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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2002-04469-01

Fecha
14 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2002-04469-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 76001-23-31-000-2002-04469-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

14 de septiembre de 2023

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Radicado: 76001 23 31 000 2002 04469 01
Demandante: Alfonso Heberto Velasco Pardo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación núm.: 76001 2331 000 2002 04469 01
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Instituto Colombiano de Reforma Agraria -INCORA.
Tesis: No debe tenerse en cuenta el peritaje practicado en el trámite de instancia para
definir el monto de los perjuicios materiales que alega que sufrió el demandante con la
expedición de los actos enjuiciados, si éste reprocha que esa prueba debe ser valorada
dado que fue elaborada por un experto reconocido en la materia y a que fue recaudada
y tramitada con respeto al debido proceso, pero no se encuentra debidamente
sustentada técnica y científicamente.
No es cierto que el Tribunal en la sentencia recurrida indicó que el predio Altamira se
encuentra en la jurisdicción del Municipio de Cali.
Es cierto que el predio Altamira no tenía ninguna limitación al derecho de dominio con
anterioridad al 15 de julio de 1968, momento en el que se reservó y declaró como
Parque Nacional Natural a las zonas conocidas como Farallones de Cali, en el
Departamento del Valle del Cauca y Puracé
En la providencia recurrida se incurrió en un yerro al reconocer a título de
restablecimiento el valor comercial del inmueble denominado Altamaría.
No es insuficiente la suma de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (100
smmlv), que el Tribunal reconoció al demandante por concepto de perjuicio moral, si
éste alega que ese valor es muy bajo si se tiene en cuenta que no ha podido ejercer
la propiedad sobre el predio Altamira, por más de cuarenta y siete (47) años.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 31 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle

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Radicado: 76001 23 31 000 2002 04469 01
Demandante: Alfonso Heberto Velasco Pardo

del Cauca, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el
restablecimiento del derecho.

I.LA DEMANDA

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), el señor Alfonso
Heberto Velasco Pardo, por intermedio de apoderada, interpuso demanda contra la
Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales (en adelante
UAESPNN), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (en adelante MinAgricultura),
el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante MADS), y el Instituto
Colombiano de Reforma Agraria (en adelante INCORA).

1.1. Pretensiones

“1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo solicito al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA se sirva declarar la NULIDAD del acto administrativo
contenido en el oficio No. UP-CJU 004067 del seis (6) del mes de septiembre del
dos mil uno (2.001), firmado por la Doctora NORMA CONSTANZA NIÑO
GALEANO, en su calidad de Asesora Grupo Jurídico de LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES
NATURALES ADSCRITA AL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.

2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo solicito al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA se sirva declarar la NULIDAD del acto administrativo
contenido en el Auto No 008 del veintinueve (29) del mes de Abril del dos mil dos
(2.002), firmado por el Doctor FILIPO ERNESTO BURGOS GUZMAN, en su
calidad de Coordinador Grupo Jurídico de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES
ADSCRITA AL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, con el cual se resolvió el
recurso de reposición interpuesto por el Señor ALFONSO HEBERTO VELASCO
PARDO contra el oficio No UP-CJU 004067 del seis (6) del mes de Septiembre de
dos mil uno (2.001), acto administrativo que fue notificado personalmente a mi
Representado el doce (12) del mes de Junio de dos mil dos (2.002) por el Doctor
JOAQUIN NAVIA RAMÍREZ en su calidad de Director Territorial Suroccidente de
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES
NACIONALES NATURALES ADSCRITA AL MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE.

3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo solicito al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATO DEL
VALLE DEL CAUCA se sirva declarar la NULIDAD del acto administrativo
contenido en la Resolución No 0120 del veintinueve (29) del mes de Mayo de dos
mil dos (2.002), firmada por el Doctor JUAN CARLOS RIASCOS DE LA PEÑA, en

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Radicado: 76001 23 31 000 2002 04469 01
Demandante: Alfonso Heberto Velasco Pardo

su calidad de Director General de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL
SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES ADSCRITA AL
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, con el cual se resolvió el recurso de
apelación interpuesto en forma subsidiaria por el Señor ALFONSO HEBERTO
VELASCO PARDO contra el oficio No UP-CJU 004067 del seis (6) del mes de
Septiembre de dos mil uno (2.001), se agotó la vía gubernativa correspondiente,
que fue notificado personalmente a mi Representado el veintiuno (21) del mes de
Junio del dos mil dos (2.002) por el Doctor JOAQUÍN NAVIA RAMÍREZ en su
calidad de Director Territorial Suroccidente de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES
ADSCRITA AL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.

4.- Como consecuencia de la declaración de Nulidad de los actos administrativos
relacionados en los numerales anteriores, sírvanse decretar EL
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO a favor de mi Representado, por motivo
de los daños y perjuicios materiales y morales causados a raíz de la expedición de
los actos administrativos cuyas Nulidades se solicitan.

Los perjuicios materiales por los daños causados o que se causen por concepto
de la expedición de los actos administrativos acusados los estimo superiores a
trescientos salarios mínimos legales mensuales (300 S.M.L.M) que a la fecha de
presentación de esta demanda equivalen a la suma de NOVENTA Y DOS
MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL
COLOMBIANA ($92’700.000,oo), para lo cual solicito se tenga en cuenta la
valoración total del bosque establecida en las Conclusiones del avalúo de fecha
diecisiete (17) del mes de Septiembre de dos mil dos (2.002) de los predios
Altamira y La Esperanza de propiedad del Señor ALFONSO HEBERTO VELASCO
PARDO realizada por el Ingeniero Forestal CARLOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
que aporto con esta Demanda, cuyo avalúo efectuado por el citado Ingeniero
Forestal y/o por el peritazgo que efectúen del bien inmueble, del bosque, de la
siembra, de la valoración ambiental del bosque al menos dos (2) peritos ingenieros
forestales, valores que serán traídos a valor presente incluyendo los factores
multiplicadores por el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del
Cauca al momento de la ejecutoria de la Sentencia favorable que se dicte en este
proceso.

Los perjuicios materiales del daño emergente y el lucro cesante por concepto de
la expedición de los actos administrativos cuya Nulidad se solicita en esta
Demanda y los perjuicios materiales del daño emergente y lucro cesante causados
a mi Representado por la no adquisición del predio durante los treinta y cuatro (34)
años de vigencia de la Resolución No 92 del quince (15) del mes de Julio de mil
novecientos sesenta y ocho (1.968) debidamente aprobada por el Ministerio de
Agricultura con el Decreto No 282 del veintiséis (26) del mes de Agosto de mil
novecientos sesenta y ocho (1.968), serán estimados y liquidados teniendo en
cuenta la valoración total del bosque establecida en las Conclusiones del avalúo
de fecha diecisiete (17) del mes de Septiembre del dos mil dos (2.002) de los
predios Altamira y La Esperanza de propiedad del señor ALFONSO HEBERTO
VELASCO PARDO, realizada por el Ingeniero Forestal CARLOS GONZALEZ
RODRIGUEZ, que aporto con esta Demanda, cuyo avalúo efectuado por el citado
Ingeniero Forestal y/o por el peritazgo que efectúen al menos dos (2) peritos
ingenieros forestales que se designen por el(la) Magistrado(a) Ponente del
Proceso de la referencia cuyos nombres de los peritos ingenieros forestales se
encuentren la lista de Auxiliares de la Justicia, peritazgo que versará sobre el
avalúo comercial forestal sobre el volumen de madera de aserrío, por cada árbol
sembrado y por Hectárea, numero (sic) de árboles por hectárea, producción de
madera para pulpa o para leña, que permita definir el costo real de los recursos

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Radicado: 76001 23 31 000 2002 04469 01
Demandante: Alfonso Heberto Velasco Pardo

naturales renovables conservados por espacio de más de treinta y siete (37) años
en los predios Altamira y La Esperanza propiedad del Señor ALFONSO HEBERTO
VELASCO PARDO, que forman parte integrante del Parque Nacional Natural de
los Farallones de Cali y de la zona de amortiguación del mismo Parque, predio
propiedad privada de mi Representado que de conformidad con la orden impartida
en el artículo 7° de la Resolución No 92 del quince (15) del mes de Julio de mil
novecientos sesenta y ocho (1.968), aprobada por el Ministerio de Agricultura con
el Decreto No 282 del veintiséis (26) del mes de Agosto de mil novecientos sesenta
y ocho (1.968) debió ser adquirido por el Gerente General del INSTITUTO
COLOMBIANO DE REFORMA AGRARIA (INCORA), orden administrativa que
nunca se cumplió por el Gerente General del Incora, ni por los Representantes
Legales de las Entidades Estatales que en el transcurso de los treinta y cuatro (34)
años largos de vigencia de la Resolución No 92 han sido creadas para la
Administración y manejo de los Parques Nacionales Naturales, función
administrativa que fue delegada desde el veintidós (22) del mes de Diciembre de
mil novecientos noventa y nueve (1.999) al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
al tenor de lo dispuesto en el numeral 27 del artículo 5° de la Ley 99 del veintidós
(22) del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y tres (1.993) y en la
actualidad la ejerce el Director General de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES
ADSCRITA AL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, al tenor de lo dispuesto en
numeral 6° del artículo 24 del Decreto 1124 del veintinueve (29) del mes de Junio
de mil novecientos noventa y nueve (1.999) cuyo Representante Legal tampoco ha
cumplido con lo ordenado en el artículo séptimo de la Resolución No 92 del quince
(15) del mes de Julio de mil novecientos sesenta y ocho (1.968), en concordancia
con lo dispuesto en el numeral 6° del Decreto 1124 del veintinueve (29) del mes
de Junio de mil novecientos noventa y nueve (1.999), valores que serán traídos a
valor presente incluidos los factores multiplicadores por ese Honorable Tribunal al
momento de la ejecutoria de la Sentencia favorable que se dicte en este Proceso.

Los perjuicios morales ocasionados por la expedición de los actos administrativos
cuya Nulidad se solicita en esta Demanda y por los daños morales causados a mi
Representado por la no adquisición del predio durante los treinta y cuatro (34) años
de vigencia de la Resolución No 92 del quince (15) del mes de Julio de mil
novecientos sesenta y ocho (1.968) debidamente aprobada por el Ministerio de
Agricultura con el Decreto No 282 del veintiséis (26) del mes de Agosto de mil
novecientos sesenta y ocho (1.968), serán fijados y liquidados por ese Honorable
Tribunal teniendo en cuenta el valor del gramo oro vigente al momento de la
ejecutoria de la Sentencia favorable que se dicte en este Proceso, para lo cual
estimo que tales perjuicios son superiores a cinco mil gramos oro (5.000).

5.- Solicito que en la Sentencia se declare y decrete la aplicación del artículo 90
de la Constitución Nacional contra todos y cada uno de los funcionarios
administrativos que firmaron los actos administrativos cuya Nulidad se solicita en
esta Demanda, y a los Representantes Legales del INSTITUTO COLOMBIANO
DE REFORMA AGRARIA (INCORA), EL MINISTERIO DEL MEIDO AMBIENTE Y
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES
NACIONALES NATURALES ADSCRITA AL MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE no solo por los daños antijurídicos causados al Señor ALFONSO
HEBERTO VELASCO PARDO, por la expedición de los actos administrativos cuya
Nulidad se solicita en esta Demanda, sino también por el incumplimiento por
espacio de mas (sic) de treinta y cuatro (34) años a la orden impartida en el artículo
7° de la Resolución No 92 del quince (15) del mes de Julio de mil novecientos
sesenta y ocho (1.968), sin perjuicio de la compulsación de copias del expediente
y de la Sentencia favorable a mi Representado debidamente ejecutoriada para que

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Radicado: 76001 23 31 000 2002 04469 01
Demandante: Alfonso Heberto Velasco Pardo

se inicien las acciones penales y disciplinarias correspondientes, contra los mismo
(sic) funcionarios.

6.- Solicito que en la Sentencia se decrete la aplicación de lo establecido en el
artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.”1

1.2. Los actos cuestionados

A) El oficio No. UP-CJU 004067 del 6 de septiembre de 2001, es del siguiente
tenor:

“Dando respuesta a su Oficio enviado en la fecha arriba señalada nos permitimos
informarle lo siguiente:

Mediante Decreto No. 282 del 26 de agosto de 1968, el Ministerio de Agricultura
aprobó la Resolución No. 092 de julio 15 de 1968 de la Junta Directiva del INCORA,
por la cual se reservó y declaró como Parque Nacional Natural el área de los
Farallones de Cali, en el departamento del Valle del Cauca y Puracé, en los
departamentos del Cauca y Huila, con el fin de preservar, la flora, la fauna, el
caudal de los lagos y ríos, etc, dentro de un área aproximada de quince mil
hectáreas (15.000 Has).

En consecuencia, una vez declarado por la administración un área como Parque
Nacional Natural, dentro de sus límites pueden quedar incluidos bienes de uso
público, bienes baldíos, bienes fiscales, bienes de propiedad privada individual o
colectiva quedando, éstos, afectos al cumplimiento de las finalidades de
conservación, perpetuación y protección previstas en el art. 328 del Código
Nacional de Recursos Naturales.

Así, tenemos que existe una afectación que recae sobre éstos bienes, cuando
quedan incluidos dentro del área del Sistema y su uso solo puede ser aquel que
persiga las finalidades de conservación, perpetuación y protección.

Esta afectación no quiere decir apropiación por parte de la administración, aquella
no es constitutiva de un derecho de propiedad a favor del Estado, solo existe una
afectación al dominio privado por motivos de interés general.

La destinación específica que se le da a las áreas del Sistema para fines de
conservación, restauración y protección, circunscribe el uso que se pueda ejercer
sobre los mismos bienes del mismo. La afectación de la que venimos hablando no
implica el desconocimiento de derechos adquiridos por los particulares. En efecto,
existen personas con derechos adquiridos, es decir, propietarios de predios o
mejoras que hayan quedado incluidas al momento de la declaración de un área,
que tienen un derecho de propiedad que debe ser reconocido por Estado, ya sea
a través de negociación directa o de expropiación, previa indemnización.

En este contexto, la UASPNN tuvo conocimiento de la oferta de venta realizada
por usted, como propietario de un inmueble ubicado al interior del área del PNN

1 Folios 224 a 229 del Cuaderno No. 1 del expediente.

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Radicado: 76001 23 31 000 2002 04469 01
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Farallones de Cali sobre el predio denominado “Altamira” ubicado en el paraje
Peñagrande corregimiento de Poterito, Municipio de Jamundí.

En respuesta a su ofrecimiento, la Dirección Territorial Suroccidente mediante
oficio No. UP-DTSO 446 de julio 4 de 2001, le informó que, para surtir el trámite de
oferta de venta de un predio se debía realizar una inclusión de la partida
correspondiente a la tarifa que cobra el IGAC, para efectuar el avalúo de los
predios ubicados al interior de las áreas del Sistema de Parque Nacionales
Naturales; así como también para surtir el procedimiento establecido en la
Resolución No. 726 de 11 de diciembre de 1997 para la adquisición de bienes
inmuebles ubicados al interior de las áreas del Sistema, Resolución que se expidió
en virtud de las funciones delegadas al Director General en el sentido de adquirir
en nombre de la Nación, mediante negociación directa o expropiación, bienes para
el Sistema de Parques Nacionales Naturales siempre y cuando existieran los
recursos económicos necesarios que le permitieran a la UAESPNN, a través de su
Director General, la adquisición de predios.

Por lo anterior, y atendiendo a la obligación que se le señalaba al Jefe de programa
del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, mediante telegrama de 03 de abril
de 1997 emitido por el Juez Primero Penal Municipal de Jamundí, en virtud de la
acción de tutela instaurada por el Señor Alfonso Velasco, en la cual solicitó se le
tutele el derecho a la información, y se impone a la administración la obligación de
entregar toda la información de manera, concreta y suficiente sobre los puntos que
habían objeto de derecho de petición, la Dirección Territorial Suroccidente emitió
el oficio No. PNN – FAR – 01391-97 de fecha 14 de julio de 1997, en el cual se le
informó el procedimiento a seguir para el ofrecimiento de predios ubicados al
interior de las áreas del Sistema de Parques Nacionales según lo establecido en
la mencionada Resolución.

Ahora bien, si bien es cierto que la UAESPNN cuenta con una Resolución por la
cual se adopta un manual interno para la adquisición de bienes inmuebles, no es
menos cierto que para la adquisición de predios de propiedad privada ubicados al
interior de las áreas que integran el Sistema, se debe contar con un presupuesto
anual que permita destinar determinado monto a la compra de predios,
estableciendo su avalúo por parte de la autoridad competente.

Debido a que es necesaria la disposición presupuestal como inicio para poder
ejecutar la política de la UAESPNN hacia el saneamiento de las tierras ubicadas
al interior de las áreas del Sistema, nos permitimos reiterarle que ante su
ofrecimiento de venta, desafortunadamente, y debido a la crisis fiscal por la que
atraviesa el Estado, que ha llevado a la realización de diferentes recortes fiscales,
no ha sido posible la asignación de partidas para la adquisición de tierras dentro
del presupuesto para la vigencia fiscal presente.

Por lo anterior, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales - UAESPNN-, no ha podido dar inicio a las negociaciones directas para
la adquisición de predios privados ubicados al interior de las áreas del Sistema de
Parques Nacionales que no sean ofrecidos, pues estaríamos incurriendo en crear
falsas expectativas para los oferentes y carecemos, como quedó dicho
anteriormente, del respaldo presupuestal

Esperamos poder contar, en una vigencia futura, con el presupuesto que nos
permita adquirir para el Sistema todos los predios que se encuentran ubicados al

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interior de los Parques Nacionales Naturales y dar inicio al trámite correspondiente
de adquisición de predios.”2 (Subrayas dentro del texto)

B) El Auto No. 008 del 29 de abril de 2002, es del siguiente tenor:

“AUTO No. 008 del 29 de abril de 2002

Por el cual se resuelve un recurso de reposición y se dictan otras
determinaciones

El Coordinador del Grupo Jurídico de la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, en uso de sus facultades legales, en
especial las conferidas por el Decreto 01 de 1984, y

CONSIDERANDO

Mediante Resolución No. 09 de diciembre 03 de 1938, el Ministerio de Economía
Nacional, departamento de tierras y aguas, sección de bosques señaló que para
la conservación y regularización de las aguas del Río Cali, se declaran reservados
los bosques que aun existen en la Hoya Hidrográfica del mencionado Río, como
reserva forestal en el municipio de Cali, departamento del Valle; en estas zonas no
se podrían efectuar talas o desmotes de los bosques o florestas, sino mediante
permisos otorgados por ese Ministerio.

Posteriormente, mediante Decreto No. 282 del 26 de agosto de 1968, el Ministerio
de Agricultura aprobó la Resolución No. 092 de julio 15 de 1968 de la junta
Directiva del INCORA, por la cual reservó y declaró como Parque Nacional Natural
el área de los Farallones de Cali, en el Departamento del Valle del Cauca y Puracé,
en los departamentos de Cauca y Huila, con el fin de preservar la flora, la fauna,
el caudal de los lagos y ríos, etc, dentro de un área aproximada de quince mil
hectáreas (15.000 Has).

El señor Alfonso Velasco Pardo, ha venido realizando varias ofertas de venta sobre
el predio conocido como “Altamira”, ubicado en el paraje Peña Grande,
corregimiento de Potrerito, municipio de Jamundí, que hace parte del Parque
Nacional Natural Fallones de Cali.

Mediante escritos Nos. MMA-PNNFAC-0364 del 4 de agosto de 1996, UP-DTSO-
416 de julio de 2001 y UP-CJ 00407 de septiembre de 2001, el Jefe del Programa
del Parque Nacional Natural Fallones y la Coordinadora Jurídica de la UAESPNN
le han manifestado al Sr. Velasco que la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN no tiene presupuesto para
la adquisición del predio, dándole las razones presupuestales y jurídicas por las
cuales no es posible la compra de inmuebles ubicados al interior de un Parque
Nacional Natural.

La Corte Constitucional se ha pronunciado sosteniendo que no es incompatible la
declaratoria de un área de Parque Nacional Natural con la propiedad privada,
conforme se colige de la Sentencia C-649 de 1997 que reza en uno de sus apartes:
“es necesario precisar, que dentro de las zonas delimitadas y, por consiguiente,
reservadas o destinadas a parques naturales, no solo se comprenden terrenos de

2 Visible a folios 3 a 5 del Cuaderno número 1

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propiedad estatal sino de propiedad privada. Si bien en estos casos subsiste la
propiedad privada, que es enajenable, ella está afectada a la finalidad de interés
público o social propia del sistema de parques nacionales, afectación que implica
la imposición de ciertas limitaciones o cargas al ejercicio de dicho derecho, acordes
con dicha finalidad.

Siendo así las cosas, el Estado no se encuentra en la imperiosa obligación de
comprar los predios de propiedad privada que se encuentra dentro de un predio
de propiedad privada que se encuentra dentro de un área protegida, salvo aquellos
predios que considere de vital importancia para el cumplimiento de sus fines.

Cabe remarcar, que el Sr. Velasco se encuentra en el área protegida del Parque
Farallones de Cali desde hace treinta y cuatro (34) años, y cuando compró se
encontraba dentro de un área declarada como de Reserva Forestal y, por ende,
sabía que su derecho de uso y usufructo se encontraba limitado, donde
igualmente, la explotación se encuentra sujeta a las reglamentaciones de Parques
Nacionales Naturales y a los permisos respectivos; lo cual, no implica en lo
absoluto un desconocimiento del derecho de propiedad

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su totalidad el oficio No. UP -CJU-004067 del
6 de septiembre de 2001.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación interpuesto dentro
término legal por el Sr. ALFONSO VELASCO PARDO, ante la Dirección Nacional
de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
– UAESPNN.”3

C) La Resolución No. 120 del 29 de mayo de 2002 es del siguiente tenor:

“RESOLUCIÓN No. 120 del 29 de mayo de 2002

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

El Director de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas
por el Decreto 01 de 1984, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio No. UP – CJU del 6 de septiembre de 2001 la Coordinadora
del Grupo Jurídico de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales resolvió el derecho de petición elevado por el Sr. ALFONSO
VELASCO, para la adquisición de un predio denominado “ALTAMIRA” ubicado en
el paraje Peña Grande, corregimiento de Potrerito, municipio de Jamundí, que hace
parte del Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

Que mediante Auto No. 043 de diciembre 20 de diciembre de 2001, el Coordinador
del Grupo Jurídica de Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, resolvió el recurso de reposición presentado por el Sr.

3 Folios 10 a 11 del Cuaderno No. 1 del expediente.

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ALFONSO VELASCO contra el oficio No. UP – CJU 004067 del 6 de septiembre
de 2001, en el sentido de confirmar en su totalidad el oficio impugnado.

Que los motivos de inconformidad que dieron origen al derecho de petición y al
recurso de reposición se sintetizan de la siguiente forma:

• “…Se hizo una afectación a mi dominio privado, por virtud de derechos
adquiridos antes de la declaratoria del Parque Farallones, debe el Estado
reconocer como legitima propiedad (sic) de la cual soy titular en virtud de la
escritura pública 121 del 19 de abril de 1965 corrida en la Notaría Única del Circuito
de Jamundí, debidamente inscrita en el folio de matricula inmobiliaria 370-0067111
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali…”

• “….Que el Gobierno, primero por parte del INCORA, y hoy por parte de la
Unidad Especial de Parques, lleva 31 años en mora de reconocer mis derechos
dominio, toda vez que la afectación ha impedido, por lo menos, la explotación
forestal de mi predio, además me ha impuesto la carga de administrar a mi costo
y bajo mi propio riesgo, un inmueble que debe haber adquirido el Estado hace más
de tres décadas, y que se encuentra en una zona roja, tal como lo ha reconocido
el actual Ministerio del Medio Ambiente”.

Que al resolver el recurso de reposición interpuesto por el Sr. Alfonso Velasco, se
desestimaron los argumentos expuestos por el recurrente teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:

a) Los Actos de declaratorio de un Parque Nacional Natural, en este caso la
declaración del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali en 1968,
establecen expresamente en su parte resolutiva que se dejan a salvo los derechos
adquiridos por los particulares bien sean propietarios, poseedores o meros
tenedores, quedando afectados sus bienes inmuebles a los fines de la
conservación y la protección de los recursos naturales renovables e imponiendo
ciertas restricciones al uso de los bienes inmuebles involucrados en el área
protegida.

La Corte Constitucional se ha pronunciado sosteniendo que no es incompatible la
declaratoria de un área de Parque Nacional Natural con la propiedad privada,
conforme se colige de la Sentencia C-649 de 1997 que reza en uno de sus apartes:
“es necesario precisar, que dentro de las zonas delimitadas y, por consiguiente,
reservadas o destinadas a parques naturales, no solo se comprenden terrenos de
propiedad estatal sino de propiedad privada. Si bien en estos casos subsiste la
propiedad privada, que es enajenable, ella está afectada a la finalidad de interés
público o social propia del sistema de parques nacionales, afectación que implica
la imposición de ciertas limitaciones o cargas al ejercicio de dicho derecho, acordes
con dicha finalidad….”

Es la misma Constitución Política la que determina que el interés privado debe
ceder al interés público o social, cuando resulten en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad reconocida en una ley expedida por motivo de utilidad
pública o interés social; y le asigna a la propiedad privada una función ecológica
como inherente de la social, además de tomar a los bienes de uso público y a los
parques naturales en inalienables, imprescriptible e inembargables.

En este orden corresponde al Estado la obligación de vigilar y de velar por la
integridad de los bienes cuando éstos se ligan con la función ecológica de la
propiedad (Art. 58 C.N.) con la conservación de las áreas de especial importancia

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ecológica (Art. 79 C.N.), con la prevención del deterioro ambiental, protección de
ecosistemas y garantías del desarrollo sostenible (Art. 80 C.N.).

Así las cosas, cualquier actividad que ha de realizar un justo propietario, en las
áreas del Sistema, está sujeta a un permiso o reglamentación por parte de la
autoridad ambiental, con el fin de garantizar la protección de los ecosistemas
existentes; dichas limitaciones al dominio se justifican en la consagración
constitucional de la función social y ecológica que debe cumplir la propiedad
privada, encaminada a la primacía del interés general y del bienes comunitario.

b) El Sr. Velasco se encuentra en el área protegida del Parque Farallones de Cali
desde hace treinta y cuatro (34) años, y cuando compró se encontraba dentro de
un área declarada como de Reserva Forestal y, por ende, sabía que su derecho
de uso y usufructo se encontraba limitado, donde igualmente, la explotación se
encuentra sujeta a las reglamentaciones de Parques Nacionales Naturales y a los
permisos respectivos; lo cual, no implica en lo absoluto un desconocimiento del
derecho de propiedad

Que por lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Confirmar en su totalidad el Auto No. 040 de noviembre
13 de 2002 (Sic), por las razones expuestas anteriormente

ARTÍCULO SEGUNDO. – Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno por encontrarse agotada”4

1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas infringidas, se señalaron las previstas en los artículos 2°, 6°, 8°, 13, 25,
29 y 58 de la Constitución Política, y los principios de eficiencia, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción que deben regir la actuación de la
Administración.

1.3.1. En el acápite de hechos del libelo introductorio, manifestó que el día 10 de abril
de 1965, compró las fincas denominadas como Altamira y la Esperanza, ubicadas en
el sitio de Peña Negra en el Corregimiento de San Antonio del Municipio de Jamundí
en el Departamento del Valle, conforme consta en la Escritura Pública No. 121 de
1965, registrada bajo los folios de matrícula No. 370-567766 y 370-67111. Acotó que
los mencionados inmuebles fueron adquiridos sin ninguna limitación en su dominio.

4 Folio 14 a 16 del Cuaderno No. 1 del expediente

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Expresó que la compra de esas fincas, tuvo como fin su reforestación de las especies
maderables, especialmente la denominada como Erytrobalanus, para posteriormente
explotarlas y comercializarlas.

Resaltó que, el Ministerio de Agricultura – Zona Agropecuaria del Valle del Cauca –
División de Recursos Naturales, le otorgó la Licencia No. 836-B del 3 de mayo de 1968,
para el aprovechamiento del bloque que hace parte de la finca Altamira.

Expuso que el 5 de julio de 1983, solicitó a la Corporación Autónoma Regional del
Cauca – CVC, una autorización para poder aprovechar tres (3) o cuatro (4) árboles
existentes en el citado predio y que, cuando dicha autoridad ambiental efectuó la
correspondiente visita ocular, el día 4 de abril de 1985, le informó que el inmueble se
encontraba dentro del área del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, declarada
mediante Resolución No. 092 de julio de 1968, aprobada por el Decreto 282 de 1968.

Sostuvo que en el artículo 6º de la mencionada Resolución, se autorizó al Gerente
General del entonces INDERENA, para que procediera adquirir las tierras de
propiedad privada en el aludido parque o para que ordenara su expropiación si a ello
hubiere lugar, pero que dicho mandato no se ha cumplido en la actualidad.

Resaltó que, a partir de 1994, ha insistido en innumerables ocasiones para que las
entidades accionadas compren su predio, pero que le han indicado que debe cumplir
con los requisitos previstos en la Resolución 726 de 1997, pese a que esa norma no
es aplicable a su caso y además, le han expuesto que no hay presupuesto, sin que él
se encuentre obligado a “resistir tal ineficiencia e ineficacia de los funcionarios
gubernamentales y de las entidades del Estado”5

1.3.2. Frente a los fundamentos de derecho expuso:

1.3.2.1. Argumentó la violación del artículo 2° de la Constitución Política en que
no se dio cumplimiento a la orden contenida en el artículo 7° de la Resolución No. 92
de 1968, en el sentido de proceder a adquirir su predio denominado Altamira,
identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria número 350-567766 de la Oficina de

5 Folio 243 del Cuaderno 1 del expediente.

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Registro de Instrumentos Públicos de Cali6, teniendo en cuenta que fue declarado
parte integrante del Parque Nacional Natural de los Farallones de Cali, omisión que, a
su juicio, derivó en la falta de protección de sus “derechos y libertades adquiridas”7 por
parte del Estado, pues mediante el artículo 5º del aludido acto administrativo, se le
prohibió vender los terrenos afectados, así como cazar, pescar y realizar todo tipo de
actividad industrial, ganadera o agrícola.

En ese sentido, agregó que aun cuando el interés general prima sobre el particular,
eso no óbice para que él deba soportar la carga de seguir manteniendo y reforestando
dicho predio a su costa, pues como consecuencia de la declaratoria de Parque
Nacional, esas obligaciones pasaron a estar en cabeza del Estado.

1.3.3. A su vez, manifestó que se había desconocido el artículo 6° de la Constitución
Política, en tanto que las entidades estatales no incluyeron en el presupuesto las
partidas correspondientes para el avalúo del predio Altamira y su posterior adquisición,
negligencia que se extendió por un periodo de más treinta y cuatro (34) años pues la
orden se impartió en el artículo 7° de la Resolución No. 92 de 1968. Posteriormente,
aseveró que esta actuación resultaba también violatoria de los principios de eficiencia
y eficacia que rigen el actuar de la Administración.

1.3.4. En cuanto al artículo 8° Superior, aseveró que el Estado colombiano no ha
cumplido con la obligación que, desde la declaratoria del Parque Nacional Natural de
los Farallones de Cali, tiene de vigilar, mantener, reforestar, proteger y multiplicar las
riquezas naturales sembradas y reforestadas en el predio Altamira, entre las cuales se
encuentra una especie en vía de extinción cuyo nombre vulgar es “Culefierro”, plantada
por el demandante con recursos propios; desconociendo así la importancia que esta
propiedad tiene para la conservación de las aguas de las quebradas Guerrero y el
Ortigal, afluentes del Río Jamundí.

1.3.5. Sostuvo que se transgredió el artículo 13 de la Constitución Política, en la
medida en que no se le ha procurado una garantía de igualdad real y efectiva, pues a
pesar de que fue una de las pocas personas que, con su patrimonio, reforestaron por

6 Folio 229 del Cuaderno No. 1 del expediente.
7 Folio 259 del Cuaderno No. 1 del expediente

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treinta y cuatro (34) años las riquezas naturales del predio Altamira, la retribución que
obtuvo por parte del Estado fue la prohibición del usufructo de la cosecha plantada, lo
que, además, generó la vulneración a su derecho fundamental al trabajo, situación que
lo puso en una situación de desigualdad.

Sobre este punto también aseveró que el hecho de que las autoridades no incluyeran
la partida presupuestal para el avalúo y posterior compra de su predio, pese a las
solicitudes reiteradas que han presentado desde 1996, implica el desconocimiento no
sólo del artículo 7º de la Resolución No. 92 de 1968, sino también del numeral 27 del
artículo 5º de la Ley 99 de 1993 y del numeral 6º del artículo 24 del Decreto 1124 de
1999.

1.3.6. Señaló que existió una violación al artículo 25 constitucional, esto es, el derecho
al trabajo y la justa retribución del producto del mismo, que se dio como consecuencia
del quebranto del derecho a la igualdad, habida consideración de que no resulta digno
ni justo que luego de treinta y cuatro (34) años de haber reforestado un área con su
propio patrimonio, no se haya cumplido, por parte del Estado, la obligación de adquirir
su predio, en especial teniendo en cuenta que la prohibición a la cual fue sometido el
inmueble lo llevó a la quiebra y a un alto estado de deterioro de su salud física y mental.

1.3.7. Alegó la violación del derecho fundamental al debido proceso y a la legítima
defensa (artículo 29 de la Constitución Política) al señalar que se incumplió el deber
de publicación de la Resolución No. 92 de 1968, incluido en el artículo 8°, situación
que le impidió gestionar la adquisición de su predio por parte del INCORA en ese
momento, de conformidad con lo señalado en el artículo 7º del aludido acto
administrativo y así haber evitado los de daños y perjuicios a su patrimonio.

De igual forma sustentó la vulneración de dicho artículo en que la UAESPNN actuó de
forma dilatoria en el agotamiento de la vía gubernativa, demorándose siete (7) meses
en resolver los recursos interpuestos contra el acto administrativo contenido en el
Oficio No. UP-CJU 004067 del 6 de septiembre de 2001, circunstancia que, a su vez,
implica una vulneración de los principios de economía y celeridad administrativa
establecidos en los incisos 2º, 3º y 4º del artículo 3º del CCA, en concordancia con el
artículo 60 Ibídem.

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A lo anterior, añadió que para la notificación de los actos por medio de los cuales se
resolvieron los recursos interpuestos en vía gubernativa, se dejó de lado lo dispuesto
en el artículo 44 del C.C.A., pues el auto No. 008 del 29 de abril de 2002 fue notificado
habiendo transcurrido aproximadamente un (1) mes desde su expedición y la
Resolución No. 120 del 29 de mayo de 2002, diecinueve (19) días después de
producida; situación que en su sentir viola, además, los principios de imparcialidad,
publicidad y contradicción establecidos en los incisos 5º, 6º y 7º del artículo 3º del CCA.

Por último, afirmó que el hecho de que se hayan desconocido las normas aplicables al
caso, a saber, el artículo 7° de la Resolución No. 92 de 1968 y el Decreto No. 282 de
1968 configuró una “flagrante violación al derecho fundamental al debido proceso y a
la legítima defensa, generándose daños materiales y morales causados a mí
Representado”8.

1.3.8. En lo que respecta al artículo 58 Superior, manifestó que si bien es cierto que
de conformidad con esa disposición, el interés privado debe ceder ante el interés
público o social, y que la propiedad tiene una función social, cuando el Estado
colombiano declara uno o varios predios como reserva forestal o parte integrante de
un Parque Natural, ello no representa que el particular pierda los derechos de la
propiedad privada ni los derechos adquiridos, por ello el incumplimiento de las
autoridades en cuanto a la adquisición de su inmueble ha generado una afectación en
los derechos adquiridos respecto del predio Altamira, responsabilidad que es
endilgable a la UAESPNN, pues de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6º del
artículo 24 del Decreto No. 1124 de 1999, es la encargada de adquirir los predios de
propiedad privada ubicados dentro de un área reservada y declarada como Parque
Nacional Natural.

1.3.9. Agregó que tanto el Auto 008 del 29 de abril de 2002 como la Resolución No.
0120 del 29 de mayo de 2002, se fundamentaron en la Resolución No. 09 del 3 de
diciembre de 1938, mediante la cual el Ministerio de Economía Nacional de la época,
“señaló que para la conservación y regularización de las aguas del Río Cali, se
declararán reservados los bosques que existen en la Hoya Hidrográfica del

8 Folio 266 del Cuaderno No. 1 del expediente

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mencionado Río, como reserva forestal en el municipio de Cali, departamento del
Valle; en estas zonas no se podrían efectuar talas o desmontes de los bosques o
florestas, sino mediante permisos otorgados por ese Ministerio”9, para señalar que la
finca denominada “Altamira” se encontraba dentro de un área de reserva forestal
cuando la adquirió. Sin embargo, dichas autoridades pasaron por alto el hecho de que
dicha propiedad no se encuentra ubicada en la hoya hidrográfica del Río Cali, sino en
las subcuencas de Guerrero y Jamundí, de manera que las afirmaciones hechas en
los actos demandados, y que sustentan su decisión, no son ciertas.

1.3.10. Finalmente, trajo a colación varias providencias que, señala, deben
tenerse en cuenta “respecto de la no publicación y/o no notificación en legal forma”10
de la Resolución No. 092 del 15 de julio de 1968, estas son la T-419 de 1994 y los
autos 4/90 y 20/75 de las Secciones Primera y Cuarta de ésta Corporación,
respectivamente.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. El MinAgricultura contestó la demanda en los siguientes términos:

En primer lugar, presentó las excepciones de caducidad, falta de legitimación en la
causa por pasiva e inexistencia de obligación probada frente a esa cartera ministerial,
las cuales sustentó como sigue:

2.1.2. En cuanto a la caducidad de la acción, aseveró que la parte actora hace
referencia a la Resolución No. 92 de 1968 y al Decreto aprobatorio 282 de ese mismo
año con el fin de “señalar, en primer lugar, una participación directa del Ministerio que
defiendo, en actos de adjudicación”11, de manera que el término de presentación
oportuna de la demanda feneció hace muchos años.

En lo atinente a la falta de legitimación por pasiva, puso de presente la inexistencia de
acción u omisión alguna reprochable a esa cartera ministerial, debido a que las

9 Folio 10 del Cuaderno No. 1 del expediente. Primer considerando del Auto 008 del 22 de abril de 2002,

proferido por el Coordinador del Grupo Jurídico de la UAESPNN.
10 Folio 2175 del Cuaderno No.1 del expediente.
11 Folio 939 del Cuaderno Número 1ª del expediente.

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actuaciones que reprocha el actor eran del resorte del INCORA y por ende, no
atribuibles a ese Ministerio. En punto del Decreto 282 de 1968, señaló que aquél fue
suscrito por el Ministro en atención a que en la Constitución de 1886, así como en la
de 1991, el Gobierno Nacional estaba conformado por el Presidente de la Republica y
sus ministros, lo que llevó a que todo el gabinete firmara dicho acto, de tal suerte que
no se trataba de un tema del resorte de esa cartera; sobre este aspecto, enfatizó que
las obligaciones de declarar la reserva, así como las de notificación y publicación del
referido Decreto, eran del mencionado instituto.

Por esa razón, adujo que no existe ninguna obligación de la que se le pueda atribuir
responsabilidad y en esa medida, destacó que no se cumplen los presupuestos para
impartirle alguna orden, razón por la cual solicitó que se declararan probadas las
excepciones planteadas, o, en su defecto, que se denieguen las pretensiones de la
demanda.

2.2. La UAESPNN presentó dos (2) escritos contentivos de la contestación de la
demanda, en los cuales argumentó lo siguiente:

2.2.1. Luego de referirse a la naturaleza del acto administrativo de creación del Parque
Nacional Natural Farallones de Cali, a la propiedad privada y la creación de las áreas
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, mencionó que los actos administrativos
demandados, fueron emitidos por un funcionario competente, conforme al
procedimiento establecido para esos efectos, sin violación a los derechos de audiencia
y defensa, su expedición se efectuó de forma sustentada, sin errores de hecho o
derecho válida y sin que haya desviación de poder.

2.2.2. Como excepciones presentó caducidad e inepta demanda. Alegó que la primera
de ellas operó, en tanto que, de la lectura cuidadosa de la demanda se infiere que las
pretensiones del actor en realidad están dirigidas contra la Resolución No. 92 y el
Decreto 282 de 1968, pues fueron estos los causantes del perjuicio aducido por él, en
la medida que fue la declaratoria de la reserva la actuación que el demandante
identifica como vulneradora de sus derechos, por tal razón, si se tiene como cierta la
fecha en que el demandante alega haberse enterado de la existencia de la referida

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Resolución, esto es, el 15 de julio de 1968, el término de presentación oportuna de la
demanda feneció.

En cuanto a la inepta demanda, aseguró que se configuraba por cuanto no se reúnen
los requisitos legales para la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho impetrada, y que se acudió a la vía procesal inadecuada si se analiza con
atención lo que verdaderamente pretende el actor, es decir, el cumplimiento de la
orden contenida en el artículo 7° de la Resolución No. 92 de 1968, para lo cual existen
otros mecanismos previstos en la ley.

Alegó también la inexistencia del daño, al carecer el expediente de prueba alguna de
su causación y de su magnitud, de forma que no es posible reconocer ningún tipo de
indemnización por este concepto. En ese mismo sentido, insistió en que el daño
alegado por el actor no es cierto, determinado ni cuantificado económicamente, y que
el avalúo realizado por el ingeniero forestal que fue aportado con la demanda parte de
premisas hipotéticas y no reales.

Explicó que los actos administrativos por medio de los cuales se crean, delimitan y
reservan áreas del territorio nacional para el Sistema de Parques Nacionales Naturales
son actos administrativos de contenido general, impersonal y abstracto que implican
la afectación de la propiedad privada, acorde con el interés público, sin que ello impida
o imposibilite su enajenación, en virtud del artículo 80 de la Constitución. Afirmó que
la Resolución No. 92 de 1968 es un acto administrativo de esas características que
cumplió con todos los requisitos para su expedición, fue publicado en el Diario Oficial
No. 32.596 del 13 de septiembre de 1968 y registrado en el folio de matrícula
inmobiliaria No. 370-0218-213 de la Oficina de Instrumentos Públicos del Círculo de
Cali, el día 15 de octubre de 198512.

Insistió en que dentro de las áreas de Parques Nacionales Naturales es compatible la
existencia de predios de propiedad privada, sólo que de ellos se predica una limitación
en cuanto a las actividades que se pueden desarrollar, pues éstas deben ser acordes
al fin del área protegida. Es por ello que resulta incorrecto señalar que los actos de
declaración de parques naturales sean actos de disposición de dominio; por el

12 Folio 412 del Cuaderno No. 1 A del expediente.

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contrario, son decisiones administrativas de carácter general que llevan la afectación
de la propiedad privada, pero que no implican que el bien ingrese de manera
automática al haber del Estado, ni generan en su cabeza la obligación de adquirir los
inmuebles que fueron cobijados por tal declaratoria.

Ahora bien, señaló que aun cuando es cierto que en los considerandos de la
Resolución No. 120 del 29 de mayo de 2002, se incurrió en error al manifestar que el
acto administrativo que había resuelto el recurso de reposición fue el auto No. 043 de
diciembre de 2001, tal circunstancia no da lugar a la nulidad de ese acto dado que fue
expedido con fundamento en las normas aplicables, por el organismo y los funcionarios
competentes para tal fin, debidamente motivado, en forma regular y con observancia
de los derechos de audiencia y defensa del aquí accionante.

En cuanto a la manifestación realizada por el actor, referente a que el artículo 35 del
CCA fue quebrantado al no adquirir el predio de su propiedad, señaló que dicha
afirmación no responde a la verdad por cuanto “el establecimiento de los gastos en el
presupuesto de una entidad oficial, no obedece al capricho o la satisfacción de un
interés particular, como lo pretende el actor, sino que, por el contrario, busca la
satisfacción de intereses de carácter general”13.

Por tales razones, solicitó que las pretensiones de la demanda fueran despachadas
desfavorablemente.

2.3. Los demás demandados guardaron silencio.

III.LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 31 de agosto de 2011, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca accedió a las pretensiones de la demanda, y, por ende, adoptó las
siguientes decisiones:

“1. DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes actos administrativos:

13 Folio 508 del Cuaderno No. 1 A del expediente.

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• Oficio No UP-CJU-004067 del 6 de septiembre de 2001 proferido por la Unidad
Administrativa Especial de Sistema de Parques Nacionales Naturales.

• Auto No 008 del 29 de abril de 2002 mediante el cual se resolvió un recurso de
reposición contra el oficio anterior.

• Resolución No. 0120 del 29 de mayo de 2002 por medio de la cual se resolvió un
recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria contra el primer acto.

2. Como restablecimiento del derecho CONDENAR a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SISTEMA DE PARQUES NACIONALES
NATURALES a pagar a favor del señor ALFONSO HEBERTO VELASCO PARDO:

a. Por perjuicios materiales la suma de treinta y tres millones trescientos cincuenta
y cinco mil cincuenta y tres pesos m/cte ($33.355.053)

b. Lo equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes por
perjuicios morales, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

3. Negar las demás pretensiones de la demanda” 14.

A esas conclusiones llegó tras dar respuesta a tres problemas jurídicos, los cuales
fueron planteados en los siguientes términos:

“¿Los actos por medio de los cuales se da respuesta a un derecho de petición
elevado por un particular, informando que no es posible realizar la compra del
predio de su propiedad por falta de presupuesto, crea, modifica o extingue alguna
situación jurídica?

¿Existe obligación por parte del Estado de adquirir un bien ubicado dentro de una
zona declarada Parque Nacional Natural?

¿Si el bien objeto de la controversia en sus inicios era un bien baldío, cuál es el
perjuicio a reconocer teniendo en cuenta la función social que cumplen este tipo
de bienes?”.

3.1. Pues bien, el Tribunal comenzó precisando que los actos administrativos
demandados son aquellos de contenido particular por medio de los cuales se dio
respuesta a una petición elevada por el actor el 27 de agosto de 2001 y se resolvieron
los recursos de reposición y apelación por el interpuestos, a través de los cuales la
UAESPNN le informó que no contaba con presupuesto para adquirir su predio.

Con base en ello, y teniendo en cuenta que la notificación de la Resolución No. 0120
del 29 de mayo de 2002, acto por medio del cual finalizó la vía gubernativa, tuvo lugar
el 21 de junio de 2002, concluyó que la demanda fue interpuesta en tiempo puesto que

14 Folios 721 a 755 del Cuaderno Principal.

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se radicó el 21 de octubre de ese mismo año, razón por la cual desestimó las
excepciones de caducidad propuestas por el MinAgricultura y la UAESPNN.

3.2. Posteriormente, hizo un recuento de lo que encontró probado en el expediente
y concluyó que el bien objeto de la controversia fue un baldío adjudicado a la persona
que le vendió el predio al accionante, condición que, de suyo, le impone al beneficiario
una función social que implica restricciones. Citó in extenso la sentencia C-595 de
1995 en materia de la propiedad de los bienes baldíos, para concluir que de aquellos
existen dos tipos: unos destinados a explotación económica agrícola y otros de
conservación.

Así, con fundamento en el material probatorio, esto es la Resolución No. 2448 del 15
de octubre de 1953, por medio de la cual se adjudicó el baldío al anterior propietario
del inmueble “Altamira” en la cual se le atribuyó la obligación de “sembrar árboles
propios para construcciones urbanas, en proporción no menor de diez (10) árboles
propios para construcciones urbanas, en proporción no menor de diez (10) por cada
hectárea de terreno adjudicado” 15 y la Licencia No. 836 – B del 3 de mayo de 1968,
por medio de la cual el Ministerio de Agricultura autorizó al accionante el
aprovechamiento de un bosque de diez (10) hectáreas en dicha propiedad, consideró
que el predio del demandante cumplía una doble función, pues tenía autorizado un
aprovechamiento pero éste era muy restringido, en la medida en que procuraba
preservar la sostenibilidad de la Hoya Hidrográfica del Río Jamundí y asegurar el
crecimiento y buen desarrollo de la vegetación.

En ese sentido, estimó que era claro que se trataba de “un derecho a la propiedad que
nació con limitaciones y al ser transferida al demandante específicamente hasta antes
de la declaratoria de parque nacional natural, si bien podía explotarse, no era en forma
absoluta”16, situación que conocía el actor, por cuanto la licencia por él obtenida para
la explotación del predio provino de una solicitud propia y en el certificado de tradición
se indica expresamente que se trató de una adjudicación de baldíos.

15 Folio 739 del Cuaderno No. 1B del expediente.
16 Folio 740 del Cuaderno No. 1B del expediente.

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Tal consideración, a juicio del Tribunal resulta importante, en tanto que “si se llegare a
declarar la nulidad y restablecimiento del derecho, el reconocimiento de perjuicios
materiales se circunscribirá a la explotación autorizada por la administración y no al
valor pleno del inmueble y su bosque”17.

3.3. Prosiguió con el análisis de lo que la Sala de Consulta de esta Corporación
explicó respecto del sistema de parques naturales nacionales, al hacer referencia al
concepto del 29 de septiembre de 2005, de radiación número 1680, del cual fue
ponente el doctor Luis Fernando Álvarez Jaramillo; del cual concluyó que la propiedad
privada está prohibida en el mencionado sistema, a la vez que el entonces Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial tenía la obligación de preservar y adquirir
todos los inmuebles que se hallaran inmersos en el área determinada como parque
nacional.

3.4. Destacó que previo a la declaratoria del área como perteneciente al sistema de
parques nacionales naturales, se había declarado la reserva forestal a través de la
Resolución No. 9 de 1938, expedida por el Ministerio de la Economía Nacional,
Departamento de Tierras y Aguas – Sección de Bosques. De ello dedujo que contrario
a lo señalado en la demanda, el predio nunca estuvo exento de limitaciones de dominio
y afectación por parte del Estado, pero hizo la salvedad que sólo con la declaratoria
de parque nacional natural alcanzó una limitación absoluta. De ahí concluyó que se
había vulnerado el núcleo esencial del derecho de propiedad del actor, naciendo en
cabeza del Estado la obligación de adquirir el inmueble o expropiarlo.

3.5. Encontró probada la falsa motivación de los actos administrativos demandados
en el hecho que la Administración actuó de forma contradictoria y arbitraria, pues
procedió a adelantar ciertas actuaciones que llevaron al administrado a creer que se
estaba en el proceso de adquisición del inmueble (solicitud de avalúo al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, visitas oculares para establecer la ubicación del inmueble
dentro del parque, etc.), para luego insistir en que se debía agotar lo ya realizado y
finalmente responderle que no contaba con el presupuesto para adquirir el predio. Por
ello, encontró que se había generado confianza legítima en el demandante, quien “en
su buena fe siguió y esperó el avance de los trámites que le imponían, sin obtener el

17 Folio 740 del Cuaderno No. 1B del expediente.

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objetivo, en cambio recibió la alteración de las reglas de juego, sin amparar las
expectativas válidas que se había creado, basado en acciones prolongadas, en tanto
la administración en cada uno de sus pronunciamientos le generaba la convicción de
que le iban a comprar el inmueble. De una parte, le indica que debe cumplir los
requerimientos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para elaborar el avalúo, y
posteriormente que antes debe analizar la necesidad de adquirir el inmueble, y
superada esta etapa de estudios, vendría la orden de avalúo y la consecuente
negociación”18.

3.6. En ese orden de ideas, consideró que existía la obligación de adquirir el
inmueble por parte de la UAESPNN, la cual cuenta con recursos del Fondo Nacional
Ambiental – FONAM, para adquisición de predios en nombre de la Nación, con cargo
a la subcuenta del Sistema de Parque Nacionales Naturales, que hace parte de las
subcuentas de la línea de financiación, recaudo y ejecución con destinación específica
y que, en consecuencia, ante las falsas motivaciones de los actos enjuiciados, aquellos
devienen nulos.

Mencionó que dichas decisiones han generado un sin número de perjuicios al
accionante, de manera que, condenó a las entidades accionadas a pagarle el monto
de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de daño
moral, de acuerdo con las reglas creadas por la jurisprudencia.

3.7. En cuanto a los perjuicios materiales, evaluó el dictamen pericial aportado con
la demanda que refiere que los daños comprenden hasta mayo de 2018 y equivalen a
la suma de sesenta y dos millones trescientos sesenta y dos mil trescientos setenta y
cuatro millones quinientos setenta y nueve mil setenta y tres pesos ($62.374.579.073)
y consideró que, pese a que el mismo no había sido objeto de tachas por las partes,
no contaba con los elementos suficientes para ofrecer certeza sobre los valores del
lucro cesante y daño emergente, debido a que la experticia se dedicó a hacer una
descripción del sitio y a un inventario de los recursos naturales. Sin embargo, estimó
que era evidente la existencia del daño, por lo que procedió a fijar el valor de la
indemnización, en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, esto es, valorando
la antigüedad en la adquisición del predio, su vocación rural, la imposibilidad jurídica y

18 Folio 747 del Cuaderno No. 1B del expediente.

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física de detentar las atribuciones del derecho de dominio, de tal suerte que la
reparación debía determinarse por el precio del inmueble convertido a capital.

Así, luego de referirse a la actualización del avalúo comercial del bien a partir del
estudio efectuado por el Instituto Agustín Codazzi, indicó que, para el año 2011 el
mismo se encontraba en la suma de treinta y tres millones trescientos cincuenta y cinco
mil cincuenta y tres pesos ($33.355.053), valor que reconoció como perjuicios
materiales probados.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso, oportunamente, recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, solicitando la revocatoria del numeral segundo de la
parte resolutiva, cuyos fundamentos se sintetizan así19:

4.1. Planteó tres (3) razones por las que se configura una “violación indirecta a la ley
sustancial por no valoración de [la] prueba pericial”:

4.1.1. En primer lugar, señaló que el dictamen pericial fue efectuado por un perito
ingeniero agrónomo con más de veinte (20) años de experiencia como planificador de
créditos FINAGRO del sector agropecuario ante distintas entidades bancarias, quien
realizó un examen claro, preciso y detallado de los perjuicios ocasionados al
demandante. A lo que añadió que la prueba fue tramitada respetando el debido
proceso y el derecho de defensa de los demandados.

4.1.2. Posteriormente, puso de presente la existencia de un error geográfico en las
apreciaciones del Tribunal pues la Resolución No. 9 de 1938 hace referencia a la hoya
hidrográfica de la ciudad de Cali y el predio objeto de esta acción se encuentra ubicado
en la ciudad de Jamundí, tema que fue analizado de manera expresa por el perito en
su dictamen, razón por la cual insistió en que la restricción del predio nació únicamente
en el año 1968 y no antes.

19 Folios 761 a 767 del Cuaderno No. 1B del expediente .

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4.1.3. Luego, hizo énfasis en que la prueba pericial estaba bien realizada y que daba
cuenta de los verdaderos perjuicios sufridos y manifestó que no era adecuado haber
ordenado el restablecimiento con base en el valor comercial del inmueble, pues tal
suma no representa el daño emergente, como quiera que éste debe ser estimado con
el monto de lo que ha tenido que invertir en la conservación de los árboles sembrados
en su inmueble desde la fecha de creación del Parque Nacional Los Farallones de Cali
hasta la fecha; y que tampoco comprendía el lucro cesante, que se representa en lo
que ha dejado de percibir al no poder aprovechar forestalmente su predio.

Arguyó que la prueba pericial, de manera clara, precisa y detallada, definió que el valor
del daño emergente se valoraba en cincuenta mil ciento once millones, setecientos
treinta y ocho mil doscientos setenta pesos ($50.111.738.270.00) y del lucro cesante
correspondiente a doce mil doscientos sesenta y dos millones, ochocientos cuarenta
mil ochocientos tres pesos ($12.262.840.803.00).

4.2. Por último, alegó una “violación directa a la ley sustancial art. 90 de la C.N”
debido a que considera muy baja la suma fijada por perjuicios morales, esto es, cien
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes (en adelante SMLMV) en la medida
en que se trata de un daño sufrido hace más de cuarenta y siete (47) años, que,
además, no se encuentra en el deber de soportar.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

5.1. La parte actora presentó alegatos de conclusión en esta instancia, reiterando los
argumentos del recurso de apelación interpuesto, haciendo especial énfasis en que el
dictamen pericial del Ingeniero Agrónomo Humberto Blanco Rivera fue tramitado
respetando el derecho de defensa y debido proceso de los demandados, pero aun así
el Tribunal lo ignoró, en su opinión, de manera inexplicable20.

5.2. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, solicitó negar las pretensiones
del accionante y que se le exonerara de toda responsabilidad, mediante escrito en el
que defendió la legalidad de los actos demandados, destacando que la declaratoria de
reserva del parque fue registrada en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria

20 Folios 17 a 27 del Cuaderno Principal.

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y que fue expedido con base en la facultad del Estado de imponer limitaciones al
ejercicio del derecho de dominio, mediante un acto administrativo de contenido
general, impersonal y abstracto, resaltando que la propiedad privada es compatible
con este tipo de áreas protegidas, por lo que no es posible afirmar que se trate de un
acto dispositivo de dominio.

Finalmente, adujo que tanto esa entidad como el INCORA, actuaron conforme a
derecho, realizando los procedimientos señalados en la Ley 2 de 1959, el Código
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de la Protección al Medio Ambiente,
el Decreto 622 de 1977 y las Resoluciones 092 y 282 de 196821.

5.3. Por su parte, la UAESPNN alegó de conclusión manifestando que no era cierto
que en la sentencia de primera instancia se haya vulnerado la ley sustancial al
momento de valorar el dictamen pericial aportado por el demandante, toda vez que de
conformidad con el artículo 107 de la Ley 99 de 1993, en los casos en que se adquieran
bienes inmuebles relacionados con las áreas del Sistema de Parque Nacionales
Naturales por expropiación o negociación directa, el precio debe ser fijado por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, norma que es de orden público y por ende no
puede ser objeto de transacción o renuncia.

De otra parte, en lo que respecta a la supuesta violación del artículo 90 de la
Constitución Política, aseveró que la misma no se presenta, en la medida en que el
daño sufrido por el actor no tiene la calificación de antijurídico, pues las limitaciones
que se imponen al derecho de dominio son cargas que todos los ciudadanos
colombianos tienen el deber jurídico de soportar, como una manifestación de la función
ecológica de la propiedad, que en materia de Parque Nacionales Naturales se ve
reflejado en la limitación de los usos establecidos para su conservación.

5.4. Las demás partes guardaron silencio.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

21 Folios 32 a 33 del Cuaderno Principal.

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El representante del Ministerio Público delegado ante el Consejo de Estado guardó
silencio.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 237 de la Constitución Política, 11,
34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia- Ley 270 del 7 de marzo de
1996, 129 del Código Contencioso Administrativo- Decreto 01 de 1984 y 13 del
Acuerdo 55 de 2003, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto.

7.2. Planteamiento

Teniendo en cuenta las argumentaciones de la sentencia recurrida, el recurso de
alzada y las intervenciones de las entidades accionadas en sus respectivos escritos
de alegaciones de conclusión, advierte la Sala que las partes concuerdan en la
ilegalidad de los actos censurados. Entre tanto, discuten respecto al alcance del
restablecimiento ordenado y el monto de los perjuicios materiales y morales que deben
ser reconocidos al demandante por los daños que le fueron ocasionados por la emisión
de las decisiones de la Administración.

Así, el primer punto en discusión es el relacionado con la idoneidad del peritaje
practicado en el trámite de instancia, pues el recurrente sostiene que no existe alguna
razón válida para no tenerlo en cuenta a efectos de definir la estimación del monto que
se le debe reconocer por concepto de restablecimiento y reparación del daño que le
fue ocasionado por las decisiones ilegales, máxime cuando, a su juicio dicho estudio
fue elaborado por un experto en la materia y la prueba fue recaudada y tramitada
respetando el debido proceso. Por su parte, el Tribunal es del criterio que dicho
dictamen no podía ser evaluado, por cuanto no ofrecía suficiente certeza sobre los
daños en atención a que en la experticia sólo se hizo un inventario de los recursos
existentes en la zona, sin ningún tipo de fundamentación.

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Discuten también respecto a la apreciación de los hechos, pues para el demandante:
(i) no es cierto que su predio se ubique en la ciudad de Cali, toda vez que el mismo se
localiza en la cuenca del Río Jamundí Guerrero y (ii) tampoco es cierto que éste tuviera
alguna restricción en su explotación de manera previa a la declaratoria del Parque
Nacional Natural Farallones de Cali. Sin embargo, para el a quo, la finca Altamira de
propiedad del accionante, siempre tuvo limitaciones parciales al derecho de dominio,
habida cuenta de que se encuentra en una zona de reserva forestal definida a través
de la Resolución 9 del 3 de diciembre de 1938. Además, a partir de las condiciones
dispuestas para la adjudicación del predio a través de la Resolución No. 2448 del 15
de octubre de 1953 y de las señaladas para la concesión de la Licencia No. 836 – B
del 3 de mayo de 1968, concluyó que su aprovechamiento era muy restringido pues
se procuraba preservar la sostenibilidad de la Hoya Hidrográfica del Río Jamundí y
asegurar el crecimiento y buen desarrollo de la vegetación.

Hay igualmente controversia respecto del contenido del restablecimiento ordenado a
favor del demandante, pues éste cuestiona que el valor comercial de la finca Altamira
que le fue reconocido por ese concepto no comprendía el valor del daño emergente y
el de lucro cesante. Entre tanto, para el Juzgador de Primera Instancia la tasación del
mismo debía efectuarse con base en el avalúo comercial del inmueble del accionante,
circunstancia que a juicio de la UAESPNN es ajustada a derecho, pues en virtud del
artículo 107 de la Ley 99 de 1993, los precios para adquirir bienes en parques de
reserva natural deben ser fijados por el Instituto Agustín Codazzi.

Finalmente, frente al daño moral, el demandante sostiene que la suma de cien salarios
mínimos mensuales legales vigentes (100 smmlv), determinada por el Tribunal por ese
concepto, desconocía el artículo 90 de la Carta Política, pues era mínima si se tiene a
consideración que ha sufrido daños que se han prolongado por más de cuarenta y
siete (47) años; mientras que, la UESPNN asegura que dicha disposición superior no
fue vulnerada, en la medida que el perjuicio sufrido por el accionante no tenía la
condición de antijuridico, si no que se trataba de una limitación que se encontraba en
la obligación de soportar debido a la función ecológica de la propiedad.

7.2.1. De los reparos frente al peritaje

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En este punto, se tendrá que definir si es idóneo el peritaje practicado en el trámite de
instancia para definir el monto de los perjuicios materiales que el demandante alega
haber sufrido con la expedición de los actos censurados, si éste reprocha que esa
prueba debe ser valorada dado que fue elaborada por un experto reconocido en la
materia y a que fue recaudada y tramitada con respeto al debido proceso.

7.2.1.1. A efectos de resolver lo anterior, lo que advierte la Sala es que la razón que
condujo al a quo a desechar el peritaje rendido en el plenario no fue la idoneidad del
experto que lo llevó a cabo y tampoco que hubiese fallas procesales que redundaran
en el desconocimiento del debido proceso tales como irregularidades en el recaudo
de esa experticia, pues inclusive el Tribunal reconoce que ninguna de las partes objetó
la misma o solicitó su adición y aclaración.

Por el contrario, la razón por la que el A quo decidió apartarse de dicha prueba, fue
porque a su juicio, la misma no ofrecía ningún soporte que le permitiera determinar
con certeza cuál era el daño que fue el actor sufrió con la expedición de los actos
censurados tal y como se evidencia enseguida :

“PERJUICIOS MATERIALES

Para soportar la pretensión se aportó un dictamen pericial que refiere que los
perjuicios equivales hasta mayo de 2008 a la suma de $62.374.579.073 pesos,
opinión rendida por perito ingeniero agrónomo, experticia que estuvo a disposición
de las partes sin ningún tipo de reparo, objeción o tachas, lo que permite al
juzgador revisar su contenido a la luz del numeral sexto del artículo 237 del Código
de Procedimiento Civil, que exige como cualidades el deber de ofrecer en el
dictamen una relación detallada y precisa de los fundamentos técnicos, científicos
o artísticos de sus conclusiones, como también las investigaciones efectuadas.

Condiciones que contrastadas con el documento acompañado no superan el
examen, en la medida que no se encuentran las razones para señalar el precio del
lucro cesante y el daño emergente. En la experticia solamente se dedicó a hacer
una descripción geográfica del sitio, un inventario de los recursos naturales, y llega
de forma directa sin justificación anunciando que se hace de acuerdo a unas
posibilidades de uso de la madera, para luego factorizar el área de terreno afectado
por cifras que considera (Sic)”22

Ello significa que el recurrente no controvirtió las razones por las que el Tribunal
denegó la posibilidad de valorar la prueba pericial practicada en el trámite de instancia,
de manera que el cargo no tiene vocación de prosperidad tal y como fue planteado.

22 Visible a folio 751 del Cuaderno del Tribunal

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Ahora, aún en gracia de discusión sobre el alcance de la presunta idoneidad del
peritaje, lo cierto es que le asiste razón al Tribunal cuando afirma que el dictamen
pericial no ofrece ningún fundamento que permita comprobar la veracidad de las
afirmaciones que allí fueron planteadas, tal y como se verá enseguida:

7.2.1.2. Pues bien, lo primero que debe indicarse es que, a través de providencia del
15 de junio de 2007, el Tribunal accedió al decreto de un dictamen pericial pedido por
la parte actora, con el fin de que fueran absueltos los siguientes interrogantes:

“1.- Ubicación del predio denominado ALTAMIRA

2.- Cuenca y Microcuenca Hidrográfica a la cual tributa sus aguas el predio.

3.- Antigüedad de los recursos naturales sembrados por el propietario en el predio
objeto de Inspección Judicial y dictamen pericial.

4.- Inventario total pormenorizado de los recursos naturales y su clasificación que
se encuentran en el bosque del predio.

5.- Verificación de existencias dentro del bosque de recursos naturales en vía de
extinción.

6.- Avalúo comercial del terreno y ambiental del bosque que en el predio se
encuentra.

7.- Estimación razonada de los daños y perjuicios materiales incluidos el daño
emergente y lucro cesante causados al propietario del predio por el incumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 7º de la Resolución No. 92 del quince (15) del mes de
Julio de mil novecientos sesenta y ocho (1.968), aprobada con el Decreto No 282
del veintiséis (26) del mes de Agosto del mismo año, teniendo como base el avalúo
comercial del terreno y ambiental del bosque que en el predio se encuentra, con la
ayuda y estudio del avalúo realizado por el Ingeniero Forestal e Interprete
Paisajístico Carlos González Rodríguez de fecha diecisiete (17) de septiembre de
dos mil dos (2002)”23

Para la práctica de esa experticia se designó al Ingeniero Agrónomo Humberto Blanco
Rivera quien tomó posesión del cargo el 6 de mayo de 2008. Posteriormente, a través
de memorial del 17 de junio de ese año, el anotado técnico rindió el peritazgo.

En lo relevante en ese documento se dijo:

23 Visible a folios 302 y 303 del Cuaderno del Tribunal

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“3- ANTIGÜEDAD DE LOS RECURSOS NATURALES SEMBRADOS POR EL
PROPIETARIO EN EL PREDIO OBJETO DE INSPECCIÓN JUDICIAL Y
DICTÁMEN PERICIAL

El predio ALTAMIRA, fue adquirido por el señor ALFONSO VELASCO, en el año
1965, mediante Escritura Pública No 121, de la notaría única de Jamundí, desde
ese año data la gran vocación del señor VELASCO, por el interés por la (Sic)
preservación del medio ambiente y aún con recursos económicos, conservó el
bosque natural que existía y empezó una REFORESTACIÓN, con especies
propias del bosque nublado, principalmente con el árbol denominado
CULEFIERRO, con sotobosque en el que se presentan LOS YARAUMOS, PLAMA
BOBA, PUNTA DE LANZA LOMBRICERO, MORTIÑO BLANCO, BALSO
BABOSO, DRAGO, GUADILLA, SAQUE MULA Y GUAYACANES. Por
consiguiente hay árboles de CULEFIERRO de edad entre 30 a 60 años de
antigüedad, teniendo en cuenta que el predio se adquirió en el año de 1965 y a
pesar de que el predio fue incluido dentro del área del PARQUE NATURAL
FARALLONES DE CALI, en el año 1968, se siguió con la siembra y cuidado de los
recursos naturales de la finca ALTAMIRA.

Igualmente, mediante oficio No 711-05-2718-2005 de Noviembre 9 de 2002, la
CVC, para el caso del predio ALTAMIRA, valora y reconoce el esfuerzo del señor
ALFONSO VELASCO, para mantener bajo cubierta forestal esta fracción de
territorio de 49 hac (21.5 en el área del parque los farallones y 27.5 en la franja
amortiguadora) durante más de 40 años. Asimismo, reconoce el valor ambiental
del predio, el cual fue dimensionado a través del estudio realizado por el Ingeniero
Forestal CARLOS GONZALES RODRÍGUEZ.

4- INVENTARIO TOTAL POMENORIZADO DE LOS RECURSOS NATURALES
Y SU CLASIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EL BOSQUE DEL PREDIO.

Como lo mencioné en la respuesta anterior el bosque está conformado por
especies propias del Bosque nublado, caracterizada por especies propias de está
formación entre las que se da énfasis AL CULIFIERRO, con sotobosque en el que
se presentan LOS YARUMOS, PALMA BOBCA, PUNTA DE LANZA,
LOMBRICERO, MORTIÑO BLANCO, BALSO BABOSO, DRAGO, GUADUILLIA,
SANQUE MULA, GUYACANES. La fauna de esta asociación es muy rica en
especies de la avifauna, encontrándose entre aves, mamíferos y reptiles, especies
como: gatillo de roca, águilas, guacharacas, mirla negra, torcaza morada collareja,
paletones, venado, conejo, perro de monte, cusumbe solo, armadillo y ardillas. En
cuanto al recurso AGUA, en el predio hay 10 nacimientos y se preservan las
quebradas que recorren el predio que hacen parte de la cuenca del río JAMUNDI,
pues ahí desembocan, quebradas como LAS HEBRAS, GUERRERO, LA
CAMELIA etc, lo cuál ayudan (Sic) con una producción permanente del recurso
hídrico para poblaciones de PUENTE VELEZ, GATO DE MONTE, POTRERITO,
RÍO CLARO, SUN VILLAGE, HACIENDAS POTRERITOS, ACUEDUCTO DE
CORALPEP Y ACUAVALLE, ALFAGUARRA.

5- VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS DENTRO DEL BOQUE DE RECURSOS
NATURALES EN VÍA DE EXITINCIÓN

En la naturaleza existe la tendencia de EQUILIBRIO, entre MEDIO AMBIENTE,
PLANTAS y ANIMALES que se adapten a ese medio. Todos estos factores son
interdependientes, de tal forma que cualquier alteración en uno de ellos ocasiona
cambios en los demás.

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Se pudo constatar durante la visita ocular (adjunto fotos, que hay una Tala
Indiscriminada del bosque por parte del peor depredador de los recursos naturales
que es el ser humano, con el robo de los árboles se afecta la FAUNA, LAS
FUENTES DE AGUA, EL SUELO ya que se incrementa la EROSIÓN en época de
invierno, la OXIGENACIÓN DEL AIRE, ya que el bosque convierte el CO2 en
Oxígeno. La especie más apetecida por los ladrones es la CULEFIERRO, ya que
es una madera muy resistente y es utilizada por mineros artesanales de la zona
como rieles y transportar el carbón de un sitio a otro, palancas y tucas para soporte
de los socavones de las minas de carbón de PUENTE VELEZ.

6- AVALÚO COMERCIAL DEL TERRENO Y AMBIENTAL DEL BOSQUE EN EL
PREDIO SE ENCUENTRA.

Teniendo en cuenta el estudio “VALORACIÓN DEL BOSQUE DE LOS PREDIOS
ALTAMIRA Y LA ESPERANZA”, presentado por el Ingeniero Forestal y paisajista
CARLOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ con fecha Septiembre 17 de 2002, trabajo
con los mismos parámetros, pero teniendo en cuenta que el área de la finca
ALTAMIRA, es de 49 Hac.

VALORACIÓN DE LOS RECURSOS:

Los recursos del predio deben ser cuantificados considerando aspectos
comerciales y ambientales, además que la valoración ambiental es mucho más
alta que la comercial, sin embargo, para efectos de agilizarla, solo se ha
considerado un relación (Sic) del doble con respecto al costo comercial de los
recursos.

VALORACIÓN COMERCIAL DEL BOSQUE:

Se hizo con base a la estimación económica de las especies comerciales que allí
se han considerando con posibilidades de USO de la madera del bosque, la
especie comercial más importante es el CULEFIERRO.

EXPLOTACIÓN DE LA MADERA DEL BOQUE

NOTA: Los cálculos los hago con base a 49 Hectáreas que tiene la finca
ALTAMIRA, propiedad del señor ALFONSO VELASCO.

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VALORACIÓN DEL RECURSO HIDRÍCO:

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La valoración del recurso hídrico en el punto 5.2. del estudio el Ingeniero Forestal
CARLOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, que el caudal en promedio de las aguas es
de 0.5. lts/seg, lo cual arroja en conjunto un total de 50 lts/ seg de agua de
manantial.

En los bosques se ha observado, que es mejor la protección del suelo y la
regulación de las aguas y el volumen de absorción, infiltración y retención temporal
se debe al colchón de hojas, ramas, raicillas y materia del bosque, que puede
absorber hasta 250 mm de agua, lo que equivale a una capacidad superior a la
intensidad de cualquier lluvia.

La conservación de este bosque en el predio ALTAMIRA, durante más de 30 años
han (Sic) permitido que en él se conserve un recurso forestal que tiene un valor de
$36.067.178.833 (1+2+3).

LOS BENEFICIOS AMBIENTALES DEL MISMO SON DE GRAN VALOR POR
QUE SI EL BOSQUE NO EXISTIERA, LOS DAÑOS ECOLÓGICOS Y
AMBIENTALES A QUE ESTUVIERA SOMETIDO EL ENTORNO QUE TIENE
QUE VER CON LA REGULACIÓN HIDROLÓGICA DE ESTE BOSQUES SERÍAN
GRAVES Y EN ALGUNOS CASOS DAÑOS IRREVERSIBLES, LAS
AFECTACIONES A LA POBLACIÓN Y A LA RED DE SERVICIOS PÚBLICOS
SERÍAN COSTOSAS, SI EL BOSQUE NO EXISTIERA Y EJERCIERA LA
ACCIÓN PROTECTORA.

7. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES
INCLUIDOS EL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE CAUSADOS AL
PROPIETARIO POR EL INCUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 7 DE LA RESOLUCIÓN No. 92 DEL QUINCE (15) DEL MES DE
JULIO DE 1968, APROBADA CON EL DECRETO No. 282 DEL 26 DE AGOSTO
DEL MISMO AÑO, TENIENDO COMO BASE EL AVALÚO COMERCIAL DEL
TERRENO Y AMBIENTAL DEL BOSQUE QUE EN EL PREDIO SE
ENCUENTRA, CON LA AYUDA Y ESTUDIO DEL AVALÚO REALIZADO POR
EL INGENIERO CARLOS GONZALEZ RODRÍGEZ DE FECHA 17 DE
SEPTIEMBRE DE 2002.

En el punto anterior, se calculó el valor del bosque y ambiental del predio
ALTAMIRA, lo cual dio un valor total de $36.067.178.833 a Septiembre de 2002,
que al INDEXARLO a la fecha, a mayo de 2008 (Sic)

METODOLOGÍA:

Para el cálculo de la indemnización, hay que tener en cuenta el DAÑO
EMERGENTE y el LUCRO CESANTE.

DAÑO EMERGENTE: Abarca la perdida (Sic) misma de elementos patrimoniales,
los desembolsos que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el
advenimiento de pasivos causados por los hechos d ellos cuales trata de deducirse
la responsabilidad.

LUCRO CESANTE: Expresión que indica todas las ganancias ciertas que han
dejado de percibirse o que se recibirán luego, con el mismo fundamento de hecho.

El CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO, Art 1614, Entiéndase por DAÑO EMERGENTE,
el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de
haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por
LUCRO CESANTE, la ganancia o provecho que deja de reportarse como

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consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola
imperfectamente, o retardando su cumplimiento.

Para el DAÑO EMERGENTE o actualización de los valores se tiene en cuenta la
siguiente formula:

RESUMEN:

A PAGAR POR DAÑO EMERGENTE $50.111.738.270 Y POR LUCRO
CESANTE $12.262.840.803, PARA UN TOTAL DE INDEMNIZACIÓN DE

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$62.374.579.073 (0+1), A MAYO DE 2008, SON: SESENTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL SETENTA Y TRES PESOS MCTE.”24 (Negrillas dentro del texto)

7.2.1.3. Visto lo anterior y el contenido del dictamen pericial en estudio, observa la Sala
que lo dicho por el perito sobre la fuente del daño y la responsabilidad de la entidad
demandada se encuentra enmarcado dentro del objeto de la prueba solicitada y
decretada, debido a que lo que se pretende es demostrar la existencia de la afectación
patrimonial que se alega y su relación con el acto demandando.

Ahora, para la realización de este el perito se pronunció respecto a: (i) la antigüedad
de los recursos sembrados por el demandante en su predio, (ii) el inventario de los
recursos existentes en el mismo, (iii) la verificación de especies en peligro de extinción,
(iv) el avalúo comercial y ambiental y (v) la estimación razonada de los perjuicios
materiales, de modo que la Sala hará referencia a cada uno de esos ítems:

A) Pues bien, en lo concerniente a la antigüedad de los recursos naturales
sembrados en el predio objeto del dictamen, lo que se observa es que el perito se limitó
a reiterar lo expuesto en la demanda, esto es, que el inmueble fue adquirido por el
demandante en el año 1965 y que a partir de esa fecha se inició un proceso de
reforestación, lo que ha llevado a que existan árboles de “culefierro” de entre treinta
(30) a sesenta (60) años de antigüedad. Sin embargo, esa afirmación no se encuentra
respaldada por algún estudio que permita inferir con certeza si esas especies arbóreas
u otras se encuentran en ese lugar. Tampoco se indicó cuál fue el método empleado
para determinar la edad de estos, es decir, si usó la datación por métodos de
radiocarbono u otra técnica y mucho menos se arrimaron los resultados de esos
estudios.

B) Respecto del inventario total y pormenorizado de los recursos naturales que se
encuentra en la Finca Altamira, lo que se advierte es que el perito se limitó a enunciar
de forma general las especies arbóreas existentes en la región y particularmente, en
el bosque nublado en que éste se encuentra y enunció de la fauna que habita esa
zona.

24 Visible a folios 30 a 40 del Cuaderno de pruebas.

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Por ende, es claro que no se llevó a cabo el aludido inventario de forma específica y
en consecuencia, se desconoce cuál es la especie de fauna y flora que existe en el
predio del demandante.

C) De otro lado, sobre la verificación respecto a la existencia de recursos naturales
en vía de extinción dentro del bosque que hay en el predio de propiedad del
demandante, lo que se observa es que dicho interrogante tampoco fue observado,
pues el perito solo señaló que tala indiscriminada del bosque afectaba la fauna, las
fuentes de agua y el suelo e incrementaba la erosión.

D) En cuanto a la valoración ambiental, comercial y del recurso hídrico del predio
de propiedad del demandante, lo que se advierte es que la pericia se fundó en los
parámetros definidos en el estudio denominado “Valoración del bosque de los predios
Altamira y la Esperanza” que fue elaborado 17 de septiembre 2002, a solicitud del
actor, por el Ingeniero Forestal y paisajista, Carlos González Rodríguez.

Ahora, en este último análisis, se indicó, sin ningún tipo de sustento, que para la
tasación de los recursos se consideraba que la valoración ambiental era más alta que
la comercial y que para “agilizarla” era dable entender que la primera implicaba el doble
del costo comercial de los recursos. Dicha conclusión, fue asumida de forma idéntica
en el estudio practicado por el ingeniero Blanco Rivera quien no expuso de forma
razonada y técnica por qué era adecuado entender que el coste ambiental era el doble
del comercial, por lo que es dable colegir que ese valor fue estimado arbitrariamente
por el experto.

De otro lado, frente la valoración comercial del bosque en el dictamen, el perito
describió las especies existentes en el predio de propiedad del demandante que
podrían tener un uso maderero. No obstante, como se vio en el punto A) de esta
providencia, no fue llevado a cabo un inventario total de los árboles que se encontraban
en la finca Altamira y cuáles eran sus condiciones.

Así, se consideró, se insiste, sin ningún soporte, que dada la densidad del bosque,
existían doscientos cincuenta (250) árboles por hectárea y que la producción de
madera podría ser de setecientos cincuenta mil hectáreas (750.000 ha) por pulgada y

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se expresó que el precio de la madera es de trescientos trece pesos por pulgada ($
313 / pulgada).

A su vez, los costos referidos para la arborización y mantenimiento tampoco estuvieron
precedidos de ningún tipo de soporte de modo que no fue posible conocer
exactamente cuánto dinero debió asumir el señor Velasco Pardo para esos efectos.

Tampoco pasa por alto la Sala, que una vez más, la base para los valores indicados
en la pericia se extrajo de forma idéntica del estudio realizado por el señor Carlos
González Rodríguez, en el que tampoco se soportaron las cifras allí señaladas.

En efecto, en el análisis aportado por el demandante, se indicó:

“6.1. VALORACIÓN COMERCIAL

Se hizo con base a la estimación económica de las especies comerciales que allí
se considerando (Sic) las posibilidades de uso de la madera del bosque. La
especies comercial (Sic) más importantes en los predios es El Culefierro.

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”25

Respecto a la valoración del recurso hídrico, en la experticia se dieron por ciertos los
valores señalados para los caudales en el documento elaborado por el Ingeniero
Gonzalez Rodríguez, ello sin hacer algún tipo de comprobación científica de los
mismos.

E) Finalmente, se advierte que para la estimación razonada de los daños y
perjuicios materiales, el perito tuvo en cuenta la suma que arrojó la valoración
ambiental, comercial y del recurso hídrico en la finca Altamira, sin que como se vio en
el punto anterior, la misma esté precedida de fundamentos técnicos o científicos.

Se agrega a lo dicho que no se detallaron que parámetros fueron tenidos para calcular
el daño emergente y el lucro cesante, pues el experto designado se limitó a indicar
cuál era la definición legal de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, sin tener
en cuenta algún medio probatorio que permitiera probar que efectivamente el
demandante sufrió algún perjuicio económico con la expedición de los actos
censurados.

7.2.1.3.1. Lo hasta aquí expuesto, da cuenta que, como lo sostuvo el Tribunal en la
decisión recurrida, el dictamen pericial elaborado por el Ingeniero Agrónomo Humberto
Blanco Rivera, ofrece muchas dudas acerca de las razones científicas allí vertidas,

25 Ibídem

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máxime cuando, se insiste, no consta algún soporte que permita justificar las sumas
allí planteadas.

En este punto, la Sala pone de relieve que la jurisprudencia de esta Corporación ha
considerado que la eficacia probatoria del dictamen de expertos requiere que: “(i) el
perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos, según sus
conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal y contenga conceptos
propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas, por autorizadas
que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar el concurso de otros
técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) el perito sea competente, es decir,
un experto para el desempeño del cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de
su imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción por error grave; (vi) el dictamen
esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras, firmes y
consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean conducentes en
relación con el hecho a probar; (viii) se haya surtido la contradicción; (ix) no exista
retracto del mismo por parte del perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen; (xi) sea claro,
preciso y detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes, experimentos e
investigaciones efectuadas26.”27

En sentido, es relevante indicar que esta Corporación manifestó en sentencia del 28
de agosto de 2019, que el Juez en virtud del principio de la sana crítica puede
desligarse de lo dicho en una prueba pericial cuando la misma carezca de una
fundamentación seria que sustente sus conclusiones; veamos:

“Cuando la prueba pericial evidencia tal grado de carencia de fundamentos serios
que sustenten sus conclusiones, la facultad que le asiste a la Sala para valorar la
comunidad probatoria recaudada de conformidad con las reglas de la sana crítica,
le permite prescindir de tal experticia, según se desprende de lo preceptuado por
los artículos 237 (numeral 6) y 241 -inciso primero- del Código de Procedimiento
Civil, que dicen:

“Artículo 237. Práctica de la prueba. En la práctica de la peritación se
procederá así:

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2013, exp. 27959, C.P. (E) Danilo

Rojas Betancourth; sentencia de 21 de marzo de 2012, exp. 24250, C.P. Ruth Stella Correa Palacio;
sentencia de 16 de abril de 2007, exp. AG-250002325000200200025-02, C.P. Ruth Stella Correa
Palacio.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia

del 28 de abril de 2021, expediente nro. 25000-23-26-000-2008-00105-01(48436). Consejero Ponente:
Ramiro Pazos Guerrero.

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“(…).

“6. El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los
exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los
fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones.

“(…).

“Artículo 241. Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se tendrá en
cuenta la firmeza, precisión y claridad de sus fundamentos, la competencia
de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”.

Sólo al juez, en consecuencia, corresponde apreciar cuál es la fuerza de convicción
que debe reconocerse al dictamen, sin que esté obligado a aceptarlo cuando no
reúna los requisitos legalmente exigidos para su validez y eficacia. Una sujeción
absoluta, inopinada y acrítica respecto de la pericia convertiría al juez en un
autómata y a los peritos en verdaderos decisores de la causa.”28 (Subrayas de la
Sala).

Bajo la anotada perspectiva, y en aplicación de las reglas que gobiernan la apreciación
de las pruebas que se practican al interior de un proceso 29, y las específicas
relacionadas con los dictámenes periciales30, habida cuenta de que el concepto
emitido no ofrece solidez, ni claridad en sus apreciaciones técnicas, era procedente
que el Tribunal se apartara de lo que allí se encuentra contenido, de manera que, el
cargo no tiene vocación de prosperidad.

7.2.2. Sobre el alcance de los hechos

7.2.2.1. Al respecto lo primero que se tendrá que definir es si el Tribunal en la sentencia
recurrida indicó que el predio Altamira se encuentra en la jurisdicción del Municipio de
Cali, y en consecuencia ello redunda en la necesidad de revocar dicho fallo.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”.
Sentencia del 28 de agosto de 2019. Proceso radicado número: 250002326000200901007 01.
Magistrado Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
29 “Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de

acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial
para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.
30 “Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas

de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus
fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que
obren en el proceso”.

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Pues bien, de la revisión de la sentencia censurada lo que se advierte es que, contrario
a lo afirmado por el demandante, para el Tribunal el citado bien inmueble se encuentra
en el Municipio de Jamundí; veamos:

“RELACIÓN PROBATORIA PERTINENTE

(…)

2. Resolución No. 2484 del 15 de octubre de 1953, el Ministerio de Agricultura
adjudicó al señor José Noel Rubio, a titulo de cultivador, el terreno baldío
denominado Altamira, situado en el paraje Peña Negra corregimiento de Potrerito,
Municipio de Jamundí (folios 32 a 34 Cuaderno Principal). Registrado en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos el 25 de Marzo de 1957, según se aprecia
a folio 35 del mismo cuaderno.
(…)

DE LOS BIENES BALDIOS

Ahora bien, para la Sala es importante resaltar que el bien inmueble objeto de
discusión denominado Altamira situado en el paraje Peña Negra, corregimiento
de Potrerito, municipio de Jamundí, es un bien baldío, que fue adjudicado en los
términos de la Ley 160 de 1994, mediante Resolución No. 2484 de 1953, al señor
José Noel Rubio a título de cultivador

(…)

Luego entones se advierte que la finca del demandante cumplía una doble
función, bajo el entendido que si estaba autorizado para obtener un
aprovechamiento, este era muy restringido en aras de preservar la sostenibilidad
de la Hoya Hidrográfica del Río Jamundí y asegurar el crecimiento y buen
desarrollo de la vegetación. Como bien se puede observar es un derecho a la
propiedad que nació con limitaciones, y al ser transferida al demandante
específicamente hasta antes de la declaratoria de parque nacional natural, si bien
podía explotarse, no era en forma absoluta, condición que no es ajena al
demandante, en tanto la licencia precede a una solicitud propia y el certificado de
tradición indica que es una adjudicación de baldíos”31 (Subrayas de la Sala).

Por ende, es claro que la premisa en la que se fundó el demandante no es cierta, de
modo que el cargo no tiene vocación de prosperidad.

7.2.2.2. Por otro lado, se tendrá que establecer si el predio Altamira no tenía ninguna
limitación al derecho de dominio con anterioridad al 15 de julio de 1968, momento en
el que se reservó y declaró como Parque Nacional Natural a las zonas conocidas como
Farallones de Cali, en el Departamento del Valle del Cauca y Puracé, y por ende ello
implica la revocatoria de la providencia apelada.

31 Visible a folios 728 a 740 del Cuaderno del Tribunal.

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Demandante: Alfonso Heberto Velasco Pardo

Resolver dicho interrogante impone referirse a los medios probatorios con los que el
Tribunal dio por acreditado que el anotado inmueble sí contaba con restricciones con
anterioridad a esa fecha:

A) Por medio de Resolución 9 de 1938, el extinto Ministerio de la Economía
Nacional, Departamento de Tierras y Aguas Sección de Bosques, estableció la Zona
de Reserva Forestal En el Municipio de Cali, considerando lo que se pasa a exponer:

“CONSIDERANDO:

Que, dadas las informaciones que existen en el Ministerio, sobre el grave problema
de despoblación forestal, por la incontrolada tala de bosques en la zona de la hoya
hidrográfica del Río Cali, se designó una comisión de Inspectores de Bosques
Nacionales, para que hiciera un estudio sobre el terreno.

Que los comisionados ya realizaron el trabajo que se les encomendó y de ese
estudio y de las demás informaciones que tiene el Ministerio resulta: Que la tala
incontrolable de bosques en la referida zona está causando serios perjuicios, por
la disminución del caudal de las aguas del Río Cali.

Que es conveniente tomar las medidas necesarias para evitar que se agrave el
mal de que se viene hablando; y entre ellas está la aconsejada por los
comisionados del Ministerio, consistentes en una reserva forestal; y

Que las Leyes 200 de 1.936 y 135 de 1.938 autorizan y ordenan al Gobierno tomar
medidas para evitar estos males anotados”

En consecuencia, en el artículo primero de ese acto se resolvió:

“ARTICULO PRIMERO: Para la conservación y regularización de las aguas del río
Cali, declárense reservados los bosques que aun existan en la hoya hidrográfica
de este río, dentro de los siguientes linderos”: Desde el punto denominado “Los
Farallones en el filo de la Cordillera Occidental de los Andes siguiendo en dirección
Norte por el filo de esta Cordillera hasta el punto donde se corta la carretera de
Cali al mar, y de aquí se sigue por el filo de la Cordillera que sirve de divisoria de
las aguas de los río Cali y Aguacatal, hasta el punto denominado “La Legua” de
aquí se sigue por el antiguo camino de herradura de Cali a Dagua, en longitud de
diez (10 Kilómetros) de aquí una línea recta a loma del canal para el acueducto de
Cali, de aquí una recta al cerro denominado “Cristales” y de este punto por el filo
de la Cordillera que divide las aguas de los ríos Cali y Meléndez, hasta el sur de
los farallones, en la cordillera Occidental de los Andes, que es el punto de partida.”

Así, es claro que dicha disposición tenía por objeto detener la tala indiscriminada de
árboles en la hoya hidrográfica del Río Cali, circunstancia por la que se resolvió
declararla un área de reserva forestal. No obstante, de las demás pruebas obrantes

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en el expediente, particularmente, de lo dicho en el dictamen pericial elaborado en el
trámite de instancia, lo que se advierte es que el predio Altamira no se encuentra en
dicha hoya sino en la del Río Jamundí – Guerrero, de modo que no le eran aplicables
dichas previsiones.

Sobre el particular, en la prueba pericial se expuso:

“2. CUENCA Y MICROCUENCA HIDROGRÁFICA A LA CUAL TRIBUTA SUS
AGUAS EL PREDIO

(…)

Particularmente en el predio ALTAMIRA, cuenta con 10 nacimientos de agua, y
diferentes quebradas que la recorren como son: Quebrada Las Hebras, Quebrada
Guerrero, Quebrada La Camelia y otras menos importantes etc, es decir el recurso
hídrico regulado como consecuencia de la conservación de los bosques, sirve
como abastecimiento de poblaciones como: Puente Vélez, Gato de Monte,
Potrerito, Río Claro, Sun Village y Haciendas de Potrerito, Alfaguara. Al mismo
tiempo la regulación del agua que se hace dentro de este predio es considerable
toda vez que se encuentra en las cuencas receptoras de ríos de importancia para
el municipio de Jamundí y los acueductos de Coralpep y de agua de Jamundí o
Acuavalle, que aprovechan el agua para las poblaciones y actividades rurales y
urbanas de Jamundí.

EL PREDIO ALTAMIRA ESTÁ DENTRO DEL PARQUE NATURAL DE LOS
FARALLONES DE CALI, PERO NO ESTA, DENTRO DE LA CUENCA DEL RÍO
CALI, MELÉNDEZ, LILI, PANCE ECT, SINO QUE AS (Sic) PARTE DE LA
CUENCA DEL RÍO JAMUNDÍ – GUERRERO”32

A su vez, las entidades demandadas tampoco allegaron ningún elemento material
probatorio que permitiera inferir que el mismo sí se encontraba en la Hoya Hidrográfica
del Río Cali.

B) Por otro lado, respecto a las demás pruebas con las que el Tribunal definió que
el predio Altamira sí contaba con restricciones para su explotación anteriores al año
1968, se observa que a través de Resolución del 25 de marzo de 1957, el entonces
Ministerio de Agricultura Colombiano, adjudicó el bien al señor José Noel Rubio, bajo
las siguientes condiciones:

“Tercero. - Dentro del término de un (1) año, contado a partir de la fecha de
notificación de la presente Resolución, el adjudicatario o sus sucesores deberán
sembrar árboles propios para construcciones urbanas, en proporción no menos de
diez (10) por cada hectárea de terreno adjudicado. El incumplimiento de esta

32 Visible a folio 814 del Cuaderno del Tribunal.

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obligación les acarreará una multa de cinco pesos ($5.00) por cada árbol que
dejaren de sembrar y deberá cumplir con la misma obligación dentro de nuevo
término que se les señale.”

Posteriormente, una vez transferido el inmueble al demandante en el año 1965, éste
solicitó un permiso de aprovechamiento forestal, que fue concedido por el Ministerio
de Agricultura, a través de la Licencia No. 836-b. En la parte considerativa de ese
instrumento se dijo:

“ Forestal de la Zona Agropecuaria del Valle del cual existen los siguientes datos:
que el aprovechamiento se hará por el sistema de corta selectiva; que el bosque
tienen un promedio de unos 140 aprovechables por hras, y que el volumen total
aprovechable en el área solicitada es de 1.596, pudiéndose dar el
aprovechamiento en un 25 % ósea la cantidad de 399 para pulpa; no voltear
árboles cuyo diámetro a la altura de 1.30 mts, sea inferior a 0.40 mts, hacer solares
alrededor de los árboles jóvenes para asegurar su crecimiento y buen desarrollo,
no causar daño a la vegetación joven con la corta, construir un semillero con el fin
de obtener plántulas y otros maderables que se adapten bien en la región, con el
fin de sembrar 10 o más por cada árbol volteado.”33

Igualmente, se advierte que esas recomendaciones fueron acogidas en la parte
resolutiva de ese acto administrativo.

Así, la Sala no comparte la afirmación del Tribunal en la sentencia recurrida, pues si
bien, en el acto de adjudicación del inmueble se establecieron unas obligaciones a
cargo del beneficiario y a su vez, en el permiso de aprovechamiento forestal, se indicó
la forma en que debía llevarse a cabo la tala de árboles, ello de modo alguno podía
entenderse como una restricción del derecho de dominio del demandante respecto de
la finca Altamira.

Ello es así pues dichas condiciones no incidieron en ninguno de los atributos de la
propiedad que el actor detentaba sobre ese bien. En efecto, no desconoció el ius utendi
pues el señor Velasco Pardo podía aprovecharlo dentro de los parámetros fijados en
el aludido permiso ambiental, tampoco se observa alguna incidencia en el ius fruendi
pues el accionante estaba habilitado a acceder a los productos que se derivaban de

33 Visible a folio 37 del Cuaderno del Tribunal.

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su explotación y finalmente, no se afectó su derecho de disposición, pues no se le
prohibió traspasarlo34.

En tal contexto, es claro para la Sala que asiste razón al accionante cuando sostiene
que no es cierto que sobre su inmueble existiera una limitación anterior a la expedición
de la Resolución 92 del 15 de Julio de 1968, pues fue a partir de esta que se le impidió
vender su inmueble a terceros y la realización de alguna actividad productiva en el
mismo.

Como prueba de lo anterior, en el artículo quinto de ese acto, se ordenó:

“ARTÍCULO QUINTO. – Prohíbese dentro de las áreas alinderadas en el Artículo
Primero de esta providencia, exceptuando las zonas a que se refiere el artículo
anterior, la ocupación de baldíos, las ventas de tierras, la caza, la pesca y toda
actividad industrial, ganadera o agrícola que resulte incompatible con los fines de
la presente Resolución o con las medidas especiales que tomen las entidades a
quienes se les confíe el manejo de los parques”

Sin embargo, pese a que el cargo tiene vocación de prosperidad, se advierte que ello
no lleva a modificar la decisión controvertida, dado que, como se verá en el siguiente

34 Frente a los atributos de la propiedad, resulta relevante lo dicho por la Corte Constitucional en
sentencia C-133 del 25 de febrero de 2009, dijo:
“10. La doctrina jurídica ha considerado que el derecho de propiedad comprende tres elementos, que
son el uso (usus), el goce o disfrute (fructus) y la disposición. Esta Corporación señaló a través de la
Sentencia C- 189 de 2006, las características del derecho de propiedad privada de la siguiente manera:
“ Al derecho de propiedad se le atribuyen varias características, entre las cuales, se pueden destacar
las siguientes: (i) Es un derecho pleno porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones
que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los
derechos ajenos; (ii) Es un derecho exclusivo en la medida en que, por regla general, el propietario
puede oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio; (iii) Es un derecho perpetuo en cuanto
dura mientras persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio, y además, no se extingue -
en principio- por su falta de uso; (iv) Es un derecho autónomo al no depender su existencia de la
continuidad de un derecho principal; (v) Es un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su
extinción o transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y no de la
realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero, y finalmente; (vi) Es un derecho real
teniendo en cuenta que se trata de un poder jurídico que se otorga sobre una cosa, con el deber
correlativo de ser respetado por todas las personas.
En cuanto a sus atribuciones, las mismas persisten desde el derecho romano 34 y se resumen en los
actos materiales y jurídicos que permiten a su titular el aprovechamiento de su derecho, en concreto, a
través de los beneficios del uso, el fruto y la disposición. En cuanto al primero, reconocido como el ius
utendi, se limita a consagrar la facultad que le asiste al propietario de servirse de la cosa y de
aprovecharse de los servicios que pueda rendir. Por su parte, el segundo, que recibe el nombre de ius
fruendi o fructus, se manifiesta en la posibilidad del dueño de recoger todos los productos que acceden
o se derivan de su explotación. Finalmente, el tercero, que se denomina ius abutendi, consiste en el
reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas que se pueden realizar por el propietario y que se
traducen en actos de disposición o enajenación sobre la titularidad del bien.” ( Negrilla expresa )”
(Subrayas de la Sala, negrillas dentro del texto)

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acápite, pese a que el Tribunal consideró que el bien tenía limitaciones anteriores a
1968, para la tasación del restablecimiento y de los perjuicios únicamente dio
relevancia a su limitación a partir de la creación del Parque Nacional Natural Farallones
de Cali, pues aseguró que con la emisión de la Resolución 92 de 1968, el demandante
se vio imposibilidad de ejercer el dominio de su inmueble.

7.2.3. De la controversia sobre el contenido de la reparación

En este punto, se tendrá que establecer si en la providencia recurrida se incurrió en un
yerro al reconocer a título de restablecimiento el valor comercial del inmueble
denominado Altamaría, si el recurrente alega que en dicho concepto no se puede
incluir el daño emergente ni el lucro cesante. En caso de que la respuesta a dicho
interrogante sea afirmativa, tendrá que definirse si ello da lugar a revocar la decisión
apelada.

7.2.3.1. Con miras a resolver dicho interrogante, es menester aludir a la diferencia
entre restablecimiento y reparación.

Así las cosas, frente a la primera noción es pertinente señalar que el CCA contempla
una serie de instrumentos o acciones a través de las cuales las personas pueden
someter a control judicial la actuación de la administración pública, expresada en actos
administrativos, hechos, operaciones, omisiones y contratos administrativos. Así,
tratándose de cuestionar la validez de actos administrativos, estableció concretamente
dos tipos de acciones, la de simple nulidad y la de nulidad y restablecimiento del
derecho, de la que nos ocuparemos a continuación, habida cuenta que fue la que dio
lugar al presente proceso.

En lo concerniente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el artículo 85
ibidem definió la posibilidad de que toda persona que se crea lesionada en su interés
particular y concreto amparado en una norma jurídica con ocasión de un acto
administrativo solicite ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, además
de su anulación, el restablecimiento del derecho conculcado o menoscabado por
aquel.

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Por ende, las órdenes que accedan a las pretensiones de restablecimiento del derecho
sólo son procedentes una vez se defina la invalidez del acto demandado, pues un
mandamiento en ese sentido es una consecuencia inexorable de la declaración de
ilegalidad siempre que así se encuentre acreditado.35

Así, una vez se haya acreditado dicha circunstancia, el Juez deberá ordenar como
restablecimiento que las cosas se retrotraigan al estado anterior al que se encontraban
antes de que se profiriera el acto administrativo enjuiciado; es decir, el status quo ante,
como si no hubiese sido proferido el acto que ha sido retirado del ordenamiento
jurídico, desde el momento de su expedición hasta que se profiera sentencia definitiva,
siempre que ello sea posible36.

Cuando no sea viable, es decir, en el evento en el cual el restablecimiento en los
términos atrás anotados no sea factible, lo que ha definido la jurisprudencia es una
fórmula indemnizatoria, dado que son las circunstancias ajenas a la voluntad del
accionante las que generan la imposibilidad de que se estime la pretensión de
restablecimiento propiamente dicha.

Por otro lado, en cuanto a la segunda noción, es importante señalar que, en el marco
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, también es posible solicitar la
reparación del daño que se estime tenga como causa el acto administrativo que fue
declarado nulo37.

Ahora, para que sea procedente el reconocimiento de dicha reparación, es
indispensable que la parte actora acredite haber sufrido un perjuicio como
consecuencia del acto administrativo cuya presunción de legalidad ha quedado
desvirtuada.

35 En este sentido puede consultarse la sentencia proferida por esta Sección el 21 de mayo de 2021,

expediente 25000 2341 000 2013 00439 01. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López.
36 Desde la perspectiva etimológica, restablecimiento hace referencia a la "acción y efecto de restablecer

o restablecerse", y 'restablecer' significa "volver a establecer algo o ponerlo en el estado que antes
tenía".
37 “Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea

lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del
acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una Obligación fiscal, o de otra clase, o la
devolución de lo que pagó indebidamente.” (Subrayas de la Sala)

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Asimismo, es pertinente indicar que la jurisprudencia y la doctrina ha reconocido que,
entre otros, los perjuicios pueden ser materiales, los inmateriales y los relativos a la
vida en relación38.

En lo relevante, debe indicarse en cuanto a los perjuicios materiales, la jurisprudencia
de esta Corporación ha reconocido que estos comprenden el daño emergente y el
lucro cesante. Al respecto, en sentencia del 30 de abril de 2014, la Sección Tercera de
esta Corporación manifestó:

“En relación con el daño emergente y su diferencia con el lucro cesante –el cual sí
fue reconocido por el a-quo en la sentencia objeto de la presente alzada–, esta
Sala en reciente pronunciamiento39 sostuvo –se destaca–:

“La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido los perjuicios
materiales en dos modalidades, a saber: (i) daño emergente y (ii) lucro
cesante; lo que supone que ambas modalidades refieren a situaciones
distintas, cuyas nociones se hallan consagradas en el artículo 1614 del
Código Civil, a cuyo tenor:

Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no
haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o
de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o
provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la
obligación, o cumplídola imperfectamente, o retardado su cumplimiento

(i). En ese orden de ideas, el daño emergente corresponde a una pérdida
patrimonial sufrida con la consiguiente necesidad ⎯para el afectado⎯ de
efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha
perdido. El daño emergente necesariamente determina que algún bien
económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima como
consecuencia principalísima del hecho dañoso, es decir, debe existir una
relación directa de causalidad entre este y el detrimento o disminución
patrimonial que se alega.

(ii). Por su parte, el lucro cesante corresponde a la ganancia frustrada a todo
bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso
normal, habría ingresado o lo haría en el futuro al patrimonio de la víctima.
Sin embargo, vale señalar que este perjuicio corresponde a una
consecuencia accesoria del hecho dañoso, por cuanto no es causada de
manera directa con su ocurrencia sino que está sujeta a la condición de que
se afecte la percepción de un ingreso, lo cual puede que ocurra en algunos
casos, sin que ello implique que pueda predicarse categóricamente como
una consecuencia necesaria.” (Subrayas de la Sala, negrillas dentro del
texto).

38 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “B”.
Sentencia del 30 de abril de 2014. Proceso radicado número: 18001 23 31 000 1999 0153 01.Consejera
Ponente: Stella Conto Díaz Del Castillo.
39 Sentencia del 29 de julio de 2013, exp. 21564, C. P. Ramiro pazos Guerrero

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7.2.3.2. Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, es pertinente traer
nuevamente a colación lo expuesto en este punto en la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia:

“2. Como restablecimiento del derecho CONDENAR a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SISTEMA DE PARQUES NACIONALES
NATURALES a pagar a favor del señor ALFONSO HEBERTO VELASCO PARDO:

a. Por perjuicios materiales la suma de treinta y tres millones trescientos cincuenta
y cinco mil cincuenta y tres pesos m/cte ($33.355.053)”40

Ahora, el reconocimiento de dicho valor se hizo a partir del siguiente razonamiento
expuesto en la parte considerativa de la providencia censurada, en el que, valga
señalar, se tuvo como punto de partida, el momento en que efectivamente se restringió
el derecho de dominio del demandante, esto es, la declaratoria del parque nacional
natural farallones de Cali en el año 1968; veamos:

“No obstante, para la Sala es evidente la existencia del daño, en punto a la
limitación consecuencial de la declaratoria del predio en zona de parque natural
tiene más restricciones que en la que estaba delimitada como reserva forestal.
Reparación que al fallar la opinión del experto se hará conforme a lo estipulado en
el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, consolidar el perjuicio, que se valorará de
acuerdo con los principios de reparación integral, equidad y criterios técnicos
actuariales.

Para consolidar el perjuicio en los términos anteriores, es menester señalar, la
antigüedad en la adquisición del predio, su vocación rural, estableciendo como
daño, la imposibilidad jurídica y física de detentar las atribuciones del derecho de
dominio, esto es, el iusabutendi y iusfruendi que ya estaban restringidos por su
condición de reserva forestal, contenido en la Carta Política y en el código civil
artículo 655, esto significa que la reparación reconocida se determinará por el
precio del inmueble convertido en capital

De conformidad con los valores catastrales mostrados en el proceso folios 1-6 del
cuaderno No. 2, documentos demandados del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi que no fueron desconocidos ni redargüidos de falsos, se asume su
conocimiento, en punto lo que ello consigna.

Para la actualización del avalúo comercial primero habrá que calcular el avalúo
comercial del predio desde el año 2004 hasta el año 2011 teniendo en cuenta lo
consagrado en el artículo 6 de la Ley 242 de 1995, que refiere: “Ajuste anual de la
base. El valor de los avalúos catastrales se reajustarán anualmente a partir del 1º
de enero de cada año, en un porcentaje determinado por el Gobierno Nacional
previo concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). El
porcentaje de este incremento no podrá ser superior a la meta de inflación para el
año en que se define el incremento

40 Visible a folio 755 del Cuaderno del Tribunal

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Ahora bien, partiendo del avalúo catastral del año 2011 por valor de $20.013.032,
se determinara el respectivo avalúo comercial por el mismo año, en virtud del
artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, que indica:

“(…)

PARÁGRAFO. El avalúo catastral de los bienes inmuebles fijado para los procesos
de formación y actualización catastral a que se refiere este artículo, no podrá ser
inferior al sesenta por ciento (60 %) de su valor comercio”

Por lo anterior, se aplicará la siguiente fórmula matemática a fin de establecer el
valor comercial del predio:

Por lo expuesto, se tiene que el valor del avalúo comercial del predio para el año
2011 se encuentra en la suma de $33.355.035, valor que se reconocerá como
perjuicios materiales probados”41 (Subrayas de la Sala).

7.2.3.2.1. Ahora, a efectos de determinar si la orden del Tribunal se enmarca en la
noción de restablecimiento o reparación, vale la pena traer nuevamente a colación el
contenido del oficio No. UP-CJU 004067 del 6 de septiembre de 2001, demandado,
que es del siguiente tenor:

“Dando respuesta a su Oficio enviado en la fecha arriba señalada nos permitimos
informarle lo siguiente:

Mediante Decreto No. 282 del 26 de agosto de 1968, el Ministerio de Agricultura
aprobó la Resolución No. 092 de julio 15 de 1968 de la Junta Directiva del INCORA,

41 Visible a folios 752 a 754 del Cuaderno del Tribunal

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por la cual se reservó y declaró como Parque Nacional Natural el área de los
Farallones de Cali, en el departamento del Valle del Cauca y Puracé, en los
departamentos del Cauca y Huila, con el fin de preservar, la flora, la fauna, el
caudal de los lagos y ríos, etc, dentro de un área aproximada de quince mil
hectáreas (15.000 Has).

En consecuencia, una vez declarado por la administración un área como Parque
Nacional Natural, dentro de sus límites pueden quedar incluidos bienes de uso
público, bienes baldíos, bienes fiscales, bienes de propiedad privada individual o
colectiva quedando, éstos, afectos al cumplimiento de las finalidades de
conservación, perpetuación y protección previstas en el art. 328 del Código
Nacional de Recursos Naturales.

Así, tenemos que existe una afectación que recae sobre éstos bienes, cuando
quedan incluidos dentro del área del Sistema y su uso solo puede ser aquel que
persiga las finalidades de conservación, perpetuación y protección.

Esta afectación no quiere decir apropiación por parte de la administración, aquella
no es constitutiva de un derecho de propiedad a favor del Estado, solo existe una
afectación al dominio privado por motivos de interés general.

La destinación específica que se le da a las áreas del Sistema para fines de
conservación, restauración y protección, circunscribe el uso que se pueda ejercer
sobre los mismos bienes del mismo. La afectación de la que venimos hablando no
implica el desconocimiento de derechos adquiridos por los particulares. En efecto,
existen personas con derechos adquiridos, es decir, propietarios de predios o
mejoras que hayan quedado incluidas al momento de la declaración de un área,
que tienen un derecho de propiedad que debe ser reconocido por Estado, ya sea
a través de negociación directa o de expropiación, previa indemnización.

En este contexto, la UASPNN tuvo conocimiento de la oferta de venta realizada
por usted, como propietario de un inmueble ubicado al interior del área del PNN
Farallones de Cali sobre el predio denominado “Altamira” ubicado en el paraje
Peñagrande corregimiento de Poterito, Municipio de Jamundí.

En respuesta a su ofrecimiento, la Dirección Territorial Suroccidente mediante
oficio No. UP-DTSO 446 de julio 4 de 2001, le informó que, para surtir el trámite de
oferta de venta de un predio se debía realizar una inclusión de la partida
correspondiente a la tarifa que cobra el IGAC, para efectuar el avalúo de los
predios ubicados al interior de las áreas del Sistema de Parque Nacionales
Naturales; así como también para surtir el procedimiento establecido en la
Resolución No. 726 de 11 de diciembre de 1997 para la adquisición de bienes
inmuebles ubicados al interior de las áreas del Sistema, Resolución que se expidió
en virtud de las funciones delegadas al Director General en el sentido de adquirir
en nombre de la Nación, mediante negociación directa o expropiación, bienes para
el Sistema de Parques Nacionales Naturales siempre y cuando existieran los
recursos económicos necesarios que le permitieran a la UAESPNN, a través de su
Director General, la adquisición de predios.

Por lo anterior, y atendiendo a la obligación que se le señalaba al Jefe de programa
del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, mediante telegrama de 03 de abril
de 1997 emitido por el Juez Primero Penal Municipal de Jamundí, en virtud de la
acción de tutela instaurada por el Señor Alfonso Velasco, en la cual solicitó se le
tutele el derecho a la información, y se impone a la administración la obligación de
entregar toda la información de manera, concreta y suficiente sobre los puntos que
habían objeto de derecho de petición, la Dirección Territorial Suroccidente emitió

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el oficio No. PNN – FAR – 01391-97 de fecha 14 de julio de 1997, en el cual se le
informó el procedimiento a seguir para el ofrecimiento de predios ubicados al
interior de las áreas del Sistema de Parques Nacionales según lo establecido en
la mencionada Resolución.

Ahora bien, si bien es cierto que la UAESPNN cuenta con una Resolución por la
cual se adopta un manual interno para la adquisición de bienes inmuebles, no es
menos cierto que para la adquisición de predios de propiedad privada ubicados al
interior de las áreas que integran el Sistema, se debe contar con un presupuesto
anual que permita destinar determinado monto a la compra de predios,
estableciendo su avalúo por parte de la autoridad competente.

Debido a que es necesaria la disposición presupuestal como inicio para poder
ejecutar la política de la UAESPNN hacia el saneamiento de las tierras ubicadas
al interior de las áreas del Sistema, nos permitimos reiterarle que ante su
ofrecimiento de venta, desafortunadamente, y debido a la crisis fiscal por la que
atraviesa el Estado, que ha llevado a la realización de diferentes recortes fiscales,
no ha sido posible la asignación de partidas para la adquisición de tierras dentro
del presupuesto para la vigencia fiscal presente.

Por lo anterior, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales - UAESPNN-, no ha podido dar inicio a las negociaciones directas para
la adquisición de predios privados ubicados al interior de las áreas del Sistema de
Parques Nacionales que no sean ofrecidos, pues estaríamos incurriendo en crear
falsas expectativas para los oferentes y carecemos, como quedó dicho
anteriormente, del respaldo presupuestal

Esperamos poder contar, en una vigencia futura, con el presupuesto que nos
permita adquirir para el Sistema todos los predios que se encuentran ubicados al
interior de los Parques Nacionales Naturales y dar inicio al trámite correspondiente
de adquisición de predios.”42 (Subrayas de la Sala)

Dicha decisión fue confirmada por la UAESPNN en el Auto No. 008 del 29 de abril de
2002 y la Resolución No. 120 del 29 de mayo de 2002.

En ese orden, es claro que en la condena objeto de controversia, el Tribunal confundió
las nociones de restablecimiento y reparación. En efecto, aunque se indicó que la suma
allí determinada sería otorgada al señor Velasco Pardo como restablecimiento, en
realidad buscaba compensar la pérdida patrimonial que, a su juicio, el demandante
sufrió debido a la emisión de los actos cuestionados. Por lo tanto, realmente dicha
condena se enmarcó dentro del concepto de reparación.

Sin embargo y pese a que al demandante le asiste razón cuando afirma que dicha
condena no tiene la condición de restablecimiento, sino de reparación, ello no es
suficiente para revocar la sentencia de primera instancia y en consecuencia, reconocer

42 Visible a folios 3 a 5 del Cuaderno número 1

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los valores de daño emergente y lucro cesante que fueron pedidos en la demanda. Lo
anterior, como quiera que dichos perjuicios no fueron probados, dado que en el informe
pericial del ingeniero Humberto Blanco Rivera, que se utilizó como base para esos
efectos, no se presentaron los fundamentos técnicos de las cifras allí mencionadas, tal
y como quedó en evidencia en el numeral 7.2.1. de esta sentencia.

7.4.4. De la controversia sobre el perjuicio moral.

7.4.4.1. La Sala tendrá que establecer si es insuficiente la suma de cien salarios
mínimos mensuales legales vigentes (100 smmlv), que el Tribunal reconoció al
demandante por concepto de perjuicio moral, si éste alega que ese no se corresponde
con los verdaderos perjuicios de esa índole al no haber podido ejercer la propiedad
sobre el predio Altamira, por más de cuarenta y siete (47) años.

Resolver ese interrogante, impone aludir a la definición de esa clase de perjuicios. En
ese orden, debe señalarse que la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia
del 23 de abril de 2021, indicó:

“La Sección Tercera de la Corporación43 sintetizó el concepto de daño moral en
aquel que se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y, en general, por los
sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor y zozobra, entre
otros, que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual
o colectivo.

La tasación de este perjuicio, de carácter inmaterial, dada su especial naturaleza,
no puede ser sino compensatoria, por lo que corresponde al juzgador, con
fundamento en su prudente juicio, establecer, en la situación concreta, el valor que
corresponda, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza y gravedad de la
aflicción y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en
cada proceso.”44 (Subrayas de la Sala).

En similar sentido, en proveído del 11 de marzo de 2019 se expuso:

“El daño moral ha sido entendido como la aflicción, dolor, angustia y los otros
padecimientos que sufre la persona con ocasión del evento dañoso, y que debe
ser indemnizado en aplicación del principio general de reparación integral del daño.

43 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, No. 31172, M.P. Olga

Mélida Valle de De la Hoz.
44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “A”.

Sentencia del 23 de abril de 2021.Proceso radicado número: 19001 23 31 000 2012 00159 01.
Consejero Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

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Acerca de este punto, desde tiempo atrás, la jurisprudencia ha considerado que el
monto de los perjuicios morales es un tema sometido al arbitrio del juez, quien en
últimas debe tomar en consideración las circunstancias que rodearon los hechos y
lo probado en el proceso, para conseguir una decisión que sea producto de una
ponderación de estos factores, pero que fundamentalmente atienda al principio de
reparación integral del daño.”45 (Subrayas de la Sala).

7.4.4.2. Así las cosas, para su tasación, lo que se advierte es que el Tribunal consideró
que era necesario reconocer daños morales al actor por las siguientes razones:

“Como se ha venido sosteniendo, el núcleo esencial del derecho a la propiedad en
este evento ha sido perturbado, en efecto, por un periodo de cuatro (4) meses el
demandante por autorización administrativa pudo aprovechar el bosque, situación
que varió con la declaratoria del parque, que prohibió en absoluto la explotación.
Sirve lo anterior, también para determinar el reconocimiento de perjuicios
materiales, en exclusivo sobre el valor del usufructo durante este término y por
ende el valor actual del lote de terreno, que se calculará indexando el precio de
compra, no sin antes verificar que el material probatorio allegado de cuenta de los
perjuicios invocados.

El contraste de los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de
la Sala de Consulta del Consejo de Estado, nos remite a la conclusión que existe
la obligación de adquirir el inmueble por parte del Estado, entiéndase la UAE PNN
adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial , y que además
indudablemente la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales cuenta con los recursos del FONAM para adquisición de
predios a nombre de la Nación – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, con cargo a la subcuenta del Sistema de Parques Nacionales Naturales
que hace parte de las subcuentas de la línea de financiación, recaudo y ejecución
de recursos con destinación específica.

En este contexto, resultan falsas las motivaciones de los actos enjuiciados, que a
la postre han generado un sin numero de perjuicios que a lo de esta decisión se
han mencionado, en tanto las circunstancias de hecho que se invocaron como
fundamento de los actos administrativos, son inexistentes, y no le corresponde al
demandante asumir esa carga de no poder ejercer su derecho a la propiedad
privada, de lo cual se extrae también un evidente perjuicio moral, que se
reconocerá en el monto de cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, de conformidad con las reglas creadas por la jurisprudencia”46 (Subrayas
de la Sala).

En ese orden, lo que se advierte es que el Tribunal tuvo a consideración las
circunstancias particulares y probadas en el proceso, de modo que, concluyó que la
conducta desplegada por las entidades demandadas había afectado gravemente el

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “C”. Proceso

radicado 05001 23 31 000 2004 06213 02. Sentencia del 11 de marzo de 2019. Consejera Ponente:
Jaime Enrique Rodríguez Navas.
46 Visible a folios 750 a 751 del Cuaderno del Tribunal.

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ejercicio del derecho a la propiedad del accionante, razón por la que reconoció un
monto equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).

Ahora, el señor Velasco Pardo en la alzada se limitó a indicar que dicha cifra era
reducida debido no pudo ejercer su derecho de dominio se prolongó por más de
cuarenta y siete (47) años; sin embargo, no explicó la razón por la que, partir de los
hechos probados en el proceso esa cifra era insuficiente ni indicó cuáles fueron los
padecimientos o aflicciones psíquicas que sufrió y que hicieran necesario aumentarlo.

Por ende, la Sala es del criterio que la suma reconocida por el Tribunal se ajusta a los
criterios jurisprudenciales antes señalados, toda vez que, como se vio, el Juez debe
tasar los perjuicios materiales a partir de los elementos probatorios obrantes en el
plenario, sin que se haya sido aportado alguno que permita inferir que la actuación de
las entidades demandadas afectó gravemente la estabilidad emocional del accionante
y que en consecuencia, habilite a aumentar el valor reconocido por el Tribunal.

Al respecto, téngase en cuenta que la Sección Tercera de esta Corporación ha
indicado entre otras, que la tasación de esa clase de perjuicios debe estar
fundamentada en las pruebas que obran en el expediente y la intensidad del perjuicio:

“16. Perjuicios morales

16.1. Los perjuicios morales son los generados en “el plano psíquico interno del
individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la
lesión a un bien”47. Este daño tiene existencia autónoma y se configura cuando
concurren los siguientes criterios generales: que sea particular, determinado o
determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente
tutelado.

16.2. En consideración a la naturaleza de ese daño, es el juez administrativo, quien
debe determinar el monto de la indemnización a reconocer, facultad que está
regida por las siguientes reglas: (i) esa indemnización se hace a título de
compensación y no de restitución, ni de reparación; (ii) debe darse aplicación al
principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) su
cuantificación debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el
proceso respecto del perjuicio y su intensidad, y (iv) debe estar fundamentada,
cuando sea el caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio

47 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de julio de 2003, expediente: 14.083, C.P.

María Elena Giraldo Gómez.

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Radicado: 76001 23 31 000 2002 04469 01
Demandante: Alfonso Heberto Velasco Pardo

de igualdad48.”49

Por ende, no se accederá a la petición dispuesta en el recurso de alzada.

7.4.5. En suma como los cargos no tienen vocación de prosperidad, la Sala confirmará
la decisión apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 14
de septiembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

48 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, expediente: 15.459, C.P.

Mauricio Fajardo Gómez.
49 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “B”.

Sentencia del 29 de junio de 2017. Proceso radicado número: 66001 23 31 000 2006 00720 01.
Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero.

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Radicado: 76001 23 31 000 2002 04469 01
Demandante: Alfonso Heberto Velasco Pardo

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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