Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-08087-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-08087-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-08087-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08087-01
Accionante: Tito Andrey Cardozo Betancourth
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros
Tema: Tutela contra providencias judiciales. Reparación directa. Condiciones de
hacinamiento carcelario. Caducidad. REVOCA SENTENCIA-NIEGA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante en contra de la
sentencia del 29 de enero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Primera, a través de la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
El señor Tito Andrey Cardozo Betancourth pretende que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los
cuales considera vulnerados por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito
de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, con la expedición de los autos del
6 de febrero y 24 de julio de 2025, respectivamente, en el medio de control de
reparación directa, al que se le asignó el radicado 73001-33-33-005-2024-00128-
00/01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que permaneció detenido en las instalaciones de la Permanente Central de la
Policía de Ibagué desde el 14 de agosto de 2021 hasta el 11 de octubre de 2022,
fecha esta última en la que se enteró de que presuntamente había sufrido
hacinamiento, por lo que, para confirmarlo, el 17 de enero de 2023, solicitó que se
le informara cuál era la capacidad total con la que contaba dicha instalación para
albergar detenidos y si existía dicha situación.
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Que el 19 de enero de 2023, la Policía Metropolitana de Ibagué – Distrito Uno le
contestó que estaba diseñada para un cupo máximo de 46 privados de la libertad,
por lo que se presentaba un hacinamiento del 514 %.
Que el 16 de abril de 2024, presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría 103 Judicial I para Asuntos Administrativos, audiencia que se llevó a
cabo el 28 de mayo de 2024, por lo que mismo día, instauró demanda de reparación
directa en contra del municipio de Ibagué, del departamento del Tolima, de la
Nación-Rama Judicial-Dirección de Administración Judicial, de la Nación-Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), de la Nación-Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), de la Nación-Ministerio de Justicia y del
Derecho, de la Nación-Fiscalía General de la Nación y Nación-Ministerio de Defensa
Nacional-Policía Nacional, con el fin de lograr el reconocimiento y pago de los
perjuicios causados por las condiciones de hacinamiento que padeció.
Que el 6 de febrero de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de
Ibagué rechazó la demanda por caducidad, pues consideró que el término inició
desde que ingresó a la Permanente, momento en el que conoció el hacinamiento
que se presentaba, por lo que interpuso recurso de apelación en contra de esa
decisión y el 28 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó el
auto recurrido porque determinó que ciertamente desde dicha fecha conoció las
condiciones de sobrepoblación.
Estima que las autoridades judiciales desconocieron la posición del Consejo de
Estado1 y de la Corte Constitucional2, según la cual debe privilegiarse el acceso a
la administración de justicia, por lo cual el cómputo de la caducidad del medio de
control de reparación directa tratándose de daños continuados, como es el caso del
hacinamiento padecido durante la privación de la libertad, debe iniciar a partir del
momento de cesación del daño o desde que tuvo conocimiento de su existencia y
de su derecho a reclamar.
Que tanto el Juzgado como el Tribunal pasaron por alto que la solicitud de
conciliación extrajudicial suspendió el término de caducidad, acorde con el artículo
56 de la Ley 2220 de 2022, y que en atención a los principios pro damato, pro
homine y pro actione, no resultaba razonable ni proporcional privilegiar una
interpretación que desde el comienzo cerraba la posibilidad de un estudio de fondo,
sin analizar las circunstancias materiales que dieron origen a la vulneración de sus
derechos, sino que correspondía favorecer la exegesis que permitía el acceso
efectivo a la administración de justicia.
1 Sentencias del 26 de junio de 2015, rad. 25000-23-41-000-2014-01569-01, Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado; 30 de enero de 2013, rad. 25000-23-26-000-1997-05265-01, de la misma
Subsección; 3 de octubre de 2019, rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01, de la Subsección A; 8 de junio de
2017, rad. 76001-23-33-000-2014-00839-01; 8 de junio de 2016, rad. 11001-03-15-000-2015-02405-01, de la
Sección Primera; del 9 de diciembre de 2013, rad. 50001-23-000-2012-00196-01, Subsección A de la Sección
Tercera; 5 de diciembre de 2005, rad. 54001-23-31-000-1993-07753-01, Sección Tercera; del 29 de enero de
2004, rad. 25000-23-26-000-1995-00814-01, Sección Tercera; del 1 de marzo de 2018, rad. 68001-23-31-000-
2010-00605-01, Subsección A de la Sección Tercera; del 2 de marzo de 2023, rad. 11001-03-15-000-2022-
01335-02, Subsección A de la Sección Tercera.
2 Sentencias C-115/98; T-191/09; T-342/16; SU-241/24, T-238/23 y T-334/18.
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PRETENSIONES
Solicitó que se declare la nulidad de los autos discutidos y de las decisiones
posteriores y ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima que profiera una nueva
decisión acorde con la Constitución, la ley y la jurisprudencia.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 19 de diciembre de 2025, se admitió la acción; se vinculó al municipio de Ibagué,
al departamento del Tolima, a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, al Instituto Carcelario y Penitenciario, a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios, a la Nación-Ministerio de Justicia y del
Derecho y a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, como terceros con
interés; y se corrió el respectivo traslado.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Administrativo del Tolima guardó silencio.
El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué allegó el enlace
del expediente digitalizado del proceso de reparación directa.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial expuso que no es la llamada
a responder por las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas,
quienes se encuentran amparadas bajo los principios de autonomía e
independencia judicial, acorde con lo previsto en los artículos 228 y 230
constitucionales.
Que, de todas formas, los argumentos del actor no tienen vocación de prosperidad
porque existe claridad en los efectos alegados ni aportó las pruebas conducentes
que soporten sus argumentaciones, por lo que la tutela no cumple con el requisito
de relevancia constitucional.
En consecuencia, solicitó ordenar su desvinculación; vincular a la Dirección
Seccional de Administración Judicial del Ibagué y negar el amparo solicitado en lo
que a esa entidad corresponde.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario expresó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, pues la tutela se dirige a cuestionar las
decisiones adoptadas por el Juzgado y el Tribunal accionado. Por lo tanto, pidió su
desvinculación.
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios pidió su desvinculación,
pues no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante y no tiene
competencia para dejar sin efectos las providencias cuestionadas.
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La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué solicitó declarar
improcedente la acción, debido a que el actor pretende reabrir el debate que se
adelantó en el proceso, a pesar de la ausencia de vulneración de derechos
fundamentales.
La Policía Nacional adujo que no se conculcaron los derechos fundamentales del
accionante, pues estos han sido garantizados en su conjunto y no existen elementos
de juicio que acrediten transgresiones a las reglas procedimentales y sustanciales
ni está demostrada la configuración de un perjuicio irremediable que haga
procedente la tutela como mecanismo transitorio, por lo que pidió negar las
pretensiones.
Que no fue notificada ni adelantó actos de defensa dentro del medio de control, en
atención a que la demanda fue rechazada por caducidad, lo que implica que carece
de legitimación para discutir, oponerse o contradecir lo resuelto por las autoridades
judiciales accionadas.
El Ministerio de Justicia y del Derecho manifestó que no se vulneraron los
derechos fundamentales del accionante, pues la declaratoria de caducidad estuvo
ajustada a las normas que la regulan, sin que pueda pretenderse revivir términos
precluidos ni utilizar la figura del daño continuado para prorrogar el término de
caducidad.
Señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no ejerce autoridad
ni dirección alguna sobre las condiciones de reclusión en las instituciones policiales,
sino que su competencia está relacionada con la política pública carcelaria. En
consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción.
La Fiscalía General de la Nación afirmó que no cuenta con legitimación en la
causa por pasiva, pues las decisiones cuestionadas fueron adoptadas por las
autoridades judiciales y, en esa medida, el amparo pretendido no está relacionado
directamente con sus competencias.
Que la tutela carece de relevancia constitucional, ya que se está utilizando la acción
como un mecanismo para reabrir el debate legal, a pesar de que no se vulneró el
derecho fundamental al debido proceso. Por lo tanto, pidió declarar la
improcedencia de la acción y considerar su falta de legitimación.
Los demás vinculados guardaron silencio.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 29 de enero de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado negó las
solicitudes de desvinculación presentadas por los terceros con interés, y declaró
improcedente la acción porque consideró que no se cumplió el requisito de
relevancia constitucional, ya que la controversia propuesta por la parte actora
implicaba la reapertura de un asunto que ya había sido resuelto en sede ordinaria y
frente al cual se pretendía crear una instancia adicional.
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Que los reparos expuestos carecen de una perspectiva constitucional, pues derivan
de la aplicación e interpretación normativa y jurisprudencial que la parte actora
pretende que se efectúe en su situación particular, y, además, fueron resueltos por
el Tribunal Administrativo del Tolima, sin que se evidenciara una actuación arbitraria
o que excediera los límites de la autonomía judicial.
Que la supuesta configuración del defecto de desconocimiento del precedente
judicial tampoco cumple con la carga argumentativa, debido a que el accionante se
limitó a citar apartes de sentencias que aluden al término de caducidad en el medio
de control de reparación directa, sin precisar la relación fáctica y jurídica existente
entre lo resuelto y su caso.
Concluyó que no se trató de una cuestión de verdadera relevancia constitucional,
sino una divergencia dirigida a cuestionar la decisión judicial, en relación con
aspectos que fueron resueltos de forma admisible por el juez natural.
IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia, al considerar que el asunto sí tiene relevancia
constitucional, pues no está acudiendo a la tutela como si se tratara de una tercera
instancia, sino que está discutiendo la inaplicación de los principios pro homine, pro
actione y pro damato y que las autoridades judiciales optaron por una interpretación
regresiva y restrictiva, al concluir que el conocimiento del daño se dio a partir del
día de ingreso al centro de detención, sin fundamento probatorio alguno, con lo que
desconocen el bloque de constitucionalidad y la especial protección que debe
garantizárseles a las personas privadas de la libertad, acorde con la jurisprudencia
constitucional.
Que es procedente al amparo, pues si se permite acceder a la administración de
justicia, durante el proceso podría determinarse con certeza, una vez agotado el
debate probatorio respectivo, si efectivamente se configuró el fenómeno de la
caducidad o si, por el contrario, el medio de control se instauró oportunamente,
como se concluyó en las sentencias de tutela del 5 de mayo de 2025, rad. 11001-
03-15-000-2025-01176-00; del 19 de mayo de 2025, rad. 11001-03-15-000-2025-
02071-00; del 1 de julio de 2025, rad. 11001-03-15-000-2025-02792-00; y del 1 de
julio de 2025, rad. 11001-03-15-000-2025-03031-00.
Indicó que es necesaria la unificación jurisprudencial, pues el asunto tiene especial
importancia, al tratarse de los derechos de la población carcelaria, que constituye
un grupo vulnerable por sus particulares condiciones de hacinamiento y
desprotección.
En consecuencia, solicitó revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, acceder a
las pretensiones.
Se decidirá previas las siguientes,
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CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales; y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales3, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/054.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido
posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que
haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:
3
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»5
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una
argumentación cualificada6.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”7. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite
la intervención urgente del juez de tutela8»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
5
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6
Sentencia SU-074 de 2022.
7
Sentencia SU-074 de 2022.
8
Sentencia SU-072 de 2018.
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intervención del juez constitucional.
Caso concreto
A esta Subsección corresponde definir si se encuentra cumplido el requisito de
relevancia constitucional, que no se halló satisfecho en la sentencia recurrida, pues
solo de ser así, habría lugar a analizar las inconformidades expuestas por la
accionante.
Al respecto, se considera que la acción sí supera dicha exigencia general, puesto
que lo pretendido por la parte actora es lograr la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los
cuales considera vulnerados con los autos discutidos, mas no plantear un asunto
de mera legalidad, desconocer la autonomía e independencia judicial del juez
natural de la causa o convertir esta acción en una instancia adicional al proceso
ordinario.
En efecto, el solicitante del amparo procura demostrar la incursión en algunas de
las causales específicas establecidas por la Corte Constitucional que habilitan la
procedencia de la tutela cuando se discuten providencias judiciales, las cuales
sustentó de forma que resultan comprensibles sus desacuerdos respecto a las
providencias controvertidas en esta sede.
En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos generales de procedencia, se
observa que i) la acción se presentó con inmediatez, en la medida que el proveído
del 24 de julio de 2025 fue notificado mediante mensaje de datos enviado el 28 de
ese mes y año y esta acción fue instaurada el 18 de diciembre de 2025; ii) no se
está invocando una irregularidad procesal, por lo que no hay lugar a la exigencia
sobre el particular; iii) se agotaron los medios judiciales con los que se contaba; iv)
se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos
estimados como transgredidos; y v) no se trata de una sentencia de tutela.
Por lo anterior, se procederá al estudio del desconocimiento del precedente judicial,
el cual se entiende es el invocado por la parte actora, respecto al auto de segunda
instancia, al ser el que puso fin al litigio.
En dicha providencia, el Tribunal Administrativo del Tolima analizó la inconformidad
expuesta por el demandante en el recurso de apelación, consistente en que el daño
se prolongó en el tiempo y se extendió hasta el último día de su reclusión, por lo
que solo a partir de esa fecha podía computarse el término de caducidad.
Para el efecto, tuvo en cuenta el marco normativo de la caducidad del medio de
control de reparación directa, de la conciliación extrajudicial y del daño continuado
o de tracto sucesivo, así como las pruebas obrantes en el expediente.
En relación con la naturaleza del daño que dio lugar a la reclamación en sede
judicial, la autoridad judicial indicó que en oportunidades previas había acogido la
tesis consistente en que los daños ocasionados por el hacinamiento carcelario
podían configurarse como de tracto sucesivo o de carácter continuado, por la
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afectación de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad de
forma persistente y renovada, pero advirtió que diversas secciones y subsecciones
del Consejo de Estado habían negado el amparo solicitado en acciones de tutela
contra providencias judiciales en las que se declaró la caducidad del medio de
control de reparación directa por hacinamiento carcelario, al entenderse que los
daños derivados de este no son continuados, sino de ejecución instantánea con
efectos prolongados.
En esa medida, consideró que ese enfoque debía entenderse como un precedente
vertical obligatorio, al provenir del máximo tribunal de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, por lo cual acogía el criterio según el cual desde el
primer momento de reclusión el daño es conocido, en respeto por los principios de
seguridad jurídica, igualdad ante la ley y coherencia judicial, por lo que en el caso
desde el 14 de agosto de 2021, cuando el demandante ingresó a la Permanente
Central de Policía de Ibagué tuvo conocimiento de las condiciones de hacinamiento.
Por lo tanto, el Tribunal concluyó que el plazo de dos años para instaurar la
demanda de reparación directa venció el 15 de agosto de 2023, fecha para la cual
no se había solicitado la conciliación extrajudicial ni radicado la demanda.
El recuento de los razonamientos de la autoridad judicial permite evidenciar que
justificó su decisión respecto a la naturaleza del daño continuado; en efecto, explicó
la postura que adoptó en pronunciamientos previos en casos en los que se
pretendía la declaratoria de responsabilidad estatal por las condiciones de
hacinamiento en los establecimientos carcelarios donde los demandantes fueron
privados de la libertad y fundamentó el cambio de tesis en la expedición de diversas
decisiones en sede de tutela por parte de las secciones del Consejo de Estado, lo
que evidencia que realizó una motivación razonable sobre el reparo planteado por
el demandante respecto al auto de rechazo de la demanda.
En ese orden de ideas, contrario a lo afirmado por el accionante, no se observa que
el análisis realizado haya sido restrictivo o formalista, sino que atendió a las
particularidades del caso y a las decisiones adoptadas en asuntos similares por
parte del máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
Además, se advierte que, si bien la autoridad judicial advirtió que existían diversas
interpretaciones sobre la naturaleza del daño, lo cierto es que acogió la postura que
estimó era acorde con la tesis mayoritaria actual asumida por su superior jerárquico,
lo cual no puede ser objeto de reproche en esta sede, al no configurar alguno de los
defectos definidos por la jurisprudencia constitucional.
Sumado a lo expuesto, aunque el accionante transcribió apartes de algunas
decisiones judiciales del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, no
puntualizó la regla o subregla fijada que fue desatendida por la autoridad judicial
para discutir la línea argumentativa de esta sobre el particular, esto es, la existencia
de una postura reciente del primero de los señalados respecto a la naturaleza del
daño y su incidencia en el conteo de la caducidad.
En este punto, debe recordarse que la tutela no puede ser utilizada para que se
defina un criterio específico en asuntos propios de la jurisdicción de lo contencioso
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administrativo, cuando existen distintas exegesis debidamente justificadas, pues
ello equivaldría a desconocer la autonomía e independencia del juez natural de la
causa.
Ahora bien, aunque el accionante alega que se desconocieron los principios pro
damato, pro homine y pro actione, por no haberse analizado las circunstancias
materiales que dieron origen a la vulneración de sus derechos, lo cierto es que no
se observa que ello haya ocurrido, pues la autoridad judicial analizó las
particularidades del asunto, a la luz de la jurisprudencia, sin que le surgieran dudas
respecto a la caducidad que ameritaran agotar el debate probatorio previo a adoptar
una decisión sobre el particular.
Por último, se observa que la solicitud de conciliación extrajudicial, como el Tribunal
accionado lo señaló, fue formulada cuando ya había fenecido el término de
caducidad, por lo cual no tenía incidencia alguna en el cómputo efectuado en la
providencia discutida.
En suma, lo que se observa es un desacuerdo de la parte actora con la conclusión
a la que llegó la autoridad judicial accionada que no resulta suficiente para habilitar
la intervención del juez constitucional, por lo cual se negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia del 29 de enero de 2026 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, y, en su lugar, NEGAR el amparo pedido, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
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