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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01457-00

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01457-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Duban Felipe Ospina Ramírez, por lo razonado en la parte motiva. SEGUNDO: Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto del 28 de agosto de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del proceso de reparación directa con radicación núm. 73001-33-33-005-2024-00201-00/01/02, para que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente sentencia, profiera una decisión de reemplazo que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01457-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01457-00
Accionante: DUBAN FELIPE OSPINA RAMÍREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela / Procede estudio de fondo porque se acreditó el
cumplimiento de los requisitos generales / DEFECTO FÁCTICO – Se configura en
este caso, porque la autoridad judicial declaró configurada la caducidad del medio
de control sin contar con respaldo probatorio.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por el señor Duban Felipe Ospina
Ramírez contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Quinto
Administrativo de Ibagué, de conformidad con lo consagrado en los artículos 86 de
la Constitución Política y 29 del Decreto 2591 de 19911.

ANTECEDENTES
La demanda

1. El 24 de febrero de 2026, el señor Duban Felipe Ospina Ramírez, a través de
apoderada judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, los cuales considera vulnerados por las providencias del 6 de febrero y del
28 de agosto de 2025, dictadas, en su orden, por el Juzgado Quinto Administrativo
de Ibagué y por el Tribunal Administrativo del Tolima, que rechazaron una demanda
de reparación directa que el accionante, a nombre propio y en representación de su
hijo menor Julián Felipe Ospina Celis, promovió contra el Municipio del Guamo; el
Departamento del Tolima; la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial; la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
(USPEC); el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); el Ministerio de
Justicia y del Derecho; el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional; y la
Fiscalía General de la Nación. La demanda se tramitó bajo el radicado 73001-33-
33-005-2024-00201-00/01/02.

Hechos relevantes

2. El 22 de julio de 2024, en ejercicio del medio de control de reparación directa, el
señor Duban Felipe Ospina Ramírez, a nombre propio y en representación de su
hijo menor Julián Felipe Ospina Celis, demandó a las entidades arriba mencionadas,
con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables

1 Que ingresó al despacho para fallo el 9 de marzo de 2026.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01457-00
Accionante: Duban Felipe Ospina Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

por los perjuicios morales, materiales y por los daños a bienes y derechos
constitucionalmente protegidos, derivados de las condiciones de hacinamiento
carcelario a las que fue sometido entre el 11 de agosto de 2021 y el 8 de marzo de
2022, mientras permaneció detenido en las instalaciones de la Estación de Policía
del Guamo (Tolima).

3. Según la demanda, una vez recobró la libertad, el señor Ospina Ramírez se
enteró de que presuntamente había padecido las consecuencias del estado de
hacinamiento en que se encontraba el centro de detención en el que fue recluido.
En consecuencia, acudió, mediante una solicitud radicada el 12 de febrero de 2024,
al Departamento de Policía del Tolima, a fin de que se le informara sobre las
condiciones de la estación, su capacidad total para albergar detenidos y si en dichas
instalaciones había o no hacinamiento.

4. En respuesta a la referida petición, el Departamento de Policía del Tolima –
Estación de Policía del Guamo profirió el informe GS-2024-051453-DISPO-ESTPO-
13.0 del 22 de marzo de 2024, en virtud del cual informó al peticionario que las
instalaciones contaban con dos salas temporales destinadas a albergar detenidos y
con una capacidad total de 8 privados de la libertad, de modo que el centro tenía un
porcentaje de hacinamiento que ascendía a «más del 100%».

5. El 16 de febrero de 2024, el señor Ospina Ramírez, a nombre propio y en
representación de su hijo, radicó solicitud de conciliación extrajudicial, que
correspondió a la Procuraduría 216 Judicial I para Asuntos Administrativos. No
obstante, la etapa conciliatoria fue declarada fallida, tal como obra en la constancia
del 19 de abril del mismo año. Por consiguiente, el 22 de julio siguiente se radicó la
demanda de reparación directa.

6. Al proceso se le asignó el radicado 73001-33-33-005-2024-00201-00 y
correspondió, por reparto, al Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué, que,
mediante auto del 5 de septiembre de 2024 rechazó la demanda, por no haberla
subsanado dentro del término oportuno; no obstante, dicha decisión fue revocada
por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto del 17 de octubre de 2024
y, en consecuencia, el proceso siguió su curso.

7. No obstante, al momento de calificar la demanda, el Juzgado Quinto
Administrativo de Ibagué la rechazó2, por considerar que había operado la
caducidad del medio de control. Para sustentar su tesis, explicó que, de conformidad
con lo informado por la Estación de Policía del Guamo en el Oficio GS-2024-051453-
DISPO ESTPO, el porcentaje de hacinamiento del centro de detención para los años
2020 a 2023 era «bastante elevado». De ahí que resultara plausible concluir que el
señor Duban Felipe Ospina Ramírez tuvo conocimiento de las condiciones en las
que se encontraba la estación desde el mismo momento en que ingresó las
instalaciones de dicho centro de detención y, en consecuencia, a partir de allí debía
contabilizarse el término para la radicación oportuna de la demanda.

2 En auto del 6 de febrero de 2025.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01457-00
Accionante: Duban Felipe Ospina Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

8. De ese modo, el fallador de primer grado advirtió que el señor Ospina Ramírez
ingresó a las instalaciones de la Estación de Policía del Guamo el 11 de agosto de
2021, por lo que, en su criterio, el plazo máximo para presentar la demanda se
extendió hasta el «10 de agosto de 2023»; no obstante, la solicitud de conciliación
extrajudicial y la demanda fueron radicadas extemporáneamente.

9. En línea con lo anterior, el a quo también resaltó que el razonamiento expuesto
constituye la tesis pacífica que, en casos similares, ha sostenido el Tribunal
Administrativo del Tolima para confirmar la procedencia del rechazo de la demanda,
luego de advertir configurada la caducidad del medio de control.

10. Inconforme con la decisión, la parte demandante la apeló. Consideró que el
análisis del juez de primera instancia fue desacertado, en la medida en que se
desconoció que la controversia planteada proponía una discusión en torno a un
daño continuado, cuya configuración no ocurrió en un solo instante, sino que se
prolongó durante todo el período en el que permaneció recluido en la Estación de
Policía del Guamo. Además, destacó que el debate correspondía a la afectación de
derechos fundamentales y de derechos humanos y, por tanto, era improcedente
aplicar las reglas de caducidad desde que ingresó al centro de detención, pues ello
implicaría que se dejara «por fuera de la órbita procesal» el último día en que estuvo
recluido, es decir, el momento, a partir del cual realmente cesaron los perjuicios
causados por el hacinamiento.

11. Mediante auto del 28 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima
confirmó la decisión de primera instancia. Expuso que, dado que la controversia
versaba sobre el momento a partir del cual se debía contabilizar la caducidad del
medio de control, era necesario establecer la naturaleza del daño que se alegaba
en la demanda, es decir, definir si se trataba de un daño instantáneo o de uno
continuado. Ello, con el propósito de establecer si la demanda fue presentada
oportunamente.

12. Sobre el particular, expuso que esta Corporación en la sentencia del 6 de
diciembre de 2022, dictada en el marco del proceso de reparación directa con
radicado 05001-23-31-000-2002- 04829-01, M.P. Guillermo Sánchez Luque, se
pronunció sobre la caducidad en los casos en que se pretende endilgar
responsabilidad al Estado derivada de una falla en el servicio por hacinamiento
carcelario, en el sentido de diferenciar los daños continuados de los efectos del daño
de ejecución instantánea que perduran en el tiempo. En este último evento, el
conteo del término de caducidad debe iniciarse desde el momento en que se produjo
la conducta dañosa o desde que el demandante tuvo conocimiento del daño.

13. Aunado a ello, resaltó que la anterior decisión fue objeto de acción de tutela,
resuelta por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5
de octubre de 20233, la cual negó la solicitud de amparo, luego de verificar que la
sentencia censurada «se encontraba ajustada a derecho» y que no había
transgredido garantías y derechos fundamentales.

3 Dictada en el marco del proceso con radicado 11001-03-15-000-2023-02769-01.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01457-00
Accionante: Duban Felipe Ospina Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

14. Es así como, en su criterio, esta Corporación, ha definido que, en casos como
el analizado la caducidad se debe contabilizar desde el momento en que el
demandante tuvo certeza del daño; sin embargo, destacó que no podía
desconocerse que la «Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
maneja otra posición (…) en la sentencia del 19 de mayo de 2025», según la cual
no hay lugar a declarar la caducidad del medio de control cuando se contabiliza
desde el momento en que el demandante fue privado de la libertad.

15. No obstante, destacó que la aludida decisión fue revocada en segunda instancia
por la Subsección A de la Sección Segunda de la misma Corporación, que, en su
lugar, negó la solicitud de amparo, argumentando que, ante la ausencia de una
decisión unificada y en vista de la disparidad de criterios entre las secciones y
subsecciones del máximo órgano de lo contencioso administrativo en relación con
dicho asunto, la determinación de la autoridad judicial accionada debía permanecer
incólume, pues fue adoptada en ejercicio de su libertad de interpretación y de su
autonomía judicial.

16. En consecuencia, expuso que «acoge» la tesis de la «Subsección C» de la
Sección Tercera de esta Corporación, según la cual, la caducidad debe
contabilizarse a partir del «conocimiento del daño, esto es, desde que se originó su
privación de la libertad», lo que, en el caso concreto, de conformidad con las
pruebas allegadas al proceso, ocurrió el 11 de agosto de 2022; momento a partir
del cual «se evidencia» que el señor Ospina Ramírez conoció de las condiciones en
las que se encontraba recluido. En consecuencia, el aludido término empezó a
correr desde el 12 de agosto de 2021 y feneció, efectivamente, el 12 de agosto de
2023, sin que el demandante hubiera ejercido el medio de control, toda vez que la
solicitud de conciliación extrajudicial se radicó solo hasta el 16 de febrero de 2024
y, la demanda, el 22 de julio de 2024.

17. Por consiguiente, estimó procedente confirmar el auto recurrido, luego de
verificar que, en efecto, la demanda se radicó extemporáneamente.

Pretensiones

18. La parte accionante solicita lo siguiente (transcripción literal):

1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al
accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia
proferido por el Juzgado 5 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 6 de
febrero de 2025, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el
28 de agosto de 2025, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de DUBAN
FELIPE OSPINA RAMÍREZ, radicado No. 73001-33-33-005-2024- 00201-00,
así como también las actuaciones posteriores al fallo, proferidas por el Juzgado
5 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir decisión de reemplazo,
de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con
el fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera
consagrados.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01457-00
Accionante: Duban Felipe Ospina Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Fundamentos de la demanda de tutela

19. Para fundamentar la solicitud de amparo, la parte actora alegó que, tanto en la
interpretación de las normas que consagran la caducidad como en el análisis de los
supuestos fácticos en asuntos relacionados con la responsabilidad del Estado por
hacinamiento carcelario, deben aplicarse los principios pro damnato, pro homine y
pro actione, los cuales exigen otorgar prevalencia a los postulados constitucionales,
especialmente, en los eventos en que, como ocurre en el sub lite, existe diversidad
de criterios jurisprudenciales al respecto.

20. Así las cosas, dado que se encuentran comprometidos derechos
fundamentales, la interpretación que debieron acoger las autoridades judiciales
accionadas en los autos del 6 de febrero y del 28 de agosto de 2025 debió ser la
que favoreciera la protección material de dichas prerrogativas, antes que privilegiar
las formalidades procesales. En particular, cuando la discusión se origina en
omisiones estatales que generaron afectaciones prolongadas —como ocurre en el
caso del hacinamiento carcelario—, resulta necesario reconocer que, en tales
escenarios, el individuo no se encuentra en condiciones reales de ejercer una plena
agencia que le permita comprender, desde el primer día de reclusión, el alcance de
la vulneración sufrida.

21. Es así como, en dichos escenarios, las reglas procesales deben aplicarse de
manera que se permita examinar de fondo la situación denunciada, y no de forma
tal que anule materialmente la posibilidad de reclamar por un daño cuya
configuración dependió enteramente del Estado.

22. Insistió en que, de conformidad con la «doctrina constitucional consolidada», en
casos de disparidad interpretativa debe adoptarse la interpretación más favorable
para lograr la efectividad de los derechos fundamentales, cuyo alcance adquiere
especial relevancia frente a situaciones de hacinamiento carcelario, en las cuales
las vulneraciones afectan de manera directa y sostenida la integridad física,
psicológica y la dignidad humana de los privados de la libertad. De ahí que, la
aplicación restrictiva de requisitos formales —como el cómputo del término de
caducidad a partir de la fecha de ingreso al centro de detención transitoria—, sin
considerar la naturaleza persistente del daño ni el momento a desde el cual «la
persona pudo comprender la afectación sufrida», desconozca por completo la
realidad material del caso y limite de manera injustificada el derecho de acceso a la
administración de justicia en contextos de «gran intensidad lesiva».

23. En ese orden de ideas, destacó que no resulta razonable ni proporcional
privilegiar una interpretación que, de entrada, niegue la posibilidad de examinar el
asunto de fondo, sin permitir la evaluación de las circunstancias materiales que
dieron origen a la lesión de derechos. En contraste, y en vista de que no existe una
postura jurisprudencial unificada en relación con el fenómeno jurídico de la
caducidad del medio de control de reparación directa por hechos asociados al
hacinamiento carcelario, corresponde adoptar el criterio más favorable al respecto,
al menos con el propósito de que se estudie de fondo la acción propuesta.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01457-00
Accionante: Duban Felipe Ospina Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

24. Ello con el fin de evitar que las «cargas procesales» terminen dilatando,
debilitando u obstaculizando la revisión judicial de la afectación por hacinamiento
carcelario, cuya existencia solo se podrá determinar mediante el acceso efectivo al
debate probatorio.

25. Para fundamentar sus alegatos, el demandante trajo colación jurisprudencia del
Consejo de Estado4 y de la Corte Constitucional5 sobre la naturaleza de los daños
continuados, la manera en la que debe contabilizarse el término de caducidad
cuando el debate versa sobre ese tipo de daños, así como la importancia de
interpretar las normas procesales de caducidad desde una perspectiva
constitucional.

Trámite en primera instancia

26. Mediante auto del 26 de febrero de 20266, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado
Quinto Administrativo de Ibagué. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.

27. De igual forma, ordenó al Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué que remitiera
copia digitalizada del expediente del proceso de reparación directa con radicado
núm. 73001-33-33-005-2024-00201-00/01/02.

Intervenciones

28. El Tribunal Administrativo del Tolima7, a través del magistrado ponente de la
decisión censurada, informó que la providencia cuestionada contiene los
argumentos suficientes para soportar su defensa, por lo que la transcribió en su
integridad. De ese modo, consideró que deben negarse las pretensiones de la
acción de amparo, en la medida en que la parte actora pretende obtener un nuevo
pronunciamiento del asunto, desconociendo los motivos que lo condujeron a
confirmar el rechazo de la demanda.

29. El Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué8 allegó copia digitalizada del
expediente del proceso de reparación directa con radicado 73001-33-33-005-2024-
00201-00.

4 Sentencia del 30 de enero de 2013, Rad. 25000-23-26-000-1997-05265-01 (22867), M.P. Danilo

Rojas Betancourth; Sentencia del 9 de diciembre de 2013, Rad. 50001-23-31-000-2012-00196-01
(48152), M.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sentencia del 1 de marzo de 2018, Rad. 68001-23-31-000-
2010-00605-01 (49396), M.P. María Adriana Marín; Sentencia del 3 de octubre de 2019, Rad. 70001-
23-33-000-2014-00186-01(AG), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Sentencia del 2 de marzo de
2023, Rad. 11001-03-15-000-2022-01335-02, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Sentencia del
25 de febrero de 2016, Rad. 11001-03-25-000-2012-00386-00, M.P. Gerardo Arenas Monsalve;
Sentencia del 10 de noviembre de 2000, Rad. 18.805. M.P. María Elena Giraldo Gómez.
5 Sentencia T-1341 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; Sentencia T-954 de 2006, M.P. Jaime Córdoba

Triviño; Sentencia T-342 del 29 de junio de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; Sentencia
T-238 del 4 de julio de 2023, M.P. Diana Fajardo Rivera; Sentencia SU-241 del 20 de junio de 2024,
M.P. Cristina Pardo Schlesinger; Sentencia T-344 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas;
Sentencia T-229 de 2021, M.P. Alberto Rojas Ríos; Sentencia T-004 de 2025, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
6 SAMAI, índice 4.
7 SAMAI, índice 9.
8 SAMAI, índice 11, documento electrónico con certificado C2B8AAEE64A3B13C
295684488266F58C 7C12F44B0126C72D 8FB112E2AE1D2522.

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Accionante: Duban Felipe Ospina Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

30. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino, pese a que
fue debidamente notificada del auto admisorio de la demanda9.

CONSIDERACIONES
Competencia

31. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201910.

Problema jurídico y metodología de la decisión

32. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

33. Solo en el evento en que se cumplan tales exigencias, se analizará si se
encuentran configurados los defectos atribuidos a los autos del 6 de febrero y del
28 de agosto de 2025 y si, por consiguiente, el Juzgado Quinto Administrativo de
Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del
accionante, al haber declarado la caducidad del medio de control de reparación
directa, con fundamento en una afirmación que carece de respaldo probatorio.

34. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, de manera sucinta, la
Subsección reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela
contra providencias judiciales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

35. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200511, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

36. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar12: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,

9 Fue notificada a las siguientes direcciones electrónicas:
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co, agencia@defensajuridica.gov.co, el 2 de marzo de
2026, tal como se puede observar en el índice7 de SAMAI.
10 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
11 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
12 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la

SU-215 de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01457-00
Accionante: Duban Felipe Ospina Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 14 o
los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige
que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinta.

Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto

37. Legitimación en la causa. El señor Duban Felipe Ospina Ramírez se encuentra
legitimado para interponer la acción de tutela, toda vez que es el titular de los
derechos fundamentales que considera vulnerados, en su condición de demandante
en el proceso de reparación directa con radicado 73001-33-33-005-2024-00201-
00/01/02, en el marco del cual se adoptó la decisión cuestionada.

38. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima
fueron las autoridades judiciales que profirieron las providencias a las que se les
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

39. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que el auto de segunda
instancia se dictó el 28 de agosto de 2025, mientras que la solicitud de amparo se
presentó el 24 de febrero de 2026. Este término resulta razonable.

40. La providencia cuestionada no fue proferida en otro proceso de tutela.

41. Subsidiariedad15. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o

13 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
14 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
15 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta

Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de
junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia
del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01457-00
Accionante: Duban Felipe Ospina Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

42. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

43. La presente acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, pues se
agotaron todos los medios judiciales ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico
para proponer la controversia que aquí se planteó.

44. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga i) una carga
argumentativa mínima y ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

45. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente16 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.

46. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el
alcance de un derecho fundamental.

47. Al revisar las premisas expuestas por la parte demandante la Sala concluye que
la solicitud de amparo posee relevancia constitucional, por cuanto se discute la
vulneración de derechos de raigambre constitucional, como los de: acceso a la
administración de justicia y al debido proceso, a través de argumentos que advierten
sobre un posible yerro que condujo a adoptar una decisión judicial sin respaldo
probatorio y desconociendo el criterio fijado por la jurisprudencia de esta
Corporación en los eventos en los que se pretende la reparación de perjuicios
asociados con el hacinamiento carcelario.

16 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01457-00
Accionante: Duban Felipe Ospina Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

48. Lo anterior, por cuanto las autoridades judiciales accionadas rechazaron la
demanda de reparación directa formulada por el accionante, bajo el argumento de
que aquel tuvo conocimiento de las condiciones de hacinamiento por las que
reclama, desde el día en que ingresó a la Estación de Policía del Guamo, lo que lo
habilitaba, desde ese momento, a acudir ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo a solicitar la reparación de los perjuicios que ahora, luego de que
terminara su reclusión, pretendía reclamar.

49. Para el accionante, dicha decisión pasó por alto el criterio jurídico fijado por esta
Corporación sobre la forma en que debe contabilizarse el término de caducidad del
medio de control de reparación directa cuando el daño se asocia o vincula a
condiciones derivadas del hacinamiento carcelario, así como sobre la determinación
objetiva del momento a partir del cual debe contarse dicho término cuando el daño
es de carácter sucesivo o continuado y, aún más grave, desconoció que dicho plazo
debe contarse desde el momento en que el afectado obtiene la certeza sobre la
causación del daño. Circunstancias que, en su sentir, vulneran sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.

50. En ese sentido y dado que, de demostrarse lo anterior, se estaría ante una
decisión que impuso al accionante una barrera injustificada para acceder a la
administración de justicia, en el caso concreto, la Sala estima necesario realizar el
análisis de fondo del cargo planteado en la demanda. Además, en el evento en que
se configurara el defecto endilgado a la providencia censurada, dicho yerro tendría
tal incidencia en ella que podría alterar el sentido de la decisión.

51. Reunidos los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de
tutela en el sub judice, la Sala procede a resolver de fondo los defectos atribuidos
al auto del 28 de agosto de 2025, dictado por el Tribunal Administrativo del Tolima
y se abstendrá de emitir consideraciones respecto del proveído del 6 de febrero de
2025. Esto, porque aquella providencia —la del 28 de agosto de 2025— es la que
se encuentra actualmente en firme y fue la que resolvió definitivamente la
controversia.

Análisis de los defectos atribuidos al auto del 28 de agosto de 2025

52. En el caso de estudio, el señor Duban Felipe Ospina Ramírez solicitó que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, vulnerados con ocasión de las providencias del 6 de
febrero y del 28 de agosto 2025, proferidas, en su orden, por el Juzgado Quinto
Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, en virtud de las
cuales se declaró configurada la caducidad del medio de control de reparación
directa, bajo el argumento de que el conocimiento sobre las condiciones de
hacinamiento existentes en la Estación de Policía del Guamo devino en el mismo
momento en que aquel ingresó a las instalaciones del mencionado centro de
reclusión, de modo que el plazo para presentar oportunamente la demanda se
extendió hasta el 11 de agosto de 2023, mientras que la solicitud de conciliación
extrajudicial solo se presentó hasta el 16 de febrero de 2024.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01457-00
Accionante: Duban Felipe Ospina Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

53. En el escrito de tutela la parte accionante censuró las providencias antes
identificadas, al considerar que, al resolver la controversia, las autoridades judiciales
que las profirieron se abstuvieron de aplicar los principios pro damnato, pro homine
y pro actione, los cuales exigen otorgar prevalencia a la constitución en aquellos
eventos en los que, como ocurre en el caso analizado, existe diversidad de criterios.
Especialmente, cuando la discusión se origina en omisiones estatales que
generaron afectaciones prolongadas a los derechos fundamentales del accionante,
como sucede en los supuestos de hacinamiento carcelario, sin tener en cuenta que
el individuo no se encontraba en condiciones reales de ejercer plena agencia que
le permitiera comprender, desde el primer día de reclusión, el alcance de la
vulneración que padeció.

54. En tales eventos, afirmó, las reglas procesales deben interpretarse de modo
que se permita examinar de fondo la situación denunciada, y no de manera en que
se anule materialmente la posibilidad de reclamar por un daño cuya configuración
dependió completamente del Estado. Además, trajo a colación jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, con la que pretendió respaldar su
tesis.

55. Sin embargo, la Sala observa que, aunque los reproches formulados en la
demanda parecen encaminarse a denunciar la existencia de un defecto material o
sustantivo, derivado de una indebida interpretación de las normas procedimentales
sobre la caducidad del medio de control en el caso concreto y de un supuesto
desconocimiento del precedente jurisprudencial, lo cierto es que, previo a definir la
aplicación de cierto criterio jurisprudencial o de adoptar una interpretación normativa
específica, correspondía a las autoridades judiciales accionadas delimitar
adecuadamente la situación fáctica a partir de los elementos materiales probatorios
allegados por las partes o solicitadas por ellas; de modo que los argumentos
expuestos en el escrito de amparo se orientan más bien a destacar una supuesta
omisión probatoria.

56. Así, teniendo en cuenta que la jurisprudencia constitucional17 ha admitido que
el juez de tutela está revestido de amplias facultades oficiosas que debe asumir de
manera activa para brindar la adecuada protección de los derechos fundamentales,
la Sala analizará los reproches del accionante a la luz de la posible configuración
de un defecto fáctico, por falta de respaldo probatorio para adoptar la decisión.

57. En efecto, para el señor Duban Felipe Ospina Ramírez, las autoridades
judiciales demandadas llegaron a la errada conclusión de que se había configurado
la caducidad del medio de control, porque aquel tuvo conocimiento del hecho
dañoso desde el momento en que ingresó a la Estación de Policía del Guamo, sin
considerar que, en estos casos, el daño es de carácter continuado, ni que el
accionante solo tuvo certeza sobre las condiciones de hacinamiento a las que fue
sometido cuando le fue comunicado el Oficio GS-2024-051453-DISPO ESTPO,
mediante el cual el Departamento de Policía de Tolima – Estación de Policía del

17 Corte Constitucional, sentencia T-193 de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01457-00
Accionante: Duban Felipe Ospina Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Guamo le informó que las instalaciones contaban con dos salas temporales
destinadas a albergar detenidos y con una capacidad total de 8 privados de la
libertad, de modo que el porcentaje de hacinamiento ascendía «más del 100%».

58. Revisado el expediente ordinario y, en particular, la providencia de segunda
instancia cuestionada, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Tolima
confirmó el auto del 6 de febrero de 2025, con base en los siguientes argumentos:

Establecido lo anterior, y dado que el génesis de la presente controversia se
suscita en establecer el momento a partir del cual inicia el cómputo de la
caducidad, la Sala considera necesario distinguir ante qué tipo de daño nos
encontramos, es decir, si ante un daño instantáneo o continuado, con el
propósito de definir el inicio del plazo procesal del presente medio de control.
En este sentido, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en Sentencia del 06 de diciembre de 2022, C.P: Guillermo Sánchez Luque,
proferida dentro del proceso con radicación No. 05001-23-31-000-2002- 04829-
01, se pronunció sobre el fenómeno de caducidad en los casos en que alegue
una falla del servicio derivada por el hacinamiento carcelario, para lo cual señaló
lo siguiente:

“Así lo resaltó la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de ese
precepto, pues la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano
debe reclamar del Estado determinado derecho. Por ende, según la Corte, la
actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades
procesales fijadas en la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos
por la ocurrencia del fenómeno indicado, situación que no se extiende a quien no
acudió en tiempo a la defensa de sus derechos.
Este criterio lo reiteró la Corte en el estudio de constitucionalidad del artículo 44
de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136.9 CCA, al destacar que la
caducidad no concede derechos subjetivos, sino que apunta a la protección del
interés general, de modo que su configuración impide el ejercicio de la acción y
no puede iniciarse válidamente el proceso. También señaló que la caducidad,
dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio
por el juez, cuando se verifique su ocurrencia.
El artículo 136 CCA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término
de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el
plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones
sobre el tipo de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió
el hecho, omisión u operación administrativa para contabilizar el plazo señalado,
a menos que el perjudicado no hubiera podido conocer el daño en esa fecha,
pues en este evento, la caducidad se debe contar desde que tuvo conocimiento
de este
Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del
término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la
conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento
del daño.” (Destacado original).

Aunado a ello, se tiene que dicha sentencia fue objeto de tutela, la cual fue
conocida y resulta por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con
providencia del 05 de octubre de 2023, C.P: César Palomino Cortés, dentro del
proceso con radicación No. 11001-03-15-000-2023-02769-01, en la cual negó
el amparo deprecado, al considerar que la sentencia se encontraba ajustada a
derecho y que no había transgredido garantías y derechos fundamentales, para
lo cual sostuvo lo siguiente:
“(…) En este contexto, se tiene que lo que originó el daño sufrido por el tutelante,
fue la reclusión en el centro carcelario en las condiciones de hacinamiento hecho
que no eran imposible de conocer para el señor William Alberto Molina Sánchez,

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01457-00
Accionante: Duban Felipe Ospina Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

pues tal y como lo ha señalado esta Corporación, debe diferenciarse “la certeza
del daño y la magnitud del mismo ya que la legitimación para accionar surge de
la primera, siendo posible que en el curso del proceso establezca la segunda” 18 ;
en consecuencia, se debe tener que el término de caducidad empezó a correr a
partir de la solicitud elevada por el accionante ante la Defensoría del Pueblo para
que continuara su condena en el centro carcelario porque consideraba que su
vida correría peligro en caso de ser trasladado a otro centro.
Conforme con lo expuesto, para la Sala, la autoridad tutelada no incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial alguno; pues, como se evidenció
en el contenido de la providencia censurada, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, efectuó un análisis de las normas y jurisprudencia
aplicable al caso bajo estudio, precisando que el señor William Alberto Molina
Sánchez, para la fecha del 9 de marzo de 2000, tuvo conocimiento del hecho
dañoso y, por tanto, debió promover la acción de reparación directa dentro de los
dos años siguientes, por lo que al presentarse la demanda tan solo hasta el 4 de
diciembre de 2002, había operado el fenómeno de la caducidad.
Bajo estas consideraciones, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada
en ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica
dio un alcance probatorio coherente y válido a los documentos allegados al
proceso ordinario e interpretó de forma razonable la normativa y los criterios
jurisprudenciales aplicables al caso concreto que, a pesar de no resultar
satisfactoria en su integridad a la parte demandante, hoy tutelante, no se puede
colegir que su actuación fue contraria a Derecho.
(…)

De conformidad con lo dispuesto por el máximo órgano de cierre de la
jurisdicción contenciosa administrativa, se tiene que en los casos de hacimiento,
como el sub judice, la caducidad se debe contabilizar a partir de que se tenga
la certeza del conocimiento del daño; sin embargo, no puede pasar por alto la
Sala que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado maneja
otra posición, la cual fue mencionada dentro de la sentencia de tutela del 19 de
mayo de 2025, en la que establece que no hay lugar a declarar la caducidad
desde el momento en que es privado de la libertad19, revocando una decisión
de la Corporación ordenando efectuar un nuevo estudio. No obstante, dicha
sentencia de tutela fue revocada el 24 de julio de 2025, por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, C.P: Juan Camilo Morales Trujillo
donde señaló lo siguiente20:

“(…) Por tanto, ante la ausencia de una decisión unificada y la disparidad de
criterios entre las Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la
autoridad judicial accionada, en virtud del ejercicio legítimo de su libertad de
interpretación y autonomía judicial, previstos en los artículos 228 y 230 de la
Constitución Política, adoptó la tesis que consideró apropiada y ajustada a los
supuestos fácticos del caso. Adicionalmente, tampoco podría predicarse que la
corporación accionada incurrió en desconocimiento del «precedente horizontal»,
puesto que las providencias invocadas por el actor fueron emitidas por una sala
diferente a la que expidió el proveído que hoy se censura o por otros tribunales
administrativos, cuyas decisiones no son vinculantes, conforme al principio de
independencia judicial. Sumado a lo expuesto, tampoco puede pretenderse a
través de tutela imponerse una línea jurisprudencial, pues esto implicaría
desconocer el pilar fundamental mencionado. (…)” (Negrilla y subraya fuera del
texto original)
En este entendido, la Sala acoge la tesis de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, donde plantea que la caducidad se debe
contabilizar a partir del conocimiento del daño, esto es, desde que se originó su

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de agosto de 2011, M.P.: Hernán Andrade

Rincón.
19 Sentencia proferida dentro del proceso con radicación No. 11001-03-15-000-2025-02071-00, M.P:

Fernando Alexei Pardo Flórez
20 Expediente No. 11001-03-15-000-2025-02071-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01457-00
Accionante: Duban Felipe Ospina Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

privación de la libertad, el cual en este caso, de acuerdo con las pruebas
aportadas al cartulario por la parte actora, entre ellas, el Oficio GS-2022-128587
del 28 de octubre de 2022, expedido por el Teniente Stiven Mateus Leyton
Comandante de la Estación de la Policía del Guamo, se evidencia que, el señor
DUBAN FELIPE OSPINA RAMÍREZ, conoció las condiciones de hacinamiento
en las que se encontraba recluido a partir de su detención, precisándose que
esto acaeció desde el 11 de agosto de 2021.

59. Del razonamiento anterior, lo primero que llama la atención de la Sala es que,
si bien el Tribunal accionado aparentemente sustentó su decisión en un medio de
convicción allegado al plenario, lo cierto es que se trata del oficio GS-2022-128587
del 28 de octubre de 2022, mediante el cual la Estación de Policía del Guamo
informó que el demandante ingresó a las instalaciones del referido centro de
detención transitoria el 11 de agosto de 2021. Medio de prueba al que acudió para,
posteriormente, aseverar que resultaba evidente que, desde ese momento, el señor
Ospina Ramírez conoció las condiciones de hacinamiento a las que fue
supuestamente sometido. En otras palabras, la decisión se adoptó con fundamento
en el simple supuesto de que tales circunstancias eran perceptibles de forma
inmediata desde el inicio de la reclusión.

60. En ese orden de ideas, se advierte que la autoridad judicial accionada acudió a
una apreciación puramente subjetiva y carente de sustento probatorio para arribar
a la conclusión de que el señor Ospina Ramírez tuvo conocimiento cierto y
comprobable del daño desde el momento mismo en que inició su reclusión en el
centro de detención transitoria.

61. Lo anterior, da cuenta de que, en aquel momento procesal, la autoridad judicial
accionada carecía de los medios probatorios necesarios para llegar, razonable y
fundadamente, a la conclusión de que el demandante no acudió oportunamente a
la jurisdicción e, implícitamente, de que no se trataba de un daño de carácter
continuado. Más aún, desconoció que al proceso se allegó el oficio GS-2024-
051453-DISPO-13.0, mediante el cual la Estación de Policía de Guamo certificó que
«las salas de privación de la libertad cuentan con 2 duchas y 2 sanitarios para uso
de las personas que se encuentran privadas de la libertad, (…) para el año 2020
desde el mes de agosto, en ese momento en la sala de privación de la libertad
contaba con 24 personas privadas de la libertad de los cuales 5 condenados y 19
sindicados», por lo que «[e]l porcentaje de hacinamiento en las salas de privación
de la libertad de las instalaciones de la estación de policía Guamo es del 87 %».

62. Al respecto, esta Sala, en anteriores oportunidades, ha concluido que ante la
existencia de una dificultad de índole probatoria que no puede ser superada en la
etapa inicial del proceso, como en este caso, el fallador puede diferir el análisis de
la caducidad del medio de control hasta la sentencia, pues en una etapa posterior
del trámite podría contar con los elementos de juicio suficientes para establecer con
certeza si operó no la caducidad, en aras de no limitar contundentemente el acceso
a la administración de justicia en estos eventos.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01457-00
Accionante: Duban Felipe Ospina Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

63. Concretamente, se ha precisado21:

En reiteradas oportunidades, esta Corporación22 ha puntualizado que, en aras
de hacer efectiva tal prerrogativa constitucional, el fallador puede diferir el
análisis de la caducidad del medio de control hasta la sentencia, cuando en la
etapa inicial no sea posible determinar con claridad el momento en que debe
empezar a contabilizarse, pues en una fase posterior del proceso se contará
con mayores elementos probatorios para establecer con certeza si operó o no
la caducidad. Ello puede resultar pertinente en un caso como este, en el que el
demandante solicitó la práctica de otras pruebas, para complementar la
información fragmentada e incompleta que le suministraron las autoridades
accionadas.
La Sala no pretende indicar que esta sea la forma en que el Tribunal debe
resolver el asunto, simplemente pone de presente que existen alternativas que
no sacrifican el acceso a la administración de justicia, incluso en situaciones en
las que el acervo probatorio aportado con la demanda no permite definir lo
relativo a la caducidad. De tal manera que, corresponde al juez natural evaluar
la información con que cuenta y adoptar una decisión, que encuentre sustento
en el material probatorio. Lo que no es admisible es que declare la caducidad
sin tener certeza de la totalidad de los elementos fácticos que deben ser
evaluados, pues ello pone en evidencia la configuración del defecto fáctico.
Según la jurisprudencia constitucional23, dicha causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales emerge
cuando el juzgador carece del apoyo probatorio para aplicar el supuesto legal
en el que fundamenta la decisión. Uno de los supuestos en los que se puede
presentar la configuración de dicho yerro, es cuando el operador judicial da por
acreditadas ciertas circunstancias sin que exista material probatorio que
respalde la decisión que adopta, como ocurrió en el caso bajo estudio respecto
a la fecha de conocimiento del daño y el momento en que concurrieron las
condiciones materiales que permitían acudir a la jurisdicción.”

64. Igualmente, se tiene que, pese a que en la providencia cuestionada el Tribunal
Administrativo del Tolima mencionó que el asunto a resolver en esa oportunidad
consistía en determinar la naturaleza del daño alegado por el demandante, a fin de
establecer el momento a partir del cual debía contabilizarse la caducidad del medio
de control, lo cierto es que no expuso ni una sola consideración tendiente a resolver
dicho interrogante. Al contrario, se limitó a exponer que «acoge» la tesis de la
Sección Tercera de esta Corporación, fijada en la sentencia del 6 de diciembre de
2022, según la cual «la caducidad se debe contabilizar a partir del conocimiento del
daño, esto es, desde que se originó su privación de la libertad».

65. Frente a ese particular, el Tribunal accionado argumentó que esta Corporación,
en un asunto similar24, declaró probada la caducidad del medio de control de

21 Ver, por ejemplo, las siguientes providencias: sentencia del 5 de mayo de 2025, Rad. 11001-03-

15-000-2025-01176-00, M.P. José Roberto Sáchica Méndez y sentencia del 19 de mayo de 2025,
Rad. 11001-03-15-000-2025-02071-00, M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
22 Al respecto, ver sentencias del 30 de agosto de 2018, exp. 41001-23-33-000-2015-00926-01, M.P.

Ramiro Pazos Guerrero y 28 de octubre de 2024, exp. 25000-23-36-000-2017-02210-01, M.P.
Nicolas Yepes Corrales; auto del 3 de febrero de 2025, exp.05001-23-33-000-2020-00575-01, M.P.
María Adriana Marín.
23 Sentencia T-567 de 1998, reiterada en sentencias T-81 de 1011 y SU-453 de 2019, entre otras.
24 En concreto se refirió a la sentencia del 6 de diciembre de 2022, proferida por la Subsección C de

la Sección Tercera del Consejo de Estado en el marco del proceso de reparación directa con
radicado Radicado 05001-23-31-000-2002-04829-01(47148), M.P. Guillermo Sánchez Luque.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01457-00
Accionante: Duban Felipe Ospina Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

reparación directa teniendo como hito temporal para contabilizar el término de
presentación oportuna de la demanda el momento en que el demandante tuvo
conocimiento del hecho generador del daño, y enfatizó en que contra dicha
providencia se promovió una acción de tutela que, a la postre, fue negada25, bajo la
consideración de que no se había incurrido en un defecto por desconocimiento del
precedente jurisprudencial, pues en el proceso ordinario quedó demostrado que el
entonces accionante tuvo conocimiento del daño desde una fecha cierta y, por tanto,
no se evidenciaba un «análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos
jurídicos de orden constitucional y legal que constituya una vía de hecho por
defectos sustantivo, ni desconocimiento del precedente judicial, que amerite la
intervención del juez de tutela».

66. En este punto, la Sala precisa que, en la sentencia del 6 de diciembre de 2022,
invocada como fundamento para adoptar la decisión censurada por la autoridad
judicial accionada, la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación
razonó:

William Alberto Molina Sánchez estuvo recluido en el pabellón número dos de
la cárcel del Distrito Judicial de Medellín Bellavista, desde el 27 de septiembre
de 1997 hasta el 4 de diciembre de 2000 (f. 89 c. 1). El 9 de marzo de 2000,
William Alberto Molina Sánchez solicitó a la Defensoría del Pueblo Regional de
Antioquia que mediara para que le permitieran terminar la condena en el centro
carcelario del Distrito Judicial de Medellín Bellavista, pues sabía que su vida
corría peligro en caso de ser trasladado a otro centro carcelario (f. 150, c. 1). El
2 de mayo de 2000, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín ordenó que
William Alberto Molina Sánchez permaneciera recluido en la cárcel del Distrito
Judicial de Medellín Bellavista, tal y como lo solicitó a través de la Defensora
del Pueblo Regional de Antioquia (f. 147 c. 1).
Como el 9 de marzo de 2000, William Alberto Molina Sánchez solicitó a la
entidad demandada terminar su condena en el centro carcelario del Distrito
Judicial de Medellín Bellavista, desde esa fecha el demandante tenía
conocimiento de las condiciones del centro carcelario. Por ello, el término de
dos años para formular la demanda comenzó a correr a partir del 10 de marzo
de 2000 (f. 150, c. 1) y venció el 10 de marzo de 2002.

67. Quiere decir lo anterior, que en la providencia antes citada la Subsección C de
la Sección Tercera de esta Corporación arribó a la conclusión de que el allí
demandante tuvo conocimiento del daño en una fecha cierta —9 de marzo de
2000—, a partir de un elemento de juicio obrante en el expediente —solicitud
realizada por el privado de la libertad a la Defensoría del Pueblo Regional de
Antioquia—, que le permitía establecer que la parte demandante estaba al tanto de
las condiciones de reclusión en la fecha antes referida.

68. Desde luego, como acertadamente lo consideró el juez de tutela al revisar la
providencia antes citada, tal razonamiento no merece reproche alguno desde el
punto de vista constitucional, pues la decisión adoptada se profirió con fundamento
en las pruebas efectivamente allegadas al plenario, que le otorgaban certeza a la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación sobre el momento en que

25 Mediante providencia del 5 de octubre de 2023, radicación 11001-03-15-000-2023-02769-01, M.P.

César Palomino Cortés.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01457-00
Accionante: Duban Felipe Ospina Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

el entonces demandante tuvo conocimiento del hecho dañoso. No obstante, se
insiste, en este caso, la autoridad judicial accionada concluyó que la demanda se
presentó extemporáneamente, sin relacionar ni un solo elemento de convicción que
diera certeza al respecto y bajo la simple consideración de que, al momento en que
señor Ospina Ramírez ingresó a la Estación de Policía del Guamo, el hacinamiento
carcelario era evidente.

69. De manera que no resulta admisible que el Tribunal accionado hubiera
prescindido injustificadamente de las pruebas requeridas para sostener que en el
caso de estudio se configuró la caducidad, bajo el argumento de que era «evidente»
que el accionante tuvo conocimiento cierto e inequívoco de las condiciones de
hacinamiento en las que se encontraba la Estación de Policía del Guamo desde el
primer día en que ingresó.

70. Tal razonamiento configura un defecto fáctico que constituye un vicio de validez
atribuible a la providencia del 28 de agosto de 2025.

71. Aún más, la autoridad judicial accionada sostuvo que esta Subsección —la A de
la Sección Tercera— «maneja otra posición, la cual fue mencionada dentro de la
sentencia de tutela del 19 de mayo de 202526, en la que establece que no hay lugar
a declarar la caducidad desde el momento en que es privado de la libertad»; no
obstante, al parecer, no acoge dicha postura, considerando que, en ese caso, la
decisión fue revocada en segunda instancia por la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación.

72. Sin embargo, tal razonamiento no puede validarse, en la medida en que la
decisión y las órdenes contenidas en un fallo que resuelve una acción de tutela
«siempre tienen efectos inter partes»27. Solo en casos excepcionales la Corte
Constitucional28 puede extender los efectos de una decisión a otras controversias
en los eventos en que la resolución del asunto debe «hacerse extensiva a todos los
sujetos que, junto con las partes del proceso específico, integran una misma
comunidad que, en razón de la identidad fáctica, conforman un grupo social que se
verá directamente impactado por la determinación de la Corte»— es decir, darle
efectos inter comunis a la sentencia—; no obstante, dicha extensión debe ser
explícita y el supuesto anterior debe estar suficientemente acreditado.

73. Con todo, las decisiones adoptadas por diferentes Secciones y Subsecciones
de esta Corporación en sede de tutela no pueden erigirse en excusa para proferir
decisiones carentes de respaldo probatorio, ni para intentar dotarlas de una
apariencia de validez constitucional de la que carecen. Mucho menos pueden servir
para desvirtuar el criterio que ha adoptado esta Sala en asuntos análogos.

26 Decisión dictada en el marco del proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-02071-

00, con ponencia del suscrito magistrado.
27 Corte Constitucional SU-349 de 2019.
28 En la misma providencia la Corte Constitucional mencionó «la jurisprudencia vigente ha
establecido que la determinación y aplicación de estas figuras están autorizadas únicamente a la
Corte Constitucional»

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01457-00
Accionante: Duban Felipe Ospina Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

74. Así las cosas, la Sala concluye que la decisión contenida en el auto del 28 de
agosto de 2025 carece de respaldo probatorio y, por ende, vulnera el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia del señor Duban Felipe
Ospina Ramírez. En consecuencia, se dejará sin efectos la referida providencia, con
el fin de que el Tribunal Administrativo del Tolima profiera una decisión de
reemplazo en la que se privilegie el principio pro actione, en garantía del acceso a
la administración de justicia del aquí accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia del señor Duban Felipe Ospina Ramírez, por lo
razonado en la parte motiva.

SEGUNDO: Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto del 28 de agosto
de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del proceso de
reparación directa con radicación núm. 73001-33-33-005-2024-00201-00/01/02,
para que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la
presente sentencia, profiera una decisión de reemplazo que tenga en cuenta las
consideraciones aquí expuestas.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito,
de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su
teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.

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