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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00211-03

Fecha
11 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00211-03

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 27 de julio de 2023 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: CONDÉNASE en costas y agencias en derecho a Héctor Vargas Cruz, las cuales se fijarán y liquidarán por el tribunal de primera instancia de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2023, expediente 59414. C.P. María Adriana Marín. 12 Radicado: 25000-23-36-000-2019-00211-03 (70523) Demandante: Héctor Vargas Cruz TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2019-00211-03

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

11 de septiembre de 2024

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00211-03 (70523)
Demandante: Héctor Vargas Cruz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá, D.C., once (11) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de controversias contractuales
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00211-03 (70523)
Demandante: Héctor Vargas Cruz
Demandado: Agencia Nacional de Minería

Tema: Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de incumplimiento, terminación y liquidación de un
contrato de concesión minera. La ANM no incumplió el contrato al
reducir el área de explotación como consecuencia de la
delimitación del páramo del altiplano cundiboyacense mediante el
acto proferido por parte de la autoridad ambiental. El demandante
no solicitó en la demanda la nulidad del contrato por dolo derivado
de que la ANM conociera esta circunstancia al celebrar el contrato;
y en la apelación no se formularon reparos relativos a los
fundamentos con base en los cuales el tribunal negó la petición
de terminación y liquidación del contrato formulada en la
demanda.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la sala
resuelve el recurso de apelación presentado por el demandante contra la
sentencia proferida el 27 de julio de 2023 por la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones
de la demanda.

Esta subsección es competente para conocer el recurso de apelación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA. El tribunal era
competente para conocer el proceso en primera instancia de acuerdo con el
artículo 293 del Código de Minas y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA.

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 7 de diciembre de 20231.
De conformidad con el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, los sujetos
procesales tenían hasta la ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación
para pronunciarse sobre el mismo, término que se cumplió sin pronunciamiento
alguno por parte de los sujetos procesales o el Ministerio Público.

1 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 4.

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Radicado: 25000-23-36-000-2019-00211-03 (70523)
Demandante: Héctor Vargas Cruz

I. ANTECEDENTES

A.- Posición de la parte demandante

1.- El 12 de diciembre de 2018 Héctor Vargas Cruz (en adelante, <<el
demandante>> o <<el titular minero>>) presentó demanda2 de controversias
contractuales contra la Agencia Nacional de Minería (en adelante, la <<ANM>>),
para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

<<1. Que se declare el incumplimiento del contrato FGL-111 por parte de la
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, toda vez que la ejecución del mismo se ve
frustrada casi en su totalidad, por virtud de los contenidos en el auto PARN 2729
de fecha 14 de septiembre de 2017, en el cual se requirió y ordenó al concesionario
minero, abstenerse de hacer cualquier tipo de actividad minera y proceder a la
implementación y desarrollo del plan de cierre y abandono de los montajes y de la
infraestructura realizada en el área concesionada que se encuentra con
superposición con la zona del páramo altiplano Cundiboyacense.

2. Que consecuente al incumplimiento atribuible a la AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA, se declare la responsabilidad contractual del Estado en cabeza de la
citada agencia minera y, como consecuencia, se reconozcan y tasen los valores
económicos basados en las indemnizaciones a que tiene derecho el Concesionario
minero.

3. Que se declare que el señor HECTOR VARGAS CRUZ sufrió por virtud de las
actuaciones de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA y la orden que consta en la
comunicación PARN 2729 de la ANM, daños antijurídicos sin que en calidad de
perjudicado, tuviera el deber jurídico de soportarlos por virtud de haber suscrito y
desarrollado el contrato FGL-111.

4. Que por imposibilidad de cumplir con el objeto contractual, por causas no
imputables al CONCESIONARIO, se ordene la terminación del CONTRATO DE
CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE CARBÓN No.
FGL-111 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y
HECTOR VARGAS CRUZ, toda vez que el área total del título minero, se halla
superpuesta con el páramo Altiplano Cundiboyacense en más del 64%, aspecto
que frustra las intenciones que tuvo el concesionario al momento de contratar y los
derechos adquiridos del contrato y el registro minero del mismo, pues desarrollar
el área restante que queda en el polígono del título resultaría altamente oneroso y
no económico para el concesionario.

5. Que previo a la terminación del contrato, se haga la liquidación del mismo, toda
vez que el CONCESIONARIO HECTOR VARGAS CRUZ por sí mismo y a través
de terceros vinculados mediante los contratos permitidos por el código de minas
vigente, cumplió con las cláusulas contractuales y principalmente las del “objeto”
en cuanto a la REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA LA
EXPLOTACIÓN DEL CARBÓN ALLÍ EXISTENTE y que las razones que le asisten
para no continuar con el contrato son las venidas de la prohibición de explotar
carbón mineral en las áreas del título minero del cual es concesionario,
prohibiciones que son posteriores a la celebración del contrato FGL-111 y al
conjunto de inversiones realizadas para cumplir con la realización del proyecto
pactado con la ANM.

2 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 – expediente digital.

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Radicado: 25000-23-36-000-2019-00211-03 (70523)
Demandante: Héctor Vargas Cruz

6. Que en general, se declare al Estado en cabeza de la AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por acción u omisión.
7.- Que de conformidad con las anteriores peticiones se ordene pagar a la agencia
demandada y en favor del concesionario minero, los siguientes valores o, en su
defecto, los que se prueben o reconozcan dentro del trámite del proceso:

a. La cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS
($254.000.000,oo) o sumas de dinero que corresponden al desmonte de la
infraestructura que se había instalado para el desarrollo del contrato y sumas que
corresponden a cierres de minas, o en su defecto aquellas que se llegaren a pagar
teniendo en cuenta además las exigencias de la autoridad ambiental por mitigación
de impatos generados por el ejercicio de la actividad minera en el polígono del
contrato FGL-111.

b. La cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS ($5.770.974.248,oo) o por inversiones realizadas con relación a la
exploración, construcción y montaje y desarrollo de los mantos de carbón
asociados a las minas llamadas DIAMANTE, CABHID 2 (Cerrejoncito 1) y
CARBHID 4.

c. La suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTE
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($682.120.296,oo) o inversiones
realizadas principalmente para la exploración de los mantos de carbón asociados
a las minas FORTALEZA 2 y BUENOS AIRES.

d. La suma de $343.360.000,oo por concepto del lucro cesante que corresponde
a 4.292 toneladas de carbón dejadas de entregar a GENSA SA – ESP durante el
año 2018, equivalente a las utilidades dejadas de percibir a razón de $80.000
tonelada, convenida a un precio de venta de $138.491,5 por tonelada.

e. La suma de NOVECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS
($970.000.000,oo) por concepto del lucro cesante que corresponde a 12.134
toneladas de carbón dejadas de entregar a GENSA SA – ESP durante los años
2019, 2020, 2021 y 2022, equivalente a las utilidades dejadas de precibir a razón
de $80.000 tonelada, convenida a un precio de venta de $138.491,5 por tonelada
para el año 2018.

f. La suma de CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS
($5.640.000.000,oo) o valor correspondiente al lucro cesante que corresponde a
las utilidades de 70.505 toneladas de carbón, dejadas de vender a GENSA SA –
ESP o a quien fuere, de acuerdo con la programación del PTO, el índice de
crecimiento de la compañía, la acreditación a través de contratos de suministro
que conforman un promedio mínimo de ventas de carbón de 3.540 toneladas por
año, desde el 1 de Enero de 2023 hasta el 5 de Diciembre de 2042, liquidados de
acuerdo con las utilidades de la venta por tonelada a precios del año 2018, según
se demuestra en las facturas de venta.

g. Subsidiariamente a la estimación de le pretensión del literal f. anterior, esto es,
en caso de no ser aceptada esta petición, solicito mediante las maneras
probatorias que el Honorable Tribunal considere adecuadas, se sirva cuantificar la
indemnización del daño que por “Pérdida de la oportunidad” se causó al
concesionario, de acuerdo con las probabilidades que teniá el demandante de
alcanzar el beneficio especificado en el PTO en el acápite 5.4.2, para los años que
corresponden entre el 2023 y 2042, por virtud de la explotación y venta de carbón.

8. Que de forma general, se condene a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA al
pago de todos los perjuicios causados a mi representada con ocasión de la

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Radicado: 25000-23-36-000-2019-00211-03 (70523)
Demandante: Héctor Vargas Cruz

expedición del acto PARN-2729 y demás actuaciones de la agencia estatal que
conllevaron al incumplimiento del contrato FGL-111, incluyendo daño emergente y
lucro cesante, acreditados en esta demanda o que se llegaren a probar, así como
la corrección monetaria y cualesquiera otros índices de ajuste monetario de tales
sumas.

9. Que se condene a la demandada al pago de las costas, agencias en derecho y
demás gastos del proceso>>.

2.- El demandante basó sus pretensiones en las siguientes afirmaciones:

2.1.- El 27 de noviembre de 2012 la ANM y Héctor Vargas Cruz suscribieron el
contrato de concesión minera FGL-111 (en adelante, <<el Contrato>>), que tenía
por objeto la explotación de un yacimiento de carbón ubicado en el municipio de
Cucaita, Boyacá, en un área de 154,2372 hectáreas. El plazo del Contrato era de
30 años contados a partir de su inscripción en el Registro Minero Nacional, que
se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2012, por lo que, en principio, su vigencia se
extendía hasta el 6 de diciembre de 2042.

2.2.- El titular minero subcontrató a la sociedad CARBHID S.A.S. para la
operación del proyecto de explotación minera en gran parte de su área. De esta
manera, el titular minero y la sociedad mencionada intervenían el área otorgada
en concesión a través de trabajos de exploración y explotación ejecutados de
acuerdo con los términos pactados en el Contrato y en el Programa de Trabajos
y Obras aprobado por la autoridad minera.

2.3.- Durante la ejecución del Contrato, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible delimitó el páramo del altiplano cundiboyacense mediante la
Resolución 1770 del 28 de octubre de 2016. El área otorgada en concesión
presentaba traslape en un porcentaje equivalente al sesenta y cuatro punto uno
por ciento (64.1%) con el páramo del altiplano cundiboyacense, por lo que la
ANM, mediante auto PARN-2729 del 14 de septiembre de 2017, prohibió el
desarrollo de actividades mineras en el área superpuesta con la zona de páramo.

2.4.- La prohibición decretada por la ANM comportó el incumplimiento del
Contrato porque <<(…) restrin[gió] de forma expresa, los derechos del titular
minero (….)>>. En efecto, la entidad demandada desconoció los derechos
adquiridos por el demandante con el perfeccionamiento del Contrato, y modificó
las condiciones contractuales inicialmente pactadas. Así las cosas, cualquier
perjuicio derivado de su incumplimiento debía ser indemnizado en su integridad,
aun cuando la Constitución Política privilegiara la satisfacción del interés general
sobre el particular.

2.5.- La prohibición decretada por la ANM igualmente comportó la imposibilidad
de seguir ejecutando el Contrato. Si bien la superposición no era total, lo cierto
es que el área remanente no podía ser intervenida en su integridad porque
existían otras zonas de especial protección ambiental y, además, factores

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Radicado: 25000-23-36-000-2019-00211-03 (70523)
Demandante: Héctor Vargas Cruz

técnicos tales como problemas de subsidencia3 que imposibilitaban el desarrollo
de los trabajos mineros en parte del área habilitada. En consecuencia, el área
explotable se reducía a 26,7704 hectáreas en las que, técnicamente, era
inconveniente <<(…) programar nuevos túneles para acelerar la producción ya
que los mismos serían ineficientes por verse muy pronto impactados por la
cercanía a las áreas que involucran los impedimentos antes descritos>>.

2.6.- Igualmente, el proyecto no era viable desde el punto de vista financiero,
pues cualquier explotación en el área habilitada, <<(…) además de generar
sobrecostos, nunca les permitirá obtener el retorno de la inversión realizada y,
por tanto, el área restante ya no es atractiva para los inversionistas mineros dado
su tamaño y nuevas realidades>>.

2.7.- Agrega el demandante que luego de la sentencia C-035 de 2016 y de la
expedición de la Resolución 1770 del 28 de octubre de 2016, la ANM no ha
realizado acciones dirigidas a concertar ajustes al Contrato tendientes a evitar su
incumplimiento o a minimizar el daño patrimonial sufrido por el concesionario
minero y los terceros involucrados. <<Si bien es cierto que la Agencia Nacional
de Minería no es autoridad ambiental y por tanto no es responsable de promulgar
la norma que delimitó el Páramo Cundiboyacense, sí es de su competencia el
acercamiento al concesionario minero para analizar en conjunto la nueva
situación contractual que resulta luego del recorte y, en todo caso ventilar
posibles alternativas que buscaran el mantenimiento del equilibrio de la ecuación
económica y financiera del contrato FGL-111>>.

2.8.- De otra parte, el demandante refiere que en el momento de la firma del
Contrato existían normas que prohibían el ejercicio de actividades mineras en las
zonas de páramo, y suficiente información sobre una política pública de
delimitación de páramos en la cordillera oriental a partir de los tres mil metros
sobre el nivel del mar. Teniendo en cuenta que el área otorgada en concesión se
encontraba en dicha cordillera y en una altura superior a los tres mil metros sobre
el nivel del mar, la ANM debió prever <<(…) la muy posible delimitación del
páramo Altiplano Cundi-boyacense>> y determinar si el otorgamiento del
Contrato violaba el interés general. De esta manera, la entidad demandada debió
inhibirse o, al menos, postergar la celebración de contratos de concesión minera
en estos lugares con el propósito de evitar que particulares asumieran
compromisos con el Estado e inversiones que posteriormente se vieran
frustradas.

B.- Posición de la parte demandada

3.- La ANM se opuso a las pretensiones de la demanda4 y expuso los siguientes
argumentos:

3 Según el diccionario de la Real Academia Española, subsidencia significa “Hundimiento progresivo de la

superficie del terreno como consecuencia de trabajos de minería, colapso de cavidades subterráneas,
extracción de agua o de petróleo, o desecación”.
4 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 – expediente digital.

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Radicado: 25000-23-36-000-2019-00211-03 (70523)
Demandante: Héctor Vargas Cruz

3.1.- No fue la ANM la que estableció la prohibición de las actividades mineras
en el área otorgada en concesión al demandante, sino el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, autoridad competente para la delimitación del páramo.
La actuación de la ANM se limitó a informar al demandante la superposición
parcial que el área concesionada presentaba con el páramo y, en consecuencia,
ordenó suspender toda actividad en la zona de páramo, lo cual era lo procedente
en los términos de los artículos 34 y 36 el Código de Minas.

3.2.- No es cierto que exista una imposibilidad de continuar la ejecución del
Contrato luego de la delimitación del páramo del altiplano cundiboyacense pues,
tal y como lo reconoce la misma demandante, existía un área remanente en la
que se podía seguir ejecutando el objeto contractual, motivo por el cual no era
procedente ordenar la terminación del Contrato. Si el titular minero consideraba
inviable la ejecución del proyecto minero en el área remanente, podía renunciar
libremente a la concesión <<(…) para que la autoridad minera decla[rara] la
terminación del mismo, con todas las formalidades que la ley y el Clausulado
Contractual exig[ían] para ello, incluida su liquidación>>.

3.3.- Tampoco es cierto que la suspensión de actividades mineras conllevara
consecuencias perjudiciales para el titular minero. Por el contrario, <<(…) con
dicha suspensión el titular minero se ve salvaguardado en sus derechos y
obligaciones, toda vez que la explotación en zonas excluidas de la minería le
acarrea no solo la caducidad del contrato y la inhabilidad para celebrar contratos
con el estado que esta acarrea, sino que también la Autoridad Ambiental le puede
imponer multas, así como la Fiscalía General de la Nación lo puede procesar por
extracción ilícita de Minerales (…). Entonces no se le causa un perjuicio sino que
se le beneficia al advertirle que suspenda sus actividades en páramo>>.

3.4.- El demandante no tenía derecho a reclamar por cuenta de una eventual
disminución del área del Contrato, pues el contrato de concesión minera se
ejecuta por cuenta y riesgo del titular del minero, lo que implica que debe asumir
los eventuales cambios en el área de otorgada en concesión, especialmente,
cuando se trata de modificaciones que provienen de decisiones ambientales,
como en este caso. Además, la ANM no se comprometió con el concesionario a
ejecutar obligaciones de saneamiento por evicción o vicios redhibitorios sobre
aquella.

3.5.- En el momento en el que se suscribió el Contrato, el área otorgada en
concesión no tenía limitaciones de tipo ambiental, por lo que era susceptible de
explotación minera. La ANM no estaba obligada a predecir la futura declaración
y delimitación del páramo del altiplano cundiboyacense, pues ello correspondía,
única y exclusivamente, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como
autoridad ambiental.

3.6.- Las pruebas aportadas por la demandante no demostraban los perjuicios
materiales reclamados. En efecto, con la demanda solo se allegaron unos

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Radicado: 25000-23-36-000-2019-00211-03 (70523)
Demandante: Héctor Vargas Cruz

análisis contenidos en documentos en formato Excel que no estaban soportados
en información financiera o contable.

C.- Sentencia recurrida

4.- En sentencia del 27 de julio de 20235, la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda. Para adoptar esta decisión expuso, en síntesis, los siguientes
argumentos:

4.1.- En el momento en el que se suscribió el Contrato no existía prohibición
alguna para el desarrollo de actividades mineras. De esta manera, la ANM no
tenía argumento válido alguno para negar la solicitud de legalización minera
presentada por el demandante, ni mucho menos para abstenerse de firmar el
Contrato. Si bien el tribunal reconoció la existencia del principio de colaboración
armónica que debe ser observado por las entidades estatales para el
cumplimiento de los fines estatales, lo cierto es que la aplicación de dicho
principio no implicaba que la ANM debiera <<(…) prever con exactitud, las
precisas determinaciones que adoptarán las autoridades ambientales como el
Ministerio de Ambiente, a efectos de anticiparse a aconteceres futuros, como lo
sugiere la parte actora>>.

4.2.- La ANM no incumplió el Contrato porque, tal y como lo refirió en la
contestación de la demanda, no prohibió el desarrollo de actividades mineras en
el área del título minero que presentaba traslape con el páramo, ni mucho menos
modificó las condiciones contractuales inicialmente pactadas. La entidad
demandada simplemente informó al titular minero la superposición parcial que el
área concesionada presentaba con el páramo y, en consecuencia, le ordenó
suspender toda actividad en dicha zona por configurarse una exclusión que
operaba de pleno derecho en virtud de lo dispuesto en los artículos 34 y 36 el
Código de Minas. Y, en cualquier caso, el titular minero estaba obligado a cumplir
con dicha restricción.

4.3.- No era de recibo que el demandante afirmara que la ANM desconoció
derechos adquiridos. El ordenamiento jurídico vigente en el momento de la firma
del Contrato establecía una protección reforzada de los páramos, motivo por el
cual <<(…) para el concesionario minero no era desconocido que, si en el futuro
se llegaba a declarar parte del área de concesión como área de reserva
ambiental, no se podría seguir desarrollando la actividad minera sobre la
misma>>.

4.4.- No era procedente declarar la terminación del Contrato, ni mucho menos
disponer su liquidación en sede judicial. La imposibilidad sobreviniente de seguir
ejecutando parcialmente el Contrato no estaba enlistada dentro de las causales
legales o contractuales de terminación del mismo. En cualquier caso, la parte

5 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 – expediente digital.

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Radicado: 25000-23-36-000-2019-00211-03 (70523)
Demandante: Héctor Vargas Cruz

demandante no demostró que, luego de la limitación ambiental, resultara
imposible continuar con la ejecución del Contrato en el área remanente. Si bien
allegó unas proyecciones financieras que daban cuenta de la inviabilidad
financiera del proyecto minero, lo cierto es que en el documento no se advierte
qué profesional las realizó ni los fundamentos contables y financieros que tuvo
en cuenta para el efecto.

D.- Recurso de apelación

5.- El demandante solicita revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, acceder a las pretensiones de la demanda6. En el recurso de apelación
expone los siguientes reparos:

5.1.- El tribunal no abordó ni decidió en su integridad el pleito planteado en la
demanda. La controversia propuesta por el titular minero iba más allá de revisar
un eventual incumplimiento del Contrato, pues en la demanda se planteó la
posibilidad de declarar la responsabilidad de la ANM por la celebración del
Contrato sin el cumplimiento de las normas ambientales que establecían una
protección de páramos. Lo anterior, si se tiene en cuenta que, en este caso, la
ANM llevó al demandante a suscribir un contrato de concesión minera sobre un
área de especial protección ambiental, como lo era el páramo del altiplano
cundiboyacense.

5.2.- No es cierto lo afirmado por el tribunal en el sentido de que en el momento
en que se firmó el Contrato el área otorgada en concesión no estaba superpuesta
con el páramo del altiplano cundiboyacense y que, por ello, no existía prohibición
para desarrollar actividades mineras. Si bien en ese momento el páramo no
estaba delimitado, lo cierto es que el mismo sí existía, por lo que su área de
influencia era objeto de la protección reforzada establecida en múltiples normas
ambientales, las cuales eran anteriores a la suscripción del Contrato. De esta
manera, la ANM no solo tenía argumentos de sobra para abstenerse de firmar el
Contrato, sino que por expreso mandato legal estaba obligada a promover la
protección de la zona de páramo.

5.3.- Es indiscutible que en este caso la ANM otorgó en concesión al demandante
un área en la que estaba prohibida la minería, en expresa contravención de las
normas ambientales que protegían las zonas de páramo y que estaban vigentes
al momento de la firma del Contrato. La conducta desplegada por la ANM en ese
sentido, que evidencia su mala fe y desconocimiento del principio de planeación,
comportó el incumplimiento del Contrato, pues entregó un área excluída de la
minería y, con ello, causó perjuicios materiales al titular minero, quien vio
frustrado el proyecto minero edificado sobre la base de que el área otorgada en
concesión era susceptible de ser explotada en su integridad.

6 SAMAI del Consejo de Estado, índice No. 2 – expediente digital.

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Radicado: 25000-23-36-000-2019-00211-03 (70523)
Demandante: Héctor Vargas Cruz

5.4.- No puede olvidarse que el Contrato se celebró como consecuencia de un
plan de legalización de minería y que el demandante tan solo era un
<<lugareño>> dedicado a la explotación de carbón que accedió como persona
natural a suscribir un contrato de adhesión propuesto por la autoridad minera.
Tales antecedentes hicieron que demandante considerara que el Contrato estaba
gobernado por los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica.
5.5.- Al contrario de lo considerado por el tribunal, la terminación del Contrato en
sede judicial sí era procedente debido a la imposibilidad de continuar
ejecutándolo. Las razones que justifican terminar el contrato no solo devienen de
los factores técnicos y financieros expuestos en la demanda, sino también de la
aplicación de la ley. El Contrato no podía ser ejecutado desde el mismo momento
en que se firmó, pues existía una prohibición para desarrollar actividades mineras
en el área otorgada en concesión. Y sobre el área remanente igualmente existía
una limitación ambiental por cuenta de la aplicación de la función amortiguadora
que tenía el territorio colindante a las áreas de especial protección ambiental, por
disposición del artículo 31 del Decreto 2372 de 2010.

II. CONSIDERACIONES

E.- Caducidad de la acción

6.- La sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada dentro
del término legal. De conformidad con el literal j) del numeral 2 del artículo 164
del CPACA, las demandas relativas a los contratos que están sujetos a
liquidación deben ser presentadas dentro del término de dos (2) años contados
desde el momento en que la liquidación fue realizada o desde el vencimiento del
plazo dispuesto para el efecto. Esta subsección7 ha explicado que en aquellos
casos en los que la acción de controversias contractuales versa sobre un contrato
de tracto sucesivo, el término de caducidad debe contabilizarse desde su
terminación o liquidación, según el caso, sin que esta regla pueda inaplicarse
cuando el término del contrato objeto de la demanda no haya vencido. En el
presente caso, el Contrato se encontraba vigente al momento de la presentación
de la demanda, razón por la cual, la misma fue presentada en tiempo.

F.- Decisión a adoptar

7.- La sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda. Esta determinación se adopta por las siguientes
razones:

7.1.- En contra de lo afirmado por el recurrente, la sala encuentra que el tribunal
sí definió y estudió adecuadamente el objeto del litigio, el cual se encuentra
delimitado por las pretensiones formuladas en la demanda. La parte actora
solicitó la declaratoria de incumplimiento del Contrato por la reducción del área a
explotar y pidió que se ordenara su terminación. No pidió que se decretara su
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del

3 de agosto de 2020 con ponencia de este despacho. Radicación número 11001-03-26-000-2019-00078-
00(63973).

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Radicado: 25000-23-36-000-2019-00211-03 (70523)
Demandante: Héctor Vargas Cruz

nulidad porque al momento de la celebración la ANM conociera que el área
concesionada estaba afectada por limitaciones ambientales y hubiese inducido
al demandante (que no tenía conocimiento de las mismas) a celebrarlo. Tampoco
pidió el restablecimiento de la ecuación financiera del Contrato como
consecuencia de la reducción. Es de cara a las peticiones de la demanda como
deben ser estudiados los hechos que lo fundamentan.

7.2.- Al margen de lo anterior, lo cierto es que la parte demandante debió hacer
uso de la oportunidad procesal adecuada para cuestionar la indebida fijación del
litigio en la que, en su concepto, incurrió el tribunal. En efecto, si el demandante
consideró que el litigio no fue fijado de acuerdo con lo planteado en la demanda,
debió impugnar el auto del 13 de diciembre de 2022 en el que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, luego de adecuar el proceso para dictar
sentencia anticipada, fijó el objeto del litigio; sin embargo, no lo hizo.

7.3.- En el anterior contexto, se confirmará la sentencia de primera instancia que
negó la pretensión de incumplimiento contractual porque no está demostrado
que, en el momento de la firma del contrato, existiera una prohibición de ejercer
actividades mineras en el área otorgada en concesión. Así, no es cierto que la
ANM hubiere entregado un área excluída de la minería y, con ello, incurrido en
incumplimiento contractual.

7.4.- La negativa de las pretensiones de terminación y liquidación del Contrato se
confirmarán porque, en su recurso de apelación, el demandante no formuló
reparos concretos contra los argumentos que tuvo en cuenta el tribunal para
negarlas, punto en el cual se limitó a señalar que el Contrato era inejecutable
desde el principio porque desde su celebración se conocía que el área
concesionada sería inferior. Esto no fue lo planteado en la demanda, en donde
se indicó que era el recorte del área lo que lo hacía inviable; y -se itera- los
argumentos expuestos por el tribunal para concluir que esto no está probado, no
fueron controvertidos en el recurso.

G.- No está demostrado el incumplimiento alegado en la demanda

8.- En el expediente obra el contrato de concesión minera FGL-111 suscrito el 27
de noviembre de 2012 entre la ANM y Héctor Vargas Cruz. De acuerdo con lo
pactado en la cláusula primera, el Contrato tenía por objeto la explotación de un
yacimiento de carbón ubicado en el municipio de Cucaita, Boyacá, en un área de
154,2372 hectáreas. De esta manera, el área otorgada en concesión por parte
de la ANM debía estar habilitada para el desarrollo de actividades mineras, esto
es, debía estar libre de toda exclusión de la minería para el desarrollo del
proyecto minero del concesionario.

9.- Al contrario de lo afirmado por el recurrente, lo cierto es que en este caso no
está demostrado que, al momento de la firma del Contrato, existiera una
prohibición para desarrollar actividades mineras en el área otorgada en
concesión. En efecto:

10

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00211-03 (70523)
Demandante: Héctor Vargas Cruz

9.1.- Al proceso no se allegaron pruebas que acrediten que el área objeto de la
solicitud de legalización de minería de hecho presentada por el demandante, que
derivó en la firma del Contrato que se analiza en este proceso, estuviera ubicada
en una zona de excluida de minería. Al proceso no se aportó la solicitud de
legalización, ni documentos que demuestren que la zona estaba traslapada con
un paramo. Sobre este particular resulta importante destacar que el
procedimiento administrativo8 de legalización de minería de hecho está
compuesto por varias etapas, entre las que destaca una inicial que busca
determinar la posible superposición del área solicitada con, entre otros, zonas
excluidas de la minería. No obstante lo anterior, al proceso no se allegaron estos
documentos.

9.2.- Entre los pocos documentos previos a la firma del Contrato que obran en el
expediente figura la Resolución 3512 del 10 de diciembre de 2010, por medio de
la cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, determinó
la viabilidad ambiental de la explotación minera realizada por el demandante y
estableció el Plan de Manejo Ambiental que debía seguir para efectos de mitigar,
compensar y corregir los impactos ambientales de la actividad minera. Este acto
administrativo estuvo precedido de un concepto técnico que describió y
caracterizó el área otorgada al demandante sin que en ningún aparte refiriera la
superposición parcial con el páramo del altiplano cundiboyacense. Por esta
razón, no es posible afirmar, como lo hace el recurrente, que la ANM le hubiere
otorgado un área excluida de la minería y que luego hubiese incumplido la
obligación de permitir en esa zona la ejecución del Contrato.

9.3.- El Ministerio de Minas y Energía delimitó el páramo del altiplano
cundiboyacense en la Resolución 1770 de 2016, con base en estudios
entregados en 2016 por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
Corpoboyacá y el Instituto Alexander Von Humboldt. La delimitación es posterior
a la fecha en que se suscribió el contrato, por lo cual no es posible considerar,
con base en esta resolución, que la ANM otorgó la concesión en una zona
prohibida como aduce el demandante.

H.- Las pretensiones de terminación y liquidación judicial

10.- En sentencia de primera instancia, el tribunal negó la pretensión formulada
para que se declarara la terminación del Contrato porque (i) la imposibilidad
sobreviniente de seguir ejecutándolo no estaba enlistada dentro de las causales
legales o contractuales de terminación del mismo y porque, (ii) en cualquier caso,
el demandante no demostró que luego de la limitación ambiental resultara
imposible continuar con la ejecución del Contrato en el área remanente. En línea
con lo anterior, el tribunal consideró que no era procedente liquidar el Contrato
en sede judicial porque el mismo no había terminado.

8 Regulado en el Decreto 2390 del 24 de octubre de 2002.

11

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00211-03 (70523)
Demandante: Héctor Vargas Cruz

11.- En el recurso de apelación, el demandante no cuestionó la decisión adoptada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Simplemente se limitó proponer
nuevos argumentos para justificar la imposibilidad de seguir ejecutando el
Contrato. En efecto, el demandante sostuvo que el Contrato no podía ser
ejecutado en el área que presentaba traslape con el páramo del altiplano
cundiboyacense, así como tampoco en el área remanente, pues allí existía una
limitación ambiental por cuenta de la aplicación de la función amortiguadora que
tenía el territorio colindante a las áreas de especial protección ambiental por
disposición del artículo 31 del Decreto 2372 de 2010.

12.- En estos términos, la sala advierte que la competencia del juez de segunda
instancia está atada a los reparos concretos que se formulen en el recurso de
apelación, motivo por el cual no <<(…) basta con la simple interposición del
recurso por la parte interesada, así como tampoco es suficiente la manifestación
general de no estar conforme con la decisión impugnada, toda vez que quien
tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe
señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de
primera instancia al resolver la litis planteada>>9. De esta manera, al no haberse
formulado reproches concretos contra los argumentos que fundamentaron la
decisión de negar las pretensiones de terminación y liquidación del Contrato, se
impone confirmarla.

I.- Condena en costas

13.- Como el recurso de apelación no prosperó, el apelante debe ser condenado
en costas y agencias en derecho de conformidad con lo ordenado en el artículo
188 del CPACA y 365 del CGP. Las costas y agencias en derecho serán tasadas
y liquidadas por el tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365
y 366 del CGP.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 27 de julio de 2023 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

SEGUNDO: CONDÉNASE en costas y agencias en derecho a Héctor Vargas
Cruz, las cuales se fijarán y liquidarán por el tribunal de primera instancia de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B, sentencia del

20 de noviembre de 2023, expediente 59414. C.P. María Adriana Marín.

12

Radicado: 25000-23-36-000-2019-00211-03 (70523)
Demandante: Héctor Vargas Cruz

TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Presidente Magistrado

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado

13

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