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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01524-00

Fecha
24 de abril de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01524-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la señora Enoris Vivas Pérez contra el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01524-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

24 de abril de 2025

Demandante: Enoris Vivas Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01524-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01524-00
Demandante: ENORIS VIVAS PÉREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, SALA
TERCERA DE DECISIÓN

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente el
mecanismo por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Enoris Vivas Pérez, actuando a través de apoderado judicial1, inició
acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de
Decisión, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social, al mínimo vital, a la buena fe y a la confianza
legítima.

La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia emitida por la autoridad judicial accionada el 18 de
septiembre de 2024 en la que modificó la sentencia del 22 de marzo de 2024
proferida en primera instancia por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito

1 Poder conferido por la accionante al abogado Carlos Hernando Valencia Blandón, que fue
autenticado en la Notaría Única de Acandí, Chocó.
2 Acción de tutela promovida a través de la ventanilla virtual de recepción de tutelas de la Rama

Judicial, el 14 de marzo de 2025 a la cual se le asignó el ńumero de reparto 2694005.

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Demandante: Enoris Vivas Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01524-00

Judicial de Quibdó dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 27001-33-33-002-2019-00200-00/01 acumulado al proceso
05001-33-33-022-2019-00429-003.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]
2. REVOCAR parcialmente la decisión tomada por parte del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, SALA TERCERA DE DECISIÓN, dentro del
proceso.

3. DEJAR SIN EFECTOS parcialmente la sentencia del 18 de septiembre de 2024,
emitida por la Corporación Accionada.

4. ORDENAR al citado Tribunal que profiera una nueva decisión, en la que se
amparen los derechos fundamentales invocados, respecto de la señora ENORIS
VIVAS PÉREZ.

[…]

PRETENSION SUBSIDIARIA Subsidiariamente solicito al Honorable Consejo de
Estado, que, en caso de no hallar una indebida valoración de la prueba por parte
del Tribunal Administrativo del Chocó, en cuanto al no haberse establecido los
extremos de la relación, afectando con ello derechos fundamentales como el
debido proceso entre otros, se determine que, en el presente caso, se debió
resolver el asunto determinando el reconocimiento por el tiempo de la convivencia
entre los compañeros permanentes. 4

1.3. Hechos

El 23 de septiembre de 2019 la señora Eliana del Carmen Ramos Pérez a través
de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho instauró demanda contra la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -en
adelante UGPP-, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución RDP
003129 del 1° de febrero de 2019 a través de la cual se suspendieron
temporalmente los efectos de la Resolución RDP040626 del 9 de octubre de
20185. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a la

3 El proceso iniciado por Eliana del Carmen Ramos Pérez contra la Unidad de Gestión Pensional y

Parafiscales fue repartido al Juzgado 22 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, quién lo
remitió para acumulación de procesos al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Quibdó.
4 Transcripción literal que puede contener errores.
5 Por medio de esta Resolución se reconoció una pensión de sobrevivientes, con ocasión del
fallecimiento del señor Santiago Guillermo Prada Valenzuela, a la señora Eliana del Carmen Ramos

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Demandante: Enoris Vivas Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01524-00

demandada el reconocimiento de la pensión gracia de sobreviviente debido al
fallecimiento de su compañero permanente, el señor Santiago Guillermo Prada
Valenzuela6.

El proceso se asignó al Juzgado 22 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
con radicado 05001-33-33-022-2019-00429-00 quien admitió la demanda
mediante auto del 2 de octubre de 2019 y ordenó vincular a la señora Enoris Vivas
Pérez, como tercero con interés en el resultado del proceso.

Por su parte, la señora Enoris Vivas Pérez, a través de apoderado judicial, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó
a la UGPP, con el fin de que se declararan nulas las Resoluciones RDP003129 del
10 de febrero de 2019 y 012991 del 21 de abril de 20197. A título de
restablecimiento del derecho pidió el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente, por el deceso del señor Santiago Guillermo Prada Valenzuela, de
quien adujo haber sido su compañera permanente.

La demanda fue repartida con el radicado 27001-33-33-002-2019-00200-00 al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó8 quién dispuso
sobre su admisión mediante providencia del 16 de julio de 2019 y ordenó vincular
a las señoras Cynthia María Rentería Belalcázar y Eliana del Carmen Ramos
Pérez, en calidad de esposa y compañera permanente del señor Santiago
Guillermo Prada Valenzuela, respectivamente.

El Juzgado 22 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín se percató de la
existencia de ambos procesos, y procedió a remitirlo para acumulación al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, en auto del 27 de mayo
de 2021 dado que consideró que se cumplían los presupuestos del artículo 148
del C.G.P. En consecuencia, el expediente 05001-33-33-022-2019-00429-00 se
acumuló al proceso 27001-33-33-002-2019-00200-00.

A renglón seguido, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó9
dictó sentencia de primera instancia el 22 de marzo de 2024 en la que concedió
parcialmente las pretensiones, declaró la nulidad de las resoluciones RDP 003129

Pérez en un porcentaje del 50% y a los menores Elaine del Carmen Prada Ramos y Miguel Ángel
Prada Ramos en un porcentaje de 25% para cada uno.
6 Mediante la Resolución 09381 del 26 de febrero de 2009 se reconoció la pensión gracia al señor

Santiago Guillermo Prada Valenzuela.
7 A través de este acto administrativo se resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación

interpuesto por la Señora Enoris Vivas Pérez contra la Resolución RDP 003129 del 10 de febrero
de 2019.
8 El proceso se repartió inicialmente al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de

Quibdó, no obstante, por disposición del Acuerdo CSJCHA22-35 del 05 de septiembre de 2022, se
redistribuyó al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó.
9 Este Despacho avocó conocimiento del proceso el 30 de septiembre de 2022.

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del 01/02/2019 y RDP 012991 del 24/04/2019 y ordenó a la UGPP el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes del causante así: «el 12.5%
para la señora ENORIS VIVAS PÉREZ y el otro 12.5% para la señora ELIANA DEL
CARMEN RAMOS PÉREZ, quedando el restante 25% en favor de la señora CYNTHIA
MARÍA RENTERÍA BELALCAZAR». Como fundamento de la decisión señaló:

De las pruebas arrimadas al plenario, se evidencia, que el señor SANTIAGO
GUILLERMO PRADA convivió los últimos cinco años, hasta el día de su
fallecimiento (1 de junio de 2018), de manera simultánea, con ánimo de
permanencia, compartiendo techo, lecho y mesa, además se estableció
comunidad de vida y acompañamiento moral y espiritual con las señoras ELIANA
DEL CARMEN PARRA PÉREZ, ENORIS VIVAS PÉREZ en calidad de
compañeras permanentes, y con la señora CYNTIA MARÍA RENTERÍA en calidad
de cónyuge.

Así pues, a juicio del despacho, los testimonios brindados por estas en el
interrogatorio de parte y pruebas documentales allegadas al proceso, ofrecen
suficiente grado de certeza y dan cuenta de la satisfacción del requisito de
convivencia, entre estas y el causante.

La decisión del a quo fue apelada por la UGPP y la señora Eliana del Carmen
Ramos Pérez, cuyo recurso de alzada se resolvió por el Tribunal Administrativo
del Chocó, Sala Tercera de Decisión en sentencia del 18 de septiembre de 2024,
en la que modificó el proveído de primera instancia, y ordenó a la UGPP reconocer
la sustitución pensional a favor de las señoras Eliana del Carmen Ramos Pérez y
Cynthia María Rentería Belalcázar en un porcentaje de 25% para cada una, y negó
las pretensiones de la señora Enoris Vivas Pérez. Al respecto indicó:

70. En este orden de ideas, la pensión de jubilación gracia que en vida le
correspondió al señor SANTIAGO GUILLERMO PRADA VALENZUELA, cuya
sustitución se encuentra suspendida en el 50%, será repartida en partes iguales
entre la cónyuge de aquel, esto es, la señora CIYNTIA MARIA RENTERIA
BELALCAZAR y la compañera permanente del causante, la señora ELIANA DEL
CARMEN RAMOS PÉREZ, a quienes les corresponderá el 50% de esa fracción,
la cual será acrecentada en la misma proporción en la medida que se extinga el
derecho para alguno de los beneficiarios establecidos en la resolución No. 040626
del 9 de octubre de 2018 o en esta providencia.

Para arribar a la anterior conclusión, esto es, negar la sustitución pensional a la
señora Enoris Vivas Pérez, el ad quem consideró que no se logró probar que entre
esta y el causante existiera un convivencia sólida, constante y permanente bajo un
mismo techo y durante los últimos 5 años al fallecimiento de aquel, así como
tampoco acreditó la dependencia económica; cuyos requisitos exige la ley para
otorgar la calidad de beneficiaria de esta prestación a la compañera permanente.

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Demandante: Enoris Vivas Pérez
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01524-00

El anterior proveído se notificó a las partes por correo electrónico el 23 de
septiembre de 202410.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La actora considera que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes
defectos respecto de la sentencia cuestionada:

(i) Fáctico porque el ad quem desconoció las pruebas aportadas al plenario en las
que se logró demostrar el derecho que tiene la accionante, en su condición de
compañera permanente del causante, a que se le reconozca la sustitución
pensional, tal como lo decidió la primera instancia. De forma concreta señaló que
no se tuvo en cuenta los manifestado por los testigos, Bernavio Escober Valencia
y Virgelina Valencia Chalá quiénes manifestaron conocer la relación que existió
entre la actora y el señor Santiago Guillermo Prada por más de 25 años. Por tanto,
concluyó que el Tribunal hizo un análisis probatorio arbitrario, al no dar por probado
un hecho que se encuentra demostrado.

Además, indicó que con el interrogatorio de parte rendido por las señoras Eliana
del Carmen Ramos Pérez, Enoris Vivas Pérez y Cynthia María Rentería Belalcázar
y los documentos aportados al proceso, el juez de segunda instancia debía tener
el grado de certeza de la convivencia simultánea que tuvieron con el señor Prada
Valenzuela, como, en su sentir, bien lo hizo el a quo. Aunado a ello señaló que la
actora es una persona de 73 años quién no tiene un medio para subsistir pues
dependía enteramente del causante. También manifestó que presenta varias
afecciones a su salud.

Hizo referencia a que el Juez Segundo Laboral del Circuito de Quibdó, en
sentencia del 13 de septiembre de 2022 reconoció a favor de la actora un
porcentaje de 31.5% de la pensión de vejez devengada por el señor Santiago
Prada, quién se había desempeñado como docente adscrito a la Secretaría de
Educación Departamental del Chocó, por tanto, consideró que el Tribunal no podía
desconocer la existencia de la convivencia entre esta y el señor Santiago Prada,
pues otra autoridad judicial sí le reconoció su calidad de compañera permanente
y le otorgó la prestación pensional del mismo causante.

(ii) Violación a la Constitución Política porque consideró transgredido su derecho
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia debido a la negativa
a otorgarle el pago de la pensión de vejez, lo que pone en riesgo su mínimo vital y
subsistencia digna.

10 Índice 010 de Samai del proceso 27001333300220190020001

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1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 27 de marzo de 2025, la magistrada ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante11 y, como parte
demandada, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Chocó, Sala Tercera
de Decisión12.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Quibdó [a quo del proceso ordinario] 13 a las señoras Eliana Del Carmen Ramos
Pérez14 y Cynthia María Rentería Belalcázar15 [demandantes en el trámite ordinario],
y a la Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP [autoridad demandada en el proceso
ordinario]16.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión17

En documento radicado el 31 de marzo de 2025 la magistrada ponente de la
decisión cuestionada rindió informe en el que hizo un recuento sobre los requisitos
de procedibilidad de tutela contra providencia judicial para concluir que en el
presente asunto no se configuró ninguno de los defectos alegados por la parte
actora, por lo que solicitó que se declare improcedente la tutela, o en su defecto,
se niegue el amparo.

Respecto a la presunta indebida valoración de las declaraciones extrajuicio y
testimonios de los señores Bernavio Escobar Valencia y Virgelina Valencia Chalá
que fueron aportadas como documental al proceso por la accionante y ratificadas
en la audiencia de pruebas, afirmó que carecían de precisión y eran ambiguas
respecto de los extremos en los que duró la relación de la tutelante con el señor

11 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: carloshernandov@hotmail.com
12 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: tadmin03cho@notificacionesrj.gov.co
sgtadmincho@notificacionesrj.gov.co sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co
13 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: j06admqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co
14 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: intelecto2013@gmail.com
osmocu@hotmail.com
15 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: spachapalacios@gmail.com

salomon027@hotmail.com
16 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: defensajudicial@ugpp.gov.co

tutelasugpp@ugpp.gov.co notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co
17 Índice 009 de Samai.

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Santiago Guillermo Prada, por lo que no pudo establecer con certeza que la
convivencia sostenida entre estos fue ininterrumpida, especialmente durante los
último 5 años anteriores al fallecimiento del causante, de ahí que había lugar a
negar las pretensiones de la accionante.

Al respecto recordó que corresponde al juez natural determinar, bajo las reglas de
la sana crítica, la credibilidad y suficiencia que le da a una prueba, para dar por
acreditados los hechos que se pretenden demostrar, sin que dicha labor se pueda
sustituir por el juez constitucional.

Además, refirió que entre la declaración de la señora Enoris Vivas y el
interrogatorio de parte rendido por esta, encontró muchas inconsistencias respecto
de la supuesta convivencia ininterrumpida que sostuvo con el señor Santiago
Prada, lo que contrastó con las declaraciones de las señoras Eliana del Carmen
Ramos Pérez, Cynthia María Rentería Belalcázar y Maritza Janeth Tabares
Bedoya, para concluir que la señora Vivas Pérez no logró acreditar la convivencia
permanente con el pensionado.

Por otro lado, respecto de los argumentos referentes a la situación de
vulnerabilidad invocada, dado que tiene 73 años y los problemas de salud que
enfrenta, recalcó que, el reconocimiento de derechos pensionales debe
fundamentarse en el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para tal
fin, atendiendo a que estas se rigen por el principio de legalidad del Sistema
General de Seguridad Social, por lo que no puede tener como base estos
argumentos para otorgar la prestación.

Finalmente, en lo relativo a la alegada decisión favorable a la actora por parte del
Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de Quibdó frente a otra pensión del
mismo causante, aclaró que cada proceso judicial es autónomo, cuya valoración
probatoria se realiza analizando las particularidades de cada caso y el acervo
probatorio aportado, por tanto, indicó que ello no vincula al Tribunal, ni constituye
un precedente obligatorio a seguir, máxime cuando se trata de jurisdicciones
diferentes que pueden tener criterios para valorar las pruebas de manera distinta.

1.6.2. Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP18

Por medio del memorial aportado el 1° de abril de 2025 contestó e indicó que la
entidad no ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales invocados por la
accionante, pues refirió que actuó en derecho en lo referente a la sustitución
pensional por la muerte del señor Santiago Guillermo Prada, por lo que concluyó
que las pretensiones referentes a esta autoridad se tornan improcedentes.

18 Índice 010 de Samai.

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Argumentó que, la presente acción no cumple con los requisito de: el perjuicio
irremediable, la afectación a la seguridad social, inmediatez, subsidiariedad, ni
tampoco existe una vía de hecho por el Tribunal accionado, ya que, a su juicio, los
argumentos expuestos por la actora lo único que denotan es que está inconforme
con la decisión judicial cuestionada, la que, en su sentir, se ajustó al ordenamiento
jurídico, pues consideró que el juez contencioso se pronunció sobre el litigio
haciendo un profundo estudio del caso y con base en el precedente jurisprudencial
de la Corte Constitucional.

Refirió que el caso de la tutelante tuvo un debate en dos instancias, y que de lo
acontecido en el proceso no advierte una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia,
lo que tampoco avizora del escrito de tutela, la que claramente carece de
argumentos sólidos.

Por otro lado, trajo a colación lo dispuesto en las Leyes 797 de 2003 y 100 de 1993
en lo referente a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, cuyos requisitos
no cumplió la accionante, por lo que, no había lugar a impartir el reconocimiento
pensional a su favor.

Así señaló que tomó la determinación de suspender el pago de la prestación
pensional dada la obligación judicial del ad quem en la providencia enjuiciada, en
la que concluyó que a la señora Enoris Vivas Pérez no le asistía el derecho a la
sustitución pensional porque no logró probarse en el proceso, que esta tuviera una
convivencia ininterrumpida con el causante durante los últimos 5 años de vida.

Además, hizo un recuento de las antecedentes administrativos relacionados a la
prestación pensional debatida, en los que, al señor Santiago Prada Valenzuela se
le reconoció la pensión gracia mediante Resolución 01136 del 24 de enero de 2008
a partir del 12 de abril de 2003, la que fue sustituida a la señora Eliana del Carmen
Ramos Pérez y los hijos que tuvo con el causante, a través de la Resolución No.
40626 del 09 de octubre de 2018 efectiva desde el 2 de junio de 2018.

Explicó que dada la solicitud de reconocimiento pensional de la señora Enoris
Vivas Pérez, decidió suspender el pago del porcentaje pensional del 50%
reconocido a la señora Eliana del Carmen Ramos Pérez por medio de la
Resolución RDP 3129 del 01 de febrero de 2019; decisión que fue recurrida y la
apelación se resolvió de manera desfavorable en la Resolución RDP 12991 del 24
de abril de 2019.

Señaló que, posteriormente se expidió la Resolución No. RDP 02676 de 17 de
septiembre de 2021, en la que dejó en suspenso el posible derecho y porcentaje

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del 50% de la pensión de sobrevivientes del señor Santiago Prada que pudiese
ser reconocida por la jurisdicción contenciosa a las señoras Eliana del Carmen
Ramos Pérez, Enoris Vivas Pérez y Cynthia María Rentería Belalcázar.

Además consideró que la decisión cuestionada hizo tránsito a cosa juzgada, por
lo que, más allá de las pretensiones de la tutelante para dejarla sin efectos
argumentado la vulneración de sus garantías constitucionales debe tenerse en
cuenta que la sentencia del ad quem se ajustó a derecho, por lo que no resultaría
lógico reabrir el debate ya zanjado en dos instancias, en las que cada operador
hizo uso del principio de autonomía judicial para decidir el caso, máxime cuando,
a su juicio, no se logró demostrar la causación de un perjuicio irremediable.

Finalmente indicó que, de accederse a lo pretendido en este mecanismo, se
causaría un perjuicio a las arcas del Estado, pues el dinero utilizado para sufragar
las pensiones reconocidas por la UGPP sale del Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional – FOPEP, por lo que se afectaría el principio de sostenibilidad
financiera del sistema.

1.6.3. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, las señoras
Eliana Del Carmen Ramos Pérez y Cynthia María Rentería Belalcázar, no
allegaron pronunciamiento alguno, a pesar de que fueron debidamente notificados
de la presente acción.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
de presentada por la señora Enoris Vivas Pérez, contra el Tribunal Administrativo
del Chocó, Sala Tercera de Decisión, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y,
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y la intervención presentada, corresponde
a la Sala resolver:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

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Demandante: Enoris Vivas Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01524-00

• ¿El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión vulneró las
garantías invocadas por la señora Enoris Vivas Pérez, con ocasión de la
providencia proferida el 18 de septiembre de 2024, en la que modificó la
decisión del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó
del 22 de marzo de 2024, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 27001-33-33-002-2019-00200-
00/01, y negó el reconocimiento pensional de la actora?

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el requisito de relevancia constitucional, y; (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201219
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema20 y declaró su
procedencia.21

Esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar
su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que
se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
20 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
21 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de 202222 explicó que para dejar
sin efectos una sentencia debe advertirse el cumplimiento de unos requisitos de
procedencia, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada.
Por tanto, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra
una decisión judicial debe examinarse:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones

22 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal23
(Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico24; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional25.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal26”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales27”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto28, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal29. (Resaltado
de la Sala)

3. Caso concreto

La actora pretende, vía acción de tutela, dejar sin efectos la sentencia del 18 de
septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala
Tercera de Decisión, por medio de la cual se modificó la orden proferida el 22 de

23 Sentencia SU-573 de 2019.
24 Sentencia SU-103 de 2022.
25 Sentencia SU-103 de 2022.
26 Sentencia SU-103 de 2022.
27 Sentencia SU-128 de 2021.
28 Sentencia SU-573 de 2019.
29 Ibid.

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marzo de 2024 por el Juzgado Sexto Administrativo de Quibdó en la que se había
accedido parcialmente a las pretensiones de la señora Vivas Pérez, para, en su
lugar, negarlas por considerar que esta no cumplía los requisitos para que le fuera
reconocida la sustitución pensional como beneficiaria del fallecimiento del señor
Santiago Guillermo Prada.

Lo anterior, ya que, para la tutelante, con la providencia cuestionada se incurre en
los siguientes defectos: (i) fáctico, por indebida valoración probatoria de los
testimonios de Bernavio Escober Valencia y Virgelina Valencia Chalám, que
declararon sobre la convivencia entre la accionante y el señor Santiago Guillermo
Prada y los extremos temporales de la misma, aunado a la confesión de las
señoras Eliana Del Carmen Ramos Pérez y Cynthia María Rentería Belalcázar,
quienes hicieron referencia a una convivencia simultánea con el pensionado.

Por otro lado, señaló que se desconoció la sentencia del Juez Segundo Laboral
del Circuito Judicial de Quibdó, en la que se reconoció su calidad de compañera
permanente del causante, y por tanto le otorgó el 31.5% de la pensión de vejez del
fallecido; (ii) Violación de la Constitución Política por vulnerar sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al
mínimo vital.

La Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración de las
garantías constitucionales alegadas, sino que la actora está inconforme con la
decisión del proferida por el juez natural dentro del proceso ordinario y, además,
persigue que se adopte una interpretación legal y jurisprudencial favorable a su
reclamación.

En resumen, del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se advirtió que,
para el juez de primera instancia sí se logró probar una convivencia simultánea
entre el señor Santiago Guillermo Prada Valenzuela y las señoras Enoris Vivas
Pérez, Cynthia María Rentería Belalcázar y Eliana del Carmen Ramos Pérez
durante los último 5 años de vida del causante, por lo tanto, mediante providencia
del 22 de marzo de 2024 reconoció la sustitución pensional a favor de las
beneficiarias y distribuyó el 50% de la prestación pensional del fallecido, así:

[…] el 12.5% para la señora ENORIS VIVAS PÉREZ y el otro 12.5% para la señora
ELIANA DEL CARMEN RAMOS PÉREZ, quedando el restante 25% en favor de la
señora CYNTHIA MARÍA RENTERÍA BELALCAZAR.
[…]

La decisión anterior fue apelada por la demandada y por la señora Eliana del
Carmen Ramos Pérez; cuyo recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo del
Chocó, Sala Tercera de Decisión quien modificó el proveído anterior mediante
sentencia del 18 de septiembre de 2024 y, en su lugar, negó las pretensiones de

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la señora Enoris Vivas Pérez, ya que, en su sentir, de las pruebas obrantes en el
plenario no se demostró la convivencia simultánea con el pensionado dentro de
los 5 años anteriores a su fallecimiento, ni la dependencia económica, por lo que
concluyó que no le asistía el derecho al reconocimiento pensional en calidad de
compañera permanente.

Para arribar a la anterior conclusión el ad quem hizo un extenso análisis del
cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales que regulan la
sustitución pensional, y analizó frente a cada una de las demandantes del proceso
ordinario la calidad de beneficiarias o no del señor Santiago Guillermo Prada
Valenzuela, en los siguientes términos:

[…]
60. Teniendo en cuenta lo expuesto, advierte la Sala que respecto de la señora
ENORIS VIVAS PÉREZ, las pruebas documentales obrantes en el plenario y el
interrogatorio de parte practicado en la audiencia de pruebas, no permiten
establecer con certeza que entre ella y el causante existió una convivencia sólida,
constante y permanente bajo un mismo techo y durante los últimos 5 años de vida
de aquel, requisito sine qua non, para tenerla como beneficiaria de la sustitución
pensional por ella deprecada, en calidad de compañera permanente.

[…]

63. En cuanto a la señora ELIANA DEL CARMEN RAMOS PÉREZ, las pruebas
documentales y testimoniales que obran en el plenario, sí generan certeza de que
convivió con el señor SANTIAGO GUILLERMO PRADA VALENZUELA (Q.E.P.D.)
bajo el mismo techo, compartiendo lecho y mesa durante los cinco (5) años
anteriores al fallecimiento de aquel y que de dicha unión nacieron los menores
MIGUEL ANGEL Y ELAINE DEL CARMEN PRADA RAMOS. Además, aquella fue
la que acompañó al causante durante la enfermedad y lo asistió en los últimos días
de vida, lo que permite inferir como también lo ha sostenido el Consejo de Estado,
el factor volitivo de la pareja de mantener un hogar y tener la vocación y convicción
de establecer, constituir y mantener una familia.

[…]

65. Frente a la señora CYNTIA MARÍA RENTERIA BELALCAZAR, advierte la Sala
que el vínculo matrimonial entre ella y el señor SANTIAGO GUILLERMO PRADA
VALENZUELA para la fecha del fallecimiento de aquel estaba vigente dado que no
existió separación de hecho, esto es separación de cuerpo o suspensión de la vida
en común entre ellos, declarada judicialmente, o por lo menos no existe prueba
que indique lo contrario.

66. En cuanto al requisito de convivencia de la señora RENTERIA BELALCAZAR
con el causante, esto es, cinco (5) años en cualquier tiempo, estima la Sala que el
mismo está acreditado en primer lugar, con el lapso transcurrido entre el

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matrimonio de aquellos (1979) y la fecha que el señor PRADA VALENZUELA fue
trasladado al Municipio de Acandí - Chocó (1984).

67. También quedó demostrado que pese a que el señor laboraba en el Municipio
de Acandí – Chocó durante sus vacaciones y cuando por algún motivo laboral o
personal debía desplazarse a la ciudad de Quibdó convivía con su esposa la
señora CYNTIA MARIA RENTERIA BELALCAZAR, con quien además tuvo dos (2)
hijos.
[…]

Al respecto, la Sala no advierte que el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala
Tercera de Decisión, al momento de proferir la sentencia objeto de escrutinio en
sede constitucional, haya incurrido en un actuar caprichoso o arbitrario, sino que,
examinó y explicó de manera detallada las razones que llevaron a otorgar la
sustitución pensional a favor de las señoras Cynthia María Rentería Belalcázar y
Eliana del Carmen Ramos Pérez y a negar tal reconocimiento con respecto de la
señora Enoris Vivas Pérez, pues a juicio del ad quem, esta última no acreditó el
criterio material de convivencia con el pensionado dentro de los 5 años anteriores
a su fallecimiento, de ahí que concluyó que no ostentaba la calidad de beneficiaria
del mismo.

En ese sentido, la autoridad judicial en su sana crítica argumentó los motivos por
los que, bajo su interpretación, en el asunto sometido a su estudio, había lugar a
negar las pretensiones de la señora Vivas Pérez, sin embargo, no obstante, la
parte accionante pretende que mediante este mecanismo constitucional se reabra
el estudio realizado por el juez natural, cuando es claro que los planteamientos
expuestos en sede tutela, ya fueron analizados por el juez contencioso de la
segunda instancia del proceso ordinario.

Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos del escrito
introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso de
lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso
que justifiquen la intromisión del juez de tutela, cuando, además, no se evidencia
prima facie la vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad
judicial accionada.

En ese sentido la carga argumentativa a la que hace alusión la Corte Constitucional
no se satisface simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución
Política para cumplir el mencionado ejercicio, sino que dicha labor comprende una
carga argumentativa que permita advertir la existencia de una transgresión de
alguna garantía superior con relación a la decisión reprochada.

Se resalta que la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales
gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que,

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en principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela;
máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate planteado
por la tutelante muestra una inconformidad con el examen de las pruebas que
efectuó el ad quem y que lo llevó a concluir que la señora Enoris Vivas Pérez no
logró acreditar la convivencia interrumpida con el causante en los 5 años anteriores
a su deceso, ni la dependencia económica. Además, la accionante busca mutar el
amparo constitucional en una tercera instancia y que el juez de tutela realice una
valoración probatoria favorable a sus intereses.

Aunado lo anterior, se reitera que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela; máxime cuando el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de
los procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la
acción de tutela y la desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el
presente caso, este mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el
requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la señora
Enoris Vivas Pérez contra el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de
Decisión, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

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Demandante: Enoris Vivas Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01524-00

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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