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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01569-01

Fecha
16 de junio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01569-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 10 de abril de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela, para en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la señora Magola Salgado de Hernández, por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01569-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

16 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia : Acción de tutela
Radicado : 11001-03-15-000-2025-01569-01
Accionante : Magola Salgado de Hernández
Accionado : Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: intereses moratorios por reconocimiento y
pago tardío de derecho pensional. Subtema 3: ausencia de los defectos sustantivo,
de desconocimiento del precedente constitucional y de violación directa de la
Constitución.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por la parte actora en contra de la sentencia del 10 de abril
de 2025, emitida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
improcedente la acción de tutela.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Magola Salgado de Hernández, por intermedio de apoderado, interpuso
solicitud de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo
de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, con ocasión de la sentencia del 16 de
septiembre de 2024, proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicación núm. 23001-33-33-007-2019-00047-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. La señora Magola Salgado de Hernández laboró como docente en el
departamento de Córdoba.

3. La Secretaría de Educación de Córdoba le reconoció su pensión de jubilación, a
través de la Resolución n°. 002801 del 3 de noviembre de 2016, sin incluir como factor
salarial las primas de navidad y de servicios, devengados durante el año anterior a la
adquisición de su estatus pensional.

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Accionante: Magola Salgado de Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

4. La señora Magola Salgado de Hernández solicitó a la Secretaría de Educación de
Córdoba, mediante petición del 16 de agosto de 2017, el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios por el no reconocimiento y pago oportuno de la pensión de
jubilación, pero la entidad guardó silencio.

5. Dado lo anterior, el 29 de enero de 2019 la señora Salgado de Hernández presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para
que se declarara la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución
n°. 002801 y en el acto ficto presunto de fecha 16 de agosto de 2017, y a título de
restablecimiento del derecho, que se ordenara la reliquidación de la pensión y el pago
de los intereses moratorios por el reconocimiento y pago tardío de la prestación.

6. El Juzgado Séptimo Administrativo de Montería, a través de la sentencia del 16 de
diciembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda. La demandante interpuso
recurso de apelación en el que insistió en que la entidad debe ser condenada al pago
de los intereses moratorios por el pago tardío de la mesada pensional.

7. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, mediante
sentencia del 16 de septiembre de 2024, confirmó la decisión de primera instancia que
no accedió a la pretensión de reconocimiento de intereses moratorios en los términos
previstos en el artículo 1411 de la Ley 100 de 1993.

2.2. Pretensiones

8. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

1. Sírvase tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica y
al acceso material a la justicia y, en consecuencia:
1.1. Ordene la anulación de la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba el día 16/09/2024.
1.2. Ordénele al Tribunal Administrativo de Córdoba proferir una nueva decisión en
la que no se le vulneren los derechos fundamentales que le han sido
conculcados a mi representado con la sentencia cuya anulación se ordena 2.

2.3. Argumentos de la tutela

9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó lo siguiente:

10. Que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo por indebida interpretación del
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al entender que los intereses moratorios se causan
desde que se encuentra reconocido el derecho y no desde que se vence el término
establecido para dicho reconocimiento.

11. También en desconocimiento de precedente constitucional, al no tener en cuenta
las sentencias C-601 del 2000, en relación con la obligación de pagar intereses

1
Intereses de mora. A partir del 1 de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de
que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su
cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el
pago.
2
Se transcribe aún con errores de texto.

2

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moratorios por la cancelación tardía de las pensiones; SU-975 de 2003, en torno del
cumplimiento de los plazos que tiene la autoridad pública para proceder con el
reconocimiento y pago de los derechos pensionales; y SU-063 de 2023, sobre la
generación de intereses moratorios, según lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley
100 de 1993, por incumplimiento en el reconocimiento y pago prestacional.

12. Asimismo, en un defecto por violación directa de la Constitución por contradecir el
artículo 53 constitucional, pues entre las diferentes posibilidades interpretativas del
aparte normativo escogió la menos favorable.

2.4. Trámite procesal

13. El Consejo de Estado, Sección Primera, a través del despacho ponente, profirió
auto del 20 de marzo de 20253 en el que admitió la demanda de tutela; ordenó notificar
al Tribunal Administrativo de Córdoba, en calidad de accionado; y vinculó y ordenó
notificar al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Montería, a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (Fomag), y a la Fiduprevisora, en calidad de terceros con interés en el
resultado de la acción de tutela.

2.5. Intervenciones

14.El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería 4
remitió el enlace para consulta del expediente requerido.

15. El Ministerio de Educación Nacional 5 pidió su desvinculación del trámite de
tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, al no ser el llamado a responder
por la pretensión de la accionante, y, además, declarar improcedente la acción por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

16. El Tribunal Administrativo de Córdoba, pese a ser debidamente notificado, dejo
transcurrir en silencio el término de traslado.

2.6. Sentencia de primera instancia

17. El Consejo de Estado, Sección Primera, a través de la sentencia del 10 de abril de
20256, negó la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Educación
Nacional y declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito
general de relevancia constitucional. Advirtió que el debate no se realizó desde una
óptica constitucional y que lo pretendido por la actora era utilizar el mecanismo de
amparo como una tercera instancia para reabrir la discusión que fue resuelta por el
juez de lo contencioso administrativo.

3
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2.7. Impugnación

18. La señora Magola Salgado de Hernández, por intermedio de apoderado, presentó
impugnación en contra de la sentencia de primera instancia7, en orden a que se
revocara y, en su lugar, se concediera el amparo solicitado. Alegó que en el caso sí se
presenta una cuestión de raigambre constitucional y que esta fue debidamente
sustentada en el escrito de la demanda, por lo que solicitó su efectiva revisión.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

19. De conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, el recurso de impugnación presentado en contra de la sentencia
del 10 de abril de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.

3.2. Legitimación en la causa

20.La «legitimación en la causa por activa» de la señora Magola Salgado de
Hernández se encuentra acreditada por cuanto fue la persona que promovió el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se emitió la providencia que
censura en esta instancia constitucional.

21. También está probada la «legitimación en la causa por pasiva» del Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, debido a que fue la autoridad
judicial que emitió la sentencia objeto de estudio.

22. En cuanto a la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional, la
Sala confirmará la negativa dispuesta en primera instancia, en tanto su vinculación al
presente asunto se hizo en calidad de tercero con interés con el fin de garantizar sus
derechos de defensa y contradicción.

3.3. Problema jurídico

23. La Sala debe decidir si con ocasión de lo resuelto en la sentencia del 16 de
septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera
de Decisión, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
núm. 23001-33-33-007-2019-00047-01, se vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia invocados por la accionante,
ante la posible configuración de los defectos sustantivo, desconocimiento de
precedente constitucional y violación directa de la Constitución.

24. Para dichos efectos, presentará aspectos generales sobre la procedencia de la
acción de tutela en contra de providencias judiciales; posteriormente, analizará los
requisitos de procedibilidad en el caso concreto y, de encontrarlos superados,
estudiará las causales específicas de procedencia que correspondan.

7
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3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

25. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 como de la Corte
Constitucional9 ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial
procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y
específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso
abusivo de este mecanismo constitucional.

26.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

27. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo10. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

28. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución.11

3.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela

29.La cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que el
debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que son procedentes de
analizar en casos de tutela contra providencia judicial12. Asimismo, porque de

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
radicado núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
11
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
12
En sentencia del 31 de julio de 2012, emitida por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en el expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ), se unificó jurisprudencia

5

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encontrarse configurados los defectos invocados prosperaría la pretensión de amparo
consistente en dejar sin efectos la sentencia cuestionada. En tal sentido, corresponde
revocar la decisión de primera instancia, que declaró improcedente la acción al no
encontrar probado el presente requisito de procedibilidad.

30. También se satisface el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no
cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de
sus derechos fundamentales.

31. Se cumple el requisito de inmediatez por cuanto la sentencia que profirió el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, data del 16 de
septiembre de 2024, y fue notificada por correo electrónico al día siguiente13, y el
escrito de tutela se presentó el 18 de marzo de 202514, esto es, dentro del plazo de los
seis meses establecido como razonable tanto por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional15 como del Consejo de Estado16.

32. En el escrito de amparo, la actora señaló de forma clara y concreta los hechos
y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos fundamentales.

33. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

34. De esta forma, la Sala encuentra superados los requisitos generales de
procedibilidad de la presente acción de tutela para cuestionar la sentencia enjuiciada
por las causales específicas de procedencia «defecto sustantivo, desconocimiento de
precedente constitucional y violación directa de la Constitución» y, en ese orden,
continuará con su estudio, conforme a los términos planteados por la accionante.

3.6. Estudio de las causales específicas de procedencia «defecto sustantivo,
desconocimiento de precedente constitucional y violación directa de la
Constitución»

3.6.1. Del defecto sustantivo

35. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo
se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma
claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su
aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue

en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de
justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por
la ley y la jurisprudencia.
13
Aplicativo Samai, exp. núm. 23001-33-33-007-2019-00047-01, índice 00011, certificado
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14
Aplicativo Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-01524-00, índice 00001, certificado
28156DE210AE7615 0B5215CF14615589 9D6DCC74FD044BFA 9EB1DEF66B449396
15
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

6

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derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado17.

36. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de
una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para
escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren
más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo señalado en el artículo 230
de la Constitución Política.

37. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en
su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las
normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia
judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos
previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las
normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y
para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor
no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia
se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que
son de forzosa aplicación […]18.

38. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los
jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a
su estudio no es absoluta, toda vez que la actividad judicial debe desarrollarse dentro
del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en
la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma,
con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

39. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al carácter
normativo de la Constitución (artículo 4° de la CP), la obligación de dar eficacia a los
derechos fundamentales (artículo 2° superior), la primacía de los derechos humanos
(artículo 5° de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la garantía al acceso a la
administración de justicia (artículo 228 Superior)19.

3.6.2. Del defecto por desconocimiento de precedente constitucional

40. La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, se ha referido al
desconocimiento del precedente constitucional y ha establecido que se incurre en este
defecto cuando se configuran cuatro causales, las cuales pasan a exponerse:

Entonces, se produce un desconocimiento del precedente constitucional cuando (i) se
aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles; (ii) se aplican
disposiciones de orden legal cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la

17
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
18
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.

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Constitución; (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada; o (iv) cuando para la resolución de casos se contraría la ratio decidendi
de sentencias de constitucionalidad. La fuerza absoluta de los precedentes contenidos
en sentencias de constitucionalidad obedece a los efectos erga omnes y su fuerza de
cosa juzgada constitucional, que vincula hacia el futuro (art. 243 de la CP); y que, de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, involucra también el respeto por la ratio
decidendi de todas las sentencias de control abstracto “para que la aplicación de la ley
sea conforme a la Constitución”20.

41. Este defecto se configura cuando la Corte Constitucional establece el alcance
normativo de un derecho fundamental o presenta a una interpretación constitucional
de algún tema en específico y, aun así, el juez ordinario o contencioso-administrativo
decide apartarse de dichos conceptos, ahora esto no significa que el juez no pueda
apartarse, pues el máximo órgano constitucional ha dicho que le está permitido hacerlo
en los siguientes escenarios:

El juez puede apartarse del precedente constitucional si cumple con la carga
argumentativa que se requiere en tanto: (i) hacer referencia al precedente constitucional
el cual decide abstenerse de aplicar, para efectos de cumplir con la carga de
transparencia; (ii) ofrecer una justificación razonable, suficiente y proporcionada, que
manifieste las razones por las que se aparta de la regla jurisprudencial previa – carga de
argumentación. Adicionalmente, se impone (iii) demostrar que la interpretación
alternativa que ofrece desarrolla y amplía de mejor manera el contenido de los derechos,
los principios y los valores constitucionales que defiende el tribunal constitucional en su
función de guardián de la supremacía de la Constitución. En consecuencia, debe
presentar razones suficientes, que superen los desacuerdos y explicar por qué tales
razones justifican afectar los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y
coherencia, desarrollados a nivel constitucional21.

42. Citado lo anterior, es claro entonces que si el juez natural de la causa tiene un
precedente constitucional que es aplicable al caso porque su decisión, problema
jurídico y los hechos son análogos al que estudia, y no realiza la carga argumentativa
necesaria que explique el por qué se aparta de la decisión, en este evento estaría
incurriendo en desconocimiento del procedente constitucional.

3.6.3. Del defecto por violación directa de la Constitución

43. La Corte Constitucional precisó que esta causal tiene sustento en el artículo 4° de
la Constitución Política el cual prevé que la Constitución es norma de normas y en
caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales22.

44. A su turno, recopiló los eventos en los que se presenta la violación directa de la
Constitución los cuales se resumen, así: primero, cuando en la solución del caso se
deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional; segundo, cuando el asunto versa sobre la violación evidente a un
derecho fundamental de aplicación inmediata; tercero, cuando los jueces, con sus
fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en cuenta el principio de
interpretación conforme con la Constitución y cuarto, si el juez encuentra, deduce o se

20
Corte Constitucional, sentencia SU-218 de 2024.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-295 de 2023
22
Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021

8

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le interpela sobre una norma incompatible con la Constitución, y no aplica las
disposiciones constitucionales con preferencia a las legales (excepción de
inconstitucionalidad).

3.7. Caso concreto

45. Se analiza en el caso la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia invocados por la señora
Magola Salgado de Hernández con ocasión de lo resuelto en la sentencia del 16 de
septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera
de Decisión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
núm. 23001-33-33-007-2019-00047-01.

46. En el asunto, la accionante cuestiona la configuración de los defectos: i) sustantivo,
por indebida interpretación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; ii) desconocimiento
de precedente constitucional al no tener en cuenta las sentencias C-601 del 2000, SU-
975 de 2003 y SU-063 de 2023, en materia de intereses moratorios por pago tardío de
mesadas pensionales; y iii) violación directa de la Constitución por contradecir el
artículo 53 constitucional, dado que entre las diferentes posibilidades interpretativas
del aparte normativo escogió la menos favorable.

47. Pues bien, en la providencia objeto de censura, proferida el 16 de septiembre de
2024, el Tribunal estudió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por la señora Magola Salgado de Hernández en contra de la Nación,
Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en
la que solicitó la declaratoria de nulidad de los actos administrativos por medio de los
cuales le fue reconocida su pensión de jubilación sin inclusión de todos factores
salariales devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus, y del acto
presunto negativo configurado por la no respuesta a su solicitud de reconocimiento de
intereses por mora en el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación; y en
consecuencia, que se condenara a la entidad a la reliquidación de la pensión y al pago
de los intereses moratorios por el reconocimiento y pago tardío de la prestación.

48. En la sentencia, el Tribunal confirmó la decisión de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda, al encontrar que no le asistía derecho a la demandante
al reconocimiento de los intereses moratorios solicitados.

49. Para adoptar dicha determinación, el juzgador presentó el marco normativo y
jurisprudencial aplicable en materia de intereses moratorios frente al retardo en el pago
de las mesadas pensionales de los docentes, a saber, los artículos 53 de la
Constitución Política y 141 de la Ley 100 de 1993. Refirió lo decidido en las sentencias
del 24 de mayo de 2021, emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación núm. 17001-23-33-000-2015-00091-01 (1762-2018), y del 10 de febrero de
2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en un
proceso de igual naturaleza con radicado núm. 25000-23-42-000-2018-00522-01. De
igual forma, la sentencia SU-065 de 2018 de la Corte Constitucional.

50. De acuerdo con la jurisprudencia en cita, y luego de hacer referencia a los hechos
probados dentro del expediente, refirió en torno del asunto, lo siguiente:

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01569-01
Accionante: Magola Salgado de Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

[L]os intereses moratorios se generan a partir del momento en que se encuentra en firme
el acto administrativo de reconocimiento pensional no como lo interpreta la demandante,
según la cual es desde la fecha en que ha debido reconocerse la prestación; pues la
jurisprudencia, ratificada por el Consejo de Estado, ha sostenido que dichos intereses se
deben desde que la obligación es exigible: «[…] sólo a partir del momento en el que la
obligación es reconocida y no existe controversia sobre la cuantía del pago de la
misma».[…]

51. Los anteriores derroteros dan cuenta que el Tribunal para negar la pretensión de
pago de intereses moratorios, tuvo en cuenta no solo el contenido del artículo 141 de
la Ley 100 de 1993 sino también la interpretación que la jurisprudencia le ha dado y
frente a la cual es posible concluir que los intereses por mora se deben contabilizar
desde que se encuentra en firme el acto administrativo de reconocimiento y no existe
discusión alguna frente al derecho y su cuantía. En tal sentido, no se advierte un
análisis aislado, arbitrario o caprichoso de la normativa en cita y por tal razón no es
posible advertir que la autoridad accionada incurrió en el defecto sustantivo que la
accionante le atribuyó a la decisión objeto de tutela.

52. En relación con el desconocimiento del precedente constitucional, la actora
cuestiona que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta lo dispuesto en las
sentencias C-601 del 200023, sobre la obligación de pagar intereses moratorios por la
cancelación tardía de las pensiones; SU-975 de 200324, respecto del cumplimiento de
los plazos que tiene la autoridad pública para proceder con el reconocimiento y pago
de los derechos pensionales; y SU-063 de 2023 en la que se precisó que los intereses
moratorios también aplican en los eventos de reliquidación o reajuste pensional,
aunque su reconocimiento no opera de manera automática.

53. Frente a lo anterior, es claro que las decisiones referidas como desconocidas, si
bien precisan el alcance y aplicación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 cuando
existe retardo en el pago de mesadas pensionales, no definen el momento a partir del
cual se generan dichos intereses, como lo entiende la parte actora. Por esta razón,
esta Sala no advierte que el Tribunal accionado haya incurrido en el defecto de
desconocimiento del precedente constitucional.

54. Finalmente, respecto del defecto por violación directa de la Constitución, la
jurisprudencia ha explicado que esta causal se configura cuando un juez ordinario
adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque i) deja de aplicar
una disposición ius fundamental a un caso concreto, o ii) aplica la ley al margen de los
dictados de la Carta; y, conforme a lo señalado en líneas precedentes, se precisa que
el Tribunal accionado no desconoció ningún precepto constitucional ni realizó una
interpretación de la normativa contraria a la Constitución.

55. Si bien, a juicio de la accionante, se desconoció el principio de favorabilidad laboral
previsto en el artículo 53 Constitucional, dado que, entre las diferentes posibilidades
interpretativas del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el Tribunal escogió la menos
favorable, se advierte que, al no existir un pronunciamiento que respalde la
interpretación sostenida por la tutelante en el caso concreto, no es procedente que el

23
En esta sentencia la Corte Constitucional dispuso: declarar exequibles las expresiones acusadas "A partir del 1º
de enero de 1994" y "de que trata esta ley", contenidas en el artículo 141 de la ley 100 de 1993. En el entendido
que la norma acusada tiene un carácter general, aplicable a todo tipo de pensiones.
24 Se trato de una tutela interpuesta por vulneración del derecho de petición.

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Accionante: Magola Salgado de Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

juez de tutela valide el análisis en los términos propuestos. Hacerlo implicaría invadir
la órbita del juez del proceso ordinario, quien también está obligado a respetar y
proteger los derechos fundamentales de las partes.

56. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a
sus intereses y pretensiones.

57. En esos términos, la Sala encuentra que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable del asunto, y si bien la providencia objeto de tutela
no resultó favorable a los intereses de la accionante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.

IV. CONCLUSIÓN

58.Por las anteriores razones, la Sala modificará la sentencia impugnada, que declaró
improcedente la acción de tutela, para en su lugar negar el amparo solicitado.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 10 de abril de 2025, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela, para en su
lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia de la señora Magola Salgado de Hernández, por las
razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con excusa

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Accionante: Magola Salgado de Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

YASM/SEJV

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