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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03113-00

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03113-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la USPEC, la Policía Nacional y el municipio de Ibagué. SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por Jaime Andrés Jaramillo Lozano, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del Tolima y del Juzgado 9 Administrativo de Ibagué, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03113-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

17 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03113-00
Accionante: Jaime Andrés Jaramillo Lozano
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Rechazo
de la demanda por caducidad. Hacinamiento carcelario.
Desconocimiento del precedente judicial.

Decisión: Negar el amparo de tutela.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Decide la Sala1 la acción de tutela formulada por Jaime Andrés Jaramillo
Lozano en contra del Juzgado 9 Administrativo de Ibagué y del Tribunal
Administrativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

2. El 22 de mayo de 2025, Jaime Andrés Jaramillo Lozano, por intermedio de
apoderada judicial, presentó acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad. En consecuencia, a título de amparo, solicitó declarar la nulidad de las
providencias emitidas el 4 de septiembre y 5 de diciembre de 2024 por el Juzgado
9 Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente,
y, en esa medida, que se ordene a este último «proferir sentencia de acuerdo con
lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia».

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante indicó
que permaneció detenido en las instalaciones de la Inspección Permanente Central
de Policía de Ibagué desde el 4 de marzo de 2021 hasta el 1 de marzo de 2022.

4. El 17 de enero de 2023, elevó una petición ante la Policía Metropolitana de
Ibagué en la que requirió información sobre si en dichas instalaciones existía
hacinamiento carcelario. El 19 de enero siguiente, la institución mencionada,
mediante Oficio GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO-29.25, informó que

1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.

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«tales instalaciones estaban diseñadas para un cupo máximo de 46 PPL, y las
antiguas instalaciones de espacio público para 20 PPL, indicando un porcentaje de
hacinamiento del 514%».

5. Por lo anterior, el 19 de abril de 2024, Jaime Andrés Jaramillo Lozano, Sorley
Lozano, Yuri Bibiana Jaramillo Lozano y María Camila Jaramillo Lozano instauraron
demanda de reparación directa2 contra la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho,
Nación - Fiscalía General de la Nación, Nación – Ministerio de Defensa - Policía
Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el municipio de Ibagué y el
departamento del Tolima, para que se les declarara responsables por los perjuicios
materiales y morales sufridos debido a las condiciones de hacinamiento que existían
mientras se encontraba recluido el primero de los mencionados.

6. El 4 de septiembre de 2024, el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué
rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad, tras
considerar que el demandante tuvo conocimiento del hacinamiento el 4 de marzo
de 2021 cuando ingresó a la Unidad Permanente Central de la Policía, el cual para
ese año alcanzaba un 514%, por lo que a partir de esa fecha debía contabilizarse
el plazo para promover el medio de control de reparación directa, de ahí que tenía
hasta el 6 de marzo de 2023 para presentar la demanda. No obstante, la parte actora
solicitó la conciliación prejudicial el 28 de febrero de 2024 y radicó la demanda el 19
de abril de igual anualidad, cuando ya se había configurado el fenómeno procesal
mencionado.

7. El 10 de septiembre de 2024, la parte demandante interpuso recurso de
apelación en contra de la anterior decisión, para lo cual afirmó que se trató de un
daño continuado y de carácter sucesivo, debido a que desde la captura del señor
Jaramillo Lozano hasta que cesó su detención, aquel padeció los perjuicios que le
ocasionó el hacinamiento carcelario. Al respecto, puso de presente diversas
sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado en las que se
estableció que, hasta el último día de detención, cesa el perjuicio por causa del
hacinamiento.

8. El 5 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la
decisión de primera instancia. Como fundamento de su decisión, indicó que el
demandante tuvo conocimiento de las condiciones públicas de hacinamiento desde
el momento en que fue ingresado, 4 de marzo de 2021, por lo que al presentar la
solicitud de conciliación extrajudicial el 28 de febrero de 2024, el término de los dos
años se encontraba ampliamente superado.

9. Como fundamentos de derecho, el accionante consideró que el Juzgado 9
Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, con ocasión de la
expedición de las providencias del 4 de septiembre y 5 de diciembre de 2024,

2
Rad. 73001-33-33-009-2024-00222-00/01.

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respectivamente, incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial.

10. Para el efecto, afirmó que aquella autoridad desconoció los «precedentes
jurisprudenciales verticales» emanados (i) por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado el 6 de diciembre de 2022, Rad. 05001-23-31-000-
2002-04829-01 (47148), en el que se señaló que la fecha de conocimiento del daño
en casos de hacinamiento carcelario se da «a partir del momento en que la víctima
se percata de ello» y no desde del primer día en que el detenido ingresa al centro
de reclusión; y (ii) por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
el 6 de octubre de 2019, Rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01, en la que
estableció que cuando el daño se asocia o vincula a condiciones derivadas del
hacinamiento, este es de carácter continuado.

11. Adicionalmente, sostuvo que se inobservaron los pronunciamientos
jurisprudenciales de carácter horizontal, en los que se dispuso que la caducidad
debe computarse a partir del momento en que el recluso deja «la Permanente
Central, donde estuvo sometido a hacinamiento, para ser trasladado al otro lugar de
reclusión». Concretamente, citó las Sentencias de (i) el 29 de enero de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Rad. 05001-33-33-029-2019-00033-01; (ii) 5
de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima, Rad. 73001-33-33-
001-2024-00124-01; y (iii) 8 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Quindío, Rad. 63001-33-33-005-2024-00227-01.

12. Asimismo, mencionó un fallo emitido el 24 de enero de 2018 por la Corte
Suprema de Justicia con radicado No. 11001-31-03-010-2011-00675-01 (SC016-
2018), en el que indicó que «tratándose de un daño que no se consolidó en un solo
momento, si no con el paso del tiempo, tomo como referente la conducta que lo
produjo, entendimiento que lo llevó a computar el plazo establecido por el legislador
desde cuándo empezó a manifestarse y no, como ere (sic) lo correcto, cuando se
consolidó».

13. Finalmente, citó múltiples providencias relacionadas con el tema de daño
continuado y la caducidad en materia de reparación directa.

Intervenciones3

14. El Juzgado 9 Administrativo de Ibagué, luego de realizar un recuento de las
actuaciones efectuadas en el proceso ordinario, afirmó que el actor tuvo
conocimiento del hacinamiento en la Inspección Permanente Central desde su
ingreso, el 4 de marzo de 2021, fecha en la cual dicho hacinamiento alcanzaba un
514%, por lo que era a partir de ese momento que debía iniciarse el conteo del
término de caducidad, el cual vencía el 6 de marzo de 2023. Sin embargo, la

3
El 26 de mayo de 2025, se admitió la acción de tutela en contra del Juzgado 9 Administrativo de Ibagué y del Tribunal
Administrativo del Tolima y se vinculó a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Ministerio de
Defensa, la Policía Nacional, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (USPEC), al Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación, al departamento del Tolima, al
municipio de Ibagué y a Sorley Lozano, Yury Bibiana Jaramillo Lozano y María Camila Jaramillo Lozano.

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solicitud de conciliación se radicó el 28 de febrero de 2024 y la demanda se presentó
el 19 de abril de igual anualidad, es decir, cuando el plazo ya había finalizado.

15. En ese sentido, consideró que su actuación no constituye una vía de hecho, ni
se enmarca en ninguna de las causales generales o especiales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que los argumentos
que sustentaron el rechazo de la demanda no fueron arbitrarios ni carecían de
soporte legal.

16. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial indicó que su naturaleza
es técnica y administrativa, razón por la cual no es la llamada a responder por las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas, quienes gozan de
autonomía e independencia judicial, conforme a lo previsto en los artículos 228 y
230 de la Constitución Política.

17. Señaló que, en virtud del principio de desconcentración administrativa, la
Dirección Seccional de Administración Judicial del Tolima es la que debe
comparecer como tercera vinculada, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 7
del artículo 103 de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 46 de la Ley 2430
de 2024. Por otro lado, sostuvo que la acción de tutela se presentó para intentar
reabrir un debate meramente procesal sobre el cómputo del término de caducidad
del medio de control de reparación directa, por lo que no se encuentra satisfecho el
requisito de relevancia constitucional.

18. En esos términos, solicitó (i) su desvinculación del presente trámite
constitucional; (ii) vincular a la Dirección Seccional de Administración Judicial del
Tolima; y (iii) negar el amparo invocado.

19. El INPEC indicó que la acción de tutela es improcedente, comoquiera que no
se encuentra satisfecho el requisito general de subsidiariedad, puesto que el
accionante no agotó todos los medios judiciales con los que cuenta, como lo es el
recurso extraordinario de revisión. Además, aseguró que tampoco se acreditó la
exigencia de inmediatez, dado que el mecanismo de amparo debe formularse dentro
de un tiempo razonable, con el fin de la que la protección que imparta el juez
constitucional sea efectiva y no se generen situaciones de inseguridad que atenten
contra los derechos de terceros involucrados.

20. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué
afirmó que el accionante empleó la acción de tutela como una instancia adicional
para reabrir el debate que ya se llevó a cabo en el proceso ordinario y retrotraer las
actuaciones y etapas procesales, por la disconformidad que tiene frente a las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas. Por tanto,
manifestó que no se cumplieron los requisitos generales de procedencia, máxime
cuando no concurren los elementos para la configuración de un perjuicio
irremediable. En esos términos, solicitó que se declarara improcedente la acción de
la referencia.

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21. La Fiscalía General de la Nación aseveró que carece de legitimación en la
causa por pasiva, debido a que no existe una relación de causalidad entre las
actuaciones de esa entidad y la presunta vulneración de los derechos
fundamentales alegados por el accionante.

22. Asimismo, sostuvo que la acción de tutela se está empleando para reabrir el
debate legal que no se cursó en todas sus etapas debido a que la acción se
encontraba caducada, luego el juez de tutela no puede usurpar la función del Juez
natural del asunto. En consecuencia, solicitó su desvinculación y la declaratoria de
improcedencia de la acción de la referencia

23. El Ministerio de Justicia y del Derecho expresó su desacuerdo con el uso
de la tutela para revivir términos judiciales, cuando por falta de diligencia del
apoderado judicial no se realizó una adecuada oposición a las decisiones adoptadas
por los operadores judiciales. Manifestó que no goza de legitimación en la causa
por pasiva, comoquiera que no vulneró por acción o por omisión los derechos
fundamentales reclamados, pues no tiene competencia para proferir decisiones
judiciales donde se determine si se configura o no el fenómeno de caducidad. En
consecuencia, solicitó que se resolviera de manera desfavorable las pretensiones
formuladas por el accionante y se le desvinculara del presente trámite.

24. La USPEC adujo que hizo parte del proceso de reparación directa y que se
encuentra conforme con las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales
accionadas, mediante las cuales se rechazó por caducidad el medio de control y se
confirmó esa decisión. Adicionalmente, indicó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, puesto que no era la competente para valorar las pruebas que
fueron recaudadas dentro del proceso, y, en ese sentido, su actuación se limitó a
intervenir en la oportunidad debida, ejerciendo los medios y recursos necesarios,
sin transgredir el debido proceso. Por lo anterior, requirió su desvinculación de la
acción de la referencia.

25. La Policía Nacional pidió su desvinculación del proceso por falta de
legitimación, debido a que carece de responsabilidad para resolver las reparaciones
o pretensiones relativas a las condiciones de reclusión prolongada, ya que estas
recaen es en la administración municipal y el INPEC-COIBA.

26. El municipio de Ibagué solicitó su desvinculación de la presente acción, por
falta de legitimación en la causa por pasiva.

27. El Tribunal Administrativo del Tolima, el departamento del Tolima y
Sorley Lozano, Yuri Bibiana Jaramillo Lozano y María Camila Jaramillo Lozano
no rindieron el informe solicitado, a pesar de que fueron debidamente notificados
del auto admisorio de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

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28. Antes de definir el problema jurídico que aquí se abordará, la Sala precisa
que el análisis se centrará únicamente en la providencia emitida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima, al ser la autoridad judicial que
puso fin al proceso de reparación directa, en tanto que confirmó la decisión
adoptada por el Juzgado 9 Administrativo de Ibagué. Asimismo, el estudio del
presente asunto se llevará a cabo bajo la causal de desconocimiento del
precedente judicial, por ser la que mejor se adecua a los argumentos de
inconformidad planteados por el accionante.

29. De otra parte, no se accederá a las solicitudes de desvinculación formuladas
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la
Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la USPEC, la Policía Nacional y el
municipio de Ibagué, comoquiera que aquellas entidades fueron vinculadas al
presente trámite debido a que hicieron parte del proceso de reparación directa, en
calidad de demandadas, por lo que les asiste un interés en el resultado del presente
asunto.

Problema jurídico

30. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal
Administrativo del Tolima, como juez de segunda instancia, al expedir la providencia
del 5 de diciembre de 2024, desconoció el precedente judicial sobre el cómputo de
la caducidad del medio de control de reparación directa tratándose de casos de
hacinamiento carcelario y, por ende, vulneró los derechos fundamentales invocados
por el accionante.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

31. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta transgresión de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad,
se argumentaron con suficiencia los reparos alegados y no se trata de un asunto
de mera legalidad o carácter eminentemente económico; (2) se tiene acreditada la
legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que Jaime Andrés Jaramillo Lozano
es el titular de las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas, y el
Tribunal Administrativo del Tolima fue la autoridad que profirió la decisión que se
cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo judicial que permita
a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; (4) la acción
de tutela se presentó el 22 de mayo de 2025, es decir, dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación de la providencia del 5 de diciembre de 20244; (5)
propiamente, no se cuestionó una irregularidad procesal, sino el hecho de
realizarse el estudio sin un adecuado análisis jurisprudencial; (6) se identificaron
razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega

4
La providencia fue notificada por estado electrónico el 12 de diciembre de 2024.

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la vulneración de derechos fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una
providencia de igual naturaleza.

Análisis de vulneración alegada: estudio de los defectos

32. La Sala negará el amparo solicitado por el accionante, por las razones que a
continuación se exponen:

33. Jaime Andrés Jaramillo Lozano solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad,
los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima, al proferir
el Auto de 5 de diciembre de 2024, comoquiera que incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, tanto vertical como horizontal.

34. Para el efecto, afirmó que se pasaron por alto 2 sentencias del Consejo de
Estado: la primera, proferida el 6 de diciembre de 2022 por la Subsección C de la
Sección Tercera (Rad. 05001-23-31-000-2002-04829-01), en la que se estableció
que, en casos de hacinamiento carcelario, el término de caducidad debe contarse
desde el momento en que la víctima se percata del daño, y no desde su ingreso al
centro de reclusión; y la segunda, del 6 de octubre de 2019 por la Subsección A de
la misma Sección (Rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01), que calificó el daño por
hacinamiento como continuado.

35. Adicionalmente, en cuanto a los «precedentes horizontales», señaló que se
inobservaron las decisiones de los Tribunales Administrativos de Antioquia5, del
Tolima6 y del Quindío7, en las que se dispuso que el cómputo de la caducidad
iniciaba desde que el recluso dejaba «la Permanente Central, donde estuvo
sometido a hacinamiento, para ser trasladado al otro lugar de reclusión».

36. Pues bien, se observa que en la providencia reprochada el Tribunal
Administrativo del Tolima efectuó un análisis normativo sobre el término de
caducidad y, posteriormente, examinó los pronunciamientos emitidos el 6 de
diciembre de 2022 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
y el 5 de octubre de 2023 por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
corporación en los procesos con radicado No. 05001-23-31-000-2002-04829-01
(47148) y 11001-03-15-000-2023-02769-01. A partir de ello, expuso lo siguiente:

«[L]a doctrina jurisprudencial que ha analizado la controversia aquí planteada cita
normas del CCA la misma es de aplicación al presente asunto pues la norma conserva
el mismo espíritu de la normatividad actualmente vigente sobre la reparación directa y
el hacinamiento carcelario, por lo que esta Sala se permite citar. En sentencia proferida
el 06 de diciembre de 2022, se dijo:

“El fenómeno de caducidad para demandar se configura cuando vence el término
previsto en la ley para acudir ante los jueces para demandar. Término que está
concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser
titular de un derecho opte por accionar ante las autoridades competentes. La
caducidad tiene lugar cuando expira ese término perentorio fijado por la ley. (…)

5
Proferida el 29 de enero de 2024 en el proceso con radicado 05001-33-33-029-2019-00033-01.
6
Proferida el 5 de septiembre de 2024, en el proceso con radicado 73001-33-33-001-2024-00124-01.
7
Proferida el 8 de noviembre de 2024, en el proceso con radicado 63001-3333-005-2024-00227-01.

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El término de caducidad establecido en el artículo 136 CCA es una norma de
orden público –y por consiguiente de obligatorio cumplimiento (art. 6 CPC hoy
retomado por el art. 13 CGP)– de la que no pueden disponer los jueces ni las
partes, porque constituye una garantía para la seguridad jurídica y el interés
general.

Así lo resaltó la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de ese precepto,
pues la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe
reclamar del Estado determinado derecho. Por ende, según la Corte, la actitud
negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades
procesales fijadas en la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos
por la ocurrencia del fenómeno indicado, situación que no se extiende a quien
no acudió en tiempo a la defensa de sus derechos.

Este criterio lo reiteró la Corte en el estudio de constitucionalidad del artículo 44
de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136.9 CCA, al destacar que la
caducidad no concede derechos subjetivos, sino que apunta a la protección del
interés general, de modo que su configuración impide el ejercicio de la acción y
no puede iniciarse válidamente el proceso. También señaló que la caducidad,
dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de
oficio por el juez, cuando se verifique su ocurrencia.

El artículo 136 CCA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término
de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el
plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones
sobre el tipo de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió
el hecho, omisión u operación administrativa para contabilizar el plazo señalado,
a menos que el perjudicado no hubiera podido conocer el daño en esa fecha,
pues en este evento, la caducidad se debe contar desde que tuvo conocimiento
de este

Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de
caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o
desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño”.

La providencia en cita, fue objeto de control de tutela debido a que el actor consideró
que se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia por cuanto no se acogió una interpretación con
un enfoque garantista de los derechos fundamentales al momento de proferir la
sentencia definitiva en el proceso de reparación directa que decretó la caducidad. Al
respecto, la alta Corporación, determinó que la providencia se encontraba ajustada a
derecho. Inconforme con la decisión, el accionante impugnó la decisión, a fin de que
se accediera al amparo de los derechos invocados por lo que, la Subsección B del
Consejo de Estado, en sentencia de segunda instancia fechada el 5 de octubre del
202322, confirmó la decisión adoptada por al a-quo […]

Bajo las anteriores premisas, esta Corporación considera que, el señor Jaime Andrés
Jaramillo Lozano tuvo conocimiento de las condiciones públicas de hacinamiento en
las que se encontraba la Permanente Central de Ibagué- Tolima desde el momento en
que fue ingresado, siendo esto, según las pruebas allegadas, el 4 de marzo de 2021,
por lo que al presentar la solicitud de conciliación extrajudicial el 28 de febrero de 2024,
el término de 2 años para presentar la acción se encontraba ampliamente superado.

Del estudio al libelo demandatorio y normativo efectuado, esta Sala concluye que en el
presente asunto se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control
de reparación directa, la providencia recurrida debe ser confirmada en su integridad
[...]».

37. De la anterior trascripción se desprende que el Tribunal Administrativo del
Tolima determinó que Jaime Andrés Jaramillo Lozano tuvo conocimiento de las
condiciones de hacinamiento carcelario desde el momento de su detención, esto
es, el 4 de marzo de 2021; sin embargo, la solicitud de conciliación judicial fue

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
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radicada el 28 de febrero de 2024, por lo que había operado el fenómeno jurídico
de la caducidad.

38. En ese sentido, se concluye que la autoridad judicial accionada no incurrió
en desconocimiento del precedente judicial, pues fundamentó su decisión en uno
de los criterios acogidos por una de las Subsecciones de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por lo que es claro que en el contexto del fenómeno de la
caducidad del medio de control de reparación directa por hechos relacionados con
hacinamiento carcelario no existe una postura unificada por el órgano de cierre de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

39. En efecto, se advierte que la Subsección C de la Sección Tercera de esta
corporación en la Sentencia de 6 de diciembre de 20228 acogió la tesis de que en
asuntos de hacinamiento carcelario la caducidad opera en los términos del artículo
164 del CPACA, es decir, cuando la víctima tiene conocimiento del daño, criterio
diametralmente opuesto al de la Subsección A de la misma Sección en la Sentencia
de 6 de octubre de 20199 que expuso que el daño en estos eventos es continuado.

40. Por tanto, ante la ausencia de una decisión unificada y la disparidad de
criterios entre las Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la
autoridad judicial accionada, en virtud del ejercicio legítimo de su libertad de
interpretación y autonomía judicial, previstos en los artículos 228 y 230 de la
Constitución Política, adoptó la tesis que consideró apropiada y ajustada a los
supuestos fácticos del caso.

41. Adicionalmente, tampoco podría predicarse que la corporación accionada
incurrió en desconocimiento del «precedente horizontal», puesto que las
providencias invocadas por el actor fueron emitidas por una sala diferente a la que
expidió el proveído que hoy se censura o por otros tribunales administrativos, cuyas
decisiones no son vinculantes, conforme al principio de independencia judicial.
Sumado a lo expuesto, tampoco puede pretenderse a través de tutela imponerse
una línea jurisprudencial, pues esto implicaría desconocer el pilar fundamental
mencionado.

42. En esos términos, la Sala considera que el Tribunal Administrativo del Tolima
no incurrió en la causal específica de procedibilidad aquí analizada, sino que todo
lo contrario su decisión responde a un ejercicio legítimo de interpretación ante la
ausencia de una tesis unificada, de ahí que no pueda hacerse algún reproche
constitucional y, por ende, afirmarse que se vulneraron los derechos que reclama el
accionante.

43. Por tanto, se negará el amparo solicitado por Jaime Andrés Jaramillo Lozano,
a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del
Tolima.

8
Radicado 05001-23-31-000-2002-04829-01 (47148).
9
Radicado 70001-23-33-000-2014-00186-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03113-00
Accionante: Jaime Andrés Jaramillo Lozano

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio
de Justicia y del Derecho, la USPEC, la Policía Nacional y el municipio de Ibagué.

SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por Jaime Andrés Jaramillo Lozano, a
través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del
Tolima y del Juzgado 9 Administrativo de Ibagué, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
A. R. F.

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