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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01552-01

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01552-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Revocar la sentencia de 16 de mayo de 2025, dictada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar, Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por los señores Ruby Astrid Agudelo Gómez, Stevens Adolfo Blandón Agudelo, Luz Angélica Blandón Escobar, Aura Rosa Blandón Escobar, Gloria de Jesús Blandón Escobar, Doris de Jesús Blandón Escobar, Dora Marleny Blandón Escobar y Carlos Enrique Blandón Escobar, quienes actúan por intermedio de apoderado judicial, por las razones aquí expuestas. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01552-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

4 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01552-01
Demandantes: Ruby Astrid Agudelo Gómez y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01552-01
Demandantes: RUBY ASTRID AGUDELO GÓMEZ Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y JUZGADO
VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE MEDELLÍN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por los daños sufridos a causa del atentado terrorista ocurrido
los días 6 y 7 de diciembre de 2000 en el municipio de Granada,
Antioquia, en el que se declaró probada la excepción de caducidad.
Defectos por desconocimiento del precedente judicial y sustantivo

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte demandante contra la sentencia de 16 de mayo de 2025,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la
que se declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 17 de marzo de 2025, la parte accionante1 pidió al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
reparación integral y de acceso a la administración de justicia, supuestamente
vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

[sic a toda la cita] “PRIMERO: Que en honor a la supremacía de la Constitución Política
de Colombia y del Estado de Derecho (arts. 1°, 2o, 4°, 93 y 94 C.N.) y en garantía de los
artículos 1.1., 2, 5.1, 8.1, 11, 17.1, 19, 24, 25 y 29 de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos, en armonía con el art 27 de la Convención de Viena sobre Derecho
de los Tratados, los artículos 3 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, los artículos 3 y 131 de la Convención de Ginebra, los principios 1, 23 y 32 del
Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos
humanos mediante la lucha contra la impunidad adoptado en febrero 8 de 2005 por la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y aprobado en el 61° período
de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los capítulos I, II, III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones contenidos en la Resolución 60/147 de 16 de diciembre
de 2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con efectos inter comunis o
inter pares SEAN TUTELADOS LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A

1
Integrada por los señores Ruby Astrid Agudelo Gómez, Stevens Adolfo Blandón Agudelo, Luz Angélica
Blandón Escobar, Aura Rosa Blandón Escobar, Gloria de Jesús Blandón Escobar, Doris de Jesús Blandón
Escobar, Dora Marleny Blandón Escobar y Carlos Enrique Blandón Escobar.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01552-01
Demandantes: Ruby Astrid Agudelo Gómez y otros

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PREVALENCIA DEL DERECHO
SUSTANCIAL (ARTS. 228 Y 229 C.N.), IGUALDAD (ART. 13 C.C.), A LA IGUALDAD
(ART. 13 C.N.), AL DEBIDO PROCESO (ART. 29 CN) Y A LA REPARACIÓN INTEGRAL
DERIVADA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO (ART. 90 C.N.),
en favor de los señores RUBY ASTRID AGUDELO GÓMEZ, STEVENS ADOLFO
BLANDÓN AGUDELO, LUZ ANGÉLICA BLANDÓN ESCOBAR, AURA ROSA
BLANDÓN ESCOBAR, GLORIA DE JESÚS BLANDÓN ESCOBAR, DORIS DE JESÚS
BLANDÓN ESCOBAR, DORA MARLENY BLANDÓN ESCOBAR y CARLOS ENRIQUE
BLANDÓN ESCOBAR, los cuales les fueron vulnerados dentro del proceso de
Reparación Directa radicado 05001333302420190008200, iniciado por ellos contra la
NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL Y EJÉRCITO
NACIONAL, por causa de las decisiones judiciales –sentencias- adoptadas por el
JUZGADO 24 ADMINISTRATIVO DE MEDELLIN, el pasado 30 de septiembre de 2021,
y por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA el 18 de septiembre de 2024,
aplicando de manera retroactiva una sentencia de unificación jurisprudencial, en
detrimento de los derechos y garantías fundamentales de los accionantes, a pesar de
tratarse también de un caso de alegada responsabilidad del Estado derivado de un
presunto delito de lesa humanidad. Decisiones judiciales adoptadas contra legem por las
autoridades accionadas, en cuanto abiertamente contradicen la expresa voluntad del
legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA y en
contra de precedentes verticales habilitantes aplicados inter comunis y vigentes a la
época de presentación de la demanda y, dictadas en desacato de la interpretación
constitucional acuñada con supremacía funcional en las sentencias T-352 de 2016, T-
296 de 2018 y las propias sentencias denominadas de unificación SU- 312 de 2020 de
la Corte Constitucional y la SU de 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, trasgrediendo adicionalmente la doctrina Convencional de las sentencias de
la Corte IDH Barrios Altos vs Perú, Valle Jaramillo y otros vs Colombia, García Lucero vs
Chile, Villamizar Durán y otros vs Colombia, Órdenes Guerra vs Chile y Familia Julien
Grisones vs Argentina vinculantes para Colombia y aplicables al presente caso concreto
conforme al principio de convencionalidad y al bloque de constitucionalidad.

SEGUNDO: Que, como consecuencia del amparo solicitado, en favor de los
demandantes, también con efectos inter comunis o inter pares, por favor SE DECLAREN
NULAS por incompatibilidad con la Constitución Política de Colombia y por ser
transgresoras del Bloque de Constitucionalidad y de la expresa voluntad del legislador
expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA -y, en
consecuencia carente de efectos jurídicos-, las providencias del 30 de septiembre de
2021, dictada por el Juzgado 24 Administrativo de Medellín, así como la sentencia del 18
de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de
Antioquia, la cual CONFIRMÓ la citada decisión de primera instancia, DECRETANDO la
caducidad en instancia de cierre, dentro del proceso de Reparación Directa radicado
05001333302420190008200, iniciado por los señores RUBY ASTRID AGUDELO
GÓMEZ, STEVENS ADOLFO BLANDÓN AGUDELO, LUZ ANGÉLICA BLANDÓN
ESCOBAR, AURA ROSA BLANDÓN ESCOBAR, GLORIA DE JESÚS BLANDÓN
ESCOBAR, DORIS DE JESÚS BLANDÓN ESCOBAR, DORA MARLENY BLANDÓN
ESCOBAR y CARLOS ENRIQUE BLANDÓN ESCOBAR.

TERCERA: Que privadas de efectos jurídicos las providencias judiciales de la que
pedimos se declare su anulación, se ordene a las autoridades judiciales accionadas, en
el ámbito de sus competencias (Ley 1437 de 21), expedir las sentencias de reemplazo,
sin que se aplique la CADUCIDAD DE LA ACCIÓN (Artículo 164 del CPACA) y que
tampoco se aplique la sentencia de unificación Consejo de Estado en la sentencia del
veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020), proferida dentro del expediente No.
85001- 33-33-002-2014-00144-01 (61.033) con ponencia de la magistrada MARTA
NUBIA VELÁSQUEZ RICO”.

2. Hechos

De las pruebas que obran en el expediente de tutela, se encuentran los siguientes:

El 25 de febrero de 2019, la parte actora promovió demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y
Policía Nacional, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente
responsables por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del
atentado terrorista ocurrido los días 6 y 7 de diciembre de 2000 en el municipio de

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Demandantes: Ruby Astrid Agudelo Gómez y otros

Granada, Antioquia, en el que perdió la vida el señor Alirio Blandón Escobar (q. e.
p. d.) y resultó herida su cónyuge, la señora Ruby Astrid Agudelo Gómez.

El conocimiento del asunto fue asignado por reparto al Juzgado Veinticuatro
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, que mediante auto de 13 de marzo
de 2019 rechazó la demanda, al considerar que había operado el fenómeno de la
caducidad.

Contra dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación bajo el
argumento de que el caso no estaba sujeto al término de caducidad por tratarse de
hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad.

Mediante auto de 29 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Antioquia
resolvió el recurso de apelación y revocó la decisión que rechazó la demanda, bajo
el argumento de que en el proceso se alegaba la ocurrencia de un daño derivado
de hechos de lesa humanidad. En consecuencia, precisó que solo con un análisis
fáctico y probatorio suficiente podría determinarse la oportunidad en la presentación
de la demanda.

En virtud de lo anterior, el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín por auto de 15 de enero de 2020 admitió la demanda. No obstante,
mediante sentencia anticipada de 30 de septiembre de 2021 declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control de reparación directa. Para sustentar
dicha decisión, la autoridad judicial accionada indicó que los demandantes tuvieron
conocimiento del daño el 7 de diciembre de 2000, por lo que el término para acudir
a la jurisdicción contencioso administrativa vencía el 8 de diciembre de 2002.

La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación por la parte actora, quien
alegó que la declaratoria de caducidad vulneró el derecho al debido proceso, el
acceso a la administración de justicia y el principio de confianza legítima, toda vez
que existía un pronunciamiento previo del superior jerárquico que resolvió dicho
aspecto, el cual debía ser acatado. Además, sostuvo que se aplicó de manera
indebida la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 29 de enero de 2020.

Finalmente, por medio de sentencia de 18 de septiembre de 2024, la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión que
declaró probada la excepción de caducidad. Para ello, precisó que conforme con la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, el término de caducidad previsto
por el legislador resulta aplicable a todos los casos en los que se pretenda la
responsabilidad patrimonial del Estado, incluso en aquellos relacionados con delitos
de lesa humanidad. En consecuencia, consideró que debía valorarse el momento
en que se tuvo conocimiento del hecho dañoso, el cual ocurrió entre el 6 y 7 de
diciembre de 2000, por lo que el plazo con el que contaba la parte demandante para
acudir a la jurisdicción venció el 8 de diciembre de 2002.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora hizo un recuento jurisprudencial sobre los requisitos generales y
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y
expuso que la decisión cumple el requisito de relevancia constitucional, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales con la decisión que declaró
probada la excepción de caducidad en un escenario de grave violación a los
derechos humanos, cuyo conocimiento está exceptuado de rigor exegético del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, por lo que consideró que se desconocieron los
criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado que permiten flexibilizar el término
de caducidad en estos eventos.
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Demandantes: Ruby Astrid Agudelo Gómez y otros

Sostuvo que al momento en que se presentó la demanda se precisó que al tenor de
lo dispuesto en el literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 y a pesar de que la señora
Ruby Astrid Agudelo Gómez, resultó lesionada el día del atentado, el asunto no se
encuentra incurso en el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción ya que se
trata de un daño derivado del conflicto armado interno de Colombia y que causó
graves violaciones a los derechos humanos, por lo que se trata de un delito de lesa
humanidad sobre el cual procede la reparación integral de las víctimas.
Señaló que en el proceso no debió dictarse sentencia anticipada al declarar probada
la caducidad de la acción, sino que debió agotarse todas las etapas procesales que
contempla la Ley 1437 de 2011, es decir, la celebración de la audiencia inicial, la
audiencia de pruebas, de trámite y dictarse la sentencia de primera instancia.
Mencionó los términos señalados en las sentencias T-352 de 2016 y T-296 de 2018
de la Corte Constitucional y la decisión de 29 de noviembre de 2018 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos dictada en el caso Órdenes Guerra y otros
vs Chile, en las que se aclaró que “la imprescriptibilidad se justifica en que ‘la obligación
del Estado de reparar es por la naturaleza de los hechos y no dependen del tipo de acción
que busque hacerla valer”.

Adujo que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en las
sentencias de 30 de abril y 30 de agosto de 20212, indicó que el análisis de la
caducidad de la acción en los casos relacionados con crímenes de lesa humanidad
debía analizarse conforme el precedente judicial vigente al momento en que se
presentó la demanda, ya que los cambios jurisprudenciales no pueden ser
retroactivos cuando atentan contra las garantías procesales, como lo es el acceso
a la administración de justicia.
4. Oposición

4.1. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional

4.1.1. La apoderada judicial del Ejército Nacional rindió informe en el que solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, por considerar que la parte accionante
omitió señalar los defectos en que incurrió la decisión reprochada y por presentarse
un debate que fue objeto de pronunciamiento por parte del juez ordinario.

Refirió que de las pruebas y la situación fáctica expuesta se podía establecer que
pasaron dieciocho años desde que ocurrió el hecho dañoso y el momento en que la
parte demandante acudió a la jurisdicción contencioso administrativa.

4.1.2. La asesora jurídica de la Policía Nacional pidió declarar improcedente la
acción de tutela, para lo cual sostuvo que los demandantes acudieron al mecanismo
constitucional para que se materialicen los derechos que considera vulnerados y
que fueron garantizados en el proceso ordinario, a lo que agregó que la decisión
llegó a la conclusión de que operó el fenómeno de la caducidad, sin que exista
vulneración a los derechos fundamentales alegados.

4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia no rindió informe y el Juzgado
Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Medellín remitió copia digital
del expediente ordinario.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 16
de mayo de 2025, resolvió lo siguiente:

2 Exp. Radicado n.º 11001-03-15-000-2020-04068-01. M.P. Ramiro Pazos Guerrero y 11001-03-15-000-2021-

00097-00. M.P. Alberto Montaña Plata.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01552-01
Demandantes: Ruby Astrid Agudelo Gómez y otros

“PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por Ruby Astrid
Agudelo Gómez y otros contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible”.

Señaló que la acción de tutela no supera el requisito de la relevancia constitucional,
en tanto los argumentos propuestos están encaminados a reabrir la controversia
decidida por el juez natural y denotan divergencias de carácter legal.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo
cual indicó que ratifica “los fundamentos de hecho, de derecho y jurisprudenciales
plasmados en el libelo demandatorio, con el fin de que el juez Ad Quem, tome como
parámetro para revocar en su integridad la sentencia de primera instancia, a través de la
cual se negó el amparo deprecado”.

Adicionalmente, señaló que en el proceso ordinario no se debió dictar sentencia
anticipada sino agotar todas las etapas procesales previstas en la Ley 1437 de 2011
y proferirse decisión de fondo, para lo cual sostuvo “se reitera, sin aplicación del término
de caducidad por tratarse de imputación a agentes del estado de delitos de lesa humanidad,
cuya demanda fue impetrada desde el 25 de febrero de 2019, fecha para la cual era
imperante, reiterada y pacífica la jurisprudencia que ordenaba la no aplicación del término
de caducidad de dos años; sin que sea de recibo incluso, la aplicación con efectos
retroactivos de la sentencia de unificación del h. consejo de estado en la sentencia del
veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020), proferida dentro del expediente no.
85001- 33- 33-002-2014-00144-01 (61.033) con ponencia de la magistrada Marta Nubia
Velásquez Rico”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 16 de mayo de 2025 de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional, y de
encontrarse superados los demás presupuestos generales cuando se cuestiona una
decisión judicial, si se debe acceder al amparo constitucional en los términos
propuestos por la parte actora.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
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obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 6,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
Constitución15.

3 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de

competencia para ello.
9 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que

se sustenta la decisión.
11 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan

una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo

condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y

jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
14 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario

aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
15 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-

061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte Constitucional17.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Contrario a lo sostenido por el a quo, el asunto bajo examen cumple el
requisito de relevancia constitucional

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 16
de mayo de 2025, declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, bajo el
argumento de que la parte actora no cumplió con el requisito de la relevancia
constitucional por acudir al mecanismo constitucional a modo de tercera instancia,
al presentar una discusión que fue zanjada por el juez natural.

Para la Sala, la acción de tutela cumple el citado requisito porque aun cuando se
presentan los mismos argumentos del escrito de apelación del trámite ordinario, en
el caso, debe determinarse si el fallo de segunda instancia proferido en el medio de
control de reparación directa que confirmó la decisión que declaró probada la
excepción de caducidad, limita el alcance y goce de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la reparación integral y de acceso a la
administración de justicia de los demandantes, al pasar por alto que se trata de un
asunto derivado de delitos de lesa humanidad como fuere calificado por el juez de
la reparación y que fue presentado con antelación a la expedición de la sentencia
de unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera de esta
Corporación, por lo que no se observa que la solicitud de amparo se presente como
un asunto de mera legalidad, además de cumplir con la carga mínima y explicativa
argumentativa para dictar una decisión de mérito.

En relación con los demás requisitos, se encuentran acreditados, toda vez que (ii)
la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues en el caso
se agotó el recurso de apelación contra la sentencia reprochada, y se observa que
no se configura ninguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario
de revisión y de unificación de jurisprudencia, (iii) se cumple el requisito de la
inmediatez, toda vez que la providencia inicial objetada fue notificada mediante
correo electrónico enviado el 18 de septiembre de 2024 y la acción de tutela se
presentó el 17 de marzo de 2025, dentro de los seis (6) meses establecidos como
plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional18; (iv) se
identificaron de manera razonable los hechos que generaron la supuesta

16 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),

Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz

Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
18
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
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vulneración de derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un fallo
de tutela.

Así las cosas, la Sala revocará la sentencia que declaró la improcedencia de la
acción de tutela y procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto.

4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos por
desconocimiento del precedente judicial y sustantivo

La parte actora impugnó la decisión referida bajo el argumento de que la autoridad
judicial accionada con la decisión que confirmó la declaratoria de caducidad del
medio de control de reparación directa, desatendió que se trata de hechos que
podrían constituir delitos de lesa humanidad, decisión que tuvo por sustento una
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 que fue posterior a la presentación
de la demanda.

Así las cosas, aun y cuando la parte demandante no precisó los defectos en que
incurrió la sentencia cuestionada, de los argumentos propuestos en el escrito de
tutela la Sala advierte que se enmarcan en el defecto por desconocimiento del
precedente judicial y sustantivo, al cuestionar la falta de aplicación de los
precedentes judiciales vigentes al momento en que se presentó la demanda
relacionados con la caducidad en los eventos de lesa humanidad y porque
consideró que está exceptuado de rigor exegético del artículo 164 de la Ley 1437
de 2011.

Sobre el defecto sustantivo se tiene que se materializa cuando la decisión que
adopta el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconoce,
lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede darse en
los siguientes casos:
“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se
sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada inconstitucional.
(ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por no ser
pertinente. A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su
aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por ejemplo,
cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador (iv) Cuando se
aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia con efectos erga omnes.
En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una
sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico. (v) La disposición
aplicada se muestra injustificadamente regresiva o claramente contraria a la
Constitución. (vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en
la disposición. (vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso. (viii) El servidor judicial
da una insuficiente sustentación o justificación de una actuación que afecta derechos
fundamentales. (ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable
de argumentación. (x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución. Se trata de la
aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el
contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es contrario a la constitución,
o al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que
debe ser igualmente inaplicada. (xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia
entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la
resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia” 19.

Además de las anteriores circunstancias, se ha señalado que una autoridad judicial
puede incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al menos,
dos hipótesis: “(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta
no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o de manera injustificada para los
intereses legítimos de una de las partes; y (ii) cuando le confiere a la disposición

19
Corte Constitucional, sentencia SU-574 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

8

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infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir
de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango
constitucional o conduce a resultados desproporcionados, sacando la decisión del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable”20.

En relación con el desconocimiento del precedente judicial, es necesario
precisar que la Corte Constitucional ha dicho que su aplicación implica que21 «un
caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el (los) caso (s) del
pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la
pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o
ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de
hecho para su aplicación».

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas22:

1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer
las razones por las que estima que se desconoció15.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre
el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial.
Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez
expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la
decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez
hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto 23.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho
a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la confianza
legítima.

Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala anticipa que revocará la sentencia
impugnada y, en su lugar, negará las pretensiones de la acción de tutela, por
considerar que la decisión objeto de reproche no incurrió en los defectos por
desconocimiento del precedente judicial y sustantivo, como pasa a exponerse:

El 25 de febrero de 2019, la parte accionante promovió demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional y Policía Nacional, con el fin de que se les declarara administrativa y
patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios ocasionados como
consecuencia del atentado terrorista ocurrido los días 6 y 7 de diciembre de 2000
en el municipio de Granada, Antioquia, en el que perdió la vida el señor Alirio
Blandón Escobar (q. e. p. d.) y resultó herida su cónyuge, la señora Ruby Astrid
Agudelo Gómez.

20
Ibíd.
21
Sentencia T-158 de 2006.
22
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
23
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de
juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren
a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto
de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
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El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Veinticuatro Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín, que mediante auto de 13 de marzo de 2019 rechazó
la demanda, al considerar que había operado el fenómeno de la caducidad. Sin
embargo, esa decisión fue revocada por el Tribunal Administrativo de Antioquia por
auto de 29 de noviembre de 2019, en el que se consideró que en el proceso se
alegaba la ocurrencia de un daño derivado de hechos de lesa humanidad, por lo
que precisó que solo con un análisis fáctico y probatorio suficiente podría
determinarse la oportunidad en la presentación de la demanda. En consecuencia,
por auto de 15 de enero de 2020, el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín admitió la demanda.

El 30 de septiembre de 2021, el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín profirió sentencia anticipada en la que declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control de reparación directa. Dicha decisión
tuvo como fundamento la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado el 29 de enero de 2020 y señaló lo siguiente:

“De las manifestaciones realizadas en la demanda, y de las pruebas atrás relacionadas,
se advierte claramente que los hoy demandantes tuvieron conocimiento tanto de los
hechos que ocasionaron la muerte del señor Alirio Adolfo Blandón Escobar, como de los
autores del acto, y de las circunstancias que rodearon los acontecimientos desde la fecha
misma de su ocurrencia, esto es, desde el 6 de diciembre de 2000.

Lo anterior, teniendo en cuenta no sólo lo narrado en la demanda en cuanto a que la
señora RUBY ASTRID AGUDELO GÓMEZ, cónyuge del fallecido, presenció lo ocurrido,
resultando incluso lesionada durante los mismos hechos violentos, según se afirma en
la demanda; sino atendiendo la información contenida en el informe de novedad, en el
cual se plasman los detalles del siniestro, y se da cuenta de la muerte de un personal,
entre los cuales se encuentra el IT BLANDON ESCOBAR ALIRIO.

De lo anterior se desprende que los familiares de la víctima tuvieron conocimiento de los
hechos y de las circunstancias dentro de los cuales sucedieron, desde la misma fecha
de su ocurrencia, esto es, durante los días 6 y 7 de diciembre de 2000, momento mismo
en el cual advirtieron el presunto actuar omisivo en que se afirma incurrieron los entes
demandados, consistentes en no haber tomado las medidas o precauciones necesarias
para contrarrestar el ataque subversivo y no hacer presencia en el lugar, sino hasta el
día siguiente cuando ya se había perpetradora ofensiva terrorista”.

Así las cosas, consideró que los demandantes tuvieron conocimiento del hecho
dañoso el 7 de diciembre de 2000, por lo que el término para acudir a la jurisdicción
contencioso administrativa vencía el 8 de diciembre de 2002. En esa oportunidad,
se advirtió que en el expediente no existía prueba que permitiera inferir o arribar a
alguna circunstancia que le hubiese impedido acudir dentro de los términos
señalados, ya que se demostró que se habían promovido otro tipo de trámites
administrativos tendientes a obtener el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes.

Contra la anterior decisión la parte de la actora, el 20 de octubre de 2021 interpuso
recurso de apelación bajo las siguientes consideraciones:

“Con el acostumbrado respeto para con la Jueza de primera instancia, la parte
demandante disiente de la decisión adoptada en la sentencia anticipada de fecha 30 de
septiembre de 2021, en cuanto declaró la configuración del fenómeno jurídico de la
caducidad de la acción del medio de control de reparación directa, lo que a criterio de la
parte actora comporta la vulneración de los derechos al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, así como el claro desconocimiento del principio de confianza
legitima. Las razones que sustentan lo acabado de señalar, se expondrán con detalle a
continuación, y son suficientes argumentos para solicitar al Tribunal la revocatoria de la
sentencia objeto del recurso de apelación. Veamos:

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2.1 Para la parte actora es claro que en el presente proceso no debió dictarse sentencia
anticipada al declarar probada la caducidad de la acción, sino que en su lugar, debieron
agotarse todas las etapas procesales que contempla la Ley 1437 de 2011 (CPACA), es
decir, la celebración de la audiencia inicial, la audiencia de pruebas y la de trámite y
juzgamiento (artículo 180 y ss. del CPACA), y dictarse la sentencia de primera instancia.

En efecto, la parte actora estima que la A quo debió ceñirse de manera estricta a lo
ordenado por el Honorable Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Antioquia, quien
mediante providencia interlocutoria de fecha 29 de noviembre de 2019, revocó en su
integridad el auto calendado 13 de marzo de 2019, por medio del cual la Jueza de
instancia había rechazado la demanda, al declarar probada la caducidad de la acción, al
momento de estudiar la admisibilidad de la demanda, es por ello que con la decisión
adoptada en la sentencia objeto de cesura, se vulneraron a la parte actora los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, y de contera,
se desconoció el principio de confianza legítima, pues no puede pasarse por alto que el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Antioquia, a su vez con sustento en la
reiterada jurisprudencia emanada del Honorable Consejo de Estado, había señalado en
la referida providencia interlocutoria, y contrario a lo estimado por la A quo, que la parte
actora sí había acudido oportunamente a radicar la demanda de reparación directa”.

En relación con la aplicación de la sentencia de unificación proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado el 29 de enero de 2020, la parte demandante en el
recurso de alzada indicó que:
“Ahora bien, si en gracia de discusión, se aceptara -que no es así- que las razones
esgrimidas en el numeral anterior no fueran suficientes para lograr la revocatoria de la
sentencia impugnada, lo cierto es que con la decisión adoptada por la A quo, se presenta
también una clara vulneración de los derechos fundamentales de los demandantes al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al principio de la confianza
legítima, ya que no puede aceptarse, como lo asevera la A quo en la sentencia objeto de
censura, en cuanto a la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad, invocando
para tal efecto la reciente sentencia de unificación del Consejo de Estado, así como lo
señalado por la H. Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU312/20 del trece
(13) de agosto de 2020.

Y ello es así, pues es claro que cuando se radicó la solicitud de conciliación prejudicial
ante la Procuraduría Judicial Delegada para Asuntos Administrativos de Medellín,
incluso, cuando se radicó la demanda, estaba en pleno vigor y de manera reiterada, la
jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, en cuanto al deber de los Jueces en la
no aplicación del término de caducidad de que trata el artículo 164 literal i) de la Ley 1437
de 2011, cuando se invocara en el libelo demandatorio la imputación de responsabilidad
a los agentes del Estado como fuente del daño, por delitos de lesa humanidad, de
crímenes de guerra y violación del derecho internacional humanitario, por acción y/o por
omisión. Y este aspecto es fundamental para los intereses de los aquí demandantes,
porque resulta que el Consejo de Estado ha tomado como criterio, que los cambios
jurisprudenciales, en modo alguno pueden aplicarse de manera retroactiva para afectar
con ello los intereses legítimos de quienes años atrás, han acudido a la administración
de justicia, en procura del reconocimiento de un derecho -en el caso concreto
indemnizatorio-cuando se encuentra para la fecha de presentación de la demanda, en
vigor una línea jurisprudencial, como lo es en el caso concreto la no aplicación del término
de caducidad de la acción de reparación directa, previsto en el artículo 164 literal de la
Ley 1437 de 2011. Es por ello que, con todo respeto, la parte actora no está de acuerdo
con la decisión adoptada por la A quo, de aplicar sin más consideraciones que los
argumentos de la sentencia unificadora, el término de caducidad, dejando de analizar las
graves consecuencias para los demandantes, que no son otras diferentes que la
violación de los derechos fundamentales al debido proceso, 'acceso efectivo a la
administración de justicia y de contera, el desconocimiento del principio de confianza
legítima”.

Mediante sentencia de 18 de septiembre de 2024, la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió el recurso de alzada y confirmó la
decisión que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de
reparación directa. Para arribar a tal decisión la autoridad judicial accionada analizó
si el criterio jurisprudencial unificado por la Sección Tercera del Consejo de Estado
no le resultaba aplicable y señaló que:

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“Así mismo, se ha referido el máximo tribunal de lo contencioso, al carácter vinculante
de la posición de unificación contenida en la sentencia del 29 de enero de 2020, al
señalar que las sentencias de unificación de jurisprudencia de los órganos de cierre
tienen fuerza vinculante, por lo que los jueces están obligados a aplicarla para la
solución de casos fáctica y jurídicamente iguales y, por ende, deben aplicar los criterios
de unificación vigentes al momento de proferir sus providencias, aclarando además que
el cambio jurisprudencial tiene efectos retroactivos, por lo que se aplica tanto al caso
sub judice como a los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa.

Y en igual sentido, en providencia del 17 de junio de 2024, citada anteriormente, se
pronunció igualmente sobre la aplicabilidad de la regla de unificación en el tiempo (...)”.

Luego de precisar el marco normativo y hacer un recuento sobre los hechos
probados en el proceso el Tribunal accionado mencionó que:

“Aclarado lo anterior, como se desprende del análisis efectuado en apartado anterior,
es claro que el medio de control de reparación directa aún cuando se aleguen daños
provenientes de crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, está sometido al
término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, esto es, la demanda debe
presentarse dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho dañoso, que
se reitera, para el caso bajo estudio tuvo lugar entre los días 6 y 7 de diciembre de
2000. Así las cosas, el término de caducidad comenzó el día 8 de diciembre de 2000 y
feneció el 8 de diciembre de 2002, sin que la parte interesada hubiese presentado la
demanda correspondiente, la misma que se instauró el 25 de febrero de 2019; o bien,
el trámite para atender el requisito previo de conciliación prejudicial que fue iniciado el
19 de diciembre de 2018, cuando la oportunidad igualmente se encontraba precluida.

A su vez, en aplicación de la decisión de unificación arriba citada, se advierte que la
posibilidad para los demandantes de impetrar la demanda de reparación directa, por
las razones predicadas en el escrito inicial, esto es, la omisión de protección, se
evidenció desde el momento mismo de ocurrencia de los hechos, pues como la misma
parte lo afirma en el escrito de demanda se hacía evidente la amenaza que se cernía
sobre el municipio de Granada y, la ausencia que hoy se predica de las autoridades
encargadas de la protección de la población civil.

Igualmente, no se acreditó por la parte interesada la existencia de situaciones que
impidieran a los demandantes ejercer su derecho de acción desde el momento mismo
del hecho, para lo que se encuentra que desde la presentación de la demanda, se puso
de presente que la razón de acudir casi 18 años después al medio de control,
encontraba razón de ser en la consciencia de que por ser un delito de lesa humanidad
no estaba sometido al término de caducidad.

Con lo expuesto, se advierte que no le asiste razón entonces al recurrente y es claro
que el término de caducidad a que se ha hecho referencia sí resulta aplicable al proceso
bajo estudio, no obstante es necesario resolver sobre los argumentos esgrimidos en
torno a la aplicabilidad del criterio de unificación jurisprudencial a este evento”.

En esa medida, la Sala destaca que la autoridad judicial accionada, en el marco del
proceso de reparación directa, profirió sentencia de segunda instancia en la que
confirmó la decisión que declaró probada la excepción de caducidad del medio de
control, a partir de la jurisprudencia vigente, esto es, la sentencia de unificación de
29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Así las cosas, la Sala destaca que la Sección Tercera del Consejo de Estado al
encontrar que existían posturas disimiles frente a la valoración de la caducidad del
medio de control de reparación directa en asuntos en los que estuviese de por medio
delitos de lesa humanidad, el 29 de enero de 2020, dentro del proceso con radicado
núm. 85001-33-33-002-2014-00144-01, profirió sentencia de unificación sobre la
materia y decidió unificar lo relativo con la caducidad en los eventos en los que se
alegan delitos de lesa humanidad.

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Por lo anterior, tal y como lo ha resuelto la Sala en casos con similares contornos
fácticos24, ese argumento resulta suficiente para precisar a los demandantes las
razones por las cuales la autoridad judicial accionada optó por aplicar la sentencia
de unificación de 29 de enero de 2020, pues al momento en que se radicó la
demanda no existía un criterio unificado en el órgano de cierre.

No obstante, la Corte Constitucional en sentencia T-024 de 2024 indicó que los
efectos de las reglas establecidas en la sentencia de unificación son generales e
inmediatos frente a los procesos que se encontraran en curso para ese momento,
razón por la cual resulta vinculante a la parte demandante.

Ahora bien, en relación con las providencias de la Corte Constitucional invocadas
por la parte demandante25 se advierte que fueron proferidas con anterioridad a la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, esto es, cuando no había un
criterio uniforme sobre el asunto, por lo que no resultaban obligatorias para la
autoridad judicial accionada.

Respecto de las sentencias de tutela de 30 de abril y 30 de agosto de 2021
proferidas por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
las que el accionante afirma que se ampararon los derechos fundamentales de los
demandantes, bajo el argumento de que se les había declarado la caducidad con
sustento en la mencionada sentencia de unificación, a pesar de que la demanda se
presentó con anterioridad a dicha decisión y cuando el criterio mayoritario de la
Sección Tercera del Consejo de Estado apuntaba a que no era procedente aplicar
el fenómeno jurídico de la caducidad a las acciones de reparación directa con
pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de crímenes de lesa
humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los derechos humanos, en
atención a su naturaleza imprescriptible, es necesario reiterar que la autoridad
judicial accionada decidió aplicar el criterio unificado del órgano de cierre, por lo
que los fallos de tutela traídos a consideración no resultan vinculantes para el
presente asunto.

Sobre el argumento encaminado a indicar que el asunto está exceptuado de rigor
exegético del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, se reitera que la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, señaló que solo en los casos de la desaparición
forzosa es que no se aplicará el término de los dos años en los términos
establecidos en el mencionado artículo, por existir disposición especial, solo hasta
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u
omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, situación que no ocurrió en el presente asunto.

En esos términos, para la Sala la decisión objeto de reproche constitucional no
incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente judicial y sustantivo, al
aplicar los efectos de la sentencia de unificación al caso, aun y cuando este fue
presentado ante la jurisdicción contencioso administrativa de manera previa a que
se dictaran las reglas allí establecidas, pues como se indicó ello se dio en virtud de
que no existía un criterio unificado sobre la valoración de la caducidad en los
eventos en los que se alegan delitos de lesa humanidad.

Finalmente, en relación con la inconformidad manifestada respecto a la emisión de
sentencia anticipada antes de agotarse todas las etapas procesales, la Sala
observa que esa se ajusta a lo previsto en el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011,
adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, en virtud del cual el juez puede
proferir sentencia anticipada en cualquier estado del proceso cuando se verifique
24 Sentencia de 3 de octubre de 2024. Expediente de tutela con radicado n.º 11001-03-15-000-2024-03963-00.

M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
25 Sentencias T-352 de 2016 y T-296 de 2018

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la existencia de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta
de legitimación en la causa o prescripción extintiva.

Por las razones expuestas, la Sala revocará el fallo impugnado del 16 de mayo de
2025, proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
que declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, negará las
pretensiones.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
FALLA

Primero.- Revocar la sentencia de 16 de mayo de 2025, dictada por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar,

Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por los señores
Ruby Astrid Agudelo Gómez, Stevens Adolfo Blandón Agudelo, Luz Angélica
Blandón Escobar, Aura Rosa Blandón Escobar, Gloria de Jesús Blandón Escobar,
Doris de Jesús Blandón Escobar, Dora Marleny Blandón Escobar y Carlos Enrique
Blandón Escobar, quienes actúan por intermedio de apoderado judicial, por las
razones aquí expuestas.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclara el voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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