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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01519-00

Fecha
2 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01519-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01519-00 Actora: PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01519-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

2 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01519-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. LA
ACTORA NO FUE PARTE DENTRO DEL PROCESO EN EL QUE SE
PROFIRIÓ LA SENTENCIA QUE PRETENDE CONTROVERTIR.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte

actora contra la SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1
En adelante el Tribunal

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01519-00
Actora: PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.

La PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C., actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso

a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el

TRIBUNAL al haber proferido las providencias de 23 de octubre y

12 de noviembre de 2024, dentro del medio de control de nulidad

identificado con el número único de radicación 11001-33-34-006-

2020-00155-01, al cual se le acumuló el expediente núm. 11001-33-

34-006-2020-00218-01.

I.2. Hechos

Indicó que mediante el artículo 91 del Acuerdo Distrital 761 de 11 de

julio de 20202, el Concejo de Bogotá D.C. autorizó a la alcaldesa

mayor de Bogotá, en representación del Distrito Capital o

Transmilenio S.A., para la creación de una operadora distrital de

transporte, con un patrimonio conformado por aportes distritales y

por aquellos que hagan personas naturales o jurídicas que

manifiesten su interés en ser accionistas de esa sociedad.

Adujo que mediante el artículo 3º del Decreto Distrital 188 de 27 de

2
“Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas
del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01519-00
Actora: PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.

mayo de 20213, la alcaldesa mayor de Bogotá D.C. autorizó la

constitución de la Operadora Distrital de Transporte y el 1o. de

octubre de 2021, fue constituida la Operadora Distrital de

Transportes S.A.S.

Manifestó que el señor GERMÁN CALDERÓN ESPAÑA promovió

demanda de nulidad contra el Distrito Capital – Concejo de Bogotá

D.C., con el fin de que se declarara la nulidad del artículo 91 del

Acuerdo Distrital 761 de 2020, a la cual le fue asignado el número

único de radicación 2020-00155-00.

Relató que, posteriormente, el señor FELIPE BASTIDAS PAREDES

promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad,

igualmente contra el artículo 91 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, a

la cual le fue asignado el número único de radicación 2020-00218-

00.

Refirió que los referidos expedientes fueron acumulados bajo el

número único principal de radicación 2020-00155-00,

correspondiéndole por reparto al Juzgado Sexto Administrativo de

Bogotá4 que, en sentencia de 19 de enero de 2022, denegó las

pretensiones dentro del proceso con radicado 2020-00155-00 y

3
“Por medio del cual se autoriza la constitución de la Operadora Distrital de Transporte”.
4
En adelante el Juzgado.

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4

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accedió a las del expediente 2020-00218-00, por lo que declaró la

nulidad de artículo 91 del Acuerdo 761 de 2020.

Sostuvo que interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por

el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 23 de octubre de 2024,

confirmó la decisión del a quo.

Adujo que la Secretaría Jurídica Distrital solicitó aclaración de la

sentencia, la cual fue negada por el TRIBUNAL en providencia de 12

de noviembre de 2024.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

desconocimiento del precedente judicial, específicamente, el

proferido en sentencia de 29 de septiembre de 20225 por la Sección

Primera del Consejo de Estado que, en un caso con identidad fáctica

y jurídica, estudio una demanda de nulidad contra el artículo 29 del

Acuerdo Municipal 70 de 2000, expedido por el Concejo Municipal de

Santiago de Cali, mediante el cual autorizó al alcalde para crear una

empresa de renovación urbana y en el que se analizó la autonomía

administrativa de las entidades territoriales y la competencia de los

5
Sentencia de 29 de septiembre de 2022, radicación número 76001-23-31-000-2010-01855-02.

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concejos municipales en materia de ordenamiento territorial, así

como la posibilidad de que las razones de hecho y de derecho puedan

estar contenidas en los antecedentes de los actos.

Destacó que el TRIBUNAL adujo que no se aportó el estudio

demostrativo, lo cual desconoce la regla jurídica de que tal estudio

no se refiere a un inequívoco documento, ni debe ser presentado

indefectiblemente junto con el proyecto, pues debe tenerse en cuenta

que los debates para su aprobación hacen parte de ese requisito y

tal exigencia -que se presente un documento con el proyecto- resulta

lesiva para la regla invocada, máxime cuando se omitió, entre otros,

que desde el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. vigente

para esa época, la alcaldía de Bogotá estableció la necesidad de

implementar un subsistema de transporte de pasajeros público que

previera la participación de una operadora del Distrito Capital.

Afirmó que, en igual sentido, con ocasión de una consulta elevada

por la alcaldesa mayor de Bogotá D.C., la Sala de Consulta y Servicio

Civil del Consejo de Estado, reiteró la jurisprudencia de la Sección

Primera del Consejo de Estado en la que dispuso que el estudio

demostrado puede estar contenido en un documento anexo a la

iniciativa de creación o puede estar incluido en la exposición de

motivos, en las discusiones en el concejo distrital y/o en el plan de

desarrollo.

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I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

en consecuencia, solicitó:

“[…] 1. Dejar sin efecto la sentencia proferida el 23 de octubre de
2024 por el Tribunal accionado, mediante la cual confirmó la
Sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá
en el proceso No. 2020-00218 acumulado 2020-00155 que declaró
la nulidad del Artículo 91 del Acuerdo Distrital 761 de 2020.

2. Proferir una nueva decisión, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en un término no superior a un mes, conforme con
el precedente contenido en la sentencia del 29 de septiembre de
2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el
proceso con el radicado No. 76001233100020100185502 […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó denegar el amparo deprecado o, en su

defecto, declarar improcedente la acción de tutela de la referencia,

toda vez que no cumple con los requisitos generales para su

procedencia, comoquiera que lo pretendido es crear una tercera

instancia en el asunto.

Destacó que la actora no cuenta con legitimación en la causa por

activa para cuestionar las providencias enjuiciadas, además; el

precedente presuntamente desconocido no tiene tal naturaleza, pues

la sentencia del Consejo de Estado que invoca no se cataloga de

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importancia jurídica, ni es de unificación, ni fijó las reglas para

resolver casos futuros, sumado a que en ella sí se exigió

contundentemente el estudio demostrativo previo al que obliga el

artículo 69 de la Ley 489 de 1998.

Advirtió que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de

Estado, en el concepto de 22 de febrero de 2023, ratificó el criterio

de la sentencia cuestionada, al establecer que el artículo 69 de la Ley

489 de 1998 exigía de manera obligatoria el estudio demostrativo

previo a la creación y autorización de una entidad descentralizada.

Aseveró que la providencia cuestionada se profirió con pleno apego

a la situación fáctica aportada al expediente, el análisis de la

normativa aplicable y el estudio idóneo de las pruebas aportadas, lo

cual se respaldó con precedentes aplicables sobre el tema y se

respetó la doble instancia, lo que evidencia que no vulneró los

derechos fundamentales invocados.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO advirtió que la solicitud de amparo de la

referencia resulta improcedente, comoquiera que lo pretendido por

la parte actora es convertir esta acción constitucional en una tercera

instancia, con el fin de reabrir el debate sobre la legalidad del acto

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demandado.

Aseveró que la providencia presuntamente desconocida no

constituye precedente aplicable al asunto, comoquiera que en ella no

se fijó una regla o subregla de derecho para fallar un caso como el

que fue decidido.

I.6.2.- La SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL presentó escrito de

coadyuvancia, por lo que solicitó acceder al amparo solicitado.

Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto

sustantivo al interpretar erróneamente el artículo 69 de la Ley 489

de 1998 y al exigir la presentación de un requisito consistente en un

estudio para la autorización de la entidad operadora de transporte.

Alegó que existe una incongruencia entre lo probado en el proceso y

lo resuelto por el TRIBUNAL, de tal forma que la interpretación y

valoración de la norma fue arbitraria, comoquiera que el artículo 69

de la Ley 489 de 1998 no permite concluir lo afirmado por la

autoridad judicial accionada.

Sostuvo que el artículo 91 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 no creó

una operadora distrital de transporte, sino que solamente autorizó la

creación y concedió facultades a la alcaldesa mayor para proceder en

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tal sentido, por lo que el estudio demostrativo a que se refiere el

artículo 69 de la Ley 489 de 1998 no era un presupuesto para

conceder la autorización.

Refirió que, de conformidad con los pronunciamientos del Consejo de

Estado, el estudio demostrativo que justifique la iniciativa es propio

y exigible en la etapa de creación de la entidad descentralizada, mas

no al momento en que se expide la autorización para crear la

respectiva entidad.

Destacó que los referentes jurisprudenciales en los que se sustentó

la decisión cuestionada no eran aplicables al asunto, pues la

autorización para crear la entidad descentralizada no equivale o no

corresponde al mismo acto de creación o de nacimiento a la vida

jurídica, como erradamente lo estimó el Tribunal.

I.6.3.- El señor FELIPE BASTIDAS PAREDES, vinculado en calidad

de tercero con interés directo en las resultas del proceso, indicó que

la autoridad judicial accionada no vulneró el derecho fundamental a

la igualdad, comoquiera que el juez administrativo comprobó que el

acto acusado se dictó en contravención de claras normas superiores,

razón por la que fue anulado.

Adujo que fue tanto el Concejo Distrital como la Alcaldía Mayor de

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Bogotá quienes vulneraron el debido proceso democrático, en la

medida en que arbitrariamente, sin estudio previo, crearon una

entidad descentralizada, tan es así que el juez administrativo no dudó

en anular la decisión, la cual es sólida e idónea.

Alegó que la actora carece de legitimación en la causa por activa para

promover la presente acción de tutela, por lo que la solicitud de

amparo resulta improcedente, pues si bien el artículo 10 del Decreto

Ley 2591 de 1991 faculta el Personero Distrital a interponer acciones

de tutela, ello es en favor de los derechos fundamentales de personas

desvalidas, no siendo este el caso bajo estudio.

Afirmó que el asunto objeto de debate tampoco tiene relevancia

constitucional, toda vez que el actuar del TRIBUNAL no fue

arbitrario ni tampoco desconoció precedente judicial alguno, dado

que la sentencia de 29 de septiembre de 2022 de la Sección Primera

del Consejo de Estado no es un precedente aplicable al asunto, de tal

forma que lo que se advierte es que se pretende revivir un debate

legal zanjado y que hizo tránsito a cosa juzgada.

En ese orden de ideas, solicitó que se declare improcedente la

solicitud de amparo por carecer de falta de relevancia constitucional

en el asunto y por no encontrarse vulnerados los derechos

fundamentales invocados.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las

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decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se

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presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se dejen sin efectos las providencias de 23 de octubre y 12

de noviembre de 2024, proferidas por el TRIBUNAL dentro del

medio de control de nulidad identificado con el número único de

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radicación 2020-00155-01, al cual se le acumuló el expediente núm.

2020-00218-01.

A las citadas providencias la actora le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso

a la administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, el

TRIBUNAL incurrió en desconocimiento del precedente judicial

al desconocer la regla jurídica establecida por la Sección Primera del

Consejo de Estado en sentencia de 29 de septiembre de 2022, por lo

que el estudio demostrativo puede ser allegado en otro momento

diferente a la presentación del proyecto.

Precisado lo anterior, la Sala debe determinar si la actora está

legitimada en la causa por activa para promover la acción de tutela

de la referencia y, de ser así, deberá establecer si el TRIBUNAL

incurrió en el desconocimiento del precedente alegado, dentro del

medio de control de nulidad identificado con el número único de

radicación 2020-00155-01, al cual se le acumuló el expediente núm.

2020-00218-01.

. - De la legitimación en la causa por activa en las acciones de

tutela

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona

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podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante

apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos

fundamentales.

En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°

del Decreto 2591 de 19916 preceptúa:

“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales […]”.

De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción de

tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o

mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia oficiosa,

caso en el cual se debe manifestar expresamente tal circunstancia,

además de demostrar las razones por las cuales el agenciado no está

en capacidad de ejercer su propia defensa.

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa

por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la

6
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto

del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo

que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del

demandante y no de otra persona7.

Frente a la legitimación en la causa por activa de los personeros

municipales para interponer acciones de tutela, el Alto Tribunal

constitucional, ha precisado lo siguiente8:

“[…] Respecto de la legitimidad para el ejercicio de la acción
de tutela, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591
de 1991, ésta puede ser ejercida (i) a nombre propio; (ii) a
través de un representante legal; (iii) por medio de apoderado
judicial, o (iv) mediante un agente oficioso. El inciso final de
esta norma también establece que el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales pueden ejercerla directamente.

7. La actuación de los personeros municipales en defensa de
los derechos fundamentales, se encuentra consagrada además
en la Ley 136 de 1994, cuyo artículo 178 establece entre las
funciones de esos servidores públicos la de “interponer por
delegación del Defensor del Pueblo las acciones de tutela
en nombre de cualquier persona que lo solicite o se
encuentre en situación de indefensión”.

Así la intervención del personero municipal queda
condicionada a (i) la indefensión de la persona o el grupo
de personas afectadas, o (ii) la solicitud de mediación
que aquellas le hagan. Sin embargo, como lo ha entendido
la jurisprudencia constitucional, esa petición no puede
equipararse a un poder para actuar y no tiene ningún requisito
formal. Basta la simple petición en ese sentido, que bien puede
ser verbal o escrita, para que el personero quede legitimado
para acudir al juez para el resguardo de los derechos
fundamentales de los afectados.

8. Para asumir la agencia de derechos fundamentales, los

7
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
8
Sentencia T-488 de 28 de julio de 2017; M.P. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.

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personeros municipales “no necesitan estar personalmente
interesados en el caso, ni tampoco exhibir un poder conferido
por la persona afectada. Su función no es la de representar
intereses particulares en virtud de mandato judicial -como el
que se confiere a un abogado litigante- sino la de buscar, a
nombre de la sociedad, la protección efectiva de los derechos
fundamentales de las personas residentes en Colombia”. Este
objetivo conlleva a que los personeros no solo estén facultados,
sino obligados a representar a los afectados judicialmente, en
sede de tutela, cuando estén en condición de vulnerabilidad
extrema.

9. La legitimación por activa de los personeros municipales ha
sido reconocida ampliamente, de manera uniforme y reiterada
por la jurisprudencia constitucional, con fundamento en la
habilitación referida y en las funciones constitucionales que la
personería tiene asignadas para la defensa local de los
derechos fundamentales.

10. No obstante lo anterior, la formulación de la acción de
tutela por parte del personero municipal exige de dicho
funcionario (i) la individualización o determinación de las
personas perjudicadas y (ii) la argumentación en torno a la
forma en que se ven particularmente comprometidos sus
derechos fundamentales. Ambos requisitos apuntan al
establecimiento concreto de la amenaza que se ciñe sobre la o
las personas que, en su criterio está o están afectadas. El
incumplimiento del deber de identificar e individualizar a las
personas afectadas por la amenaza a los derechos
fundamentales que se denuncia, conlleva la improcedencia del
reclamo constitucional […] (Resaltado fuera del texto
original).

Ahora bien, conforme con las piezas procesales del expediente digital

que se encuentra en el aplicativo de consulta Samai 9, así como del

escrito de tutela y las pruebas obrantes en el plenario, se observa

que los señores GERMÁN CALDERÓN ESPAÑA y FELIPE

BASTIDAS PAREDES presentaron demanda de nulidad10 contra el

9
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013334006202000
155012500023
10
Identificada con el número único de radicación 2020-00155-01, al cual le fue acumulado el expediente
2020-00218-01.

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DISTRITO CAPITAL – CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. para que se

declarara la nulidad del artículo 91 del Acuerdo 761 de 2020 del Plan

de Desarrollo, económico, social, ambientas y de obras públicas del

Distrito Capital 2020-2024, a través del cual se autorizó a la alcaldesa

mayor a constituir un operador distrital de transporte.

Sin embargo, la solicitud de amparo de la referencia fue promovida

por la PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C., quien no ostenta ninguna

calidad de parte demandante ni demandada dentro del proceso

objeto de estudio, sumado a que tampoco se hizo parte dentro del

mismo y respecto del cual alega un presunto desconocimiento del

precedente judicial, razón por la que al no ser titular de los derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la

administración de justicia cuya vulneración depreca, carece de

legitimación en la causa por activa para promover la solicitud de

amparo de la referencia.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, si bien es cierto que la acción

de nulidad en la que se profirieron las providencias cuestionadas es

de naturaleza pública y cualquier persona puede hacerse parte en

ella, no ocurre la misma suerte con la acción de tutela, la cual tiene

efectos inter partes, de tal forma que no se advierte que las garantías

fundamentales de la PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. hayan sido

vulneradas de forma subjetiva o individual, por lo que al no hacerse

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parte dentro del proceso ordinario, la actora no se encuentra

habilitada para acudir a la solicitud de amparo.

Aunado a lo anterior, según la jurisprudencia antes transcrita, cabe

señalar que, si bien el defensor del pueblo y los personeros

municipales pueden instaurar acciones de tutela, ello ocurre en los

eventos en que alguna de las partes lo solicite directamente o se

encuentre en estado de indefensión, circunstancias que no ocurren

en el presente caso, por cuanto del escrito de tutela se advierte que

la actora invoca la vulneración de sus derechos fundamentales en

nombre propio.

Al respecto, esta Sala ha considerado que la legitimación en la causa

por activa de quien promueve acción de tutela contra providencia

judicial y alega la vulneración de sus derechos fundamentales, está

determinada por la participación en el proceso judicial cuya

revisión depreca en ejercicio del amparo constitucional.

Así lo sostuvo la Sala en la sentencia de 27 de abril de 201711, en la

que se indicó:

“[…] En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a
establecer si la mencionada autoridad judicial quebrantó los
referidos derechos fundamentales del accionante, con la

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés. También se puede ver sentencia de 27 de abril de 2017, expediente 11001 03
15 000 2016 02676 00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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providencia cuestionada.

Ahora bien, antes de entrar a examinar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, de acuerdo con la jurisprudencia
trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, resulta necesario determinar
la legitimación en la causa por activa, en tanto que uno de
los derechos alegados como vulnerados es el del debido
proceso.

Sobre el particular, la Sala ha sido del criterio según el cual,
quien promueva una acción de tutela con el propósito de buscar
la protección del derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente vulnerado con ocasión de las providencias o
actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso judicial,
debe acreditar que es o fue parte en el mismo [12].

Lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, artículo 10, que
determina que en la acción de tutela la legitimidad para actuar
está radicada en la persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales, quien ejercerá la acción,
directamente o a través de apoderado, debidamente
acreditado [13].

Lo anterior cobra relevancia en el sub lite, toda vez que el objeto
de la acción de amparo es el de controvertir y dejar sin efecto el
numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia del 3
de marzo de 2016, dictada en el medio de control de nulidad
electoral bajo el radicado (…); pues de ésta es que el actor deriva
la vulneración, en primer lugar, del derecho fundamental al

12
Sobre el particular, la Sala se pronunció en ese sentido, reiterando dicho criterio en varias acciones
de tutela promovidas por los electores de la señora Johana Chaves García, que interpusieron numerosas
solicitudes de amparo, tendientes a controvertir las decisiones tomadas en el medio de control de
nulidad electoral, radicado con el número (acumulados) 2014-00057-00 y 2014-00083-00, demanda
promovida por el señor Yorgin Harvey Cely Ovalle y otro. Ver: Consejo de Estado. Sección Primera.
Sentencia de 12 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03603-00. Actor: Daul Monroy Mendoza. C.P.:
Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 12 de febrero
de 2015. Radicado: 2014-03802-00. Actor: Carmen Cecilia Rodríguez Guerrero. C.P.: Dra. María
Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015.
Radicado: 2014-04113-00. Actor: Julio Edgar Cuesta Areiza. C.P.: Dra. María Elizabeth García González;
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03870-00.
Actor: Dora Silva Ordúz. C.P.: Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección
Primera. Sentencia de 5 de marzo de 2015. Radicado: 2014-03803-00. Actor: Deryan Johan Monsalve
Barajas. M.P.: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.

13
Respecto de la legitimación en la causa, la jurisprudencia constitucional explicó que la razón de
ser de la exigencia de acreditar el interés para demandar en tutela, obedece “al verdadero
significado que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el
sentido de que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha
los mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo”
(Subrayado y negrilla fuera de texto).

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debido proceso, y, como consecuencia de ello, de los de buena
fe y de elegir y ser elegido; sin que él se hubiere constituido
como parte en el mismo.

En efecto, de la revisión del expediente contentivo del medio de
control de nulidad electoral (…), la Sala pudo determinar que el
actor no fue quien promovió tal acción ni realizó solicitud alguna
de coadyuvancia, razón por la que no puede ser considerado
como parte en ese proceso.

En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia
arriba citada respecto de la legitimación en la causa y con base
en el criterio prohijado por la Sala, solo podrían promover una
acción de tutela por la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso con ocasión de las
decisiones que se profieran en el respectivo medio de
control, quienes ostenten la calidad de partes en el
mismo, […].

Así las cosas, en razón a que el actor no ostenta ninguna de esas
calidades, no se encuentra legitimado para promover la
presente acción de amparo, en tanto no es titular del
derecho fundamental al debido proceso cuya vulneración
depreca; por lo que se declarará la falta de legitimación
en la causa por activa […]” (Resaltado es del texto original).

En el mismo sentido, la Sala mediante providencia 29 de julio de

202114, señaló:

“[…] En ese sentido, quienes ostentan la legitimación en la causa
por activa para cuestionar las providencias proferidas dentro del
trámite del incidente de desacato objeto de estudio son las
personas respecto de las cuales se tramitó el incidente de
desacato, que en este caso resultaron sancionadas y conminadas
a cumplir la orden de tutela, es decir, los señores i) Darío Antonio
Valen Trujillo, en calidad de Director del Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta
Seguridad de Popayán – EPAMSCAS Popayán; ii) Mauricio Iregui
Tarquino, en calidad de Representante Legal del Consorcio
Fondo de Atención en Salud PPL 2019 – 2020; iii) Andrés Ernesto
Díaz Hernández, en calidad de Director de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC; y iv) Mariano De La Cruz
Botero Coy, en la calidad de Director del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC, último frente al cual el

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Hernando
Sánchez Sánchez. expediente 11001-03-15-000-2021-03712-00.

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Tribunal Administrativo del Cauca resolvió revocar la sanción
impuesta.

Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia, T-1020 de 30
de octubre de 200315, manifestó que la acción de tutela es un
medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las
personas y que la legitimidad para interponerla radica en la
persona afectada, quien podrá presentarla directamente o por
quien actúe en su nombre.

[…]
En ese orden de ideas, para la Sala no se advierte que la
USPEC tenga un interés directo y particular respecto al
amparo que se solicita ante el juez constitucional que
permita establecer que el derecho fundamental
presuntamente vulnerado sea propio del actor, razón por
la cual esta Sala no puede emitir un pronunciamiento de
fondo, para establecer si en el presente caso concreto
hubo o no la afectación de su derecho fundamental.

En ese sentido, se considera que, en el caso sub examine,
la USPEC carece de legitimación en la causa por activa
[…]” (Resaltado por la Sala).

De acuerdo con lo anterior, la Sala ha sido enfática en señalar que

para acreditar el requisito de la legitimación en la causa por activa

en las acciones de tutela contra providencias judiciales, se requiere

que la actora haya sido parte del respectivo proceso judicial que

reprocha, con el fin de que, como inferencia lógica, pueda alegar que

se vulneraron los derechos fundamentales de los que es titular.

En ese orden de ideas, es claro que la PERSONERÍA DE BOGOTÁ

D.C. carece de legitimación en la causa por activa en el presente

asunto para formular solicitud de amparo contra las providencias

15
Corte Constitucional, sentencia T-1020 de 30 de octubre de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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cuestionadas, por cuanto no demuestra que se haya hecho parte

dentro del proceso judicial en el que fueron proferidas las

providencias cuestionadas ni que esté actuando en defensa de alguna

de las partes, razón por la que no es la titular de los derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la

administración de justicia cuya vulneración depreca.

En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de

amparo por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 10 del

Decreto 2591 de 1991, pues no se acreditó el presupuesto de la

legitimación en la causa por activa de la actora, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de mayo de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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