Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01508-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01508-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-01508-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
10 de abril de 2025
Demandante: Martha Yaneth Ariza Carrero
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01508-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01508-00
Demandante: MARTHA YANETH ARIZA CARRERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C.
Tema: Tutela contra providencia judicial. Desconocimiento del
precedente. Niega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Martha Yaneth Ariza Carrero, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C. Con la solicitud de amparo pretende la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, seguridad social y «derecho adquirido con
justo título».
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la sentencia
de segunda instancia del 30 de octubre de 2024, dictada por la autoridad judicial
accionada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-35-015-2022-00035-01, en la que revocó la sentencia de
primera instancia que había accedido parcialmente a las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, las negó.
1.2. Pretensiones
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
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Demandante: Martha Yaneth Ariza Carrero
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01508-00
3. La accionante solicitó lo siguiente:
PRIMERA. DECLARAR que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, expediente No. 11001 33 35 015 2022 00035 001, la SUBSECCIÓN
“C”, SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, Magistrado Ponente Dr. CARLOS ALBERTO ORLANDO
JAIQUEL, al revocar la sentencia del 28 de junio de 2024 emitida por el Juzgado
Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, y negar el reconocimiento
de mi pensión de jubilación por aportes, bajo el marco legal de la ley 71 de 1988,
vulneró mis derechos fundamentales a la igualdad frente a la ley y la
jurisprudencia, el debido proceso judicial, el régimen especial de la pensión de
jubilación docente, el acceso a la administración de justicia, los derechos
adquiridos con justo título y demás que considere la Honorable Corporación y
demás derechos constitucionales que resulten del estudio y análisis de los
hechos que fundamental la acción.
SEGUNDA. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS LEGALES la sentencia de
segunda instancia emitida por la Subsección “C”, Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca fechada el 30 de octubre de 2024 y
notificada el 05 de noviembre del mismo año.
TERCERA. En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada para que
realice los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar sentencias
fundamentadas en la normatividad y la línea jurisprudencial vigente contenida
entre otras, la Sentencia de Tutela de fecha 06 de septiembre de 2021 proferida
por la Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado, radicado No. 11001-
03-15-000-2021-03766-00 (AC) y Sentencia del 19 de enero de 2023 proferida
por la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado, radicado No.
15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022). De esta forma se ordene el
reconocimiento de la pensión de jubilación a la que tengo derecho bajo el marco
legal de la ley 71 de 1988, sin condicionar dicho reconocimiento al cumplimiento
del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993,
pensión que debe ser efectiva a partir de la constitución del status pensional.2
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El 26 de abril de 2001, la señora Martha Yaneth Ariza se vinculó como
docente oficial interina de la Secretaría de Educación de Bogotá, cargo que
desempeñó hasta el 20 de enero de 2004, cuando fue nombrada docente
provisional en la misma entidad territorial. El 15 de julio de 2015, se posesionó
en propiedad, cargo que desempeña hasta la actualidad.
6. El 4 de octubre de 2021, solicitó ante la Secretaría de Educación Distrital
de Bogotá el reconocimiento de una pensión de vejez en aplicación del régimen
contenido en la Ley 71 de 1988, en atención a que (i) se vinculó al servicio
docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y (ii) cuenta
con aportes pensionales efectuados en el sector privado entre octubre de 1989 y
2 Transcripción fiel del escrito de la demanda, incluso con posibles errores.
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noviembre de 1997.
7. Por medio de la Resolución 7500 del 12 de octubre de 2021, la Secretaría
de Educación Distrital de Bogotá le negó lo pretendido. El citado acto fue
cuestionado a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado 11001-33-35-015-2022-00035-00.
8. El 28 de junio de 2024, el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá dictó
sentencia de primera instancia, en la que ordenó el reconocimiento de la mesada
pensional, pero en los términos de la Ley 33 de 1985, y condicionó el pago de la
mesada al retiro definitivo del servicio público.
9. La razón de la anterior decisión obedeció a que la accionante se vinculó al
servicio docente antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
lo que le permite sujetarse a la Ley 91 de 1989 y, por contera, de la Ley 33 de
1985. Además, cumple los requisitos de las normas citadas para ser beneficiaria
del régimen especial docente.
10. Inconforme con lo decidido, tanto la parte demandante como la
demandada, interpusieron recurso de apelación. Este fue desatado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante el fallo del 30 de octubre de 2024, en el que revocó lo decidido por el a
quo, y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
11. El Tribunal explicó que la señora Arias Carrero sustentó sus pretensiones
en el régimen por aportes de la Ley 71 de 1988 y no en la Ley 33 de 1985. Señaló
que la Ley 71 de 1988 no puede ser aplicada de manera directa al personal
docente y que ello solo sería posible si fuera beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, lo cual no se encuentra probado en el proceso.
1.4. Sustento de la vulneración
12. La accionante manifestó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en un defecto material o sustantivo por indebida aplicación
normativa, en tanto desconoció el régimen pensional docente, contenido en las
Leyes 91 de 1989, 33 de 1985, 71 de 1988, 812 de 2003 y el artículo 279 de la
Ley 100 de 1993, pues «no acató la Constitución ni los precedentes
jurisprudenciales citados en la demanda» e impuso el cumplimiento de requisitos
adicionales, en comparación con otros docentes.
13. De acuerdo con la señora Ariza Carrero, el juez de primera instancia erró
al acceder al reconocimiento de la mesada con base en la Ley 33 de 1985 e
imponer como condición del disfrute del derecho pensional el retiro definitivo del
servicio público, pues el régimen pensional que debió aplicarse es el contenido
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en la Ley 71 de 1988.
14. En su consideración, la mesada debe estar sujeta a la Ley 71 de 1988 y
no a la Ley 33 de 1985, porque entre los años 1988 y 1997 realizó aportes en el
sector privado y solo la primera norma señalada permite el cómputo conjunto de
tiempos públicos y privados, mientras que la segunda admite únicamente los
aportes efectuados en el servicio oficial.
15. Por su parte, estima que el ad quem también se equivocó al revocar la
decisión de primer nivel y negar las pretensiones de la demanda, a partir del
argumento según el cual no es beneficiaria del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, pues, en su consideración, los docentes se encuentran
expresamente excluidos del régimen general de pensiones, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 279 ibidem y, en consecuencia, no están sujetos al citado
beneficio transicional.
16. Así, considera que el ad quem solo debió modificar la orden de
reconocimiento, en el sentido de aplicar el régimen pensional solicitado (Ley 71
de 1988) y no condicionar el pago de la mesada al retiro definitivo del servicio,
toda vez que la compatibilidad entre salario y pensión para el personal docente
oficial es un beneficio contenido en el artículo 5 del Decreto 224 de 1972.
17. Adicionalmente, alegó la configuración de un desconocimiento del
precedente jurisprudencial. En su opinión, la decisión de instancia no tuvo en
cuenta que el régimen por aportes de la Ley 71 de 1988 sí es aplicable a los
docentes oficiales vinculados al servicio público antes de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003; que para la aplicación del referido régimen por aportes no
es necesario acudir al régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues los
docentes están exceptuados de él; y que el reconocimiento de la mesada
pensional no es incompatible con el ejercicio del cargo.
18. Sobre el régimen pensional por aportes de la Ley 71 de 1988 para
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, indicó que el
Consejo de Estado se ha pronunciado en múltiples oportunidades3, posición que
fue abiertamente desconocida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a
pesar de ser situaciones fácticas y jurídicas idénticas a las del proceso
contencioso-administrativo. La autoridad accionada ha proferido decisiones con
igual postura que también fueron omitidas.4
19. En cuanto a la exclusión del personal docente de la sujeción al régimen
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 18 de noviembre de 2020,
radicado 66001-23-33-000-2016-00082-01 y del 19 de enero de 2023, radicado 15001-23-33-
000-2019-00103-01.
4 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencias del 4 de septiembre de 2019, radicado
25000-23-42-000-2017-05995-00; del 27 de enero de 2022, radicado 11001-33-35-020-2019-
00053-01; y del 10 de febrero de 2023, radicado 11001-33-42-054-2021-00335-01.
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Demandante: Martha Yaneth Ariza Carrero
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Sección Segunda, Subsección C
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de transición de la Ley 100 de 1993, la parte accionante estima desconocida la
postura unificada del Consejo de Estado5 en la que se ha admitido tal posibilidad.
20. Respecto de la compatibilidad entre salario y pensión para docentes no
sujetos a la Ley 812 de 2003, la tutelante señaló que el Tribunal6 ha proferido
múltiples decisiones en las que ha accedido a dicho beneficio, en casos idénticos
al suyo, razón por la que, a su juicio, en el presente caso se configura un claro
desconocimiento del precedente jurisprudencial vertical «y horizontal» en materia
de pensión docente.
21. Para la tutelante, la anterior posición también ha sido empleada por el
Tribunal accionado en casos similares, los cuales fueron citados como
desconocidos7, en los que, además, se ha admitido la posibilidad de computar
los tiempos laborados en interinidad para efectos del cumplimiento del requisito
de tiempo de servicio, tal como lo ha considerado el Consejo de Estado.
1.5. Trámite de primera instancia
22. Por medio del auto del 18 de marzo de 2025, el despacho ponente de esta
decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar como
entidad accionada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, por ser la autoridad judicial que profirió la sentencia
cuestionada, y como terceros con interés al Juzgado Quince Administrativo de
Bogotá, a la Nación (Ministerio de Educación Nacional—Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio—) y a la Secretaría de Educación Distrital
de Bogotá, por haber fungido como parte demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-35-015-2022-00035-00/01.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C8
23. La parte accionada se pronunció sobre los hechos y pretensiones del
medio de amparo de la referencia, en el sentido de solicitar que se nieguen.
Explicó que la sentencia cuestionada se fundamenta en las normas y la
jurisprudencia aplicable al caso concreto, tal como puede corroborarse de la
simple lectura de la decisión, particularmente el fallo de la Sección Segunda del
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018,
radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01 y SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019.
Sentencia de segunda instancia del 24 de febrero de 2022, radicado 63001-23-33-2018-00183-
01 (4650-2019).
6 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, sentencias del 18 de septiembre
de 2020, radicado 25000-23-42-000-2018-02829-00; del 15 de abril de 2021, radicado 25000-23-
42-000-2018-02828-00.
7 Procesos citados en los llamados 4 y 6 del presente proyecto.
8 Documento 14 de la carpeta «No asociado a cuaderno» del expediente digital en Samai.
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Consejo de Estado del 25 de marzo de 2021, dictado dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 76001-23-33-000-2013-00362-01.
24. Explicó que la señora Martha Yaneth Ariza no tiene derecho a que su
pensión de jubilación sea reconocida con base en el régimen de la Ley 71 de
1988, pues ello exige el cumplimiento de los requisitos del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, los cuales no se encuentran satisfechos. Además, la
aplicación del régimen pensional por aportes pretendido no obedece al simple
hecho de acreditar vinculaciones al servicio docente oficial antes de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, como pretende la accionante.
25. Lo decidido en la sentencia del 30 de octubre de 2024 responde a los
principios de la sana crítica y buena fe, por lo que resulta evidente que se procura
utilizar la acción de tutela contra providencia judicial como una tercera instancia.
1.6.2. Juzgado Quince Administrativo de Bogotá9
26. El juez de primera instancia del proceso contencioso-administrativo explicó
que las razones por las cuales decidió acceder parcialmente a las pretensiones
de la demanda se encuentran debidamente consignadas en el fallo del 28 de
junio de 2024, las cuales obedecen al estudio normativo y jurisprudencial que
efectuó sobre el caso de la señora Ariza Carrero.
1.6.3. Secretaría de Educación Distrital de Bogotá10
27. La autoridad administrativa señaló que los hechos y pretensiones están
dirigidos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que se configura la
falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó ser desvinculado del
presente proceso.
1.6.4. Nación (Ministerio de Educación Nacional—Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio)11
28. Para el FOMAG la solicitud de amparo promovida por la señora Martha
Yaneth Ariza es abiertamente improcedente, en atención a que se pretende
discutir un asunto meramente económico, lo que implica, a su juicio, una clara
falta de relevancia constitucional.
29. Señaló que el juez constitucional no puede actuar en contra de los
principios de autonomía judicial y cosa juzgada. Finalmente, solicitó su
desvinculación de la acción de tutela, pero no expuso las razones de tal
requerimiento.
9 Documento 26 de la carpeta «No asociado a cuaderno» del expediente digital en Samai.
10 Documento 15 de la carpeta «No asociado a cuaderno» del expediente digital en Samai.
11 Documento 21 de la carpeta «No asociado a cuaderno» del expediente digital en Samai.
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1.6.5. Fiduprevisora12
30. La Fiduprevisora, en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, manifestó que no es la
encargada de efectuar reconocimientos pensionales, modificaciones,
correcciones o adiciones a los actos administrativos proferidos. Del mismo modo,
no cuenta con información relacionada con tiempos de servicio de la accionante,
aportes o desprendibles de pago. Debido a lo anterior, solicitó ser desvinculada
de la acción de tutela de la referencia.
31. Alegó la improcedencia del presente medio de amparo al considerar que
la accionante cuenta con otros medios de defensa para obtener el pago de la
prestación económica que reclama y no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
32. Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por
la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
33. La Secretaría de Educación Distrital de Bogotá solicitó ser apartada del
presente trámite constitucional, pues, a su juicio, no tiene la competencia para
atender las pretensiones propuestas por la parte actora. La anterior petición será
negada porque su vinculación no es en calidad de parte accionada, sino como
tercero con interés en atención a que fungió como demandada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión
cuestionada a través del presente mecanismo constitucional.
34. Por su parte, la Nación (Ministerio de Educación Nacional—Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio—) y la Fiduprevisora, como
vocera del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, también solicitaron ser desvinculadas de la acción de tutela de la
referencia. Sin embargo, no expusieron argumentos para sustentar dicha
pretensión. Por lo anterior, y porque su vinculación fue en calidad de terceras
interesadas por haber participado en el proceso contencioso-administrativo,
también se negará lo pedido.
12 Documento 29 de la carpeta «No asociado a cuaderno» del expediente digital en Samai.
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2.3. Legitimación en la causa
35. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
36. La Sala advierte que la accionante está legitimada en la causa por activa,
por ser quien fungió como demandante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-35-015-2022-00035-00/01, en el que se
profirió la decisión de segunda instancia cuestionada.
37. Asimismo, se evidencia que la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca está legitimado en la causa por pasiva
por ser la autoridad judicial que profirió la sentencia de segunda instancia del 30
de octubre de 2024 dentro del citado proceso, que la parte accionante considera
trasgresora de sus derechos fundamentales.
2.4. Problema jurídico
38. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas
jurídicos a resolver en este caso son los siguientes:
• ¿La solicitud de amparo promovida por la señora Martha Yaneth Arias
Carrero cumple con los requisitos generales de procedencia de acciones de
tutela contra providencia judicial?
• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia—Sección Segunda—Subsección
C—, vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora con la
expedición de la sentencia de segunda instancia 30 de octubre de 2024 que
revocó el fallo de primer nivel del 28 de junio de 2024 que había accedido
parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-35-015-2022-00035-00/01 y, en su lugar,
las negó?
39. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) las generalidades de la acción de tutela contra providencia
judicial; (iii) análisis sobre los requisitos generales en el presente asunto; y, en
caso de superar el citado estudio, (iii) el caso concreto.
2.5. Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
40. Según el artículo 86 de la Constitución Política toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
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derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.
41. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.
42. En cuanto a la procedencia de acciones de tutela contra providencias
judiciales, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 31 de julio de
201213, admitió la procedencia excepcional de esa clase de solicitudes de
amparo, mientras que, a través de fallo del 5 de agosto de 201414, se
establecieron los requisitos para admitir un estudio de fondo sobre el caso
propuesto, criterios que resultan ser aquellos fijados por la Corte Constitucional
en sentencia C-590 de 2005. Estos requisitos son los siguientes:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
43. A continuación, la Sala analizará el cumplimiento de los anteriores
presupuestos en el caso concreto.
2.6. Análisis sobre los requisitos de procedencia de la acción de tutela de
la referencia
2.6.1. Que no se discuta una decisión judicial de la misma naturaleza
44. La Sala no encuentra reparo alguno sobre el cumplimiento de este
requisito, toda vez que con la presente acción se cuestiona la sentencia de
segunda instancia del 30 de octubre de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-35-015-2022-0035-01, es decir, un
proceso contencioso-administrativo, y no de una acción de tutela.
2.6.2. Inmediatez
13 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de unificación del 31 de julio de 2012, radicado
11001 03 15 000 2009 01328 01.
14 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de importancia jurídica del 5 de agosto de 2014,
radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01.
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Demandante: Martha Yaneth Ariza Carrero
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
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45. El ejercicio de la presente acción constitucional tuvo lugar en un tiempo
razonable, en relación con la fecha de notificación y ejecutoria de la sentencia
cuestionada, pues, el fallo censurado data del 30 de octubre de 2024 y fue
notificado el día 5 de noviembre del mismo año15.
46. Así, la sentencia cobró ejecutoria el día 13 de noviembre de 2024, en los
términos del artículo 302 del Código General del Proceso16 y el artículo 52 de la
Ley 2080 de 202117, por lo que el plazo de 6 meses fijado por esta corporación
como inmediato para la procedencia de acciones de tutela contra providencia
judicial vencería en el mes de mayo de 2025. Aun así, el medio de amparo fue
radicado por la ventanilla virtual del Consejo de Estado el 14 de marzo de 2025,18
esto es, en término.
2.6.3. Subsidiariedad
47. Para discutir la protección de los derechos fundamentales que la parte
actora considera vulnerados con ocasión del defecto fáctico y el desconocimiento
del precedente jurisprudencial en el que supuestamente incurrió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, no existe otro mecanismo de defensa judicial
ordinario procedente.
48. Al respecto, la Sala debe precisar que la sentencia del 30 de octubre de
2024, de la que se predica la vulneración de los intereses superiores de los
accionantes, resolvió el recurso de apelación propuesto por las partes contra la
sentencia de primera instancia del 28 de junio de 2024, dictada por el Juzgado
Quince Administrativo de Bogotá, por lo que es dable tener por agotados los
recursos ordinarios.
49. Del mismo modo, la Sala tampoco advierte procedentes los recursos
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia, pues, respecto del
primero, no se observa, prima facie, la estructuración evidente de ninguna de las
causales previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, mientras que frente
15 Según se registra en el índice 18 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-
33-35-015-2022-00035-01 en el portal Samai del Tribunal.
16 Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una
vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
[…]
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos.
17 ARTÍCULO 205. Notificación por medios electrónicos. La notificación electrónica de las
providencias se someterá a las siguientes reglas:
[…]
2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente
al de la notificación.
[…]
18 Según acta de reparto visible en el documento 3 del expediente digital en Samai.
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al segundo, como se indicará con mayor precisión en el análisis del caso
concreto, no existe una sentencia de unificación que haya resuelto un caso
idéntico al suyo de la que pueda solicitar la extensión de sus efectos.
2.6.4. Relevancia constitucional
50. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, esta sala de decisión ha adoptado los siguientes
criterios cuyo estudio es necesario para establecer si una tutela contra
providencia judicial cumple con el requisito de relevancia constitucional:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible
de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
51. En ese orden de ideas, debe verificarse si los defectos alegados por la
parte actora cumplen con el requisito de relevancia constitucional. El estudio es
el siguiente:
52. La señora Martha Yaneth Ariza Carrero invocó la supuesta configuración
de dos defectos en la sentencia de segunda instancia del 30 de octubre de 2024,
objeto de cuestionamiento. Los reparos obedecen a lo que considera como un
defecto material o sustantivo, por indebida interpretación normativa, y al
desconocimiento del precedente jurisprudencial en materia pensional docente.
53. Pues bien, en cuanto al defecto material mencionado, la Sala considera
que no se supera el requisito de relevancia constitucional, en atención a que la
accionante se limitó a citar las normas relacionadas con su situación pensional y
a afirmar que no fueron debidamente atendidas, pero no indicó concretamente
de qué manera el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció el
ordenamiento jurídico.
54. Así, en atención a la excepcionalidad propia de la acción de tutela contra
providencia judicial, es necesario que la parte interesada exponga de manera
clara y pormenorizada los argumentos por los cuales considera que una
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autoridad judicial ha incurrido en los yerros que alega, sustentación que se echa
de menos en este caso.
55. De ese modo, la tutelante invocó el defecto material o sustantivo, enlistó
las Leyes 91 de 1989, 33 de 1985, 71 de 1988, 812 de 2003 y el artículo 279 de
la Ley 100 de 1993 y realizó afirmaciones que no aterrizó o adecuó a lo decidido
en la sentencia de segunda instancia del 30 de octubre de 2024. Es decir, no se
señalaron las razones aparentes por las que el Tribunal se equivocó,
normativamente, en el análisis sobre el régimen pensional aplicable.
56. Por tal razón, la accionante no cumplió con la carga argumentativa
necesaria que le impartiera la relevancia constitucional al defecto sustantivo por
indebida aplicación normativa. Esto es así por cuanto argumentar que la norma
aplicada por el juez de conocimiento es incorrecta, no es suficiente para habilitar
la competencia del juez constitucional para revisar el fondo del asunto, toda vez
que ello resulta ser una controversia estrictamente legal de la que no se
desprende, per se, un debate de índole constitucional.
57. En ese sentido, el descontento de la parte accionada respecto de la norma
con base en la cual se resolvió su situación no reviste automáticamente al
problema jurídico de la relevancia necesaria para ser analizada en sede de tutela.
Como consecuencia de lo anterior, se declarará la improcedencia del presente
medio de amparo respecto de este defecto.
58. Ahora bien, no ocurre lo mismo respecto del desconocimiento del
precedente jurisprudencial, pues sobre este defecto la Sala sí encuentra la
relevancia constitucional necesaria para analizarlo de fondo.
59. En tal sentido, la accionante invocó una serie de antecedentes de los que
considera que su situación pensional es idéntica, pues, según afirma, aquellos
son casos de docentes vinculados al servicio oficial en interinidad antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, a los que se les concedió una mesada
pensional bajo las condiciones del régimen por aportes consignado en la Ley 71
de 1988 y se admitió la compatibilidad de dicha mesada con la asignación
salarial.
60. Al revisar las sentencias invocadas, se observa que se encuentran
debidamente identificadas19 y, en efecto, desarrollan casos, cuando menos, de
gran similitud fáctica y jurídica al de la accionante, pues, tal como indica, se trata
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018,
radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01 y SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019.
Sentencia de segunda instancia del 24 de febrero de 2022, radicado 63001-23-33-2018-00183-
01 (4650-2019). Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, sentencias del 18
de septiembre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2018-02829-00; del 15 de abril de 2021,
radicado 25000-23-42-000-2018-02828-00. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencias del 18 de noviembre de 2020, radicado 66001-23-33-000-2016-00082-01 y del 19
de enero de 2023, radicado 15001-23-33-000-2019-00103-01.
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de fallos judiciales en los que se ha accedido al reconocimiento de pensiones por
aportes a docentes del sector público. Del mismo modo, se abordan asuntos tales
como el régimen pensional de los docentes vinculados al servicio antes de la
vigencia de la Ley 812 de 2003, la compatibilidad pensional con el salario y la
interinidad docente.
61. De acuerdo con lo expuesto, para la Sección están ampliamente
sustentadas las razones por las cuales la parte accionante considera que sus
intereses constitucionales están en tensión en relación con la decisión adoptada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
62. En tal sentido, las razones expuestas no evidencian el propósito de reabrir
el debate legal, como si se tratara de una tercera instancia, sino que se observa
el interés de poner en consideración del juez constitucional una serie de
antecedentes jurisprudenciales en los que se accedió a pretensiones similares a
las propuestas por la accionante en el proceso contencioso-administrativo.
2.6.5. Que la parte actora identifique de manera clara, detallada y
comprensible tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos desconocidos.
63. La parte accionante presentó una explicación clara, y suficiente de los
hechos y argumentos por los que consideró que le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales, pero solo en cuanto al defecto de desconocimiento del
precedente jurisprudencial.
64. Así, se debe hacer énfasis en que se cumplió con la carga mínima de dar
las razones por las cuales considera que la autoridad accionada incurrió en una
vulneración de los derechos cuyo amparo reclama. De conformidad con ello se
determinará si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en la
vulneración alegada.
2.7. Análisis del caso concreto
65. Para resolver el problema jurídico planteado es necesario señalar que la
señora Martha Yaneth Arias Carrero presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación
(Ministerio de Educación Nacional—Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio—) y de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá.
66. En la citada demanda solicitó que se declarara la nulidad del acto
administrativo por medio del cual se le negó la titularidad de la mesada pensional
y que, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento de una pensión de
jubilación por aportes, en los términos de la Ley 71 de 1988. Además, pidió que
se admitiera la compatibilidad de la referida prestación social con el ejercicio del
cargo, tal como, a su juicio, lo permite el Decreto 224 de 1972.
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67. La razón por la que la señora Ariza Carrero pretende que su pensión esté
regida por la Ley 71 de 1988 obedece a que realizó una serie de aportes al
sistema de seguridad social en el sector privado entre 1988 y 1997, los cuales
solicita que sean tenidos en cuenta junto con sus cotizaciones del sector público,
mientras que la pretensión de compatibilidad entre salario y pensión radica en la
condición de docente oficial que ostenta desde el año 2001, fecha para la cual se
vinculó en interinidad y, posteriormente, en propiedad.
68. En sentencia de primera instancia del 28 de junio de 2024, el Juzgado
Quince Administrativo de Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, toda vez que, si bien concedió el reconocimiento de la mesada, lo hizo
con base en el régimen contemplado en la Ley 33 de 1985, por expresa remisión
normativa de la Ley 91 de 1989 o régimen docente, con ocasión de que, tal como
se probó en el proceso, la demandante inició sus labores docentes antes de la
vigencia de la Ley 812 de 2003.
69. A pesar de lo anterior, el a quo condicionó el pago de la mesada al retiro
definitivo del servicio. Ambas partes interpusieron recurso de apelación que fue
desatado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en fallo del 30 de
octubre de 2024, en el que revocó la decisión de primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda. El sustento de lo decidido radicó en que la
demandante no pidió una mesada pensional en los términos de la Ley 33 de
1985, como la concedió el juez de primer nivel.
70. Además, el Tribunal argumentó que las pretensiones del medio de control
estaban basadas en el régimen por aportes de la Ley 71 de 1988, el cual no es
aplicable de manera directa a los docentes oficiales vinculados al servicio antes
de la Ley 812 de 2003, sino que solo pueden acogerse a él aquellos servidores
públicos que sean beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
cuyos requisitos están consignados en su artículo 36 que es del siguiente tenor:
Artículo 36. Régimen de transición.
[…]
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si
son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley.
[…]
(Negrilla de la Sala)
71. De acuerdo con el anterior recuento, la parte accionante estima que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un desconocimiento del
precedente jurisprudencial relacionado con el régimen pensional docente, pues
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obvió la reiterada posición de la máxima autoridad de lo contencioso-
administrativo respecto de tres posturas jurisprudenciales.
72. Así, según la tutelante, la parte demandada no tomó en consideración que,
de acuerdo con el Consejo de Estado, a los docentes vinculados al servicio
público antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003: (i) no les es
aplicable el régimen de transición consignado en la Ley 100 de 1993 20; (ii) el
reconocimiento de la pensión de jubilación es compatible con el ejercicio del
cargo21; y (iii) sí pueden ser titulares de una mesada pensional reconocida en los
términos del régimen por aportes contemplado en la Ley 71 de 198822.
73. Pues bien, al revisar la parte considerativa de la sentencia cuestionada, se
advierte que la razón por la cual se negaron las pretensiones de la demanda
radica en la posición del Tribunal según la cual el régimen por aportes contenido
en la Ley 71 de 1988 no es aplicable al personal docente vinculado antes de la
vigencia de la Ley 812 de 2003 de manera directa, es decir, el acceso a dicho
régimen debe ser por conducto del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
74. En ese sentido, la parte accionada estima que el régimen de transición
contenido en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 solo habilita a los docentes
vinculados al servicio público hasta el 27 de junio de 2003 a ser beneficiarios de
las condiciones pensionales de la Ley 91 de 1989 y, por contera, de la Ley 33 de
1985, pero no de ningún otro régimen pensional.
75. De acuerdo con el anterior recuento, la Sala negará el amparo deprecado
por la señora Martha Yaneth Arias Carrero, por las siguientes razones:
76. Primero, la aplicación del régimen por aportes de la Ley 71 de 1988 es
un asunto que no cuenta con una posición pacífica dentro de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, de la que pueda predicarse la existencia
de una regla jurisprudencial o una postura vinculante.
77. Es cierto que la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación
ha admitido la posibilidad de que los docentes que laboran en el servicio público
desde antes del 27 de junio de 2003 puedan ser beneficiarios del régimen
pensional por aportes de la Ley 71 de 1988 y, a la vez, ser beneficiarios de la
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018,
radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01 y SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019.
Sentencia de segunda instancia del 24 de febrero de 2022, radicado 63001-23-33-2018-00183-
01 (4650-2019).
21 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, sentencias del 18 de septiembre
de 2020, radicado 25000-23-42-000-2018-02829-00; del 15 de abril de 2021, radicado 25000-23-
42-000-2018-02828-00.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 18 de noviembre de 2020,
radicado 66001-23-33-000-2016-00082-01 y del 19 de enero de 2023, radicado 15001-23-33-
000-2019-00103-01.
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compatibilidad de que trata el Decreto 224 de 197223.
78. Sin embargo, no es así en la Subsección B, en donde se ha considerado
que para ser beneficiario de la Ley 71 de 1988 es necesario acreditar el
cumplimiento de los requisitos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, pues el reconocimiento pensional, en esos casos, se hace bajo el
régimen de servidores públicos. Mientras que los docentes que pretendan
pensionar en esa calidad solo podrían estar sujetos a la Ley 33 de 1985, por
expreso mandato de la Ley 91 de 198924.
79. Así, el referido tema no ha sido objeto de unificación y, en ese sentido, no
es correcto alegar una postura única y obligatoria de la que pueda configurarse
el desconocimiento del precedente jurisprudencial. Por el contrario, se advierte
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en pleno ejercicio del principio
de autonomía judicial, acogió la postura que sobre el tema ha fijado la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, tal como puede corroborarse,
por ejemplo, de las citaciones a pie de página visibles en el fallo cuestionado.
80. Segundo, algunos de los antecedentes jurisprudenciales citados por
la accionante no corresponden al objeto de discusión25. En otras palabras,
como se ha indicado previamente, la discusión respecto de la sentencia de
segunda instancia radica en la posibilidad de aplicar el régimen por aportes de la
Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados al servicio público antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, asuntos que no son resueltos en las sentencias invocadas
por la accionante como precedente desconocido.
81. Ciertamente, las sentencias a las que alude la señora Ariza Carrero
desarrollan temas como el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y el
régimen de pensiones de la Ley 33 de 1985; la compatibilidad entre salario y
pensión para el personal docente y la validez de los tiempos laborados en
interinidad para el cumplimiento del requisito del tiempo de servicio. Estas son
cuestiones que en nada inciden en el fundamento mismo de la decisión de
segunda instancia.
82. Como se observa, en ninguna las providencias indicadas por la actora, se
fija un precedente obligatorio sobre la aplicación de la Ley 71 de 1989 para
23 Tal como puede corroborarse con la lectura de las siguientes sentencias: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 18 de noviembre de 2020, radicado 66001-23-
33-000-2016-00082-01 y del 19 de enero de 2023, radicado 15001-23-33-000-2019-00103-01.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia 25 de marzo de 2021, dictada
por la Subsección B del Consejo de Estado dentro del proceso 76001-23-33-000-2013-00361-01.
25 Como ocurre con las siguientes sentencias invocadas: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01 y
SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019. Sentencia de segunda instancia del 24 de febrero
de 2022, radicado 63001-23-33-2018-00183-01 (4650-2019). Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, sentencias del 18 de septiembre de 2020, radicado 25000-23-
42-000-2018-02829-00; del 15 de abril de 2021, radicado 25000-23-42-000-2018-02828-00.
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docentes vinculados con anterioridad de la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003. Por el contrario, en ellas se tratan asuntos que no han sido objeto de
discusión, pues, por un lado, la compatibilidad pensional es un reproche frente a
la decisión de primera instancia, la cual no es objeto de estudio en esta
oportunidad; y, por otro, la interinidad docente no solo no ha sido discutida, sino
que ambas autoridades coincidieron en afirmar que dichos tiempos sí serían
computables para efectos pensionales, no obstante, la titularidad del derecho de
la accionante no gira en torno a ese aspecto.
83. En otras palabras, la razón por la que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones
del medio de control no obedecen a la interinidad en la que laboró la accionante
ni a la compatibilidad entre salario y pensión para el personal docente ni a las
reglas de unificación sobre régimen de transición de la Ley 100 de 1993 respecto
del régimen pensional de la Ley 33 de 1985.
84. Por el contrario, el fundamento de la providencia sub examine radica en la
posición según la cual los docentes oficiales que laboran como tal desde antes
del 27 de junio de 2003 no pueden beneficiarse de manera directa de las
condiciones pensionales de la Ley 71 de 1988, a menos que cumplan con los
requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiarios
de la transición, postura reiterada de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
85. En virtud de lo explicado, ante la falta de una posición unificada por parte
de la Sección Segunda de esta corporación, los jueces de la República, en virtud
del principio de autonomía judicial, pueden optar por una u otra postura de
acuerdo con su convencimiento jurídico y las reglas de la sana crítica, sin que
ello pueda ser interpretado como un desconocimiento del precedente
jurisprudencial, como ocurrió en este caso.
86. Por las anteriores razones, la Sala negará el amparo deprecado solicitado
por la señora Martha Yaneth Arias Carrero, al no encontrar probada la
configuración de un desconocimiento jurisprudencial por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la sentencia de segunda instancia del 30 de
octubre de 2024, dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 11001-33-35-015-2022-00035-00/01.
2.8. Conclusiones
87. En virtud de lo expuesto, esta Sección:
(i) Negará las solicitudes de desvinculación presentadas por la Nación
(Ministerio de Educación Nacional—Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio—) y por la Secretaría de Educación Distrital de
Bogotá, puesto que ambas fueron vinculadas como terceros con interés.
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(ii) Declarará improcedente la acción respecto de la configuración del defecto
sustantivo alegado, por falta de relevancia constitucional.
(iii) Negará el amparo solicitado en relación con el pretendido defecto por
desconocimiento del precedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por la Nación
(Ministerio de Educación Nacional—Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio—), la Fiduprevisora, como vocera del Patrimonio Autónomo del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá.
SEGUNDO. DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la
señora Martha Yaneth Arias Carrero en contra de la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respecto de la pretendida
configuración de un defecto sustantivo.
TERCERO. NEGAR el amparo deprecado por la señora Martha Yaneth Arias
Carrero, en lo que concierne a la configuración del defecto por desconocimiento
del precedente.
CUARTO. En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con aclaración de voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso
18
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Demandante: Martha Yaneth Ariza Carrero
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01508-00
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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