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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01169-01

Fecha
15 de julio de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01169-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Modifícase la sentencia del 29 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina la cual queda así: “PRIMERO: Declárase probada de oficio la excepción de cosa juzgada material respecto de la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Nación - Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER- y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. SEGUNDO: Declárase probada la excepción de caducidad de la acción respecto de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC. TERCERO: Sin condena en costas”. 2°) Sin condena en costas en segunda instancia. 3º) En firme este fallo, por Secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las constancias de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2011-01169-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

15 de julio de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Demandante: ALFONSO HEBERTO VELASCO PARDO
Demandados: NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y OTROS
Acción: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - OMISIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE INMUEBLE - COSA JUZGADA

Síntesis del caso: el señor Alfonso Heberto Velasco Pardo estima que le asiste
responsabilidad patrimonial extracontractual a la Nación - Ministerio de Agricultura, la
Nación - Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y
la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, por el hecho
de no haber adquirido el predio de su propiedad denominado Altamira, ubicado dentro del
área del Parque Nacional Natural Farallones de Cali declarado mediante la Resolución
número 092 de 1968 y aprobado por el Decreto 282 del mismo año, normativa que dispuso
la compra de los inmuebles privados situados dentro del parque. La sentencia de primera
instancia que declaró la caducidad de la acción será modificada para, en su lugar, declarar
probada de oficio la cosa juzgada.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (índice 2
SAMAI)1 en contra de la sentencia proferida el 29 de mayo de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (índice
2 SAMAI)2 que dispuso:

“PRIMERO: DECLÁRASE probada la caducidad de la acción, conforme
lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas (…).” (índice 2 SAMAI -
negrillas y mayúsculas fijas del texto original)3.

1
Folios 1 a 12 del archivo “ed_007apelacion20110”.
2
Folios 71 a 97, pdf 10 del archivo “ed_012constcorreore”.
3
Folio 96, pdf 10 del archivo “ed_012constcorreore”.

2

Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
Apelación sentencia

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 2 de agosto de 2011 (índice 2 SAMAI)4 y reformado el
16 de mayo de 20125 (índice 2 SAMAI)6, el señor Alfonso Heberto Velasco Pardo a
través de apoderado judicial promovió demanda de reparación directa consagrada
en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo en contra de la Nación -
Ministerio de Agricultura, la Nación - Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca (índice 2 SAMAI)7 con las siguientes
súplicas:

“PRIMERA. Que se declare patrimonialmente responsable a la NACIÓN
• MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL; NACIÓN -
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL; EL INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO
RURAL -INCODER- y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA por todos los perjuicios ocasionados al señor Alfonso
Heberto Velasco Pardo, como consecuencia de la omisión en el
cumplimiento de los deberes normativos impuestos, que han derivado en
el menoscabo del patrimonio económico del reclamante y la pérdida de la
oportunidad esperada, según los hechos que se relatarán.

SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración, las
instituciones demandadas paguen a título de indemnización las siguientes
sumas de dinero:

1. PERJUICIOS MATERIALES. Se hará bajo las siguientes modalidades:

1.1. Lucro cesante. Su fundamento se encuentra en la frustración de
poder ejercer la misma actividad que no ha desarrollado en un bien de su
propiedad, el cual se encuentra limitado en su uso, goce y usufructo,
según disposiciones normativas.

Atendiendo la actividad económica que ejerce pero que no alcanzó réditos
al convocante, podrá establecerse con la experticia aportada a la
reclamación, rendida por el ingeniero agrónomo Humberto Blanco Rivera,
quien fijó el perjuicio en esta modalidad en la suma de $71.874.673.978,
o lo que resultare probado (…)8.

1.2. Daño emergente. Derivado como se explicará en la parte fáctica de
esta reclamación por las erogaciones del patrimonio del demandante para
el mantenimiento del bien en servicio de la función pública y social con la

4
Folio 69, pdf 2 del archivo “ed_012constcorreore”.
5
El 16 de mayo de 2012, la parte actora presentó reforma de la demanda con el fin de aportar nuevos
elementos materiales probatorios.
6
Folios 100 a 102, pdf 2 del archivo “ed_012constcorreore”.
7
Folios 1 a 67, pdf 2 del archivo “ed_012constcorreore”.
8
Revisado el dictamen pericial rendido por el ingeniero agrónomo Humberto Blanco Rivera, la Sala
observa que la estimación de los perjuicios reclamados se circunscribe exclusivamente al predio
denominado Altamira.

3

Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
Apelación sentencia

que resultó afectado su activo. Fijándose en la suma de $40.000.000.

2. PERJUICIO MORAL.

La valoración del perjuicio moral se tendrá en salarios mínimos legales
mensuales, atendiendo los principios de reparación integral y equidad que
señala el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y por lo cual se tasa en la
suma de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento
de la ejecutoria del fallo definitivo, o lo que resultaré probado (…).” (índice
2 SAMAI - negrillas y mayúsculas fijas del texto original)9.

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 10 de abril de 1965, el señor Alfonso Heberto Velasco Pardo adquirió a través
de un contrato de compraventa los predios denominados Altamira y La Esperanza,
ubicados en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca) en las estribaciones
surorientales de los Farallones de Cali, los cuales se encontraban libres de todo
gravamen y limitación; el objeto de la adquisición era desarrollar actividades de
reforestación protectora con especies maderables para luego explotarlas y
comercializar su madera, al igual que el sotobosque que creciera de manera natural
dentro de los terrenos.

2) El 3 de mayo de 1968, el Ministerio de Agricultura le otorgó licencia para el
aprovechamiento forestal dentro del predio Altamira.

3) Los días 5 de julio de 1983, 18 de septiembre de 1984 y 29 de enero de 1985 el
señor Alfonso Heberto Velasco Pardo presentó diversas solicitudes ante la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca con el fin de obtener
autorización para extraer materiales de algunos árboles situados en sus predios y
destinarlos a mejoras en su vivienda; en respuesta, la entidad le indicó que era
posible efectuar el aprovechamiento forestal persistente en bosques nativos de
propiedad privada.

4) El 2 de abril de 1985, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
realizó una visita a los inmuebles del señor Alfonso Heberto Velasco Pardo y elaboró
un informe técnico en el que se dejó constancia de que sus inmuebles se
encontraban comprendidos dentro del área del Parque Nacional Natural Farallones

9
Folios 4 a 6, pdf 2 del archivo “ed_012constcorreore”.

4

Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
Apelación sentencia

de Cali, declarado mediante la Resolución número 092 expedida por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria el 15 de julio de 1968.

5) El mencionado informe fue puesto en conocimiento del señor Alfonso Heberto
Velasco Pardo el 11 de abril de 1985, fecha en la que se enteró, por primera vez,
que sus terrenos habían sido incluidos dentro del área del parque nacional natural
sin haber sido previamente notificado.

6) La Resolución número 092 del 15 de julio de 1968 proferida por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria -ahora INCODER-, aprobada mediante el
Decreto 282 del 26 de agosto del mismo año, dispuso en los artículos sexto y
séptimo la autorización al gerente general de dicha institución para adquirir los
predios de propiedad privada incluidos en el Parque Nacional Natural Farallones de
Cali; no obstante, esta obligación nunca fue cumplida ni siquiera por la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales quien en la
actualidad ostenta dicha competencia.

7) Con el propósito de confirmar la situación jurídica de sus bienes raíces, el 19 de
octubre de 1994 el señor Alfonso Heberto Velasco Pardo solicitó al jefe de la Cuenca
Hidrográfica del Río Jamundí una certificación sobre su condición; el 20 de octubre
del mismo año se confirmó la afectación de los inmuebles por encontrarse dentro
del área del parque nacional natural y, además, prohibió cualquier tipo de
aprovechamiento forestal en la zona.

8) Durante varios años el señor Alfonso Heberto Velasco Pardo adelantó gestiones
administrativas para que el Estado adquiriera el predio de su propiedad denominado
Altamira, conforme lo ordenaba el ordenamiento jurídico; sin embargo, pese al
tiempo transcurrido, dichas diligencias no prosperaron. En efecto, mediante oficio
número UP-CJU004067 del 6 de septiembre de 2001 la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales informó que no era posible
adelantar la compra del inmueble por ausencia de disponibilidad presupuestal.

9) Con fundamento en los anteriores hechos la parte actora pide declarar la
responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación - Ministerio de Agricultura,
la Nación - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural y la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca por el hecho de haber omitido el deber legal de adquirir el inmueble
denominado Altamira incluido dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali

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Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
Apelación sentencia

conforme lo disponían la Resolución número 092 de 1968 y el Decreto 282 del
mismo año, situación que aún se mantiene incólume.

Esa omisión impidió al señor Alfonso Heberto Velasco Pardo usar, gozar y disponer
libremente de su propiedad, privándolo de los beneficios económicos derivados de
la explotación forestal que venía realizando; además, colaboró, aunque
forzosamente, en la protección y preservación de los recursos naturales (índice 2
SAMAI)10.

3. Contestación de las entidades demandadas

1) Por autos del 26 de agosto de 2011 y 1º de octubre de 2012 el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y su reforma (índice 2
SAMAI)11 y ordenó la notificación personal de los representantes legales de las
entidades demandadas.

a) A través de un escrito radicado el 17 de febrero de 2012 la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca se opuso a las pretensiones de la demanda con los
siguientes argumentos: i) debe declararse la falta de legitimación en la causa por
pasiva, puesto que el predio respecto del cual la parte actora reclama indemnización
se encuentra ubicado dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, área
que está bajo la protección y administración de la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, entidad adscrita al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y, ii) carece de competencia para adquirir
terrenos localizados dentro de las zonas protegidas por dicha unidad administrativa,
así como también para imponer limitaciones o afectaciones sobre los mismos
(índice 2 SAMAI)12.

b) Por su parte, mediante memorial presentado el 6 de mayo de 2013, la Nación -
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible manifestó su inconformidad frente a
las pretensiones del actor por estimar que: i) la Unidad Administrativa Especial
Parques Naturales de Colombia es la entidad competente para adquirir, por
negociación directa o por expropiación, los bienes de propiedad privada ubicados
dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto-ley 3572 de 2011; ii) debe declararse su falta de

10
Folios 1 a 67, pdf 2 del archivo “ed_012constcorreore”.
11
Folios 71 a 72, pdf 2 y folios 6 a 8, pdf 3 del archivo “ed_012constcorreore”.
12
Folios 95 a 99, pdf 2 del archivo “ed_012constcorreore”.

6

Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
Apelación sentencia

legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las competencias del ministerio
se limitan a la formulación de políticas ambientales y de manejo de los recursos
naturales; iii) se configuró la caducidad de la acción, dado que el demandante tuvo
conocimiento del daño el 11 de abril de 1985, incluso si en gracia de discusión se
considerara la fecha en que la Unidad Administrativa Especial Sistema de Parques
Nacionales Naturales informó al actor sobre la falta de presupuesto para la compra
del predio, esto es, el 27 de agosto de 2001, el término de caducidad también habría
precluido y, iv) hay lugar a declarar probada la excepción de pleito pendiente, por
cuanto ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca cursa un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el número 2002-04469, que
tiene las mismas pretensiones (índice 2 SAMAI)13.

c) A su turno, el 19 de septiembre de 2013 la Nación - Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural igualmente replicó las pretensiones de la demanda sobre la base
de argumentar lo siguiente: i) se debe declarar la caducidad de la acción, puesto
que el daño se produjo en el año 1968; ii) es pertinente declarar la ineptitud
sustantiva de la demanda de reparación directa, por cuanto el actor atribuye el daño
a la Resolución número 092 de 1968, lo que implicaría controvertir un acto
administrativo mediante una acción diferente a la prevista en la ley para tal efecto y,
iii) hay lugar a declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que
los hechos relatados no guardan relación con acciones u omisiones imputables a
esa cartera ministerial (índice 2 SAMAI)14.

2) El 10 de febrero de 2014, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (índice 2
SAMAI)15 dispuso la vinculación de la Unidad Administrativa Especial Parques
Nacionales Naturales de Colombia al proceso de la referencia en la condición de
litisconsorte necesario.

En desarrollo de lo anterior, el 24 de junio de 2014 la Unidad Administrativa Especial
Parques Nacionales Naturales de Colombia ejerció su defensa con oposición a las
pretensiones de la demanda, así: i) es preciso declarar probada la excepción de
pleito pendiente, por cuanto el actor presentó una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra esta entidad y contra el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible con el fin de obtener la nulidad del oficio número UP-CJU-
004067 del 6 de septiembre de 2001 mediante la cual se respondió una petición

13
Folios 64 a 80, pdf 3 del archivo “ed_012constcorreore”.
14
Folios 70 a 84, pdf 4 del archivo “ed_012constcorreore”.
15
Folios 90 a 93, pdf 5 3 del archivo “ed_012constcorreore”.

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Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
Apelación sentencia

elevada por el demandante el 27 de agosto de 2001, en la cual se solicitó la compra
del predio de su propiedad, así como también de la Resolución número 0120 del 29
de mayo de 2002 por la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra
dicho oficio; ii) se debe declarar la caducidad de la acción porque el supuesto daño
se habría materializado en el año 1968, fecha de expedición de los actos que según
la parte actora generaron la afectación reclamada y, iii) el daño invocado no tiene
carácter antijurídico, porque las limitaciones al derecho de propiedad constituyen
cargas que los ciudadanos están obligados a soportar en virtud de la función social
y ecológica; además, la negociación directa o expropiación de los predios privados
ubicados dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales no es
de carácter obligatorio, permitiendo que los propietarios continúen ejerciendo su
derecho conforme a las actividades autorizadas (índice 2 SAMAI)16.

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina17 en providencia del 29 de mayo de 2020 declaró probada la excepción de
caducidad de la acción (índice 2 SAMAI)18; como argumentos de la decisión expuso
lo siguiente:

1) Si bien en la demanda se indicó que el señor Alfonso Heberto Velasco Pardo
conoció el daño desde el año 1985, no obran en el expediente pruebas que
acrediten que para esa fecha hubiera sido notificado formalmente sobre la
afectación de su predio Altamira; no obstante, el 30 de enero de 1998 la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales le comunicó
que dicha entidad tenía la facultad de cubrir los costos correspondientes al valor del
avalúo de su terreno frente a la solicitud de venta presentada; de manera que, de
esa circunstancia se infiere que a partir de ese momento el actor tuvo pleno
conocimiento de la afectación de su inmueble.

En consecuencia, por el hecho de haberse interpuesto la demanda en el año 2011,
es decir, por fuera del término de dos años previsto en el artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo para el ejercicio de la acción de reparación directa, esta
debe declararse caducada.

16
Folios 10 a 29, pdf 5 del archivo “ed_012constcorreore”.
17
La Sala advierte que, en virtud del Acuerdo PCSJA19-11276 del 17 de mayo de 2019, mediante
el cual se adoptaron medidas de descongestión, se dispuso la remisión del proceso de la referencia
al Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
18
Folios 71 a 97, pdf 10 del archivo “ed_012constcorreore”.

8

Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
Apelación sentencia

2) Aún si, en gracia de discusión, se considera como punto de partida para el
cómputo del término para acudir a la administración de justicia el oficio número UP-
CJU004067 del 6 de septiembre de 2001 con el cual la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales informó al demandante que
había recibido su oferta de venta respecto del inmueble Altamira situado dentro del
Parque Nacional Natural Farallones de Cali, y que no era posible iniciar la
negociación directa por falta de disponibilidad presupuestal, lo cierto es que la
acción también se encontraría caducada porque transcurrió un lapso considerable
y suficiente para la configuración de esa figura procesal.

5. Recurso de apelación

El 25 de febrero de 2022 la parte demandante interpuso recurso de apelación (índice
2 SAMAI)19, las razones de inconformidad con el fallo de primera instancia se
resumen así:

1) El a quo abordó un problema jurídico distinto al planteado en la demanda, pues,
la providencia centró el debate en la supuesta responsabilidad patrimonial
extracontractual derivada de la declaración de inclusión de los predios del señor
Alfonso Heberto Velasco Pardo dentro del Parque Natural Farallones de Cali; sin
embargo, el núcleo del reclamo radica en la omisión del Estado en el cumplimiento
de los deberes normativos contenidos en la Resolución número 092 de 1968 y el
Decreto 282 del mismo año consistente en la compra de sus bienes.

2) No se pretende discutir la legalidad de las medidas adoptadas en los
mencionados actos administrativos sino el incumplimiento de la obligación de
adquirir los predios privados ubicados dentro del área del parque nacional, conforme
lo ordenó el artículo 5 de la Resolución número 092 de 1968 que facultaba a la
administración para adelantar la negociación directa o expropiación de dichos
terrenos con base en la Leyes 135 de 1961 y 1º de 1968 y sus decretos
reglamentarios.

3) Durante décadas de vigencia de la referida reglamentación el Estado no ha
adquirido los inmuebles, de manera que el señor Alfonso Heberto Velasco Pardo
con sus propios recursos ha asumido la conservación y mantenimiento de los
recursos naturales existentes en sus predios, labor que no le correspondía.

19
Folios 1 a 12 del archivo “ed_007apelacion20110”.

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Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
Apelación sentencia

4) El daño reclamado tiene carácter de tracto sucesivo, en la medida que deriva de
una omisión permanente y constante por parte de las entidades estatales
demandadas en el cumplimiento de su deber de adquirir de los predios; en
consecuencia, debe declararse que la demanda de reparación directa fue
presentada oportunamente.

5) Debe tenerse en cuenta que el señor Alfonso Heberto Velasco Pardo al momento
de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo contaba con más de
setenta y un (71) años de edad y se encuentra en un delicado estado de salud,
razón por la cual se le debe reconocer un trato especial en atención a su condición
de adulto mayor y persona vulnerable.

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 13 de junio de 2022 (índice 4 SAMAI) se admitió el recurso de apelación
y el 21 de abril de 2023 (índice 26 SAMAI) se corrió traslado a las partes para que
presentaran los alegatos de conclusión por el término común de diez (10) días y, por
el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.

En dicha oportunidad procesal, las partes (índice 11, 29, 30, 38, 40, 41 y 42 SAMAI)
reiteraron los argumentos expuestos durante el trámite procesal, mientras que el
Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis del caso, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Corresponde a la Sala determinar, de oficio, si en el presente proceso se configura
una situación de cosa juzgada material derivada de la existencia de una sentencia
ejecutoriada proferida con anterioridad en un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por el mismo demandante y fundado en el mismo conflicto
jurídico.

10

Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
Apelación sentencia

De superarse dicho examen, la Sala establecerá si hay lugar o no a realizar un
pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones formuladas con la demanda.

2. Análisis del caso

En los términos en que ha sido planteada la controversia, la sentencia apelada
será modificada por las razones que se exponen a continuación.

2.1 La cosa juzgada

El artículo 175 del Código Contencioso Administrativo regula los efectos de cosa
juzgada de las sentencias proferidas en los distintos medios de control en los
siguientes términos:

“Artículo 175. (…) La sentencia dictada en procesos relativos a contratos
y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a
otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que
entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en
procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien
hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su
favor (…)” (destaca la Sala).

De lo anterior se desprende que la sentencia ejecutoriada proferida en un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho produce cosa juzgada material inter
partes en cuanto define de manera definitiva la situación jurídica individual del
demandante frente a la entidad demandada, así como también los efectos
patrimoniales reconocidos o negados en la providencia; en consecuencia, tales
aspectos no pueden ser nuevamente discutidos ni reclamados por el mismo actor
mediante una acción posterior, aun cuando esta se promueva a través de un medio
de control distinto como el de reparación directa.

2.2 Configuración de cosa juzgada en el presente asunto

Para efectos de determinar si en el presente caso se estructura una situación
constitutiva de cosa juzgada material, la Sala mediante auto de mejor proveer del
27 de febrero de 2026 ordenó oficiar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
para que remitiera copias de la demanda, auto admisorio y las sentencias de
primera y segunda instancia dictadas en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 76001-23-31-000-
2002-04469-01 (índice 94 SAMAI); una vez allegados tales documentos, se corrió

11

Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
Apelación sentencia

traslado de ellos a las partes e intervinientes por el término legal sin que se
formularan objeciones.

Así las cosas, es necesario examinar las actuaciones surtidas y las decisiones
adoptadas en el referido proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovido con anterioridad por el mismo demandante, con el fin de establecer si el
conflicto jurídico allí resuelto coincide con el que ahora se pretende someter
nuevamente a consideración de la jurisdicción, así:

1) El 21 de octubre de 2002, el señor Alfonso Heberto Velasco Pardo, por intermedio
de apoderada judicial, promovió un proceso de acción de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio
del Medio Ambiente y el Instituto Colombiano de Reforma Agraria con el objeto de
que se declarara la nulidad del oficio número UP-CJU004067 del 6 de septiembre
de 2001 y de los actos que resolvieron los recursos interpuestos en sede
administrativa proferidos el 29 de abril de 2002 y 29 de mayo de 2002, mediante los
cuales la administración negó la adquisición del predio Altamira con fundamento en
la inexistencia de apropiación presupuestal (índice 105 SAMAI)20.

2) En dicho proceso el actor solicitó, como consecuencia de la declaración de
nulidad, el restablecimiento de su derecho consistente en el reconocimiento de los
perjuicios materiales y morales derivados de la omisión estatal en la adquisición del
inmueble Altamira, situado en el área del Parque Nacional Natural Farallones de
Cali, declarada mediante la Resolución número 092 de 1968 y aprobada por el
Decreto 282 del mismo año, normativa que dispuso la obligación de la
administración de adquirir los inmuebles privados incluidos dentro de dicha área
protegida.

Al respecto se transcribe lo siguiente de las súplicas de la demanda que dio origen
a ese primigenio proceso judicial:

“(…) 4. como consecuencia de la declaración de nulidad de los actos
administrativos relacionados en los numerales anteriores, sírvanse
decretar el RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO a favor de mi
representado por motivo de los daños y perjuicios materiales y morales
causados a raíz de la expedición de los actos administrativos cuyas
nulidades se solicitan.

20
Archivo “271_memorialweb_otro-2_demanda2002-04469”.

12

Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
Apelación sentencia

Los perjuicios materiales por los daños causados o que se causen por
concepto de la expedición de los actos administrativos acusados los
estimo superiores a 300 SMLMV que a la fecha de presentación de esta
demanda equivalen a $92.700.000, para lo cual solicito se tenga en
cuenta la valoración total del bosque establecida en las conclusiones del
avalúo de fecha 17 de septiembre de 2002 de los predios Altamira y La
Esperanza de propiedad del señor Alfonso Heberto Velasco Pardo
realizado por el ingeniero forestal Carlos González Rodríguez (…).

Los perjuicios materiales de daño emergente y el lucro cesante por
concepto de la expedición de los actos administrativos cuya nulidad se
solicita en esta demanda y los perjuicios materiales del daño emergente
y lucro cesante causados a mi representado por la no adquisición del
predio durante los 34 años de vigencia de la Resolución 092 del 15 de
julio de 1968 debidamente aprobada por el Ministerio de Agricultura con
el Decreto 282 del 26 de agosto de 1968, serán estimados y liquidados
teniendo en cuenta la valoración total del bosque establecida en las
conclusiones del avalúo de fecha 17 de septiembre de 2002 de los predios
Altamira y La Esperanza de propiedad del señor Alfonso Heberto Velasco
Pardo realizada por el ingeniero forestal Carlos González Rodríguez, que
aporté con esta demanda, cuyo avalúo efectuado por el citado ingeniero
forestal y/o por el peritazgo que efectúen al menos dos peritos ingenieros
forestales que se designen, versará sobre el avalúo comercial del bien
inmueble y el avalúo ambiental del inventario forestal sobre el volumen de
madera de aserrío, por cada árbol sembrado y por hectárea, número de
árboles por hectárea, producción de madera para pulpa o para leña, que
permita definir el costo real de los recursos naturales renovables
conservados por espacio de más de 37 años en los predios Altamira y La
Esperanza propiedad del señor Alfonso Heberto Velasco Pardo, que
forman parte integrante del Parque Nacional Natural de los Farallones de
Cali y de la zona de amortiguación del mismo parque, predio propiedad
privada de mi representado que de conformidad con la orden impartida en
el artículo 7 de la Resolución 092 del 15 de julio de 1968, aprobada por
el Ministerio de Agricultura con el Decreto 282 del 26 de agosto de 1968
debió ser adquirido por el gerente general del Instituto Colombiano de
Reforma Agraria, orden administrativa que nunca se cumplió por el
gerente general del INCORA, ni por los representantes legales de las
entidades estatales que en el transcurso de los 34 años largos de vigencia
de la Resolución 092 han sido creadas para la administración y manejo
de los parques nacionales naturales, función administrativa que fue
delegada desde el 22 de diciembre de 1999 al Ministerio del Medio
Ambiente, al tenor de lo dispuesto en el numeral 27 del artículo 5 de la
Ley 99 de 1993 y en la actualidad la ejerce el director general de la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
adscrita al Ministerio del Medio Ambiente (…).

Los perjuicios morales ocasionados por la expedición de los actos
administrativos cuya nulidad se solicita en esta demanda y por los daños
morales causados a mi representado por la no adquisición del predio
durante los 34 años de vigencia de la Resolución 092 del 15 de julio de
1968 debidamente aprobada por el Ministerio de Agricultura con el
Decreto 282 del 26 de agosto de 1968, serán fijados y liquidados por ese
honorable tribunal teniendo en cuenta el valor del gramo oro vigente al
momento de la ejecutoria de la sentencia favorable que se dicte en este
proceso, para lo cual estimo que tales perjuicios son superiores a 5000
gramos oro” (índice 105 SAMAI)21.

21
Folios 2 a 7 del archivo “271_memorialweb_otro-2_demanda2002-04469”.

13

Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
Apelación sentencia

3) El 9 de diciembre de 2002, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada en contra de la
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Medio Ambiente y el
Instituto Colombiano de Reforma Agraria, y ordenó la notificación personal de sus
representantes legales (índice 105 SAMAI)22.

4) El 31 de agosto de 2011, el a quo profirió sentencia de primera instancia mediante
la cual declaró la nulidad de los actos administrativos demandados por considerar
que estos adolecían de falsa motivación en tanto la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales desconoció la obligación legal y
constitucional de adquirir el predio Altamira ubicado dentro del Parque Nacional
Natural Farallones de Cali (índice 105 SAMAI)23.

Como consecuencia de dicha declaración y a título de restablecimiento del derecho
el tribunal condenó a la entidad, así: i) al pago de la suma de treinta y tres millones
trecientos cincuenta y cinco mil cincuenta y tres pesos ($33.355.053)
correspondiente al valor comercial del inmueble, como perjuicio material, toda vez
que la decisión del Parque Nacional Natural produjo una restricción sustancial al
ejercicio del derecho de dominio que activó el deber estatal de adquirir el bien o
acudir a su expropiación y, ii) el reconocimiento de cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales derivados de la
omisión administrativa en la adquisición del inmueble.

Por otro lado, negó el reconocimiento de los demás perjuicios materiales
reclamados por estimar que no fueron debidamente acreditados en el proceso.

5) El 14 de septiembre de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado resolvió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
primer grado y confirmó íntegramente la providencia (índice 105 SAMAI)24.

En dicha decisión se examinó nuevamente la legalidad de los actos administrativos
que negaron la adquisición del predio Altamira y el alcance del restablecimiento del
derecho reconocido, concluyendo que la declaración de nulidad por falsa motivación

22
Archivo “270_memorialweb_otro-2_autoadmisorio2002-04469”.
23
Archivo “269_memorialweb_otro-5_sentencia1ra2002-04469”.
24
Archivo “272_memorialweb_otro-ejecutoriaysentenciadesegundainst2002-04469”.

14

Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
Apelación sentencia

era procedente, así como también el reconocimiento de los perjuicios materiales y
morales ordenados en primera instancia.

En particular, el Consejo de Estado precisó que si bien el a quo incurrió en una
imprecisión conceptual al denominar como “restablecimiento del derecho” el
reconocimiento del valor comercial del inmueble, lo cierto es que, dicha condena
tenía naturaleza indemnizatoria y se encontraba debidamente sustentada en la
afectación sustancial del derecho de propiedad derivada de la omisión estatal de
adquirir el bien.

Asimismo, se confirmó la decisión de negar el reconocimiento de los demás
perjuicios materiales reclamados, en particular aquellos relacionados con las sumas
de dinero supuestamente invertidas para la conservación de los recursos naturales
del inmueble y el lucro cesante derivado de la imposibilidad de adelantar la
explotación forestal del predio, por considerar que no fueron debidamente
acreditados; de igual forma, se estimó ajustado a los criterios jurisprudenciales el
monto reconocido por concepto de perjuicios morales25.

6) Del recuento precedente se advierte que en el marco del referido proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho número 76001-23-31-000-2002-04469-01 se
decidió de manera definitiva la situación jurídica individual del señor Alfonso Heberto
Velasco Pardo respecto del mismo conflicto que sirve de fundamento a la presente
acción de reparación directa, relativa a la afectación del derecho de dominio del
actor derivada de la no adquisición por parte de la administración de su predio
denominado Altamira, ubicado dentro del Parque Nacional Natural Farallones de
Cali, así como también los efectos patrimoniales derivados de dicha omisión.

En efecto, en el mencionado proceso se resolvió el fondo del asunto, se
reconocieron unos determinados perjuicios y se negaron otros, con lo cual quedó
agotado el debate judicial sobre el daño alegado y su alcance indemnizatorio; por
consiguiente, tales aspectos no pueden ser nuevamente discutidos ni reclamados
por el mismo demandante mediante una acción posterior, aun cuando esta se
promueva a través de un medio de control judicial distinto, como lo es el de
reparación directa que dio origen a este otro proceso.

25
Es preciso advertir que la referida sentencia quedó ejecutoriada el 4 de octubre de 2023, de
conformidad con el certificado expedido el 31 de octubre de 2023 por el secretario de la Sección
Primera del Consejo de Estado (índice 105 SAMAI, archivo “272_memorialweb_otro-
ejecutoriaysentenciadesegundainst2002-04469”).

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Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
Apelación sentencia

En esa perspectiva debe precisarse lo siguiente:

a) En primer lugar, se observa que el demandante en ambos procesos es el mismo,
esto es, el señor Alfonso Heberto Velasco Pardo, quien pretende nuevamente el
reconocimiento de perjuicios derivados de la omisión estatal en la adquisición del
inmueble Altamira.

Igualmente, se advierte que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
fueron demandadas la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la
Nación - Ministerio del Medio Ambiente y el Instituto Colombiano de Reforma Agraria
-INCORA-. En el presente proceso de reparación directa fueron demandados la
Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Nación - Ministerio del Medio
Ambiente y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-, entidad que
asumió judicial y legalmente las responsabilidades del INCORA tras su supresión26;
asimismo, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales fue vinculada por el a quo como litisconsorte necesario.

En consecuencia, respecto de dichas entidades se configura identidad jurídica de
partes, toda vez que corresponden a los mismos sujetos procesales que
intervinieron en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con la radicación número 76001-23-31-000-2002-004469-01.

No obstante, se advierte que en el presente proceso también fue demandada la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, entidad que no hizo
parte del referido proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; por
consiguiente, frente a ella no se satisface el requisito de identidad jurídica de partes
exigido para la configuración de la cosa juzgada material, razón por la cual su
situación procesal será analizada de manera independiente más adelante.

b) De igual forma, se constata la identidad de la causa, pues, el fundamento fáctico
y jurídico de la reclamación en ambos procesos es sustancialmente coincidente.

En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho el actor edificó sus súplicas
sobre la afectación del predio Altamira por su inclusión en el Parque Natural
Farallones de Cali y, especialmente, la omisión estatal de adquirirlo conforme a las

26
De conformidad con el artículo 24 del Decreto 1300 de 2003 todas las referencias en las
disposiciones legales vigentes al INCORA deben entenderse referidas al INCODER.

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Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
Apelación sentencia

previsiones contenidas en la Resolución número 092 de 1968, aprobada por el
Decreto 282 del mismo año; dicha omisión se concretó, además, en la negativa
administrativa expresada en el oficio del 6 de septiembre de 2001 y en los actos
confirmatorios de 2002 mediante los cuales la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales rechazó la compra del inmueble por
razones presupuestales.

En ese sentido, el presente proceso de reparación directa el demandante funda
igualmente la responsabilidad en la omisión de las entidades demandadas de
cumplir los deberes normativos derivados de la citada resolución y decreto, en
particular, la adquisición del predio de su propiedad Altamira, y sostiene que ello le
impidió usar, gozar y disponer libremente de su bien, obtener los rendimientos
económicos esperados de la explotación forestal y lo obligó a asumir cargas de
conservación y mantenimiento.

De esa confrontación se concluye que existe identidad de causa entre ambos
procesos, puesto que se sustentan en el mismo núcleo fáctico y jurídico, esto es, la
persistente falta de adquisición estatal del predio Altamira y la consecuente
restricción al ejercicio de los atributos del dominio.

El hecho de que en el presente proceso el actor enfatice el carácter prolongado de
la omisión o invoque la existencia de un daño de tracto sucesivo no configura una
causa nueva o distinta sino que corresponde a la misma omisión ya debatida y
definida en el proceso anterior.

c) Por otro lado, también se verifica la identidad del objeto, puesto que se evidencia
que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, además de la
declaración de nulidad de los actos administrativos, el demandante solicitó
expresamente el reconocimiento de perjuicios materiales en las modalidades de
lucro cesante -derivado de la imposibilidad de adelantar la explotación forestal del
predio- y daño emergente -correspondiente a las sumas de dinero que afirmó haber
invertido para la conservación de los recursos naturales del inmueble-, así como
también el reconocimiento de perjuicios morales, todos ellos derivados de la omisión
estatal en la adquisición del predio Altamira.

Como resultado de dicho proceso se reconoció una condena reparatoria consistente
en el pago del valor comercial del inmueble por la suma de treinta y tres millones
trecientos cincuenta y cinco mil cincuenta y tres pesos ($33.355.053), y el

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Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
Apelación sentencia

equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto
de perjuicios morales, y se negaron los demás rubros reclamados por el hecho de
no haber sido demostrados.

A su turno, en el proceso de reparación directa de la referencia la parte actora
pretende nuevamente que se declare la responsabilidad extracontractual del Estado
y se condene al pago de perjuicios por lucro cesante -por la imposibilidad de ejercer
la explotación forestal del predio-, daño emergente -por las erogaciones destinadas
a su mantenimiento y conservación- y perjuicios morales, todos ellos derivados de
la misma omisión estatal en la adquisición del inmueble y de la consiguiente
restricción al uso, goce y disposición del bien.

En consecuencia, la finalidad sustancial de ambas acciones es coincidente, obtener
una condena indemnizatoria por los perjuicios patrimoniales y morales derivados de
la omisión estatal de adquirir el predio Altamira ubicado dentro del Parque Nacional
Natural Farallones de Cali.

En este punto, la Sala insiste en que la variación del medio de control jurisdiccional
no altera la identidad material del objeto, pues, la controversia gira sobre la misma
afectación y sobre la misma pretensión resarcitoria en sus componentes esenciales.

7) En conclusión, establecido que en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho distinguido con la radicación número 76001-23-31-000-2002-04469-01
existió una sentencia de fondo ejecutoriada que definió de manera definitiva el daño
alegado, los perjuicios reclamados y su alcance indemnizatorio, la Sala concluye
que respecto de la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Nación -
Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -
INCODER- y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
se configura la cosa juzgada material.

Efectivamente, permitir la prosecución del actual proceso de reparación directa
frente a dichas entidades implicaría autorizar que una misma controversia ya
resuelta sea replanteada con el solo cambio del medio de control, lo cual contraría
el principio de seguridad jurídica.

En tal virtud, la Sala declarará probada la excepción de cosa juzgada respecto de
las mencionadas entidades y, en consecuencia, se abstendrá de efectuar un nuevo

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Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
Apelación sentencia

pronunciamiento sobre la responsabilidad y los perjuicios reclamados por
encontrarse definitivamente definidos en el proceso anterior.

2.2 Caducidad de la acción respecto de la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca -CVC-

1) Como se indicó previamente la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca -CVC- no fue parte en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con la radicación número 76001-23-31-000-2002-004469-01; por
consiguiente, no es posible extender a dicha entidad los efectos de cosa juzgada
material derivados de la decisión allí proferida.

No obstante, ello no conduce a un pronunciamiento de fondo respecto de esa
demandada, toda vez que la Sala encuentra acreditada la caducidad de la acción
de reparación directa, por las siguientes razones que se exponen a continuación.

2) De conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo la acción de reparación directa debe promoverse dentro de los dos
(2) años siguientes a la ocurrencia del hecho, la omisión u operación administrativa
que dio lugar al daño o desde el momento en que el interesado tuvo conocimiento
de este.

3) En el presente asunto, el daño alegado por la parte actora consiste en la falta de
adquisición del predio denominado Altamira, ubicado dentro del Parque Nacional
Natural Farallones de Cali, conforme lo dispuesto en la Resolución número 092 de
1968 y el Decreto 282 del mismo año.

Sobre este particular, se encuentra acreditado que el demandante adelantó
actuaciones administrativas orientadas a obtener la adquisición de su inmueble y
que la administración emitió un pronunciamiento expreso sobre dicha solicitud; en
efecto, mediante oficio número UP-CJU004067 del 6 de septiembre de 2001 la
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
informó al actor la imposibilidad de iniciar la negociación directa para adquirir el
predio Altamira por ausencia de disponibilidad presupuestal (índice 2 SAMAI)27;
dicha decisión fue finalmente confirmada mediante la Resolución número 120 del
29 de mayo de 2002 (índice 2 SAMAI)28.

27
Folios 26 a 28, pdf 1 del archivo “ed_012constcorreore”.
28
Folios 55 a 57, 59 a 60, pdf 11 del archivo “ed_012constcorreore”.

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Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
Apelación sentencia

Para la Sala, a más tardar en esa última fecha el demandante tuvo conocimiento
cierto y definitivo de la posición de la administración frente a la adquisición del
inmueble y, por ende, de los hechos que ahora invoca como fundamento de sus
pretensiones indemnizatorias.

4) Si bien en el recurso de apelación se sostiene que se trata de un daño de tracto
sucesivo derivado de una omisión permanente de la administración, lo cierto es que
la situación alegada no corresponde a un daño continuado; en efecto, el menoscabo
invocado encuentra su origen en una situación concreta y plenamente conocida por
el actor, circunstancia que permitió identificar y comprender la afectación alegada
desde el momento en que la administración definió su situación jurídica respecto de
la adquisición del predio, de manera que la permanencia de los efectos económicos
o patrimoniales derivados de dicha circunstancia no tiene la virtualidad de reabrir
indefinidamente el término de caducidad.

5) En consecuencia, como la demanda fue presentada el 2 de agosto de 2011,
cuando ya habían transcurrido ampliamente los dos (2) años previstos en el artículo
136 del Código Contencioso Administrativo, se confirmará la declaratoria de
caducidad respecto de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -
CVC-.

6) Por otro lado, las consideraciones expuestas por el apelante Alfonso Heberto
Velasco Pardo relativas a su edad avanzada y a sus condiciones de salud no tienen
la virtualidad de enervar las conclusiones a las que arriba la Sala en esta
providencia.

Si bien el artículo 13 de la Constitución Política impone las autoridades el deber de
brindar una protección especial a las personas en condición de vulnerabilidad, tal
mandato no autoriza desconocer los presupuestos procesales de orden público ni a
inaplicar las instituciones procesales establecidas por el legislador para garantizar
la seguridad jurídica, la estabilidad de las decisiones judiciales y el adecuado
ejercicio del derecho de acción.

En efecto, de conformidad con el artículo 13 del Código General del Proceso las
normas procesales son de orden público y de aplicación inmediata; por
consiguiente, la configuración de la cosa juzgada material y de la caducidad no
depende de las condiciones personales del demandante, tales como su edad o su

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Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
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Reparación directa
Apelación sentencia

estado de salud sino de la concurrencia de los presupuestos legales que gobiernan
cada una de dichas instituciones procesales.

7) Finalmente, la Sala considera necesario precisar que, si bien en el recurso de
apelación la parte actora hizo referencias genéricas a la omisión estatal respecto de
los predios denominados Altamira y La Esperanza, lo cierto es que, el objeto del
presente proceso quedó delimitado exclusivamente por las pretensiones de la
demanda, las cuales se orientaron a obtener la declaratoria de responsabilidad
patrimonial extracontractual y el reconocimiento de perjuicios derivados de la falta
de adquisición de un solo inmueble.

Al respecto debe advertirse que, aunque las pretensiones no mencionan de manera
expresa el nombre del predio, lo cierto es que, del contenido integral de las mismas
se desprende que los perjuicios reclamados se estructuraron con fundamento en el
dictamen pericial rendido por el ingeniero agrónomo Humberto Blanco Rivera, el
cual se circunscribió únicamente al análisis del predio denominado Altamira, sin
efectuar valoración alguna sobre el inmueble La Esperanza (índice 2 SAMAI)29.

En consecuencia, el marco decisorio del presente proceso no comprende ni habilita
un pronunciamiento judicial respecto del predio La Esperanza por el hecho de no
haber sido objeto específico de las pretensiones indemnizatorias, razón por la cual
la decisión adoptada debe estar en estricta sujeción al principio de congruencia que
rige la actividad jurisdiccional.

3. Conclusión

En consecuencia, la Sala modificará la sentencia de primera instancia para declarar
probada de oficio la excepción de cosa juzgada material respecto de la Nación -
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Nación - Ministerio del Medio
Ambiente, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER- y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; asimismo,
confirmará la declaratoria de caducidad respecto de la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca -CVC-.

29
Folios 34 a 50, pdf 1 del archivo “ed_012constcorreore”.

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Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
Apelación sentencia

4. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en el caso
concreto actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Modifícase la sentencia del 29 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina la cual
queda así:

“PRIMERO: Declárase probada de oficio la excepción de cosa juzgada
material respecto de la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, la Nación - Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural -INCODER- y la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales.

SEGUNDO: Declárase probada la excepción de caducidad de la acción
respecto de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC.

TERCERO: Sin condena en costas”.

2°) Sin condena en costas en segunda instancia.

3º) En firme este fallo, por Secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen
para lo de su cargo, previas las constancias de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en

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Expediente 76001-23-31-000-2011-01169-01 (68.338)
Actor: Alfonso Heberto Velasco Pardo
Reparación directa
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consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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