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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03075-00

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03075-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Jimy Alexander Torres Ortiz dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03075-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

10 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-03075-00
Demandante JIMY ALEXANDER TORRES ORTIZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencias judiciales. Medio de control de
reparación directa. Auto que rechaza demanda de reparación directa
por caducidad. Desconocimiento del precedente judicial. Requisito de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Jimy Alexander Torres Ortiz, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 21 de mayo de 20251, el señor Jimy Alexander Torres Ortiz, quien actúa a través
de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia con los autos del 4 de
septiembre de 2024 (mediante el cual se rechazó la demanda dentro del medio de control
de reparación directa nro. 73001-33-33-009-2024-00180-00), del 28 de noviembre de
2024 (por medio del cual se confirmó la decisión de rechazo) y del 5 de febrero de 2025
(con el cual se ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por el superior).

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y, en
consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el Juzgado
9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 4 de septiembre de 2.024, y el auto
proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 28 de noviembre de 2.024, en el
proceso de REPARACIÓN DIRECTA de JIMY ALEXANDER TORRES ORTIZ, radicado
No. 73001-33-33-009-2024- 00180-00, así como también las actuaciones posteriores al
fallo, tales como: auto de obedézcase y cúmplase del 5 de febrero de 2.025, y
subsiguientes, proferidas por el Juzgado 9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo con lo
establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se vulneren
los derechos fundamentales en la primera consagrados.» (Sic a toda la cita)

2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Jimy Alexander Torres Ortiz afirmó que permaneció detenido en las
instalaciones de la Permanente Central de la Policía de Ibagué del 14 de
diciembre de 2021 al 12 de enero de 2023.

1
Samai, índice 2.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03075-00
Demandante: Jimy Alexander Torres Ortiz

2.2. El actor aseguró que una vez recobró la libertad se enteró de que
«presuntamente había sufrido estado de hacinamiento, pero para confirmarlo era necesario
presentar un derecho de petición ante la Policía Metropolitana de Ibagué, con el fin de
corroborar si había padecido de hacinamiento».

2.3. Señaló que el 17 de enero de 2023 presentó una solicitud para que se le
informara cuál era la capacidad total con la que contaba la Permanente Central
de la Policía de Ibagué para albergar detenidos y si en dichas instalaciones
existía hacinamiento carcelario.

El 19 de enero de 2023, la Policía Metropolitana de Ibagué dio respuesta a la
petición mediante informe GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-29.25 en
el que manifestó: «que tales instalaciones estaban diseñadas para un cupo máximo de 46
PPL, y las antiguas instalaciones de espacio público para 20 PPL, indicando un porcentaje de
hacinamiento del 514%».

Al actor afirma que a partir de la fecha del citado oficio, conoció que «padeció
estado de hacinamiento durante el tiempo que permaneció privado de la libertad».

2.4. El 16 de febrero de 2024, el actor presentó solicitud de audiencia de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 27 Judicial II para Asuntos
Administrativos de la Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró
fallida, y el 22 de marzo de 2024 se expidió la constancia, lo que «suspendió el
término de caducidad del medio de control durante el lapso señalado, esto es, por 1 mes y 6
días».

2.5. El 22 de marzo de 2024, el señor Jimy Alexander Torres Ortiz presentó
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; Fiscalía General
de la Nación; Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho; Ministerio de
Defensa, Policía Nacional; Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC;
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC; el Departamento del
Tolima; y el Municipio de Ibagué, con la finalidad de que se declarara la
responsabilidad por las condiciones de hacinamiento «sufridas desde el día 14 de
diciembre de 2.021 hasta el día 12 de enero de 2023, mientras permaneció detenido en las
instalaciones de la Permanente Central de la Policía de Ibagué.».

Esta demanda fue radicada bajo el nro. 73001-33-33-009-2024-00180-00,
correspondiéndole su conocimiento en primera instancia al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Ibagué.

2.6. Por auto del 4 de septiembre de 2024, el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Ibagué rechazó la demanda al considerar que operó la caducidad
del medio de control, en razón a que el demandante tuvo conocimiento de la
situación de hacinamiento a la que presuntamente fue sometido desde el 14
de diciembre de 2021, de ahí que solo tenía hasta el 15 de diciembre de 2023
para interponer el medio de control.

2.7. Contra esta decisión la parte demandante presentó recurso de apelación ante
el Tribunal Administrativo del Tolima que, mediante providencia del 28 de
noviembre de 2024 confirmó la decisión recurrida bajo el argumento de que,
en efecto, el señor Jimy Alexander Torres Ortiz conoció las condiciones de
hacinamiento desde el momento en el cual fue ingresado a las instalaciones
de la Permanente Central de la Policía de Ibagué, lo cual ocurrió el 14 de
diciembre de 2021.

La decisión fue notificada al interesado por estado electrónico del 2 de
diciembre de 2024.

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Demandante: Jimy Alexander Torres Ortiz

3. Fundamentos de la acción

El señor Jimy Alexander Torres Ortiz considera vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, con los autos del 4 de septiembre de 2024 (mediante el cual se rechazó la
demanda dentro del medio de control de reparación directa nro. 73001-33-33-009-2024-
00180-00), del 28 de noviembre de 2024 (por medio del cual se confirmó la decisión de
rechazo) y del 5 de febrero de 2025 (con el cual se ordenó obedecer y cumplir lo resuelto
por el superior) ya que a su juicio, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito
de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima incurrieron en defecto por
desconocimiento del precedente.

Señaló que en su caso se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, pues: (i) esta acción tiene relevancia
constitucional dado que «se trata del desconocimiento del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, derecho a la igualdad y desconocimiento del precedente jurisprudencia» ;
(ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial ya que se interpuso los
recursos que legal y constitucionalmente están permitidos; (iii) se cumple con el
requisito de inmediatez toda vez que, «la interposición de la acción constitucional se
encuentra dentro de los parámetros temporales establecidos por el honorable Consejo de Estado.» ;
(iv) se trata de una irregularidad procesal que no le permitió al accionante acceder
a la administración de justicia; (v) identificó los hechos que dieron lugar a la
vulneración de los derechos fundamentales pues en los recursos interpuestos
planteó el desconocimiento del precedente y la vulneración del derecho de acceso
a la administración de justicia, y (vi) precisó que las providencias cuestionadas no
fueron dictadas dentro del trámite de una acción de tutela, sino que esta acción va
dirigida contra los «fallos (sic) de primera y segunda instancia de un proceso ordinario de carácter
contencioso administrativo.»

Respecto al defecto por desconocimiento del precedente2, argumentó que en su
caso el término de caducidad debió ser computado a partir del día siguiente a la
cesación del daño continuado que sufrió, es decir «el 13 de enero de 2023, a partir del cual
transcurrieron 1 año, 1 mes y 3 días, hasta que el accionante radicó solicitud de conciliación
extrajudicial para agotar el requisito de procedibilidad, esto es, el 16 de febrero de 2024, cuando
faltaba 10 meses y 27 días para la configuración de la caducidad, lo cual suspendió el término hasta
que la constancia del trámite de conciliación fue expedida, que lo fue el 22 de marzo de 2024; a partir
del día siguiente se reanudó el cómputo por los días que faltaban al momento de presentar la solicitud
de conciliación, por lo que la caducidad del medio de control operaba el 19 de febrero de 2025.» y
la demanda se presentó el 22 de marzo de 2024 (dentro del término).

Al respecto señaló que las autoridades accionadas desconocieron los siguientes
precedentes:

● Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 6 de diciembre
de 2022, expediente nro. 05001-23-31-000-2002-04829-01. Indicó que para
determinar la caducidad del medio de control de reparación directa en los casos de
hacinamiento, el cómputo comienza «a partir del momento en que la víctima se percata de
ello».

● Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 5 de mayo de
2025, expediente nro. 11001-03-15-000-2025-01176-00. Sostuvo que no es posible
contabilizar el término de caducidad desde el momento en el que la persona ingresa
al centro de reclusión pues el daño alegado es de carácter continuado.
● Corte Suprema de Justicia, sentencia SC016-2018 de enero 24 de 2018, expediente
nro. 11001-31-03-010-2011-00675-01. Al resolver un recurso extraordinario de
casación, señaló que el término de caducidad se computa desde la fecha de su última
exteriorización.

2
La Sala precisa que si bien el accionante manifestó que también se configuraba un defecto material o sustantivo (fl. 18),
lo cierto es que la argumentación que allí planteó hace referencia únicamente al defecto por desconocimiento del
precedente, razón por la cual solo se tendrá en cuenta los planteamientos realizados respecto de este defecto.

3

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03075-00
Demandante: Jimy Alexander Torres Ortiz

● Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, Auto del 8 de
noviembre de 2024, expediente nro. 63001-33-33-005-2024-00227-01. En este caso
se revocó el auto que rechazó la demanda, bajo el argumento de favorecer el derecho
de acceso a la administración de justicia.
● Tribunal Administrativo del Tolima, providencia del 5 de septiembre de 2024,
expediente nro. 73001-33-33-001-2024-00124-01, caso similar en el que se revocó
el auto que rechazó la demanda.
● Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, sentencia del 29 de
enero de 2024, expediente nro. 05001-33-33-029-2019-00033-01, se refirió a la
caducidad mencionando que, «tratándose de eventos de daños derivados de condiciones
de hacinamiento de centros de reclusión, el punto de inicial sea o el momento de la causación
del daño o desde que la parte afectada tiene conocimiento de las condiciones de reclusión del
centro en donde deba permanecer]».

De otra parte, invocó los artículos 29 y 229 de la Constitución Política y las
sentencias T-1341 de 2001, T-068 de 2005 y T-954 de 2006 de la Corte
Constitucional relativas al derecho fundamental al debido proceso; y los artículos 10
y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 14 y 15
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 8 y 9 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Se refirió al fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa
por daño continuado, y como sustento citó las siguientes sentencias de la Sección
Tercera del Consejo de Estado: «25000-23-41-000-2014-01569-01(AG) de junio 26 de 2015»,
«Sentencia 25000-23-26-000-1997-05265-01 (22867) de enero 30 de 2013», «Sentencia 70001-23-
33-000-2014-00186-01(AG) de octubre 3 de 2019», «Sentencia 76001233300020140083901
(54799) de junio 8 de 2017», «radicación 50001-23-31-000-2012-00196-01(48152) de diciembre 9
de 2013», « Sentencia 54001-23-31-000-1993-07753-01 (14801) de diciembre 5 de 2005», «
Sentencia 25000-23-26-000-1995-00814-01(18273) de enero 29 de 2004» y « Sentencia 68001-23-
31-000-2010-00605-01(49396) de marzo 1 de 2018»; la sentencia de la Sección Primera:
«sentencia 11001-03-15-000-2015-02405-01(AC) proferida en junio 8 de 2016»; una sentencia
de la Sección Segunda: «1001031500020220133502 de marzo 2 de 2023»; y las sentencias
de la Corte Constitucional C-115 de 1998, T-191 de 2009, T-342 de 2016, T-238 de
2023 y SU-241 de 2024.

Finalmente, mencionó el artículo 56 de la Ley 2220 de 2022 sobre la suspensión del
término de caducidad de la acción y expuso los principios pro damnato y pro homine.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 28 de mayo de 20253, el despacho ponente admitió la acción de
tutela de la referencia; vinculó en calidad de terceros con interés a los señores
Jhonatan Gil Arenas, Dulian Andrés Brand Molano, José Esteban Herrera
Trilleras, Edwin Díaz Brochero, Edgar Alberto Rivas Gómez, Jhon Jarvis Alape
Correa, Juan David Schneider Pama, Edwin Pinzón Quintero, Willington Avilés
Martínez, Wilmar Andrés Robayo Cárdenas y Diego Fernando Otavo Villalba,
y a los demás demandantes del proceso de reparación directa nro. 73001-33-
33-009-2024-00180-00/01; ordenó realizar las notificaciones de rigor; y
reconoció personería a la apoderada del accionante.

4.2. El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué4 rindió
informe en el que manifestó que a ese despacho le fue repartido el medio de
control de reparación directa que adelantó el señor Jimy Alexander Torres
Ortiz y otros, y que tras realizar el examen de admisibilidad determinó que
había operado el fenómeno jurídico de la caducidad, lo que llevó a que se
rechazara la demanda.

3
Samai, índice 4.
4
Samai, índice 10, 12, 14 y 15.

4

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03075-00
Demandante: Jimy Alexander Torres Ortiz

Respecto a la decisión que adoptó puso de presente que en un caso similar a
este (sentencia del 22 de octubre de 2020 radicado nro. 61.767) el Consejo de
Estado precisó que la caducidad en estos asuntos se contaba desde que el
interno tuvo conocimiento de la situación de hacinamiento.

Por lo anterior, mencionó que en este caso se estudió el oficio nro. 2023-
003124-METIB / COSEC-DISPO29.25 del 19 de enero de 2023, en el que la Policía
Metropolitana de Ibagué atendió la petición presentada por el demandante
certificando los porcentajes de hacinamiento, y el oficio nro. GS-2024-003783-
METIB-SEPRI-SEGUR-29.25 del 21 de enero de 2024, en el cual se acreditó que
el señor Torres Ortiz se encontró bajo custodia en las instalaciones de la
Permanente Central desde el 14 de diciembre de 2021 hasta el 12 de enero
de 2023; documentos que demostraron que cuando el accionante ingresó a la
Permanente Central conoció del hacinamiento que para ese año fue de 514%,
por lo que desde esa fecha debía iniciarse el conteo del término para presentar
la demanda, sin embargo cuando la radicó ya había operado el fenómeno de
la caducidad lo que llevó al rechazo de la misma.

De otra parte, indicó que con su actuar no configuró una vía de hecho pues los
argumentos que se utilizaron para sustentar el rechazo de la demanda no
fueron arbitrarios ni carecieron de fundamento legal. Y resaltó que en este
caso no se configuraron las causales generales y especiales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Por último, allegó copia del expediente nro. 73001-33-33-009-2024-00180-00/01,
un enlace de consulta de este en una carpeta de SharePoint, junto con las
constancias de notificación a algunos de los terceros y puso de presente que
frente a esta misma temática se han incoado varias acciones de tutela5.

4.3. El Tribunal Administrativo del Tolima guardó silencio a pesar de que fue
notificado en debida forma6, como obra en el expediente, al correo electrónico:
stadtol@cendoj.ramajudicial.gov.co.

4.4. Los señores Jhonatan Gil Arenas, Dulian Andrés Brand Molano, José Esteban
Herrera Trilleras, Edwin Díaz Brochero, Edgar Alberto Rivas Gómez, Jhon Jarvis
Alape Correa, Juan David Schneider Pama, Edwin Pinzón Quintero, Willington
Avilés Martínez, Wilmar Andrés Robayo Cárdenas y Diego Fernando Otavo
Villalba, junto con sus grupos familiares, tampoco se pronunciaron pese a
haber sido notificados a los correos electrónicos aportados por la apoderada
del tutelante, y por el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las

5
Las acciones de tutela que referencia en la contestación son las siguientes: 11001-03-15-000-2025-01617-00, 11001-03-
15-000-2025-01555-00, 11001-03-15-000-2025-01927-00, 11001-03-15-000-2025-02062-00, 11001-03-15-000-2025-
02105-00, 11001-03-15-000-2025-02066-00, 11001-03-15-000-2025-02071-00, 11001-03-15-000-2025-02098-00,
11001-03-15-000-2025-03056-00, 11001-03-15-000-2025-03049-00, 11001-03-15-000-2025-02816-00, 11001-03-15-
000-2025-03060-00, 11001-03-15-000-2025-03043-00, 11001-03-15-000-2025-03118-00 y 11001-03-15-000-2025-
03031-00.
6
Samai, índice 7. Notificación nro. 72631.
7
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

5

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autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8
y especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional10 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sala debe surtir un primer análisis para establecer
si la solicitud de amparo supera los requisitos generales de procedibilidad,
especialmente el de relevancia constitucional.

De superar dicho examen, se estudiará si el Juzgado Noveno Administrativo de
Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima incurrieron en desconocimiento del
precedente judicial al proferir los autos del 4 de septiembre de 2024, del 28 de
noviembre de 2024 y del 5 de febrero de 2025, en el medio de control de reparación
directa nro. 73001-33-33-009-2024-00180-00/01.

4. Requisito de relevancia constitucional

La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que
son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5
8
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
9
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
10
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

6

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Demandante: Jimy Alexander Torres Ortiz

de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por
las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecta derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el
presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela
evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que
corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural11.

En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al juez
verificar que la tutela no se esté utilizando como una instancia adicional del proceso
en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le corresponde
estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la providencia
cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si estos fueron
resueltos integralmente por el juez natural.

Asimismo, la relevancia constitucional supone que la tutela no se emplee para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el
juez de la causa, ni para insistir en las inconformidades ya resueltas en el proceso
ordinario.

11
Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-422 de 2018,
T- 715 de 2016, C-590 de 2005.

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Demandante: Jimy Alexander Torres Ortiz

5. Análisis del caso concreto

5.1. El señor Jimy Alexander Torres Ortiz cuestiona las decisiones judiciales por
las cuales el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima, rechazaron la demanda por caducidad, en el medio
de control de reparación directa nro. 73001-33-33-009-2024-00180-00/01.

Esto al considerar que, las autoridades accionadas no tuvieron en cuenta que
el término de caducidad debía ser computado a partir del día siguiente a la
cesación del daño continuado que sufrió, es decir, desde el «13 de enero de 2023,
a partir del cual transcurrieron 1 año, 1 mes y 3 días, hasta que el accionante radicó solicitud
de conciliación extrajudicial para agotar el requisito de procedibilidad» (Énfasis propio). Con
lo que se desconocieron los siguientes precedentes:

● Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 6 de
diciembre de 2022, expediente nro. 05001-23-31-000-2002-04829-01. Indicó
que para determinar la caducidad del medio de control de reparación directa en
los casos de hacinamiento, el cómputo comienza «a partir del momento en que la
víctima se percata de ello».

● Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 5 de mayo
de 2025, expediente nro. 11001-03-15-000-2025-01176-00. Sostuvo que no es
posible contabilizar el término de caducidad desde el momento en el que la
persona ingresa al centro de reclusión pues el daño alegado es de carácter
continuado.
● Corte Suprema de Justicia, sentencia SC016-2018 de enero 24 de 2018,
expediente nro. 11001-31-03-010-2011-00675-01. Al resolver un recurso
extraordinario de casación, señaló que el término de caducidad se computa
desde la fecha de su última exteriorización.
● Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, Auto del 8 de
noviembre de 2024, expediente nro. 63001-33-33-005-2024-00227-01. En este
caso se revocó el auto que rechazó la demanda, bajo el argumento de favorecer
el derecho de acceso a la administración de justicia.
● Tribunal Administrativo del Tolima, providencia del 5 de septiembre de 2024,
expediente nro. 73001-33-33-001-2024-00124-01, caso similar en el que se
revocó el auto que rechazó la demanda.
● Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, sentencia del 29
de enero de 2024, expediente nro. 05001-33-33-029-2019-00033-01, se refirió
a la caducidad mencionando que, «tratándose de eventos de daños derivados de
condiciones de hacinamiento de centros de reclusión, el punto de inicial sea o el
momento de la causación del daño o desde que la parte afectada tiene conocimiento
de las condiciones de reclusión del centro en donde deba permanecer]».

5.2. De la revisión del expediente, esta Sala advierte que por auto del 4 de
septiembre de 2024 el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué rechazó la
demanda del medio de control de reparación directa nro. 73001-33-33-009-
2024-00180-00 con fundamento en el numeral 1° del artículo 169 del CPACA,
al determinar que la fecha en la que inició el evento que dio origen al daño
cuya indemnización se reclama, fue el 14 de diciembre de 2021, teniendo
como prueba de ello: (i) el oficio No. 2023-003124-METIB / COSEC-
DISPO29.25 del 19 de enero de 2023; (ii) el oficio GS-2024-003783-METIB-
SEPRI-SEGUR-29.25 del 21 de enero de 2024; y (iii) el Formato: constancias
de trámite conciliatorio extrajudicial administrativo; pues para esa fecha ya
existían las condiciones de hacinamiento del «514%» que generaron el daño
reclamado, razón por la cual el señor Torres Ortiz tenía hasta el 15 de
diciembre de 2023 para interponer la demanda de reparación directa. De ahí
que, para el 16 de febrero de 2024, fecha en la cual se presentó la solicitud de
conciliación extrajudicial, ya había operado el fenómeno de la caducidad.

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Demandante: Jimy Alexander Torres Ortiz

Dijo el a quo que en un caso similar, en el que se demandó por hacinamiento
en un centro penitenciario, la Sección Tercera del Consejo de Estado precisó
que la caducidad se contaba desde que el interno tuvo conocimiento del
hacinamiento y para ello citó unos apartes de esa providencia así:
«El artículo 136 CCA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término de
caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el plazo para la
interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones sobre el tipo de daño que se
cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u operación
administrativa para contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no hubiera
podido conocer el daño en esa fecha, pues en este evento, la caducidad se debe contar
desde que tuvo conocimiento de este.
Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad
para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el
demandante tuvo conocimiento del daño.
Como el 9 de marzo de 2000, […] solicitó a la entidad demandada terminar su condena en el
centro carcelario del Distrito Judicial de Medellín Bellavista, desde esa fecha el demandante
tenía conocimiento de las condiciones del centro carcelario. Por ello, el término de dos
años para formular la demanda comenzó a correr a partir del 10 de marzo de 2000 (f. 150, c.
1) y venció el 10 de marzo de 2002. Como la demanda se presentó el 4 de diciembre de 2002,
según da cuenta el sello de radicado (f. 23 c. 1), operó el fenómeno preclusivo de la caducidad
y, en consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada.»

La decisión fue apelada por la parte demandante, argumentando que en su
caso se trataba de un daño continuado, por lo que no podía tenerse como
término para el inicio del conteo de la caducidad «el momento de la detención del
directo afectado en la Permanente Central de la Policía de Ibagué» pues el daño se
prolongó durante los meses que estuvo recluido, dado que los perjuicios se
causaron «desde su captura hasta el día en el que fue removido de la permanente»;
postura que respaldó en la sentencia del 26 de junio de 2015 (Exp. 25000-23-
41-000-2014-01569- 01 AG)» en la cual se hizo referencia a la caducidad en el
medio de control de reparación directa por daño continuado y, en sentencia
del 18 de octubre de 2007 (Exp. AG2001-00029).

Insistió en la vulneración de sus derechos fundamentales y de los derechos
humanos al considerar que desde el primer día de reclusión la persona
«entienda y vivencie en su compleja integridad ese estado de hacinamiento». Mencionó las
sentencias T-153 de 1998 y SU-122 de 2022 para plantear el estado de cosas
inconstitucional que se dio en el asunto del hacinamiento carcelario.

Y reafirmó que en este caso se está en presencia de un daño continuado que
se prolongó desde el 14 de diciembre de 2021 y hasta el 12 de enero de 2023,
día en el cual el actor recobró su libertad. Esto en los siguientes términos:
«[…] No se comparte lo anterior, comoquiera que el caso objeto de estudio presentó un daño
continuado o de carácter sucesivo, por ello no debe tenerse en cuenta el momento de la
detención del directo afectado en la Permanente Central de la Policía de Ibagué, por cuanto
el daño se prolongó durante todos los meses que el detenido estuvo recluido en dicha
estación, ocasionando perjuicios en el tiempo. En efecto, desde su captura hasta el día en el
que fue removido de la permanente, padeció perjuicios a causa del hacinamiento carcelario.
Así lo ha determinado el Honorable CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA SUBSECCION B, en sentencia del 26 de junio de
2.015, radicación número: 25000-23-41-000-2014-01569-01(AG), actor: DEWIS FAGGIR
ELJURE RICAURTE Y OTRO, demandado: MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA
NACIONAL Y OTROS, consejera ponente: Dra. STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO, que
al respecto indicó: […]
Cabe resaltar que la conducta vulnerante, para el caso en discusión, corresponde a la
vulneración de derechos fundamentales y derechos humanos, como lo tiene entendido la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido al hacinamiento carcelario soportado en
la Permanente Central, el cual se extendió en el tiempo para el privado de la libertad JIMY
ALEXANDER TORRES ORTIZ, desde el día 14 de diciembre de 2.021 hasta el día 14 de
enero de 2.023, día en el que fue dado de baja de la permanente central, es decir, por más de

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Demandante: Jimy Alexander Torres Ortiz

13 meses, prolongándose el daño, que no dejó de existir hasta el día que dejó de sufrir las
consecuencias del hacinamiento.
No puede considerarse para efectos del fenómeno de la caducidad del medio de control de la
referencia, la fecha de detención del privado de la libertad, por cuanto se estaría dejando por
fuera de la órbita procesal el último día en el que este estuvo detenido en la Permanente
Central, día en el que cesó el perjuicio como consecuencia del hacinamiento.[…]
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que es contrario a la sana lógica concluir que desde
el primer día de la privación de la libertad el detenido entienda y vivencie en su compleja
integridad ese estado de hacinamiento […]
En conclusión, en el presente caso el hecho, cual fue el hacinamiento, solo logró ser visible
mucho tiempo después del día en que la persona fuera detenida en el centro de detención
transitoria, prolongándose durante toda su detención, es decir, que el hecho o la omisión
administrativa se extendió en el tiempo y con ello el daño solo fue perceptible con el transcurso
del tiempo; por lo tanto el término de caducidad no debe contabilizarse desde el primer día de
la detención, tal como lo afirma el operador jurídico.» (Sic a toda la cita)

5.3. El Tribunal Administrativo del Tolima, en auto del 28 de noviembre de 2024
confirmó la decisión de rechazo de la demanda con fundamento en los
siguientes argumentos:
Manifestó que, por regla general, la demanda del medio de control de
reparación directa debe ser presentada dentro de los dos años contados a
partir del hecho que dio origen al daño, como lo sostiene el Consejo de Estado
en la decisión del 18 de octubre de 2007 (Exp. 25000-23-27-000-2001-00029-01)
en la que indicó que «bajo circunstancias especiales es posible que el cómputo del término
en mención varíe. En efecto, teniendo en cuenta que la acción de reparación directa pretende
el resarcimiento o indemnización de un daño, en los eventos en que dicho daño no se genera
o no se hace visible de manera concomitante con el hecho, la actuación u (sic) la omisión que
lo produjo».

A su vez, en lo relacionado con la contabilización de la caducidad del medio
de control cuando se trata de un daño continuado, señaló que la Corte
Constitucional había mencionado que «el cómputo del término de caducidad de la
acción de reparación directa inicia una vez aquel ha finalizado, a menos que el afectado lo
hubiera conocido tiempo después, caso en el cual aplica la regla mencionada del conocimiento
del daño», y precisó que no era posible concluir que el término para contabilizar
la caducidad se extendiera indefinidamente por voluntad de los interesados ya
que en esos casos la contabilización del término para interponer el medio de
control sería el acaecimiento del hecho o el conocimiento que tuvo el
perjudicado del daño, pues en sentencia del 27 de agosto de 2020 la Sección
Tercera del Consejo de Estado (expediente nro. 25000-23-26-000-2009-00508-01)
manifestó que:
«[…] es preciso concluir que el término para contar la caducidad no puede extenderse
indefinidamente, ni depender de la voluntad de los interesados en accionar y no es posible, so
pretexto de aplicar un enfoque constitucional, desatender la aplicación de normas de orden
público que materializan el derecho fundamental constitucional del debido proceso, afectando
de paso la seguridad jurídica, cuando lo que resulta procedente es la valoración de cada caso
con sus particularidades concretas.»

Para resolver el caso concreto, el a quem mencionó que daría aplicación al
«precedente judicial obligatorio», puntualmente la sentencia del 6 de diciembre
de 2022 (expediente nro. 05001-23-31-000-2002-04829-01), en la cual se trató el
tema de la reparación directa y el hacinamiento carcelario con CCA, pero que
resultaba aplicable al caso, para ello mencionó que «Así, aunque los efectos del
daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde
que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento
del daño».

De igual forma citó la sentencia del 5 de octubre de 2023 (expediente nro. 11001-
03-15-000-2023-02769-01), para precisar que:

«[…] A partir de las anteriores circunstancias fácticas, la Corporación judicial accionada
efectuó una valoración de los pronunciamientos realizados por la Sección Tercera del Consejo
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Demandante: Jimy Alexander Torres Ortiz

de Estado en materia de caducidad del medio de control de reparación directa; concluyendo
que son dos los momentos desde los que se puede iniciar el conteo del término de caducidad
de dos años de dicho medio de control: i) el primero hace referencia al momento exacto de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, es decir desde el momento en que
sucede el evento que da origen al daño y ii) el segundo, desde el momento en que el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del daño, ya que puede ocurrir situaciones en
las que la parte demandante solo tuvo conocimiento de los efectos dañosos de una situación
con el transcurso del tiempo. […]
Así las cosas, es claro que a juicio de la autoridad judicial accionada el término de caducidad
no puede quedar sometido (sic) la cesación del daño, teniendo en cuenta que el hecho dañoso
ya era de conocimiento del accionante, además la norma aplicable al caso no hace distinción
entre los tipos de daño, por lo que en aquellos casos en los que se pretende derivar
responsabilidad del Estado por daños que continúan de forma indefinida en el tiempo, el hecho
de que los efectos del daño se extiendan después de su consolidación, no puede evitar que
el término de caducidad inicie a correr, pues si ello fuera así la acción perduraría en el tiempo.
Por tanto, el cumplimiento de la condena del accionante en el centro no modifica el inicio del
momento a partir del cual se debe surtir el conteo de la caducidad. […]
En ese orden de ideas, atendiendo los lineamientos de la jurisprudencia transcrita, se
encuentra que contrario a lo afirmado por la parte demandante, no es procedente tomar como
punto de partida para el cómputo del término de caducidad la fecha en que el […] recobró la
libertad, teniendo en cuenta que como ha quedado probado, tuvo conocimiento del daño en
una fecha anterior.»

Concluyó que el señor Jimy Alexander Torres Ortiz tuvo conocimiento de las
condiciones públicas de hacinamiento en las que se encontraba la Permanente
Central de Ibagué desde el momento en el que ingresó a ese lugar, por lo que
desde esa fecha se debía haber contabilizado el término de los dos años.

5.4. De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela analizada se está empleando
como una instancia adicional lo que no permite que se supere el requisito
general de la relevancia constitucional, pues los argumentos de esta acción
aun cuando no son idénticos a los que el señor Torres Ortiz planteó en el
recurso de apelación contra el auto que rechazó el medio de control, buscan
reabrir el debate judicial pues pretende cuestionar la forma en la que se
contabilizó el término de la caducidad, para que se tuviera la demanda como
presentada en término, reiterando que se trata de un daño continuado cuyo
conteo debía iniciar una vez cesó el daño, es decir cuando el actor recobró la
libertad (13 de enero de 2023). Aspecto que de antemano supone para esta
colegiatura, que el asunto versa sobre una situación que resultó desfavorable
a la parte accionante y que se limita a poner de presente su inconformidad con
la decisión.

Si bien el actor alega la configuración de un defecto por desconocimiento del
precedente, lo cierto es que dicho requisito específico se invoca con el
propósito de insistir en los argumentos que fueron expuestos en el recurso de
apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda, decisión que fue
confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima.

En todo caso, la Sala observa que el pronunciamiento en el que el accionante
funda el desconocimiento del precedente judicial vertical sí fue tenido en
cuenta en el auto de segunda instancia objetado, en donde el Tribunal citando
un pronunciamiento del Consejo de Estado indicó que «Así, aunque los efectos del
daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde
que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento
del daño», postura que le sirvió de fundamento para la decisión que se adoptó.

Así pues, de estos argumentos traídos al caso objeto de análisis no se advierte
porque el juez constitucional debe irrumpir en la esfera de autonomía del juez
natural de la causa, para revaluar los fundamentos que lo llevaron a adoptar
la decisión en concreto. Esto, en la medida que no se advierte prima facie una

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afectación de las garantías fundamentales de la parte actora de conformidad
con las providencias reprochadas.

De manera que, es posible concluir que el Juzgado Noveno Administrativo de
Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, como jueces de la causa, ya
resolvieron los planteamientos del accionante dentro del trámite ordinario nro.
73001-33-33-009-2024-00180-00/01.

Valga recordar que, en abundante jurisprudencia del máximo tribunal
constitucional ha enfatizado que la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales «la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios»,
pues la competencia del juez de tutela se restringe « a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de
carácter legal»12.

5.5. De otro lado, los fallos que respaldan el desconocimiento de jurisprudencia
horizontal no son aplicables al caso concreto, pues en estos se estudiaron
situaciones fácticas diferentes a la del accionante.

Sobre el particular, la Sala reitera que13, frente a los fallos proferidos por jueces
en un mismo rango, la decisión del juez no necesariamente debe encontrarse
directamente en la línea de aquellas providencias, «pues, estas no cuentan con
carácter vinculante y obligatorio para que el juez pueda proferir una sentencia disidente, caso
diferente, al que se pueda plantear con un desconocimiento del precedente vertical (de
sentencia de unificación), teniendo como premisa el carácter vinculatorio por el cual esta (sic)
investido el máximo órgano contencioso».

6. Conclusión

En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente esta acción de tutela, dado
que se probó que con esta se buscaba volver sobre un asunto que ya había sido
resuelto por el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima en el medio de control nro. 73001-33-33-009-2024-00180-
00/01, finalidad para la cual no está instituida esta acción constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Jimy
Alexander Torres Ortiz dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

12
Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
13
Consejo de Estado. Sección cuarta. Sentencia de 8 mayo de 2025, radicación: 11001-03-15-000-2025-01626-00 C.P.
Wilson Ramos Girón.

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Demandante: Jimy Alexander Torres Ortiz

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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