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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02839-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02839-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la Fiscalía General de la Nación, el Distrito Especial de Buenaventura, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Departamento del Valle del Cauca. SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentadas por José Fernando Mina Angulo. TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02839-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02839-00
Demandante: José Fernando Mina Angulo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Rechazo
de la demanda por caducidad. Hacinamiento carcelario.
Desconocimiento del precedente.

Decisión: Niega solicitud de amparo.

La Sala decide la acción de tutela formulada por José Fernando Mina Angulo contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado 1 Administrativo de
Buenaventura.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 14 de abril de 2026, la parte actora, a través de apoderada, presentó una
acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de
justicia, los cuales fueron presuntamente transgredidos por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado 1 Administrativo de Buenaventura,
dentro del proceso de reparación directa No. 76109-33-33-001-2024-00163-00/01.

2. A título de amparo, solicitó que se dejara sin efectos la Sentencia de 25 de
junio de 2025 proferida por el Juzgado 1 Administrativo de Buenaventura y la
Sentencia de 28 de noviembre de 2025 del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y, en consecuencia, se profiriera una decisión de reemplazo.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
señaló que, el 16 de julio de 2024, radicó demanda de reparación directa contra el
Distrito Especial de Buenaventura, el Departamento del Valle del Cauca, la Nación
• Rama Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial, la Nación -
Ministerio de Justicia y del Derecho, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía
Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y la Fiscalía General de la Nación,
con el propósito de obtener la declaratoria de responsabilidad administrativa por los
perjuicios morales, materiales y demás afectaciones derivados de las condiciones
de hacinamiento carcelario que padeció entre el 6 de enero de 2021 y el 9 de junio

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de 2022, mientras permaneció detenido en el Centro de Detención Transitorio Marte
de Buenaventura.

4. El 25 de junio de 2025, el Juzgado 1 Administrativo de Buenaventura
declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación
directa, propuesta por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC),
tras considerar que la parte actora se limitó a acreditar la existencia del
hacinamiento, circunstancia que era de conocimiento público entre la población
carcelaria desde el año 2019. Concluyó que el término de caducidad debía
contabilizarse desde el 6 de enero de 2021, fecha en la cual el hoy accionante tuvo
conocimiento de la presunta omisión atribuida a las entidades accionadas, razón
por la cual la demanda debió presentarse, a más tardar, el 7 de enero de 2023.

5. El 9 de julio de 2025, el hoy accionante interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia en la medida en que el juzgado erró al
computar el término de caducidad desde la fecha de su detención, esto es, el 6 de
enero de 2021, pues el daño derivado del hacinamiento carcelario constituía un
daño continuado o de tracto sucesivo, cuyo término debía contabilizarse desde el
cese de la afectación, ocurrido el 9 de junio de 2022, fecha en que fue trasladado
del Centro de Detención Transitorio Marte de Buenaventura, donde aseguró haber
permanecido durante 17 meses en condiciones de hacinamiento del 253%. Agregó
que el conocimiento cierto del daño únicamente se produjo el 28 de febrero de 2023,
fecha en la cual conoció el porcentaje exacto de hacinamiento existente en el centro
de reclusión.

6. El 28 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
confirmó la Sentencia de 25 de junio de 2025, mediante la cual se declaró probada
la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa por los
perjuicios derivados del hacinamiento carcelario padecido en el Centro de
Detención Transitorio Marte de Buenaventura. Consideró que el término de
caducidad debía computarse desde el día siguiente al ingreso del actor al centro de
detención, puesto que las condiciones de hacinamiento constituían un hecho notorio
conocido desde ese momento y configuraban un daño de ejecución instantánea, y
no un daño continuado o de tracto sucesivo, razón por la cual la demanda fue
presentada por fuera del término legal.

7. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia constituían
garantías fundamentales aplicables a todas las actuaciones judiciales y
administrativas, conforme al artículo 29 de la Constitución Política. Señaló que el
debido proceso comprendía el conjunto de garantías orientadas a proteger a las
personas sometidas a un trámite judicial, permitiéndoles ejercer plenamente sus
derechos y obtener decisiones ajustadas al ordenamiento jurídico, proferidas por
autoridad competente y dentro de un término razonable.

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8. Indicó que los derechos al debido proceso y a la dignidad humana también
se encontraban reconocidos en instrumentos internacionales como la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Citó jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos1 relacionada con las condiciones
de reclusión y el hacinamiento carcelario, según la cual el Estado ostentaba una
posición especial de garante respecto de las personas privadas de la libertad y
debía asegurar condiciones compatibles con la dignidad humana. Precisó que el
hacinamiento constituía, por sí mismo, una vulneración a la integridad personal y
desconocía estándares mínimos relacionados con ventilación, higiene,
alimentación, atención médica, acceso al agua potable, recreación y demás
condiciones básicas de reclusión.

9. Manifestó que la Corte Constitucional2 y el Consejo de Estado3
desarrollaron una línea jurisprudencial orientada a flexibilizar el análisis de la
caducidad del medio de control de reparación directa, particularmente en aquellos
eventos en los que el daño no coincidía temporalmente con el hecho generador o
correspondía a daños continuados, permanentes o de tracto sucesivo. Afirmó que
dichas Altas Cortes reconocieron que el término de caducidad debía contabilizarse
desde el momento en que la víctima conociera o lograra dimensionar el daño
sufrido, y no necesariamente desde la ocurrencia inicial de los hechos,
especialmente cuando existían circunstancias materiales que dificultaban el acceso
efectivo a la administración de justicia.

10. Expuso que la jurisprudencia había aplicado los principios pro damnato, pro
homine y pro actione como criterios hermenéuticos orientados a privilegiar la
protección efectiva de los derechos fundamentales y la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formalidades procesales. Señaló que, conforme a dichos
principios, los operadores judiciales debían adoptar la interpretación más favorable
a las víctimas, resolver las dudas relacionadas con el cómputo de la caducidad en
favor del acceso a la justicia y flexibilizar las exigencias procesales cuando las
circunstancias particulares evidenciaran obstáculos reales para el ejercicio oportuno
de las acciones judiciales.

11. Sostuvo que las afectaciones derivadas del hacinamiento carcelario tenían
carácter continuado, progresivo y estructural, razón por la cual no resultaba
razonable contabilizar el término de caducidad exclusivamente desde la fecha de
ingreso al centro de reclusión. Afirmó que una interpretación rígida de las reglas

1 «Sentencia de 27 de abril de 2012, Serie C No. 241, Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras»
2 «Sentencia T-342 de 29 de junio de 2016; Sentencia T-238 de 4 de julio de 2023 y la SU-241 de 20 de junio

de 2024.»
3 «Sentencia de 30 de enero de 2013 proferida por la Sección Tercera, Subsección B. Rad. 25000-23-26-000-

1997-05265-01 (22867); Sentencia de 9 de diciembre de 2023 proferida por la Sección Tercera, Subsección A.
Rad. 50001-23-31-000-2012-00196-01(48152); Sentencia de 1 de marzo de 2018 y 3 de octubre de 2019
proferidas por la Sección Tercera, Subsección A. Rad. 68001-23-31-000-2010-00605-01 (49396) - 70001-23-
33-000-2014-00186-01(AG) y; Sentencia de 2 de marzo de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección
A. Rad. 11001-03-15-000-2022-01335-02.»

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procesales desconocía las condiciones materiales de vulnerabilidad de las personas
privadas de la libertad y restringía injustificadamente el acceso a la administración
de justicia. Consideró que debía privilegiarse una interpretación favorable al estudio
de fondo de la demanda, que permitiera analizar integralmente las circunstancias
que dieron lugar a la alegada afectación derivada del hacinamiento carcelario.

Intervenciones4

12. La Policía Nacional solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en
su defecto, negar las pretensiones de la parte actora, tras considerar que no se
configuró vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados. Sostuvo
que la acción de tutela tenía carácter subsidiario y residual, razón por la cual
únicamente procedía en ausencia de otros mecanismos de defensa judicial o como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable debidamente acreditado.
Afirmó que en el caso concreto no se evidenciaba una amenaza inminente, grave e
injustificada que hiciera necesaria la intervención del juez constitucional, máxime
cuando la controversia ya había sido debatida mediante los mecanismos judiciales
ordinarios.

13. Manifestó que la caducidad del medio de control de reparación directa se
encontraba configurada conforme a lo dispuesto en el artículo 164 del CPACA y la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Argumentó que
el término de caducidad debía contabilizarse desde el momento en que el actor tuvo
conocimiento del daño derivado de las condiciones de hacinamiento, las cuales
resultaban ostensiblemente notorias desde su ingreso al centro de detención.
Señaló que la solicitud de conciliación prejudicial y la posterior demanda de
reparación directa fueron presentadas cuando el término ya había expirado, razón
por la cual concluyó que las autoridades judiciales accionadas actuaron conforme
al ordenamiento jurídico al declarar la caducidad del medio de control.

14. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) solicitó declarar
improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negar las pretensiones de la
demanda, al considerar que no se cumplían los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez exigidos para la procedencia excepcional del amparo contra
providencias judiciales. Sostuvo que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la
Corte Constitucional, la acción de tutela no podía convertirse en un mecanismo
alternativo, adicional o sustitutivo de los procesos ordinarios ni de los recursos
judiciales previstos en el ordenamiento jurídico, razón por la cual correspondía al
actor agotar previamente todos los medios de defensa judicial disponibles. Indicó
que el accionante no agotó el recurso extraordinario de revisión, mecanismo

4 Mediante Auto de 20 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado 1 Administrativo de Buenaventura y, se vinculó al Distrito de
Buenaventura, el Departamento del Valle del Cauca, la Nación – Rama Judicial Dirección Seccional de
Administración Judicial, la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios
y Carcelarios (USPEC) y la Fiscalía General de la Nación.

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excepcional previsto para controvertir sentencias ejecutoriadas cuando se configure
alguna de las causales establecidas por el legislador.

15. Manifestó que el actor pretendía reabrir por vía de tutela una controversia
que ya había sido discutida y decidida dentro del medio de control de reparación
directa, pese a haber contado con oportunidades procesales para ejercer su
derecho de defensa y exponer sus argumentos. Señaló que la sentencia proferida
dentro de dicho proceso se encontraba amparada por el principio de cosa juzgada
y por la garantía de seguridad jurídica, razón por la cual no resultaba procedente
utilizar la acción constitucional para reabrir indefinidamente el litigio.

16. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) alegó su falta
de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, solicitó su desvinculación
del trámite constitucional, en la medida en que no vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante. Señaló que no era competente para
dejar sin efectos las sentencias cuestionadas en el escrito de tutela, puesto que
dentro de sus funciones no se encontraba la facultad de decretar nulidades ni
revocar providencias emitidas por autoridades judiciales.

17. El Juzgado 1 Administrativo de Buenaventura solicitó negar el amparo de
los derechos fundamentales invocados, por cuanto no se configuraba vulneración
alguna y las decisiones cuestionadas se ajustaban plenamente al ordenamiento
jurídico y al material probatorio obrante en el expediente. Indicó que el accionante
incurría en una imprecisión al solicitar la nulidad de autos de primera y segunda
instancia, cuando en realidad se trataba de sentencias proferidas dentro del trámite
correspondiente por el juez natural de la causa, razón por la cual no resultaba viable
reabrir el debate jurídico a través de la acción de tutela.

18. La Fiscalía General de la Nación alegó falta de legitimación en la causa por
pasiva dentro de la acción de tutela, tras considerar que dicha calidad únicamente
podía predicarse de quien tuviera la capacidad de vulnerar los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, bien fuera
por acción u omisión. Señaló que no existía relación de causalidad entre sus
actuaciones y la presunta vulneración alegada por el accionante con ocasión de las
decisiones judiciales cuestionadas.

19. El Distrito Especial de Buenaventura solicitó su desvinculación del trámite
constitucional ya que carecía de legitimación en la causa por pasiva, puesto que no
tenía relación directa con la presunta vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante. Señaló que la controversia planteada se originaba
exclusivamente en decisiones judiciales adoptadas por las autoridades accionadas,
sin que hubiese tenido participación alguna en dichas determinaciones. Solicitó,
subsidiariamente, negar las pretensiones al no acreditarse la configuración de un
defecto en las providencias judiciales cuestionadas que justificara la intervención
del juez constitucional.

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20. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca solicitó negar las pretensiones
de la acción de tutela, al considerar que la discusión planteada no podía ser objeto
de estudio en sede constitucional, pues el juez de tutela no podía reevaluar el litigio
como si se tratara de una instancia adicional frente a decisiones adoptadas
válidamente por el juez ordinario. Sostuvo que no se evidenciaba actuación
arbitraria, caprichosa o abiertamente contraria a la Constitución, sino la intención
del accionante de reabrir un debate jurídico ya definido por el juez competente,
razón por la cual no se configuraba el requisito de relevancia constitucional ni
defecto alguno que justificara la intervención excepcional del juez constitucional.

21. El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, comoquiera que incumplía los requisitos excepcionales de
procedibilidad establecidos para controvertir providencias judiciales, pues el
accionante pretendía utilizar el mecanismo constitucional para reabrir debates ya
definidos o cuestionar valoraciones probatorias realizadas por el juez ordinario.
Añadió que la solicitud no buscaba la protección inmediata de un derecho
fundamental, sino la modificación de una decisión judicial a partir de una nueva
interpretación del nexo causal.

22. De manera subsidiaria, requirió negar el amparo solicitado, al estimar que
no se acreditaba vulneración alguna de derechos fundamentales ni la configuración
de defectos de relevancia constitucional en las decisiones judiciales cuestionadas.
Señaló que el accionante contó con la posibilidad real y efectiva de acudir a la
jurisdicción, ejercer los recursos legales correspondientes y obtener una decisión
de fondo por parte de los jueces competentes.

23. Asimismo, pidió su desvinculación del trámite constitucional al considerar
que carecía de legitimación en la causa por pasiva, puesto que no era competente
ni tuvo injerencia en los hechos que dieron origen a la acción de tutela, en tanto los
reproches formulados estaban dirigidos exclusivamente contra las sentencias
proferidas dentro del proceso de reparación directa.

24. El Departamento del Valle del Cauca alegó falta de legitimación en la causa
por pasiva, pues no existía conexión entre dicha entidad y la situación fáctica que
dio origen al litigio. Señaló que las personas llamadas a integrar el extremo pasivo
de la demanda debían corresponder a quienes participaron efectivamente en los
hechos objeto de controversia y afirmó que no existía acción u omisión atribuible al
departamento que pudiera considerarse vulneradora o amenazante de derechos
fundamentales.

25. La Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial, pese a
que fue debidamente notificada, guardó silencio.

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II. CONSIDERACIONES

Competencia

26. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

27. En sus intervenciones, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
(USPEC), la Fiscalía General de la Nación, el Distrito Especial de Buenaventura, el
Ministerio de Justicia y del Derecho y, el Departamento del Valle del Cauca
solicitaron ser desvinculados del presente trámite constitucional, al considerar que
no eran las autoridades competentes para atender las pretensiones de la acción de
tutela. Al respecto, la Sala negará dichas solicitudes, toda vez que las referidas
entidades integraron el extremo pasivo del proceso de reparación directa No. 76109-
33-33-001-2024-00163-00/01, por lo que la decisión que se adopte en esta acción
constitucional podría incidir en sus intereses.

28. Por otro lado, se observa que los reparos de la parte actora están dirigidos
contra la Sentencia de 25 de junio de 2025 proferida por el Juzgado 1 Administrativo
de Buenaventura y la Sentencia de 28 de noviembre de 2025 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. No obstante, en caso de superar los requisitos
de procedibilidad, el estudio de fondo se realizará frente a esta última providencia,
por ser la decisión que definió la controversia dentro del proceso de reparación
directa y la autoridad judicial llamada a cumplir las órdenes que eventualmente se
impartan en esta sede constitucional.

Problema jurídico

29. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del
accionante, al proferir la Sentencia de 28 de noviembre de 2025 por presuntamente
haber desconocido el carácter continuado de las afectaciones derivadas del
hacinamiento carcelario y los criterios jurisprudenciales sobre el cómputo del
término de caducidad en casos de daños permanentes o de tracto sucesivo.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

30. La acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedibilidad, toda vez que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
comoquiera que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos

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fundamentales a la igualdad, al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, no se trata de una discusión de raigambre eminentemente legal ni una
reiteración de los argumentos planteados en el trámite ordinario y, en todo caso, los
reparos fueron dirigidos concretamente contra la decisión que resolvió el recurso de
apelación dentro del proceso de reparación directa; (2) se encuentra satisfecha la
legitimación en la causa por activa y por pasiva, debido a que, por un lado, la parte
actora tenía la calidad de demandante en el proceso y, por el otro, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca profirió la decisión que se cuestiona; (3) se
encuentra acreditada la exigencia de subsidiariedad, comoquiera que se agotaron
todos los mecanismos judiciales que tenía para procurar la defensa de sus
derechos; (4) la acción de tutela se presentó el 14 de abril de 2026, es decir, dentro
de los 6 meses siguientes a la notificación de la Sentencia de 28 de noviembre de
2025; (5) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento
en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (6) la tutela no
se interpone contra una providencia de igual naturaleza.

31. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se estudiará el fondo de
la controversia.

Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos

32. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a
continuación:

33. El accionante considera que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia con ocasión de la Sentencia de 28 de noviembre de
2025, proferida dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 76109-
33-33-001-2024-00163-01. Afirmó que la autoridad judicial incurrió en error al
contabilizar el término de caducidad a partir de la fecha de ingreso al centro de
detención transitorio, pese a que el daño alegado se derivaba de condiciones de
hacinamiento carcelario que, a su juicio, tenían carácter continuado, progresivo y
estructural. En ese sentido, sostuvo que el análisis de la caducidad no podía
efectuarse exclusivamente desde la fecha inicial de reclusión, sino que debía
atender las particularidades del caso concreto, especialmente el momento en que
cesó la afectación o aquel en que tuvo conocimiento cierto de la magnitud del daño
sufrido.

34. Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
concluyó que el actor tuvo conocimiento del daño desde el día siguiente a su
ingreso al centro de detención, esto es, desde el 7 de enero de 2021, razón por la
cual el término para promover el medio de control de reparación directa vencía el 7
de enero de 2023. Asimismo, advirtió que la solicitud de conciliación prejudicial fue
presentada el 27 de mayo de 2024, cuando el término de caducidad ya había
expirado, y que la demanda fue radicada el 12 de julio de 2024, momento para el
cual el medio de control se encontraba caducado. En desarrollo de dicho análisis,

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el tribunal consideró que las condiciones de hacinamiento padecidas por el hoy
accionante configuraban un daño de ejecución instantánea, aun cuando sus efectos
pudieran proyectarse en el tiempo, razón por la cual descartó que se tratara de un
daño continuado o de tracto sucesivo, al estimar que sus consecuencias eran
conocidas desde el momento mismo de la reclusión y no con posterioridad al hecho
generador.

35. En ese contexto, la Sala advierte que el análisis efectuado por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no resulta arbitrario, caprichoso, irrazonable o
desproporcionado, pues la providencia cuestionada expuso de manera clara las
razones jurídicas y fácticas que sustentaron la contabilización del término de
caducidad. En efecto, la autoridad judicial examinó las circunstancias particulares
del caso, analizó la naturaleza del daño alegado, valoró el momento en que el actor
tuvo conocimiento de las condiciones de hacinamiento y explicó por qué consideró
que la afectación correspondía a un daño de ejecución instantánea y no a uno
continuado. En consecuencia, se observa que la decisión cuestionada se
fundamentó en una interpretación jurídicamente plausible y en una carga
argumentativa suficiente y razonable.

36. Ahora bien, el accionante alegó el desconocimiento de varias providencias
judiciales, sin embargo, la Sala advierte que dichas decisiones no constituyen
precedente vinculante en los términos planteados por el actor, pues (i) las
sentencias de 30 de enero de 2013, rad. 25000-23-26-000-1997-05265-01 (22867);
de 1 de marzo de 2018, rad. 68001-23-31-000-2010-00605-01 (49396); de 3 de
octubre de 2019, rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01 (AG), y de 9 de diciembre
de 2023, rad. 50001-23-31-000-2012-00196-01 (48152), fueron proferidas por
subsecciones de la Sección Tercera dentro de asuntos con supuestos fácticos y
consideraciones particulares, sin que fijaran una regla jurisprudencial unificada y
obligatoria sobre la materia.

37. Por su parte, la sentencia de 2 de marzo de 2023, rad. 11001-03-15-000-
2022-01335-02, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, no constituye el precedente invocado por el accionante para el asunto
bajo examen, pues el problema jurídico allí resuelto no guardaba identidad fáctica
ni jurídica con el presente caso. En esa oportunidad, la controversia se relacionó
con la contabilización del término de caducidad del medio de control de reparación
directa frente a daños derivados de la ocupación de un inmueble por un grupo
armado ilegal, en el contexto de la denominada zona de distensión del Caguán,
bajo el análisis de una eventual imposibilidad material para ejercer oportunamente
el derecho de acción.

38. En contraste, el presente asunto versa sobre reclamaciones
indemnizatorias originadas en supuestas condiciones de hacinamiento carcelario,
escenario fáctico y jurídico sustancialmente distinto, respecto del cual esta Sala ha

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sostenido de manera uniforme, en sede de tutela5, que el término de caducidad del
medio de control de reparación directa comienza a contabilizarse desde el momento
en que la persona privada de la libertad tiene conocimiento de las condiciones de
reclusión que considera generadoras del daño.

39. Frente a la Sentencia de 27 de abril de 2012, Serie C No. 241, Caso
Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras, proferida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la Sala advierte que dicha decisión estuvo encaminada a
determinar la responsabilidad internacional del Estado hondureño por las graves
condiciones de reclusión que padecían los internos del Centro Penal de San Pedro
Sula y que ocasionaron la muerte de 107 personas privadas de la libertad durante
el incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004. En ese contexto, si bien la providencia
desarrolla estándares relacionados con la obligación estatal de garantizar la
integridad y dignidad de las personas privadas de la libertad, lo cierto es que no
aborda ni define reglas relacionadas con la contabilización del término de caducidad
del medio de control de reparación directa en asuntos relacionados con
hacinamiento carcelario, razón por la cual no resulta aplicable al caso objeto de
estudio.

40. De igual manera, la Sala considera que tampoco puede atribuirse el
desconocimiento de las Sentencias T-342 de 29 de junio de 2016, T-238 de 4 de
julio de 2023 y SU-241 de 20 de junio de 2024, pues dichas providencias resolvieron
supuestos fácticos distintos a los discutidos en la presente acción de tutela. En
efecto, las Sentencias T-342 de 2016 y T-238 de 2023 estuvieron relacionadas con
controversias derivadas de presuntas fallas en la prestación del servicio médico y
hospitalario, mientras que la Sentencia SU-241 de 2024 estudió un asunto asociado
a víctimas del conflicto armado interno y desplazamiento forzado. En consecuencia,
dichas decisiones no fijaron reglas específicas aplicables al cómputo del término de
caducidad en casos de hacinamiento carcelario.

41. Asimismo, se advierte que el actor se limitó a transcribir apartes de distintas
providencias judiciales, sin identificar de manera concreta la regla o subregla
jurisprudencial presuntamente desatendida por el tribunal accionado, ni explicar de
qué manera la decisión cuestionada se apartó injustificadamente de un precedente
vinculante. Por el contrario, lo que se evidencia es la inconformidad del accionante
frente a la interpretación jurídica acogida por el juez natural respecto de la
naturaleza del daño y del cómputo del término de caducidad.

5 Sentencia de 3 de julio de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-03404-00 y 11001-03-15-000-2025-03497-

00; Sentencia de 10 de julio de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-01555-01; Sentencia de 17 de julio de 2025,
Rad. 11001-03-15-000-2025-03498-00 y 11001-03-15-000-2025-03113-00; Sentencia de 24 de julio de 2025,
Rad. 11001-03-15-000-2025-02071-01; Sentencia de 8 de agosto de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-01927-
01; Sentencia de 28 de agosto de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-03123-01; Sentencia de 4 de septiembre
de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-03060-01; Sentencia de 11 de septiembre de 2025, Rad. 11001-03-15-
000-2025-03075-01; Sentencia de 29 de enero de 2026, Rad. 11001-03-15-000-2025-07945-00; Sentencia de
5 de febrero de 2026, Rad. 11001-03-15-000-2025-08096-00; Sentencia de 12 de marzo de 2026, Rad. 11001-
03-15-000-2025-08087-01; Sentencia de 19 de marzo de 2026, Rad. 11001-03-15-000-2026-01464-00.

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42. Adicionalmente, la Sala encuentra que no existe una postura unificada por
parte del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo
respecto de la contabilización del término de caducidad en los medios de control de
reparación directa relacionados con afectaciones derivadas del hacinamiento
carcelario. Por el contrario, se evidencian distintas interpretaciones acerca de la
naturaleza del daño y de su incidencia en el cómputo de la caducidad, circunstancia
que habilitaba al tribunal accionado para acoger, en ejercicio de la autonomía e
independencia judicial que le asiste, la tesis que estimó más adecuada conforme a
las particularidades del caso concreto y a la línea jurisprudencial que consideró
aplicable.

43. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela no puede
ser utilizada como un mecanismo para imponer una determinada interpretación
jurídica en asuntos propios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
especialmente cuando existen distintas exégesis razonables y debidamente
justificadas sobre la materia. Admitir lo contrario implicaría desconocer la
autonomía e independencia judicial del juez natural de la causa y convertir el
mecanismo constitucional en una instancia adicional destinada a reabrir debates
jurídicos ya definidos dentro del proceso ordinario.

44. Finalmente, aunque el accionante alegó el desconocimiento de los
principios pro damnato, pro homine y pro actione, lo cierto es que no se evidencia
que la autoridad judicial hubiera incurrido en una interpretación restrictiva o
meramente formalista del asunto sometido a su consideración. Por el contrario, el
tribunal analizó las circunstancias particulares del caso, estudió las distintas
posiciones existentes sobre la naturaleza del daño derivado del hacinamiento
carcelario y acogió la postura que consideró acorde con la línea jurisprudencial que
identificó aplicable al caso concreto, sin que ello configure alguno de los defectos
que habilitan excepcionalmente la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

Conclusión

45. La Sala negará la solicitud de amparo al no encontrarse que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca hubiera vulnerado los derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso y acceso a la administración de justicia del accionante
al proferir la Sentencia de 28 de noviembre de 2025 dentro del proceso de
reparación directa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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III. FALLA

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la Fiscalía General de la Nación, el
Distrito Especial de Buenaventura, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el
Departamento del Valle del Cauca.

SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentadas por José
Fernando Mina Angulo.

TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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