Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01548-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01548-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01548-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
26 de junio de 2025
Demandante: Héctor Vargas Cruz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2025-01548-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01548-01
Demandantes: HÉCTOR VARGAS CRUZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Revoca
parcialmente. Improcedente por no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación instaurada por la parte actora contra la sentencia
del 24 de abril de 2025, por la cual la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El señor Héctor Vargas Cruz, a través de apoderado judicial, presentó acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, el
acceso a la administración de justicia y la igualdad, con ocasión de la
providencia del 11 de septiembre de 2024, proferida en el medio de control de
controversias contractuales identificado con el radicado 25000-23-36-000-2019-
00211-03, con la cual se confirmó la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad, que fueren conculcados con la sentencia
de fecha once (11) de septiembre de 2024 emitida por el CONSEJO DE
ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
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Demandante: Héctor Vargas Cruz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2025-01548-01
TERCERA, SUBSECCION B – Magistrado ponente Dr. Martín Bermúdez
Muñoz, dentro del trámite de controversias contractuales con radicación
25000-23-36-000 2019-00211-03 (70523); demandante HECTOR VARGAS
CRUZ y demandada AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA; acotando que de
encontrarse que son otros los derechos fundamentales a amparar, o por unas
razones diferentes a las expuestas, se proceda de conformidad según las
posibilidades de fallar extra y ultra petita que rigen en sede de tutela.
2. Consecuente a lo anterior dejar sin efecto la anterior sentencia de fecha
once (11) de septiembre de 2024 emitida por el CONSEJO DE ESTADO,
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA,
SUBSECCION B – Magistrado ponente Dr. Martín Bermúdez Muñoz,
ordenándose para que dicha sección profiera sentencia de reemplazo en la
que valore el material probatorio en su integridad y las normas que existían al
momento de celebración del contrato FGL 111 sobre PROTECCIÓN,
CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS PÁRAMOS y las de
prohibición de ejercer la minería en zonas de páramo.
1.3. Hechos
La parte actora indicó que el 27 de noviembre de 2012 suscribió con la Agencia
Nacional de Minería (ANM) el contrato de concesión FGL-111, mediante el cual
desarrolló la explotación de un yacimiento de carbón en el municipio de Cucaita,
Boyacá.
Expuso que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible profirió la
Resolución 1770 del 28 de octubre de 2016, que delimitó el Páramo Altiplano
Cundiboyacense y prohibió la exploración y explotación de recursos naturales
no renovables, en cumplimiento de la sentencia C-035 de 2016 de la Corte
Constitucional, el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015 y demás normas
concordantes.
Refirió que la ANM expidió el auto PARN 2729 del 14 de septiembre 2017, con
el cual se le informó que luego de una consulta geográfica se estableció que un
64.1% del título minero que le había sido asignado correspondía a una zona de
páramo, por lo que debía suspender su actividad de explotación en ella.
Manifestó que con la reducción ordenada no existía viabilidad para la ejecución
del contrato, por lo que el apoderado del señor Vargas Cruz demandó a la ANM
a través del medio de control de controversias contractuales para que se
declarara el incumplimiento del instrumento contractual de concesión minera, se
terminara y liquidara el mismo y se le otorgara una indemnización por los
perjuicios sufridos.
Señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, a través de providencia del 27 de julio de 2023, negó las
pretensiones de la demanda. Esto pues, en síntesis, se consideró que en el
momento en el que se suscribió el contrato no existía prohibición alguna para el
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desarrollo de actividades mineras así que la ANM no lo incumplió; por tal
motivo, se indicó que no era de recibo que el demandante afirmara que la
entidad desconoció derechos adquiridos, por lo que no era procedente declarar
la terminación del contrato, ni mucho menos disponer su liquidación en sede
judicial.
Precisó que presentó recurso de apelación en contra de la anterior decisión,
escrito en el cual afirmó que la ANM actuó con negligencia al otorgar la
concesión en un área prohibida para la explotación minera y no le era posible
continuar su actividad en la zona que quedó disponible.
Manifestó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante
sentencia del 11 de septiembre de 2024, confirmó la decisión de negar las
pretensiones de incumplimiento, terminación y liquidación del contrato de
concesión minera, al considerar que la ANM no incumplió al reducir el área de
explotación, ya que la delimitación del páramo fue ordenada por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Al respecto, en la decisión se indicó que no
se demostró el incumplimiento alegado en la demanda, por lo siguiente:
9.1.- Al proceso no se allegaron pruebas que acrediten que el área objeto de
la solicitud de legalización de minería de hecho presentada por el
demandante, que derivó en la firma del Contrato que se analiza en este
proceso, estuviera ubicada en una zona de excluida de minería. Al proceso no
se aportó la solicitud de legalización, ni documentos que demuestren que la
zona estaba traslapada con un p[á]amo. Sobre este particular resulta
importante destacar que el procedimiento administrativo8 de legalización de
minería de hecho está compuesto por varias etapas, entre las que destaca
una inicial que busca determinar la posible superposición del área solicitada
con, entre otros, zonas excluidas de la minería. No obstante lo anterior, al
proceso no se allegaron estos documentos.
9.2.- Entre los pocos documentos previos a la firma del Contrato que obran en
el expediente figura la Resolución 3512 del 10 de diciembre de 2010, por
medio de la cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
Corpoboyacá, determinó la viabilidad ambiental de la explotación minera
realizada por el demandante y estableció el Plan de Manejo Ambiental que
debía seguir para efectos de mitigar, compensar y corregir los impactos
ambientales de la actividad minera. Este acto administrativo estuvo precedido
de un concepto técnico que describió y caracterizó el área otorgada al
demandante sin que en ningún aparte refiriera la superposición parcial con el
páramo del altiplano cundiboyacense. Por esta razón, no es posible afirmar,
como lo hace el recurrente, que la ANM le hubiere otorgado un área excluida
de la minería y que luego hubiese incumplido la obligación de permitir en esa
zona la ejecución del Contrato.
9.3.- El Ministerio de Minas y Energía delimitó el páramo del altiplano
cundiboyacense en la Resolución 1770 de 2016, con base en estudios
entregados en 2016 por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
Corpoboyacá y el Instituto Alexander Von Humboldt. La delimitación es
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posterior a la fecha en que se suscribió el contrato, por lo cual no es posible
considerar, con base en esta resolución, que la ANM otorgó la concesión en
una zona prohibida como aduce el demandante.
Agregó que, en dicha providencia, se indicó que en el recurso de apelación no
se cuestionó la decisión adoptada del a quo, sino que simplemente se limitó
proponer nuevos argumentos para justificar la imposibilidad de seguir
ejecutando el contrato.
1.4. Sustento de la petición
La parte actora sostuvo que en la providencia demandada se configuraron los
siguientes vicios:
1.4.1. Defecto sustantivo:
Indicó que la autoridad judicial demandada no tuvo en cuenta que, a la
suscripción del contrato de concesión, se inaplicó la normativa que regulaba la
actividad minera en zonas de páramo, en particular, la Resolución 769 de 2002
del Ministerio de Ambiente y el parágrafo 1º. del artículo 202 de la Ley 1450 de
2011, que la prohibían en áreas protegidas con altitud superior a 3.000 m.s.n.m.
1.4.2. Defecto fáctico:
Mencionó que se incurrió en una indebida valoración probatoria, pues la
sentencia no consideró pruebas que evidenciaban que la altimetría del polígono
FGL-111 daba cuenta de que estaba ubicado en un área de protección
ambiental conforme lo establecía la normativa citada en precedencia. Además,
que no se valoró la existencia previa del páramo Altiplano Cundi-Boyacense
como ecosistema.
1.4.3. Violación directa de la Constitución:
Adujo que se ignoró la normativa y las pruebas expuestas en los defectos
anteriores con los que se trasgredieron los derechos fundamentales señalados
en los artículos constitucionales: 13 (igualdad), 29 (debido proceso) y 220
(acceso a la administración de justicia), así como el 80 (referente la obligación
estatal de planificar el manejo de recursos naturales), el 83 (principio de buena
fe) y el principio de colaboración armónica entre entidades públicas previsto en
los artículos 113 y 209.
1.5. Trámite en primera instancia
Mediante auto del 19 de marzo del 2025, el a quo admitió la acción de tutela y,
en consecuencia, ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B como demandado, así como al Tribunal Administrativo de
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Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y a la Agencia Nacional de
Minería, como terceros interesados en el resultado del proceso.
Asimismo, se reconoció personería al apoderado del actor y se notificó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia.
1.6. Contestaciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
El magistrado encargado Fredy Ibarra Martínez solicitó declarar la
improcedencia de la acción al no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
Indicó que la tutela no podía ser usada como una tercera instancia para reabrir
un litigio ya resuelto, cuando la decisión ordinaria se basó en un análisis fáctico,
probatorio y jurídico adecuado.
Hizo referencia a la conclusión a la que llegó el tribunal, con relación a que no
había pruebas suficientes para demostrar que el área concesionada estaba
excluida de la explotación minera al momento de la firma del contrato, siendo
carga del demandante acreditarlo, pero esto no ocurrió.
Indicó que la Resolución 3512 de 2010 de Corpoboyacá, que aprobó el plan de
manejo ambiental, evidenciaba que no existían restricciones mineras al
momento de la concesión.
Mencionó que la acción de tutela contra providencias judiciales solo procede en
casos de actuación arbitraria e ilegítima, conforme a los precedentes SU-573 de
2017 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
Expuso que, al no existir una grave afectación a derechos fundamentales al
debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la igualdad, la tutela
debía ser rechazada por infundada o ser declarada improcedente.
1.6.2. Agencia Nacional de Minería (ANM)
Esta entidad solicitó declarar la improcedencia de la acción toda vez que no
existió ninguna trasgresión a los derechos fundamentales del accionante.
Mencionó que el actor en su demanda planteó que el recorte en el área para la
explotación era lo que hacía inviable el contrato, circunstancia que el a quo
consideró como no probada en su sentencia, pero no fue controvertida por el
actor en el recurso de apelación.
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Refirió que el recurrente simplemente se limitó a proponer nuevos argumentos
para justificar la imposibilidad de seguir ejecutando el contrato, pero no formuló
reproches concretos contra los argumentos que fundamentaron la decisión.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia del 24 de abril de 2025, la Subsección A de Sección
Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado.
De manera previa al análisis que efectuó el a quo, este consideró que “…la
pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales
diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición”, de la siguiente
manera:
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han
transcurrido más de 6 meses desde la notificación de la última providencia
cuestionada.
3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia de los defectos: fáctico, sustantivo y por violación directa de la
Constitución.
Consideró que en este asunto no se configuraba un defecto sustantivo pues la
normativa vigente al momento de la suscripción del contrato de concesión no
prohibía la explotación minera en la zona específica objeto del contrato.
Expuso que la Resolución 769 de 2002 y el artículo 202 de la Ley 1450 de 2011
establecían restricciones generales para áreas protegidas con altitud superior a
3.000 m.s.n.m., pero la delimitación del Páramo Altiplano Cundiboyacense y la
prohibición expresa de la explotación minera en dicha área se introdujeron
posteriormente con la Resolución 1770 de 2016.
Agregó que la decisión de la Agencia Nacional de Minería de reducir el área de
explotación se fundamentó en una normativa ambiental de orden público, cuya
aplicación es imperativa.
Indicó que la autoridad judicial no desconoció ni inaplicó la legislación vigente al
momento de la concesión, sino que consideró que la modificación sobrevenida
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por la delimitación del páramo obedecía a un mandato del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y no a un incumplimiento de la ANM.
Manifestó que desde la decisión judicial de primera instancia se recordó lo
previsto en el artículo 36 de la Ley 685 de 2001 que dispuso lo relativo a los
efectos de la exclusión o restricción en un contrato de concesión.
Adujo que el defecto fáctico alegado no se configuró pues la sentencia evaluó
adecuadamente las pruebas aportadas. Añadió que, la altimetría del polígono
FGL-111 y su ubicación en zona de protección ambiental fueron consideradas,
pero el fundamento de la decisión radicó en la modificación normativa posterior,
que delimitó el páramo y prohibió la explotación minera, sin que esto
evidenciara una indebida valoración probatoria.
Consideró que el análisis de las pruebas realizado en la providencia de
segunda instancia cuestionada siguió los parámetros de racionalidad y
legalidad, sin incurrir en omisiones determinantes que afectaran el fallo; por lo
que recordó que la simple inconformidad y su desazón no puede considerarse
como una transgresión de las garantías fundamentales.
Descartó la configuración de la violación directa de la Constitución, toda vez
que la parte actora, más allá de citar los artículos constitucionales referidos, no
profundizó en sus argumentos al respecto y, además, no se advertía que se
transgrediera ninguno de ellos puesto que contó con todas las oportunidades
para presentar sus solicitudes y reparos y se siguió el debido proceso y todos
los derechos inherentes a él.
1.8. Impugnación
Mediante escrito enviado electrónicamente el 22 de mayo de 2025, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia, que fue notificada el 19 de
mayo del mismo año.
Indicó que la literalidad del parágrafo 1° del artículo 202 de la Ley 1450 de
2011, lejos de establecer restricciones generales, era prohibitiva para adelantar
en los ecosistemas de páramo la exploración o explotación de hidrocarburos;
por tanto, la acepción de la norma en cuanto dice “...no se podrán” ha de
entenderse prohibitiva y, en modo alguno, de meras restricciones como lo
interpreta la sentencia de tutela apelada.
Resaltó que, de manera curiosa, la misma sentencia de tutela impugnada
incurre en defecto sustantivo, al darle una lectura al parágrafo 1 del art. 202
diferente al texto real de la ley. Esto, pues en el análisis la sentencia de tutela
se hizo referencia a “meras restricciones”, mientras que el texto del multicitado
parágrafo se reseña como “prohibición”.
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Mencionó que, en efecto, si se deshecha la lectura objetiva del texto del
parágrafo 1° del artículo 202 de la Ley 1450 de 2011 (como en efecto se hizo en
primera instancia por el a quo constitucional) y no se atiende que en la exégesis
de su texto “se prohibía la exploración y explotación de carbón en zonas de
páramo”, como consecuencia, no tiene sentido ni razón de ser dentro del
proceso que cursó, el texto de la resolución Minambiente 769 de 2002, como
tampoco tienen sentido las pruebas de altimetría que demuestran que el
polígono del contrato FGL-111 se encontraba en su totalidad en las zonas de
páramo de que habla la resolución antes citada.
Destacó que la sentencia de tutela no resolvió lo que el tutelante consideró una
transgresión a sus derechos fundamentales, pues incurrió en errores parecidos
a los de la providencia que generó la acción de amparo, y en todo caso, la
omisión de considerar la lectura expresada en el parágrafo 1 del artículo 202 de
la Ley 1450 de 2011 que prohibía la minería de carbón en el polígono entregado
al tutelante al momento de suscribir el contrato FGL-111.
Expuso que se debía resolver si la inconformidad de la impugnación, basada en
la existencia de prohibiciones coetáneas al momento de contratar el acuerdo
FGL-111, eran ciertas según el texto de la Ley 1450 de 2011 (parágrafo 1°) o si,
por el contrario, tal como se soporta en la página 7 numeral 30 de la sentencia
de tutela impugnada, las normas de la Resolución 769 de 2002 y el artículo 202
de la citada norma establecían meras restricciones generales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19911, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019,
de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.
Por tanto, en el evento de superarse los requisitos generales de procedencia,
se analizará si con el defecto sustantivo objeto de la impugnación se vulneraron
los derechos fundamentales de la parte actora con la sentencia de segunda
1
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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instancia del 11 de septiembre de 2024, dictada en el medio de control de
controversias contractuales identificado con el radicado 25000-23-36-000-2019-
00211-03, con la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.
2.3. Caso concreto
La parte accionante consideró que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, con ocasión de la
providencia del 11 de septiembre de 2024, dictada dentro del medio de control
de controversias contractuales con radicado 25000-23-36-000-2019-00211-03,
con la cual se confirmó la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
Para tal efecto, alegó la configuración de un defecto sustantivo porque a su
juicio la autoridad judicial demandada no tuvo en cuenta que, a la suscripción
del contrato de concesión, se inaplicó la normativa que regulaba la actividad
minera en zonas de páramo, en particular, la Resolución 769 de 2002 del
Ministerio de Ambiente y el parágrafo 1º. del artículo 202 de la Ley 1450 de
2011, que la prohibían en áreas protegidas con altitud superior a 3.000 m.s.n.m.
A su vez, mencionó que con la providencia acusada se incurrió en un defecto
fáctico por la indebida valoración de las pruebas que evidenciaban que la
altimetría del polígono FGL-111 daba cuenta de que estaba ubicado en un área
de protección ambiental conforme lo establecía la normativa citada en
precedencia y que, no se valoró la existencia previa del páramo Altiplano
Cundiboyacense como ecosistema.
Finalmente, invocó la configuración de una violación directa de la Constitución,
en razón a que se ignoró la normativa y las pruebas expuestas en los defectos
anteriores con los que se trasgredieron los derechos fundamentales señalados
en los artículos 13, 29 y 220, así como las garantías contempladas en los
artículos 80, 83, 113 y 209 superiores.
El a quo denegó la protección invocada, previo a considerar que se cumplieron
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En cuanto a los defectos específicos en mención, el
juez de tutela de primera instancia señaló que ninguno se configuraba con la
decisión demandada.
La parte accionante impugnó solo en lo atinente al defecto sustantivo, al
mencionar que, no se atendió a la lectura objetiva del texto del parágrafo 1° del
artículo 202 de la Ley 1450 de 2011, ni la exégesis de su texto “se prohibía la
exploración y explotación de carbón en zonas de páramo”, tanto en la sentencia
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demandada como en el fallo de tutela impugnado.
Por tanto, consideró que debía resolverse si la inconformidad de la impugnación
basada en la existencia de prohibiciones coetáneas al momento de contratar el
acuerdo FGL-111 eran ciertas según el texto de la Ley 1450 (parágrafo 1) o si,
por el contrario, tal como se indicó en el fallo de tutela impugnado, las normas
de la Resolución 769 de 2002 y el artículo 202 de la Ley 1450 establecían
meras restricciones generales.
Para resolver, se considera:
Una vez revisado el contenido de la impugnación presentada se encuentra que,
si bien el a quo sostuvo que se cumplía el presupuesto de la relevancia
constitucional para el defecto sustantivo, lo cierto es que el asunto no cumple
con el mencionado requisito, por lo siguientes motivos:
Para establecer si un asunto cuenta con relevancia constitucional no basta con
hacer la simple indicación de su cumplimiento como lo señaló el a quo, pues
como presupuesto general de la acción de tutela “…supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con
aquel…”2. De igual manera, se precisa que dicho requisito tiene tres finalidades,
a saber:
… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional3 y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad4; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales5 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces6.
Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de tutela
debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario, el juez
constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan su
competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la
solicitud de amparo.
Así, se observa que el defecto sustantivo lo fundamentó la parte actora en que
a su juicio se dejó de resolver un argumento de la demanda, a saber: el
correspondiente a que la Agencia Nacional de Minería incumplió el contrato de
2
Sentencia SU 573 de 2019.
3
“Sentencia C-590 de 2005.”
4
“Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
5
“Sentencia C-590 de 2005.”
6
“Sentencia T-102 de 2006.”
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Rad: 11001-03-15-000-2025-01548-01
concesión minera suscrita con el tutelante por haber entregado un área en la
que se encontraban prohibidas las actividades mineras, ello por cuanto se
ubicaba a más de tres mil metros de altura sobre el nivel del mar (3000
m.s.n.m) por lo que era una zona protegida a partir de lo dispuesto en la
Resolución 769 de 2002 del Ministerio de Ambiente.
Al respecto, se encuentra que en la providencia demandada se mencionó que
no fue probada la existencia de una prohibición para el desarrollo de actividades
mineras en el área concesionada, puesto que le correspondía al demandante
allegar los documentos que demostraran que el contrato recaía sobre una zona
excluida de minería, lo cual no hizo.
De igual manera, en dicha decisión se indicó, con base en la Resolución 3512
del 10 de diciembre de 2010 mediante la cual la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá autorizó el plan de manejo ambiental, que para la fecha en
que se suscribió la concesión no existía en el área concesionada restricción
para el desarrollo de actividades mineras, así:
9.2.- Entre los pocos documentos previos a la firma del Contrato que obran en el
expediente figura la Resolución 3512 del 10 de diciembre de 2010, por medio de
la cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, determinó la
viabilidad ambiental de la explotación minera realizada por el demandante y
estableció el Plan de Manejo Ambiental que debía seguir para efectos de mitigar,
compensar y corregir los impactos ambientales de la actividad minera. Este acto
administrativo estuvo precedido de un concepto técnico que describió y
caracterizó el área otorgada al demandante sin que en ningún aparte refiriera la
superposición parcial con el páramo del altiplano cundiboyacense. Por esta
razón, no es posible afirmar, como lo hace el recurrente, que la ANM le hubiere
otorgado un área excluida de la minería y que luego hubiese incumplido la
obligación de permitir en esa zona la ejecución del Contrato.
9.3.- El Ministerio de Minas y Energía delimitó el páramo del altiplano
cundiboyacense en la Resolución 1770 de 2016, con base en estudios
entregados en 2016 por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
Corpoboyacá y el Instituto Alexander Von Humboldt. La delimitación es posterior
a la fecha en que se suscribió el contrato, por lo cual no es posible considerar,
con base en esta resolución, que la ANM otorgó la concesión en una zona
prohibida como aduce el demandante.
Adicionalmente, se considera que, la diferencia que refiere el actor acerca de
que el parágrafo 1° del artículo 202 de la Ley 1450 de 2011 contenía una
expresión prohibitiva al indicar “no se podrán…”7 y no de mera restricción (como
7
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014: “Artículo 202. Los
ecosistemas de páramos y humedales deberán ser delimitados a escala 1:25.000 con base en
estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. La delimitación será adoptada por
dicha entidad mediante acto administrativo.
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se indicó en el fallo de tutela impugnado), corresponde en todo caso a un
asunto de naturaleza legal, atinente a la interpretación de dicho enunciado
normativo; por lo que no se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional.
Además, el a quo se refirió a ello no como lo menciona el impugnante, sino a
que, en efecto, se trataba de una restricción de orden general, cuando
mencionó lo siguiente:
…La Resolución núm. 769 de 2002 y el artículo 202 de la Ley 1450 de 2011
establecían restricciones generales para áreas protegidas con altitud superior a
3.000 m.s.n.m., pero la delimitación del Páramo Altiplano Cundiboyacense y la
prohibición expresa de la explotación minera en dicha área se introdujeron
posteriormente, con la Resolución núm. 1770 de 2016. (Subrayado fuera del
texto original)
En tal sentido, se observa que la controversia propuesta no cumple con las
reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de
20228, toda vez que su finalidad es la de convertir la acción de tutela en una
instancia adicional, sin que se pueda reabrir el debate zanjado en sede
ordinaria, ni reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios para su
defensa.
En efecto, se encuentra que un desacuerdo en relación con las conclusiones a
las que arribó la autoridad judicial de la causa no puede ser razón para que el
juez constitucional intervenga en la protección de los derechos fundamentales,
puesto que, aceptar lo contrario, sería invadir la órbita del competente natural.
Por tanto, este juez constitucional no puede atribuirse las facultades del
funcionario judicial de instancia, lo cual está prohibido, en tanto que implicaría
un menoscabo de los principios de autonomía judicial y de juez natural; además
porque la acción de tutela no es un “juicio de corrección” acerca del análisis
normativo efectuado por la autoridad judicial demandada.
Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial
demandada, que amerite la intervención del juez constitucional, por cuanto la
acción de tutela no se encuentra instituida para resolver asuntos de tal
naturaleza legal.
…
PARÁGRAFO 1o. En los ecosistemas de páramos no se podrán adelantar actividades
agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales, ni construcción de
refinerías de hidrocarburos. Para tales efectos se considera como referencia mínima la
cartografía contenida en el Atlas de Páramos de Colombia del Instituto de Investigación
Alexander von Humboldt, hasta tanto se cuente con cartografía a escala más detallada.”
(Negrilla y subrayado fuera del texto original)
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Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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En consecuencia, se revocará parcialmente el fallo de tutela impugnado para
declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de la
relevancia constitucional frente al defecto específico sobre el cual se refirió la
parte actora en su impugnación, esto es, el sustantivo, relativo a la adecuada
interpretación legal que cuestionó.
FALLA
PRIMERO: Revócase parcialmente la sentencia del 24 de abril de 2025, por la
cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el
amparo solicitado, para en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de
tutela por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional respecto del
defecto sustantivo alegado por la parte actora, objeto de su impugnación.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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