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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01569-00

Fecha
10 de abril de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01569-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Educación Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 22 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022. 23 Ibid. 24 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de febrero de 2021. 13 Radicación: 11001-03-15-000-2025-01569-00 Accionante: Magola Salgado de Hernández Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01569-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

10 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01569-00
Accionante: MAGOLA SALGADO DE HERNÁNDEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO. No cumple con el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Magola Salgado de Hernández solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 16 de septiembre de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo Córdoba dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el número de radicación 23001- 33-33-007-2019-
00047-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que es educadora en el Departamento de Córdoba.

2.2. Señaló que cumplió los requisitos para acceder a su pensión el 21 de abril de 2015.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01569-00
Accionante: Magola Salgado de Hernández

2.3. Expuso que el 10 de agosto de 2015 solicitó el reconocimiento de su pensión y a
través de la Resolución núm. 002801 de 31 de noviembre de 2016 se reconoció su
derecho pensional, sin incluir como factor salarial las primas de navidad y servicio.

2.4. Manifestó que por la demora en el pago de su pensión solicitó el reconocimiento
de intereses moratorios.

2.5. Comentó que mediante Oficio núm. 2018070066811 de 23 de febrero de 2018, la
Fiduprevisora negó la solicitud de reliquidación de la pensión y reconocimiento de
intereses moratorios.

2.6. Indicó que promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
23001- 33-33-007-2019-00047-00/01 contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, para
que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó la reliquidación de la
pensión y el reconocimiento de intereses moratorios.

2.7. Adujo
que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Montería, autoridad judicial que, mediante providencia
de 16 de diciembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda.

2.8. Refirió que interpuso el recurso de apelación contra la anterior decisión y que el
Tribunal Administrativo de Córdoba, a través sentencia de 16 de septiembre de 2024,
confirmó la decisión de primera instancia.

2.9. Consideró que la sentencia de segunda instancia vulneró sus derechos
fundamentales indicados supra por incurrir en un desconocimiento del precedente
jurisprudencial, en un defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución.

2.10. Frente al desconocimiento del precedente sostuvo que se dejó de aplicar las
sentencias C-601 de 24 de mayo de 20001, SU-975 de 23 de octubre de 20032 y SU-
063 de 9 de marzo de 20233. Al respecto señaló:

“[…] Es claro que, la tesis jurisprudencial que sostiene la Corte Constitucional
en materia de causación de los intereses moratorios ante el pago tardío de las
mesadas pensionales, es que los mismos corren desde que se cumplen los
términos para hacer el reconocimiento del derecho pensional y no desde el
Reconocimiento mismo por parte de la entidad obligada a ello. De no ser así,
no se cumpliría con el propósito de estos intereses, determinado en la
sentencia C 601 de 2000, que es el de indemnizar la demora en el pago de las
mesadas pensionales, lo cual no ocurre solo desde el reconocimiento del
derecho pensional, sino que también puede ocurrir desde antes de dicho

1
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-601 de 24 de mayo de 2000, Exp., D-2663, M.P., Fabio Morón Díaz.
2
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-975 de 23 de octubre de 2003, Exp. T-483297, T-493881, T-487773, T-
492034, T-490325, T-498532, T-508451, T-528161, T-516656, T-518659, T-518662, T-530821 y T-641660 – (Acumulados),
M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
3
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-063 de 9 de marzo de 2023, Exp., T-8.611.150, M.P.:

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01569-00
Accionante: Magola Salgado de Hernández

reconocimiento, como en este caso, en el que la Secretaría de Educación de
Córdoba tarda 1 año, 2 meses y 23 días en reconocer el derecho de mi
representada mediante Resolución N° 002801; y lo hace con un error que
corrigen 4 meses y 12 días después del reconocimiento -mediante Resolución
00786 del 15/03/2017-.

Se tardaron 1 año, 7 meses y 5 días hasta que expidieron la resolución
aclaratoria, a lo que se le debe sumar 2 meses y 15 días hasta que se produjo
el pago el día 31/05/2017, con lo que desde la petición hasta el pago corrió 1
año, 9 meses y 21 días. Plazo que en la sentencia accionada se califica como
"plazo razonable y oportuno", a pesar de que en la sentencia de unificación SU-
975 de 2003 se determinó que el termino para el reconocimiento y pago de
pensión de jubilación es de seis (6) meses. […]”.

el defecto sustantivo se limitó a señalar que se hizo una “[…]
2.11. Sobre
INTERPRETACIÓN INACEPTABLE DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 […]”.

2.12. En
cuanto a la violación directa de la Constitución se mencionó que se
desconoció el artículo 53 superior.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Sirvase [sic] tutelar los derechos fundamentales al debido proceso,
seguridad jurídica y al acceso material a la justicia y, en consecuencia:

1.1. Ordene la anulación de la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba el día 16/09/2024.

1.2. Ordénele al Tribunal Administrativo de Córdoba proferir una nueva decisión
en la que no se le vulneren los derechos fundamentales que le han sido
conculcados a mi representado con la sentencia cuya anulación se ordena.
[…]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 20 de marzo de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
FOMAG, a Fiduprevisora S.A. y al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Montería.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegó el siguiente informe:

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01569-00
Accionante: Magola Salgado de Hernández

5.1. El Ministerio de Educación Nacional, a través de apoderado judicial, solicitó
declarar improcedente la acción de tutela y su desvinculación.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20216, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20197.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Ministerio de Educación Nacional.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20068, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
8
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01569-00
Accionante: Magola Salgado de Hernández

9. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional fue parte
demandada dentro del proceso objeto de tutela, la Sala considera que sí le asiste
el interés jurídico para ser vinculado a esta acción constitucional. Por lo anterior, se
denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
desconocimiento del precedente, en un defecto sustantivo y en una violación
directa de la Constitución.

11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01569-00
Accionante: Magola Salgado de Hernández

inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01569-00
Accionante: Magola Salgado de Hernández

VI.5. El caso concreto

19. La señora Magola Salgado de Hernández solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 16 de septiembre de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo Córdoba dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el número de radicación 23001- 33-33-007-2019-
00047-00/01.

20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

21. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.

22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.

23. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,

13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01569-00
Accionante: Magola Salgado de Hernández

aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

24. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,

18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01569-00
Accionante: Magola Salgado de Hernández

pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

25. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.

26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales20.

27. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que el Tribunal Administrativo de Córdoba vulneró
sus derechos fundamentales indicados supra por haber incurrido, presuntamente,
en un desconocimiento del precedente, en un defecto sustantivo y en una violación
directa de la Constitución.

28. En síntesis, se aduce que se desconocieron las sentencias C-601 de 2000, SU-
975 de 2003 y SU-063 de 2023, que se aplicó erróneamente el artículo 141 de la
Ley 100 de 23 de diciembre de 199321 y se violó el artículo 53 Constitucional.

29. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una

19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
21
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".

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Accionante: Magola Salgado de Hernández

tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
de lo contencioso administrativo.

30. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

31. La accionante no está poniendo de presente que en la providencia censurada se
haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que fundamenta su
inconformidad se sustenta, básicamente, en que la decisión adoptada en la
sentencia de segunda instancia confirmó la decisión de primera instancia que negó
las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

32. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Córdoba en la providencia cuestionada:

“[…] La señora Magola Ester Salgado de Hernández acude en sede de nulidad
y restablecimiento del derecho para solicitar la anulación i) parcial del acto
administrativo que reconoció una pensión de jubilación, según porque no se
incluyeron todos los factores salariales devengados durante el año anterior a la
adquisición de su status pensional; ii) del acto ficto o presunto que negó el
reconocimiento de intereses moratorios por el no pago oportuno de la pensión
de jubilación.

La a quo negó las pretensiones de la demanda, al considerar: i) que el factor
prima de navidad y prima de servicios que solicita la demandante no se pueden
incluir en la base de liquidación de la pensión, conforme lo establece el artículo
1º de la Ley 62 de 1985; ii) que no es procedente el reconocimiento de intereses
moratorios, cuando se solicita su pago desde los seis meses siguientes a la
radicación de la reclamación pensional, toda vez que ésta es procedente
cuando ya se reconoció la prestación y la entidad no cancela o lo hace de forma
tardía.

La parte demandante en la alzada señaló concretamente, que la sentencia SU-
065 de 2018 constituye un referente obligatorio para las autoridades de todo
tipo, en la que se indica que los intereses moratorios que trata el artículo 141
de la Ley 100 de 1993 se causa por el solo hecho de la cancelación tardía de
las mesadas pensionales, sin importar de que el derecho pensional haya sido
reconocido con fundamento en el régimen general o régimen anterior. Que en
esa providencia constitucional no se señala que los intereses moratorios solo
se causan a partir del reconocimiento del derecho pensional.

Entonces, el Consejo de Estado ha señalado que, “tratándose de los intereses
moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y su extensión a pensiones
reconocidas bajo regímenes especiales, a fin de proteger los derechos al
mínimo vital, vida digna y seguridad social de los pensionados, se debe tener
en cuenta que la Corte Constitucional ha dicho que se vulneran estas garantías,

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Accionante: Magola Salgado de Hernández

cuando se produzca un incumplimiento prolongado o indefinido de las
prestaciones laborales”.

Dicho lo anterior, y de acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial y los
hechos probados, se advierte que los intereses moratorios se generan a partir
del momento en que se encuentra en firme el acto administrativo de
reconocimiento pensional y no como lo interpreta la demandante, según la cual
es desde la fecha en que ha debido reconocerse la prestación; pues la
jurisprudencia constitucional, ratificada por el Consejo de Estado, ha sostenido
que dichos intereses se deben desde que la obligación es exigible: “(...) sólo a
partir del momento en el que la obligación es reconocida y no existe
controversia sobre la cuantía del pago de la misma tiene el carácter de
exigible”.

Ahora bien, en el presente escenario judicial, se constató que el Secretario de
Educación del departamento de Córdoba a través de la Resolución 002801 de
3 de noviembre de 2016, le reconoció una pensión vitalicia de jubilación por
cuotas partes a la señora Magola Ester Salgado de Hernández,
correspondiendo su pago a la ADPOSTAL en liquidación y al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio; sin embargo, en dicho acto
administrativo se omitió establecer el oficio de la consulta de la Cuota Parte a
la entidad Adpostal, por lo que, a través de la Resolución 000786 de 15 de
marzo de 2017 se resolvió aclarar y modificar la resolución que reconoció la
prestación “en el sentido de Establecer que el Oficio de Consta de cuota partes
es el No. 0183-17 de fecha 01/02/2017, (...)”. Acto notificado personalmente el
16 de marzo de 2017.

Luego de dicho reconocimiento prestacional, el 31 de mayo de 2017, la
Fiduprevisora S.A. incluyó en nómina a la demandante, momento en que
empezó a pagar las mesadas pensionales, correspondientes la pensión de
jubilación reconocida en el acto administrativo precitado.

Conviene precisar que la Resoluciones 002801 de 3 de noviembre de 2016 -
resolución pensional-y 000786 de 15 de marzo de 2017-resolución aclaratoria-
, proveniente del mismo funcionario que expidió el acto de reconocimiento
pensional, conforman una unidad jurídica inescindible, pues era indispensable
que se estableciera en el acto pensional, el oficio de la consulta de la Cuota
Parte a la entidad Adpostal, toda vez que se trata de una pensión vitalicia de
jubilación por cuotas partes; circunstancia que se debía aclarar para que se
procediera a realizar el pago de la prestación.

Bajo ese contexto, se tiene que entre la fecha de la aclaración del acto de
reconocimiento pensional el 15 de marzo de 2017 hasta la fecha de inclusión
en nómina, el 31 de mayo de 2017, trascurrió un plazo razonable y oportuno.
Por lo tanto, la Sala concluye que la demandante no tiene derecho al
reconocimiento de los intereses moratorios solicitados, por lo que, se
confirmará la sentencia de primera instancia, expedida por el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, que negó las pretensiones
de la demanda. […]”. [Negrilla y cursiva original del texto]

33. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen

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desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso judicial.

34. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”22.

35. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”23. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”24.

36. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Educación Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
23
Ibid.
24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Accionante: Magola Salgado de Hernández

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Ausente con permiso

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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