Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03498-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03498-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03498-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03498-00
Accionante: Alberto Artunduaga Murcia
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Rechazo
de la demanda por caducidad. Hacinamiento carcelario.
Desconocimiento del precedente judicial.
Decisión: Negar el amparo solicitado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Decide la Sala1 la acción de tutela formulada por Alberto Artunduaga Murcia
en contra del Tribunal Administrativo del Tolima y del Juzgado 9 Administrativo de
Ibagué.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
2. El 6 de junio de 2025, Alberto Artunduaga Murcia, por intermedio de apoderada
judicial, presentó acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad.
En consecuencia, a título de amparo, solicitó declarar la nulidad de las providencias
emitidas el 4 de septiembre de 2024 y el 20 de febrero de 2025 por el Juzgado 9
Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente,
y en consecuencia que se ordene a este último «proferir sentencia de acuerdo con
lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia».
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante indicó
que permaneció detenido en las instalaciones de la Inspección Permanente Central
de Policía de Ibagué desde el 20 de mayo de 2021 hasta el 9 de agosto de 2022.
4. El 17 de enero de 2023, elevó una petición ante la Policía Metropolitana de
Ibagué en la que requirió información sobre si en dichas instalaciones existía
hacinamiento carcelario. El 19 de enero siguiente, la institución mencionada,
1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
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mediante Oficio GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-29.25, informó que
«tales instalaciones estaban diseñadas para un cupo máximo de 46 PPL, y las
antiguas instalaciones de espacio público para 20 PPL, indicando un porcentaje de
hacinamiento del 514%».
5. Por lo anterior, el 19 de abril de 2024, Alberto Artunduaga Murcia y Nhora
Esther Rentería Jaramillo instauraron demanda de reparación directa2 contra la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Nación –
Ministerio de Justicia y del Derecho, Nación - Fiscalía General de la Nación, Nación
– Ministerio de Defensa - Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC),
el municipio de Ibagué y el departamento del Tolima, para que se les declarara
responsables por los perjuicios materiales y morales sufridos debido a las
condiciones de hacinamiento que existían mientras se encontraba recluido el
primero de los mencionados.
6. El 4 de septiembre de 2024, el Juzgado 9 Administrativo de Ibagué rechazó la
demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad, tras considerar
que el demandante tuvo conocimiento del hacinamiento el 20 de mayo de 2021
cuando ingresó a la Unidad Permanente Central de la Policía, el cual para ese año
alcanzaba un 514%, por lo que a partir de esa fecha debía contabilizarse el plazo
para promover el medio de control de reparación directa, de ahí que tenía hasta el
23 de mayo de 2023 para presentar la demanda. No obstante, la parte actora solicitó
la conciliación prejudicial el 28 de febrero de 2024 y radicó la demanda el 19 de abril
de igual anualidad, cuando ya se había configurado el fenómeno procesal
mencionado.
7. El 10 de septiembre de 2024, la parte demandante interpuso recurso de
apelación en contra de la anterior decisión, para lo cual afirmó que se trató de un
daño continuado y de carácter sucesivo, debido a que desde la captura del señor
Artunduaga Murcia hasta que cesó su detención, aquel padeció los perjuicios que
le ocasionó el hacinamiento carcelario. Al respecto, puso de presente diversas
sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado en las que se
estableció que, hasta el último día de detención, cesa el perjuicio por causa del
hacinamiento.
8. El 20 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la
decisión de primera instancia. Como fundamento de su decisión, adujo que el
demandante tuvo certeza de la ocurrencia del hecho el día de su detención, 20 de
mayo de 2021, ya que desde ese momento pudo advertir las condiciones de
hacinamiento, por lo que había operado el fenómeno jurídico de la caducidad, toda
vez que la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó hasta el 28 de febrero de
2024 y la demanda, el 19 de abril del mismo año.
9. Como fundamentos de derecho, el accionante consideró que el Juzgado 9
Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, con ocasión de la
2
Rad. 73001-33-33-009-2024-00219-00.
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expedición de las providencias del 4 de septiembre de 2024 y 20 de febrero de 2025,
incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.
10. Para el efecto, afirmó que aquella autoridad desconoció los «precedentes
jurisprudenciales verticales» emanados (i) por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado el 6 de diciembre de 2022, Rad. 05001-23-31-000-
2002-04829-01 (47148), en el que se señaló que la fecha de conocimiento del daño
en casos de hacinamiento carcelario se da «a partir del momento en que la víctima
se percata de ello» y no desde del primer día en que el detenido ingresa al centro
de reclusión; y (ii) por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
el 6 de octubre de 2019, Rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01, en la que
estableció que cuando el daño se asocia o vincula a condiciones derivadas del
hacinamiento, este es de carácter continuado.
11. Adicionalmente, sostuvo que se inobservaron los pronunciamientos
jurisprudenciales de carácter horizontal, en los que se dispuso que la caducidad
debe computarse a partir del momento en que el recluso deja «la Permanente
Central, donde estuvo sometido a hacinamiento, para ser trasladado al otro lugar de
reclusión». Concretamente, citó las Sentencias de (i) el 29 de enero de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Rad. 05001-33-33-029-2019-00033-01; (ii) 5
de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima, Rad. 73001-33-33-
001-2024-00124-01; y (iii) 8 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Quindío, Rad. 63001-33-33-005-2024-00227-01.
12. Asimismo, mencionó un fallo emitido el 24 de enero de 2018 por la Corte
Suprema de Justicia con radicado No. 11001-31-03-010-2011-00675-01 (SC016-
2018), en el que indicó que «tratándose de un daño que no se consolidó en un solo
momento, si no con el paso del tiempo, tomo como referente la conducta que lo
produjo, entendimiento que lo llevó a computar el plazo establecido por el legislador
desde cuándo empezó a manifestarse y no, como ere (sic) lo correcto, cuando se
consolidó».
13. Finalmente, citó múltiples providencias relacionadas con el tema de daño
continuado y la caducidad en materia de reparación directa.
Intervenciones3
14. El Juzgado 9 Administrativo de Ibagué, luego de realizar un recuento de las
actuaciones efectuadas en el proceso ordinario, afirmó que el actor tuvo
conocimiento del hacinamiento en la Inspección Permanente Central desde su
ingreso, el 20 de mayo de 2021, fecha en la cual dicho hacinamiento alcanzaba un
514%, por lo que era a partir de ese momento que debía iniciarse el conteo del
término de caducidad, el cual vencía el 23 de mayo de 2023. Sin embargo, la
3
El 11 de junio de 2025, se admitió la acción de tutela en contra del Juzgado 9 Administrativo de Ibagué y del Tribunal
Administrativo del Tolima y se vinculó a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Ministerio de
Defensa, la Policía Nacional, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (USPEC), al Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación, al departamento del Tolima, al
municipio de Ibagué y Nhora Esther Rentería Jaramillo.
.
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solicitud de conciliación se radicó el 28 de febrero de 2024 y la demanda se presentó
el 19 de abril de igual anualidad, es decir, cuando el plazo ya había finalizado.
15. En ese sentido, consideró que su actuación no constituye una vía de hecho, ni
se enmarca en ninguna de las causales generales o especiales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que los argumentos
que sustentaron el rechazo de la demanda no fueron arbitrarios ni carecían de
soporte legal.
16. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sostuvo que es un
órgano técnico y administrativo, el cual tiene a su cargo la ejecución de las
actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y
decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por lo
que no tiene competencia para exigir a ningún despacho judicial, incluido el Consejo
de Estado, las actuaciones que debe adelantar en los procesos judiciales a su
cargo. En consecuencia, solicitó negar el amparo invocado, por la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
17. De otra parte, informó que la apoderada judicial de la parte accionante ha
promovido varias acciones de tutela en contra de providencias emitidas por los
juzgados administrativos de Ibagué y del Tribunal Administrativo del Tolima, entre
las cuales, citó las acciones de tutela con radicados 11001-03-15-000-2025-01291-
00, 11001-03-15-000-2025-01617-00 y 11001-03-15-000-2025-01922-00.
18. El INPEC indicó que la acción de tutela es improcedente, comoquiera que no
se encuentra satisfecho el requisito general de subsidiariedad, puesto que el
accionante no agotó todos los medios judiciales con los que cuenta, como lo es el
recurso extraordinario de revisión. Además, aseguró que tampoco se acreditó la
exigencia de inmediatez, dado que el mecanismo de amparo debe formularse dentro
de un tiempo razonable, con el fin de la que la protección que imparta el juez
constitucional sea efectiva y no se generen situaciones de inseguridad que atenten
contra los derechos de terceros involucrados.
19. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué
afirmó que el accionante empleó la acción de tutela como una instancia adicional
para reabrir el debate que ya se llevó a cabo en el proceso ordinario y retrotraer las
actuaciones y etapas procesales, por la disconformidad que tiene frente a las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas. Por tanto,
manifestó que no se cumplieron los requisitos generales de procedencia, máxime
cuando no concurren los elementos para la configuración de un perjuicio
irremediable. En esos términos, solicitó que se declarara improcedente la acción de
la referencia.
20. La Fiscalía General de la Nación aseveró que carece de legitimación en la
causa por pasiva, debido a que no existe una relación de causalidad entre las
actuaciones de esa entidad y la presunta vulneración de los derechos
fundamentales alegados por el accionante.
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21. Asimismo, sostuvo que la acción de tutela se está empleando para reabrir el
debate legal que no se cursó en todas sus etapas debido a que la acción se
encontraba caducada, luego el juez de tutela no puede usurpar la función del Juez
natural del asunto. En consecuencia, solicitó su desvinculación y la declaratoria de
improcedencia de la acción de la referencia
22. El Ministerio de Justicia y del Derecho expresó su desacuerdo con el uso
de la tutela para revivir términos judiciales, cuando por falta de diligencia del
apoderado judicial no se realizó una adecuada oposición a las decisiones adoptadas
por los operadores judiciales.
23. De otra parte, manifestó que no goza de legitimación en la causa por pasiva,
comoquiera que no vulneró por acción o por omisión los derechos fundamentales
reclamados, pues no tiene competencia para proferir decisiones judiciales donde se
determine si se configura o no el fenómeno de caducidad. En consecuencia, solicitó
que se resolviera de manera desfavorable las pretensiones formuladas por el
accionante y se le desvinculara del presente trámite.
24. La USPEC adujo que hizo parte del proceso de reparación directa y que se
encuentra conforme con las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales
accionadas, mediante las cuales se rechazó por caducidad el medio de control y se
confirmó esa decisión. Adicionalmente, indicó que carecía de legitimación en la
causa por pasiva, puesto que no era la competente para valorar las pruebas que
fueron recaudadas dentro del proceso, y, en ese sentido, su actuación se limitó a
intervenir en la oportunidad debida, ejerciendo los medios y recursos necesarios,
sin transgredir el debido proceso. Por lo anterior, requirió su desvinculación de la
acción de la referencia.
25. La Policía Nacional pidió su desvinculación del proceso por falta de
legitimación, debido a que las autoridades accionadas no dependen ni forman parte
de la estructura orgánica de esa entidad, por lo que era a esas últimas a quienes
les correspondía, en el marco de sus competencias, determinar si los argumentos
planteados por el accionante tienen fundamento o no.
26. El municipio de Ibagué solicitó su desvinculación de la presente acción, por
falta de legitimación en la causa por pasiva.
27. El Tribunal Administrativo del Tolima, el departamento del Tolima y Nhora
Esther Rentería Jaramillo no rindieron el informe solicitado, a pesar de que fueron
debidamente notificados del auto admisorio de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES
Cuestión previa
28. Antes de definir el problema jurídico que aquí se abordará, la Sala precisa
que el análisis se centrará únicamente en la providencia emitida en segunda
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instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima, al ser la autoridad judicial que
puso fin al proceso de reparación directa, en tanto que confirmó la decisión
adoptada por el Juzgado 9 Administrativo de Ibagué. Asimismo, el estudio del
presente asunto se llevará a cabo bajo la causal de desconocimiento del
precedente judicial, por ser la que mejor se adecua a los argumentos de
inconformidad planteados por el accionante.
29. De otra parte, no se accederá a las solicitudes de desvinculación formuladas
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la
Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la USPEC, la Policía Nacional y el
municipio de Ibagué, comoquiera que aquellas entidades fueron vinculadas al
presente trámite debido a que hicieron parte del proceso de reparación directa, en
calidad de demandadas, por lo que les asiste un interés en el resultado del presente
asunto.
Problema jurídico
30. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal
Administrativo del Tolima, como juez de segunda instancia, al expedir la providencia
del 20 de febrero de 2025, desconoció el precedente judicial sobre el cómputo de
la caducidad del medio de control de reparación directa tratándose de casos de
hacinamiento carcelario y, por ende, vulneró los derechos fundamentales invocados
por el accionante.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
31. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta transgresión de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad,
se argumentaron con suficiencia los reparos alegados y no se trata de un asunto
de mera legalidad o carácter eminentemente económico; (2) se tiene acreditada la
legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que Alberto Artunduaga Murcia es el
titular de las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas y el
Tribunal Administrativo del Tolima fue la autoridad que profirió la decisión que se
cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo judicial que permita
a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; (4) la acción
de tutela se presentó el 6 de junio de 2025, es decir, dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación de la providencia del 20 de febrero de igual anualidad4;
(5) propiamente, no se cuestionó una irregularidad procesal, sino el hecho de
realizarse el estudio sin un adecuado análisis jurisprudencial; (6) se identificaron
razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega
la vulneración de derechos fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una
providencia de igual naturaleza.
4
La providencia fue notificada por estado electrónico el 28 de mayo de 2025.
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Accionante: Alberto Artunduaga Murcia
Análisis de vulneración alegada: estudio de los defectos
32. La Sala negará el amparo solicitado por el accionante, por las razones que a
continuación se exponen:
33. Alberto Artunduaga Murcia solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad,
los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima, al proferir
el auto del 20 de febrero de 2025, comoquiera que incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, tanto vertical como horizontal.
34. Para el efecto, afirmó que se pasaron por alto 2 sentencias del Consejo de
Estado: la primera, proferida el 6 de diciembre de 2022 por la Subsección C de la
Sección Tercera (Rad. 05001-23-31-000-2002-04829-01), en la que se estableció
que, en casos de hacinamiento carcelario, el término de caducidad debe contarse
desde el momento en que la víctima se percata del daño, y no desde su ingreso al
centro de reclusión; y la segunda, del 6 de octubre de 2019 por la Subsección A de
la misma Sección (Rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01), que calificó el daño por
hacinamiento como continuado.
35. Adicionalmente, en cuanto a los «precedentes horizontales», señaló que se
inobservaron las decisiones de los Tribunales Administrativos de Antioquia5, del
Tolima6 y del Quindío7, en las que se dispuso que el cómputo de la caducidad
iniciaba desde que el recluso dejaba «la Permanente Central, donde estuvo
sometido a hacinamiento, para ser trasladado al otro lugar de reclusión».
36. Pues bien, se observa que en la providencia reprochada el Tribunal
Administrativo del Tolima efectuó un análisis normativo sobre el término de
caducidad y, posteriormente, confirmó la decisión del Juzgado 9 Administrativo de
Ibagué, con fundamento en los siguientes argumentos:
«[...] En el caso bajo examen, observa esta Colegiatura, que el Señor Alberto
Artunduaga Murcia fue capturado el 20 de mayo de 2021, de acuerdo con la Boleta de
Captura No.400 proferida por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Ibagué, por el delito de tráfico fabricación porte de estupefacientes;
motivo por el cual, permaneció privado de la libertad en las instalaciones de la
Permanente Central de Ibagué - Tolima hasta el 9 de agosto de 2022, el cual durante
el tiempo de la detención se encontraba con un porcentaje de hacinamiento del 514%,
por lo que según afirma la parte actora, se presentó una constante vulneración a sus
derechos humanos y fundamentales, ocasionando tanto al accionante, como a su
familia sufrimiento moral y perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos.
Por lo anterior, el 28 de febrero de 2024, la parte actora presentó solicitud de
conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, y surtido dicho
trámite, se instauró el presente medio de control de reparación directa, el cual fue
rechazado a través del auto impugnado proferido por el Juzgado Noveno Administrativo
Oral del Circuito de Ibagué al considerar que operó el fenómeno jurídico de la
caducidad.
5
Proferida el 29 de enero de 2024 en el proceso con radicado 05001-33-33-029-2019-00033-01.
6
Proferida el 5 de septiembre de 2024, en el proceso con radicado 73001-33-33-001-2024-00124-01.
7
Proferida el 8 de noviembre de 2024, en el proceso con radicado 63001-3333-005-2024-00227-01.
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Inconforme con la anterior decisión el apoderado de la parte demandante en sede de
apelación argumentó, que contabilizar el término de la caducidad como lo efectuó la
Juez de Instancia, deja por fuera de la órbita procesal el último día en el que el
accionante se encontró recluido en el centro de detención transitoria, y dejó de sufrir
las consecuencias del hacinamiento, por tanto afirmó, que es desde dicha fecha que
se debe contabilizar el término de la caducidad de la acción de reparación directa.
Bien, a efectos de establecer el término de caducidad dentro del sub judice, es
importante precisar qué tipo de daño es el que se está atribuyendo, si se trata de daño
instantáneo o de un daño continuado, pues ello tiene incidencia directa en el cómputo
del referido término. Al respecto, el H. Consejo de Estado ha señalado, en forma
reiterada, que de antaño la doctrina ha diferenciado entre daño instantáneo o
inmediato, y el daño continuado o de tracto sucesivo; por el primero se entiende
entonces, aquél que resulta susceptible de identificarse en un momento preciso de
tiempo, y que si bien, produce perjuicios que se pueden proyectar hacia el futuro, como
tal, existe únicamente en el momento en que se produce. Por su parte, el daño
continuado o de tracto sucesivo, se entiende como aquél que se prolonga en el tiempo,
sea de manera continua o intermitente, sin embargo, la prolongación en el tiempo no
se predica de los efectos de éste o si se quiere de los perjuicios causados, sino
del daño como tal8
Atendiendo al anterior criterio, en el presente asunto, considera la Sala que se está
ante un daño instantáneo cuyos efectos se extienden en el tiempo, por tanto,
atendiendo el precepto jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado, el término
de caducidad de la acción de reparación directa se debe contar desde el momento en
que ocurrieron los hechos que dieron origen a la vulneración de los derechos:
“Como quiera que la acción de reparación directa pretende el resarcimiento o
indemnización de un daño, no resultaría plausible que el lapso de tiempo para
presentar la demanda correspondiente se contabilice cuando dicho daño no se
genera o no se hace visible de manera concomitante con cualquiera de los eventos
transcritos, motivo por el cual, ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación
que en dichos casos, el tiempo para la configuración del fenómeno procesal de la
caducidad inicia para quien se encuentra llamado a acudir a la jurisdicción, desde
el momento en que tuvo conocimiento del daño aludido o, en otras palabras, desde
que éste se le hizo advertible”9
Así las cosas, es preciso indicar, que no son de recibo para esta Sala los argumentos
esbozados por el apoderado de la parte actora, toda vez que, a la luz de la
Jurisprudencia del Consejo de Estado, el cómputo del término de caducidad se debe
iniciar a contabilizar a partir del momento en el cual se tuvo certeza de la ocurrencia
del hecho10, por tanto, como lo afirmó la juez de primera instancia, en el caso lo fue el
día 20 de mayo de 2021, fecha en la que el privado de la libertad, Alberto Artunduaga
Murcia, ingresó a la Permanente Central de la Policía de Ibagué, pues desde ese
momento, fue visible o advertible las condiciones de hacinamiento del sitio de detención
preventiva y las consecuencias que se derivarían de su estancia allí.
En consecuencia, la posibilidad de interponer la demanda se encontró vigente hasta el
23 de mayo de 2023, por lo que, al solicitarse la audiencia de conciliación extrajudicial
ante la Procuraduría el 28 de febrero de 2024, y radicada la demanda el 04 de
septiembre de 2024 (sic), para esas fechas es claro que ya se había configurado la
caducidad del medio de control de Reparación Directa que contempla el artículo 164
de la Ley 1437 de 2011.
[...]».
37. De la anterior trascripción se desprende que el Tribunal Administrativo del
Tolima determinó que se trataba de un daño instantáneo, en la medida en que
Alberto Artunduaga Murcia tuvo conocimiento de las condiciones de hacinamiento
8
Consejo De Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de octubre de 2007. Expediente: 25000-23-27-000-2001-00029-01.
9
Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 30 de enero de 2013. Proceso 25000-23-26-000-1997-
05265-01(22867).
10
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Fallo del 28 de febrero de 2011. Radicado: 73001-23-31-000-1999-
00098-01(18287).
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Accionante: Alberto Artunduaga Murcia
carcelario desde el momento de su detención, esto es, el 20 de mayo de 2021, por
lo que el plazo para presentar la demanda vencía el 23 de mayo de 2023; sin
embargo, la solicitud de conciliación judicial fue radicada el 28 de febrero de 2024 y
la demanda fue instaurada el 19 de abril de la misma anualidad, de manera que se
había configurado la caducidad del medio de control de reparación directa.
38. En ese sentido, se concluye que la autoridad judicial accionada no incurrió
en desconocimiento del precedente judicial, pues fundamentó su decisión en uno
de los criterios acogidos por una de las Subsecciones de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por lo que es claro que en el contexto del fenómeno de la
caducidad del medio de control de reparación directa por hechos relacionados con
hacinamiento carcelario no existe una postura unificada por el órgano de cierre de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
39. En efecto, se advierte que la Subsección C de la Sección Tercera de esta
corporación en la Sentencia de 6 de diciembre de 202211 acogió la tesis de que en
asuntos de hacinamiento carcelario la caducidad opera en los términos del artículo
164 del CPACA, es decir, cuando la víctima tiene conocimiento del daño, criterio
diametralmente opuesto al de la Subsección A de la misma Sección en la sentencia
de 6 de octubre de 201912 que expuso que el daño en estos eventos es continuado.
40. Por tanto, ante la ausencia de una decisión unificada y la disparidad de
criterios entre las Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la
autoridad judicial accionada, en virtud del ejercicio legítimo de su libertad de
interpretación y autonomía judicial adoptó la tesis que consideró apropiada y
ajustada a los supuestos fácticos del caso.
41. Adicionalmente, tampoco podría predicarse que la corporación accionada
incurrió en desconocimiento del «precedente horizontal», puesto que las
providencias invocadas por el actor fueron emitidas por una sala diferente a la que
expidió el proveído que hoy se censura o por otros tribunales administrativos, cuyas
decisiones no son vinculantes, conforme al principio de independencia judicial.
Sumado a lo expuesto, tampoco puede pretenderse a través de tutela imponerse
una línea jurisprudencial, pues esto implicaría desconocer el pilar fundamental
mencionado.
42. En esos términos, la Sala considera que el Tribunal Administrativo del Tolima
no incurrió en la causal específica de procedibilidad aquí analizada, sino que todo
lo contrario su decisión responde a un ejercicio legítimo de interpretación ante la
ausencia de una tesis unificada, de ahí que no pueda hacerse algún reproche
constitucional y, por ende, afirmarse que se vulneraron los derechos que reclama el
accionante.
11
Radicado 05001-23-31-000-2002-04829-01 (47148).
12
Radicado 70001-23-33-000-2014-00186-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03498-00
Accionante: Alberto Artunduaga Murcia
43. Por tanto, se negará el amparo solicitado por Alberto Artunduaga Murcia, a
través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del
Tolima.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio
de Justicia y del Derecho, la USPEC, la Policía Nacional y el municipio de Ibagué.
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por Alberto Artunduaga Murcia, a través
de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del Tolima y
del Juzgado 9 Administrativo de Ibagué, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
A. R. F.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
www.consejodeestado.gov.co
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