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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01522-01

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01522-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR los impedimentos manifestados por los Consejeros de Estado doctores Oswaldo Giraldo López y Nubia Margoth Peña Garzón, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de abril de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01522-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

10 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01522-01
Accionante: ALFONSO HEBERTO VELASCO PRADO
Accionados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: TUTELA. Se confirma el fallo impugnado que declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia
de 10 de abril de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Elseñor Alfonso Heberto Velasco Prado solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la vida, al mínimo vital, al debido proceso, a la igualdad, a la
propiedad y a los “[…] derechos de la tercera edad […]” en conexidad con los
principios de seguridad jurídica y “[…] ejecución de sentencias […]”, cuya
vulneración le atribuyó a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Unidad
Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia, por “[…]
no girar presupuesto para el pago […]” de la sentencia de 31 de agosto de 2011
proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 76001-23-31-000-2002-04469-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

2.1. Relató que tiene 85 años y padece diferentes complicaciones de salud, por lo
es un sujeto de especial protección constitucional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01522-01
Accionante: Alfonso Heberto Velasco Prado

2.2. Refirió que en el 2002 instauró la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número 76001-23-31-000-2002-04469-00/01 y que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 31 de agosto
de 2011, resolvió:

“[…] 1. DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes actos administrativos:

• Oficio No UP-CJU-004067 del 6 de septiembre de 2001 proferido por la
Unidad Administrativa Especial de Sistema de Parques Nacionales Naturales.

• Auto No 008 del 29 de abril de 2002 mediante el cual se resolvió un recurso
de reposición contra el oficio anterior.

• Resolución No. 0120 del 29 de mayo de 2002 por medio de la cual se
resolvió un recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria contra el
primer acto.

2. Como restablecimiento del derecho CONDENAR a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SISTEMA DE PARQUES NACIONALES
NATURALES a pagar a favor del señor ALFONSO HEBERTO VELASCO
PARDO:

a. Por perjuicios materiales la suma de treinta y tres millones trescientos
cincuenta y cinco mil cincuenta y tres pesos m/cte ($33.355.053)

b. Lo equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes
por perjuicios morales, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa.

3. Negar las demás pretensiones de la demanda […]”. [Cursiva original del
texto]

2.3. Señaló que la Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de
14 de septiembre de 2023 confirmó lo resuelto en primera instancia.

2.4. Manifestó
que solicitó el pago de la obligación contenida en las sentencias
mencionadas con anterioridad a la Unidad Administrativa Especial de Parques
Nacionales Naturales de Colombia, entidad que contestó que no tenía el
presupuesto para realizar dicho pago.

2.5. Sostuvo que interpuso la acción de tutela núm. 76001-31-05-007-2024-00503-
00/01 contra la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales
de Colombia para que se pagara la sentencia, y que el Juzgado Séptimo Laboral
del Circuito de Cali, mediante sentencia de 18 de noviembre de 2024, le ordenó a
la accionada cancelar las sentencias judiciales.

2.6. Indicó que la decisión anterior fue confirmada el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali mediante sentencia de 11 de diciembre de 2024.

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Accionante: Alfonso Heberto Velasco Prado

2.7. Señaló que la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales
Naturales de Colombia, a través de la Resolución núm. 18 de 20 de diciembre de
2024, efectuó un pago parcial por valor de $95.950.000, comprometiéndose a
cancelar el valor restante en febrero de 2025.

2.8. Señaló
que cumplido el anterior plazo solicitó a la mencionada autoridad el
segundo pago. Sin embargo, aquella le indicó lo siguiente:

“[…] [El] Gobierno Nacional mediante Decreto de liquidación 1621 de 2023
de 30 de diciembre de 2024 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de
la Nación para la vigencia fiscal de 2025, se detallan las apropiaciones y se
clasifica y definen los gastos” asignó a Parques Nacionales Naturales de
Colombia el presupuesto para la presente vigencia. Sin embargo, al concepto
de gastos A-03-10 denominado “Sentencia y Conciliaciones”, no le fue
asignado recurso para ejecutar durante esta vigencia”.

Teniendo en cuenta que está pendiente pagar una obligación por este
concepto de gasto, es necesario que la entidad adelante el trámite
relacionado a continuación ante el ministerio de medio ambiente y el
ministerio de hacienda […]”.

[…]

“[…] En consecuencia de lo anterior, Parques Nacionales Naturales de
Colombia no podrá realizar el pago del monto restante de la obligación
durante el mes de febrero de 2025, como habría sido lo ideal. No se puede
perder de vista que el pago de la obligación está sujeto a intereses moratorios
y que estos están a cargo de Parques Nacionales, por lo que la entidad
también está interesada en que el pago se realice cuanto antes […]”. [Cursiva
original del texto]

2.9. Manifestó que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales por no incluir dentro del presupuesto del año 2025 asignado a la
Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia,
las partidas correspondientes al pago de la sentencia proferida a su favor en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.10. Señaló que “[…] llevo 21 años en litigio con la entidad, al momento que se
dicta sentencia condenatoria contra dicha entidad y se encuentra la sentencia en
firme y debidamente ejecutoriada, se me colocan una serie de trabas y
tejemanejes, para el pago de la respectiva sentencia judicial, obligándome a
contratar más abogados y hacer gastos que incrementan más y más mi deterioro
patrimonial, dando lugar a desencadenar más problemas de salud. Ya que el
estrés y la incertidumbre del pago del excedente de la obligación, me ha
incrementado mi problema de salud, por estar pendiente de una cirugía de
corazón, necesitando dichos medios económicos, para poder realizarme una
operación independiente […]”. [Negrilla original del texto]

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Accionante: Alfonso Heberto Velasco Prado

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Primero: Con todo respeto y humildad, solicito del señor Juez
constitucional, se restablezcan el orden social justo en toda su integridad, de
los derechos vulnerados:

1.- DERECHO A LA SEGURIDAD JURIDICA Y DERECHO DE IGUALDAD
FIAJADOS POR EL ORDENAMIENTO LEGAL Y LA JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL

2.-EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO
CONSTITUCIONAL, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO.

3.-.-OMISIÓN A LA APLICACIÓN DE LA LEY 1446/2011, TRASGRESION
DE LA CONSTITUCION NACIONAL ARTS 1°, 4°, 5°, 90°, 228°.

4.- DERECHO A LA EJECUCIÓN DE PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES
Y CONCILIACION POR ORDEN DE LA LEY Y LA COSNTITUCIÓN.

5.- VULNERACION AL DERECHO DE PROPIEDAD

6.- DERECHO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DERECHO A
LA VIDA Y AL MINIMO VITAQL.

Segundo: Se ordene RESTABLECER mis derechos de ipso facto, en la
forma como lo ordena la ley, siguiendo el trámite legal como dispone las
siguientes leyes y Decretos de presupuesto para PAGO DE SENTENCIAS Y
CONCILIACIÓN.

[…]

En su defecto, ordenar a los accionados restablecer de inmediato mis
derechos, por ser una persona de la tercera edad y con delicados problemas
de salud. Siendo ello, legal, jurídico y hace honor a derecho.

Tercero: Ordenar a Los accionados la INCLUSIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIÓN Y SUS RESPECTIVOS
INTERESES, del año 2025, en lo que respecta al presupuesto asignado a
la entidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, ya que según la
entidad Jurídica de dicha entidad expresa: “mediante decreto de liquidación
1621 de 2023 de 30 de diciembre de 2024” por el cual se liquida presupuesto
general de la Nación para vigencia fiscal 2025”, se detallan las apropiaciones
y se clasifican los gastos” asignó a Parques Nacionales Naturales de
Colombia presupuesto para la presente vigencia. Sin embargo, al concepto
de gasto A-03-10 denominado “Sentencias y Conciliaciones”no le fue
asignado recurso para ejecutar durante esta vigencia”. SUBRAYAS MIAS
FUERA DEL TEXTO.

Cuarto: Ordenar a los accionados, que mediante el FONDO DE
CONTIGENCIAS, que tiene como objetivo principal garantizar el pago de
sentencias y conciliaciones proferidas contra el Estado Colombiano, se
proceda al pago de la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso

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Accionante: Alfonso Heberto Velasco Prado

Administrativo de Cali Valle, el día 31 de agosto de 2011 y confirmada en
segunda Instancia por el consejo de Estado Sección Segunda.
Encontrándose la respectiva sentencia en firme y debidamente
ejecutoriada y se halla el proceso de liquidación de la sentencia […]”.
[Sic para toda la cita y negrilla y mayúscula original del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 19 de marzo de 2025, el magistrado a cargo de la
sustanciación de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
admitió la presente acción de tutela. Así mismo vinculó como terceros con interés
en el resultado del proceso al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali y al
Tribunal Superior de Cali.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a las accionadas y a las vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:

5.1. El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali indicó que “[…] en este
despacho judicial cursa ACCION DE TUTELA y posterior INCIDENTE DE
DESACATO interpuesto por el señor ALFONSO HERBERTO VELASCO PARDO
en contra de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE
PARQUES NACIONALES., bajo Radicado No. 76001-31-05-007-2024-00503-00,
proceso allegado con acta de reparto del 05 de noviembre de 2024 con secuencia
No 319401, el cual mediante auto No 3028 del 05 de noviembre de 2024 admitió
la tutela, notificando a las partes en debida forma, en la que se emitió
pronunciamiento de Primera Instancia a través de Sentencia No. 118 del 18 de
noviembre de 2024, y siendo remitido en grado jurisdiccional de Impugnación de
la sentencia, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali - Sala Laboral el día
21 de noviembre de 2024,correspondiéndole por reparto al Magistrado Dr.
ALVARO MUÑIZ AFANADOR. Quien emitió sentencia de segunda instancia
No 048 del 11 de diciembre de 2024, la cual confirmo dicha sentencia,
Posteriormente el accionante inició incidente de desacato el 18 de diciembre
2024, y se encuentra en trámite […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto]

5.2. El
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó declarar la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y la inexistencia de
vulneración de derechos fundamentales por parte de ese Ministerio.

5.3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó su desvinculación por
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

5.4. La Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de
Colombia solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en la

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Accionante: Alfonso Heberto Velasco Prado

medida en que “[…] esta Oficina expidió la Resolución 2 de 2025, a través de la
cual ordenó el pago de la suma ochenta millones quinientos setenta y cinco mil
treinta pesos ($80.575.030,00) con recursos del Fondo de Contingencias de
Entidades Estatales (Fiduciaria La Previsora S.A.), al señor Alfonso Heberto
Velasco Pardo, y a su apoderada Rosa Liliana Borrero Quijano […]”.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 10 de abril de 2025, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado (i) negó las solicitudes de desvinculación
formuladas por los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y (ii) declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado.

7. Indicó que “[…] revisados los elementos probatorios obrantes en el expediente,
la Sala observa que, el 28 de marzo de 2025, la Unidad Administrativa Especial
de Parques Nacionales Naturales de Colombia, mediante la Resolución núm. 2,
reconoció y ordenó el pago total de un crédito judicial por valor $ 80.575.030, con
recursos del Fondo de Contingencias de Entidades Estatales (Fiduciaria La
Previsora SA), a favor de Alfonso Heberto Velasco Pardo y de su apoderada Rosa
Liliana Borrero Quijano, en cumplimiento de las mencionadas providencias […]”

8. Concluyó que “[…] la situación que dio origen a la formulación de la presente
acción se encuentra actualmente superada, comoquiera que en el trámite de este
mecanismo se materializó lo pretendido por el accionante, puesto que ya fue
ordenado el pago del saldo pendiente de la condena reconocida a su favor en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. Elaccionante impugnó la sentencia proferida en primera instancia en los
siguientes términos:

“[…] 1. No estar de acuerdo con los planteamientos expuestos, por el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINSIRATIVO,
SECCION SEGUNDA, al declarar la Sala “la carencia actual de objeto por
hecho superado”. La entidad accionada hasta la fecha no ha cumplido
con la obligación, incrementando más perjuicios, al incumplir
reiteradamente con las obligaciones del pago total de la obligación.

Se procedió a emitir una resolución para que la fiduprevisora pagara la
obligación, sin haber un recibo de pago de la obligación, ante las
entidades bancarias, siendo ilógico declarar la Sala “la carencia actual de
objeto por hecho superado”, sin haber constancia del pago de la
obligación, se pueden emitir infinidad de resoluciones, para logra evadir las
obligaciones impuestas, la única forma de declararse la carencia actual de
objeto por hecho superado”, es la constancia de pago de la obligación, sin

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Accionante: Alfonso Heberto Velasco Prado

pago de la obligación no está superada la situación. Como también
constancia de la FIDUPREVISORA, que certifique que en una fecha
determinada se procederá a su pago. Ya que se pueden hacer este tipo de
trueques para evitar sanciones y hacer incurrir al juez Constitucional en un
posible PREVARICATO, QUEDANDO A LA DERIVA LA VULNERACION DE
MIS DERECHOS FUNDAMENTALES […]”.

[…]

“[…] Al no estar cancelada la totalidad de la obligación, no se puede
deducir su pago por meras conjeturas de una resolución, que ordena su
pago, pero no expide la fecha y forma del pago, tratando de evadir la
situación y endosarle la obligación a una entidad que no hace parte de la
responsabilidad de cumplimiento de dicha obligación […]”. [Sic para toda
la cita y mayúscula y negrilla original del texto]

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.

VIII.2. Cuestiones previas

VIII. 2.1. Manifestaciones de impedimento

11. Los Consejeros de Estado doctores Oswaldo Giraldo López y Nubia Margoth
Peña Garzón manifestaron encontrarse incursos en la causal de impedimento
prevista en el numeral 6. del artículo 56 de la Ley 906 de 31 de agosto de 2004 6,
por las siguientes razones:

“[…] La acción de tutela de la referencia está encaminada a que se amparen
los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, al debido proceso
administrativo, a la igualdad, a la propiedad, a los “derechos de la tercera
edad” y los principios de seguridad jurídica y “ejecución de sentencias”, cuya
vulneración le atribuye el actor a la Presidencia de la República, al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
6
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

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Accionante: Alfonso Heberto Velasco Prado

Sostenible y a la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales
Naturales de Colombia, al no incluir dentro del presupuesto asignado a esta
última entidad para el 2025 las partidas correspondientes para el pago de las
sentencias de 31 de agosto de 2011 y 14 de septiembre de 2023, proferidas a
su favor por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Sección
Primera del Consejo de Estado, respectivamente, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de
radicación 76001 23-31-000-2002-04469-01.

Precisado lo anterior, consideramos que podríamos estar impedidos para
conocer de la presente acción constitucional, en la medida en que
suscribimos la sentencia de 14 de septiembre de 2023, cuyo presunto
incumplimiento es objeto de la presente solicitud de amparo, circunstancia
esta que se enmarca en la causal de impedimento prevista en el artículo 56,
numeral 6, del CPP.

Por lo anterior, le solicitamos que por su intermedio la Sala estudie nuestra
manifestación de impedimento en el presente proceso y, si lo consideran, los
acepten y nos separen del conocimiento del mismo […]”.

12. En razón a que los Consejeros de Estados doctores Oswaldo Giraldo López y
Nubia Margoth Peña Garzón suscribieron la providencia de 14 de septiembre de
2023, la Sala de Decisión concluye que se encuentra configurada la causal de
impedimento prevista en el artículo 56, numeral 6, de la Ley 906 de 31 de agosto
de 20047, norma aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto Ley 2591 de
1991.

13. En consecuencia, se aceptarán los impedimentos manifestados.

VIII. 2.2. Solicitud de desvinculación

14. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

15. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en sentencia SU-077 de 2018, señaló lo siguiente:

“[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada.8

Sobre el particular, el artículo 86 de la Constitución establece que la tutela
procede contra cualquier autoridad pública. Por lo tanto, es posible concluir
que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil,

7
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
8
Ver sentencias T-430 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara y T-662 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

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Accionante: Alfonso Heberto Velasco Prado

están legitimadas por pasiva en el caso que se analiza, pues se trata de
autoridades públicas, presuntamente responsables de las acciones y
omisiones que, a juicio del accionante, vulneraron sus derechos
fundamentales […]". [Subrayado fuera del texto]

16. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo son accionados dentro de la presente acción
de tutela, la Sala considera que a estas entidades sí le asiste el interés jurídico
para ser vinculados a esta acción constitucional.

17. Por lo anterior, seconfirmará la decisión de primera instancia que negó las
solicitudes de desvinculación elevadas, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.

VIII.3. Problemas jurídicos

18. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado9, la Sala debe:

a) Determinar si se encuentra configurado una carencia actual de objeto por
hecho superado.

VIII.4. Caso concreto

19. El señor Alfonso Heberto Velasco Prado solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la vida, al mínimo vital, al debido proceso, a la igualdad, a la
propiedad y a los “[…] derechos de la tercera edad […]” en conexidad con los
principios de seguridad jurídica y “[…] ejecución de sentencias […]”, cuya
vulneración le atribuyó a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Unidad
Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia por “[…]
no girar presupuesto para el pago […]” de la sentencia de 31 de agosto de 2011
proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 76001-23-31-000-2002-04469-00/01.

VIII.4.1. De la configuración de un hecho superado en el asunto sub examine

20. En el presente proceso el accionante solicitó a la Unidad Administrativa
Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia el pago del valor restante
de la obligación contenida en las sentencias proferidas dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 76001-23-31-000-
2002-04469-00/01.

9
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01522-01
Accionante: Alfonso Heberto Velasco Prado

21. Alrespecto, la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales
Naturales de Colombia solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado, en la medida en que “[…] esta Oficina expidió la Resolución 2 de
2025, a través de la cual ordenó el pago de la suma ochenta millones
quinientos setenta y cinco mil treinta pesos ($80.575.030,00) con recursos del
Fondo de Contingencias de Entidades Estatales (Fiduciaria La Previsora S.A.), al
señor Alfonso Heberto Velasco Pardo, y a su apoderada Rosa Liliana Borrero
Quijano […]”. [Negrilla fuera del texto]

22. Para tal efecto, la Unidad allegó la Resolución núm. 2 de 28 de marzo de 2025
en la que se dispuso:

“[…] Artículo 1°. Reconocer y ordenar que se realice el pago total del
crédito judicial por valor de ochenta millones quinientos setenta y cinco
mil treinta pesos ($80.575.030,00) con recursos del Fondo de
Contingencias de Entidades Estatales (Fiduciaria La Previsora S.A.), al
señor Alfonso Heberto Velasco Pardo, identificado con la cédula de
ciudadanía […], y a su apoderada Rosa Liliana Borrero Quijano con la cédula
de ciudadanía […], , en cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, 14 de septiembre de 2023, que confirmó la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 31 de agosto
de 2011.

Artículo 2º. El pago total de la obligación por valor ochenta millones
quinientos setenta y cinco mil treinta pesos ($80.575.030,00), se realizará de
la siguiente forma:

1. A favor del señor Alfonso Heberto Velasco Pardo la suma de cincuenta y
seis millones cuatrocientos dos mil quinientos veintiún pesos ($56.402.521),
que deberán ser consignados en la cuenta […], BANCOLOMBIA S.A.

2. A favor de la señora Rosa Liliana Borrero Quijano la suma veinticuatro
millones ciento setenta y dos mil quinientos nueve pesos ($24.172.509), que
deberán ser consignados en la cuenta […], BANCOLOMBIA S.A. […]”.
[Negrilla fuera del texto]

23. En criterio de la Sala se ha configurado la carencia actual de objeto por hecho
superado porque en el trámite de esta acción constitucional la Unidad
Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia ordenó
que se realizara el pago total del crédito judicial por valor de $80.575.030,00 con
recursos del Fondo de Contingencias de Entidades Estatales al señor Alfonso
Heberto Velasco Pardo.

24. Lo anterior teniendo en cuenta que las pretensiones elevadas en esta acción
constitucional:

“[…] Tercero: Ordenar a Los accionados la INCLUSIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIÓN Y SUS RESPECTIVOS

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01522-01
Accionante: Alfonso Heberto Velasco Prado

INTERESES, del año 2025, en lo que respecta al presupuesto asignado a la
entidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, ya que según la
entidad Jurídica de dicha entidad expresa: “mediante decreto de liquidación
1621 de 2023 de 30 de diciembre de 2024” por el cual se liquida presupuesto
general de la Nación para vigencia fiscal 2025”, se detallan las apropiaciones
y se clasifican los gastos” asignó a Parques Nacionales Naturales de
Colombia presupuesto para la presente vigencia. Sin embargo, al concepto de
gasto A-03-10 denominado “Sentencias y Conciliaciones”no le fue asignado
recurso para ejecutar durante esta vigencia”. SUBRAYAS MIAS FUERA DEL
TEXTO.

Cuarto: Ordenar a los accionados, que mediante el FONDO DE
CONTIGENCIAS, que tiene como objetivo principal garantizar el pago de
sentencias y conciliaciones proferidas contra el Estado Colombiano, se
proceda al pago de la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso
Administrativo de Cali Valle, el día 31 de agosto de 2011 y confirmada en
segunda Instancia por el consejo de Estado Sección Segunda.
Encontrándose la respectiva sentencia en firme y debidamente ejecutoriada y
se halla el proceso de liquidación de la sentencia […]”. [Sic para toda la cita y
negrilla y mayúscula original del texto]

25. El
accionante en su impugnación manifiesta que no se configuró el hecho
superado porque no ha recibido el pago de la obligación.

26. Alrespecto, la Sala precisa que conforme a las pretensiones del escrito de
tutela, lo perseguido por el accionante es que se ordene la inclusión de su
obligación en “[…] EL PRESUPUESTO DEL PAGO DE SENTENCIAS Y
CONCILIACIÓN Y SUS RESPECTIVOS INTERESES, del año 2025 […]”.
También solicitó que se garantizara el pago de la obligación a través del “[…]
FONDO DE CONTIGENCIAS que tiene como objetivo principal garantizar el pago
de sentencias y conciliaciones proferidas contra el Estado Colombiano […]”.
[Negrilla original del texto]

27. En razón a lo anterior, la Sala concluye que se satisfizo lo pretendido en el
escrito de tutela porque la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales
Naturales de Colombia a través de la Resolución núm. 2 de 28 de marzo de 2025
ordenó el pago del saldo adeudo a la parte accionante.

28. En tal sentido, es de resaltar que la Corte Constitucional, ha entendido el
concepto de la carencia actual de objeto por hecho superado como “[…] el
supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar de la entidad
accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor
[…]”10.

10
Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Exp. T-7.084.677, Sentencia T-342 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo; 19 de julio de 2017.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01522-01
Accionante: Alfonso Heberto Velasco Prado

29. Debido a lo anterior la Sala confirmará la sentencia de 10 de abril de 2025,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, tal como se dispondrá en
la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR los impedimentos manifestados por los Consejeros de
Estado doctores Oswaldo Giraldo López y Nubia Margoth Peña Garzón, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de abril de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES ISABEL CRISTINA JARAMILLO SIERRA
Consejero de Estado Conjuez

CAMILO CALDERÓN RIVERA
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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