Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01524-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01524-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01524-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
16 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia : Acción de tutela
Radicado : 11001-03-15-000-2025-01524-01
Accionante : Enoris Vivas Pérez
Accionado : Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: sustitución pensional. Subtema 3:
ausencia de defecto fáctico.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 27 de abril de 2025,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente la
solicitud de amparo.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Enoris Vivas Pérez, por intermedio de apoderado, interpuso solicitud de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al
mínimo vital, así como de los principios de buena fe y confianza legítima, los cuales
consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de
Decisión, con ocasión de la sentencia del 18 de septiembre de 2024, proferida en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm. 27001-33-33-
002-2019-00200-01 (principal) y núm. 05001-33-33-022-2019-00429-00 (acumulado).
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. La señora Enoris Vivas Pérez, en calidad de compañera permanente del señor
Santiago Guillermo Prada Valenzuela, solicitó a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP), el 5
de diciembre de 2018, la sustitución de la pensión de jubilación gracia reconocida al
señor Prada Valenzuela.
3. La UGPP expidió las Resoluciones RDP 003129 del 1° de febrero del 2019 y RDP
012991 del 24 de abril de 2019, mediante la cuales suspendió parcialmente el pago
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Accionante: Enoris Vivas Pérez
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del 50% de la pensión de sobrevivientes reconocida previamente a la señora Eliana
del Carmen Ramos Pérez1, como compañera del causante, en razón a la solicitud
presentada por la señora Enoris Vivas Pérez, también en calidad de compañera
permanente; y en consecuencia, dejó en suspenso el reconocimiento y pago del 50%
de la prestación hasta tanto se dirimiera el conflicto.
4. La señora Enoris Vivas Pérez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la UGPP, a través de escrito del 10 de junio de 2019, con la
pretensión de nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones RDP
003129 del 1° de febrero del 2019 y RDP 012991 del 24 de abril de 2019.
5. A la demanda se le asignó el radicado número 27001-33-33-002-2019-00200-00 y
fue repartida al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó,
el cual, mediante auto del 27 de mayo de 2021, ordenó acumular al proceso el
expediente núm. 05001-33-33-022-2019-00429-00, adelantado por la señora Eliana
del Carmen Ramos Pérez en contra de la UGPP. En dicho expediente se solicitó la
nulidad de la Resolución RDP 003129 del 1° de febrero de 2019 y de la Resolución RDP
02676 del 17 de septiembre de 2021, que modificó la anterior en el sentido de dejar en
suspenso el reconocimiento pensional que le pudiera corresponder.
6. Posteriormente, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Quibdó avocó el conocimiento del asunto y, mediante sentencia del 22 de marzo de
2024, declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y, en consecuencia, condenó
a la UGPP al reconocimiento y pago del 50% del total de la pensión de sobrevivientes,
a partir del 2 de junio de 2018, así: el 12.5% para la señora Enoris Vivas Pérez y el
otro 12.5% para la señora Eliana del Carmen Ramos Pérez, en calidad de compañeras
permanentes del causante, y el 25% restante para la señora Cynthia María Rentería
Belalcazar, en calidad de cónyuge sobreviviente.
7. El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión, mediante
sentencia del 18 de septiembre de 2024, modificó la sentencia de primera instancia en
el sentido de declarar la nulidad parcial de los actos administrativos demandados y, a
título de restablecimiento del derecho, condenar a la UGPP a reconocer y pagar la
sustitución pensional a favor de la señora Cyntia María Renteria Belalcazar, en calidad
de cónyuge del causante, equivalente al 25% del 100% de la pensión de jubilación que
en vida correspondió al señor Santiago Guillermo Prada Valenzuela, y a la señora
Eliana Del Carmen Ramos Pérez el otro 25% de dicho 100%, en su condición de
compañera permanente supérstite, efectiva a partir del 2 de junio de 2018, día
siguiente al fallecimiento del causante.
2.2. Pretensiones
8. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
1. Conceder la protección de los derechos fundamentales invocados, en favor de mi
representada.
1 A través de la Resolución RDP 040626 del 9 de octubre de 2018, la UGPP reconoció la sustitución
pensional del señor Santiago Guillermo Prada Valenzuela (q. e. p. d.), en un 50% en favor de la señora
Eliana del Carmen Ramos Pérez, y en el otro 50%, en favor de sus hijos menores Miguel Ángel y Elaine
del Carmen Prada Ramos.
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2. Revocar parcialmente la decisión tomada por parte del Tribunal Administrativo del
Chocó, Sala Tercera de Decisión, dentro del proceso.
3. Dejar sin efectos parcialmente la sentencia del 18 de septiembre de 2024, emitida
por la corporación accionada.
4. Ordenar al citado Tribunal que profiera una nueva decisión, en la que se amparen
los derechos fundamentales invocados, respecto de la señora Enoria Vivas Pérez.
2.3. Argumentos de la tutela
9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó lo siguiente:
10. Que el Tribunal incurrió en defecto fáctico por indebida valoración de los siguientes
medios de prueba incorporados válidamente al proceso: i) la declaración extrajuicio
que rindió en el trámite judicial y las declaraciones de los señores Bernavio Escobar
Valencia y Virgelina Valencia Chala, ii) las documentales existentes en el plenario, iii)
los interrogatorios de parte adelantados, y iv) las diferentes intervenciones de los
sujetos procesales, todas las cuales dejan en evidencia que convivió con el causante
por espacio de 25 años.
11. Asimismo, que el juzgador no tomó en cuenta que se trata de una persona de 73
años de edad, que no cuenta con ninguna pensión reconocida por el Estado, ni con
otro medio de sustento, que dependía económicamente del causante, y que padece
de serias afectaciones en su salud.
2.4. Trámite procesal
12. La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través del despacho ponente, profirió
el auto del 27 de marzo de 20252, en el que admitió la demanda de tutela; ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión, en calidad de
accionado; y vinculó y ordenó notificar al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Quibdó, a las señoras Eliana Del Carmen Ramos Pérez y Cynthia María
Rentería Belalcazar y a la UGPP, en calidad de terceros con interés en las resultas de
la acción de tutela.
2.5. Intervenciones
13. El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión3 solicitó
declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negar el amparo de los
derechos fundamentales invocados como vulnerados. Señaló que la acción no cumple
con el requisito de relevancia constitucional, pues lo que se busca es que el juez de
tutela se adentre en juicios de corrección, rectificación o interpretación propios de cada
especialidad. En todo caso, refirió que en el asunto no se incurrió en el defecto fáctico
alegado, toda vez que la Sala realizó la valoración de todas las pruebas aportadas al
proceso y encontró que de ellas no se permitía acreditar, en grado de certeza, el
requisito de convivencia ininterrumpida, especialmente, durante los cinco años
anteriores al fallecimiento del causante.
2 Aplicativo Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-01524-00, índice 00004, certificado
58719CFA5509CB70 16220087BCB16D2A 94AC5EFCA43D6A7C ED571B922EB06AFB
3 Aplicativo Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-01524-00, índice 00009, certificado
DA00699491B3F1D6 AD447C12F916C265 669CE01180E72D89 97C9C72C4CB927A7
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14. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)4 pidió declarar improcedente la acción o
negar el amparo de los derechos fundamentales invocados. Advirtió que la parte actora
no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera instancia para revisar
las decisiones adoptadas por el juez natural, después de haberse agotado un
procedimiento establecido en la ley para el efecto. Asimismo, que no existió
vulneración de derechos por cuanto el Tribunal realizó una adecuada y razonada
valoración probatoria.
15.Los demás vinculados al trámite de tutela, en calidad de terceros con interés,
guardaron silencio.
2.6. Sentencia de primera instancia
16. El Consejo de Estado, Sección Quinta, a través de sentencia del 27 de abril de
20255, declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito
general de relevancia constitucional. Advirtió que en el caso no se presentó un
argumento sólido que demostrara la vulneración de las garantías constitucionales
alegadas, sino que lo que se evidenciaba era una inconformidad de la actora con el
examen de las pruebas realizado por el juez de la causa y, por tanto, la pretensión de
utilizar el mecanismo de amparo como una tercera instancia para que el juez de tutela
efectuara una valoración probatoria favorable a sus intereses.
2.7. Impugnación
17. La señora Enoris Vivas Pérez, por intermedio de apoderado, radicó memorial en
el que manifestó que impugnaba la sentencia de primera instancia6.
2.8. Otras intervenciones
18. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)7 solicitó la confirmación del fallo y, para
dichos efectos, reiteró lo señalado en su escrito de contestación a la solicitud de
amparo.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
19. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en segunda instancia,
el recurso de impugnación interpuesto en contra de la sentencia del 27 de abril de
2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta.
4 Aplicativo Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-01524-00, índice 00010, certificado
2A7DF21862D6D280 A432C8BB8F9EF07E D4F01CD7F4DFDA25 E092E9F0BF6B4E0
5 Aplicativo Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-01524-00, índice 00012, certificado
8592F0DEFAE0AF56 CC9DCEDB28774F95 03F19B1ED7BF4C7E 6596DDD12C31D85
6 Aplicativo Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-01524-00, índice 00016, certificado
238D572113EFA029 08EBCA186110C0B4 20848F79E98CEE30 E6FEC47813A37783
7 Aplicativo Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-01524-00, índice 00023, certificado
4F2773622BB6FAB6 CF08B0FC2D17D660 43AF488DF1BB0741 D6DA8DA01E3A2890
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3.2. Legitimación en la causa
20. La «legitimación en la causa por activa» de la señora Enoris Vivas Pérez se
encuentra acreditada por cuanto fue la persona que promovió el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se expidió la providencia que censura en esta
instancia constitucional.
21. También está probada la «legitimación en la causa por pasiva» del Tribunal
Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión, debido a que fue la autoridad
judicial que emitió la sentencia objeto de estudio.
3.3. Problema jurídico
22. Corresponde a la Sala analizar la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital, así como de los principios de
buena fe y confianza legítima invocados por la accionante, ante la presunta
configuración de un defecto fáctico en la sentencia del 18 de septiembre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 27001-33-33-
002-2019-00200-01 al que se acumuló el expediente identificado con el radicado núm.
05001-33-33-022-2019-00429-00.
23. Para dichos efectos, presentará aspectos generales sobre la procedencia de la
acción de tutela en contra de providencias judiciales; posteriormente, analizará los
requisitos de procedibilidad en el caso concreto y, de encontrarlos superados,
estudiará las causales específicas de procedencia que correspondan.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
24. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 como de la Corte
Constitucional9 ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial
procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y
específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso
abusivo de este mecanismo constitucional.
25.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental;
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
radicado núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
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v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración;
y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
26. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo10. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
27. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.
3.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
28. La cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional por cuanto la
vulneración alegada se origina con ocasión de una actuación judicial; sin embargo,
aunque la parte actora invocó la protección de sus derechos constitucionales al debido
proceso, a la seguridad social y al mínimo vital, así como de los principios de buena y
confianza legítima, la Sala detendrá su estudio en el derecho fundamental al debido
proceso y, adicionalmente, en el derecho de acceso a la administración de justicia, por
ser los derechos procedentes a analizar en casos de tutela contra providencia
judicial.12 En tal sentido, corresponde revocar la decisión de primera instancia, que
declaró improcedente la acción al no encontrar probado el presente requisito de
procedibilidad.
29. También se satisface el requisito de subsidiariedad porque la parte accionante no
cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de
sus derechos fundamentales.
30. Se cumple el requisito de inmediatez dado que la sentencia que profirió el
Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión, data del 18 de
septiembre de 2024, y fue notificada el 23 de septiembre siguiente13, y el escrito de
tutela se presentó el 17 de marzo de 202514, esto es, dentro del plazo de los seis
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
11 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
12 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso
a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello
los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
13 Aplicativo Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-01524-00, índice 00010.
14 Aplicativo Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-01524-00, índice 00001, certificado
28156DE210AE7615 0B5215CF14615589 9D6DCC74FD044BFA 9EB1DEF66B449396
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meses establecido como razonable tanto por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional15 como del Consejo de Estado16.
31. En el escrito de amparo, la parte actora expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales.
32. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
33. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad de la presente acción de tutela para cuestionar la sentencia
enjuiciada por la causal específica «defecto fáctico» y, en ese orden, continuará con
su estudio, conforme a los términos planteados por la parte actora.
3.6. Estudio de la causal específica de procedencia «defecto fáctico»
3.6.1. Generalidades del defecto fáctico
34. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»17. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión»18 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.
35. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»19. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»20.
36. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
15 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
17 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del
proceso21.
37. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el análisis
del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia
judicial22, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta, las razones por
las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia»23.
38. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica, por
lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las
pruebas que obran en el expediente es por completo equivocada […]
diametralmente opuesta ― siguiendo las reglas de la lógica― a la que se
desprende del contenido de los materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido
valoradas de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor
valor a alguna prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]24.
3.6.2. Caso concreto
39. Se analiza en el presente caso la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la
señora Enoris Vivas Pérez, en la sentencia del 18 de septiembre de 2024, emitida por
la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con los números de radicación
27001-33-33-002-2019-00200-01 (principal) y núm. 05001-33-33-022-2019-00429-00
(acumulado).
40. En el asunto, la accionante alega que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico por
indebida valoración de los siguientes medios de prueba: i) la declaración que rindió en
el proceso y las rendidas por los señores Bernavio Escobar Valencia y Virgelina
Valencia Chalá, ii) las documentales aportadas, iii) los interrogatorios de parte
21 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
22 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
23 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01524-01
Accionante: Enoris Vivas Pérez
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
adelantados, y iv) las diferentes intervenciones de los sujetos procesales, a partir de
las cuales demostró que convivió con el causante por espacio de 25 años.
41. Pues bien, en la providencia objeto de censura, el Tribunal estudió las demandas
que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentaron las señoras Enoris Vivas Pérez y Eliana del Carmen Ramos Pérez en
contra de la UGPP, en las que solicitaron la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos por medio de los cuales la demandada suspendió el reconocimiento y
pago de la sustitución del 50% de la pensión de jubilación que en vida correspondió al
señor Santiago Guillermo Prada Valenzuela, en calidad de compañeras permanentes
del este.
42. En la sentencia, el juez colegiado revisó la decisión de primera instancia, que había
condenado a la UGPP al reconocimiento y pago del 50% de la prestación en un 25% a
favor de la señora Cynthia María Rentería Belalcazar, en calidad de cónyuge
sobreviviente, en un 12.5% para la señora Enoris Vivas Pérez, y en otro 12.5% para la
señora Eliana del Carmen Ramos Pérez, en calidad de compañeras del causante.
43. Luego del análisis del caso, el juzgador modificó la decisión, en el sentido de
condenar a la UGPP a reconocer y pagar el 50% de la sustitución pensional de la
siguiente forma: un 25% en favor de la señora Cyntia María Renteria Belalcazar, en
calidad de cónyuge del causante, y el otro 25% a favor de la señora Eliana del Carmen
Ramos Pérez, en su condición de compañera permanente supérstite. Es decir, excluyó
del reconocimiento pensional a la señora Enoris Vivas Pérez.
44. Para adoptar dicha determinación, el Tribunal realizó el siguiente análisis
probatorio:
55. Por otra parte, en cuanto al requisito de la convivencia de las demandantes y la
vinculada con el causante, advierte la Sala, lo siguiente:
[…]
El día 4 de julio de 2018 los señores BERNAVIO ESCOBAR VALENCIA y VIRGELINA
VALENCIA CHALA, rindieron declaración juramentada ante la notaría única del círculo de
Acandí-Chocó en la cual manifestaron que los señores NORIS VIVAS PÉREZ y
SANTIAGO GUILLERMO PRADA VALENZUELA tuvieron una relación por más de 25
años con mucho amor y respeto y que el señor PRADA VALENZULEA siempre la ayudó
sin esperar nada a cambio.
En el desarrollo de la audiencia de pruebas celebrada en este asunto, se recepcionó el
testimonio de la señora MARITZA TABARES BEDOYA y el interrogatorio de parte de las
señoras ENORIS VIVAS PÉREZ, ELIANA DEL CARMEN RAMOS PÉREZ y CYNTIA
MARÍA RENTERÍA, quienes manifestaron lo siguiente: […].
56. Ahora bien, procederá la Sala a desarrollar el cargo planteado por la parte
demandada, para lo cual, el análisis que se debe realizar para establecer las condiciones
que la ley, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional prevén
para ser beneficiario de la sustitución pensional, es determinar la convivencia real y
material en condiciones de auxilio o apoyo mutuo, comprensión, vida en común y
dependencia económica con las señoras ENORIS VIVAS PÉREZ y ELIANA DEL
CARMEN RAMOS PÉREZ, potencialmente beneficiarias en calidad de compañeras
permanentes del señor SANTIAGO GUILLERMO PRADA VALENZUELA, durante los
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últimos 5 años de vida de aquel y de la señora CYNTIA MARÍA RENTERÍA
BELALCAZAR ese mismo periodo en cualquier tiempo, en su condición de cónyuge
supérstite con sociedad conyugal vigente.
[…]
60. Teniendo en cuenta lo expuesto, advierte la Sala que respecto de la señora ENORIS
VIVAS PÉREZ, las pruebas documentales obrantes en el plenario y el interrogatorio de
parte practicado en la audiencia de pruebas, no permiten establecer con certeza que
entre ella y el causante existió una convivencia sólida, constante y permanente bajo un
mismo techo y durante los últimos 5 años de vida de aquel, requisito sine qua non, para
tenerla como beneficiaria de la sustitución pensional por ella deprecada, en calidad de
compañera permanente.
61. Lo anterior, por cuanto de las declaraciones rendidas por los señores BERNAVIO
ESCOBAR VALENCIA y VIRGELINA VALENCIA CHALA, solo es posible establecer que
entre el señor SANTIAGO GUILLERMO PRADA VALENZUELA y la señora ENORIS
VIVAS PÉREZ hubo una convivencia durante 25 años; sin embargo, se desconocen los
extremos temporales de la misma, así como las circunstancias en las cuales se
desarrolló.
62. Y respecto del interrogatorio de parte rendido por la señora ENORIS VIVAS PÉREZ
estima la Sala que el mismo ofrece dudas respecto de la real y efectiva convivencia con
el causante durante los últimos cinco (5) años anteriores al fallecimiento, las cuales no
fueron desvirtuadas en el plenario25.
45. El aparte transcrito permite advertir a esta Sala constitucional que el Tribunal
valoró las declaraciones extrajuicio rendidas por los señores Bernavio Escobar
Valencia y Virgelina Valencia Chala; el testimonio de la señora Maritza Tabares
Bedoya; los interrogatorios de parte practicados a las señoras Enoris Vivas Pérez,
Eliana del Carmen Ramos Pérez y Cyntia María Rentería en la audiencia de pruebas;
así como los demás documentos obrantes en el plenario. A partir de tales elementos
concluyó que no se logró establecer, con un grado de certeza, que entre la señora
Enoris Vivas Pérez y el causante, Santiago Guillermo Prada Valenzuela, existiera una
convivencia sólida, constante y permanente bajo un mismo techo durante los últimos
cinco años de vida de este.
46. En la valoración de tales elementos probatorios, esta Sala no advierte una decisión
contraevidente, caprichosa o arbitraria, pues de ellos no se desprende, prima facie,
una demostración efectiva de convivencia con el causante. En efecto, el Tribunal
transcribió ampliamente las declaraciones extrajuicio aportadas al proceso y, de
manera juiciosa, las contrastó con el testimonio y los interrogatorios de parte rendidos
en la audiencia de pruebas. A partir de dicho análisis, identificó varias inconsistencias
que no permitían tener certeza sobre el cumplimiento del presupuesto de convivencia
exigido por la norma para otorgar el derecho reclamado por la demandante.
47. Es preciso señalar, en relación con este punto, que la valoración probatoria está
sujeta a las reglas de la lógica y la sana crítica, conforme a lo dispuesto en el artículo
176 del CGP. Esta constituye una función exclusiva de los jueces naturales de la causa,
quienes son los llamados a determinar la credibilidad y suficiencia de los elementos
probatorios para acreditar los hechos que se pretenden demostrar. En consecuencia
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Se transcribe aun con errores de texto.
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el juez constitucional no puede sustituir dicha valoración, salvo que se evidencie una
arbitrariedad manifiesta.
48. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a
sus intereses y pretensiones.
IV. CONCLUSIÓN
49. Por las razones que preceden, la Sala modificará la sentencia impugnada, que
declaró improcedente la acción de tutela, para en su lugar negar el amparo solicitado
ante la ausencia del defecto fáctico alegado.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 27 de abril de 2025, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente la acción de tutela para en su
lugar NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia de la señora Enoris Vivas Pérez, por las razones
consignadas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con excusa
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
YASM/SEJV
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