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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01176-00

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
45 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01176-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de la parte actora. 17 Sentencia T-567 de 1998, reiterada en sentencias T-81 de 1011 y SU-453 de 2019, entre otras. 18 Sentencia T-538 de 1994, reiterada en la Sentencia SU-453 de 2019. 13 Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00 Demandante: Diego Alexander Oquendo López Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia) SEGUNDO: Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto del 29 de agosto de 2024, proferido por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, dentro del proceso de reparación directa con radicado número 63001-33- 33-005-2024-00106-01, para que, en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo, que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: RECONOCER personería a la abogada Diana Patricia Álvarez Ramírez, portadora de la tarjeta profesional 189.172 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del accionante, en los términos y para los efectos del poder que fue allegado en virtud del requerimiento hecho en auto del 10 de marzo de 2025.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01176-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

5 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00
Demandante: Diego Alexander Oquendo López
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y
otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AMPARA
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia – configuración de
defecto fáctico.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 28 de febrero de 2025, el señor Diego Alexander Oquendo López, a través de
apoderada judicial, presentó acción de tutela en busca de que se dejaran sin efectos
los autos del 17 de junio y 29 de agosto de 2024, proferidos por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Armenia y la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío, respectivamente, en el marco del proceso de reparación
directa2 que promovió el accionante en contra de la Fiscalía General de la Nación y
otros, con el propósito de que se declarara su responsabilidad administrativa por los
perjuicios derivados de las condiciones de hacinamiento que padeció durante el
tiempo en el que estuvo detenido en las instalaciones del Comando de Policía de
Armenia.

2.En el proveído del 29 de agosto de 2024, el Tribunal confirmó la decisión del A
quo que rechazó la demanda por haber operado la caducidad del medio de control.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Con radicado número 63001-33-33-005-2024-00106-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00
Demandante: Diego Alexander Oquendo López
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

La autoridad judicial señaló que, en los casos en los que se reclama un daño por
hacinamiento carcelario, aun cuando éste persista en el tiempo, el término de
caducidad debe contabilizarse a partir del día siguiente a aquel que se tuvo pleno
conocimiento de las condiciones de hacinamiento.

3. En ese sentido, consideró que el actor conoció el hecho generador del daño
alegado desde el momento en que ingresó al Comando de Policía, es decir, el 15 de
febrero de 2022, sin que sea válido indicar que, por tratarse de un daño continuado,
solo tuvo conocimiento de este a partir de su salida del lugar de reclusión. Por lo
tanto, debió haber acudido a la jurisdicción, a más tardar, el 16 de febrero de 2024.
No obstante, la solicitud de conciliación fue presentada el 20 de marzo siguiente y la
demanda radicada el 6 de junio de ese mismo año.

4. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora alegó que las autoridades
enjuiciadas vulneraron sus derechos de acceso a la administración de justicia e
igualdad, por cuanto desconocieron el precedente judicial del Consejo de Estado y
de los Tribunales Administrativos del Quindío, Tolima y Antioquia.

5. Esgrimió que, en sentencia del 6 de diciembre de 20223, la Subsección C de la
Sección Tercera de esta Corporación, al abordar el estudio de un caso similar, indicó
que el término de caducidad del medio de control de reparación directa debe
contabilizarse desde que la víctima del daño se percata del mismo. Tesis contraria a
la defendida por las accionadas, ya que estas afirmaron que dicho término empieza
a correr de forma automática a partir del día en que la persona ingresa al centro de
reclusión.

6. Plasmó las consideraciones esbozadas en la sentencia del 3 de octubre de 2019,
dictada por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado 4 e indicó que,
de acuerdo con esa providencia, cuando se alega un daño asociado a condiciones
derivadas de hacinamiento carcelario, el término de caducidad se computa desde el
momento en que aquél cesa, por tratarse de una afectación de carácter continuado.

7. A su vez, trajo a colación otras catorce sentencias, 9 de ellas adoptadas por esta
Corporación y 5 por la Corte Constitucional. Citó extractos de otros fallos proferidos
por los Tribunales Administrativos de Antioquia, Tolima y Quindío el 29 de enero 5, 6
de septiembre6 y 8 de noviembre de 20247, respectivamente, en los que -según
afirmó- también se analizaron supuestos fácticos similares.

3 Exp. 05001-23-31-000-2002-04829-01.
4 Exp. 70001-23-33-000- 2014-00186-01.
5 Exp. 05001-33-33-029-2019-00033-01.
6 Exp. 73001-33-33-001-2024-00124-01.
7 Exp. 63001-3333-005-2024-00227-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00
Demandante: Diego Alexander Oquendo López
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

8. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que en su caso el término de caducidad
empezó a transcurrir a partir del día siguiente a la cesación del daño, esto es, el 26
de mayo de 2022, cuando salió del centro de reclusión, por tratarse de un daño
continuado. Defiende la idea de que ese conteo inició el 27 de mayo de 2022, se
interrumpió el 20 de marzo de 2024 (cuando se radicó la solicitud de conciliación
extrajudicial) y se reanudó el 20 de mayo siguiente, fecha en la que se expidió el acta
de constancia del trámite de conciliación. Por consiguiente, el plazo para acudir a la
jurisdicción fenecía el 29 de junio posterior, mientras que la demanda fue presentada
el 6 de junio de ese mismo año. No obstante, los falladores concluyeron de forma
errónea que el medio de control había caducado.

9. Señaló que, en todo caso, aun cuando se acogiera el criterio según el cual el
término de caducidad debía empezar a contarse a partir del momento en que el
demandante se enteró del estado de hacinamiento, tampoco había lugar a declarar
la caducidad, toda vez que este solo tuvo conocimiento del daño hasta el 2 de agosto
de 2023, fecha en la que el Comando del Departamento de Policía de Armenia,
mediante oficio GS-2023-DEQUI-MNVCC-1.10, le informó que las instalaciones de
ese lugar estaban diseñadas para un cupo máximo de 15 personas y que
presentaban un porcentaje de hacinamiento del 307%.

10. Además, aseveró que los juzgadores interpretaron de forma restrictiva y
formalista las normas sobre la caducidad del medio de control, sin realizar un análisis
acerca de la naturaleza continuada del daño y su impacto en la víctima, pasando por
alto que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han determinado
que en los casos en los que se debate la responsabilidad del Estado en contextos
de privación de la libertad, debe privilegiarse una interpretación que garantice el
acceso efectivo a la justicia y la reparación integral del daño.

B. Trámite procesal

11.Por auto del 4 de marzo de 2025, se requirió a la abogada Diana Patricia Álvarez
Ramírez para que remitiera el poder que la facultaba para actuar en representación
del señor Oquendo López en el trámite de tutela de la referencia.

12.Cumplido el requerimiento, mediante auto del 25 de marzo de 2025, se dispuso
a admitir la acción de tutela, notificar de su presentación a las autoridades judiciales
accionadas y comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado. También se requirió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Armenia para que remitiera copia digital del expediente con radicado número 63001-
33-33-005-2024-00106-01.

13. El Juzgado en mención allegó el expediente requerido. No se pronunció sobre los

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00
Demandante: Diego Alexander Oquendo López
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

hechos objeto de la solicitud de amparo. El Tribunal también guardó silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Análisis del caso concreto

14. En primer lugar, esta Subsección encuentra que el presente asunto satisface los

requisitos generales para habilitar la procedencia excepcional del mecanismo de
amparo.

15. Previa constatación de la suficiencia argumentativa ofrecida en la demanda al

haberse identificado de forma clara y concreta los motivos de la violación que
atribuye a la decisión acusada, la Sala considera que la cuestión que se debate en
esta oportunidad trasciende el ámbito de la mera legalidad y es de relevancia
constitucional, en la medida en que se persigue la efectiva protección del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerado con
ocasión de un vicio en el que incurrió la autoridad accionada, que condujo al rechazo
de la demanda de reparación directa, a través de la cual el actor pretendía que se le
repararan los daños que afirma le fueron causados por un presunto hacinamiento
carcelario.

16. Aunado a lo anterior, (i) el accionante hizo uso de todos los medios que tenía a su

alcance para procurar la salvaguarda de los derechos fundamentales que estima
transgredidos8; (ii) el recurso de amparo constitucional fue ejercido oportunamente
(28 de febrero de 2025), es decir, dentro del término de los seis (6) meses siguientes
a la notificación de la providencia (30 de agosto de 2024)9; y, (iii) no se trata de una
tutela interpuesta contra una sentencia proferida en un proceso de la misma
naturaleza.

17. Respecto a la configuración de la causal específica de procedibilidad atribuida en

el caso bajo estudio, si bien el accionante alegó un desconocimiento del precedente
y refirió varias providencias que estima desatendidas, los argumentos que sustentan
la ocurrencia de dicho vicio se enmarcan en una deficiencia de tipo fáctico, pues
giran en torno a una discusión probatoria. Aunque ese debate parte de la aplicación
de los referidos precedentes, en realidad se orienta a establecer el momento en que
debía iniciarse el cómputo del término de caducidad del medio de control de
reparación directa en el caso concreto, a partir de los elementos de hecho con que

8 Contra el auto por medio del cual se dispuso el rechazo de la demanda de reparación directa que promovió en

contra de la fiscalía general de la Nación y otros, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío.
9 Ese término ha sido considerado por esta Corporación como razonable para acudir al juez de tutela cuando se

pretende censurar una providencia judicial.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00
Demandante: Diego Alexander Oquendo López
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

se contaba en el proceso.

18. Dicho de otra manera, aunque la parte actora sostiene que el yerro del Tribunal

radicó en desatender la línea jurisprudencial respecto a la forma en que opera la
caducidad cuando se está ante un evento en el que el daño es continuado, para
abordar la discusión sobre la regla legal o jurisprudencial aplicable, primero debían
definirse claramente las circunstancias fácticas del caso, para tener certeza sobre
aspectos como las fechas en que inició y concluyó el daño, si el mismo se puede
catalogar como continuado, y si esto último implicaba consideraciones adicionales
respecto a la posibilidad de conocer aquél o acceder a la jurisdicción, que influyeran
en el conteo de la caducidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que lo que se reclama
es una reparación por hacinamiento, que comporta la concurrencia de elementos
fácticos adicionales a la privación de la libertad.

19. En este punto es importante recordar que la jurisprudencia constitucional10 ha

indicado que el juez de tutela cuenta con amplias facultades para determinar el
problema jurídico a resolver, que incluyen la de interpretar la demanda a efectos de
dilucidar el asunto que motiva la controversia. De manera que, no está limitado
estrictamente a lo que indiquen las partes y puede fijar el alcance real del litigio, de
conformidad con los presupuestos fácticos puestos a su consideración; tal y como
sucede en esta ocasión en la que el reproche fue encausado como un
desconocimiento de precedente, no obstante que los argumentos del accionante se
orientan a destacar una omisión probatoria en punto al estudio de la caducidad,
particularmente a la fecha en que se debe iniciar el conteo de aquella.

20. En efecto, el actor reprochó que la autoridad demandada haya empezado a
contabilizar el referido término -de forma automática- desde el momento en que
ingresó al centro de reclusión, sin tener en cuenta que el daño alegado era de
carácter continuado y, sobre la base fáctica de que conoció de tal afectación a partir
de ese momento, sin que ello encuentre respaldo en el material probatorio. A su
juicio, el término de caducidad debía computarse desde que abandonó tal centro de
reclusión.

21. Ese argumento también lo planteó en el recurso de apelación que interpuso contra

el auto del 17 de junio de 2024, por medio del cual el Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito de Armenia rechazó la demanda. Concretamente, tras citar varios
extractos jurisprudenciales, indicó lo siguiente:

<<En conclusión, en el presente caso, el hecho, que fue el hacinamiento carcelario, fue
visible hasta el día en el que el privado de la libertad fue trasladado del Comando de

10 Entre otras decisiones, se puede consultar las sentencias SU-222 de 2016 y SU-150 de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00
Demandante: Diego Alexander Oquendo López
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Policía de Armenia – Quindío al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad
Carcelario de Calarcá - Quindío, prolongándose durante toda su detención; es decir, que
el hecho o la omisión administrativa se extendió en el tiempo y con ello el daño fue
perceptible con el pasar del tiempo, por lo tanto, el término de caducidad debe
contabilizarse a partir de que el PPL fue removido de la estación de policía.

(…)

Por el contrario, al tratarse de casos relacionados con daños que sólo se conocen de
forma certera y concreta con el discurrir del tiempo y con posterioridad al hecho
generador, esta circunstancia impone en aras de la justicia que se deba contar el término
de caducidad a partir del conocimiento que el afectado tiene del daño.>> (Subrayado
propio).

22. Al desatar la alzada, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del

Quindío consideró que había lugar a confirmar la decisión del A quo, tras encontrar
caducado el medio de control. Para arribar a esa conclusión, señaló que, de
conformidad con el artículo 164 numeral 2, literal i) del CPACA, el término para acudir
a la jurisdicción debe contabilizarse a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión generadora del daño o, en su defecto, de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento de este, si fue en fecha posterior.

23. A partir de esa consideración, indicó lo siguiente:

<<En ese orden de ideas, para esta Sala es claro que, como lo asestó el Juez de Primera
Instancia, el señor Diego Alexander conoció que el hecho causante del daño -esto es,
el hacinamiento carcelario-, se presentó desde el día en que ingresó al Comando de
Policía, esto es, el 15 de febrero de 2022, fecha a partir de la cual, tenía pleno
convencimiento de las condiciones de hacinamiento por las cuales ahora reclama, sin
que sea válido indicar que como el daño es continuado -hasta su salida del Comando-,
sólo a partir de ese momento tuvo conocimiento del mismo.

A ese respecto y, en asunto de similares matices el Consejo de Estado sostuvo que:

“(…) El artículo 136 CCA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término
de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el plazo
para la interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones sobre el tipo
de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión
u operación administrativa para contabilizar el plazo señalado, a menos que el
perjudicado no hubiera podido conocer el daño en esa fecha, pues en este evento,
la caducidad se debe contar desde que tuvo conocimiento de este.

Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de
caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde
la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00
Demandante: Diego Alexander Oquendo López
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

(…) Como el 9 de marzo de 2000, William Alberto Molina Sánchez solicitó a la entidad
demandada terminar su condena en el centro carcelario del Distrito Judicial de
Medellín Bellavista, desde esa fecha el demandante tenía conocimiento de las
condiciones del centro carcelario. Por ello, el término de dos años para formular la
demanda comenzó a correr a partir del 10 de marzo de 2000 (f. 150, c. 1) y venció el
10 de marzo de 2002.” (Negrillas y subrayado fuera de texto)>>.

24. La Subsección encuentra que en dicha providencia, censurada en esta tutela, no

se mencionó ningún elemento probatorio que llevara al Tribunal accionado a concluir
que desde que el señor Oquendo López ingresó al lugar de detención pudo conocer
sobre todos los elementos que permiten predicar la existencia de hacinamiento en
un centro de reclusión. Tampoco se da cuenta de medios de convicción que le
permitieran resolver sobre el cuestionamiento que hizo la parte actora relativo a que
se estaba ante un daño continuado, que determinó que sólo pudiera acudir a la
jurisdicción cuando concluyó dicha afectación. Es decir, obvió el análisis de
circunstancias fácticas, que podían abrir paso a conclusiones diferentes.

25. En este punto la Sala llama la atención sobre el extracto jurisprudencial que cita

el Tribunal pues, aunque erra en la referencia11, corresponde a la misma sentencia
del 6 de diciembre de 202212 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de
esta Corporación, que el accionante señala como precedente desconocido. Ello es
relevante porque según el señor Oquendo López, la autoridad judicial desatendió la
regla jurisprudencial fijada en esa decisión, en cuya virtud el término de caducidad
del medio de control de reparación directa debe contabilizarse desde que la víctima
del daño se percata del mismo. La lectura de la decisión censurada, particularmente
del extracto citado líneas atrás, deja en evidencia que el yerro del Tribunal no estuvo
en desatender esa regla sino en pretender aplicarla sin contar con un soporte
probatorio para ello.

26. Nótese que al mencionar dicho referente jurisprudencial, el Tribunal accionado

pone en evidencia que en aquel caso la Subsección C indicó lo siguiente: “(…) el 9
de marzo de 2000, William Alberto Molina Sánchez solicitó a la entidad demandada
terminar su condena en el centro carcelario del Distrito Judicial de Medellín
Bellavista, desde esa fecha el demandante tenía conocimiento de las condiciones
del centro carcelario”. Es decir, que a partir de un documento obrante en el plenario,
la Sala de decisión -en aquel asunto- pudo advertir una manifestación clara de la
víctima sobre las condiciones de reclusión, que daba cuenta del conocimiento que
tenía del hacinamiento desde la fecha en que elaboró el documento.

27. Un análisis de ese tipo es el que se extraña en la providencia cuestionada, pues

11 En la providencia, a pie de página, se indican los datos de la sentencia de 23 de abril de 2024 proferida por la

Sección Primera del Consejo de Estado, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
11001-03-24-000-2023- 00259-00, que no corresponde al texto que se cita.
12 Exp. 05001-23-31-000-2002-04829-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00
Demandante: Diego Alexander Oquendo López
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

el Tribunal Administrativo del Quindío asumió que desde el momento en que inició la
reclusión, el señor Oquendo López conoció el daño, pero esa afirmación no
encuentra respaldo en ninguna prueba, o por lo menos la decisión judicial no hace
explícito ese sustento. De ahí, que le asista la razón al accionante al censurar que la
autoridad judicial hiciera un conteo “automático” de la caducidad desde el inicio de la
reclusión, sin presentar razones para ello, y prescindiendo de un análisis serio del
reproche planteado en la apelación.

28. En tal sentido, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío,

no dio cuenta de la existencia y el análisis de elementos probatorios que le
permitieran -al momento de resolver sobre la admisión o rechazo de la demanda-
arribar a la conclusión de que el demandante conoció el daño desde la misma fecha
de su ocurrencia, es decir, al momento de su ingreso al lugar de reclusión y, menos
aún, que lo habilitaran a concluir categóricamente que la alegada continuidad del
daño resultaba ser indiferente para el estudio.

29. Por otro lado, el Tribunal ni siquiera hizo mención, y mucho menos analizó los

documentos aportados por el actor en la demanda de reparación directa, traídos a
colación también en la tutela, para señalar que conoció del daño en fecha posterior
al inicio de la reclusión.

30. En cualquier caso, la Sala observa que los mismos únicamente dan cuenta de la

fecha en que el señor Oquendo López ingresó y salió del Comando de Policía de
Armenia, pero no permiten determinar que desde el mismo momento de su llegada
a dicho lugar, hubiera podido advertir las situaciones de hacinamiento que, según
afirma, dieron origen al daño alegado. Si bien el oficio GS-2023-DEQUI-MNVCC-
1.10 del 2 de agosto de 2023, certifica que para la fecha de su expedición existía un
porcentaje de hacinamiento del 307% en ese centro, lo cierto es que aquella no
corresponde a las fechas en las que el accionante estuvo recluido en el comando.
Aunque también se reportan porcentajes de hacinamiento en meses y años
anteriores, la información se relacionó únicamente a partir del mes de septiembre de
2022, cuando el demandante ya no se encontraba en ese centro de reclusión.

31. Para ilustrar lo expuesto, se presentan los 2 extractos pertinentes del referido

documento, resaltando los periodos de febrero a mayo de 2022, que corresponden
a aquellos en que tuvo lugar la privación de la libertad del accionante, sobre los
cuales la entidad indicó que “No se tiene información”:

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00
Demandante: Diego Alexander Oquendo López
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00
Demandante: Diego Alexander Oquendo López
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

32. En tales condiciones, escapa del margen de la razonabilidad jurídica, concluir que

se encontraba plenamente acreditado que desde el momento en que el demandante
ingresó al Comando de Policía, le era posible conocer la situación de hacinamiento
por ser evidente, pues no se tiene soporte documental de ello, y ni siquiera las
pruebas aportadas con la demanda -sobre las que el Tribunal omitió pronunciarse-
permitían arribar a las conclusiones que se plasmaron en la providencia.

33. En línea con lo anterior, el Tribunal igualmente se abstuvo de razonar sobre la

posibilidad de que el daño derivado de las condiciones de hacinamiento solo pudiera
ser conocido en un momento posterior a su causación, o sobre la existencia de
circunstancias en las que -aun conociendo el daño- resultara materialmente
imposible ejercer el derecho de acción dentro del término establecido por el
legislador para acudir a la jurisdicción13. Aspectos de cardinal importancia, de cara
al recurso de apelación en el que se alegó que el daño era continuado, cualificación
que se asumió sin hacer ningún tipo de análisis probatorio, ni estudio jurídico sobre
las consecuencias que de ello derivaban.

34. Tratándose de un daño por hacinamiento carcelario, en el que confluyen diversos

factores, resulta necesario analizar -entre otros aspectos- la capacidad del lugar de
reclusión, la cantidad de internos que había al momento en que también se
encontraba recluido el demandante, cifra que, además, puede fluctuar de forma
constante en el tiempo, máxime considerando que se trataba de un centro transitorio.
Tales circunstancias no fueron objeto de estudio por el juzgador para determinar si
el daño que se alegó persistió en el tiempo o no, y poder a partir de ello entrar a
dilucidar el argumento expuesto por el accionante relativo a que se trataba de un
daño continuado que merecía una valoración especial, por los efectos que ello podía
implicar en la posibilidad de acudir a la jurisdicción.

35. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, en aplicación

de la sentencia del 6 de diciembre de 202214, determinó que la caducidad debía
contabilizarse a partir del momento en que se tuvo conocimiento de la afectación,
independientemente del tipo de daño. Con base en ello, asumió que el accionante

13 En sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, el Consejo de Estado unificó la jurisprudencia en relación

con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad,
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pretenda la declaratoria de responsabilidad patrimonial
del Estado. Allí, se fijaron las siguientes reglas: (i) el término previsto por el legislador para acudir a la jurisdicción
es aplicable en todos los casos; (ii) salvo en casos de desaparición forzada, dicho plazo se debe contabilizar
desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial y; (iii) el término no se aplica cuando
se presentaron situaciones que impidieron materialmente el ejercicio del derecho de acción. Una vez superadas,
empieza a correr el plazo legal.
14 Proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación dentro del proceso de reparación

directa 05001-23-31-000-2002-04829-01. Como ya se precisó, en la providencia cuestionada, por error, se
referenció otra sentencia al traer a colación un extracto de esa decisión. Sin embargo, a partir de ese extracto,
se pudo determinar que en realidad se trataba del fallo del 6 de diciembre de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00
Demandante: Diego Alexander Oquendo López
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

conoció el daño desde su ingreso al Comando de Policía, sin respaldar su conclusión
en los elementos de juicio que obraban en el expediente.

36. Las consideraciones esbozadas por el juzgador se basaron en su percepción,
sobre el momento en que el accionante pudo advertir el daño desde el mismo
momento en que llegó al centro de reclusión, por cuanto lo que se alegaba era una
situación de hacinamiento, pero no se sustentaron en prueba alguna. A lo que se
suma que tampoco se tuvieron en cuenta otros elementos que hubieran podido
determinar que el conocimiento del daño se presentó en un momento distinto.

37. Respecto a la objeción planteada por el demandante en su apelación, el Tribunal

asumió que se trataba de un daño continuado, sin estar plenamente acreditado para
ese momento procesal que este perduró en el tiempo. Confundió la continuidad en
la reclusión con la continuidad en el hacinamiento. A partir del material probatorio
obrante en el expediente hasta esa etapa, solo era posible establecer con certeza
que el actor estuvo privado de la libertad en un centro de reclusión transitorio por un
periodo de tiempo prolongado, pero no que el hacinamiento, como hecho generador
del daño, se mantuviera todo ese periodo. De ahí que tampoco existieran elementos
que permitieran inferir con claridad si se trataba, en efecto, de un daño continuado.

38. Lo anterior, cobra aún más relevancia, si se tiene en cuenta que en la sentencia

del 3 de octubre de 2019, proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo
de Estado, en el marco de una acción de grupo15 en la que también se pretendía la
declaratoria de responsabilidad del Estado por hacinamiento carcelario, al abordar
el estudio de caducidad del medio de control, se concluyó que este fue ejercido
oportunamente, en tanto se acreditó que los hechos omisivos objeto de debate
provenían de un daño de carácter continuado, el cual no deja de causarse mientras
persiste.

39. Por ende, dada la existencia de ese pronunciamiento judicial previo, no solo
resultaba indispensable establecer con certeza el momento en que se produjo el
conocimiento del daño, sino también si este tenía o no un carácter continuado, pues
tales elementos incidían directamente en el estudio de la caducidad del medio de
control. Y ello no podía ser el resultado de una apreciación ligera del asunto, que
considerara sólo la fecha de ingreso y salida del centro de reclusión, y asumiera (i)
que hubo hacinamiento desde el primero hasta el último día de reclusión, (ii) que la
víctima conoció del mismo a su ingreso, y (iii) que no tuvo ningún obstáculo para
acudir a la administración de justicia a reclamar la reparación.

40. Ahora, lo anterior no puede ser entendido como un reproche al accionante por no

aportar con la demanda elementos probatorios que permitieran definir tales

15 Con radicado número 70001-23-33-000- 2014-00186-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00
Demandante: Diego Alexander Oquendo López
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

aspectos, pues el acápite de pruebas de la demanda de reparación directa y los
anexos aportados dan cuenta de que, previo a iniciar el proceso, procuró acudir ante
las autoridades accionadas y recopilar la información que estimó pertinente. No
obstante, ante la dificultad de obtener datos claros, requirió al juez oficiar a las
mismas, a efectos de que pudiera ser allegada al proceso la información necesaria
para desatar el litigio.

41. Ejemplo de ello es que, como ya mostró con las imágenes de los extractos
pertinentes, a través del oficio GS-2023-DEQUI-MNVCC-1.10 del 2 de agosto de
2023 la Policía Nacional – Departamento de Policía Quindío – Subcomando le
entregó al apoderado del demandante información histórica sobre el porcentaje de
hacinamiento de la estación en que este último estuvo recluido, pero respecto a los
meses en que tuvo lugar su privación de la libertad indicó que “No se tiene
información”. De ahí, que solicitara como prueba requerir a las accionadas, entre
ellas al Comando de Policía de Armenia, que se sirvieran informar -entre otras cosas-
si en ese centro de reclusión transitoria “(…) existe hacinamiento carcelario. De ser
afirmativa su respuesta, se sirva informar el porcentaje de hacinamiento existente en
cada una de las salas, en el periodo comprendido desde agosto de 2.020 hasta la
fecha, precisando el porcentaje de hacinamiento mes a mes”.

42. Lo anterior evidencia una dificultad probatoria que no puede ser soslayada, y
respecto a la cual el ordenamiento jurídico plantea alternativas que privilegian el
acceso a la administración de justicia. En tal sentido, si eventualmente la autoridad
judicial considera que en la etapa de admisión no se cuenta con elementos
probatorios que permitan establecer con certeza el momento en que se tuvo
conocimiento del daño, si este era de carácter instantáneo o continuado o, incluso,
si existían circunstancias que hubieran impedido materialmente el ejercicio oportuno
del derecho de acción -aspectos necesarios para verificar el cómputo del término de
la caducidad del medio de control-, en aplicación del principio pro actione, puede
posponer dicho estudio para una etapa posterior, ya sea en la audiencia inicial o en
la sentencia y no, de entrada, cercenar el acceso a la administración de justicia.

43. En reiteradas oportunidades, esta Corporación16 ha puntualizado que, en aras de

hacer efectiva tal prerrogativa constitucional, el fallador puede diferir el análisis de la
caducidad del medio de control hasta la sentencia, cuando en la etapa inicial no sea
posible determinar con claridad el momento en que debe empezar a contabilizarse,
pues en una fase posterior del proceso se contará con mayores elementos
probatorios para establecer con certeza si operó o no la caducidad. Ello puede
resultar pertinente en un caso como este, en el que el demandante solicitó la práctica

16 Al respecto, ver sentencias del 30 de agosto de 2018, exp. 41001-23-33-000-2015-00926-01, CP. Ramiro

Pazos Guerrero y 28 de octubre de 2024, exp. 25000-23-36-000-2017-02210-01, CP. Nicolas Yepes Corrales;
auto del 3 de febrero de 2025, exp.05001-23-33-000-2020-00575-01, CP. María Adriana Marín.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00
Demandante: Diego Alexander Oquendo López
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

de otras pruebas, para complementar la información fragmentada e incompleta que
le suministraron las autoridades accionadas.

44. La Sala no pretende indicar que esta sea la forma en que el Tribunal debe resolver

el asunto, simplemente pone de presente que existen alternativas que no sacrifican
el acceso a la administración de justicia, incluso en situaciones en las que el acervo
probatorio aportado con la demanda no permite definir lo relativo a la caducidad. De
tal manera que, corresponde al juez natural evaluar la información con que cuenta y
adoptar una decisión, que encuentre sustento en el material probatorio. Lo que no
es admisible es que declare la caducidad sin tener certeza de la totalidad de los
elementos fácticos que deben ser evaluados, pues ello pone en evidencia la
configuración del defecto fáctico.

45. Según la jurisprudencia constitucional17, dicha causal específica de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencias judiciales emerge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio para aplicar el supuesto legal en el que fundamenta la
decisión.

46. Uno de los supuestos en los que se puede presentar la configuración de dicho

yerro, es cuando el operador judicial da por acreditadas ciertas circunstancias sin
que exista material probatorio que respalde la decisión que adopta 18, como ocurrió
en el caso bajo estudio respecto a la fecha de conocimiento del daño y el momento
en que concurrieron las condiciones materiales que permitían acudir a la jurisdicción.

47. Por lo expuesto, la Sala dispondrá la protección del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia del accionante, vulnerado por la Sala Cuarta
de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío al haber incurrido en un defecto
fáctico. En consecuencia, se dejará sin efectos el auto del 29 de agosto de 2024, con
el fin de que la autoridad judicial profiera una decisión de reemplazo, que privilegie
el principio pro actione, en garantía del acceso a la administración de justicia.

48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia de la parte actora.

17 Sentencia T-567 de 1998, reiterada en sentencias T-81 de 1011 y SU-453 de 2019, entre otras.
18 Sentencia T-538 de 1994, reiterada en la Sentencia SU-453 de 2019.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01176-00
Demandante: Diego Alexander Oquendo López
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

SEGUNDO: Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto del 29 de agosto
de 2024, proferido por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del
Quindío, dentro del proceso de reparación directa con radicado número 63001-33-
33-005-2024-00106-01, para que, en el término de veinte (20) días, contados a partir
de la notificación de la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo, que
tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: RECONOCER personería a la abogada Diana Patricia Álvarez Ramírez,
portadora de la tarjeta profesional 189.172 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderado del accionante, en los términos y para los efectos del poder que fue
allegado en virtud del requerimiento hecho en auto del 10 de marzo de 2025.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE19
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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