Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01555-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01555-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01555-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
30 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01555-00
Demandante: Nicolás Bonilla Fernández
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01555-00
Demandante: NICOLÁS BONILLA FERNÁNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTROS
Temas: Contra providencia judicial. Caducidad en medio de control de
reparación directa. Falta de relevancia. Reiteración de argumentos
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Nicolás Bonilla Fernández contra el
Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 17 de marzo de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderada judicial,
Nicolás Bonilla Fernández pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, y de acceso a la administración de justicia.
A juicio del accionante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de los autos del 27 de junio y del 19 de septiembre de 2024, dictados por el
Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima,
respectivamente, que rechazaron por caducidad de la demanda de reparación directa
73001-33-33-009-2024-00143-00/01.
2. Pretensiones
El actor formuló las siguientes pretensiones:
1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y, en consecuencia,
declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 9
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 27 de junio de 2.024, y la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima el 19 de septiembre de 2.024, en el proceso de REPARACION
DIRECTA de NICOLÁS BONILLA FERNÁNDEZ, radicado No. 73001-33-33-009-2024-00143 00, así
como también las actuaciones posteriores a la sentencia, tales como: auto de obedézcase y cúmplase
del 1 de noviembre de 2.024, y subsiguientes, proferidos por el Juzgado 9 Administrativo Oral del
Circuito de Ibagué.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo con lo establecido en la
Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en
la primera consagrados.
1 Índice 1 Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01555-00
Demandante: Nicolás Bonilla Fernández
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1 De la actuación administrativa
El señor Nicolás Bonilla Fernández fue capturado el 19 de agosto de 2021 por el delito
de concierto para delinquir en cumplimiento de una orden de captura proferida por el
Juzgado 6º Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué2, y
permaneció detenido en las instalaciones de la Unidad Permanente Central de la Policía
de Ibagué desde el 19 de agosto de 2021 hasta el 23 de diciembre del mismo año, día
en que fue recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana
Seguridad de esa ciudad (Coiba).
El 17 de enero de 2023, el señor Bonilla Fernández presentó derecho de petición ante la
Policía Metropolitana de Ibagué, en la que solicitó que se le informara la capacidad total
con la que contaba su Unidad Permanente Central para albergar detenidos y el porcentaje
de hacinamiento que allí se presentaba entre agosto de 2020 y enero de 2023.
El 19 de enero de 2023, mediante Oficio GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-29.25,
la Policía Metropolitana de Ibagué le informó al peticionario que su Unidad Permanente
Central tuvo un hacinamiento del 408% en el 2020, 514% en el 2021, 561% en el 2022 y
del 563% en el 2023.
El 18 de diciembre de 2023, el demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial
ante la Procuraduría 163 Judicial II para Asuntos Administrativos de la Procuraduría
General de la Nación, la cual se declaró fallida el 7 de marzo de 2024.
3.2 Del proceso de reparación directa
El 11 de junio de 2024 el señor Nicolás Bonilla Fernández y sus familiares3 presentaron
demanda de reparación directa contra municipio de Ibagué y otros entes estatales4, para
que se les declarara administrativamente responsables de los daños que sufrió mientras
estuvo recluido en la Unidad Permanente Central de la Policía de Ibagué, derivados del
hacinamiento que allí se presentaba, y se les ordenara resarcirles los correspondientes
perjuicios.
Al asunto contencioso-administrativo se le asignó el radicado 73001-33-33-009-2024-
00143-00 y correspondió por reparto al Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué, que
por auto del 27 de junio de 2024 rechazó la demanda por haber operado la caducidad, al
considerar que el demandante conoció del hacinamiento de la Unidad Permanente
Central de la Policía el 19 de agosto de 2021 (que para ese año era de 514%), día en
que ingresó allí, por lo que a partir de esa fecha inició el conteo del lapso que tenía para
promover el medio de control de reparación directa, de ahí que debiera incoarlo antes del
20 de agosto de 2023, no obstante, el actor solicitó la conciliación prejudicial el 18 de
diciembre de 2023, esto es, cuando ya había operado el mencionado fenómeno procesal.
Inconforme con la anterior decisión, el señor Nicolás Bonilla Fernández presentó
apelación, desatada el 19 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Tolima, en el sentido de confirmar la providencia de primera instancia, básicamente por
las mismas razones expuestas por el a quo.
2 Radicado 73-001-60-99-093-2020-001-992-00
3 Nubia Argenis Fernández Melo, Paula Andrea Bonilla Fernández, Luis Miguel Cubillos, Myriam Díaz Garzón, Ricardo
Roa Escarraga, César Andrés Escobar Sepúlveda, Graciela Sepúlveda de Escobar, Jesús David Castro Morales, Lida
Morales, Carol Adriana Castro Morales, Emiyojana Castro Morales, Paola Andrea Castro Morales, David Camilo
Montenegro y Lenis Cortés Herrera
4 La Nación – Rama Judicial, Ministerios de Justicia y del Derecho y de Defensa Nacional – Policía Nacional, Fiscalía
General de la Nación, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (Uspec) y departamento del Tolima.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01555-00
Demandante: Nicolás Bonilla Fernández
4. Fundamentos de la acción
De manera preliminar, el demandante expuso las razones por las que la tutela cumplía
los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial y los argumentos
que invocó conciernen a las siguientes causales específicas:
Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, las
autoridades accionadas inaplicaron el criterio de la Corte Constitucional5 y del Consejo
de Estado6, según el cual la caducidad en procesos reparación directa concernientes a
daños continuados, como el 73001-33-33-009-2024-00143-00/01, inicia a contabilizarse
desde que cesan los efectos de estos, ya que es a partir de ese momento en que se tiene
certeza de la magnitud del hecho dañoso, premisa en virtud de la cual los 2 años con los
que contaba para promover la demanda iniciaron a contabilizarse cuando salió de la
Unidad Permanente Central de la Policía de Ibagué, esto es, el 23 de diciembre de 2021.
Que además se presentó desconocimiento de la sentencia SC016-2018, de enero 24 de
2018 de la Corte Suprema de Justicia, que dijo lo señalada en el párrafo precedente al
decidir un recurso extraordinario de revisión.
El actor también alegó que se presentó un desconocimiento del precedente horizontal,
por cuanto las entidades accionadas omitieron tener en cuenta las sentencias del Tribunal
Administrativo del Quindío del 8 de noviembre de 20247, del Tribunal Administrativo del
Tolima del 5 de septiembre de 20248 y del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de decisión, del 29 de enero de 20249, en las que se contabilizó el término de
caducidad cuando cesaron los efectos del hecho dañoso continuado.
5. Trámite procesal
Por auto del 21 de marzo de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda
presentada por Nicolás Bonilla Fernández y, entre otras cosas, ordenó notificar en calidad
de demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima y al juez noveno
administrativo de Ibagué, y en condición de terceros interesados a quienes integraron la
parte allí demandada10. No obstante, no se dispuso a vincular como terceros con interés
a quienes actuaron como demandados en ese expediente, ya que no se trabó la litis.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General de esta Corporación
practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 26 y 31
de marzo de 202511.
6. Intervenciones
El magistrado ponente de la decisión cuestionada del Tribunal Administrativo del
Tolima hizo un recuento de la providencia de segunda instancia y solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela, pues los cargos allí formulados por el tutelante
son los mismos que planteó en el proceso de reparación directa 73001-33-33-009-2024-
00143-00/01 y que desestimó.
5 Sentencias SU-241 del 2024, M. P. Cristina Pardo Schlesinger, y C-115 de 1998, M. P. Hernando Herrera Vergara.
6 Sección tercera, sentencias (i) del 30 de enero de 2013, M. P. Danilo Rojas Betancourth, expediente 25000-23-26-
000-1997-05265-01; (ii) del 26 de junio de 2015, M. P. Stella Conto Díaz del Castillo, expediente 25000-23-41-000-
2014-01569-01; y (iii) del 6 de diciembre de 2022, M. P. Guillermo Sánchez Luque, expediente 05001-23-31-000-2002-
04829-01.
7 Radicado 63001-3333-005-2024-00227-01.
8 Radicado 73001 33-33-001-2024-00124-01.
9 Radicado 05001 33 33 029 2019 00033 01.
10 Nubia Argenis Fernández Melo, Paula Andrea Bonilla Fernández, Luis Miguel Cubillos, Myriam Díaz Garzón, Ricardo
Roa Escarraga, César Andrés Escobar Sepúlveda, Graciela Sepúlveda de Escobar, Jesús David Castro Morales, Lida
Morales, Carol Adriana Castro Morales, Emiyojana Castro Morales, Paola Andrea Castro Morales, David Camilo
Montenegro y Lenis Cortés Herrera.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01555-00
Demandante: Nicolás Bonilla Fernández
La juez novena administrativa de Ibagué allegó un enlace del expediente, y solicitó que
se declarara improcedente la acción constitucional, por cuanto las providencias
censuradas no constituyeron vías de hecho, ni incurren en alguna de las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
Los demás integrantes de la parte demandante en el proceso de reparación directa
73001-33-33-009-2024-00143-00/01 no se pronunciaron sobre las pretensiones del
tutelante, pese a que se les notificó el auto admisorio de la tutela, mediante correos del
26 y 31 de marzo de 2025.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Nicolás
Bonilla Fernández para dejar sin efectos los autos del 27 de junio de 2024 y del 19 de
septiembre de 2024, con los que el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué y el
Tribunal Administrativo del Tolima rechazaron por caducidad la demanda de reparación
directa 73001-33-33-009-2024-00143-00/01, en primera y segunda instancia,
respectivamente.
La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, pues no satisface el
requisito general de relevancia constitucional, por cuanto el demandante pretende discutir
aspectos que ya fueron resueltos en el mencionado proceso contencioso-administrativo.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales12 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos13 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0014, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
12 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
13 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
14 MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión del expediente, la Sala advierte que con los argumentos expuestos por el
actor en la solicitud de amparo se pretende insistir en que debió admitirse la demanda de
reparación directa 05001-33-33-029-2019-00033-00/01, toda vez que, a su juicio, el
hecho dañoso allí discutido fue continuado, pues sufrió hacinamiento entre el 19 de
agosto y el 23 de diciembre de 2021, de manera que el término de caducidad debía
contabilizarse desde esta última fecha.
Básicamente, en el aludido proceso y en la acción de tutela de la referencia, el
demandante señaló que se debía admitir la demanda de reparación directa, pues los
entes jurisdiccionales contabilizaron de forma equivocada el plazo que tenía para
promover ese asunto contencioso-administrativo.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto del 27
de junio de 2024, con el que el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué rechazó por
caducidad la demanda de reparación directa, se lee lo siguiente (se transcriben los
apartes pertinentes del resumen realizado):
No se comparte lo anterior, comoquiera que el caso objeto de estudio presentó un daño continuado o
de carácter sucesivo, por ello no debe tenerse en cuenta el momento de la detención del directo afectado
en la Permanente Central de la Policía de Ibagué, por cuanto el daño se prolongó durante todos los
meses que el detenido estuvo recluido en dicha estación, ocasionando perjuicios en el tiempo. En efecto,
desde su captura hasta el día en el que fue removido de la permanente, padeció perjuicios a causa del
hacinamiento carcelario.
[…]
Cabe resaltar que la conducta vulnerante, para el caso en discusión corresponde a la vulneración de
derechos fundamentales y derechos humanos, como lo tiene entendido la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, debido al hacinamiento carcelario soportado en la Permanente Central, el cual se
extendió en el tiempo para el privado de la libertad NICOLAS BONILLA FERNANDEZ, desde el día 19
de agosto de 2021, día de su captura, hasta el 21 de diciembre de 2021, día en el que salió de la
permanente central, es decir, por más de 04 meses, prolongándose el daño, que no dejó de existir hasta
el día que dejó de sufrir las consecuencias del hacinamiento.
[…]
No puede considerarse para efectos del fenómeno de la caducidad del medio de control de la referencia
la fecha de detención del privado de la libertad, por cuanto se estaría dejando por fuera de la órbita
procesal el último día en el que este estuvo detenido en la Permanente Central, día en el que cesó el
perjuicio por causa del hacinamiento.
[…]
En conclusión, en el presente caso el hecho, que fue el hacinamiento carcelario, fue visible hasta el día
en el que el privado de la libertad salió del centro de detención transitoria (Permanente Central),
prolongándose durante toda su detención, es decir, que el hecho o la omisión administrativa se extendió
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en el tiempo y con ello el daño fue perceptible con el pasar del tiempo; por lo tanto, el término de
caducidad debe contabilizarse a partir de que el PPL fue removido de la estación de policía.
Por su parte, en la acción de tutela el accionante insistió en se tenía que admitir la
demanda de reparación directa, pues el término para configurarse la caducidad del
mecanismo de reparación directa debía contabilizarse a partir del día siguiente a su
traslado al Coiba, pues considera que en ese momento cesó el daño antijurídico
continuado. En lo pertinente, el escrito de tutela dice:
De acuerdo con lo anterior, el término de caducidad debe ser calculado desde el día siguiente a la
cesación del daño continuado, es decir, el 24 de diciembre de 2021, a partir del cual transcurrieron 1
año, 11 meses y 25 días, hasta que el accionante radicó solicitud de conciliación extrajudicial para
agotar el requisito de procedibilidad, esto es, el 18 de diciembre de 2023, cuando faltaban 4 días para
la configuración de la caducidad, lo cual suspendió el término de caducidad hasta que la constancia del
trámite de conciliación fue expedida, que lo fue el 7 de marzo de 2024; a partir del día siguiente se
reanudó el cómputo por los días que faltaban cuando se presentó la solicitud de conciliación, por lo que
la caducidad del medio de control operaba el 12 de marzo de 2024.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la demanda de reparación directa se presentó el 11 de marzo de
2024, se contabiliza que fue radicada 1 año, 11 meses y 28 días después de la cesación del daño
continuado, descontando el tiempo de suspensión; es decir que la caducidad no operó el 20 de agosto
de 2023, como se determinó en el fallo, y que el medio de control se ejerció dentro de la oportunidad
establecida en la ley, por lo que no hay lugar a declarar el fenómeno jurídico de la caducidad del mismo.
No obstante lo anterior, si el criterio que se debe adoptar para contabilizar el término de caducidad del
medio de control de reparación directa, en tratándose de indemnización por el estado de hacinamiento
que sufre la persona privada de la libertad, es el de que tal término corre a partir del momento en que
este se percata de dicho estado de hacinamiento, tampoco procedería la declaratoria de caducidad en
el caso bajo estudio, puesto que el accionante sólo vino a tener conocimiento cierto de esa situación
una vez la Policía Metropolitana de Ibagué – Distrito Uno de Ibagué contestó el 19 de enero de 2023,
mediante informe GS-2023-003124-METIB/COSEC DISPO-29.25, que las instalaciones estaban
diseñadas para un cupo máximo de 46 PPL, y las antiguas instalaciones de espacio público para 20
PPL, indicando un porcentaje de hacinamiento del 514%.
[…]
Pese a que la dignidad humana es un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y debe orientar
la interpretación de todas las normas jurídicas, la decisión judicial desconoció que el accionante había
sido sometido a condiciones inhumanas de detención que no estaba en el deber de soportar y que el
Estado tenía la obligación de garantizarle un trato digno, desatendiendo la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el deber
del Estado de garantizar condiciones dignas en los centros de detención, y desconociendo el carácter
continuado del daño sufrido por el actor, aplicando de manera errónea el cómputo del término de
caducidad, sin tener en cuenta que la suspensión de dicho término inició con la solicitud de conciliación
extrajudicial.
[…]
En relación con los daños de carácter continuado o sucesivo, la afectación no ocurre en un solo instante,
sino que se prolonga en el tiempo de manera continua o intermitente, generando un perjuicio constante
para la víctima, y, en consecuencia, el término de dos años para interponer la demanda de reparación
directa debe computarse a partir del día siguiente en que cesó el daño continuado, es decir que la
contabilización del término de caducidad del medio de control comienza cuando el daño continuado ha
finalizado, o desde el momento en que el afectado adquiere conocimiento de la existencia del daño y
de su derecho a reclamar.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Tolima, en
providencia del 19 de septiembre de 2024, en la que se indicó:
[…]
Establecido lo anterior, y dado que la génesis de la presente controversia se suscita en establecer el
momento a partir del cual inicia el cómputo de la caducidad, la Sala considera necesario distinguir ante
qué tipo de daño nos encontramos, es decir, si ante un daño instantáneo o continuado, con el propósito
de definir el inicio del plazo procesal del presente medio de control.
[…]
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Demandante: Nicolás Bonilla Fernández
De conformidad con lo dispuesto por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa
administrativa, se tiene que en los casos de hacimiento, como el sub judice, la caducidad se debe
contabilizar a partir de que se tenga la certeza del conocimiento del daño, y en ese entendido se tiene
que de acuerdo a las pruebas aportadas al cartulario por la parte actora, se evidencia, que el señor
NICOLÁS BONILLA FERNÁNDEZ conoció las condiciones de hacinamiento en las que se encontraba
recluido a partir de su detención, lo cual acaeció el 19 de agosto de 2021.
[…]
En tal sentido, encuentra la Sala que el señor NICOLÁS BONILLA FERNÁNDEZ, conoció la causación
del daño, esto es las condiciones de hacinamiento a las que estaba sometido mientras estaba privado
de su libertad, el día 19 de agosto de 2021, es decir, que los accionantes contaban hasta el 20 de agosto
de 2023 para interponer la demanda o en su defecto para radicar la solicitud de conciliación e interrumpir
el fenómeno de caducidad. (…) Sin embargo, los demandantes elevaron la solicitud de conciliación
extrajudicial hasta el 18 de diciembre de 2023, por lo que se estima que no fue interrumpido el término
de caducidad en tiempo, de tal forma que, para el día 11 de marzo de 2024, cuando fue presentada la
demanda, se encontraba ampliamente vencido el término para la interposición del medio de control de
reparación directa, operando el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.
[…]
Por lo anterior, la Sala advierte que la providencia proferida el 27 de junio de 2024 por el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué, por medio de la cual, se rechazó la demanda por haber
operado el fenómeno jurídico de la caducidad, debe ser CONFIRMADA, de conformidad a lo expuesto
en la parte motiva de este proveído.
Como se ve, con los argumentos expuestos por el demandante en la solicitud de amparo
se pretende continuar el debate jurídico que planteó en el trámite de la demanda de
reparación directa 73001-33-33-009-2024-00143-00/01 para su admisión, y manifestar
su inconformidad respecto al conteo del término de caducidad del medio de control, ya
que afirma que se debió advertir que como el daño antijurídico fue continuado (pues lo
padeció durante su privación de la libertad en la Unidad Permanente Central de la Policía
de Ibagué), ese plazo inició su computo cuando fue trasladado al Coiba.
Si bien el actor alega la configuración de un defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente, lo cierto es que invoca esas causales específicas con el propósito de insistir
en los argumentos que expuso en el recurso de apelación interpuesto contra el auto de
primera instancia y que confirmó el a quo.
Además, es de anotar que los pronunciamientos en los que el actor funda el
desconocimiento del precedente no son aplicables al caso concreto porque estudiaron
situaciones fácticas diferentes a las del accionante. Asimismo, se debe indicar que
cuando se trata de aludir al desconocimiento de jurisprudencia de carácter horizontal, la
decisión del juez no necesariamente debe encontrarse directamente en la línea de
aquellas providencias, pues, estas no cuentan con carácter vinculante y obligatorio para
que el juez pueda proferir una sentencia disidente, caso diferente, al que se pueda
plantear con un desconocimiento del precedente vertical (de sentencia de unificación),
teniendo como premisa el carácter vinculatorio por el cual esta investido el máximo
órgano contencioso.
En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso contencioso-administrativo, finalidad para la que no está previsto este
mecanismo constitucional. La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos
fundamentales, y no puede utilizarse como instancia adicional de los procesos ordinarios.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
demandante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01555-00
Demandante: Nicolás Bonilla Fernández
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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