Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2010-01855-02
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-31-000-2010-01855-02
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2010-01855-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 76001-23-31-000-2010-01855-02
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
29 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de nulidad
Núm. único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
Demandada: Municipio de Santiago de Cali (actualmente categorizado como
Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de
Santiago de Cali1).
Tema: Se resuelve sobre la demanda presentada contra el literal c del artículo 29
del Acuerdo núm. 070 de 19 de diciembre de 20002, expedido por el Concejo del
Municipio de Santiago de Cali.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 28 de mayo de 2014, por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.
La presente sentencia tiene las siguientes tres partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
Los señores Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia, en adelante la
parte demandante, presentaron demanda en ejercicio de la acción de nulidad
1
Ley 1933 de 1 de agosto de 2018, “[...] Por medio de la cual se categoriza al municipio de Santiago de Cali como
Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. […]”.
2
“[...] Por medio del cual se reforma el Acuerdo 01 de 1996, la Estructura de la Administración Central y
descentralizada y se dictan otras disposiciones [...]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
establecida en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante
Código Contencioso Administrativo, contra el Municipio de Santiago de Cali
(actualmente categorizado como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali), en adelante la parte demandada,
para que se declare la nulidad del literal c del artículo 29 del Acuerdo núm. 070 de
19 de diciembre de 20003, expedido por el Concejo del Municipio de Santiago de
Cali.
La pretensión
1. La parte demandante formuló la siguiente pretensión4:
“[…] 6.1 Declarar la nulidad del literal c del artículo 29, del Acuerdo Municipal 070,
de 2000, del Concejo Municipal de Santiago de Cali.
6.2 Igualmente, por decaimiento decretar la nulidad del Decreto municipal 084 de
marzo 4 de 2002, mediante la cual se constituye la sociedad industrial del
municipio, denominada "Empresa Municipal de Renovación Urbana E. I. C."
6.3 Finalmente, por decaimiento decretar la nulidad de las Resoluciones No 01 de
2002 y No. 02 de 2004, mediante las cuales la Junta Directiva adoptó los estatutos
sociales de la Empresa […]”.
Presupuestos fácticos
2. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
3. El artículo 69 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 19985, dispone que para
la creación de una entidad descentralizada se debe acompañar el estudio
demostrativo que justifique la iniciativa del proyecto y el cumplimiento de los
principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política.
4. El Alcalde del Municipio de Santiago de Cali (actualmente categorizado
como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios
3
“[...] Por medio del cual se reforma el Acuerdo 01 de 1996, la Estructura de la Administración Central y
descentralizada y se dictan otras disposiciones [...]”.
4
Cfr. folio 90 del cuaderno núm. 1.
5
“[...] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
[…]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
de Santiago de Cali) mediante el literal c) del artículo 29 del Acuerdo núm. 070 de
20006, creó la Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU-E.I.C.E. omitió el
requisito de la presentación del estudio demostrativo que justificara tal iniciativa.
Normas violadas
5. La parte demandante indicó como normas violadas, las siguientes:
Artículo 209 de la Constitución Política
Artículos 69 y 87 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 19987.
Concepto de violación
6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto
de la violación, así:
Primer cargo: Infracción de las normas en que debería fundarse
7. Manifestó que: “[...] Para la creación de las empresas industriales y
comerciales del estado, es necesario adjuntar al proyecto de acuerdo una copia
del estudio que justifique la iniciativa, con la observancia de los principios del
artículo 209 de la Carta, los cuales son: igualdad, moralidad, eficiencia, economía,
celeridad y publicidad. Al no haberse adjuntado dicho estudio al proyecto de
acuerdo para la creación de la Empresa Municipal de Renovación Urbana, de
Cali, el literal c, del artículo 29 del Acuerdo Municipal No. 070 del 19 de diciembre
de 2002, es nulo, al ser este un requisito esencial para la creación de la empresa
mencionada [...]”.
8. Sostuvo que la autorización para crear la Empresa Municipal de
Renovación Urbana E.I.C., contenida en el literal c, del artículo 29 del Acuerdo
municipal núm. 070 de 19 de diciembre de 2000, emanado del Concejo Municipal
6
“[...] Por medio del cual se reforma el Acuerdo 01 de 1996, la Estructura de la Administración Central y
descentralizada y se dictan otras disposiciones [...]”.
7
“[...] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
[…]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
de Cali, es nula, por haber violado el artículo 69, de la Ley 489, en cuanto exige la
presentación de un proyecto de viabilidad de la empresa a crear, demostrando el
cumplimiento de los principios del artículo 209 de la Carta.
9. Señaló que el artículo 69 de la Ley 489: “[…] confiere de manera clara, al
Concejo del Municipio de Santiago de Cali, la competencia para crear una
empresa industrial y comercial del estado, mediante un estudio demostrativo que
justifique la iniciativa y se cumplan en su creación con los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad del artículo
209 Constitución Política […] Mediante oficio No. 21.2.5-328, el Jefe de oficina
archivo y correspondencia del Concejo Municipal de Santiago de Cali, revisó y
contestó al suscrito no haber encontrado ningún documento en los archivos del
Concejo de Cali, que hiciera referencia al estudio demostrativo solicitado […]”.
10. Adujo que el Concejo del Municipio de Santiago de Cali (actualmente
categorizado como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y
de Servicios de Santiago de Cali) no analizó los estatutos sociales de la Empresa
Municipal de Renovación Urbana, no pudo constatar que sus objetivos y planes
era sustituir las funciones de las distintas secretarias municipales, que tienen que
ver la llamada "renovación urbana", lo cual ha venido abarcando casi todas las
funciones de la administración municipal, como son el mantenimiento y ejecución
de obras municipales.
11. Indicó que: “[...] Con una Empresa de derecho privado, que puede hacer
casi todas las funciones administrativas, al mando del Alcalde municipal, se ha
violado el artículo 87, de la ley 489 de 1998, que prohíbe utilizar prerrogativas o
privilegios cuando se compite con la empresa privada. Lo cual, está demostrado,
al no tener necesidad de licitar el Ente municipal, si no contratar directamente con
su propia empresa, la "EMRU" [...]”.
12. Afirmó que dentro del proceso se ha demostrado como la Empresa
Municipal de Renovación Urbana ha servido de intermediaria para asignar
directamente a terceros las obras del Municipio de Santiago de Cali (actualmente
categorizado como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y
de Servicios de Santiago de Cali), ella firma los contratos y los subcontrata con
terceros, dado que no posee la infraestructura, capital, personal, ni tecnología
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
para dichas labores. La empresa señalada ha servido para eludir la licitación y
poder contratar directamente las distintas obras del municipio, faltando de esta
manera a los principios de igualdad y moralidad administrativa contenidos en el
artículo 209 Superior.
13. Precisó que se vulneró la moralidad administrativa y la competencia desleal
por La Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C., de Cali. : “[…] De la
lectura del objeto social de la "EMRU", establecido por la Resolución No. 01 de
2002 y No. 02 de 2004, emanada de la Junta Directiva de la Empresa, se deduce,
que el objeto social es similar a las funciones desempeñadas por el Municipio de
Santiago de Cali, en sus distintas secretarias y departamentos administrativos,
[…] Igualmente, llama la atención, que la Empresa se constituya sin ningún capital
social, lo cual demuestra que es sólo un apéndice de la Administración, no una
verdadera empresa industrial o comercial del Municipio. No fue creada para
manejar un negocio o servicio para la comunidad, sino para suplantar a las
distintas dependencias y poder contratar directamente, eludiendo las licitaciones
[…] Una empresa comercial de estas características, que puede contratar en
forma directa con el mismo Municipio, cuyo gerente es nombrado por una Junta
Directiva, conformada por funcionarios de confianza del señor Alcalde, actúa con
gran ventaja frente a otras empresas privadas, que deben licitar, si se pudiera
licitar, por lo cual actúa de manera desleal en la libre competencia, como lo
precisa el inciso segundo del artículo 87 de la ley 489 de 1998. Esta norma
prohíbe el uso de prerrogativas o ventajas, como lo ha venido haciendo la EMRU,
al no existir licitación pública […]”.
Contestación de la demanda
14. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a la pretensión
formulada, así8:
15. Adujo que: “[…] Según el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución,
corresponde al Concejo "Determinar la estructura de la administración municipal y
las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del
8
Folios 433 del cuaderno núm.2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y
autorizar la constitución de sociedades de economía mixta" […] Claramente se ve
que en cuanto a la creación de establecimientos públicos y de empresas
industriales y comerciales, lo mismo que a la participación del municipio en la
creación de sociedades de economía mixta, la Constitución reserva al alcalde la
iniciativa […]”.
16. Manifestó que el Municipio de Santiago de Cali (actualmente categorizado
como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios
de Santiago de Cali) presentó proyecto de acuerdo "Por medio del Cual se
reforma la estructura de la administración central y descentralizada, las funciones
de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", de conformidad con los
estudios realizados mediante oficio núm. 1032 del 5 de octubre de 2000 y fue
sometido a los debates respectivos en las sesiones ordinarias del tercer periodo.
Al respecto, el Secretario General del Concejo Municipal certificó: "Que el
presente Acuerdo fue discutido ya aprobados en los términos de la Ley 136 de
1994, en sus debates reglamentarios, asi: Primer Debate en la Sesión de la
Comisión del Plan y Tierras el día 20 de noviembre de 2000 y Segundo Debate en
la Sesiones Plenarias de la Corporación los días 28 y 30 de noviembre de 2000”.
17. Señaló que: “[…] La empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C.E -
EMRU, fue creada de conformidad con el Decreto No. 084 del 2002 como una
empresa industrial y Comercial del Estado, para que ejecute acciones urbanas
integrales y desarrolle programas y proyectos derivados de las políticas y
estrategias contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. del municipio
de Santiago de Cali. […] Dentro de las justificaciones para que el Concejo
Municipal de Santiago de Cali autorizará al alcalde para la creación de la Empresa
de Renovación Urbana, está el acuerdo 069 de 2000 "Por medio del cual se
adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali", se
estableció la necesidad de un plan de renovación urbana en algunos sectores de
la ciudad, renovando y cualificando las condiciones físico espaciales y sociales
del Centro Tradicional y el Centro Urbano Regional de la ciudad, como también en
otras áreas definidas en el POT […]”.
18. Indicó que los funcionarios a los que les correspondió presentar el proyecto
de acuerdo ante el Concejo municipal de Santiago de Cali fundamentaron cada
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
uno de los aspectos del mismo y los requeridos por los concejales.
19. Sostuvo que: “[…] no es cierto que esta empresa se cree para hacer
competencia desleal a los privados, como lo afirma el demandante, su
autorización y creación está en consonancia con los fines del Estado. Miremos
otras posturas del Consejo de Estado "Sentencia n° 50001-23- 31-000-1998-
0193-01(7976) de Sección 1ª,22 de Noviembre de 2002 […] A más de estas
consideraciones para que no prospere la solicitud de nulidad del acuerdo
demandado, está aquella de que tanto el Concejo si era competente para expedir
el acuerdo, otorgando la creación la Empresa de Renovación Urbana establecido
en el literal del artículo 29 del acuerdo 70 de 2000, para el cual se surtieron los
debates de estudio respectivos, se efectuaron las sustentaciones por parte de la
administración […]”.
Alegatos de conclusión
20. El Despacho sustanciador9, vencido el término probatorio, mediante auto
proferido el 26 de julio de 201310, resolvió correr traslado común a las partes por
el término de diez (10) días para que alegaran de conclusión y le informó al
Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar
de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado
artículo, el cual se surtió en los siguientes términos:
21. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
22. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación
de la demanda.
Concepto del Ministerio Público
23. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
Sentencia proferida, en primera instancia
9
El auto fue proferido por la doctora Adriana Bernal Vélez Magistrada del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
10
Cfr. folio 454
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
24. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia proferida
el 28 de mayo de 2014, resolvió lo siguiente:
“[…] NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto […]”.
Consideraciones del Tribunal
25. El a quo consideró que: “[…] el artículo segundo del Acuerdo No. 084 del 4
de marzo de 2002. […] Es claro entonces, que los fines de la Empresa Municipal
de Renovación Urbana EMRU-E.I.C. son muy precisos y están encaminados a
desarrollar el plan de renovación urbana de Santiago de Cali contenido en el Plan
de Ordenamiento Territorial […]”.
26. Manifestó que: “[…] analizados en conjunto los antecedentes del acto
acusado se puede afirmar que sí se justificó la creación de la EMRU, por lo
siguiente: - En los antecedentes del acuerdo demandado, esto es el Proyecto de
Acuerdo No. 177 de 2000, se hizo una presentación de la estructura de la
administración municipal de Santiago de Cali y se planteó la necesidad de una
reforma institucional en la que se definían cuáles serían las dependencias que
deberían ser suprimidas y las que continuarían en funcionamiento. Lo anterior
consta en la exposición de motivos […]”.
27. Adujo que se consideró necesario autorizar al Alcalde del Municipio de
Santiago de Cali para crear la empresa de renovación urbana según consta en el
artículo 38 del proyecto de Acuerdo núm. 177 de 2000 el cual fue sometido a dos
debates en el Concejo de Santiago de Cali.
28. Señaló que: “[…] si se miran en conjunto las pruebas que obran en el
proceso se advierte que si se presenta la justificación para la creación de la
empresa de renovación urbana, la que se encuentra en los antecedentes del
acuerdo demandado, específicamente en las discusiones del Proyecto de
Acuerdo No. 177 de 2000 y en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente para la
época. En las discusiones del Proyecto de Acuerdo No. 177 de 2000, se
determinó la necesidad de crear la empresa de renovación urbana en el municipio
de Santiago de Cali, tal como se constata en las ponencias para primer debate del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
mismo, donde se consignó la autorización para la creación de la empresa […]
Dicha autorización fue puesta a consideración de los integrantes del Concejo de
Santiago de Cali, quienes durante la plenaria del 24 de noviembre de 2000,
aprobaron en segundo debate la autorización del Alcalde para crear la empresa
de renovación urbana, tal como quedó plasmado en el artículo 38 ídem: […]”.
29. Expuso que: “[…] El proyecto para la creación de la empresa se justifica
también para hacer viable el Plan de Ordenamiento Territorial, específicamente, el
Título V "De los Programas y Proyectos Estratégicos" y el plan de renovación
urbana en el artículo 227. […] PLAN DE RENOVACIÓN URBANA DEL CENTRO
GLOBAL. OBJETIVO. Crear la Empresa de Renovación Urbana de Cali. El
Municipio estudiará la conveniencia para crear una empresa de renovación
urbana, en la que se involucre el sector privado, según la necesidad de
desarrollo y renovación de áreas específicas de la ciudad. En todo caso se
someterá cualquier iniciativa en este sentido a consideración del Concejo de
Santiago de Cali […]”.
30. Precisó que la justificación se presentó en los debates y ponencias del
Proyecto de Acuerdo núm. 177 de 2000, y en la exposición de motivos del acto; y
que de la lectura de los mismos se advierte la necesidad de la creación de una
empresa que ejecutara programas de renovación urbana.
31. Explicó que: “[…] el Alcalde creo la EMPRESA MUNICIPAL DE
RENOVACIÓN URBANA EMRU E.I.C. en uso de facultades legales, por cuanto el
Concejo de Santiago de Cali en virtud del numeral 6° del artículo 313 de la
Constitución Política lo autorizó para ello Igualmente está probado que el proyecto
de Acuerdo No. 177 de 2000, fue sometido a los debates correspondientes. Así
las cosas, es claro que la Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU
E.I.C., fue creada por el órgano competente y con observancia de los requisitos
previstos para su creación consagrados en el artículo 69 de la Ley 489 de 1998.
En este orden, no puede afirmarse que el demandado al crear la empresa
desconoció los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución
Política, ya que como se explicó anteriormente, la EMPRESA MUNICIPAL DE
RENOVACIÓN URBANA EMRU E.I.C.E fue creada conforme a la Constitución
Política y la ley […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
32. Concluyó que: “[…] si los demandantes consideran que se presentan
anormalidades en dichos aspectos y que se están vulnerando disposiciones
legales relacionadas con el manejo de la contratación (artículo 87 de la Ley 489
de 1998), deben adelantar las acciones legales ante las autoridades competentes.
Las supuestas anormalidades en la administración de la empresa no son
argumentos viables para solicitar la nulidad del literal demandado […]”.
Recurso de apelación
33. La parte demandada interpuso, dentro del término legal, recurso de
apelación11 contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con
base en los siguientes argumentos:
34. Adujo que: “[…] No hay una sola prueba en la argumentación de la
Sentencia No. 49 del 28 de mayo del 2014, que demuestre que el Concejo del
Municipio de Cali, para la creación de la "Empresa Municipal de Renovación
Urbana", E. I. C., con sigla "EMRU", realizó un proyecto de factibilidad de la
Empresa, que justificara su vialidad económica y el cumplimiento de los principios
administrativos contenidos en el artículo 209 de la Carta, y sin embargo el
Concejo Municipal de Cali tramitó el mismo. De este modo, no se acompañó el
estudio demostrativo que justifique la iniciativa y creación de dicha empresa, con
la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución
Política, como lo estipula el artículo 69 de ley 489 de 1998 […]”.
35. Manifestó que: “[…] La sentencia recurrida afirma que los fines de la
empresa de renovación urbana, EMRU, son claros y precisos y los define
mediante un objeto relatado genéricamente a folio 45, página 12 de la sentencia
recurrida, pero ese OBJETO no equivale a la exigencia constitucional y legal de
un ESTUDIO DEMOSTRATIVO QUE JUSTIFIQUE LA INICIATIVA (art.69-ley 489
de 1998) ya que la autorización para su creación no puede ser genérica o
indeterminada sino específica y precisa, se confunde la Sala Administrativa en
determinar las funciones de una Empresa Industrial y Comercial del Estado con
los requisitos de su creación. No se trata de justificar la creación de una empresa
industrial y comercial del estado de cualquier manera, sino de cumplir con cada
11
Cfr. folios 485 a 490 del cuaderno núm. 2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
uno de los requisitos exigidos imperativamente para su creación ya que son de
orden Constitucional y legal […]”.
36. Señaló que: “[…] No hay una prueba en el expediente que demuestre la
realización de un ESTUDIO DEMOSTRATIVO QUE JUSTIFIQUE LA INICIATIVA
del Concejo Municipal de la ciudad de Cali de la creación de esta EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA, a folio 48 pagina 15 de la sentencia 049 dice que el
proyecto para la creación de la empresa se justifica para hacer viable el Plan de
Ordenamiento Territorial, específicamente el Título V artículo 227 inciso 6
textualmente dice:" Crear la empresa de renovación urbana de Cali, el Municipio
estudiara la conveniencia para crear una empresa de renovación urbana". Lo
anterior no requiere interpretaciones, es diciente que el Municipio estudiara la
conveniencia ¿y dónde está el estudio?, ¿Dónde se cumplió con el requisito en el
proyecto de un estudió demostrativo si era o no conveniente la creación de esta
empresa de renovación urbana? […]”.
37. Afirmó que: “[…] A folio 48 de la Sentencia apelada dice la justificación se
presentó en los debates y ponencias del proyecto de Acuerdo 177 de 2.000, pero,
¿dónde está el proyecto de creación y el estudio demostrativo?. Una ponencia no
es un estudio ni lo que exige la ley para crear una EMPRESA DE RENOVACIÓN
URBANA. Según la Constitución Política, las empresas industriales y comerciales
del Estado forman parte de la rama ejecutiva (art. 115), y como tales son parte de
la estructura de la administración. Norma Superior que le atribuye al Congreso la
facultad para crearlas o autorizar su constitución, y a las Asambleas y Concejos la
de su creación directamente (arts. 150-7, 300-7 y 313-6). En efecto, las empresas
industriales y comerciales del Estado sólo pueden ser creadas por ley o por
autorización de ésta, con fundamento en los principios que orientan la actividad
administrativa (C.P. art. 210), por lo que no pueden tener origen puramente
administrativo?, y la autorización para su creación no puede ser genérica o
indeterminada sino específica y precisa". Es decir, la posibilidad de que se
autorice en cada caso la constitución de dichas empresas así como la posibilidad
de definición de características generales y del régimen administrativo y jurídico
encuentra soporte directo en la Constitución (arts. 150-7, 300-7, 313-6 C.P.). […]”.
38. Expuso que: “[…] si la función administrativa está al servicio de los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
intereses generales, la creación de las empresas industriales y comerciales del
Estado también debe orientarse al desarrollo de los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, como lo ha
sostenido la Corte en Sentencias C-629/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis, y Sentencia
C-992 de 2006, al considerar: […] Para la creación de las empresas industriales y
comerciales del estado, es necesario adjuntar al proyecto de acuerdo una copia
del estudio que justifique la iniciativa, con la observancia de los principios del
artículo 209 de la Carta, los cuales son: igualdad, moralidad, eficiencia, economía,
celeridad y publicidad […]”.
39. Precisó que: “[…] llama la atención, que la Empresa se constituya SIN
NINGUN CAPITAL SOCIAL, lo cual demuestra que es sólo un apéndice de la
Administración, no una verdadera empresa industrial o comercial del Municipio.
No fue creada para manejar un negocio o servicio para la comunidad, sino para
suplantar a las distintas dependencias y poder contratar directamente, eludiendo
las licitaciones. Al no haberse adjuntado dicho estudio al proyecto de acuerdo
para la creación de la Empresa Municipal de Renovación Urbana, de Cali, el literal
c, del artículo 29 del Acuerdo Municipal No. 070 del 19 de diciembre de 2002, es
nulo, al ser este un requisito esencial para la creación de la empresa mencionada
[…]”.
40. Argumentó que: “[…] Al no haberse detenido el Concejo Municipal de Cali
analizar los estatutos sociales de la Empresa, no pudo constatar que sus objetivos
y planes eran sustituir las funciones de las distintas secretarias municipales, que
tienen que ver la llamada "renovación urbana" lo cual ha venido abarcando casi
todas las funciones de la administración municipal como son el mantenimiento y
ejecución de obras municipales. Con una Empresa de derecho privado, que
puede hacer casi todas las funciones administrativas, al mando del Alcalde
municipal, se ha violado el artículo 87, de la ley 489 de 1998, que prohíbe utilizar
prerrogativas o privilegios cuando se compite con la empresa privada. Lo cual,
está demostrado, al no tener necesidad de licitar el Ente municipal, si no contratar
directamente con su propia empresa, la "EMRU" […]”.
41. Concluyó que: “[…] Dentro del proceso se ha demostrado como la "EMRU",
sólo ha servido de puente o intermediaria para asignar directamente a terceros las
obras del Municipio, pues ella firma los contratos y los subcontrata con terceros,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
pues no posee la infraestructura, capital, personal, ni tecnología para dichas
labores. En el fondo la "EMRU", ha servido para eludir la licitación y poder
contratar directamente las distintas obras del municipio, faltando de esta manera a
los principios de igualdad y moralidad administrativa contenidos en el artículo 209
Superior […]”.
Trámite en segunda instancia
42. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 11 de mayo de 2018,
resolvió correr traslado a las partes por el término común de diez (10) días para
que alegaran de conclusión y le informó al Agente Ministerio Público que, antes
del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado
especial previsto en el mencionado artículo, el cual se surtió en los siguientes
términos:
Alegatos de conclusión en segunda instancia
43. La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal.
44. La parte demandada reiteró las consideraciones expuestas en la
contestación de la demanda.
Concepto del Ministerio Público
45. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
46. La Sala abordará el estudio de las consideraciones, en las siguientes
partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el
problema jurídico; iv) el marco normativo sobre las características y el régimen
jurídico aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado; v) el
marco normativo del ordenamiento territorial; vi) el principio de autonomía de los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
entes territoriales en relación con la regulación de los usos del suelo y la
ordenación del territorio; vii) marco normativo de las prácticas restrictivas a la libre
competencia y, viii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
47. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los
términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, sobre el
régimen de transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de
marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto,
en segunda instancia.
48. Visto el artículo 328 del Código General del Proceso12, norma aplicable al
presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 el Acuerdo núm. PSAA15-
10392 de 1 de octubre de 201513, expedido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, la Sala procederá a examinar las argumentaciones
expuestas por la parte demandante en el recurso de apelación, interpuesto contra
la sentencia proferida el 28 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.
49. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad de que trata
este asunto, y sin que se observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar
lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a
continuación.
Acto administrativo acusado
12
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. […] El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único,
salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella […]”.
13
“[…] ARTÍCULO 1º.- Entrada en vigencia del Código General del Proceso. El Código General del Proceso entrará
en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1º de enero del año 2016, íntegramente […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
50. El literal c del artículo 29 del Acuerdo núm. 070 de 19 de diciembre de
200014, expedido por el Concejo del Municipio de Santiago de Cali, establece lo
siguiente:
“[…] CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI
ACUERDO N°70 DE 2000
"Por medio del cual se reforma el Acuerdo 01 de 1996, estructura de la
administración central y descentralizada y se dictan otras disposiciones”
El Concejo Municipal de Santiago de Cali, en uso de sus facultades constitucionales
y legales, en especial de las conferidas por la Constitución Política en su artículo
313, numeral 6º, Artículo 71 de la Ley 136 de 1994 y por lo reglado en la Ley 617
de 2000,
ACUERDA
[…] Artículo. 29.- Autorizaciones. Autorizase al Alcalde de Santiago de Cali para:
A) Suprimir y liquidar la Empresa Industrial y Comercial del Estado Caliasfalto
E.I.C.E.
B) Pactar la correspondiente tabla de indemnización con los trabajadores oficiales
ylo sus representantes legales, las cuales deberán tener como base mínima la tabla
indemnizatoria establecida en la Ley para los empleados públicos y de carrera.
C) Crear la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA.
[…] Artículo 33.- Vigencia y Derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de la
fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Municipio de Santiago de Cali, y
deroga expresamente los artículos 10, último inciso, 24 y sustituye, modifica y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Santiago de Cali, a los diecinueve días del mes de diciembre del año
2000.
El Presidente,
Hernán Darío Escobar Restrepo
El Secretario,
Armando Rojas Fierro […]”.
Problemas jurídicos
51. Corresponde a la Sala, con fundamento en el recurso de apelación,
determinar: i) si se dio cumplimiento al estudio previsto en el artículo 69 de la Ley
489 para la creación de la Empresa de Renovación Urbana E.I.C y, ii) si se
14
“[...] Por medio del cual se reforma el Acuerdo 01 de 1996, la Estructura de la Administración Central y
descentralizada y se dictan otras disposiciones [...]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
infringió el artículo 87 de la Ley 489 que prohíbe utilizar prerrogativas o privilegios
cuando se compite con la empresa privada.
52. En consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia.
Marco normativo sobre las características y el régimen jurídico aplicable a
las empresas industriales y comerciales del Estado
53. Visto el artículo 252 del Decreto Ley 1222 de 18 de abril de 1986, Código
de Régimen Departamental, una Empresa Industrial y Comercial del Estado tiene
el carácter de entidad descentralizada del orden departamental:
“[…] ARTICULO 252.-Son entidades descentralizadas del orden departamental los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las sociedades
de economía mixta […]”.
54. Visto el Decretos núm. 1050 de 5 de julio de 196815, contenía normas
generales que establecían parámetros para la organización y funcionamiento de
la Administración Pública Nacional y eran aplicables a las entidades del orden
territorial, en los términos de los numerales 5 y 6 del artículo 60 del Código de
Régimen Departamental, que establece:
“[…] ARTICULO 60. Corresponde a las Asambleas, por medio de ordenanzas:
5o. Determinar, a iniciativa del Gobernador, la estructura de la Administración
Departamental, las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo;
6o. Crear, a iniciativa del Gobernador, los establecimientos públicos, sociedades
de economía mixta y empresas industriales y comerciales, conforme a las
normas que determine la ley […]” (Negrillas fuera de texto)
55. De este modo, el Código de Régimen Departamental permite a las
Asambleas Departamentales, a iniciativa del Gobernador, crear las Empresas
15
“[…] Por el cual se dictan normas generales para la reorganización y el funcionamiento de la administración
nacional […]”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
Industriales y Comerciales del departamento conforme a la ley, es decir, dichas
Corporaciones tienen una facultad limitada en este aspecto.
56. Así, en ausencia de una norma que regulara este aspecto y lo referente a
la creación de las Empresas Industriales y Comerciales del orden departamental,
debía acudirse a los Decretos núm. 1050 y 3130 de 1968 que fijaban normas para
la organización de la Administración Pública Nacional.
57. Visto el artículo 287 de la Constitución Política de 1991 se le otorgó mayor
autonomía a los entes territoriales, pero dentro de los límites de la Constitución y
la Ley:
“[…] ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la
gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En
tal virtud tendrán los siguientes derechos:
1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que les correspondan.
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
4. Participar en las rentas nacionales […]”. (Negrillas fuera de texto)
58. Visto el artículo 300 de la Constitución señala lo siguiente:
“[…] Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:
7. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de
sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas
categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas
industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de
sociedades de economía mixta […]”.
59. Ahora bien, las disposiciones de la reforma administrativa de 1968 fueron
derogadas de manera expresa por el artículo 121 de la Ley 489 de 29 de
diciembre 199816, el cual, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, el 29
de septiembre del mismo año, entró a regular la situación, no sólo en el orden
nacional, sino en el territorial, al igual que lo hacían las normas derogadas.
60. Visto el artículo 2 de la Ley 489 en lo referente a su ámbito de aplicación,
dispone:
16
“[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
“[…] ARTICULO 2o. AMBITO DE APLICACION. La presente ley se aplica a todos
los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la
Administración Pública y a los servidores públicos que por mandato constitucional
o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de funciones administrativas,
prestación de servicios públicos o provisión de obras y bienes públicos y, en lo
pertinente, a los particulares cuando cumplan funciones administrativas […]
PARAGRAFO. Las reglas relativas a los principios propios de la función
administrativa, sobre delegación y desconcentración, características y régimen de
las entidades descentralizadas, racionalización administrativa, desarrollo
administrativo, participación y control interno de la Administración Pública se
aplicarán, en lo pertinente, a las entidades territoriales, sin perjuicio de la
autonomía que les es propia de acuerdo con la Constitución Política”.
(Negrillas fuera de texto) […]”.
61. De este modo, la Ley 489 es aplicable a todos los organismos y entidades
de la rama ejecutiva del poder público y de la administración pública, lo que
incluye a los entes territoriales, según lo señala el parágrafo citado. En
consecuencia, la norma que ha de tomarse como referencia para el análisis del
presente caso en cuanto a la naturaleza y régimen de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado es la citada Ley 489 aplicable a todos los organismos y
entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública.
62. No obstante lo anterior, el hecho de que esta Ley contenga normas
aplicables a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, no implica que
se haya derogado o no se tenga en cuenta lo dispuesto en esta materia por el
Código de Régimen Departamental, dado que se encuentra vigente y debe
entenderse que sus normas son armónicas con las generales que fija la Ley 489.
63. Visto el artículo 38 de la Ley 489, sobre la integración de la rama ejecutiva
del poder público, señala que las empresa industriales y comerciales del Estado
hacen parte del sector descentralizado por servicios:
“[…] Artículo 38º.- Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el
orden nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está
integrada por los siguientes organismos y entidades:
1. Del Sector Central:
a. La Presidencia de la República;
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
b. La Vicepresidencia de la República;
c. Los Consejos Superiores de la administración;
d. Los ministerios y departamentos administrativos;
e. Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería
jurídica.
2. Del Sector descentralizado por servicios:
a. Los establecimientos públicos;
b. Las empresas industriales y comerciales del Estado;
c. Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería
jurídica;
d. Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos
domiciliarios;
e. Los institutos científicos y tecnológicos;
f. Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta;
g. Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que
cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del
Poder Público.
Parágrafo 1º.- Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las
que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se
someten al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del
Estado.
Parágrafo 2º.- A demás de lo previsto en el literal c) del numeral 1 del presente
artículo, como organismos consultivos o coordinadores, para toda la administración
o parte de ella, funcionarán con carácter permanente o temporal y con
representación de varias entidades estatales y, si fuere el caso, del sector
privado, los que la ley determine. En el acto de Constitución se indicará al Ministerio
o Departamento Administrativo al cual quedaren adscritos tales organismos […]”.
64. Visto el artículo 49 de la Ley 489, sobre la creación de los organismos y
entidades administrativas, dispone:
"[...] Articulo 49. Creación de organismos y entidades administrativas.
Corresponde a la ley, por iniciativa del Gobierno, la creación de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y los
demás organismos y entidades administrativas nacionales.
Las empresas industriales y comerciales del Estado podrán ser creadas por
ley o con autorización de la misma.
Las sociedades de economía mixta serán constituidas en virtud de autorización
legal.
Parágrafo. Las entidades descentralizadas indirectas y las filiales de las
empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de
economía mixta se constituirán con arreglo a las disposiciones de la presente
ley, y en todo caso previa autorización del Gobierno Nacional si se tratare de
entidades de ese orden o del Gobernador o el Alcalde en tratándose de
entidades del orden departamental o municipal [...]".
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
65. Visto el artículo 50 de la Ley 489, establece que la Ley que dispone sobre
la creación de un organismo entidad administrativa, lo siguiente:
"[...] Articulo 50. Contenido de los actos de creación. La ley que disponga la
creación de un organismo o entidad administrativa deberá determinar sus
objetivos y estructura orgánica, así mismo determinará el soporte presupuestal
de conformidad con los lineamientos fiscales del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
La estructura orgánica de un organismo o entidad administrativa comprende la
determinación de los siguientes aspectos:
1. La denominación.
2. La naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico.
3. La sede.
4. La integración de su patrimonio.
5. El señalamiento de los órganos superiores de dirección y administración y la
forma de integración y de designación de sus titulares, y
6. El Ministerio o el Departamento Administrativo al cual estarán adscritos o
vinculados.
Parágrafo. Las superintendencias, los establecimientos públicos y las unidades
administrativas especiales estarán adscritos a los ministerios o departamentos
administrativos; las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades
de economía mixta estarán vinculadas a aquellos; los demás organismos y
entidades estarán adscritos o vinculados, según lo determine su acto de creación
[...]".
66. Por lo anterior, la Sala considera que: i) la ley en la que se disponga la
creación de la empresa industrial y comercial del Estado deberá determinar los
objetivos y la estructura orgánica; ii) las empresas industriales y comerciales del
Estado se deben constituir con arreglo a las disposiciones de la Ley 489, y en
todo caso previa autorización del Gobierno Nacional si se tratare de entidades de
ese orden o del gobernador o el alcalde en tratándose de entidades del orden
departamental o municipal.
67. Visto el artículo 85 de la Ley 489, sobre las características de las empresas
industriales y comerciales del Estado, dispone:
"[...] Articulo 85. Empresas industriales y comerciales del Estado. Las
empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados por
la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza
industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del
Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las
siguientes características:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
a) Personería jurídica;
b) Autonomía administrativa y financiera;
c) Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos
comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las
funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos
autorizados por la Constitución [...]".
68. Visto el artículo 2 ibidem, sobre el ámbito de aplicación de la citada ley,
establece que las reglas relativas a los principios propios de la función
administrativa, respecto de las características y régimen de las entidades
descentralizadas, se aplicarán, en lo pertinente, a las entidades territoriales.
69. Visto el artículo 68 ibidem, sobre las entidades descentralizadas del orden
nacional y la aplicación del régimen jurídico establecido en la Ley 489 a las
entidades territoriales:
“[…] ARTICULO 68. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Son entidades
descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas
industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de
economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales
con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales
de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su
autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la
prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o
comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.
Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están
sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración
al cual están adscritas.
Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución
Política, en la presente ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura
orgánica y a sus estatutos internos.
Los organismos y entidades descentralizados,sujetos a regímenes especiales por
mandato de la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos
establezca la respectiva ley.
PARAGRAFO 1o. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la
Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades
descentralizadas es aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las
competencias asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades del orden
territorial.
PARAGRAFO 2o. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que
tengan como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán
a la Legislación de Ciencia y Tecnología y su organización será determinada por el
Gobierno Nacional.
PARAGRAFO 3o. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las
corporaciones civiles sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio
del Medio Ambiente, creadas por la Ley 99 de 1993 […]”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
70. Visto el artículo 86 ibidem, sobre la autonomía administrativa y financiera
de las empresas industriales y comerciales del Estado, establece que esta "[...] se
ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus
actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos
interno [...]".
71. Por lo anterior, la Sala considera que dentro de las características de las
empresas industriales y comerciales del Estado están, entre otras:
72. Ser organismos del sector descentralizado.
73. Ser creadas por la ley o autorizados por esta.
74. Desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial.
75. A las empresas industriales y comerciales del Estado del orden territorial,
les aplica el régimen jurídico establecido en la Ley 489.
76. Ejercen la autonomía administrativa y financiera conforme a los actos que
las rigen.
77. En el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o a la norma que
las creó o autorizó y a sus estatutos internos.
78. Visto el artículo 69 de la Ley 489 los actos de creación de entidades
descentralizadas serán expedidos mediante acuerdo u ordenanza para el orden
municipal:
“[…] ARTICULO 69. CREACION DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS.
Las entidades descentralizadas, en el orden nacional, se crean por la ley, en el
orden departamental, distrital y municipal, por la ordenanza o el acuerdo, o con su
autorización, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. El proyecto
respectivo deberá acompañarse del estudio demostrativo que justifique la
iniciativa, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la
Constitución Política. […]”.
79. De este modo, el proyecto respectivo de la creación de la entidad
descentralizada deberá acompañarse del estudio demostrativo que justifique la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
iniciativa con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la
Constitución Política.
80. Visto el artículo 300 de la Constitución, las asambleas departamentales
podrán determinar la estructura de la administración departamental, las funciones
de sus dependencias, y crear las Empresas Industriales y Comerciales del
departamento:
“[…] Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de
ordenanzas:
[…] 7. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las
funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración
correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los
establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del
departamento y autorizar la formación de sociedades de economía
mixta […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
81. La facultad de crear Empresas Industriales y Comerciales compete sólo a
las asambleas departamentales, según lo previsto en la Ley 489, bajo los límites
de la ley.
82. Visto el artículo 313 de la Constitución Política establece que corresponde
a los Concejos: “[…] 6. Determinar la estructura de la administración municipal y
las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del
Alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y
autorizar la constitución de sociedades de economía mixta […]”.
83. De lo anterior se tiene que, de conformidad con las normas referidas, los
establecimientos públicos de carácter departamental son organismos creados por
las asambleas y a estas les corresponde dictar normas sobre su creación,
modificación, supresión y funcionamiento.
El marco normativo del ordenamiento territorial
84. La Ley 388 de 18 de julio de 199717, define el ordenamiento del territorio
como una función pública encaminada a cumplir, entre otros fines, los de
17
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructura de
transporte y demás espacios públicos y su destinación al uso común; atender los
procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común,
procurando su utilización racional en armonía con la función social de la
propiedad, a la que es inherente una función ecológica.
85. Visto el parágrafo del artículo 8 de la Ley 388, sobre la función pública de
ordenamiento territorial, señala que se cumple por medio de la «acción
urbanística» de las entidades municipales y distritales, exteriorizada en decisiones
administrativas y actuaciones urbanísticas, que deben estar previstas o
autorizadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, declarado por la Ley como el
instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento, y definido por el
artículo 9 ibidem, como el “conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias,
metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo” .
86. Visto el artículo 10 de la Ley 388, establece que el contenido del proyecto
de Plan de Ordenamiento Territorial debe respetar las “determinantes” enunciadas
en dicho artículo, las cuales “constituyen normas de superior jerarquía”,
principalmente las directrices, normas y reglamentos expedidos por las
autoridades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y las disposiciones
producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la
respectiva jurisdicción.
87. Visto el artículo 11 de la Ley 388, el Plan de Ordenamiento Territorial
establece tres componentes: general, urbano y rural, cuyos contenidos están
reglados en los artículos 12, 13 y 14.
88. Visto el artículo 23 de la Ley 388 impuso a las administraciones
municipales el deber de “formular y adoptar” sus respectivos Planes de
Ordenamiento Territorial en un término de 18 meses contados a partir de su
entrada en vigencia —24 de julio de 1997, día de su promulgación— es decir,
hasta el 24 de enero de 1999. Después, el artículo 1° de la Ley 507 (28 de julio de
1999) prorrogó el término hasta el 31 de diciembre de 1999.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
El principio de autonomía de los entes territoriales en relación con la
regulación de los usos del suelo y la ordenación del territorio
89. Con el fin de precisar el alcance de lo debatido, la Sala acoge las posturas
esgrimidas tanto por la Corte Constitucional como por la Sala Plena de esta
Corporación en relación con la organización territorial en el modelo constitucional
de 1991; por una parte, en cuanto se debe lograr la armonización del principio de
autonomía de los entes territoriales y el principio de organización territorial unitaria
del Estado, sin que los mismos resulten opuestos o excluyentes; y por otra parte,
en el entendido que corresponde al legislador, en los términos de los artículos 287
y 288 constitucionales, establecer las condiciones básicas de la autonomía de los
entes territoriales, atendiendo en todo caso los límites al carácter unitario del
Estado que establecen, entre otros18, la indisponibilidad del núcleo esencial de
la autonomía territorial, como será precisado más adelante.
90. Así, en relación con dichos aspectos, la Corte Constitucional, en la
sentencia C-077 de 2017, reiteró su jurisprudencia frente a la necesidad de
interpretar armónicamente ambos principios, así:
“[…] El principio de autonomía territorial de las entidades territoriales en la
planeación territorial.
84. El Estado colombiano, conforme al artículo 1º de la Constitución, está
“organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de
sus entidades territoriales…”. De esta forma la Constitución establece un
modelo institucional fundado en la armonización de la distribución de
competencias entre la Nación y las entidades territoriales, es decir, entre dos
principios que definen la organización territorial en el modelo constitucional de
1991: el principio de organización territorial unitaria del Estado y el principio de
autonomía de las entidades territoriales. Dicha distribución está enmarcada en
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad (C.P. Art. 288). Al
respecto, esta Corporación, en la sentencia C-535 de 1996, afirmó que “[l]a
18
En relación con los límites al carácter unitario del Estado, a partir de las normas constitucionales, en
sentencia C-035 de 2016, la Corte Constitucional estableció los límites que tiene el legislador frente a la
autonomía de los entes territoriales, allí se indicó: «[…] El Estado colombiano está organizado como república
unitaria. No obstante, también está configurado conforme al principio de descentralización, lo que supone
unos límites al carácter unitario del Estado. El primer límite implica que la sola invocación del carácter
unitario del Estado no es un principio de razón suficiente para justificar el cambio de una competencia
regional o local a una entidad nacional. Es necesario que exista un interés constitucional superior que lo
justifique (…) El segundo límite está constituido por el conjunto de competencias y facultades otorgadas por
el artículo 287 superior. De conformidad con este artículo el Congreso no puede proferir normas que impidan
el ejercicio efectivo de las competencias de las entidades territoriales, so pena de que tales normas sean
declaradas inconstitucionales (…) El último límite al carácter unitario del Estado se refiere a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, previstos en el artículo 288 superior. Estos principios articulan la
forma como el legislador debe distribuir el ejercicio de las competencias adscritas al poder central y a las
autoridades territoriales [...]»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
unidad así expresada no puede entonces confundirse con centralismo y
hegemonía pues la forma de Estado unitaria no choca con el reconocimiento de
la diversidad territorial” 19.
85. El principio de autonomía territorial, consagrado en el artículo 287 de la
Constitución, establece los siguientes derechos de las entidades territoriales: “1.
Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les
correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios
para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas nacionales”.
Dichos “derechos constituyen el contenido mínimo de la autonomía de las
entidades territoriales, implican un poder de dirección tanto política como
administrativa en el ámbito territorial respectivo, son exigibles a las
autoridades superiores del Estado y deben ser respetados por éstas por ser
esencial dicha institución en la estructura del Estado colombiano”20 (Negrilla
fuera del texto). En otros términos, el núcleo esencial del principio de autonomía
territorial está conformado por los derechos mencionados, de los que deviene la
dirección política y administrativa de los entes territoriales.
86. Por un lado, la dirección política “se manifiesta como un poder de dirección
política, que le es atribuido a cada localidad por la comunidad a través del
principio democrático, y en especial al municipio que se constituye en la entidad
territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado (CP. art.
311)”21. Y, por otro lado, la dirección administrativa se refiere a la potestad de
las entidades territoriales de gestionar sus intereses. Este poder está ligado a “la
soberanía popular y a la democracia participativa, pues se requiere una
participación permanente que permita que la decisión ciudadana se exprese
sobre cuales (sic) son las necesidades a satisfacer y la forma de hacerlo (CP
art. 1º, 2º y 3º). El poder de dirección del que gozan las entidades territoriales se
convierte así en pieza angular del desarrollo de la autonomía. A través de este
poder, expresión del principio democrático, la comunidad puede elegir una
opción distinta a la del poder central. La satisfacción de intereses propios
requiere la posibilidad de que existan en cada localidad opciones políticas
diferentes, lo cual no atenta contra el principio de unidad, pues cada entidad
territorial hace parte de un todo que reconoce la diversidad”22.
[…] 88. En todo caso, el ejercicio de la dirección administrativa y política de las
entidades territoriales está circunscrito a los límites que la Constitución y la ley
establecen, tal y como lo dispone el artículo 287 Superior. Además, debe
armonizarse con el principio de organización territorial unitaria del Estado. La
Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha sostenido que no existe
ninguna contradicción entre los principios de autonomía de las entidades
territoriales y de organización territorial unitaria del Estado, sino que debe
encontrarse un equilibro entre estos, para garantizar su plena vigencia…
“[…] 91. Bajo el contexto analítico anterior, la armonización de los principios de
organización territorial y de autonomía de los entes territoriales implica la
determinación de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. En
la sentencia C-931 de 2006, esta Corporación afirmó que: “el legislador deberá
19
Corte Constitucional, Sentencia C-535 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
20
Corte Constitucional, Sentencia C-554 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentería.
21
Corte Constitucional, Sentencia C-535 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
22
Corte Constitucional, Sentencia C-535 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
tener en cuenta que el contenido esencial de la autonomía se centra en la
posibilidad de gestionar los propios intereses (C.P. art 287), una de cuyas
manifestaciones más importantes es el derecho a actuar a través de órganos
propios en la administración y el gobierno de los asuntos de interés regional o
local. Tal derecho, contenido de manera expresa en el artículo 287 Superior,
hace parte del núcleo esencial de la autonomía, indisponible por el legislador.
No obstante lo anterior, es claro que, para preservar el interés nacional y el
principio unitario, corresponde al legislador establecer las condiciones básicas
de la autonomía y definir, respetando el principio de subsidiariedad, las
competencias del orden nacional que deberán desarrollarse conforme al
principio de coordinación, que presupone unas reglas uniformes y unas pautas
de acción que, sin vaciar de contenido el ámbito de autonomía territorial,
permitan una armonización de funciones”23.
[…] 93. Conforme al artículo 288 de la Constitución, le corresponde al Legislador
regular mediante ley orgánica la distribución de competencias entre la Nación y
las entidades territoriales. La norma constitucional citada establece que “[l]as
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los
términos que establezca la ley”. Los principios mencionados tienen “el alcance
de una garantía institucional de la autonomía de las entidades territoriales, de
manera que medidas legislativas que tengan un alcance restrictivo de esa
autonomía deben responder a un principio de razón suficiente” 24.
[…] 99. En síntesis, la armonización del principio de autonomía de los entes
territoriales y el principio de organización territorial unitaria del Estado se debe
realizar en el siguiente marco: (i) los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad constituyen un criterio para la distribución de competencias de
los diferentes niveles administrativos; y, (ii) el núcleo esencial del principio de
autonomía territorial es indisponible a la regulación legal. Además, las
limitaciones a la autonomía territorial sólo serán constitucionales si son
razonables y proporcionadas […]”
91. Igualmente, esta Corporación ha definido criterios jurisprudenciales frente a
los principios de Estado unitario, autonomía de las entidades territoriales y los
elementos que componen el núcleo esencial de la autonomía territorial, en
sentencia de 6 de junio de 2018, la Sala Plena 25 sostuvo sobre los principios de
Estado unitario y de autonomía territorial lo siguiente:
“[…] V.5.1.1. El principio de Estado Unitario adoptado en la Constitución
Política de 1991
23
Corte Constitucional, Sentencia C-931 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En este mismo sentido también se
pronunció esta Corporación en las sentencias C-554 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentería y C-149 de 2010, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
24
Corte Constitucional, Sentencia C-149 de 2010, M.P. Jorge Ivan Palacio Palacio.
25
“[…] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 6 de junio de 2018; C.P.
Oswaldo Giraldo López; número único de radicación 11001031500020080125500 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
En sentencia proferida el 14 de julio de 201126, la Sección Primera del Consejo
de Estado sostuvo que la Constitución de 1991 reconoció expresamente que el
Estado colombiano se organiza en forma de república unitaria; pero es al mismo
tiempo garante de la autonomía de las entidades territoriales, pues así lo
reconoció expresamente en el artículo 1º de la Carta Política, por lo que adoptó
un modelo que consagra los principios de Estado Unitario y de autonomía
territorial.
En relación con el principio de Estado Unitario la Corte Constitucional ha
explicado que comprende la forma de organización bajo un solo centro de
impulsión política, es decir, donde “la soberanía se ejerce directa y
continuamente sobre todo el conglomerado social asentado sobre un mismo
territorio. De esta suerte, la totalidad de los atributos y funciones del poder
político emanan de un titular único, que es la persona jurídica de derecho
público suprema, el Estado. Todos los individuos convocados bajo la soberanía
de éste obedecen a una misma autoridad nacional, viven bajo un mismo
régimen constitucional y son regidos por unas mismas leyes.”27
En la sentencia C-035 de 201628, la Corte Constitucional expuso:
“20. La Constitución Política, al definir el modelo de Estado (art. 1° superior)
parte de dos supuestos. En primer término, se concibe a Colombia como un
Estado organizado en forma de República unitaria. En términos de esta
Corporación, “…la naturaleza del Estado unitario presupone la centralización
política, lo cual, por un lado, exige unidad en todos los ramos de la
legislación, exigencia que se traduce en la existencia de parámetros
uniformes del orden nacional y de unas competencias subordinadas a la
ley en el nivel territorial y, por otro, la existencia de competencias
centralizadas para la formulación de decisiones de política que tengan
vigencia para todo el territorio nacional. Del principio unitario también se
desprende la posibilidad de intervenciones puntuales, que desplacen,
incluso, a las entidades territoriales en asuntos que de ordinario se
desenvuelven en la órbita de sus competencias, pero en relación con los
cuales existe un interés nacional de superior entidad.” (Se destaca)
Por su parte, el principio de autonomía de las entidades territoriales parte de la
potestad de autogobierno y gestión de sus propios asuntos. Para ello, el artículo
287 de la Carta señaló los componentes básicos de la autonomía como garantía
institucional de las entidades territoriales, a saber: (i) capacidad de gobernarse
por autoridades propias; (ii) potestad de ejercer las competencias que les
correspondan; (iii) facultad de administrar los recursos y establecer los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y (iv) derecho a participar en
las rentas nacionales.
El artículo 287 Superior también advierte que la autonomía de las
entidades territoriales se ejerce “dentro de los límites de la Constitución y
la ley”, con lo cual apunta a preservar el interés nacional y el principio de
Estado Unitario. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha insistido en la
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad: 2009-00032-02. C.P. María
Claudia Rojas Lasso
27
Corte Constitucional, Sentencia C-216 de 1994, reiterada en numerosas ocasiones.
28
M.P. Gloria Estella Ortiz Delgado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
necesidad de armonizar estos dos principios a fin de superar las inevitables
tensiones que en ciertos momentos pueden presentarse entre unidad y
autonomía; por ejemplo, en sentencia C-579 de 2001 la Corte Constitucional
precisó:
“En el mismo sentido, en la sentencia C-004/93 se afirmó: “la introducción del
concepto de autonomía, que implica un cambio sustancial en las
relaciones centro-periferia, debe en todo caso ser entendida dentro del
marco general del Estado unitario. De esta forma, a la ley corresponderá
definir y defender los intereses nacionales, y para ello puede intervenir en
los asuntos locales, siempre que no se trate de materias de competencia
exclusiva de las entidades territoriales. En cualquier caso, hay que tener en
cuenta que de lo que se trata es de armonizar los distintos intereses, y no
simplemente de delimitarlos y separarlos. Por esto, generalmente las
competencias que se ejercen en los distintos niveles no son excluyentes. Por el
contrario dichas competencias, como lo señala la propia Constitución, deben
ejercerse dentro de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad”. (Se Subraya) […]
V.5.2.1. Principio de autonomía de las entidades territoriales
El artículo 286 constitucional establece: “Son entidades territoriales los
departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley
podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que
se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley.”
Por su parte, el artículo 287 prevé:
“Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud
tendrán los siguientes derechos:
1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que les correspondan.
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
4. Participar en las rentas nacionales.”
Del artículo transcrito se infiere que, en virtud de la autonomía de que gozan las
entidades territoriales para la gestión de sus propios intereses, son titulares de
determinados derechos; pero, al mismo tiempo, dicha autonomía es limitada,
por cuanto el artículo establece que ésta deberá ser ejercida dentro de los
límites de la Constitución y la Ley.
Un estudio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional permite advertir que
dicha Corporación otorgó a los derechos contenidos en el artículo 287 de la
Constitución Política el calificativo de núcleo esencial o reducto mínimo
indisponible de la autonomía territorial en Colombia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
En efecto, dicha Corporación en la sentencia C-517 de 199229 consideró: “En
principio y hasta tanto no se expida la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
de la que habla el art. 288 de la Constitución, el núcleo o reducto mínimo de la
autonomía está constituido por los derechos y competencias que la propia
Carta atribuye de manera general a las distintas entidades territoriales y de
manera especial a cada una de ellas a través de todo el texto normativo.”
(Se destaca)
[…] La postura jurisprudencial de la sentencia C-517 de 1992 es reiterada en las
sentencias C-004 de 1993 y C-216 de 1994. Sin embargo, en el año 1996, la
Corte Constitucional en la sentencia C-33530, distinguió entre los intereses
nacionales, aquellos que deben ser gestionados por el poder central, porque
afectan a toda la Nación y, por otro lado, los intereses locales o sectoriales
que afectan solamente y de forma directa a los entes territoriales. En
concordancia con lo anterior, sostuvo:
6- El contenido esencial de la autonomía se liga así a la "gestión de los
propios intereses", y por ello ha sido entendido como el derecho a participar
a través de órganos propios, en la administración y el gobierno de los
asuntos de interés local. Al conferirse a las localidades la gestión de su
propios asuntos se está reservando al poder central las cuestiones que atañen
con un interés nacional, por lo cual, en aras de salvaguardar este último y de
proteger el principio unitario, le compete al legislador la regulación de las
condiciones básicas de la autonomía local. Sin embargo, el reconocimiento de la
diversidad hecho a través de la consagración del principio de autonomía, lleva
necesariamente al respeto del núcleo esencial de ésta, pues no puede
darse un tratamiento idéntico, a través de regulaciones generales,
unificadas y homogéneas, a localidades y territorios indígenas con
características muy distintas y con derecho de participar a través de sus
propios órganos en la administración de sus propios asuntos.
El núcleo esencial de la autonomía está constituido, entonces, en primer
término, por aquellos elementos indispensables a la propia configuración
del concepto, y especialmente por los poderes de acción de que gozan las
entidades territoriales para poder satisfacer sus propios intereses. En este
orden de ideas, es derecho de las entidades territoriales ejercer las
competencias que les corresponden (CP. art. 287), pues sin ellas ninguna
acción autónoma es posible. En segundo lugar encontramos, la inviolabilidad
por parte del legislador, de la facultad de las entidades territoriales de
gobernarse por autoridades propias (CP art. 287). Debe protegerse el derecho
de cada entidad territorial a autodirigirse en sus particularidades a través del
respeto de la facultad de dirección política que ostentan.
7- El núcleo esencial de la autonomía es indisponible por parte del
Legislador, por lo cual la Constitución ha establecido una garantía
institucional a la misma, pues el principio autonómico es un componente
esencial del orden constitucional, por lo cual su preservación es necesaria
para el mantenimiento de la identidad misma de la Carta. Por ello la
Constitución asegura la existencia de la autonomía -y de otras instituciones y
principios que gozan también de garantía institucional- estableciendo un
29
M.P. Ciro Angarita Barón
30
M.P. Alejandro Martínez Caballero
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
núcleo o reducto indisponible por parte del legislador. Así, si bien la
autonomía territorial puede estar regulada en cierto margen por la ley, que
podrá establecer las condiciones básicas de la misma, en aras de salvaguardar
el interés nacional y el principio unitario, la Constitución garantiza que el
núcleo esencial de la autonomía será siempre respetado.”
En la sentencia C-010 de 201331, la Corte Constitucional reiteró que el núcleo
esencial de la autonomía territorial lo constituye las potestades reconocidas en
el artículo 287 constitucional y para ese fin, explicó en detalle cada uno de los
elementos que componen ese núcleo esencial así:
-Elementos que componen el núcleo esencial de la autonomía territorial
• Potestad para gobernarse por autoridades propias
En cuanto a la potestad para gobernarse por autoridades propias expresó que
“con el reconocimiento de esta facultad de las entidades territoriales, el
constituyente de 1991 buscó la ruptura de las tutelas jerárquicas, y
permitir a los territorios gobernarse por funcionarios elegidos por sus
propios habitantes. Las autoridades propias previstas por la Constitución
para los departamentos son las asambleas (artículo 299 C.P.) y el gobernador
(artículo 303 C.P.), mientras en el municipio son el concejo (artículo 312 C.P.) y
el alcalde (314 C.P.), entre otras.” (Se destaca)
Es decir, esta facultad se trata del derecho que tienen los ciudadanos que
habitan la respectiva entidad territorial a elegir a sus propias autoridades, a sus
propios gobernantes. La Carta Política de 1991 incorporó la elección popular de
gobernadores y ratificó el mismo sistema para los alcaldes, el cual había sido
introducido en la reforma constitucional de 1986.
• Potestad para ejercer las competencias que les corresponden
En relación con la facultad para ejercer las competencias que les corresponden,
en la sentencia en cita, la Corte Constitucional manifestó:
“El artículo 298 C.P. reconoce la autonomía de los departamentos “para la
administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del
desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos
por la Constitución”. A su turno, el artículo 311 C.P. dispone que el
municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa
del Estado, “(…) le corresponde prestar los servicios públicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”, es decir,
es encargado de las responsabilidades más importantes en materia de
servicios y promoción del desarrollo. Además, es importante mencionar que
fue un propósito deliberado de los constituyentes descentralizar la prestación de
los servicios de salud y educación, fundamentales para la construcción de
capital humano y para la erradicación de la pobreza.
31
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
A su vez, la Corte Constitucional ha entendido que en virtud del derecho de las
entidades territoriales a gestionar sus intereses, éstas tienen por ejemplo la
potestad de expedir regulaciones sobre los asuntos particulares de su
competencia, dentro de los parámetros que señale la ley. En este orden de
ideas, la intervención del poder central en los asuntos locales debe ser
excepcional y debe estar plenamente justificada.” (Se subraya y se resalta)
[…] Respecto de las entidades territoriales, la Constitución hizo un reparto
exhaustivo de competencias, en especial, para los departamentos y los
municipios; no sucedió lo mismo con los Distritos, las provincias y las
regiones.
En cuanto a los municipios, la Constitución Política les atribuye competencias en
diversos artículos. El 287 establece una serie de funciones para las entidades
territoriales en general, y los artículos 311, 313 y 315 hacen una enumeración
taxativa de sus funciones. Por su parte, para el caso de los Departamentos,
estas competencias están previstas en los artículos 298, 300, 301, 302 y 305 de
la Constitución Política.
[…] Los Municipios, de acuerdo con el artículo 2º del Decreto 1333 de 1986,
tienen por finalidad prestar los servicios a su cargo, promover el desarrollo de
sus territorios y el mejoramiento socio-cultural de sus habitantes, asegurar la
participación efectiva de la comunidad en el manejo de los asuntos públicos de
carácter local y propiciar la integración regional.
[…] De conformidad con lo anterior, es dable concluir que el núcleo esencial de
la autonomía territorial está conformado por aquel reducto mínimo, indisponible
por parte del legislador, que consiste en la facultad de las entidades territoriales
de gestionar sus propios intereses, el cual se delimita mediante las potestades
previstas en el artículo 287 de la Constitución Política; esto es: (i) gobernarse
por sus propias autoridades; (ii) ejercer las competencias que les corresponden;
(iii) establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; y
(iv) administrar sus recursos y participar de las rentas nacionales […]” (Subrayas
de la Sala).
92. De este modo, para lograr la armonización del principio de autonomía de
los entes territoriales y el principio de organización territorial unitaria del Estado,
se debe tener en cuenta que, según el artículo 287 constitucional, la autonomía
de las entidades territoriales se ejerce “dentro de los límites de la Constitución y la
ley”; por tanto, se sujeta a la existencia de parámetros uniformes del orden
nacional y de unas competencias subordinadas a la ley, que permiten la unidad
en todos los ramos de la legislación, incluido el ordenamiento territorial; así como
en la posibilidad de intervenciones puntuales que desplacen, incluso, a las
entidades territoriales en asuntos que de ordinario se desenvuelven en la órbita
de sus competencias, pero en relación con los cuales existe un interés nacional
de superior entidad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
93. Por otra parte, en virtud de la autonomía para la gestión de sus intereses,
las entidades territoriales son titulares de determinados derechos de rango
constitucional, entre ellos, el de ejercer las competencias que les
correspondan, que constituyen parte del reducto mínimo indisponible de la
autonomía territorial en Colombia, o núcleo esencial, en los términos de la
jurisprudencia transcrita. Asimismo, le compete al legislador establecer las
condiciones básicas de la autonomía territorial, en aras de establecer los
mecanismos para el ejercicio de las competencias en las cuales concurren el
interés nacional y el principio unitario con la autonomía territorial, garantizando
que el núcleo esencial de dicha autonomía será siempre respetado.
94. Como quedó dicho en precedencia, el reducto mínimo indisponible de la
autonomía territorial se compone por el derecho de ejercer las competencias que
les correspondan, de conformidad con el numeral 2.° del artículo 287
constitucional; entre ellas, las que establece la propia constitución en los artículos
311 y 315, y para el caso bajo estudio de la Sala, las de ordenar el desarrollo de
su territorio, y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes; reglamentar los
usos del suelo dentro de los límites que fije la Ley.
95. Visto el artículo 288 de la Constitución Política, la distribución de
competencias entre la Nación y las entidades territoriales en materia de
ordenamiento del territorio está dada por lo que establezca la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial.
96. Ahora bien, estas potestades constitucionales, tienen desarrollo legislativo
en cuanto al ordenamiento del territorio en la Ley 388.
97. En particular, frente al ordenamiento territorial y la reglamentación del uso
del suelo, establecido en la Ley 388 como atribución de las autoridades
municipales y distritales, la Corte Constitucional, en sentencia C-145 de 2015,
señaló:
“[…] En relación con el uso y desarrollo del territorio, la Ley 388 de 1997
actualizó las normas existentes sobre planes de desarrollo municipal (Ley 9ª de
1989) y el sistema nacional de vivienda de interés social (Ley 3ª de 1991), con
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
la finalidad de fijar mecanismos para que los municipios, en ejercicio de su
autonomía, organicen su territorio, el uso equitativo y racional del suelo y la
preservación y defensa del patrimonio ecológico localizado en su jurisdicción.
Dentro de ese contexto, la ley define el plan de ordenamiento territorial (POT)
como “el conjunto de objetivos, directrices políticas, estrategias, metas,
programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo” 32, e instituye los
denominados planes parciales, que son aquellos instrumentos que desarrollan y
complementan las normas que integran los planes de ordenamiento territorial
cuando se trata de determinadas áreas del suelo urbano, áreas incluidas en el
suelo de expansión urbana y aquellas que deban desarrollarse mediante
unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas
especiales33.
Con el objetivo de establecer mecanismos que permitan al municipio, en
ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso
equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de
desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones
urbanísticas eficiente (artículo 1 numeral 2), la Ley 388 de 1997 ordena la
adopción obligatoria de planes de ordenamiento territorial y prohíbe a los
agentes públicos o privados la realización de actuaciones urbanísticas por
fuera de las previsiones contenidas en éstos, en los planes parciales y, en
general, en las normas que los complementan y adicionan34.
En relación con las acciones urbanísticas, el artículo 8 de la Ley 388 de 1997,
[…], señala puntualmente cuáles son y precisa que deben estar incorporadas o
autorizadas por los planes de ordenamiento territorial. Esta disposición consagra
que “La función pública del ordenamiento del territorio municipal o distrital se
ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales,
referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les
son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en
los usos del suelo” y dentro de las acciones urbanísticas que deben autorizarse
por los planes de ordenamiento están:
“1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte,
los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos
sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de interés
público y social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y
lugares análogos.”,
[…] 5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la
localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra
forma presenten condiciones insalubres para la vivienda.
32
Artículo 9
33
Artículo 19
34
Artículo 20 y 21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
6. Determinar las características y dimensiones de las unidades de actuación
urbanística, de conformidad con lo establecido en la presente ley.
7. Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés
social.
8. Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción
prioritaria.
9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los
servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la
entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes.
10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de
utilidad pública o interés social, de conformidad con lo previsto en la ley.
11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de
desastres, así como las áreas con fines de conservación y recuperación
paisajística.
12. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del
municipio, de común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva
jurisdicción, para su protección y manejo adecuados.
13. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras
urbanas.
14. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento
del territorio. (Subrayas añadidas).
[…] En este sentido, cabe resaltar que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley
388 de 1997, la función de ordenamiento del territorio a nivel local se cumple,
entre otras formas, mediante la acciones urbanísticas de localizar y señalar las
características de los equipamientos de servicios de interés público y social,
tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos y
dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los
servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la
entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las
leyes[…]”35 (negrilla con subraya de la Sala).
98. Visto el numeral 2°. del artículo 287 constitucional, sobre el derecho de las
entidades territoriales de ejercer las competencias que les correspondan, ello
opera en concordancia con los artículos 311 y 313 numerales 2.° y 7.° de la
Constitución Política, referentes a construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, adoptar los correspondientes planes y
35
CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. Consejero
ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA. Sentencia de veinte (20) de mayo de dos mil cuatro (2004).
Radicación número: 25000-23-24-000-2000-00359-01(7033). Actor: Roberto Uribe Pinto y otro.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
programas de desarrollo económico y social y de obras públicas, y reglamentar
los usos del suelo.
99. Vistos los numerales 3.°, 7.° y 8.° del artículo 8 de la Ley 38836, establecen
que la función pública del ordenamiento del territorio municipal “se ejerce
mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida
a las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son
propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los
usos del suelo”, entre otras: Estableciendo la zonificación y localización de las
actividades residenciales, y definiendo los usos específicos, intensidades de uso,
las cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las
edificaciones y demás normas urbanísticas; calificar y localizar terrenos para la
construcción de viviendas de interés social; y calificar y determinar terrenos como
objeto de desarrollo y construcción prioritaria”.
Competencia de los concejos municipales en materia de ordenamiento
territorial
100. De estas disposiciones, acorde con la jurisprudencia que analizó su
constitucionalidad, se puede señalar que:
101. Les corresponde a los Concejos37 municipales en los términos del artículo
313, numeral 7, de la Constitución Política reglamentar el uso del suelo, lo que
36
Los artículos 1 y 3 de la Ley 388 de 1997, no establecen competencias propias de los municipios o distritos, sino
que refieren los objetivos de la citada ley, entre ellos, establecer mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio
de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio; garantizar que la utilización del suelo por parte de sus
propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la
vivienda; promover la armoniosa concurrencia de la Nación y las entidades territoriales en el cumplimiento de las
obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes; facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las
cuales confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política urbana
nacional; mientras que el artículo 3 de la misma ley establece que el ordenamiento del territorio constituye en su
conjunto una función pública, para el cumplimiento de fines como: Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías
públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos
los derechos constitucionales de la vivienda; atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras
del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad.
37
Sobre el particular la jurisprudencia precisa:"[L]as normas que acaban de citarse otorgan unas
facultades amplias a las autoridades del Distrito, en particular al Concejo Distrital y naturalmente al
alcalde, para reglamentar el uso del suelo, de manera que existe una facultad constitucional sobre
la materia, cuyo ejercicio no puede ser obstaculizado mediante la oposición de situaciones
jurídicas que se pretendan intangibles, de carácter individual, de un sector de la comunidad”
Consejo de Estado, Sentencia de noviembre 16 de 2.000, expediente núm. 3318, M.P. Manuel
Santiago Urueta Ayola.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
implica que tienen por función la de regular el proceso de urbanización y la
construcción de vías, de acuerdo con las normas urbanísticas estructurales y
generales que para el efecto identifica el artículo 15 de la Ley 388.
102. El Plan de Ordenamiento Territorial es el instrumento básico para
desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal, definido por el
artículo 9 de la Ley 388 como el: "[…] conjunto de objetivos, directrices, políticas,
metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo [...]".
103. Respecto a la importancia del POT la Corte Constitucional se expresó, así:
"[…] Como puede observarse, la existencia del Plan de Ordenamiento Territorial,
como su nombre lo indica, es fundamental para una adecuada organización del
municipio y para la ejecución de obras indispensables con miras al desarrollo
social y comunitario, de donde se desprende que la falta de plan viene a impedir el
progreso y el crecimiento organizado y planificado del municipio o distrito,
llegando a paralizar la realización de muchos proyectos que se requieren en
distintos campos.[…]"38. (Subrayas fuera del texto)
104. Es precisamente de esta necesidad que a los municipios les compete
adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial con el fin de determinar, además de
los usos del suelo, establecer el equipamiento que ha de considerarse para el
desarrollo sostenible de la ciudad.
Marco normativo de las prácticas restrictivas a la libre competencia
105. Visto el artículo 333 de la Constitución, sobre la libre competencia
económica, señala que es un derecho de todos que supone responsabilidades:
“[…] Artículo 333. La libertad económica y la libre iniciativa privada son libres,
dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir
permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia es
un derecho de todos que supone responsabilidades […]”.
106. En este sentido, la Corte Constitucional39 dispuso que: “[…] La libertad de
competencia (…), acontece cuando un conjunto de empresarios o de sujetos
38 Corte Constitucional, Sentencia C-051 de enero 24 de 2.001. Magistrado Ponente: José
Gregorio Hernández.
39
“[…] Corte Constitucional; sentencia C- 032 de 2017 de 25 de enero de 2017; M.P. Alberto Rojas Ríos […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
económicos, bien se trate de personas naturales o jurídicas, dentro de un marco
normativo y de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos o recursos a la
conquista de un mercado de bienes y servicios en el que operan otros sujetos con
intereses similares. Se trata propiamente de la libertad de concurrir al mercado
ofreciendo determinados bienes y servicios, en el marco de la regulación y en la
ausencia de barreras u obstáculos que impidan el despliegue de la actividad
económica lícita que ha sido escogida por el participante […]”.
107. El contenido del derecho a la libre competencia, ha sido precisado, en los
siguientes términos:
“[…] La libre competencia, por su parte, consiste en la facultad que tienen todos
los empresarios de orientar sus esfuerzos, factores empresariales y de producción
a la conquista de un mercado, en un marco de igualdad de condiciones. Según la
jurisprudencia constitucional, esta libertad comprende al menos tres
prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las
condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, y (iii) la posibilidad
de contratar con cualquier consumidor o usuario. En este orden de ideas, esta
libertad también es una garantía para los consumidores, quienes en virtud de ella
pueden contratar con quien ofrezca las mejores condiciones dentro del marco de la
ley y se benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en términos de
precio y calidad de los bienes y servicios, entre otros 40 […]” .
108. Para la Corte Constitucional la libre competencia económica es un derecho
de todos y por lo tanto de carácter colectivo que supone la “[…] libertad de
concurrir al mercado ofreciendo determinados bienes y servicios, en el marco de
la regulación y en la ausencia de barreras u obstáculos que impidan el despliegue
de la actividad económica lícita que ha sido escogida por el participante […]41”.
Ahora bien, el ejercicio de la libertad económica no es absoluto. Este encuentra
su verdadera definición en los límites que le dan sentido, a saber: (i) la
responsabilidad social en el ejercicio de la libertad de empresa; y, (ii) la protección
de la competencia en sí misma considerada. Estos límites justifican la
intervención del Estado en el mercado, que es más intensa cuando se trata de la
prestación de servicios públicos, y cuando apunta a la corrección de
desigualdades, inequidades y demás comportamientos lesivos para la satisfacción
40
“[…] Corte Constitucional; sentencia C- 032 de 2017 de 25 de enero de 2017; M.P. Alberto Rojas Ríos […]”.
41
“[…] Corte Constitucional; sentencia C- 063 de 2021 de 18 de marzo de 2021; M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar
[…]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
de garantías constitucionales42.
109. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional ha sido clara en señalar, que
la libre competencia es un derecho cuyo ejercicio conlleva limitaciones
relacionadas con la introducción de excepciones y restricciones a quienes
concurran al mercado a ejercer su derecho:
“[…] La Corte Constitucional ha sido clara en señalar, que la libre competencia es
un derecho cuyo ejercicio conlleva limitaciones, relacionadas entre otros elementos,
con la introducción de excepciones y restricciones a quienes concurran al
mercado a ejercer su derecho. Así en la Sentencia C-616 de 2001 señaló:
La Constitución contempla la libre competencia como un derecho. La existencia del
mismo presupone la garantía de las mencionadas condiciones, no sólo en el ámbito
general de las actividades de regulación atenuada, propias de la libertad
económica, sino también en aquellas actividades sujetas a una regulación intensa
pero en las cuales el legislador, al amparo de la Constitución, haya previsto la
intervención de la empresa privada.
Se tiene entonces que, por un lado, a la luz de los principios expuestos, el Estado,
para preservar los valores superiores, puede regular cualquier actividad económica
libre introduciendo excepciones y restricciones sin que por ello pueda decirse que
sufran menoscabo las libertades básicas que garantizan la existencia de la libre
competencia. Por otro lado dichas regulaciones sólo pueden limitar la libertad
económica cuando y en la medida en que, de acuerdo con los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, ello sea necesario para la protección de los
valores superiores consagrados en la Carta […]” .43
110. De este modo, se ha establecido un marco jurídico para la salvaguarda de
la libre competencia en los diferentes mercados, estableciendo, por ejemplo,
prohibiciones genéricas, la vigilancia especial de algunas empresas, las
facilidades de intervención del Estado y la obligación que tienen algunas
empresas de rendir informes a la Superintendencia de Industria y Comercio, de
modo que las disposiciones sobre protección de la competencia abarcan, entre
otros aspectos, lo relativo a prácticas comerciales restrictivas, es decir acuerdos,
actos y abusos de posición de dominio, y el régimen de integraciones
empresariales.
111. En Colombia, el deber de control y vigilancia sobre las empresas que
gozan de una posición dominante en el mercado surgió con la expedición de la
42
“[…] Corte Constitucional; sentencia C- 063 de 2021 de 18 de marzo de 2021; M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar
[…]”.
43
“[…] Corte Constitucional; sentencia C- 032 de 2017 del 25 de enero de 2017; M.P. Alberto Rojas Ríos […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
Ley 155 de 1959. Luego, la Constitución Política de 1991 elevó a rango
constitucional el deber del Estado de impedir las prácticas restrictivas de la
competencia como: (i) una garantía constitucional de la libertad de empresa; (ii)
un instrumento para el impulso del desarrollo económico y (iii) un mecanismo de
protección del interés público. En efecto, el constituyente reconoció que es posible
que algunos mercados, entre ellos el de los servicios públicos domiciliarios,
operen en condiciones de competencia imperfecta, es decir, que en ellos
participen agentes que tienen la capacidad de alterar el precio con sus decisiones
de compra o producción, y por esta vía impedir la asignación eficiente de los
recursos44.
112. Así, el artículo 333 de la Constitución Política parte del supuesto de que es
posible que existan personas o empresas que se encuentren en posición
dominante respecto de un mercado, y ordena al Estado que haga uso de la ley
para impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica, y evite o
controle el abuso de la posición dominante que puedan tener algunos agentes en
los mercados locales45.
113. La Corte Constitucional, en la sentencia C-228 de 2010, reiterada en las
sentencias C-830 de 2010, C-263 de 2011, C-032 de 2017, C-284 de 2017 y C-
265 de 2019, caracterizó el modelo de economía social de mercado que rige para
el Estado colombiano, en los siguientes términos:
“[…] El Estado Constitucional colombiano es incompatible tanto con un modelo del
liberalismo económico clásico, en el que se proscribe la intervención estatal, como
con modalidades de economía de planificación centralizada en las que el Estado es
el único agente relevante del mercado y la producción de bienes y servicios es un
monopolio público. En contrario, la Carta adopta un modelo de economía social de
mercado, que reconoce a la empresa y, en general, a la iniciativa privada, la
condición de motor de la economía, pero que limita razonable y proporcionalmente
la libertad de empresa y la libre competencia económica, con el único propósito de
cumplir fines constitucionalmente valiosos, destinados a la protección del interés
general […]”.
El derecho a la libre competencia no es absoluto.
44
“[…] Corte Constitucional; sentencia C- 063 de 2021 de 18 de marzo de 2021; M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar
[…]”.
45
“[…] Corte Constitucional; sentencia C- 063 de 2021 de 18 de marzo de 2021; M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar
[…]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
114. El contenido del derecho a la libre competencia, ha sido precisado, en los
siguientes términos:
115. Si bien los textos normativos citados pregonan la libertad económica y de
empresa en el sector y la competencia en el mercado de los servicios públicos, en
esas mismas normas se evidencia que estos derechos no son absolutos, sino que
se encuentran limitados por la eficaz protección del interés público y el
cumplimiento de la finalidad social del Estado.
116. En criterio de la Corte Constitucional, la libre competencia económica es un
derecho individual y también colectivo (artículo 88 de la Constitución), que tiene por
objeto el logro de un estado de competencia real, libre y no falseada, que permita la
obtención del lucro individual para el empresario, a la vez que genere beneficios
para el consumidor con bienes y servicios de mejor calidad, con mayores garantías
y a un precio real y justo. Es por ello que el ejercicio de tal derecho impone la
actuación del Estado, quien no actúa sólo como garante de los derechos
económicos individuales, sino como corrector de las desigualdades sociales que se
derivan del ejercicio irregular o arbitrario de tales libertades.46
117. También ha precisado la Corte, en sentencia C - 815 de 2 de agosto de
2001, que: “[…] la protección a la libre competencia económica tiene también
como objeto, la competencia en sí misma considerada, es decir, más allá de
salvaguardar la relación o tensión entre competidores, debe impulsar o promover
la existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el derecho a la
libre elección de los consumidores, y le permita al Estado evitar la conformación
de monopolios, las prácticas restrictivas de la competencia o eventuales abusos
de posiciones dominantes que produzcan distorsiones en el sistema económico
competitivo. Así se garantiza tanto el interés de los competidores, el colectivo de
los consumidores y el interés público del Estado […]”.
118. Para la Sala el derecho de la libre competencia económica no es absoluto
ni tampoco impide la intervención del Estado, por cuanto su ejercicio está limitado
por la protección del interés público o colectivo y el cumplimiento de los fines
sociales del Estado, tal como se encuentra previsto en los artículos 333, 334, 365
46 Al respecto ver sentencia C 616 de 13 de junio de 2001.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
y 367 de la Constitución Política; en consecuencia, el legislador, por razones de
interés público y dentro de los parámetros establecidos en la propia Constitución,
está facultado para imponer limitaciones a la libre competencia, a la libre iniciativa
privada y a la libertad de empresa, que establece la misma Carta Política.
119. La imposición de límites a los derechos constitucionales ha sido admitida por
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 47 así ha señalado que la “[…] libre
competencia no puede erigirse en derecho absoluto ni en barrera infranqueable
para la actividad de intervención del Estado”, puesto que ésta debe darse por
mandato de la ley “[…] todo lo cual implica indudables limitaciones, correctivos y
controles para la iniciativa particulares […]”, en cuanto que su propósito es ““[…]
realizar los fines esenciales del Estado, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución[…]”. A juicio de la Corte ““[…] la libre competencia económica no
excluye en modo alguno la ingerencia de del Estado para alcanzar fines que le son
propios […]”.
Análisis del caso concreto
120. La Sala, por razones de metodología, analizará los argumentos del recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante, como se indica a continuación:
i) infracción del artículo 69 de la Ley 489 y; iii) vulneración del artículo 87 de la Ley
489.
121. En el asunto sub lite, el examen de las pruebas documentales obrantes en
el expediente, es demostrativo de los siguientes hechos:
122. En los artículos 227 y 332 del Acuerdo núm. 069 de 2000, por medio del
cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de
Cali, el concejo municipal estableció la necesidad de un plan de renovación
urbana en algunos sectores de la ciudad, cualificando las condiciones físico
espaciales y sociales del Centro Tradicional y el Centro Urbano – Regional de la
ciudad, como también en otras áreas definidas en el POT. En el artículo 332
ibidem, se dispone que en la ejecución de estas actuaciones el Municipio de
47 Corte Constitucional, Sentencia C-398 de 7 de septiembre de 1995.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
43
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
Santiago de Cali concurrirá, a través de la Empresa de Renovación Urbana en
coordinación con otras dependencias de la administración municipal.
123. Mediante Resolución núm. 021 de 20 de noviembre de 2000 48, la Comisión
de Plan y Tierras del Concejo del Municipio de Santiago de Cali rindió informe en
el que señaló que aprobó en primer debate el proyecto de Acuerdo por medio del
cual se reforma la estructura de la administración central y descentralizada, las
funciones de sus dependencias, se crea la Empresa de Renovación Urbana E.I.C.
y se dictan otras disposiciones.
124. El Concejo Municipal de Santiago de Cali autorizó al alcalde municipal en el
artículo 29 literal c) del Acuerdo núm. 70 de 19 de diciembre de 2000 para crear
una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal para que
ejecutara acciones urbanas integrales y desarrollara los programas y proyectos
derivados de las políticas y estrategias contenidas en el Plan de Ordenamiento
Territorial del municipio y normas contenidas en el artículo 113 de la Ley 388.
125. Mediante el Decreto núm. 084 de 4 de marzo de 200249, el alcalde del
Municipio de Santiago de Cali creó la Empresa Municipal de Renovación Urbana
E.I.C. debido a la necesidad de implementar y ejecutar un plan de renovación
urbana en algunos sectores de la ciudad identificada en el Plan de Ordenamiento
Territorial.
126. A través de la Resolución núm. 01 de 2 de diciembre de 2002, la Junta
Directiva de la Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C. adoptó los
estatutos de la empresa50.
127. Mediante Resolución núm. 02 de 18 de noviembre de 2004, la Junta
Directiva de la empresa municipal de renovación urbana E.I.C. resolvió adicionar
las funciones y facultades previstas en el artículo 8 de los estatutos para: “[…] 18.
Celebrar convenios interadministrativos o contratos de interventoría de obra,
relacionados con procesos de renovación urbana, conforme a los objetivos de la
48
“[…] Por medio de la cual se rinde un informe de Comisión […]”.
49
Publicado en el Boletín Oficial núm. 143 de 6 de marzo de 2002.
50
Folio 25 del cuaderno núm.2 del expediente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
44
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
empresa, con otras entidades del sector público o privado y cobrar honorarios,
comisiones o cualquier tipo de remuneración, que su gestión genere[…]”51.
128. El 18 de noviembre de 2008, el alcalde municipal de Santiago de Cali, el
Secretario de Infraestructura y Valorización del Municipio celebraron el contrato
interadministrativo núm. 4151.0.27.1.004-08 con el gerente de la EMPRESA
MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C. cuyo objeto fue: “[…] Administrar
la realización de los ajustes a los Diseños y Estudios complementarios de algunas
de las obras, que conforman el respectivo plan de obras, adoptado mediante el
Acuerdo 0241 de 2008[…]”. El valor del contrato era de $3.537.594.352 que
serían pagados por el ente territorial a la Empresa de Renovación Urbana 52.
129. La parte demandante allegó el listado de contratos suscritos con
contratistas para 21 obras año 2007, 2008 y 2009, anexos núm. 1, 2 y 3
respectivamente53.
130. El 3 de diciembre de 2009, el señor Néstor Herrera Valencia solicitó al
Concejo del Municipio de Santiago de Cali copia del estudio demostrativo exigido
por el artículo 69 de la Ley 489 de 1998 para la creación de la Empresa Municipal
de Renovación Urbana E.I.C.54.
131. El 14 de diciembre de 200955, el jefe de la oficina de archivo y
correspondencia del Concejo del Municipio de Santiago de Cali informó que una
vez revisados los archivos que dieron origen a la aprobación del Acuerdo núm.
070 de 200056 no se encontró ningún estudio demostrativo.
132. La parte demandante allegó al expediente copia del control de publicación
de Contratos de la Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C., boletín núm.
1, del 12 de julio de 2010 hasta el 30 de julio de 2010; Boletín núm. 2 del 2 de
agosto de 2010 al 20 de agosto de 2010; Boletín núm. 3 del 23 de agosto de 2010
51
Folio 26 del cuaderno núm. 2 del expediente.
52
Folio 39 del cuaderno núm. 1 del expediente.
53
Folios 52 a 67 del cuaderno núm. 1 del expediente.
54
Folio 34 del cuaderno núm. 1 del expediente.
55
Folio 35 del cuaderno núm. 1 del expediente.
56
“[…] Por medio del cual e reforma el Acuerdo 01 de 1996 la estructura de la administración central y
descentralizada y se dictan otras disposiciones […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
al 30 de septiembre de 2010, y Boletín núm. 4 del 1 de octubre al 15 de octubre
de 201057.
133. El 11 de marzo de 2010, la Contralora General del Municipio de Santiago
de Cali emitió una comunicación de acción preventiva dirigida al alcalde de dicho
municipio sobre los convenios interadministrativos realizados por su
administración con la Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C en la que
señaló: i) en abril de 2009, la entidad emitió informe con un hallazgo con
incidencia disciplinaria en el que se dispuso que el contrato interadministrativo
núm. 4151.0.27.1.004-08 no contó con los estudios técnicos y financieros que
indiquen que si es procedente suscribir este tipo de contrato lo que infringe el
artículo 25 numeral 12.° y el artículo 26 de la Ley 80 de 1993; ii) En septiembre de
2009, el organismo de control señaló que para el caso de los contratos núm.
4162.0.14.10.163 y 4162.0.14.10.117 las funciones de la empresa de renovación
urbana están relacionadas con programas de renovación urbana y no con el
objeto contractual (obras para el mantenimiento de escenarios deportivos); iii) el
23 de diciembre de 2009, la Contralora General de Santiago de Cali expidió
informe en el que evalúo el contrato interadministrativo núm. 4151.0.27.1.004-08
en el que concluyó:
"[…] En tal sentido, y teniendo en cuenta los preceptos normativos antes citados, la
comisión se adentró en el análisis del Decreto 084 Bis de marzo 4 de 2002 "POR
EL CUAL SE CREA UNA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL EN EL
MUNICPIO DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES",
donde en su artículo 2 y 3 se establecen el objeto y las funciones y facultades para
ésta así: (...) La anterior normatividad permitió determinar que para la celebración
del contrato interadministrativo 4151.0.27.1.004-08, suscrito entre el Municipio de
Santiago de Cali - Secretaria de Infraestructura y Valorización y la Empresa
Municipal de Renovación Urbana EMRU E.I.C., se cumplen los presupuestos de
que trata el artículo 20 núm. 4 literal c y la doctrina administrativa antes señalada,
en el entendido de que los contratos interadministrativos deben celebrarse entre
dos entidades públicas con capacidad ínter administrativas, que para el caso que
nos asiste se trata del Municipio de Santiago de Cali Secretaría de Infraestructura y
Valorización y la EMRU E.I.C., como se desprende del Decreto de creación de esta
última y de lo consagrado en el artículo 2 numeral 4 literal c de la plurimencionada
Ley 1150 de 2007, toda vez que revisado el artículo 2 y 3 del Decreto 084 Bis de
marzo 4 del 2002, las obligaciones derivadas de los mismos (el contrato) tienen
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora, es decir de la EMRU E.I.C.
[…]”58.
57
Folios 68 a 75 del cuaderno núm. 1 del expediente.
58
Folios 76 a 86 del cuaderno núm.1 del expediente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
46
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
134. La parte demandante allegó copia de la columna de opinión escrita por
Emilio Sardi publicada el 19 de octubre de 2010 en la página web del periódico El
País titulada "Renovación"59 y de la nota de prensa titulada "El Concejo de
Santiago de Cali devuelve iniciativa del alcalde por estar incompleta", tomado de
la página web del Concejo de Cali el 20 de abril de 200960.
De la infracción del artículo 69 de la Ley 489
135. La parte demandante señaló en el recurso de apelación que no existe
prueba que demuestre que el Concejo del Municipio de Cali, para la creación de
la Empresa Municipal de Renovación Urbana E. I. C. realizó un estudio
demostrativo, que justificara su iniciativa, creación, viabilidad económica y el
cumplimiento de los principios administrativos contenidos en el artículo 209 de la
Constitución, sin embargo, el Concejo Municipal de Cali tramitó el mismo.
136. Para abordar el análisis de este cargo, en primer lugar, la Sala precisa que
la motivación de los actos administrativos es un elemento necesario para su
validez. En ese sentido, todo acto deberá expresar o consignar las razones de
hecho y de derecho que sustentan su expedición conforme lo prevé el artículo 35
del Código Contencioso Administrativo.
137. Al respecto, esta Sección señaló el criterio atinente a la motivación de los
actos administrativos como presupuestos de su validez, así:
“[…] la validez del acto administrativo depende, entre otros elementos, de que
los motivos por los cuales se expide sean ciertos, pertinentes y tengan
el mérito suficiente para justificar la decisión que mediante el mismo se
haya tomado, valga decir, que correspondan a los supuestos de hecho y
de derecho jurídicamente necesarios para la toma de la decisión de que
se trate, y que se den en condiciones tales que conduzcan a adoptar una y
no otra determinación, por lo que se trata de un requisito material, en cuanto
depende de la correspondencia de lo que se aduzca en el acto
administrativo como motivo causa del mismo, con la realidad jurídica y/o
fáctica del caso.
[…] La motivación constituye, entonces, uno de los elementos
esenciales o fundamentos de legalidad del acto administrativo, a tal
punto que cuando se pretermite, o cuando se demuestra que las razones
59
Folio 87 del cuaderno núm.1 del expediente.
60
Folio 88 del cuaderno núm.1 del expediente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
47
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
que sustentan la decisión no son reales, no existen o están
distorsionadas, se presenta un vicio que lo invalida.
Ahora bien, teniendo en cuenta la presunción de legalidad de la cual goza el
acto administrativo, concierne a quien pretende desvirtuarlo por la causal de
falsa motivación demostrar el vicio en el elemento causal de la decisión, es
decir, la inexistencia o el error de los antecedentes de hecho y derecho que
facultan su expedición o, en otras palabras, que lo expresado en el acto
administrativo no corresponde a la realidad […]”.61 (Negrillas de la Sala).
138. En otra sentencia, esta Corporación señaló que las circunstancias o
razones de hecho y de derecho que determinan la expedición del acto y el
contenido o sentido de la respectiva decisión, incluso aunque no se mencione
expresamente, pueden estar contenidos en los antecedentes de los actos
(documentos, estudios, informes, actas, etc…):
“[…] La motivación de los actos administrativos no es más que la declaratoria
de las razones de hecho y de derecho que tuvo la administración para emitir
determinada decisión. Su contenido permite conocer las causas que
impulsaron la exteriorización de la voluntad de esta en determinada dirección.
La Corte Constitucional la ha definido como «la fundamentación fáctica y
jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y
oportunidad de la decisión tomada y es el punto de partida para el
juzgamiento de esa legitimidad».62 En ese orden, los actos administrativos
deben: i) tener su origen en hechos veraces que los soporten y ii) estar
sustentados en normas constitucionales, legales o reglamentarias, según sea
el caso.
Como ya lo ha resaltado esta Sala,63 la motivación de los actos
administrativos constituye un elemento necesario para la validez de un acto
administrativo. Es condición esencial que existan unos motivos que originen
su expedición y que sean el fundamento de la decisión que contienen.
En otras palabras, deben existir unas circunstancias o razones de hecho y de
derecho que determinan la expedición del acto y el contenido o sentido de la
respectiva decisión.
La causa o el motivo, entonces, es el soporte fáctico y jurídico que justifican la
expedición del acto administrativo y el sentido de su declaración y, por lo
general, cuando por disposición legal debe ponerse de manifiesto, aparece en
la parte considerativa del acto. En todo caso, aunque no se mencionen
expresamente los motivos, debe existir una realidad fáctica y jurídica que le
brinde sustento a la decisión administrativa, que normalmente está contenida
61
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 20 de
noviembre de 2020, expediente nro. 25000 23 24 000 2004 00310 01. Consejero Ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés.
62
Corte Constitucional, sentencia SU-250 de 1998, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero.
63
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero
Ponente: Gabriel Valbuena Hernández, sentencia del 5 de julio de 2018, radicación número:
110010325000201000064 00 (0685-2010), actor: Jorge Humberto Valero Rodríguez, demandado: Nación-
Ministerio de Educación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
48
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
en los antecedentes del acto representados por lo general en distintos
documentos, como estudios, informes, actas, etc. […]”64 (Subrayas de la
Sala).
139. De este modo, el acto administrativo estará debidamente motivado y
fundamentado incluso si dicho aspecto puede establecerse a partir de los
antecedentes administrativos.
140. En el caso sub examine, para la Sala es claro que el Concejo Municipal de
Santiago de Cali autorizó al alcalde municipal en el literal c) del del artículo 29
Acuerdo núm. 70 de 2000 para crear una empresa industrial y comercial del
Estado del orden municipal para que ejecutara acciones urbanas integrales y
desarrollara los programas y proyectos derivados de las políticas y estrategias
contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y normas
contenidas en el artículo 113 de la Ley 388.
141. Al respecto, la Sala advierte que en la exposición de motivos del Proyecto
de Acuerdo núm. 177 de 2000, se hizo una presentación de la estructura de la
administración del Municipio de Santiago de Cali y se planteó la necesidad de una
reforma institucional en la que se definían cuáles serían las dependencias que
deberían ser suprimidas y las que continuarían en funcionamiento debido al déficit
económico evidenciado:
"[…] Concejales: El Acuerdo 01 de 1996, dispone la actual estructura de la
Administración Municipal y las funciones de sus dependencias. Una de las críticas
de dicha reforma, ha sido el alto nivel burocrático alcanzado, debido al aumento de
cargos en la parte alta de la organización. En efecto, la creación de Secretarías de
Despacho. Sub-secretarias y Secretarías Generales, debió traer como
consecuencia la supresión de las unidades y las divisiones, lo que no ocurrió. Pero,
además algunos cargos de trabajadores oficiales que se suprimieron,
posteriormente fueron creados para reintegrar a quienes se habían quedado por
fuera de la nueva organización.
Tanto a nivel central como a nivel descentralizado, se han venido presentando una
serie de situaciones que se han convertido en insostenibles, generando un déficit
fiscal acumulado desde años atrás hasta el momento. La crisis financiera y fiscal
del Municipio de Santiago de Cali muestra evidencias de gestación desde vigencias
anteriores a 1998 y como tal es heredada por la actual administración.
La magnitud y aceleración de la crisis, infortunadamente era y es general, tanto a
nivel central de la Administración como en el Descentralizado, con tal grado de
64
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección “A”. Sentencia
del 10 de diciembre de 2020. Proceso número de radicado 11001 03 25 000 2014 00307 00. Consejero
Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
49
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
colapso, de soluciones conjugadas y complejas, y con tantos actores involucrados,
que no ha permitido una rápida y concertada decisión, lo que ha generado en la
actualidad una situación de insostenibilidad de las cargas de funcionamiento y
retrasos y demoras en los pagos más elementales, todo lo cual amenaza la
viabilidad institucional del Ente Territorial.
[…] Así pues, se tienen un consolidado de 25 dependencias y 228 reparticiones
administrativas, con 1710 responsabilidades, de las cuales 1015 generan proceso y
695 no, lo cual expresado en porcentaje, significa que de todas las
responsabilidades contenidas en el Acuerdo 01 de 1996, el 59% genera proceso y
el 41% no.
Igualmente se encontró que algunos de los procesos de las dependencias no
generaban valor agregado de ninguna naturaleza, lo que tenía que llevar
necesariamente a su eliminación. En aquellos procesos donde hay valor agregado
y, por ende, productor para los usuarios finales, se produjo una decisión de
agrupamiento de procesos, dando como resultado el Modelo de Proyecto de
Acuerdo de Reestructuración que presentamos a su consideración.
[…] En el presente Provecto de Acuerdo que presento a su consideración "Por
medio del cual se reforma la Estructura de la Administración Central y
Descentralizada del Municipio de Santiago de Cali, las funciones de sus
Dependencias y se dictan otras Disposiciones" estamos seguros que permitirá a la
Entidad Territorial adecuar su nivel de endeudamiento a niveles sostenibles,
mejorar sus ingresos y reducir sus gastos y sobre esta base dar cumplimiento
oportuno a sus obligaciones y recuperar su viabilidad financiera"
"(...) por todo lo anterior, presento a su consideración una propuesta de estructura
para la Administración Central, acorde con la realidad funcional del Municipio,
aplanada y sencilla, al igual que la propuesta para la supresión o transformación de
algunas Entidades Descentralizadas […]"
142. En el artículo 38 del Proyecto de Acuerdo núm. 177 de 2000, sometido a
dos debates en el Concejo del Municipio de Santiago de Cali, se consideró
necesario en la reforma autorizar al alcalde del Municipio de Santiago de Cali para
crear la empresa de renovación urbana, así: "[…] ARTÍCULO 38. Facultase al
Alcalde de Santiago de Cali, para que en el término de seis (6) meses a partir de
la fecha de la publicación del presente acuerdo para Crear la Empresa de
Renovación Urbana de que trata el Plan de Ordenamiento Territorial […]".
143. Así, para la Sala, revisadas las pruebas que obran en el proceso, si se
presenta el estudio y la justificación para la creación de la empresa de renovación
urbana, la que se encuentra en los antecedentes del acuerdo demandado,
específicamente en la exposición de motivos, las discusiones del Proyecto de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
50
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
Acuerdo núm. 177 de 200065 y en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente para
la época dado su carácter técnico, político y jurídico.
144. En ese sentido, en las discusiones del Proyecto de Acuerdo Núm. 177 de
2000, se determinó la necesidad de crear la empresa de renovación urbana en el
municipio de Santiago de Cali, según las ponencias para primer y segundo debate
del mismo, donde se consignó la autorización para la creación de la empresa y se
facultó al alcalde de Santiago de Cali, para que en el término de seis (6) meses
contados a partir de la fecha de la publicación del Acuerdo creara la Empresa de
Renovación Urbana de que trata el Plan de Ordenamiento Territorial66.
145. La autorización del alcalde del Municipio de Santiago de Cali fue discutida
por los integrantes del Concejo de Santiago de Cali, quienes, durante la plenaria
del 24 de noviembre de 2000, aprobaron en segundo debate la creación de la
empresa de renovación urbana, como quedó plasmado en el artículo 38 ibidem:
"ARTÍCULO 38. AUTORIZACIONES. Autorizase al Alcalde de Santiago de Cali
para: Crear la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA67".
146. Asimismo, el proyecto para la creación de la empresa se justifica para
hacer viable el Acuerdo núm. 069 de 26 de octubre de 2000, “Por medio del cual
se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali”,
específicamente, el Título V "De los Programas y Proyectos Estratégicos" y el plan
de renovación urbana en el artículo 227, que dispone:
“[…] ARTÍCULO 227: PLAN DE RENOVACIÓN URBANA DEL CENTRO
GLOBAL.
OBJETIVO. Inducir la productividad urbana del centro de Cali, renovando y
recalificando las condiciones físico-espaciales y sociales del Centro Tradicional y
del Centro Urbano- Regional de la ciudad, optimizando sus ventajas comparativas
de localización estratégica, refuncionalizando las actividades metropolitanas y su
oferta regional, respondiendo a las demandas y exigencias de las ciudades
contemporáneas, posicionando a Cali tanto en el contexto nacional como en los
ámbitos internacional y global. El desarrollo de este Plan requiere de la acción
coordinada de las entidades públicas municipales y del sector privado interesado en
la inversión a gran escala.
• Consolidar áreas de actividades especiales. Se propone mejorar las condiciones
de accesibilidad y del espacio público, en áreas aptas para la ejecución de
65
Actas núm. 248.249,250 y 251 de 2000.
66
Cfr. Folio 424 del cuaderno núm. 2 de antecedentes administrativos.
67
Folio 459 del cuaderno núm. 2 de antecedentes administrativos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
51
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
procesos de densificación, incentivando la localización del sector terciario avanzado
e institucional de alta jerarquía, respetando también la memoria de estas
actividades tradicionales en el centro de la ciudad.
• Redesarrollar áreas de alto deterioro físico espacial y social. Se propone promover
nuevos desarrollos en áreas aptas para la ejecución de procesos de densificación,
reordenando la morfología urbana, generando suelo para el espacio público,
incentivando la localización residencial y de nuevas actividades económicas.
• Desarrollar la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo.
• Definir nuevas formas de gestión y promoción inmobiliaria.
Crear la Empresa de Renovación Urbana de Cali. El Municipio estudiará la
conveniencia para crear una empresa de renovación urbana, en la que se involucre
el sector privado, según la necesidad de desarrollo y renovación de áreas
específicas de la ciudad. En todo caso se someterá cualquier iniciativa en este
sentido a consideración del Concejo de Santiago de Cali.
Promover la Construcción del Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones
de la ciudad, que responda a la demanda y exigencias del mercado del orden
Nacional e Internacional, que aproveche las ventajas comparativas y competitivas
del Municipio de Santiago de Cali, su localización estratégica y la vocación
económica, comercial, industrial y de negocios.
Este proyecto se propone:
Impulsar conjuntamente con el sector privado, la construcción del Centro
Internacional de Convenciones en la ciudad de Cali.
Dotar a la ciudad y a los empresarios de la región, de una plataforma urbana
competitiva.
Posibilitar la generación de empleo e ingresos contribuyendo con la reactivación
económica.
El Centro de Convenciones, consolida el desarrollo urbano, como espacio
integrador de la comunidad, de disfrute y negocios.
El Centro de Convenciones con capacidad para reuniones hasta de 5.000
personas, con alto desarrollo de tecnología de vanguardia, para eventos y
seminarios empresariales, gremiales e institucionales.
El Centro de Convenciones con diseño polifuncional que permite además realizar
actividades feriales, deportivas, culturales, recreativas, teatrales, musicales,
religiosas, entre otras.
El Centro Internacional articulado a otras actividades de la ciudad, tales como
Hotelería, Restaurantes, Transporte, Turismo y demás servicios complementarios
[…]”. (Negrilla fuera de texto original).
147. A su turno, el artículo 332 ibídem del Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Santiago de Cali”, señaló que la empresa de renovación urbana
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
52
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
intervendrá para el mejoramiento en coordinación con otras dependencias de la
administración municipal:
“[…] ARTÍCULO 322: Intervención del Centro. Objetivos. El objetivo de la
Renovación Urbana del Centro se orienta a las realizaciones de actuaciones
urbanísticas públicas, privadas y mixtas, enfocadas a reactivar el centro y propiciar
su reordenamiento. La Administración Municipal en cabeza del Departamento
Administrativo de Planeación diseñará el Plan de Renovación Urbana Centro Global
en un término no mayor a 6 meses, luego de la adopción del presente Acuerdo. En
la ejecución de estas actuaciones el Municipio concurrirá, a través de la Empresa
de Renovación Urbana y Promoción Inmobiliaria o la entidad que haga sus veces,
en coordinación con otras dependencias de la Administración Municipal. Para ello
se plantean los siguientes objetivos específicos:
• Recualificar zonas de interés patrimonial y representativas de la ciudad que
presentan problemas de deterioro en sí mismas o en sus bordes.
• Propiciar procesos de densificación de sectores del Centro, que por sus
características físicas y urbanas y su localización poseen un potencial superior al de
su actual utilización.
• Cualificar zonas de concentración de actividades de alcance urbano,
metropolitano y regional.
• Fomentar la reutilización de sectores desarrollados del centro que han perdido su
vigencia urbana; recuperar y refuncionalizar para el mercado estas zonas como
focos de nueva valorización.
• Reactivar sectores del centro con potencial asociado a su ubicación e
infraestructura, que no se encuentren dentro de la dinámica urbana encaminados a
atacar deficiencias de espacio público y equipamientos colectivos […]”.
148. De este modo, la Sala considera que la creación de la empresa de
renovación urbana se encuentra debidamente estudiada y justificada en el Plan
de Ordenamiento Territorial, la exposición de motivos del acto acusado, los
debates y ponencias del Proyecto de Acuerdo núm. 177 de 2000 ante el Concejo
del Municipio de Santiago de Cali, por cuanto de la lectura de los mismos se
advierte la necesidad: i) de la creación de una empresa que ejecute los
programas de renovación urbana para el desarrollo y el bien común del Municipio
y, ii) de la reestructuración administrativa del ente territorial ante la difícil situación
económica y la ineficacia de muchas de sus dependencias.
149. Ahora bien, el numeral 7.° del artículo 150 de la Constitución Política ha
determinado que las entidades públicas únicamente pueden ser creadas por
decisión del Estado y las pertenecientes a la Rama Ejecutiva del poder público, en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
53
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
el orden nacional, únicamente pueden ser creadas por el Congreso de la
República, bien sea mediante ley o con autorización de la misma. Esta regla se
ratifica para el caso de las entidades descentralizadas nacionales en el artículo
210 de la Constitución, en cuanto prescribe que “Las entidades del orden nacional
descentralizadas por servicios solo pueden ser creadas por ley o por autorización
de ésta, con fundamento en los principios que orientan la actividad
administrativa”.
150. Lo expuesto hasta ahora para las personas jurídicas del orden nacional,
puede aplicarse al orden departamental, distrital o municipal. De esta forma, por
mandato constitucional, se ha establecido una reserva en cabeza de
corporaciones administrativas para determinar la estructura de la administración
territorial, que para el caso de los departamentos se concreta en la atribución de
la Asamblea de determinar la estructura de la administración departamental y
crear las empresas industriales y comerciales del Estado conforme lo prevé el
numeral 7.° del artículo 300 de la Constitución.
151. Cuando la Constitución señala que para crear una entidad descentralizada
del orden nacional se requiere de una autorización legal, ha de entenderse que el
destinatario de esa autorización es el Gobierno Nacional. No podría ser de otra
manera, dado que una decisión de esta índole, que altera la organización del
Ejecutivo al aumentar su tamaño, y compromete bienes o recursos públicos, no
puede salir de la órbita de lo público, ni ocurrir sin el consentimiento ni, menos
aún, sin el conocimiento de las autoridades administrativas competentes. En el
orden departamental la autorización será expedida por la Asamblea y la autoridad
destinataria será el Gobernador. Las reglas precedentes rigen para la creación de
todo tipo de entidades públicas, incluyendo las descentralizadas del orden
territorial, por expreso mandato de los artículos 150 – 7 y 210 de la Constitución
Política, así como de los artículos 68 y 69 de la Ley 489.
152. En el presente asunto, el alcalde creó la Empresa Municipal de Renovación
Urbana E.I.C. en uso de facultades legales, por cuanto en el Concejo de Santiago
de Cali adelantó los debates correspondiente y lo autorizó para ello conforme lo
previsto en el numeral 6.° del artículo 313 de la Constitución Política, razón por la
cual no se desconocieron los principios de la función administrativa como lo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
54
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
señala la parte demandante, por el contrario, se dio cumplimiento a los dispuesto
por la Ley sin exceder la autonomía territorial.
153. En ese orden, para la Sala se encuentra demostrado que para la creación
de la empresa de renovación urbana el Concejo del Municipio autorizó al alcalde
de dicho ente territorial para que la creara para lo cual se surtieron los debates del
estudio respectivo y en la ponencia se efectuaron las sustentaciones por parte de
la administración, todo lo cual tuvo su origen en los análisis previos realizados por
el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y la Oficina de Control
Interno en los cuales establecieron las áreas que requerían ser intervenidas con
programas de renovación urbana, requiriéndose para ello de una entidad que
ejecutara dichos programas con los cuales se optimizara la utilización de los
suelos y se mejoraría la calidad de vida de los habitantes del Municipio de
Santiago de Cali. En consecuencia, mediante el Decreto núm. 084 de 4 de marzo
de 2002 se creó la Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C. debido a la
necesidad de implementar y ejecutar un plan de renovación urbana en algunos
sectores de la ciudad, renovando las condiciones físicas, espaciales y sociales del
centro tradicional, del centro urbano regional de la ciudad y otras áreas definidas
en el POT.
154. Asimismo, la empresa fue creada para buscar el desarrollo ordenado del
territorio según se encuentra previsto en los artículos 296 a 299 y 318 a 327 el
Acuerdo núm. 069 de 2000 (Plan de Ordenamiento Territorial), expedido por el
Concejo del Municipio de Santiago de Cali.
155. Así las cosas, es claro que la Empresa Municipal de Renovación Urbana
E.I.C., fue creada por el órgano competente y con observancia de los requisitos
previstos para su creación previstos en el artículo 69 de la Ley 489.
156. Además, la parte demandante en el recurso de apelación señaló que la
empresa se constituyó sin capital social y sustituyó a todas las secretarías locales
abarcando funciones de la administración municipal como son la ejecución y
mantenimiento de obras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
55
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
157. Visto el artículo 50 de la Ley 489, establece los contenidos mínimos de
todo acto de creación de todo organismo o entidad administrativa y señala que el
mismo debe determinar sus objetivos, estructura orgánica y soporte presupuestal.
La estructura orgánica, en particular, comprende los siguientes aspectos, de
acuerdo con esta disposición: denominación, naturaleza jurídica y el consiguiente
régimen jurídico, sede, integración del patrimonio, señalamiento de los órganos
superiores de dirección y administración y la forma de integración y de
designación de sus titulares, y el Ministerio o el Departamento Administrativo al
cual estará adscrito o vinculado el ente que se crea.
158. Al respecto, contrario a lo señalado por la parte demandante, la Sala
advierte que: i) no es un requisito legal del acto de creación que se constituya con
capital social; ii) no se evidencia de las pruebas obrantes en el proceso que la
empresa de renovación urbana haya sustituido a todas las secretarías locales y,
iii) en el recurso de apelación presentado por la parte demandante no se señala
que disposición legal fue infringida al presuntamente sustituir las secretarías
locales o que lo prohíba, de modo que el cargo no prospera por estos aspectos.
159. Conforme a lo expuesto, no puede afirmarse que el demandado al crear la
empresa desconoció los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución
Política, dado que como se explicó anteriormente, la Empresa Municipal de
Renovación Urbana E.I.C. fue creada conforme a la Constitución Política y la ley.
De la infracción del artículo 87 de la Ley 489
160. La parte demandante adujo en el recurso de apelación que con una
empresa de derecho privado, que puede hacer casi todas las funciones
administrativas, al mando del alcalde municipal, se ha violado el artículo 87 de la
ley 489, que prohíbe utilizar prerrogativas o privilegios cuando se compite con la
empresa privada. Lo cual, está demostrado, al no tener necesidad de licitar el
ente municipal, si no contratar directamente con su propia empresa.
161. Señaló que la "EMRU", sólo ha servido de intermediaria para asignar
directamente a terceros las obras del Municipio, pues ella firma los contratos y los
subcontrata con terceros, pues no posee la infraestructura, capital, personal, ni
tecnología para dichas labores. En el fondo la "EMRU", ha servido para eludir la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
56
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
licitación y poder contratar directamente las distintas obras del municipio, faltando
de esta manera a los principios de igualdad y moralidad administrativa contenidos
en el artículo 209 Superior.
162. Sobre el particular, visto el artículo 87 de la Ley 489 señala que las
empresas industriales y comerciales del Estado, salvo disposición legal en
contrario, gozan de los privilegios y prerrogativas que la Constitución Política y las
leyes confieren a la Nación y a las entidades territoriales. No obstante, las
empresas industriales y comerciales del Estado, que por razón de su objeto
compitan con empresas privadas, no podrán ejercer aquellas prerrogativas y
privilegios que impliquen menoscabo de los principios de igualdad y de libre
competencia frente a las empresas privadas.
163. Al respecto, atendiendo los artículos 85 y 93 de la Ley 489 vistos supra, las
empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la
ley o autorizados por ésta que desarrollan actividades de naturaleza industrial o
comercial y de gestión económica conforme a las reglas del derecho privado y los
actos para el desarrollo de su actividad propia se sujetan a dichas normas.
164. Atendiendo el artículo 14 de la Ley 1150 de 16 de julio de 200768, sobre el
régimen contractual, dispuso las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, con excepción de aquellas que se encuentren en competencia con el
sector privado nacional o desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o
mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la misma ley.
165. Las empresas industriales y comerciales del Estado aplicarán en desarrollo
de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios
de la función administrativa de que trata el artículo 209 de la Constitución Política.
166. La Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C., es una empresa
industrial y comercial del Municipio de Santiago de Cali, vinculada al
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, dotada de personería
68
“[…] Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se
dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
57
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
jurídica, autonomía administrativa y financiera, y capital independiente que se
encuentra dentro de las excepciones establecidas en el artículo 14 de la ley 1150,
siéndole aplicable en consecuencia las normas legales y reglamentarias de
carácter privado que regulan su actividad económica y comercial.
167. Al respecto, atendiendo lo previsto en el artículo 115 de la Carta y el
artículo 87 de la Ley 489, las empresas industriales y comerciales hacen parte de
la rama ejecutiva y son una forma de intervención en la economía que tiene como
finalidad fortalecer un sector o una actividad económica en condiciones de
competitividad con el sector privado.
168. En el presente asunto, la Sala advierte que la creación de la Empresa de
Renovación Urbana E.I.C. tuvo como objeto la renovación urbana del municipio
de Santiago de Cali que fue establecido como una necesidad en el Plan de
Ordenamiento Territorial (Acuerdo núm. 069 de 2000) y se encuentra facultada
para celebrar convenios interadministrativos o de interventoría urbana
relacionados con procesos de renovación urbana según la Resolución núm. 02 de
18 de noviembre de 2004.
169. El artículo 2 de La ley 1150 señala que procederá la contratación directa
para el caso de los contratos interadministrativos siempre que las obligaciones
derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad
ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los contratos de
obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública cuando las instituciones de
educación superior públicas sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser
ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación
pública o de selección abreviada de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1
y 2 del presente artículo.
170. La norma prevé que en aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora
no sea el de la Ley 80, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso
sometida a los principios de la función administrativa a que se refiere el artículo
209 de la Constitución Política, al deber de selección objetiva y al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 salvo que se trate de Instituciones
de Educación Superior Públicas, caso en el cual la celebración y ejecución podrán
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
58
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
realizarse de acuerdo con las normas específicas de contratación de tales
entidades, en concordancia con el respeto por la autonomía universitaria
establecida en el artículo 69 de la Constitución Política.
171. Por otra parte, el artículo 2 ibidem, dispone que procederá la contratación
directa para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o
para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a
determinadas personas naturales.
172. En el expediente se encuentra acreditado que el Municipios de Santiago de
Cali celebró el contrato interadministrativo núm. 4151.0.27.1.004-08 con el
gerente de la Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C. cuyo objeto fue
administrar la realización de los ajustes a los diseños y estudios complementarios
de algunas de las obras del municipio.
173. Del listado de contratos suscritos por la Empresa de Renovación Urbana
con contratistas allegado por el demandante se observa que la mayoría fueron
suscritos con arquitectos e ingenieros y se relacionan con diseños y consultoría,
sin embargo, no obra toda la carpeta contractual que permita determinar la
modalidad de contratación. En el mismo sentido, respecto al cuadro de control de
publicación de contratos, no obran todos los soportes que permitan determinar la
modalidad de selección, pero si se evidencia que la mayoría fueron realizados con
distintos contratistas cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales, otros
de consultoría, interventoría y obra. Es de resaltar que los contratos de servicios
profesionales se pueden realizar mediante contratación directa según lo expuesto
anteriormente.
174. En el presente asunto, para la Sala es claro que el objeto social de la
Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C tiene relación con el objeto del
convenio interadministrativo núm. 4151.0.27.1.004-08 suscrito, es decir, cuenta
con capacidad jurídica para contratar, sin que pueda deducirse limitaciones para
ejecutar el contrato celebrado con el ente territorial y sin que se advierta
vulneración del derecho a la igualdad o la libre competencia respecto de una
empresa privada en los términos del artículo 87 de la Ley 489. Lo anterior
conforme al artículo 2 de la Ley 1150 que prevé: “procederá la contratación
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
59
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
directa para el caso de los contratos interadministrativos siempre que las
obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la
entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos”.
175. Sobre el particular, la Sala considera que no obran pruebas en el
expediente que indiquen que la Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C.
haya utilizado prerrogativas o privilegios cuando compite con la empresa privada y
no está acreditado que haya contratado directamente cuando debió haber licitado,
es decir, no están en el expediente los antecedentes de los contratos (carpeta
contractual), los contratos enlistados que fueron aportados y los señalados en el
cuadro de control de publicación de contratos de la empresa industrial y
comercial.
176. En ese sentido, para la Sala únicamente está probado un contrato que
cumple las condiciones previstas en la normatividad y la parte demandante no
probó que la Empresa Municipal de Renovación Urbana haya contratado
directamente cuando debió haber licitado vulnerando derechos de empresas
particulares e infringiendo el artículo 87 de la Ley 487, como lo afirma en el
recurso de apelación.
177. Para la Sala la parte demandante no probó que la Empresa Municipal de
Renovación Urbana E.IC. haya servido para eludir la licitación pública que debía
adelantarse en el caso de los contratos de la entidad para la renovación del
Municipio de Santiago de Cali ni que haya contratado directamente las obras
infringiendo los principios de igualdad y moralidad administrativa del artículo 209
de la Constitución, máxime cuando no indicó en el recurso las normas de
contratación específicas que considera infringidas y desconocidas presuntamente
por la empresa industrial y comercial, el concepto de violación respecto de las
mismas y no aportó ni solicitó las pruebas pertinentes (carpetas contractuales
incluida la modalidad de selección) que demostrarán su afirmación. En
consecuencia, no se demostró para el caso especifico menoscabo alguno de los
principios de igualdad y de libre competencia frente a las empresas privadas.
178. Al respecto, en el caso sub examine, la Sala no evidencia que se haya
violado el principio de igualdad al establecer tratos diferentes para las empresas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
60
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
privadas que se encuentran en la misma situación de la empresa industrial y
comercial, toda vez que las pruebas no permite llegar a esa conclusión.
179. Por último, si la parte demandante considera que se presentaron
irregularidades en el manejo de contratos y administración de recursos de la
Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C. o se vulneraron las
disposiciones constitucionales o legales relacionadas con el manejo de la
contratación o la adjudicación, debió acudir a los medios dispuestos para tal fin
como la nulidad absoluta del contrato, proceso de carácter penal e incluso de
responsabilidad fiscal.
180. Por las razones expuestas, el cargo no prospera.
181. Comoquiera que las anteriores son las cuestiones centrales del recurso de
apelación, la Sala encuentra que la decisión acusada se ajusta a la normativa
aquí analizada, luego la sentencia apelada será confirmada, pero por las razones
expuestas, como en efecto se dispone en la parte resolutiva de esta providencia.
Conclusión de la Sala
182. En suma, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia,
por cuanto los argumentos expuestos por la parte demandante no tienen mérito
de prosperidad, de conformidad con las razones expuestas supra.
Condena en costas
183. La Sala considera que no hay lugar a condenar en costas en segunda
instancia en razón a que el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo
establece que, en los juicios que se adelanten ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo esta condena procederá “[…] teniendo en cuenta la
conducta asumida por las partes […]”, es decir, corresponde al juzgador valorar el
comportamiento de las partes, dentro del marco de su arbitrio juris.
184. Bajo ese panorama, a juicio de la Sala, el comportamiento de la parte
demandante no estuvo precedido de la mala fe ni de la intención de entorpecer el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
61
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
proceso, en atención a que, aunque resultó vencida en juicio, ello no conlleva
automáticamente la condena en costas, comoquiera que la actuación se enmarcó
en los principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de 28 de mayo de 2014, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
62
Número único de radicación: 76001233100020100185502
Demandante: Manuel de Jesús Obregón y Néstor Herrera Valencia
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.