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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03404-00

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03404-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC y la Policía Nacional. SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por Jonathan Andrés Gaviria Triana, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03404-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03404-00
Accionante: Jonathan Andrés Gaviria Triana
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima

Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Rechazo
de la demanda por caducidad. Hacinamiento carcelario.
Desconocimiento del precedente judicial. Niega el amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Decide la Sala1 la acción de tutela formulada por Jonathan Andrés Gaviria
Triana en contra del Tribunal Administrativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

2. El 4 de junio de 2025, Jonathan Andrés Gaviria Triana, por intermedio de
apoderada judicial, presentó acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad. En consecuencia, a título de amparo, solicitó declarar la nulidad de las
providencias emitidas el 5 de septiembre de 2024 y el 16 de enero de 2025 por el
Juzgado 11 Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima,
respectivamente, y en consecuencia que se ordene a este último «proferir sentencia
de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia».

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante indicó
que permaneció detenido en las instalaciones de la Inspección Permanente Central
de Ibagué desde el 24 de noviembre de 2021 hasta el 9 de agosto de 2022.

4. El 17 de enero de 2023, elevó una petición ante la Policía Metropolitana de
Ibagué en la que requirió información sobre si en dichas instalaciones existía
hacinamiento carcelario. El 19 de enero siguiente, la institución mencionada,
mediante Oficio GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-29.25, informó que
«tales instalaciones estaban diseñadas para un cupo máximo de 46 PPL, y las

1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.

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antiguas instalaciones de espacio público para 20 PPL, indicando un porcentaje de
hacinamiento del 514%».

5. Por lo anterior, el 13 de junio de 2024, Jonathan Andrés Gaviria Triana, en
nombre propio y en representación del menor AGM2, Luz Marina Triana Calle,
Mónica Alejandra León Triana y Yury Catalina León Triana instauraron demanda
de reparación directa3 contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Nación -
Fiscalía General de la Nación, Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el municipio de Ibagué y el departamento del
Tolima, para que se les declarara responsables por los perjuicios materiales y
morales sufridos debido a las condiciones de hacinamiento que existían mientras se
encontraba recluido el primero de los mencionados.

6. El 5 de septiembre de 2024, el Juzgado 11 Administrativo de Ibagué rechazó
la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad, tras considerar
que el demandante tuvo conocimiento del hacinamiento cuando ingresó a la Unidad
Permanente Central de la Policía, el 24 de noviembre de 2021, el cual para ese año
alcanzaba un 514%, por lo que a partir de esa fecha inició el conteo del plazo que
tenía para promover el medio de control de reparación directa, de ahí que tenía
hasta el 25 de noviembre de 2023 para presentar la demanda. No obstante, el actor
solicitó la conciliación prejudicial el 10 de abril de 2024 y radicó la demanda el 13
de junio de igual anualidad, cuando ya había operado el mencionado fenómeno
procesal.

7. El 9 de septiembre de 2024, la parte demandante interpuso recurso de
apelación en contra de la anterior decisión, para lo cual afirmó que se trató de un
daño continuado y de carácter sucesivo, debido a que desde su captura hasta que
cesó la detención, padeció los perjuicios que le ocasionó el hacinamiento carcelario.
Al respecto, puso de presente diversas sentencias proferidas por la Sección Tercera
del Consejo de Estado en las que se estableció que, hasta el último día de
detención, cesa el perjuicio por causa del hacinamiento.

8. El 16 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la
decisión de primera instancia. Como fundamento de su decisión, adujo que el señor
Gaviria Triana, de acuerdo con las pruebas aportadas, conoció de las condiciones
de hacinamiento el día de su detención, 24 de noviembre de 2021, por lo que se
encontraba configurado el fenómeno jurídico de la caducidad, puesto que la solicitud
de conciliación extrajudicial se radicó hasta el 10 de abril de 2024 y la demanda, el
14 de junio del mismo año.

9. Como fundamentos de derecho, el accionante consideró que el Tribunal
Administrativo del Tolima, al expedir la providencia del 16 de enero de 2025, incurrió
en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

2
Como medida para salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la Sala suprime el nombre de aquellos.
3
Rad. 73001-33-33-011-2024-00136-00.

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10. Para el efecto, afirmó que aquella autoridad desconoció los «precedentes
jurisprudenciales verticales» emanados (i) por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado el 6 de diciembre de 2022, Rad. 05001-23-31-000-
2002-04829-01 (47148), en el que se señaló que la fecha de conocimiento del daño
en casos de hacinamiento carcelario se da «a partir del momento en que la víctima
se percata de ello» y no desde del primer día en que el detenido ingresa al centro
de reclusión; y (ii) por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
el 6 de octubre de 2019, Rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01, en la que
estableció que cuando el daño se asocia o vincula a condiciones derivadas del
hacinamiento, este es de carácter continuado.

11. Adicionalmente, sostuvo que se inobservaron los pronunciamientos
jurisprudenciales de carácter horizontal, en los que se dispuso que la caducidad
debe computarse a partir del momento en que el recluso deja «la Permanente
Central, donde estuvo sometido a hacinamiento, para ser trasladado al otro lugar de
reclusión». Concretamente, citó las Sentencias de (i) el 29 de enero de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Rad. 05001-33-33-029-2019-00033-01; (ii) 5
de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima, Rad. 73001-33-33-
001-2024-00124-01; y (iii) 8 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Quindío, Rad. 63001-33-33-005-2024-00227-01.

12. Asimismo, mencionó un fallo emitido el 24 de enero de 2018 por la Corte
Suprema de Justicia con radicado No. 11001-31-03-010-2011-00675-01, en el que
indicó que «tratándose de un daño que no se consolidó en un solo momento, si no
con el paso del tiempo, tomo como referente la conducta que lo produjo,
entendimiento que lo llevó a computar el plazo establecido por el legislador desde
cuándo empezó a manifestarse y no, como ere (sic) lo correcto, cuando se
consolidó».

13. Finalmente, citó múltiples providencias relacionadas con el tema de daño
continuado y la caducidad en materia de reparación directa.

Intervenciones4

14. El Tribunal Administrativo del Tolima, luego de hacer un recuento de las
actuaciones adelantadas en el proceso de reparación directa, afirmó que la
providencia cuestionada responde a un análisis riguroso de las normas aplicables,
especialmente, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, y de las pruebas obrantes
en el expediente. En consecuencia, solicitó negar el amparo deprecado por la parte
accionante.

15. El Juzgado 11 Administrativo de Ibagué aseguró que no se cumplió con el
requisito general de inmediatez, toda vez que la acción de tutela fue interpuesta 5
meses después de haberse ejecutoriado el auto que confirmó el rechazo de la

4
El 6 de junio de 2025, el despacho del magistrado sustanciador de la presente decisión admitió la acción de tutela en contra
del Tribunal Administrativo del Tolima y vinculó al Juzgado 11 Administrativo de Ibagué, al municipio de Ibagué, al
departamento del Tolima, a la Nación – Rama judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelario (USPEC), al Ministerio de Justicia y
del Derecho, al Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación.

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demanda por caducidad, sin que el accionante justificara dicha demora. Por tanto,
solicitó declarar improcedente la acción. No obstante, en caso de considerarse
acreditados los requisitos de procedencia, requirió negar las pretensiones
formuladas, ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales del
actor.

16. La USPEC manifestó que el accionante pretende convertir la acción de tutela
en una tercera instancia, para que se estudie nuevamente la discusión que fue
resuelta en el proceso ordinario, con el fin de que se acoja la interpretación que
aquel considera correcta. Agregó que si bien el actor mencionó varias sentencias
de las salas de Subsección de la Sección Tercera del Consejo de Estado, estas
evidencian que existen diferentes de criterios jurisprudenciales sobre el cómputo del
término de caducidad en acciones de reparación directa por hacinamiento
carcelario, por lo cual no se configura desconocimiento del precedente judicial ante
la ausencia de una postura unificada.

17. De otra parte, informó que la apoderada del demandante ha presentado varias
acciones de tutela, con diferentes actores, pero bajo los mismos hechos y
pretensiones, desgastando el aparato judicial, a pesar de que ya se han dictado
fallos, en los cuales se ha declarado la improcedencia de estas.

18. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial indicó que su naturaleza
es técnica y administrativa, razón por la cual no es la llamada a responder por las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas, quienes gozan de
autonomía e independencia judicial, conforme a lo previsto en los artículos 228 y
230 de la Constitución Política.

19. Además, señaló que, en virtud del principio de desconcentración
administrativa, la Dirección Seccional de Administración Judicial del Tolima es la
que debe comparecer como tercera vinculada, de acuerdo con lo dispuesto en el
numeral 7 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 46 de
la Ley 2430 de 2024. Por otro lado, sostuvo que la acción de tutela se presentó para
intentar reabrir un debate meramente procesal sobre el cómputo del término de
caducidad del medio de control de reparación directa, por lo que no se encuentra
satisfecho el requisito de relevancia constitucional.

20. En esos términos, solicitó (i) su desvinculación del presente trámite
constitucional; (ii) vincular a la Dirección Seccional de Administración Judicial del
Tolima; y (iii) negar el amparo invocado.

21. La Fiscalía General de la Nación afirmó que carecía de legitimación en la
causa por pasiva, debido a que no existe una relación de causalidad entre las
actuaciones de esa entidad y la presunta vulneración de los derechos
fundamentales alegados por el accionante.

22. Asimismo, sostuvo que la acción de tutela se está empleando para reabrir el
debate legal que no se cursó en todas sus etapas debido a que la acción se
encontraba caducada, luego el juez de tutela no puede usurpar la función del Juez

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natural del asunto. En consecuencia, solicitó su desvinculación y la declaratoria de
improcedencia de la acción de la referencia.

23. El Ministerio de Justicia y del Derecho expresó su desacuerdo con el uso
de la tutela para revivir términos judiciales, cuando por falta de diligencia del
apoderado judicial no se realizó una adecuada oposición a las decisiones adoptadas
por los operadores judiciales.

24. De otra parte, manifestó que no goza de legitimación en la causa por pasiva,
comoquiera que no vulneró por acción o por omisión los derechos fundamentales
reclamados, pues no tiene competencia para proferir decisiones judiciales donde se
determine si se configura, o no, el fenómeno de caducidad. En consecuencia,
solicitó que se resolviera de manera desfavorable las pretensiones formuladas por
el accionante y se le desvinculara del presente trámite constitucional.

25. El INPEC afirmó que su función se limita, entre otras, a velar por la ejecución
de la pena privativa de la libertad proferida mediante sentencia penal condenatoria
de la población privada de la libertad, y en ningún momento le corresponde definir
lo relacionado a la solicitud de amparar el derecho pretendido, por cuanto la
competencia recae en el Tribunal Administrativo del Tolima y en el Juzgado 11
Administrativo de Ibagué, quienes eran las autoridades que generaron la
inconformidad del accionante. Por consiguiente, solicitó su desvinculación, ante la
ausencia de legitimación en la causa por pasiva.

26. La Policía Nacional pidió su desvinculación del proceso de la referencia por
no gozar de legitimación, debido a que las autoridades accionadas no dependen ni
forman parte de la estructura orgánica de esa entidad, por lo que era a esas últimas
a quienes les correspondía, en el marco de sus competencias, determinar si los
argumentos planteados por el accionante tienen fundamento o no.

27. El municipio de Ibagué solicitó su desvinculación de la presente acción, por
falta de legitimación en la causa por pasiva.

28. El departamento del Tolima no rindió el informe solicitado, a pesar de que
fue debidamente notificado del auto admisorio de la acción de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

29. Antes de definir el problema jurídico que aquí se abordará, la Sala precisa
que el análisis se centrará únicamente en la providencia emitida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima, al ser la autoridad judicial que
puso fin al proceso de reparación directa, en tanto que confirmó la decisión
adoptada por el Juzgado 11 Administrativo de Ibagué. Asimismo, el estudio del
presente asunto se llevará a cabo bajo la causal de desconocimiento del
precedente judicial, por ser la que mejor se adecua a los argumentos de
inconformidad planteados por el accionante.

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30. De otra parte, se aclara no accederá a las solicitudes de desvinculación
formuladas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General
de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC, la Policía Nacional
y el municipio de Ibagué, comoquiera que aquellas entidades fueron vinculadas al
presente trámite debido a que hicieron parte del proceso de reparación directa, en
calidad de demandadas, cuyas providencias hoy discute el accionante, por lo que
les asiste un interés en el resultado del presente asunto.

Problema jurídico

31. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal
Administrativo del Tolima, como juez de segunda instancia, al expedir la providencia
del 16 de enero de 2025, desconoció el precedente judicial sobre el cómputo de la
caducidad del medio de control de reparación directa tratándose de casos de
hacinamiento carcelario y, por ende, vulneró los derechos fundamentales invocados
por el accionante.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

32. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta transgresión de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad,
se argumentaron con suficiencia los reparos alegados y los mismos no son asuntos
de mera legalidad o carácter eminentemente económico; (2) se tiene acreditada la
legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que Jonathan Andrés Gaviria Triana
es el titular de las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas, y el
Tribunal Administrativo del Tolima fue la autoridad que profirió la decisión que se
cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo judicial que permita
a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; (4) la acción
de tutela se presentó el 4 de junio de 2025, es decir, dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación de la providencia del 16 de enero de igual anualidad5;
(5) propiamente, no se cuestionó una irregularidad procesal, sino el hecho de
realizarse el estudio sin un adecuado análisis jurisprudencial; (6) se identificaron
razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega
la vulneración de derechos fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una
providencia de igual naturaleza.

Análisis de vulneración alegada: estudio de los defectos

33. La Sala negará el amparo solicitado por el accionante, por las razones que a
continuación se exponen:

5
La providencia fue notificada por estado electrónico el 22 de enero de 2025.

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34. Jonathan Andrés Gaviria Triana solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad,
los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima, al proferir
el auto del 16 de enero de 2025, comoquiera que incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, tanto vertical como horizontal.

35. Para el efecto, afirmó que se pasaron por alto 2 sentencias del Consejo de
Estado: la primera, proferida el 6 de diciembre de 2022 por la Subsección C de la
Sección Tercera (Rad. 05001-23-31-000-2002-04829-01), en la que se estableció
que, en casos de hacinamiento carcelario, el término de caducidad debe contarse
desde el momento en que la víctima se percata del daño, y no desde su ingreso al
centro de reclusión; y la segunda, del 6 de octubre de 2019 por la Subsección A de
la misma Sección (Rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01), que calificó el daño por
hacinamiento como continuado.

36. Adicionalmente, en cuanto a los «precedentes horizontales», señaló que se
inobservaron las decisiones de los Tribunales Administrativos de Antioquia6, del
Tolima7 y del Quindío8, en las que se dispuso que el cómputo de la caducidad
iniciaba desde que el recluso dejaba «la Permanente Central, donde estuvo
sometido a hacinamiento, para ser trasladado al otro lugar de reclusión».

37. Pues bien, se observa que en la providencia reprochada el Tribunal
Administrativo del Tolima realizó un análisis normativo del término de caducidad y,
posteriormente, a partir de la Sentencia proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera de esta corporación el 6 de diciembre de 2022 en el proceso con radicado
05001-23-31-000-2002-04829-01 (47148), resolvió el asunto en los siguientes
términos:

«[...] Está probado dentro del expediente que lo pretendido por el señor JONATHAN ANDRÉS
GAVIRIA TRIANA es la reparación por los daños generados entre el 24 de noviembre de 2021
y el 9 de agosto de 2022 por el presunto hacinamiento que tuvo que soportar cuando estuvo
privado de la libertad en la Permanente Central de Ibagué.

El artículo 164 del C.P.A.C.A. establece que en los procesos de reparación directa la demanda
deberá ser presentada dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la
imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Así las cosas, es claro que, por regla general, y para el caso concreto, el punto de partida
para el cómputo del término de caducidad es la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño (hecho dañoso), sin que sea necesario entrar a verificar el tipo de daño que se cause
(continuado).

Bajo este hilo conductor, es patente que el actor desde el mismo momento en que entró a las
instalaciones de la Permanente Central de la Policía de Ibagué el 24 de noviembre de 2021
por el delito de Homicidio Tentado, según da cuenta la certificación expedida el 6 de abril de
2023 por la Policía Metropolitana de Ibagué, tuvo conocimiento directo de las condiciones de
hacinamiento presentadas pues era un hecho notorio (514% de hacinamiento), y por ende de
la falla del servicio carcelario, habilitándolo para que pudiera acudir desde ese momento a la
jurisdicción contenciosa administrativa a solicitar la reparación de sus perjuicios y no esperar

6
Proferida el 29 de enero de 2024 en el proceso con radicado 05001-33-33-029-2019-00033-01.
7
Proferida el 5 de septiembre de 2024, en el proceso con radicado 73001-33-33-001-2024-00124-01.
8
Proferida el 8 de noviembre de 2024, en el proceso con radicado 63001-3333-005-2024-00227-01.

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a que terminara su reclusión para accionar, como equivocadamente lo considera el extremo
demandante, lo que conduciría a una ampliación injustificada del término legal de caducidad
del medio de control.

En este sentido, ante la comprobación en esta temprana etapa procesal de la configuración
del fenómeno jurídico de la caducidad, pues la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó
sólo hasta el 10 de abril de 20244 y la demanda el 14 de junio de esta misma anualidad, esto
es cuando habían transcurrido más de dos (2) años desde el conocimiento de la falla de la
administración, no quedaba alternativa diferente que declarar probada la caducidad como lo
hizo el a quo, garantizando con ello la seguridad jurídica y el interés general, y evitando un
desgaste innecesario de la administración de justicia.

En un asunto de contornos similares al sub lite el Honorable Consejo de Estado - Sección
Tercera [Subsección C]9 realizó identifica valoración y declaró probada la caducidad del medio
de control, determinación contra la que se promovió acción de tutela, la cual fue negada bajo
las siguientes consideraciones10:

“(…) En ese orden de ideas, atendiendo los lineamientos de la jurisprudencia transcrita,
se encuentra que contrario a lo afirmado por la parte demandante, no es procedente
tomar como punto de partida para el cómputo del término de caducidad la fecha
en que el señor William Alberto Molina Sánchez recobró la libertad, teniendo en
cuenta que como ha quedado probado, tuvo conocimiento del daño en una fecha
anterior.

En este contexto, se tiene que lo que originó el daño sufrido por el tutelante, fue la
reclusión en el centro carcelario en las condiciones de hacinamiento hecho que
no eran imposible de conocer para el señor William Alberto Molina Sánchez, pues
tal y como lo ha señalado esta Corporación, debe diferenciarse “la certeza del daño y la
magnitud del mismo ya que la legitimación para accionar surge de la primera, siendo
posible que en el curso del proceso establezca la segunda” (…)

Conforme con lo expuesto, para la Sala, la autoridad tutelada no incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial alguno; pues, como se evidenció en el
contenido de la providencia censurada, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, efectuó un análisis de las normas y jurisprudencia aplicable al caso bajo
estudio, precisando que el señor William Alberto Molina Sánchez, para la fecha del 9 de
marzo de 2000, tuvo conocimiento del hecho dañoso y, por tanto, debió promover la
acción de reparación directa dentro de los dos años siguientes, por lo que al presentarse
la demanda tan solo hasta el 4 de diciembre de 2002, había operado el fenómeno de la
caducidad.

Bajo estas consideraciones, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada en
ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica dio un
alcance probatorio coherente y válido a los documentos allegados al proceso ordinario e
interpretó de forma razonable la normativa y los criterios jurisprudenciales aplicables al
caso concreto que, a pesar de no resultar satisfactoria en su integridad a la parte
demandante, hoy tutelante, no se puede colegir que su actuación fue contraria a
Derecho.

Así las cosas, se concluye que la sentencia de 6 de diciembre de 2022, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, no vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido,
un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden
constitucional y legal que constituya una vía de hecho por defectos sustantivo, ni
desconocimiento del precedente judicial, que amerite la intervención del juez de tutela.

Bajo este hilo conductor, no queda alternativa diferente para la Sala que confirmar la decisión
proferida el 5 de septiembre de 2024 por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de
Ibagué, que rechazó la demanda por haber operado la caducidad del medio de control [...]».

9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 6 de diciembre de 2022. Radicado 05001-23-31-000-
2002-04829-01 (47148).
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Fallo 5 de octubre de 2023. Radicado 11001-03-15-000-2023-02769-
01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03404-00
Accionante: Jonathan Andrés Gaviria Triana

38. De la anterior transcripción se desprende que el Tribunal Administrativo del
Tolima consideró, a partir de los elementos probatorios que obraban en el
expediente, que el demandante tuvo conocimiento directo de las condiciones de
hacinamiento carcelario desde el momento de su detención, esto es, el 24 de
noviembre de 2021, por lo que concluyó que había operado el fenómeno de
caducidad, comoquiera que la solicitud de conciliación extrajudicial se formuló el 10
de abril de 2024 y la demanda fue radicada el 14 de junio de igual anualidad, esto
es, luego de haber transcurrido los dos años desde que se tuvo conocimiento del
daño.

39. En ese sentido, se concluye que la autoridad judicial accionada no incurrió
en desconocimiento del precedente judicial, pues fundamentó su decisión en uno
de los criterios acogidos por una de las Subsecciones de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por lo que es claro que en el contexto del fenómeno de la
caducidad del medio de control de reparación directa por hechos relacionados con
hacinamiento carcelario no existe una postura unificada por el órgano de cierre de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

40. En efecto, se advierte que la Subsección C de la Sección Tercera de esta
corporación en la Sentencia del 6 de diciembre de 202211 acogió la tesis de que en
asuntos de hacinamiento carcelario la caducidad opera en los términos del artículo
164 del CPACA, es decir, cuando la víctima tiene conocimiento del daño, criterio
diametralmente opuesto al de la Subsección A de la misma Sección en la sentencia
de 6 de octubre de 201912 que expuso que el daño en estos eventos es continuado.

41. Por tanto, ante la ausencia de una decisión unificada y la disparidad de
criterios entre las Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la
autoridad judicial accionada, en virtud del ejercicio legítimo de su libertad de
interpretación y autonomía judicial, previstos en los artículos 228 y 230 de la
Constitución Política, adoptó la tesis que consideró apropiada y ajustada a los
supuestos fácticos del caso.

42. Adicionalmente, tampoco podría predicarse que la corporación accionada
incurrió en desconocimiento del «precedente horizontal», puesto que las
providencias invocadas por el actor fueron emitidas por una sala diferente a la que
expidió el proveído que hoy se censura o por otros tribunales administrativos, cuyas
decisiones no son vinculantes, conforme al principio de independencia judicial.
Sumado a lo expuesto, tampoco puede pretenderse a través de tutela imponerse
una línea jurisprudencial, pues esto implicaría desconocer el pilar fundamental
mencionado.

43. En esos términos, la Sala considera que el Tribunal Administrativo del Tolima
no incurrió en la causal específica de procedibilidad aquí analizada, sino que todo
lo contrario su decisión responde a un ejercicio legítimo de interpretación ante la
ausencia una tesis unificada, de ahí que no pueda hacerse algún reproche

11
Radicado 05001-23-31-000-2002-04829-01 (47148).
12
Radicado 70001-23-33-000-2014-00186-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03404-00
Accionante: Jonathan Andrés Gaviria Triana

constitucional y, por ende, afirmarse que se vulneraron los derechos que reclama el
accionante.

44. Por tanto, se negará el amparo solicitado por Jonathan Andrés Gaviria Triana,
a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del
Tolima.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio
de Justicia y del Derecho, el INPEC y la Policía Nacional.

SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por Jonathan Andrés Gaviria Triana, a
través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del
Tolima, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la
presente providencia.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
A. R. F.

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