Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02071-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Directa por hacinamiento carcelario: término de caducidad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02071-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02071-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
19 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02071-00
Accionante: WILLINGTON AVILÉS MÁRTÍNEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos de
procedibilidad / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Se configura / REPARACIÓN
DIRECTA POR HACINAMIENTO CARCELARIO – Término de caducidad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el señor Willington Avilés Martínez, actuando mediante apoderada, de
conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 8 de abril de 2025 la parte accionante presentó acción de tutela en contra del
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y del Tribunal
Administrativo de Tolima, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad.
Hechos relevantes
2. El señor Willington Avilés Martínez, en nombre propio y en representación de sus
hijas Tania Yirley Avilés Quimbayo y Angi Paola Avilés Galvis, y la señora Sandra
Patricia Quimbayo Escobar interpusieron demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC,
de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, del Ministerio de
Justicia, del Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de la Fiscalía General de la
Nación, del Departamento del Tolima y del Municipio de Ibagué, con el fin de obtener
las siguientes pretensiones:
“1.- Que el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,
LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
1 Que ingresó para fallo el 5 de mayo de 2025.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02071-00
Accionante: Willington Avilés Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA NACIÓN – UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN
– MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLÍCIA NACIONAL y LA
NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, son responsables
administrativamente por todos los perjuicios morales, materiales y
perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos, causados a
WILLINGTON AVILES MARTINEZ, SANDRA PATRICIA QUIMBAYO
ESCOBAR, ANGI PAOLA AVILES GALVIS, TANIA YIRLEY AVILES
QUIMBAYO, como consecuencia de las condiciones de hacinamiento
sufridas por WILLINGTON AVILES MARTINEZ, desde el día 28 de mayo
de 2021 hasta el día 12 de agosto de 2022 o el tiempo que se logre probar
en el transcurso del proceso mientras se encontraba detenido en las
instalaciones de la Permanente Central de Ibagué-Tolima.
2.- Que como consecuencia de la anterior declaración, el MUNICIPIO DE
IBAGUÉ, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA NACIÓN - RAMA
JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL,
LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
(INPEC), LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DEL DERECHO, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
POLÍCIA NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, deben a WILLINGTON AVILES MARTINEZ, SANDRA PATRICIA
QUIMBAYO ESCOBAR, ANGO PAOLA AVILES GALVIS, TANIA YIRLEY
AVILES QUIMBAYO, la totalidad de los perjuicios morales, materiales y
perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos, de conformidad
con la liquidación que de ellos se haga más adelante”.
3. Lo anterior, por considerar que “estuvo recluido en la permanente de la Policía de
Ibagué-Tolima, 1 año, 2 meses y 15 días, sufriendo un porcentaje de hacinamiento
del 561%”, lo cual ocasionó la “vulneración de sus derechos fundamentales y de sus
derechos humanos tales como el derecho a la vida, salud, dignidad, ambiente sano
e integridad personal, entre otros, como consecuencia del hacinamiento, el cual
constituye un trato cruel, inhumano y degradante, ocasionando sufrimiento moral,
aflicción y tristeza al directo afectado, su compañera permanente y sus hijas, por lo
tanto, se constituye una falla del servicio”.
4. El proceso correspondió al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de
Ibagué que, por medio de providencia del 4 de septiembre de 2024, rechazó la
demanda por haber operado el fenómeno jurídico de caducidad. Contra dicha
decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el
Tribunal Administrativo del Tolima que, a través de providencia del 24 de octubre de
2024, confirmó lo fallado en primera instancia.
Pretensiones
5. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al
accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera
instancia proferido por el Juzgado 9 Administrativo Oral del Circuito de
Ibagué el 4 de septiembre de 2.024, y el auto proferido por el Tribunal
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02071-00
Accionante: Willington Avilés Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Administrativo del Tolima el 24 de octubre de 2.024, en el proceso de
REPARACIÓN DIRECTA de WILLINGTON AVILES MARTÍNEZ, radicado
No. 73001-33-33-009-2024-00176-00, así como también las actuaciones
posteriores al fallo, tales como: auto de obedézcase y cúmplase del 29 de
noviembre de 2.024, y subsiguientes, proferidos por el Juzgado 9
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de
acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con
el fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera
consagrados”.
Fundamentos de la demanda de tutela
6. La parte demandante alega que con la decisión enjuiciada se incurrió en un
desconocimiento del precedente jurisprudencial de carácter vertical del Consejo
de Estado y el precedente horizontal proferido por los Tribunales de Tolima, Quindío
y Antioquia, según los cuales el término de caducidad empieza a correr de manera
automática a partir del primer día en que el detenido tiene conocimiento del estado
de hacinamiento en que se encuentra.
7. Sostiene que el artículo 56 de la Ley 2220 de 2022 establece que la radicación
de una solicitud de conciliación suspende el término de caducidad hasta que se libre
la certificación respectiva o transcurra el término máximo de 3 meses desde su
presentación. Asimismo, expuso que “en relación con los daños de carácter
continuado o sucesivo, la afectación no ocurre en un solo instante, sino que se
prolonga en el tiempo de manera continua o intermitente, generando un perjuicio
constante para la víctima, y, en consecuencia, el término de dos años para
interponer la demanda de reparación directa debe computarse a partir del día
siguiente en que cesó el daño continuado, es decir que la contabilización del término
de caducidad del medio de control comienza cuando el daño continuado ha
finalizado, o desde el momento en que el afectado adquiere conocimiento de la
existencia del daño y de su derecho a reclamar”.
8. Manifiesta que en este caso los operadores jurídicos interpretaron el término de
caducidad de manera restrictiva y formalista, ignorando que la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado han reconocido que, en asuntos donde se debate la
responsabilidad del Estado por la vulneración de derechos fundamentales en un
contexto de privación de la libertad, debe privilegiarse una interpretación que
garantice el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral del daño sufrido. Al
adoptar una postura excesivamente rígida y apartada del contenido sustancial del
derecho fundamental comprometido, la decisión judicial desconoció la obligación de
garantizar un debido proceso con fundamento en principios de justicia material.
9. Asimismo, al omitir un análisis profundo sobre la naturaleza continuada del daño
y su impacto en la víctima, aduce que se incurrió en una afectación
desproporcionada de sus derechos, al punto de impedir que el accionante obtuviera
una respuesta de fondo sobre su pretensión de reparación. Esta vulneración, según
señala, se agrava si se tiene en cuenta que, dentro del bloque de constitucionalidad,
existen estándares internacionales que exigen una protección reforzada para las
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02071-00
Accionante: Willington Avilés Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
personas que han estado en condiciones de detención indignas, lo cual fue ignorado
en la providencia cuestionada.
Trámite en primera instancia
10. Por medio de auto del 23 de abril de 2025 se admitió la acción de tutela de la
referencia y se ordenó notificar al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué y al Tribunal Administrativo de Tolima como accionados y a la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, a la Fiscalía General de la
Nación, al Departamento del Tolima y al Municipio de Ibagué, como terceros con
interés. De igual modo, se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
Intervenciones
11. El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué indicó que
una vez adelantado el examen correspondiente de admisibilidad de la demanda, el
despacho advirtió que de conformidad con el literal i numeral 2 artículo 164 del
CPACA se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad debido a que, cuando el
interno Willington Avilés Martínez ingresó a la permanente central el 28 de mayo de
2021, conoció del hacinamiento que durante ese año era del 514%.
12. De acuerdo con ello, consideró que desde esa fecha debía iniciarse el conteo
de la caducidad, por lo que tenía hasta el 29 de mayo de 2023 para interponer la
demanda de reparación directa, sin embargo, cuando radicó la solicitud de
conciliación extrajudicial el 16 de febrero de 2024 y la demanda el 22 de marzo de
2024 ya había operado dicho fenómeno procesal.
13. Adicionalmente, aportó el enlace de acceso al expediente contentivo del medio
de control de reparación directa radicado núm. 73001-33-33-009-2024-00176-01.
14. El INPEC solicitó que se declare la improcedencia o se nieguen las pretensiones
de la acción de tutela de la referencia por no cumplir con los requisitos de
inmediatez, subsidiariedad y relevancia constitucional.
15. Señala que el accionante pretende eludir por vía de tutela los procedimientos e
instancias que aplican en el caso para permanecer de forma indefinida en el hecho
litigioso que ha surtido en sede de defensa en el medio de control de reparación
directa, lo cual ya fue discutido y tuvo todas las oportunidades para proponer la
argumentación jurídica del caso.
16. Expone que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que la
tutela no procede, en principio, “para ordenar el reconocimiento de la indemnización
sustitutiva pues el legislador ha establecido para ello un escenario judicial concreto:
la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02071-00
Accionante: Willington Avilés Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
17. De la misma forma indicó que en las providencias judiciales ocurre una vía de
hecho cuando el juez actúa de forma “arbitraria, caprichosa y con fundamento en
su sola voluntad actúa en absoluta desconexión con el ordenamiento jurídico”;
situación que considera que no se presenta en el caso sub-examine, pues al
tutelante no se le ha violado derecho fundamental alguno, teniendo en cuenta que
las actuaciones se encuentran ajustadas a derecho.
18. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué
indicó que la acción de tutela objeto de estudio se constituye en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fueron proferidas las providencias
acusadas, “ya que se quiere discutir por parte del accionante la disconformidad
frente a la decisión judicial proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y el
Juzgado 9º administrativo de Ibagué-Tolima, dentro del proceso de reparación
directa 73001-33-33-009-2024-00176-00”.
19. Precisó que no concurren en el caso objeto de estudio los requisitos para la
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, pues de los argumentos
contenidos en el texto de la acción y del lapso entre la notificación de la providencia
de segunda instancia y la presentación de la acción constitucional, “no se advierte
el cumplimiento de tales presupuestos”.
20. Recordó que la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los
procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones,
la procedencia de la misma.
21. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional sostuvo que el presente
asunto no amerita la procedencia de la tutela como un mecanismo para acceder al
reconocimiento de las pretensiones solicitadas por los accionantes, máxime cuando
lo aquí planteado se debatió a través de otras vías de protección jurisdiccional
siendo las idóneas para resolver la litis propuesta y “por lo mismo genera su
improcedencia, teniendo en cuenta que ésta es un mecanismo de protección
subsidiario”.
22. Asimismo, planteó que existe una falta de legitimación en la causa por pasiva
frente a dicha entidad, puesto que “el artículo 113 de la Constitución Política
establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero
colaboran armónicamente para la realización de sus fines, en ese sentido, los
hechos y pretensiones alegadas por la accionante; no son atribuciones y
competencias inherentes a la Policía Nacional, pues su misionalidad y funciones
corresponden al mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de
los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia
convivan en paz”.
23. El Tribunal Administrativo del Tolima transcribió las consideraciones
expuestas en la providencia enjuiciada, para concluir que dichos argumentos
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02071-00
Accionante: Willington Avilés Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
resultan suficientes para soportar la defensa en la acción de tutela, por cuanto la
misma deviene en improcedente.
24. La Alcaldía Municipal de Ibagué, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del
Derecho y la USPEC solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
25. Las demás partes guardaron silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
26. Le corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple con los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. De acreditarse, se abordará el estudio de fondo con el fin de establecer
si el Tribunal Administrativo del Tolima, con la expedición de la providencia del 24
de octubre de 2024, incurrió en una vulneración de los derechos fundamentales
alegados por la parte accionante.
27. Es necesario aclarar que, si bien la presente acción de tutela también se dirige
contra la providencia del 4 de septiembre de 2024, dictada por el Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, el estudio del caso concreto se centrará
con la decisión de segunda instancia del 24 de octubre de 2024, por ser esta la que
puso fin al proceso.
Análisis del caso
Requisitos generales de procedibilidad
28. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) la parte accionante no
cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, (ii) la
acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la
providencia enjuiciada, (iii) no se está invocando una irregularidad procesal, (iv) se
identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos
transgredidos y (v) no se trata de una sentencia de tutela.
29. Asimismo, la Sala encuentra que (vi) se cumple con el requisito de relevancia
constitucional dado que los cargos están suficientemente argumentados, teniendo
en cuenta que el actor explicó las razones por las cuales considera que la autoridad
judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia.
30. De igual modo, no es un asunto de mera legalidad o de discrepancia
interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la
intervención del juez constitucional porque, como ha resuelto en casos similares
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02071-00
Accionante: Willington Avilés Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
esta Subsección2, se está frente a una duda sobre la potencial afectación de
derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces naturales. En
concreto, se trata de establecer si con la providencia judicial acusada se incurrió en
un desconocimiento del precedente en materia de caducidad del medio de control
de reparación directa.
31. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija
en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho o
un medio para resolver desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos,
se trata de un asunto que tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y se
justifica en la medida de una posible “afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.
Caso concreto
32. En el caso bajo estudio la parte accionante aduce que el Tribunal Administrativo
del Tolima, con la expedición de la providencia del 24 de octubre de 2024, incurrió
en un desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado con relación
a la caducidad del medio de control de reparación directa al considerar que el
término debía contabilizarse a partir del primer día en que el detenido tuvo
conocimiento del estado de hacinamiento en que se encontraba.
33. Dentro de los precedentes que alega como desconocidos, el demandante cita
la sentencia del 26 de junio de 2015, proferida por el Consejo de Estado, dentro del
expediente con radicado núm. 25000-23-41-000-2014-01569-01, según la cual: “[…]
la Sala advierte que se reclama por un daño continuado, en cuanto los actores lo
evidencian cada mes y advierten sobre su proyección hasta más allá de su retiro.
Siendo así es claro que el recurso prospera, sin perjuicio de la posibilidad de volver
sobre el punto en las oportunidades procesales pertinentes. En consecuencia, la
Sala revocará la providencia impugnada para que el tribunal a quo se pronuncie
sobre la admisión o inadmisión, sin considerar para el efecto la oportunidad”.
34. Ahora bien, pese que la parte accionante sostiene que la causal específica de
procedibilidad que se configura en el presente asunto es un desconocimiento del
precedente relacionado con la línea jurisprudencial respecto de la forma en que
opera la caducidad, esta Subsección considera que los argumentos que sustentan
la demanda de tutela se enmarcan en un defecto fáctico, dado que la discusión se
centra en establecer en qué momento debe iniciarse el cómputo del término de
caducidad y ello se circunscribe a un debate probatorio frente a los elementos de
hecho con que se contaba en el proceso.
2 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 1° de marzo de 2024. Rad.
11001-03-15-000-2023-07457-00. Consejera Ponente: María Adriana Marín.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02071-00
Accionante: Willington Avilés Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
35. Como ya ha sostenido esta Sala al resolver un caso similar3, previo a abordar la
discusión sobre la regla legal o jurisprudencial aplicable, es necesario que primero
se definan claramente las circunstancias fácticas del caso. Esto, con el fin de tener
certeza sobre “aspectos como las fechas en que inició y concluyó el daño, si el
mismo se puede catalogar como continuado, y si esto último implicaba
consideraciones adicionales respecto a la posibilidad de conocer aquél o acceder a
la jurisdicción, que influyeran en el conteo de la caducidad”.
36. En el presente asunto, de conformidad con las pruebas obrantes en el
expediente, se tiene que la autoridad judicial accionada, sobre el fenómeno de
caducidad en los casos en que alegue una falla del servicio derivada por el
hacinamiento carcelario, se fundamentó en el precedente fijado por la Sección
Tercera4 del Consejo de Estado en sentencia del 6 de diciembre de 2022, el cual
dispone:
“Así lo resaltó la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de ese
precepto, pues la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano
debe reclamar del Estado determinado derecho. Por ende, según la Corte,
la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser
objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las
oportunidades procesales fijadas en la ley ejerce sus derechos, no se verá
expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado, situación que
no se extiende a quien no acudió en tiempo a la defensa de sus derechos.
Este criterio lo reiteró la Corte en el estudio de constitucionalidad del artículo
44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136.9 CCA, al destacar
que la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que apunta a la
protección del interés general, de modo que su configuración impide el
ejercicio de la acción y no puede iniciarse válidamente el proceso. También
señaló que la caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible
y puede ser declarada de oficio por el juez, cuando se verifique su
ocurrencia.
El articulo 136 CCA dispuso que el punto de partida para el cómputo del
término de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del
daño) y fijó el plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin
hacer distinciones sobre el tipo de daño que se cause. Por ello, basta
verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u operación administrativa
para contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no hubiera
podido conocer el daño en esa fecha, pues en este evento, la caducidad se
debe contar desde que tuvo conocimiento de este
Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del
término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la
conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo
conocimiento del daño”. (Subrayado y negrillas fuera del texto).
3 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 5 de mayo de 2025. Consejero
Ponente: José Roberto Sáchica Méndez. En dicha controversia se estudiaba la presunta
configuración de la causal de desconocimiento del precedente. No obstante, con fundamento en el
principio iura novit curia la Sala encontró que los argumentos que sustentan la ocurrencia de dicho
vicio se enmarcaban en una deficiencia de tipo fáctico, pues giraban en torno a una discusión
probatoria.
4 C.P: Guillermo Sánchez Luque. Proceso con radicación núm. 05001-23-31-000-2002-04829-01.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02071-00
Accionante: Willington Avilés Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
37. Además, tuvo en cuenta la decisión del 5 de octubre de 2023, por medio de la
cual la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió una acción de tutela
interpuesta contra la providencia precitada y negó el amparo deprecado, y sostuvo
lo siguiente:
“(…) En este contexto, se tiene que lo que originó el daño sufrido por
el tutelante, fue la reclusión en el centro carcelario en las condiciones
de hacinamiento hecho que no eran imposible de conocer para el señor
William Alberto Molina Sánchez, pues tal y como lo ha señalado esta
Corporación, debe diferenciarse “la certeza del daño y la magnitud del
mismo ya que la legitimación para accionar surge de la primera, siendo
posible que en el curso del proceso establezca la segunda”2; en
consecuencia, se debe tener que el término de caducidad empezó a correr
a partir de la solicitud elevada por el accionante ante la Defensoría del
Pueblo para que continuara su condena en el centro carcelario porque
consideraba que su vida correría peligro en caso de ser trasladado a otro
centro.
Conforme con lo expuesto, para la Sala, la autoridad tutelada no incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial alguno; pues, como se
evidenció en el contenido de la providencia censurada, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, efectuó un análisis de las normas
y jurisprudencia aplicable al caso bajo estudio, precisando que el señor
William Alberto Molina Sánchez, para la fecha del 9 de marzo de 2000, tuvo
conocimiento del hecho dañoso y, por tanto, debió promover la acción de
reparación directa dentro de los dos años siguientes, por lo que al
presentarse la demanda tan solo hasta el 4 de diciembre de 2002, había
operado el fenómeno de la caducidad.
Bajo estas consideraciones, la Sala advierte que la autoridad judicial
accionada en ejercicio de los principios de autonomía funcional,
independencia y sana crítica dio un alcance probatorio coherente y válido a
los documentos allegados al proceso ordinario e interpretó de forma
razonable la normativa y los criterios jurisprudenciales aplicables al caso
concreto que, a pesar de no resultar satisfactoria en su integridad a la parte
demandante, hoy tutelante, no se puede colegir que su actuación fue
contraria a Derecho.
Por otra parte, se debe señalar que los argumentos alegados por el
apoderado de la parte demandante en el escrito de tutela, demuestran su
inconformidad con la actuación y decisión adoptada por la autoridad judicial
demandada, sin acreditar irregularidades de orden constitucional en las que
presuntamente incurrió; por tal razón, para la Sala no es de recibo que la
parte actora pretenda hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de
una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico que se surtió
dentro del trámite del proceso de reparación directa, con el único propósito
de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.
Así las cosas, se concluye que la sentencia de 6 de diciembre de 2022,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, no
vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante, por cuanto
no se evidencia en su contenido, un análisis arbitrario, infundado o
caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal que
constituya una vía de hecho por defectos sustantivo, ni desconocimiento del
precedente judicial, que amerite la intervención del juez de tutela. (…)”
(Negrilla y subraya fuera del texto original)
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02071-00
Accionante: Willington Avilés Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
38. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Administrativo del Tolima aplicó la
máxima latina “contra non volenten agere non currit prescriptio”, según la cual, el
término de caducidad no puede ser materia de convención antes de que se cumpla,
ni después de transcurrido puede renunciarse. Es decir, que el término para
accionar no es susceptible de interrupción ni de renuncia por parte de la
administración, dado que se trata de un término prefijado por la ley y que opera
“independientemente y aún contra la voluntad del beneficiario de la acción”.
39. Sin embargo, de lo anteriormente citado se advierte que, si bien el Tribunal
analizó los documentos aportados por el accionante en la demanda, tales como el
Informe núm. GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-29 del 19 de enero de 2023,
proferido por la Policía Metropolitana de Ibagué – Distrito Uno de Ibagué, en su
interpretación no tuvo en cuenta que en este se indicó que “las instalaciones
estaban diseñadas para un cupo máximo de 46 PPL, y las antiguas instalaciones
de espacio público para 20 PPL, indicando un porcentaje de hacinamiento del 514%
para 2021 y 561% para 2022”, de lo cual es posible colegir que, prima facie, no se
trató de una situación que ocurrió al momento de la privación de la libertad sino que
subsistió en el decurso del tiempo.
40. Lo anterior da cuenta de la existencia de una dificultad de índole probatoria que
no puede ser desconocida, y respecto a la cual el ordenamiento jurídico plantea
alternativas que privilegian el acceso a la administración de justicia. En tal sentido,
esta Subsección ha señalado que “si eventualmente la autoridad judicial considera
que en la etapa de admisión no se cuenta con elementos probatorios que permitan
establecer con certeza el momento en que se tuvo conocimiento del daño, si este
era de carácter instantáneo o continuado o, incluso, si existían circunstancias que
hubieran impedido materialmente el ejercicio oportuno del derecho de acción -
aspectos necesarios para verificar el cómputo del término de la caducidad del medio
de control-, en aplicación del principio pro actione, puede posponer dicho estudio
para una etapa posterior, ya sea en la audiencia inicial o en la sentencia y no, de
entrada, cercenar el acceso a la administración de justicia”5.
41. Al respecto, ha sostenido esta Sala6:
“En reiteradas oportunidades, esta Corporación7 ha puntualizado que, en
aras de hacer efectiva tal prerrogativa constitucional, el fallador puede diferir
el análisis de la caducidad del medio de control hasta la sentencia, cuando
en la etapa inicial no sea posible determinar con claridad el momento en que
debe empezar a contabilizarse, pues en una fase posterior del proceso se
contará con mayores elementos probatorios para establecer con certeza si
operó o no la caducidad. Ello puede resultar pertinente en un caso como
este, en el que el demandante solicitó la práctica de otras pruebas, para
5 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 5 de mayo de 2025. Consejero
Ponente: José Roberto Sáchica Méndez.
6 Ibidem.
7 Al respecto, ver sentencias del 30 de agosto de 2018, exp. 41001-23-33-000-2015-00926-01, CP.
Ramiro Pazos Guerrero y 28 de octubre de 2024, exp. 25000-23-36-000-2017-02210-01, CP. Nicolas
Yepes Corrales; auto del 3 de febrero de 2025, exp.05001-23-33-000-2020-00575-01, CP. María
Adriana Marín.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02071-00
Accionante: Willington Avilés Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
complementar la información fragmentada e incompleta que le suministraron
las autoridades accionadas.
La Sala no pretende indicar que esta sea la forma en que el Tribunal debe
resolver el asunto, simplemente pone de presente que existen alternativas
que no sacrifican el acceso a la administración de justicia, incluso en
situaciones en las que el acervo probatorio aportado con la demanda no
permite definir lo relativo a la caducidad. De tal manera que, corresponde al
juez natural evaluar la información con que cuenta y adoptar una decisión,
que encuentre sustento en el material probatorio. Lo que no es admisible es
que declare la caducidad sin tener certeza de la totalidad de los elementos
fácticos que deben ser evaluados, pues ello pone en evidencia la
configuración del defecto fáctico.
Según la jurisprudencia constitucional8, dicha causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales emerge
cuando el juzgador carece del apoyo probatorio para aplicar el supuesto
legal en el que fundamenta la decisión.
Uno de los supuestos en los que se puede presentar la configuración de
dicho yerro, es cuando el operador judicial da por acreditadas ciertas
circunstancias sin que exista material probatorio que respalde la decisión
que adopta, como ocurrió en el caso bajo estudio respecto a la fecha de
conocimiento del daño y el momento en que concurrieron las condiciones
materiales que permitían acudir a la jurisdicción”.
42. En este orden de ideas, la Sala estima que la visión restrictiva frente al
hacinamiento carcelario que adoptaron tanto el juzgado como el Tribunal se aparta
del precedente fijado por esta Corporación, según el cual no se trata de un hecho
aislado sino de una vulneración sistemática, estructural, que se puede prolongar en
el tiempo, y configurar un daño continuado cuyos efectos se actualizan día a día
mientras subsisten las condiciones indignas de reclusión.
43. A juicio de la Sala, no es posible que en un escenario de admisibilidad de la
acción de reparación directa se adopten posturas rígidas del término de caducidad
en escenarios semejantes, pues implican una negación de acceso a la justicia frente
a violaciones masivas y estructurales de derechos fundamentales.
44. Señalado lo anterior, esta Sala de Subsección amparará el derecho fundamental
al acceso a la administración de justicia del accionante, vulnerado por el Tribunal
Administrativo del Tolima al haber incurrido en un defecto fáctico. En consecuencia,
se dejará sin efectos la providencia del 24 de octubre de 2024, con el fin de que la
autoridad judicial profiera una decisión de reemplazo, que privilegie el principio pro
actione, en garantía del acceso a la administración de justicia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
8 Sentencia T-567 de 1998, reiterada en sentencias T-81 de 1011 y SU-453 de 2019, entre otras.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02071-00
Accionante: Willington Avilés Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia de la parte actora.
SEGUNDO: Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 24 de
octubre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del
proceso de reparación directa con radicado número 73001-33-33-009-2024-00176-
01, para que, en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación
de la presente providencia, profiera una decisión de reemplazo, que tenga en cuenta
las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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