprudencia que avala la adopción de medidas cautelares cuando exista una
probabilidad razonable de riesgo […]”.

2.7. En cuanto al defecto fáctico señaló que “[…] se ignoró la relevancia de la prueba
oficial (omisión en la inspección de más del 98% de establecimientos), impidiendo
que se valorara debidamente la dimensión ética y legal del caso […]”.

2.8. En lo que respecta a la decisión sin motivación manifestó que “[…] dado que los
autos cuestionados no consideraron que el riesgo en el que fundó su solicitud de
medida cautelar es actual y dejó de hacer un juicio de proporcionalidad para
analizar la procedencia del decreto de la medida […]”.

2.9. Frente
a la violación directa de la Constitución se limitó a señalar que se
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01489-01
Accionante: Manuela Alejandra Morales Cárdenas

“[…] 1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, que se han visto comprometidos por las
decisiones judiciales cuestionadas y las omisiones en materia de seguridad
pública y prevención de desastres en el Municipio de San Pedro de los
Milagros.

2. DEJAR SIN EFECTO las dos providencias proferidas por el Juzgado
Treinta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín (fechas
10 de octubre y 7 de noviembre de 2024), en las cuales se negó la solicitud
de medidas cautelares dentro de la Acción Popular radicada bajo el número
05001-33-33-033-2024-00269-00, por incurrir en los defectos o vías de hecho
descritos en este escrito.

3. ORDENAR al Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito
de Medellín que, en un plazo máximo de 48 horas contadas a partir de la
notificación de la sentencia de tutela, emita una nueva decisión sobre las
medidas cautelares solicitadas en la Acción Popular, garantizando el respeto
de los derechos fundamentales y colectivos involucrados, y absteniéndose de
incurrir en los defectos sustantivos y fácticos identificados.

4. DISPONER que, en lo sucesivo, el Juzgado accionado respete el alcance
preventivo de la Acción Popular y cumpla con la jurisprudencia y la
normatividad vigentes sobre la adopción de medidas cautelares cuando exista
un riesgo razonable y documentado que amenace derechos colectivos tan
sensibles como la seguridad y la prevención de desastres.

5. Cualesquiera otras órdenes o medidas que el Despacho estime pertinentes
para salvaguardar de manera efectiva los derechos constitucionales y
colectivos presuntamente vulnerados. […]”. [Negrilla y mayúscula original del
texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 18 de marzo de 2025, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la presente acción
de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés directo en
el resultado del proceso “[…] al alcalde de San Pedro de los Milagros y al director
del Cuerpo Oficial de Bomberos […]”.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
señaló que “[…] el hecho que no esté de acuerdo con la decisión tomada o que
existan otros casos similares en los que se ha proferido medida cautelar no impone
que se esté ante una vía de hecho, puesto que se trata del ejercicio pleno de la
autonomía judicial […]” y no se cumple con el requisito de subsidiariedad, en la
medida que “[…] no se identifican las razones de la vulneración y no se trata de una
irregularidad procesal decisiva o determinante […]”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01489-01
Accionante: Manuela Alejandra Morales Cárdenas

5.2. El
Tribunal Administrativo de Antioquia señaló que “[…] las decisiones
proferidas por el juzgado fueron acertadas, como quiera que los artículos 26 y 37
de la Ley 472 de 1998 disponen claramente que las providencias que tienen
apelación dentro de la acción popular son únicamente el auto que decreta la medida
cautelar y la sentencia de primera instancia, y no así, el auto niega la medida
cautelar, como lo pretende la parte aquí accionante […]”.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 8 de mayo de 2025, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de amparo. Al respecto consideró:

“[…] A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia al denegar la medida cautelar solicitada en el medio de control de e
protección de los derechos e intereses colectivos con radicado 05001-33-33-
033-2024-00269-00.

De la revisión del expediente aportado por el Juzgado 33 Administrativo del
Circuito de Medellín, así como la información registrada en Samai, la Sala
encontró lo siguiente:

[…]

“[…] La Sala encuentra que se trata de un proceso judicial en curso, en el cual
no se ha proferido una decisión definitiva, por lo que, no le es dable al juez
constitucional entrometerse en la órbita propia del juez ordinario.

Para la Sala, en el sub lite, se itera, no está probada ninguna circunstancia de
urgencia, inminencia, impostergabilidad o gravedad que demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable que imponga la necesidad de la
intervención del juez de tutela. Máxime si en la acción popular aún se encuentra
en trámite y no se ha proferido una decisión definitiva […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. La parte demandante en su escrito de impugnación señaló lo siguiente:

“[…] Es cierto que la acción de tutela es, por regla general, un mecanismo
subsidiario. Sin embargo, esta impugnación demuestra que concurren
circunstancias excepcionales que hacen procedente el amparo constitucional,
aun cuando el proceso ordinario (acción popular) sigue su curso. La propia
Corte Constitucional ha indicado que la jurisdicción constitucional no debe
inmiscuirse en la órbita de la justicia ordinaria “sino cuando se presentan unas
especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo” . Sostenemos
que este caso presenta precisamente esas circunstancias especialísimas, dado
que se configuró una vía de hecho en una decisión judicial sin posibilidad real
de recurso y que compromete seriamente derechos fundamentales y
colectivos.

la actora agotó todos los medios judiciales ordinarios y extraordinarios a su
alcance dentro del proceso judicial principal. La denegación de la medida
cautelar no pudo ser revisada en sede de la acción popular, puesto que no

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Accionante: Manuela Alejandra Morales Cárdenas

había recurso horizontal ni apelación disponible contra esa decisión
interlocutoria según la Ley 472 de 1998, situación que fue confirmada por el
Tribunal al declarar improcedente la apelación y bien negado el recurso de
queja . En otras palabras, la accionante se encontró ante una decisión judicial
firme y consumada, sin posibilidad de ser corregida dentro del proceso ordinario
[…]”.

[…]

“[…] Con fundamento en las consideraciones fácticas y jurídicas presentadas,
respetuosamente solicito:

Revocar en su totalidad la sentencia de tutela de primera instancia proferida el
8 de mayo de 2025 por el Consejo de Estado – Sección Cuarta (Rad. 11001-
03-15-000-2025-01489-00), que negó por improcedente la acción de tutela
presentada por la suscrita.

[...]

Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto las providencias del
Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, de
fechas 10 de octubre de 2024 y 7 de noviembre de 2024, mediante las cuales
se negó la solicitud de medidas cautelares dentro del proceso de acción popular
Rad. 05001-33-33-033-2024-00269-00.

Ordenar al Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Oralidad de Medellín que,
en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación del fallo de tutela de segunda instancia, emita una nueva decisión
sobre las medidas cautelares solicitadas en la acción popular referida,
conforme a los parámetros constitucionales aquí reiterados. En dicha nueva
decisión deberá tener en cuenta el principio de prevención del daño, la
naturaleza esencialmente preventiva de las acciones populares, el estándar
probatorio mínimo para acreditar riesgos colectivos ( sin exigir la consumación
del daño) y la obligación de proteger de manera efectiva los derechos
fundamentales y colectivos comprometidos. Así mismo, deberá abstenerse de
incurrir nuevamente en los defectos sustantivos y fácticos señalados,
motivando adecuadamente su determinación y observando los precedentes
constitucionales pertinentes […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.

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Accionante: Manuela Alejandra Morales Cárdenas

de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.

VIII.3. Problemas jurídicos

9. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado6, la Sala debe establecer:

a) Determinar si en el presente asunto se configuró la carencia actual de
objeto por sustracción de materia.

VI.4. El caso concreto

10. El señora Manuela Alejandra Morales Cárdenas solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 10 de octubre y 7 de
noviembre de 2024, proferidas por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín dentro del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos con número de radicación 05001-33-33-033-2024-
00269-00.

VIII.4.1. De la carencia actual de objeto por sustracción de materia en el
presente caso

11. Sobre la figura de la carencia actual de objeto, esta Sala de Decisión mediante
providencia de 9 de septiembre de 20217 precisó que dicho fenómeno jurídico se
presenta en los siguientes eventos: “[…] i) por hecho superado, cuando por alguna
conducta del obligado se supera la afectación a los derechos invocados de tal
manera que resulte innecesario el pronunciamiento del juez, ii) por daño
consumado, cuando se afecta de manera definitiva los derechos del tutelante, antes
de que el juez constitucional profiera decisión de fondo sobre las pretensiones de
la tutela y iii) por sustracción de materia […]”.

12. Particularmente, y en lo atiente a la carencia actual de objeto por sustracción
materia, esta Sala de Decisión precisó lo siguiente: “[…] se configura en aquellos
casos en que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez
constitucional debe tomar una decisión, por lo cual, la protección a través de
la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez constitucional queda
imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental
invocado […]”8. (Negrilla original del texto)
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan

los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
6
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
7
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 11001-03-15-000-2021-02263-00, M.P.
Nubia Margoth Peña Garzón, 9 de septiembre de 2021.
8
Ibidem.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01489-01
Accionante: Manuela Alejandra Morales Cárdenas

13. En esa misma línea argumentativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha indicado lo siguiente:

“[…] La carencia actual de objeto tiene lugar, en la medida en que la
finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho
fundamental de quien invoca el amparo. Es decir, es, en principio, una
finalidad subjetiva. Existiendo carencia de objeto “no tendría sentido cualquier
orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los derechos del
demandante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por
sustracción de materia”. La Corte ha señalado al respecto:

“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto la decisión
que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas
luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente
previsto para esta acción” […]”9. (Negrilla fuera del texto)

14. A partir de lo anterior, es dable concluir que la acción de tutela fue instituida como
un mecanismo expedito para la protección inmediata y oportuna de los derechos
fundamentales y debido a esto, al desaparecer la causa que da origen a dicha
vulneración, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo de
protección judicial.

15. En el presente caso se observa que la señora Manuela Alejandra Morales
Cárdenas solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por las
providencias de 10 de octubre de 2024 y 7 de noviembre de 2025, que negaron la
medida cautelar dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos con número de radicación 05001-33-33-033-2024-00269-00.

16. Se debe aclarar que la accionante solicitó como medida cautelar lo siguiente:

“[…] 1. Se ordene al MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS -
ANTIOQUIA y al CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE SAN PEDRO
DE LOS MILAGROS - ANTIOQUIA que, dentro de las próximas 24 horas,

9
Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Exp. T-3.931.914, M.P. Alberto Rojas Ríos; 7 de septiembre de 2013.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01489-01
Accionante: Manuela Alejandra Morales Cárdenas

inicien la ejecución de todas las acciones necesarias para garantizar que
ningún establecimiento de comercio o empresa opere sin el certificado de
inspección de bomberos vigente, y que esta medida sea cumplida a cabalidad
durante toda la vigencia del proceso de acción popular.

2. Se ordene al MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS -
ANTIOQUIA que, en un plazo no mayor a 30 días, emita una resolución que
prohíba el funcionamiento de cualquier establecimiento que no haya solicitado
la inspección correspondiente o que no cuente con el certificado de inspección
de bomberos vigente. Además, deberá emitir informes trimestrales al Juzgado
y a la actora popular sobre el número de establecimientos inspeccionados,
certificados y sancionados, durante toda la vigencia del proceso.

3. Se ordene al CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE SAN PEDRO DE
LOS MILAGROS - ANTIOQUIA que realice las inspecciones y emita los
certificados correspondientes dentro de un plazo máximo de 60 días, y que
informe a las autoridades municipales cualquier incumplimiento detectado para
que se tomen las medidas correctivas necesarias dentro de un plazo máximo
de 15 días. Esta obligación deberá ser cumplida de manera exhaustiva durante
todo el proceso de acción popular.

4. Se ordene al MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS y al
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE SAN PEDRO DE LOS
MILAGROS que, dentro de los primeros 03 meses de cada año, durante toda
la vigencia del proceso, garanticen que todos los establecimientos han
solicitado y realizado las inspecciones correspondientes y que cuentan con el
certificado de bomberos vigente.

5. Se ordene que, en caso de incumplimiento por parte del MUNICIPIO DE SAN
PEDRO DE LOS MILAGROS o del CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO
DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, se impongan sanciones
correspondientes por desacato, incluyendo la imposición de medidas
coercitivas para asegurar el cumplimiento de las órdenes impartidas por este
despacho […]”.

17. Teniendo en cuenta la finalidad de esta acción de amparo y las pretensiones
perseguidas a través de la misma, la Sala considera que en el asunto objeto de
estudio se ha configurado la figura jurídica de la carencia actual de objeto por
sustracción de materia porque para este momento se dictó sentencia dentro del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, en la cual, se
ordenó lo siguiente:

“[…] SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de San pedro de los Milagros que, (i)
en el término de 6 meses siguientes, adelante un estudio con el objeto de
conocer el riesgo de incendios en el citado municipio, en el cual deberá
identificar edificaciones públicas y privadas, y establecimientos públicos de
comercio e industriales ubicadas en dicho municipio que no cuenten con
inspección contraincendios y seguridad humana. En ese estudio, deberá
valorar el nivel de riesgo para el municipio y formular un plan de acción para
mejorar los indicadores en prevención del riesgo de incendios. Dentro de este
plan de acción se considerará la promoción y utilización de inspección ocular
de seguridad y otros mecanismos que se consideren eficaces de acuerdo al
riesgo identificado.

(iii) Dentro de los 6 meses siguientes al estudio, deberá implementar las
acciones necesarias para prevenir el riesgo de incendios, dentro de las cuales
coordinará con el Cuerpo de Bomberos la ejecución del plan de acción,

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01489-01
Accionante: Manuela Alejandra Morales Cárdenas

pudiendo utilizarse dentro del mismo mecanismos de promoción y utilización
de la inspección ocular de seguridad y otros que considere pertinentes para
dicho fin.

• ORDENAR al Cuerpo De Bomberos Voluntarios de San Pedro de los Milagros
que dentro de los 3 meses siguientes presente un informe al Municipio de San
Pedro de los Milagros en relación con análisis de amenazas de incendios y
posibles programas de prevención a adoptar en el Municipio. Además, deberá
prestar la colaboración, en el marco de los acuerdos suscritos con la entidad
territorial, en la realización del estudio e implementación del mismo […]”.

18. Lo anterior denota que el objeto de la presente tutela desapareció, en razón a
que, dentro de las órdenes dictadas dentro del del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos, se accedió a lo solicitado por la accionante
como medida definitiva, por lo que resultaría innecesario dictarse una medida
cautelar.

19. Respecto de la figura de la carencia actual de objeto por sustracción de materia,
esta Sala de Decisión precisó lo siguiente:

“[…] 23. Es por este motivo la Sala estima que se ha configurado la figura
jurídica de la carencia actual de objeto, en tanto que el objeto de la presente
acción de amparo no puede ser protegido porque el supuesto constitutivo de la
amenaza a los derechos fundamentales del accionante actualmente no existe
y, en ese sentido, no se pueden emitir órdenes tendientes a garantizar el
acceso a la hidratación y la alimentación de las personas que auspiciaron como
jurados de votación, tampoco se puede revertir este suceso.

(…)

26. Desde esta perspectiva, y en tanto que han desaparecido los supuestos
fácticos que amenazaban la vulneración de los derechos fundamentales del
accionante, la Sala concluye que en el sub examine se ha configurado la figura
de la carencia actual de objeto por sustracción de materia […]10“.

20. Con base en lo expuesto, la Sala revocará el fallo de primera instancia y, en su
lugar, declarará la carencia actual de objeto por sustracción de materia, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 8 de mayo de 2025, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar DECLARAR la carencia actual de objeto
por sustracción de materia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

10
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 11001-03-15-000-2022-02739-01, M.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01489-01
Accionante: Manuela Alejandra Morales Cárdenas

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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