Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03050-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03050-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03050-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
11 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C. once (11) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03050-01
Accionante: Harol Fabián Mosquera Rodríguez
Accionados: Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué y Tribunal
Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 11 de julio
de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de
la cual se declaró improcedente la demanda de tutela por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional.
SÍNTESIS 1
El accionante cuestiona el auto que confirmó el rechazo por caducidad de la demanda
que interpuso en ejercicio del medio de control de reparación directa, mediante la cual
buscaba que se declarara la responsabilidad de las entidades demandadas por los
perjuicios causados por el hacinamiento que sufrió mientras estuvo privado de la libertad.
Se confirma la decisión de primera instancia, al considerar que la acción de tutela no
satisface el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 21 de mayo de 2025, el señor Harol Fabián Mosquera Rodríguez presentó, mediante
apoderada judicial, una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia. A su juicio, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas
por los autos proferidos el 4 de septiembre y el 21 de noviembre de 2024 por el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima,
respectivamente, dentro del proceso de reparación directa con radicado 73001-33-33-
009-2024-00218-00/01, adelantado por el actor contra el Municipio de Ibagué, el
Departamento del Tolima, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en adelante,
“INPEC”, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en adelante, “USPEC”, el
1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Caducidad / Reparación directa / Hacinamiento carcelario /
Improcedencia / Falta de relevancia constitucional
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03050-01
Accionante: Harol Fabián Mosquera Rodríguez
Se confirma la decisión de primera instancia
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
y la Fiscalía General de la Nación.
2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y,
en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el
Juzgado 9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 4 de septiembre de 2.024, y
el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 21 de noviembre de
2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de HAROL FABIÁN MOSQUERA
RODRÍGUEZ, radicado No. 73001-33-33-009- 2024-00218-00, así como también las
actuaciones posteriores al fallo, tales como: auto de obedézcase y cúmplase del 5 de
febrero de 2.025, y subsiguientes, proferidas por el Juzgado 9 Administrativo Oral del
Circuito de Ibagué.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo con
lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se
vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados.
B. Hechos
3. El señor Harol Fabián Mosquera Rodríguez estuvo privado de la libertad en las
instalaciones de la Permanente Central de la Policía Metropolitana de Ibagué entre el 9
de octubre de 2021 y el 3 de mayo de 2022.
4.Afirma que durante su reclusión fue sometido a condiciones de hacinamiento, situación
que únicamente pudo constatar con certeza tiempo después, al obtener una respuesta a
un derecho de petición que presentó el 17 de enero de 2023 ante la Policía Metropolitana
de Ibagué. En dicha comunicación, la autoridad reconoció que el establecimiento contaba
con una capacidad máxima de 46 personas, pero albergaba un número muy superior de
detenidos, lo que equivalía a un hacinamiento del 514%.
5. Con fundamento en esa información, el accionante promovió el 28 de febrero de 2024
una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante la Procuraduría 106 Judicial I
para Asuntos Administrativos, la cual fue declarada fallida mediante constancia expedida
el 22 de abril de 2024, lo que suspendió el término de caducidad del medio de control de
reparación directa durante un mes y veinticinco días.
6. Posteriormente, el 19 de abril de 2024, el actor presentó demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra el Municipio de Ibagué, el Departamento
del Tolima, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el
INPEC, la USPEC, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se declarar a la
responsabilidad patrimonial de dichas entidades por los perjuicios ocasionados durante
el tiempo de su reclusión.
7. Por reparto, el proceso correspondió al Juzgado Noveno Administrativo Oral del
Circuito de Ibagué, el cual, mediante auto del 4 de septiembre de 2024, rechazó la
demanda al considerar configurado el fenómeno jurídico de la caducidad. El Juzgado
señaló que el término de dos años previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011,
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03050-01
Accionante: Harol Fabián Mosquera Rodríguez
Se confirma la decisión de primera instancia
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante,
“CPACA”, debía contarse desde la fecha en que el actor ingresó al centro de detención,
pues desde ese momento conocía las condiciones de hacinamiento, de modo que el
plazo para presentar la acción vencía el 10 de octubre de 2023.
8. El demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, en el que
sostuvo que el daño sufrido era continuado y, por tanto, el cómputo de la caducidad debía
iniciarse cuando cesaron las condiciones de hacinamiento o, en su defecto, desde su
liberación.
9. Mediante auto del 21 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima
confirmó la decisión apelada. Indicó que el término de caducidad se encontraba
ampliamente superado para la fecha en que se presentó la solicitud de conciliación
extrajudicial, dado que el actor tuvo conocimiento de las condiciones de hacinamiento
desde el momento de su ingreso al centro de detención.
C. Fundamentos de la vulneración
10.La parte actora señala que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de la Constitución.
10.1. En primer lugar, el accionante alega la configuración de un desconocimiento del
precedente judicial vertical fijado por el Consejo de Estado, específicamente por la
Subsección C de la Sección Tercera en sentencia del 6 de diciembre de 2022 2, así como
por la Subsección A de la misma Sección en decisiones del 5 3 y 19 de mayo de 2025 4,
en las cuales se determinó, en casos análogos, que el hacinamiento carcelario constituye
un daño de carácter continuado o de tracto sucesivo. De igual manera, invoca la
sentencia del 24 de enero de 2018 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia5, en la que se reconoció que las situaciones de privación de la libertad en
condiciones indignas generan afectaciones que se prolongan en el tiempo y, por ende,
no pueden someterse a un cómputo rígido del término de caducidad.
10.2. Además, sostiene que la Corte Constitucional, en la sentencia T-388 de 2013, señaló
que las personas privadas de la libertad son sujetos de especial protección constitucional,
dada su relación de sujeción frente al Estado, lo que impone a las autoridades judiciales
el deber de interpretar las normas procesales de manera flexible y garantista cuando se
debaten violaciones de sus derechos fundamentales.
10.3. De otra parte, el actor aduce que las providencias cuestionadas incurrieron también
en un desconocimiento del precedente judicial horizontal, pues omitieron tener en cuenta
decisiones de los Tribunales Administrativos del Quindío, de Antioquia y del Tolima en
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicado 05001-23-31-000-2002-04829-01, C.P. Guillermo
Sánchez Luque
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicado 11001-03-15-000-2025-01176-00, M.P. Diego
Alexander Oquendo López.
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicado 11001-03-15-000-2025-02071-00, M.P. Fernando
Alexei Pardo Flórez.
5 Sentencia SC016-2018, M.P. Álvaro Fernando García Restrepo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03050-01
Accionante: Harol Fabián Mosquera Rodríguez
Se confirma la decisión de primera instancia
procesos de reparación directa por hacinamiento carcelario, en los que se ha reiterado
que dicho fenómeno genera daños continuados, y que, en consecuencia, el término de
caducidad debe contarse desde el momento en que cesa el daño o se produce la
liberación del interno, y no desde su ingreso al centro de reclusión.
10.4. En ese orden, considera que su demanda de reparación directa fue presentada en
tiempo, pues el término de caducidad debía computarse a partir del día siguiente a su
liberación, esto es, desde el 4 de mayo de 2022. Sostiene que las autoridades judiciales
accionadas contaron la caducidad de manera restrictiva y formalista, contrariando la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que ha reconocido
que, cuando se discute la responsabilidad del Estado por la violación de derechos
fundamentales de personas privadas de la libertad, debe prevalecer una interpretación
que favorezca el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral del daño.
11. En relación con la violación directa de la Constitución, el accionante argumenta que
las autoridades judiciales accionadas desconocieron los principios de dignidad humana,
acceso a la justicia, debido proceso e igualdad, consagrados en los artículos 1, 13, 29 y
229 de la Constitución Política, al anteponer un formalismo procesal que impidió el
examen de fondo de su pretensión resarcitoria.
12. Señala, además, que la regla sobre la caducidad del medio de control de reparación
directa no puede aplicarse de manera absoluta y rígida, sino conforme a las
particularidades del caso concreto y bajo los principios de prevalencia del derecho
sustancial, pro homine y pro damato, que imponen una interpretación orientada a la
protección de la persona y al resarcimiento integral de los daños antijurídicos
D. Trámite procesal
13. Mediante auto del 3 de junio de 2025 6 la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y
al Municipio de Ibagué, el Departamento del Tolima, la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el INPEC, la USPEC, el Ministerio de
Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, y la Fiscalía General
de la Nación, como terceros con interés.
E. Oposiciones e intervenciones
14. El Tribunal Administrativo del Tolima 7 (accionado) explicó el trámite del recurso de
apelación dentro del medio de control de reparación directa, señaló que confirmó el
rechazo por caducidad con fundamento en la fecha de ingreso del actor a la Permanente
Central y en criterios jurisprudenciales sobre la naturaleza del término, y solicitó negar el
amparo por considerar que no se configuraron los defectos alegados.
15. El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué (accionado) expuso las
razones que sustentaron el auto que rechazó la demanda por caducidad, destacó que el
6 Índice 4 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
7 Índices 15 y 19 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03050-01
Accionante: Harol Fabián Mosquera Rodríguez
Se confirma la decisión de primera instancia
actor conocía las condiciones de hacinamiento desde su ingreso al establecimiento y que
el término se encontraba vencido al momento de la solicitud de conciliación extrajudicial,
y afirmó que la decisión cuestionada no encaja en las causales de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, pues se basó en argumentos legales y razonados.
16. La USPEC 8 (tercero con interés) indicó que la acción de tutela no cumple los
requisitos de procedencia contra providencias judiciales, sostuvo que no existe un
precedente unificado que soporte lo alegado por el actor y que las decisiones judiciales
se fundaron en criterios razonables, por lo que solicitó declarar la improcedencia del
amparo.
17. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial9 (tercero con interés) precisó que
no profirió las decisiones cuestionadas ni participó en su adopción, advirtió que la
discusión planteada se contrae al análisis de la caducidad realizado por los jueces
naturales y solicitó su desvinculación del trámite, así como que se niegue el amparo.
18. La Fiscalía General de la Nación 10 (tercero con interés) manifestó que no existe
relación de causalidad entre sus actuaciones y la presunta vulneración alegada, por lo
que alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva frente y sostuvo que no se
cumplen los requisitos de procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, particularmente, el de relevancia constitucional, por lo cual pidió declarar
improcedente la acción.
19. El Municipio de Ibagué 11 (tercero con interés) señaló que la supuesta vulneración se
origina exclusivamente en decisiones judiciales adoptadas por las autoridades
accionadas, afirmó que la Alcaldesa carece de legitimación en la causa por pasiva en
este escenario y solicitó su desvinculación y el “rechazo” de la acción de tutela.
20. El Ministerio de Justicia y del Derecho 12 (tercero con interés) indicó que no desplegó
conducta alguna que hubiera vulnerado los derechos fundamentales invocados, razón
por la cual solicitó su desvinculación y que se niegue la solicitud de amparo.
21. El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional13 (tercero con interés) expuso
que la acción de tutela se dirige contra decisiones jurisdiccionales ajenas a su
competencia, que no se le atribuye hecho u omisión generador de la presunta vulneración
y solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.
22. El INPEC 14 (tercero con interés) señaló que no participó en la expedición de las
providencias judiciales cuestionadas ni vulneró los derechos fundamentales invocados, y
solicitó su desvinculación de la acción de tutela.
8 Índice 12 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
9 Índice 8 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
10 Índice 21 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
11 Índice 17 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
12 Índice 16 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
13 Índice 9 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
14 Índice 11 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03050-01
Accionante: Harol Fabián Mosquera Rodríguez
Se confirma la decisión de primera instancia
F. Sentencia impugnada
23. Mediante sentencia del 11 de julio de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no se
acreditaba la relevancia constitucional del asunto, pues el actor se limitó a reiterar los
mismos argumentos expuestos en el recurso de apelación dentro del proceso de
reparación directa. El a quo indicó que las cuestiones planteadas fueron analizadas y
decididas por el juez natural y que la tutela no puede emplearse como una instancia
adicional para reabrir debates procesales ya resueltos por la jurisdicción contenciosa
administrativa.
23.1. En ese sentido, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de Harol Fabián Mosquera
Rodríguez contra el Juez Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
G. Impugnación
24. En escrito radicado el 4 de septiembre de 2025 15, el accionante impugnó la sentencia
del 11 de julio de 2025 y reiteró las pretensiones de la demanda de tutela.
24.1. Sostuvo que la sentencia de primera instancia desconoció la relevancia constitucional
del asunto, pues las decisiones judiciales cuestionadas aplicaron de manera formalista el
instituto de la caducidad, en contravía de los principios pro homine y pro actione, y sin
atender las condiciones de vulnerabilidad de las personas privadas de la libertad.
24.2. Afirmó que el daño alegado tiene carácter continuado, ya que el hacinamiento
constituye una violación permanente a los derechos fundamentales a la dignidad humana
y a la integridad personal. Indicó que el término de caducidad debe computarse desde el
momento en que cesó la afectación, no desde el ingreso al centro de reclusión, y que el
Tribunal incurrió en un razonamiento desproporcionado al asumir que el conocimiento del
daño se dio desde el primer día de detención.
24.3. Alegóque las autoridades judiciales accionadas desconocieron el bloque de
constitucionalidad y los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano
en materia de protección de derechos humanos, al limitar el acceso a la justicia mediante
una interpretación restrictiva del término de caducidad.
24.4. Finalmente, reiteró la jurisprudencia del Consejo de Estado que citó en la demanda
de tutela e invocó las sentencias T-388 de 2013 y SU-122 de 2022 de la Corte
Constitucional, en las cuales se reiteró que las personas privadas de la libertad son
15 Índices 28 y 29 del expediente digital de la primera instancia en Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03050-01
Accionante: Harol Fabián Mosquera Rodríguez
Se confirma la decisión de primera instancia
sujetos de especial protección constitucional, y solicitó que se revoque la decisión
impugnada y se conceda el amparo de su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
25. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, y en el Acuerdo 80 de 2019 de
esta Corporación.
I. Sentido de la decisión
26. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia
de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. En
ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación
de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela 16.
J. Cuestión previa
27. En vista de que no fueron resueltas por el a quo constitucional, la Sala negará las
solicitudes de desvinculación de la presente acción judicial formuladas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Municipio de
Ibagué, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional y el INPEC, pues dichas autoridades fueron vinculadas en calidad de terceros
con interés, por haber conformado la parte demandada en el proceso de reparación
directa. De esa manera, su intervención en el proceso resulta indispensable para que
ejerza su defensa y se pronuncie sobre los hechos y reproches presentados en la
demanda de tutela.
K. El requisito de relevancia constitucional
28. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales 17. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión
16
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03050-01
Accionante: Harol Fabián Mosquera Rodríguez
Se confirma la decisión de primera instancia
cuestionada18, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.
29. En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones 19.
30. En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
(i) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental.
(ii) La controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
(iii) Se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.
Entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías
superiores para encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se
debe justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental.
(iv) El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales.
31. Para la Corte Constitucional 20, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
18 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
19 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.
José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03050-01
Accionante: Harol Fabián Mosquera Rodríguez
Se confirma la decisión de primera instancia
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
32. De conformidad con la anterior, la Corte Constitucional ha insistido en que la
intervención del juez constitucional sólo está justificada cuando “(…) la providencia
judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos
fundamentales que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía
en el sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional 21”.
L. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda de tutela
33. En el caso objeto de estudio el accionante presentó una demanda en ejercicio de la
acción de tutela contra los autos mediante los cuales se rechazó la demanda que
promovió en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el Municipio de
Ibagué, el Departamento del Tolima, la Nación – Rama Judicial, el INPEC, la USPEC, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
y la Fiscalía General de la Nación.
34. En el asunto sub iudice, el accionante cuestiona los autos proferidos el 4 de
septiembre y el 21 de noviembre de 2024 por el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente, pues
considera que esas decisiones vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia e incurrieron en los defectos de
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución. A
continuación, la Sala describirá las características y elementos de los defectos alegados,
con el propósito de determinar el objeto de la litis y examinar la presunta vulneración de
derechos fundamentales.
34.1. Sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial, la Corte Constitucional
ha determinado que constituye precedente una sentencia previa relevante para la
solución de un nuevo caso. En cuanto a su influencia en resolver nuevos casos, ha
establecido que “como los supuestos de hecho similares deben recibir un tratamiento
jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión
posterior”.
34.2. Sumado a lo anterior, ha sostenido que “los precedentes judiciales proyectan un valor
vinculante en la actividad de los distintos operadores jurídicos. En virtud de los principios
de igualdad y seguridad jurídica, los jueces están obligados a seguirlos, o a justificar
adecuadamente la decisión de apartarse de ellos”.
21 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03050-01
Accionante: Harol Fabián Mosquera Rodríguez
Se confirma la decisión de primera instancia
34.3. Por otra parte, la violación directa de la Constitución se estructura cuando la
autoridad judicial se aparta del mandato de supremacía constitucional contenido en el
artículo 4 de la Constitución Política22. En ese orden, este defecto se puede configurar en
los siguientes supuestos: (i) la autoridad judicial deja de aplicar una norma constitucional
que resulta aplicable al caso concreto y (ii) la autoridad judicial aplica una norma legal al
margen de los postulados constitucionales.
M. El caso concreto
35. La Sala coincide con lo establecido en la decisión de primera instancia, en tanto se
evidencia que la demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues tiene como propósito reabrir el debate concluido en el proceso de
reparación directa, sin que se advierta una actuación arbitraria o ilegítima por parte de la
autoridad judicial accionada.
36. Se observa que los argumentos presentados por el accionante en sede de tutela
fueron expuestos ante la autoridad judicial competente en el recurso de apelación
interpuesto contra el auto proferido el 4 de septiembre de 2024 por el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué.
37. Particularmente, en el recurso de apelación el actor señaló:
No se comparte lo anterior, comoquiera que el caso objeto de estudio presentó un daño
continuado o de carácter sucesivo, por ello no debe tenerse en cuenta el momento de
la detención del directo afectado en la Permanente Central de la Policía de Ibagué, por
cuanto el daño se prolongó durante todos los meses que el detenido estuvo recluido
en dicha estación, ocasionando perjuicios en el tiempo. En efecto, desde su captura hasta
el día en el que fue removido de la permanente, padeció perjuicios a causa del hacinamiento
carcelario. […]
Cabe resaltar que la conducta vulnerante, para el caso en discusión, corresponde a la
vulneración de derechos fundamentales y derechos humanos, como lo tiene entendido la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido al hacinamiento carcelario soportado en
la Permanente Central, el cual se extendió en el tiempo para el privado de la libertad HAROL
FABIAN MOSQUERA RODRIGUEZ, desde el día 09 de octubre de 2.021 hasta el día 03 de
mayo de 2.022, día en el que fue dado de baja de la permanente central, es decir, por más
de 07 meses, prolongándose el daño, que no dejó de existir hasta el día que dejó de sufrir las
consecuencias del hacinamiento. […]
En conclusión, en el presente caso el hecho, cual fue el hacinamiento, solo logró ser
visible mucho tiempo después del día en que la persona fuera detenida en el centro de
detención transitoria,prolongándose [sic] durante toda su detención, es decir, que el
hecho o la omisión administrativa se extendió en el tiempo y con ello el daño solo fue
perceptible con el transcurso del tiempo; por lo tanto, el término de caducidad no debe
contabilizarse desde el primer día de la detención, tal como lo afirma el operador jurídico.
(negrillas de la Sala)
38. Los anteriores argumentos fueron analizados por el Tribunal Administrativo del
Tolima en auto del 21 de noviembre de 2024. En dicha providencia, el Tribunal indicó
que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, en los casos de hacinamiento
carcelario el término de caducidad debe contarse desde el momento en que el afectado
22
Corte Constitucional, sentencias SU-069 de 2018 y SU-037 de 2019.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03050-01
Accionante: Harol Fabián Mosquera Rodríguez
Se confirma la decisión de primera instancia
tuvo conocimiento cierto del daño. Con fundamento en las pruebas obrantes en el
expediente, consideró que el accionante conoció las condiciones de hacinamiento desde
su ingreso a la Permanente Central de la Policía de Ibagué, el 9 de octubre de 2021.
39. En consecuencia, concluyó que el señor Harol Fabián Mosquera disponía hasta el 10
de octubre de 2023 para presentar la demanda de reparación directa o, en su defecto,
para radicar la solicitud de conciliación extrajudicial con el fin de suspender el término de
caducidad. No obstante, la solicitud de conciliación fue presentada el 28 de febrero de
2024 y la demanda el 19 de abril de ese mismo año, cuando ya había transcurrido en
exceso el término legal, razón por la cual se confirmó el rechazo de la demanda por
caducidad.
40. Para la Sala es claro que, como lo expuso el a quo, la autoridad judicial accionada
resolvió los argumentos que sirvieron de fundamento de la presente demanda de tutela,
pues el análisis del Tribunal se centró en evaluar el fenómeno jurídico de la caducidad en
los casos en los cuales se alega una falla en el servicio como consecuencia del
hacinamiento carcelario y concluyó que el término transcurre a partir del momento en que
la persona privada de la libertad tiene conocimiento de tal situación.
41. De conformidad con lo anterior, se evidencia que la discusión planteada por el
accionante fue resuelta por la autoridad judicial accionada. Cabe precisar que, si bien el
Tribunal accionado no se pronunció puntual y expresamente frente a todas las
providencias cuyo desconocimiento se alegó en la demanda de tutela, lo cierto es que sí
fundamentó su decisión en la jurisprudencia del Consejo de Estado aplicable al caso, a
partir de la cual estableció que el accionante experimentó las condiciones de
hacinamiento desde el inicio de su reclusión, por lo que era posible fijar esa fecha como
punto de partida para el cómputo del término.
42. Así las cosas, la Sala advierte que el accionante pretende utilizar el mecanismo
constitucional para controvertir las decisiones adoptadas en el medio de control de
reparación directa y que se estudie nuevamente el fenómeno jurídico de la caducidad,
asunto que fue zanjado ante el juez natural de la causa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 11 de julio de
2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la demanda de tutela.
SEGUNDO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Municipio de
Ibagué, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional y el INPEC.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03050-01
Accionante: Harol Fabián Mosquera Rodríguez
Se confirma la decisión de primera instancia
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese. impugnada, ENVÍESE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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