Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04925-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04925-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04925-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04925-01
Demandante: FERLES DELGADO JARA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma sentencia de primera
instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo de 24 de julio de 2026, por medio del cual la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Ferles Delgado Jara, actuando por medio de apoderada judicial, presentó
acción de tutela1 contra el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima. Con la solicitud de amparo pretende
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de los
autos del 6 de febrero de 2025 y 12 de febrero de 2026, dictados por las referidas
autoridades, respectivamente, por medio de los cuales se rechazó la demanda de
reparación directa con radicado 73001-33-33-005-2024-00089-00/01, por haber
operado el fenómeno de la caducidad.
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó lo siguiente:
1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y,
en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el
Juzgado 5 Administrativo de Ibagué el 6 de febrero de 2025, y el auto proferido por el
Tribunal Administrativo del Tolima el 12 de febrero de 2026, en el proceso de
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Samai, índice 2, mediante escrito presentado el 25 de junio de 2026.
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Demandante: Ferles Delgado Jara
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04925-01
REPARACIÓN DIRECTA de FERLES DELGADO JARA, radicado No. 73001-33-33-
005-2024-00089-00, así como también las actuaciones posteriores a la providencia,
proferidas por el Juzgado 5 Administrativo de Ibagué.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir decisión de reemplazo, de
acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de
que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados2.
1.3. Hechos
La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:
El señor Delgado Jara permaneció detenido en las instalaciones de la Estación de
Policía del Guamo (Tolima), desde el día 13 de septiembre de 2021 hasta el día 23
de enero de 2023.
Aseguró que el 12 de febrero de 2024, presentó una petición ante el Departamento
Policía de Tolima, en la que solicitó que le informara la capacidad total con la que
contaba la referida estación para albergar detenidos y si en dichas instalaciones
existía hacinamiento carcelario. Mediante la resolución GS-2024-051453-DISPO-
ESTPO-13.0, expedida el 22 de marzo del mismo año, la institución señaló que ese
establecimiento tenía un hacinamiento de más del 100%.
Mencionó que el 16 de febrero de 2024, presentó una solicitud de audiencia de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 216 Judicial I para Asuntos
Administrativos de la Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró fallida,
expidiéndose la respectiva certificación el 19 de abril de 2024, lo que suspendió el
término de caducidad.
Indicó que el 19 de abril de 2024 presentó el medio de control de reparación directa,
proceso identificado con el radicado 73001-33-33-005-2024-00089-00, contra el
municipio del Guamo, el departamento del Tolima, la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el
Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional.
Aseguró que el proceso se presentó con el fin de que se les declarara
administrativamente responsables por los perjuicios materiales y morales padecidos
debido a las condiciones de hacinamiento que soportó mientras se encontraba
recluido.
Afirmó que, por reparto, el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, autoridad judicial que, por medio del auto
del 6 de febrero de 2025, rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la
caducidad.
En criterio de esta autoridad, el cómputo del término para demandar debía contarse
desde la fecha en que la víctima se percató del presunto daño, esto es, desde el 13
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Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.
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Demandante: Ferles Delgado Jara
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
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de septiembre de 2021, día en el que fue recluido en el establecimiento carcelario,
así que el plazo de dos años vencía el 14 de septiembre de 2023; sin embargo, la
solicitud de conciliación extrajudicial solo fue radicada hasta el 16 de febrero de 2024,
es decir, fuera de la oportunidad pertinente.
Inconforme con esta decisión, el demandante la apeló, mediante escrito en el que
indicó que el daño era continuado o de carácter sucesivo, pues se prolongó durante
el tiempo en que estuvo recluido, así que el término para interponer la demanda no
podía ser contado desde la fecha de inicio de su reclusión.
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 12 de febrero de 2026,
confirmó la sentencia apelada con base en los mismos argumentos, providencia que
quedó ejecutoriada el 23 de febrero del mismo año.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte accionante señaló que las autoridades judiciales accionadas vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Señaló que existe amplia protección de estos derechos a nivel internacional, citando
la sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 241, Caso Pacheco Teruel y otros
Vs. Honduras, en la cual se declaró al Estado responsable en relación con hechos
de hacinamiento carcelario.
Con respecto al fenómeno de la caducidad en el medio de control de reparación
directa, citó las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-342 de 29 de
junio de 2016, T-238 de 4 de julio de 2023, SU-241 de 20 de junio de 2024.
Aseguró que dichas providencias establecen que el término de caducidad de la
demanda de reparación directa no siempre debe contarse desde la ocurrencia del
hecho dañoso, sino que, en situaciones excepcionales, puede contarse desde el
momento en que la víctima conoció o pudo conocer efectivamente el daño, o una vez
el daño haya finalizado, especialmente cuando se manifiesta con posterioridad, es
continuado, de tracto sucesivo o se agrava con el tiempo.
Además, recalcó que cuando existen circunstancias materiales que impiden al
afectado acceder a la administración de justicia, el término de caducidad puede
excepcionalmente inaplicarse o suspenderse mientras subsistan esas
circunstancias, pues una aplicación rígida del plazo podría vulnerar los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso y reparación
integral.
Asimismo, señaló las siguientes providencias del Consejo de Estado: Sentencia del
30 de enero de 2013 de la Sección Tercera – Subsección B, radicado 25000-23-26-
000-1997-05265-01 (22867), sentencia del 9 diciembre de 2013 de la Sección
Tercera – Subsección A con radicado 50001-23-31-000-2012-00196-01 (48152),
sentencia del 1° de marzo de 2018 de la Sección Tercera – Subsección A, radicado
68001-23-31-000-2010-00605-01 (49396), sentencia del 3 de octubre de 2019 de la
Sección Tercera - Subsección A, radicado 70001-23-33-000-2014-00186-01(AG) y
la sentencia del 2 de marzo de 2023 de la Sección Segunda – Subsección A, radicado
11001-03-15-000-2022-01335-02.
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Demandante: Ferles Delgado Jara
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04925-01
En particular, refirió que estas sentencias precisan que cuando se trata de daños
continuados, el término de caducidad no se cuenta necesariamente desde el hecho
inicial que los produjo, sino desde que cesan los efectos lesivos o se consolida el
daño, pues mientras este continúe produciéndose no es posible determinar
definitivamente su alcance.
Por último, invocó los principios pro homine, pro actione y pro damnato, los cuales
exigen que, ante dudas sobre la interpretación y el cómputo de la caducidad, se
adopte la solución más favorable a la protección de los derechos y al acceso efectivo
a la administración de justicia. En este sentido, mencionó las sentencias T-229 de
2021 y T-004 de 2025, en las cuales la Corte Constitucional ha señalado que la
caducidad no puede aplicarse de manera rígida cuando las circunstancias
particulares del caso, especialmente frente a daños continuados y graves
vulneraciones de derechos humanos, justifican una interpretación que permita el
estudio de fondo y la reparación integral.
1.5. Trámite en primera instancia
Por medio de auto de 26 de junio de 2026, el a quo admitió la demanda y ordenó
notificar esta decisión a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del
Tolima y al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué para
que contestaran la presente acción de tutela y allegaran los documentos que
pretendían hacer valer como pruebas.
1.6 Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias visibles
en el expediente, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. Tribunal Administrativo del Tolima
En escrito del 6 de julio de 20263, el Tribunal Administrativo del Tolima allegó informe
en el que solicitó la denegación de las pretensiones del accionante, al afirmar que la
fundamentación de la providencia cuestionada no fue arbitraria ni caprichosa, toda
vez que se concluyó que, para efectos de contabilizar el término de caducidad, este
debía computarse desde el momento en que el accionante fue recluido en el centro
penitenciario, por ser este el momento en que tuvo conocimiento del daño cuya
indemnización pretende.
Asimismo, el tribunal afirmó que la fundamentación de esta decisión se sustentó en
el precedente judicial obligatorio, particularmente en la providencia del 27 de agosto
de 2020 del Consejo de Estado, según la cual el término de caducidad no puede
extenderse indefinidamente ni depender de la voluntad de los interesados, so
pretexto de realizar una interpretación constitucional.
En ese sentido, sostuvo que, tratándose de daños derivados del hacinamiento
carcelario, dicho término debe contabilizarse desde la ocurrencia del hecho dañoso,
por ser este el momento en que el afectado tuvo conocimiento del daño.
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Índice 13 de SAMAI.
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Con fundamento en este criterio, consideró que el accionante conoció las
condiciones de hacinamiento desde el momento de su ingreso a las instalaciones
policiales, el 13 de septiembre de 2021, razón por la cual, al presentar la solicitud de
conciliación extrajudicial el 16 de febrero de 2024, ya había transcurrido el término
de dos años para ejercer el medio de control de reparación directa.
1.7 Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 24 de julio de 2026, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, negó las pretensiones de la acción de tutela.
Luego de encontrar acreditados los requisitos adjetivos de procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, procedió a analizar el desconocimiento del
precedente judicial y, en tal virtud, concluyó que ninguna de las providencias
invocadas por la parte accionante constituía precedente aplicable al caso.
Señaló que las sentencias T-342 de 2016, T-238 de 2023 y T-229 de 2021 se referían
a daños derivados de fallas en la prestación del servicio médico; las sentencias SU-
241 y T-004 de 2025, a hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad, genocidio
y crímenes de guerra; y la T-334 de 2018, a un accidente de tránsito.
De igual manera, precisó que las decisiones del Consejo de Estado citadas
correspondían a supuestos fácticos particulares, a asuntos diferentes o a medios de
control distintos, sin que alguna de ellas hubiera establecido una regla jurisprudencial
de unificación y carácter vinculante sobre la caducidad de la reparación directa en
casos de hacinamiento carcelario.
En consecuencia, determinó que no se configuraba el defecto de desconocimiento
del precedente judicial ni el de violación directa de la Constitución, pues la autoridad
judicial accionada había actuado dentro del ámbito de su autonomía judicial.
Además, destacó que el juez constitucional, al estudiar una tutela contra providencia
judicial, debe realizar un juicio de validez y no de corrección de la decisión, de manera
que únicamente procede el amparo cuando se advierta un razonamiento arbitrario o
caprichoso.
Finalmente, concluyó que los argumentos de la parte accionante evidenciaban un
desacuerdo con la interpretación realizada por el Tribunal Administrativo del Tolima
respecto del término de caducidad, pero no una vulneración de derechos
fundamentales. Por tanto, al no encontrarse acreditada la configuración de alguno de
los defectos alegados, resolvió negar el amparo solicitado.
1.8 impugnación
Mediante escrito del 6 de agosto de 20264, la parte accionante impugnó la sentencia
de primera instancia, al considerar que la decisión desconoció los principios pro
homine, pro actione y pro damnato, al acoger una interpretación restrictiva y regresiva
del término de caducidad.
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Índice 20 de SAMAI.
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Sostuvo que tener como punto de partida el momento de ingreso al centro de
detención transitoria desconoce la especial protección que merecen las personas
privadas de la libertad y restringe su derecho de acceso a la administración de
justicia, particularmente porque las condiciones de hacinamiento constituyen una
vulneración sistemática y prolongada de derechos fundamentales, cuyos efectos se
mantienen mientras persistan las condiciones indignas de reclusión.
En apoyo de su posición, la parte accionante invocó el bloque de constitucionalidad
y los estándares internacionales de protección de las personas privadas de la
libertad, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre ellas, las
sentencias T-861 de 2013, T-388 de 2013 y SU-122 de 2022, para señalar que las
personas privadas de la libertad se encuentran en una relación de especial sujeción
frente al Estado, quien tiene el deber de garantizar condiciones dignas de reclusión
y una vida libre de hacinamiento. En ese sentido, sostuvo que la interpretación del
término de caducidad debe atender a las particularidades de esta población y
favorecer aquella alternativa que permita la efectividad de sus derechos
fundamentales.
Asimismo, citó decisiones recientes de la Sección Tercera, Subsección A, del
Consejo de Estado, particularmente los fallos de tutela del 5 de mayo de 2025, rad.
11001-03-15-000-2025-01176-00, y del 19 de mayo de 2025, rad. 11001-03-15-000-
2025-02071-00, en los que, según afirmó, tiene similares situaciones fácticas y se
amparó el derecho de acceso a la administración de justicia frente a decisiones que
habían efectuado un cómputo automático de la caducidad desde el inicio de la
reclusión, sin valorar las circunstancias particulares ni el material probatorio
relacionado con la existencia de un daño continuado derivado del hacinamiento
carcelario.
A partir de estos pronunciamientos, sostuvo que no resulta admisible adoptar una
postura rígida sobre la caducidad sin establecer, mediante las pruebas del proceso,
el momento en que efectivamente se produjo el conocimiento del daño.
De igual forma, la parte accionante citó el fallo de tutela del 1.º de julio de 2025, rad.
11001-03-15-000-2025-03031-00, proferido por la Sección Tercera, Subsección A,
del Consejo de Estado, para sostener que, en casos de hacinamiento carcelario, no
basta con acudir a porcentajes promedio de hacinamiento, sino que deben valorarse
las condiciones concretas del lugar de reclusión, como su capacidad, el número de
internos y las variaciones de esta cifra durante el período de reclusión, a efectos de
establecer si el afectado pudo conocer efectivamente el daño desde su ingreso.
Por otra parte, invocó la sentencia del 29 de enero de 2020, rad. 85001-33-33-002-
2014-00144-01 (61033), de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conforme a
la cual, excepcionalmente, puede inaplicarse el término de caducidad de la
reparación directa cuando existan razones materiales que hayan impedido al
afectado acceder efectivamente a la administración de justicia, pues el transcurso del
tiempo no puede operar en perjuicio de quien, atendiendo a las circunstancias
particulares de su caso, no estuvo en condiciones reales de ejercer su derecho de
acción.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
demandante contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A el 24 de julio de 2026, según lo previsto en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
La sala advierte que el demandante adjudica tanto al Tribunal Administrativo del
Tolima como al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué la
vulneración de sus garantías constitucionales, con ocasión de los autos proferidos el
6 de febrero de 2025 y 12 de febrero de 2026, respectivamente.
No obstante, esta sala de decisión se limitará a analizar la providencia proferida el
12 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Tolima, comoquiera que fue
la que puso fin al medio de control con radicado 73001-33-33-005-2024-00089-00/01.
Ahora bien, las providencias invocadas como presuntamente desconocidas en el
escrito de impugnación, específicamente las sentencias T-861 de 2013, T-388 de
2013 y SU-122 de 2022, así como los fallos de tutela proferidos por la Sección
Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado del 5 de mayo de 2025, rad. 11001-
03-15-000-2025-01176-00, del 19 de mayo de 2025, rad. 11001-03-15-000-2025-
02071-00, del 1.º de julio de 2025, rad. 11001-03-15-000-2025-03031-00, y sentencia
de reparación directa del 29 de enero de 2020, rad. 85001-33-33-002-2014-00144-
01 (61033) corresponden a argumentos que no fueron planteados en el escrito inicial
de tutela.
Por tal motivo, comoquiera que se trata de alegaciones nuevas frente a las cuales la
parte accionada no tuvo oportunidad de pronunciarse en el trámite de primera
instancia, la sala se abstendrá de estudiarlas, pues proceder en contrario implicaría
desconocer los derechos de defensa y contradicción de la autoridad accionada.
2.3. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si el Tribunal
Administrativo del Tolima vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia del señor Ferles Delgado Jara con ocasión
del auto proferido el 12 de febrero de 2026, que confirmó la decisión de rechazar la
demanda de reparación directa con radicado 73001-33-33-005-2024-00089-00/01,
por haber operado el fenómeno de la caducidad y, en tales condiciones, si hay lugar
a revocar, modificar o confirmar la sentencia del 24 de julio de 2026, por medio de la
cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A denegó el amparo
solicitado.
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) los
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requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los anteriores supuestos, (iii)
el fondo del asunto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Reiteración5
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
20126, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo
siguiente:
[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas
que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta el
momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción
no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y
otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que
se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) o que impiden
efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos
generales de procedencia. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Decisiones del 13 de marzo de 2025,
expedientes n.º 11001-03-15-000-2025-00881-00 y 11001-03-15-000-2025-00808-00.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de 2012,
expediente n.º 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
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Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el
contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto
del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación
del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión
y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
En lo referente al requisito de relevancia constitucional, cabe señalar que la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las sentencias
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial «[...]el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada».
Enfatizó que el análisis de procedencia, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte, debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida
por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que
la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo,
por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para
discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se
zanjaron por el juez natural.
Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional
«protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en
detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta
exigencia. Los presupuestos se refieren a lo siguiente:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo
está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la
discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser
un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
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definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.
En esa medida, la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar
este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Sobre el particular, la sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente frente al cargo por desconocimiento del precedente de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, pues, conforme con los argumentos
esgrimidos en el escrito de tutela, se trata de la presunta lesión de varios derechos
fundamentales y en particular de la garantía de acceso a la administración de justicia,
yerro contenido en la providencia que confirmó el rechazó de una demanda de
reparación directa, que a su vez involucra el estudio sobre la responsabilidad del
Estado cimentada en una presunta afectación a los derechos de las personas
privadas de la libertad por haber sometido al señor Ferles Delgado Jara a una
condición de hacinamiento carcelario.
Al respecto, cabe destacar que la decisión que declaró la caducidad del medio de
control se dio en la etapa inicial del proceso, antes de que se trabara la litis, aspecto
que sin lugar a duda encuentra mayor importancia frente al estudio de fondo del
mecanismo, ya que, de entrada, se vislumbra la imposibilidad de activar el aparato
judicial.
Además, es pertinente advertir que los argumentos expuestos no apuntan a convertir
este mecanismo constitucional en una tercera instancia, ya que trascienden de una
«mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales» porque
a su juicio existe un precedente que apoya su tesis.
En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que la parte actora expone las
razones por las cuales considera que el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió
en un vicio judicial, al no estudiar el caso a luz de los antecedentes que se citaron en
la solicitud de amparo, lo que a su juicio tiene la virtualidad de modificar la decisión
controvertida.
Por tal razón, se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia Constitucional frente al cargo por desconocimiento del precedente, con
relación a las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, en atención a que se
está en presencia de una posible trasgresión de las garantías constitucionales del
tutelante, cuya controversia no se enfocó en un debate de orden de contenido
económico, sino que se justificó en una notoria tensión entre los garantías invocadas
y la decisión judicial objeto de reproche, por lo que la Sala superará esta causal
referente al yerro en mención.
2.5.2. Tutela contra tutela
La sala observa que no existe reparo alguno en relación con este requisito de
posibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia reprochada fue proferida al interior del trámite del
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medio de control de reparación directa con radicado 73001-33-33-005-2024-00089-
00/01.
2.5.3. Subsidiariedad
La parte actora no cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni
extraordinarios para controvertir la providencia que cuestiona mediante esta vía.
Esto, debido a que, por tratarse de un auto que confirma el rechazo de la demanda,
no es susceptible de recurso alguno.
2.5.4. Inmediatez
También se acredita el requisito de inmediatez, pues, sin que sea necesario
constatar la fecha de notificación, el auto que se reprocha fue proferido por el
Tribunal Administrativo del Tolima el 12 de febrero de 2026 y la solicitud de amparo
se radicó el 25 de junio del presente año. Es decir, el actor promovió la acción de
tutela dentro de los seis meses que estableció la Corte Constitucional en la sentencia
C-590 de 2005, como plazo razonable para ejercer la acción constitucional.
2.6. Caso concreto
En el presente caso, la parte actora pretende que se le amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Le
atribuye la presunta vulneración de estos a la providencia del 12 de febrero de 2026,
dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, que confirmó la decisión del 6 de
febrero de 2025, dictada por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué, que rechazó la demanda del medio de control de reparación directa bajo
radicado 73001-33-33-005-2024-00089-00/01, por haber operado el fenómeno de la
caducidad.
A juicio del actor, el tribunal accionado desconoció el precedente fijado por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, relacionados con el cómputo del término de
caducidad en los casos de reparación directa por hacinamiento carcelario.
Según el tutelante, el término de caducidad debe ser calculado desde el día siguiente
a la finalización de su reclusión, esto es, el 24 de enero de 2023, por ser la fecha en
la que cesó el daño continuado. Así, desde ese día hasta que se radicó la solicitud
de conciliación extrajudicial (16 de febrero de 2024), había transcurrido un año y
veintitrés días, por lo que todavía faltaban 11 meses y 8 días para que se cumplieran
los dos años de la caducidad. Afirmó que, por tal motivo, se suspendió el término
hasta que la constancia del trámite de conciliación fue expedida el 19 de abril del
mismo año y, a partir del día siguiente, se reanudó el cómputo por los días que
faltaban.
Aclaró que, en todo caso, la certeza del daño solo fue adquirida el 22 de marzo de
2024, fecha en la que el Departamento de Policía del Tolima puso en conocimiento
el informe GS-2024-051453-DISPO-ESTPO-13.0, relacionado con la situación de
hacinamiento carcelario que padeció en la Estación de Policía del Guamo.
Por otra parte, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Tolima, realizó un
análisis mediante el cual puso de presente que el daño padecido por el actor es de
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ejecución instantánea, independientemente de que el mismo genere efectos en el
tiempo, de conformidad con la jurisprudencia proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
Al respecto, hizo referencia a las siguientes providencias: i) Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente: Enrique Gil
Botero. 18 de octubre de 2007. Rad. No. 25000-23-27-000-2001-00029-01, ii)
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección tercera-
subsección A. Consejera Ponente: María Adriana Marín. 27 de agosto de 2020. Rad.
No. 25000-23-26-000-2009-00508-01(46706), iii) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero ponente:
Guillermo Sánchez Luque, providencia del seis (6) de diciembre de dos mil veintidós
(2022), Radicación número: 05001-23-31-000-2002-04829-01(47148) y iv) Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Consejero ponente: César Palomino Cortés, providencia del cinco (5) de octubre de
dos mil veintitrés (2023), Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02769-01.
El tribunal señaló que, en dichas providencias, el máximo órgano de lo contencioso
administrativo ha indicado que respecto de la caducidad del medio de control en
asuntos de hacinamiento carcelario «aunque los efectos perduren en el tiempo, el
conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la
conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del
daño».
Ahora bien, se considera que el tribunal no incurrió en un desconocimiento del
precedente, ya que, tal y como se puede colegir de los antecedentes narrados por el
accionante, no existe una posición unificada en relación con la caducidad del medio
de control de reparación directa cuando se alega el daño antijurídico por
hacinamiento carcelario, y no le corresponde a esta sección, mucho menos en sede
de tutela, definir el criterio imperante.
En efecto, se advierte que una de las sentencias alegadas por el accionante acoge
la tesis de que en asuntos de hacinamiento carcelario la caducidad opera en los
términos del artículo 164 del CPACA, es decir, cuando la víctima tiene conocimiento
del daño, criterio diametralmente opuesto al de la Subsección A en la sentencia de 6
de octubre de 201925, que expuso que el daño en estos eventos es continuado.
En ese orden de ideas, luego de estudiar la decisión controvertida, esta sección
considera que el Tribunal Administrativo del Tolima, a partir de un análisis integral de
las pruebas aportadas, de las cuales se destaca la constatación del porcentaje de
hacinamiento que se estableció en más del 100% en la Estación de Policía del
Guamo, no incurrió en un desconocimiento del precedente, comoquiera que no existe
tesis unificada frente a la caducidad en casos de hacinamiento carcelario.
Sumado a lo anterior se tiene que el tribunal sustentó su decisión en uno de los
criterios adoptados por el máximo órgano de la jurisdicción contenciosa, y respaldó
su decisión en una determinación que se encuentra acorde con el material probatorio
aportado, del cual coligió que, al advertirse un hacinamiento tan elevado, el
accionante tenía conocimiento del daño desde el momento cuando ingresó al
establecimiento carcelario, conclusión que si bien se podría compartir o no, no resulta
arbitraria o caprichosa, ya que deviene de un ejercicio intelectual del funcionario
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natural de la causa, el cual se enfrenta a múltiples posibilidades hermenéuticas en
su labor de interpretación a un caso en específico, por ello, no le corresponde a juez
constitucional señalar cuál de tales posibilidades es la «correcta» o aquella que más
conviene en un caso en concreto, pues se vulneraría la independencia y autonomía
con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario.
Según lo anterior, se confirmará la sentencia del 24 de julio de 2026 de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que niega las pretensiones del
amparo constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 24 de julio de 2026, mediante la cual la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado denegó el amparo
constitucional presentado por el señor Ferles Delgado Jara.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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