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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08096-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08096-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada, para en su lugar: 6 Ver, entre otras, las sentencias T.344 de 2015, SU-425 de 2016, y T-022 de 2019. 7 Sentencia 5 de mayo de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-01176-00, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez; sentencia 19 de mayo de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-02071-00, C.P.: Fernando Alexei Pardo Flórez; sentencia del 29 de enero de 2020, exp. 85001-33-33-002-2014-00144-01, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico; sentencia 6 de diciembre de 2022, exp. 05001-23-31-000-2002-04829-01. 8 Sentencias T-388 de 2013 y SU-122 de 2022. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-08096-01 Demandante: Yilmer Asnober Ávila 2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado 5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-08096-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

16 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08096-01
Demandante: Yilmer Asnober Ávila

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 16 de abril de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08096-01
Demandante: YILMER ASNOBER ÁVILA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Hacinamiento carcelario. Caducidad del medio de control.
Improcedencia de la acción de tutela. Relevancia constitucional.
Reiteración de argumentos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 5
de febrero de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
que denegó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 18 de diciembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado, el señor Yilmer Asnober Ávila pidió la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de los autos del 6 de
febrero y del 24 de julio de 2025, dictados por el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué
y el Tribunal Administrativo del Tolima, que rechazaron la demanda de reparación directa
con radicado 73001-33-33-005-2024-00116-00/01, por caducidad.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y, en consecuencia,
declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el Juzgado 5 Administrativo Oral del
Circuito de Ibagué el 6 de febrero de 2.025, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima
el 24 de julio de 2.025, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de YILMER ASNOBER ÁVILA,
radicado No. 73001-33-33-005-2024-00116-00, así como también las actuaciones posteriores al fallo,
proferidas por el Juzgado 5 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir decisión de reemplazo, de acuerdo con lo
establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se vulneren los derechos
fundamentales en la primera consagrados.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativa

El señor Yilmer Asnober Ávila estuvo privado de la libertad entre el 24 de marzo de 2021
y el 24 de noviembre de 2022 en la Permanente Central de la Policía Metropolitana de
Ibagué, tiempo en el que, dice, fue víctima de hacinamiento carcelario.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08096-01
Demandante: Yilmer Asnober Ávila

El 17 de enero de 2023, el señor Asnober Ávila pidió a la Policía Metropolitana de Ibagué
que le informara sobre la capacidad total del nombrado centro de reclusión para albergar
personas privadas de la libertad y si existían condiciones de hacinamiento.

Mediante oficio COSEC-DISPO-29.25 del 19 de enero de 2023, la Policía Metropolitana
de Ibagué le informó que presentaba un hacinamiento carcelario del 514%.

El 6 de marzo de 2024, el actor presentó solicitud de conciliación extrajudicial, que fue
declarada fallida el 10 de mayo de 2024 por la Procuraduría 105 Judicial I para asuntos
administrativos.

3.2. Actuación judicial

El 22 de mayo de 2024, el señor Yilmer Asnober Ávila promovió demanda de reparación
directa contra el municipio de Ibagué, el departamento del Tolima, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC -, la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC -, el Ministerio de Justicia y
del Derecho, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, para que se les
declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados durante su
reclusión en condiciones de hacinamiento en la cárcel Permanente Central de Ibagué,
desde el 24 de marzo de 2021 hasta el 24 de noviembre de 2022.

La demanda se adelantó bajo el radicado 73001-33-33-005-2024-00116-00 y
correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué que, por auto del 6 de febrero
de 2025, la rechazó al considerar que se había configurado el fenómeno jurídico de la
caducidad.

Señaló que el actor había ingresado al centro de reclusión el 24 de marzo de 2021 y que
desde esa fecha conocía las condiciones de hacinamiento. Que, en consecuencia, el
término de dos años para presentar la demanda vencía el 25 de marzo de 2023, que, sin
embargo, la solicitud de conciliación prejudicial había sido radicada el 6 de marzo de 2024
y la demanda el 22 de mayo de ese mismo año, cuando se había superado el término
para el efecto.

Inconforme, el demandante apeló y manifestó que el daño era de carácter continuado,
porque persistió durante los 20 meses de su detención, por lo que el término de caducidad
debía contabilizarse desde el momento en que cesó el daño, el 24 de noviembre de 2022.

Por proveído del 24 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la
decisión apelada, básicamente por las mismas consideraciones del a quo.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, si bien no identificó los defectos que alegaría,
la Sala los resumirá en los siguientes vicios de fondo:

Defecto sustantivo por indebida aplicación de las normas sobre caducidad. Dijo que se
ignoró que había tenido certeza del hacinamiento el 19 de enero de 2023, cuando recibió
respuesta de la Policía Metropolitana de Ibagué y que, en todo caso, había estado privado
de la libertad en condiciones de hacinamiento hasta el 24 de noviembre de 2022.

Defecto fáctico porque no se valoró adecuadamente el material probatorio allegado al
proceso ordinario, específicamente, el informe de la Policía Metropolitana de Ibagué del
19 de enero de 2023 que certificó el hacinamiento en el lugar de reclusión del accionante,
hecho que solo en ese momento le permitió conocer con certeza la existencia del daño.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08096-01
Demandante: Yilmer Asnober Ávila

Violación directa de la Constitución al impedir el acceso a la administración de justicia
y desconocer sus derechos fundamentales reclamados. Invocó la afectación al debido
proceso, la dignidad humana y el derecho a una tutela judicial efectiva, consagrados en
los artículos 2, 13, 29 y 229 de la Constitución y en instrumentos internacionales. Además,
pidió la aplicación de los principios pro damato, pro homine y pro actione.

5. Intervenciones

El Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué se limitó a compartir el enlace del proceso
de reparación directa con radicado 73001-33-33-005-2024-00116-00/01, sin embargo,
nada dijo sobre el fondo del asunto.

El Tribunal Administrativo del Tolima no se pronunció, pese a que fue debidamente
notificado.

6. Sentencia Impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, denegó la solicitud de amparo,
al estimar que el análisis de las autoridades judiciales demandadas no fue restrictivo ni
formalista, que, por el contrario, atendió a las particularidades del caso y a decisiones
adoptadas por esta Corporación.

Que no se configuraba ninguno de los defectos desarrollados por la jurisprudencia
constitucional. Que el tutelante se limitó a insistir en su desacuerdo con la naturaleza del
daño reclamado y no discutió la línea argumentativa de la providencia acusada.

7. Impugnación

La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.

Argumentó que no compartía el criterio de las autoridades judiciales demandadas, según
el cual conoció el daño desde el primer día de reclusión. Que no se le dio aplicación a los
principios pro homine, pro actione y pro damato y se realizó una interpretación regresiva
y restrictiva que desconoce la especial protección de las personas privadas de la libertad.

Que las providencias acusadas cercenaban su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, porque la declaratoria de la caducidad fue una decisión
formalista.

Que el daño derivado del hacinamiento carcelario no podía considerarse de ejecución
instantánea, sino de carácter continuado, por lo que el término de caducidad debía
contarse desde la cesación del daño o desde el momento en que el afectado tuvo
conocimiento cierto de su configuración.

Citó jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que reconoció la
naturaleza sistemática y estructural del hacinamiento carcelario, así como la necesidad
de flexibilizar el cómputo del término de caducidad en casos de daño sucesivo.

Además, invocó el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado1 y de la Corte
Constitucional2 en el que, según dijo, se reconocía un defecto fáctico porque se omitió el
análisis de medios de convicción relacionados con el momento real en que tuvo
conocimiento del daño.

1 Sentencia 5 de mayo de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-01176-00, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez; sentencia

19 de mayo de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-02071-00, C.P.: Fernando Alexei Pardo Flórez; sentencia del 29 de
enero de 2020, exp. 85001-33-33-002-2014-00144-01, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico; sentencia 6 de diciembre
2022, exp. 05001-23-31-000-2002-04829-01.
2 Sentencias T-388 de 2013 y SU-122 de 2022.

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Demandante: Yilmer Asnober Ávila

Finalmente, reiteró que el paso del tiempo no podía operar en contra de quien no tuvo
acceso efectivo a la justicia por razones materiales.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que denegó la solicitud de amparo.

La Sala anticipa que revocará la decisión impugnada para, en su lugar, declarar
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto el demandante pretende discutir aspectos que ya fueron
resueltos por el juez natural en el proceso ordinario.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la reiteración de argumentos y, (iii) el análisis del
caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-005, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de reparación directa. Básicamente, en
ese proceso y en la acción de tutela, la parte actora señala que no se debió rechazar su
demanda de reparación directa, debido a que, a su juicio, el daño alegado era de carácter
continuado y la caducidad debía computarse desde cuando salió del centro de reclusión
o desde que tuvo conocimiento del hacinamiento con el oficio COSEC-DISPO-29.25 del
19 de enero de 2023 proferido por la Policía Metropolitana de Ibagué.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto del 6
de febrero de 2025 dictado por el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué se lee lo
siguiente:

No se comparte lo anterior, comoquiera que el caso objeto de estudio presentó un daño continuado o
de carácter sucesivo; por ello no debe tenerse en cuenta el momento de la detención del directo afectado
en la Permanente Central de Ibagué, por cuanto el daño se prolongó durante todos los meses que el
detenido estuvo recluido en dicha estación, ocasionando perjuicios en el tiempo. En efecto, desde sus
capturas hasta el día en el que fue removido de la permanente, padeció perjuicios a causa del
hacinamiento carcelario.
(…)
Cabe resaltar que la conducta vulnerante, para el caso en discusión, corresponde a la vulneración de
derechos fundamentales y derechos humanos, como lo tiene entendido la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, debido al hacinamiento carcelario soportado en la Permanente Central de Ibagué
(Tol.), el cual se extendió en el tiempo para el privado de la libertad YILMER ASNOBER AVILA, desde
el día 24 de marzo de 2.021 hasta el día 24 de noviembre de 2.022, es decir, por 20 meses,
prolongándose el daño, que no dejó de existir hasta el día que dejó de sufrir las consecuencias del
hacinamiento.
No puede considerarse para efectos del fenómeno de la caducidad del medio de control de la referencia
la fecha de detención del privado de la libertad, por cuanto se estaría dejando por fuera de la órbita
procesal el último día en el que este estuvo detenido en la Permanente Central de Ibagué (Tol.), día en
el que cesaron los perjuicios por causa del hacinamiento.

Por su parte, en la acción de tutela y en la impugnación, el accionante insistió en que se
debía admitir la demanda de reparación directa, pues el término para configurarse la
caducidad del medio de control iniciaba a partir del día siguiente de su salida del centro
de detención, por tratarse de un daño continuado. En lo pertinente, el escrito de tutela
dice:

En este caso, los operadores jurídicos interpretaron el término de caducidad de manera restrictiva y
formalista, ignorando que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido que, en
asuntos donde se debate la responsabilidad del Estado por la vulneración de derechos fundamentales
en un contexto de privación de la libertad, debe privilegiarse una interpretación que garantice el acceso
efectivo a la justicia y la reparación integral del daño sufrido. Al adoptar una postura excesivamente
rígida y apartada del contenido sustancial del derecho fundamental comprometido, la decisión judicial
desconoció la obligación de garantizar un debido proceso con fundamento en principios de justicia
material.
Asimismo, al omitir un análisis profundo sobre la naturaleza continuada del daño y su impacto en la
víctima, se incurrió en una afectación desproporcionada de sus derechos, al punto de impedir que el
accionante obtuviera una respuesta de fondo sobre su pretensión de reparación. Esta vulneración se
agrava si se tiene en cuenta que, dentro del bloque de constitucionalidad, existen estándares
internacionales que exigen una protección reforzada para las personas que han estado en condiciones
de detención indignas, lo cual fue ignorado en la sentencia cuestionada.
(…)
Al respecto, se puede concluir que fue vulnerado el derecho al debido proceso y se desconocieron en
los fallos proferidos las pretensiones de la demanda, toda vez que el órgano fallador manifestó en su
decisión que el término de caducidad debía contarse desde el día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión generadora del daño, aduciendo que el accionante tuvo conocimiento de las
condiciones de hacinamiento desde el día en que ingresó a la Permanente Central de la Policía de
Ibagué, desconociendo que el daño era de carácter continuado y que la afectación se extendió durante

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todo el tiempo de reclusión en el que este permaneció en el establecimiento carcelario. Asimismo,
desconocieron que la solicitud de conciliación extrajudicial suspendió el término de caducidad, lo que
hacía procedente la demanda de reparación directa, por lo que la interpretación errónea de la normativa
aplicable generó una afectación grave al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
impidiendo que el accionante pudiera obtener un pronunciamiento de fondo sobre sus pretensiones.
En relación con los daños de carácter continuado o sucesivo, la afectación no ocurre en un solo instante,
sino que se prolonga en el tiempo de manera continua o intermitente, generando un perjuicio constante
para la víctima, y, en consecuencia, el término de dos años para interponer la demanda de reparación
directa debe computarse a partir del día siguiente en que cesó el daño continuado, es decir que la
contabilización del término de caducidad del medio de control comienza cuando el daño continuado ha
finalizado, o desde el momento en que el afectado adquiere conocimiento de la existencia del daño y
de su derecho a reclamar.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el tribunal demandado en el auto del 24
de julio de 2025, en el que consideró:

Conforme a las pruebas obrantes y relevantes que fueron aportadas al plenario, se tiene que el señor
Yilmer Asnober Avila fue procesado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, y recluido en
la Permanente Central de Policía de Ibagué desde el 24 de marzo de 2021 hasta el 24 de noviembre
de 2022, tiempo durante el cual padeció condiciones de hacinamiento extremo. Así las cosas, el despacho judicial de instancia indicó que para efectos del conteo del término de
caducidad debía contarse desde el 25 de marzo de 2021, fecha siguiente al ingreso del actor, momento
en el cual, según el juez, tuvo conocimiento de la situación lesiva. No obstante, el apelante argumentó
que se trata de un daño que se prolongó en el tiempo y perduró hasta el último día de su reclusión, en
consonancia con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre los daños
continuados. En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión procede a evaluar la naturaleza del daño alegado para
determinar la forma adecuada de verificar el conteo del término de caducidad, establecido en el artículo
164 del C. de P.A. y de lo C.A. Dentro de las pruebas aportadas se registra que el porcentaje de
hacinamiento durante el año 2021 fue del 514%, y para el 2022 del 561%, configurando un estado
persistente de afectación a los derechos fundamentales del actor. Conforme a lo establecido por esta Corporación en oportunidades anteriores, el despacho del
Magistrado Ponente había acogido la tesis según la cual los daños ocasionados por el hacinamiento
carcelario podían configurarse como de tracto sucesivo o de carácter continuado, dada la naturaleza
persistente y renovada de la afectación a los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad. Esta línea interpretativa se sustentaba en una visión garantista, orientada por el principio pro
homine y por el reconocimiento de la dignidad humana como eje transversal del ordenamiento
constitucional. Sin embargo, a la luz de la reciente evolución jurisprudencial del Honorable Consejo de Estado, es
necesario advertir que diversas Secciones y Subsecciones de esa alta Corporación han conocido
múltiples acciones de tutela formuladas en contra de providencias que declararon la caducidad del
medio de control de reparación directa en casos de hacinamiento carcelario, concluyendo en la mayoría
de ellas que no se configuran defectos que ameriten la protección constitucional. En efecto, tales
decisiones han coincidido en que los daños derivados del hacinamiento no deben ser entendidos como
continuados, sino como de ejecución instantánea con efectos prolongados. Este nuevo enfoque jurisprudencial ha sido sostenido de forma reiterada, uniforme y sistemática, lo que
permite entenderlo como un precedente vertical obligatorio para los jueces de instancia, en tanto
proviene de la autoridad máxima de lo contencioso administrativo. En ese sentido, el respeto por los
principios de seguridad jurídica, igualdad ante la ley y coherencia judicial impone a esta Sala la adopción
de ese criterio consolidado, aun cuando previamente se hubiese sostenido una posición diversa. En consecuencia, esta Corporación asume como criterio rector que el daño por hacinamiento carcelario
es conocido desde el primer momento de reclusión, toda vez que las condiciones indignas son
perceptibles de forma inmediata y evidente para quien las padece. No puede afirmarse válidamente que
se requiera un conocimiento técnico o especializado para percatarse de tal afectación, dado que la
situación de hacinamiento constituye una realidad notoria, que impacta de manera directa y cotidiana al
detenido desde el instante mismo de su ingreso al centro de detención. Por tanto, el término de
caducidad para interponer el medio de control de reparación directa debe computarse desde el día
siguiente a la privación inicial de la libertad.

Así las cosas, esta Sala considera que, tras el examen exhaustivo de los autos y de los argumentos
esgrimidos por las partes, confirma íntegramente la providencia dictada por el Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué. Encuentra que el juez de primera instancia valoró correctamente las pruebas documentales que
acreditan el ingreso del hoy demandante a la Permanente Central de Policía de Ibagué el 24 de marzo
de 2021, fecha a partir de la cual el actor tenía conocimiento efectivo de las condiciones de hacinamiento
(514 %). Así mismo, observa que no existe ningún vicio procedimental ni omisión en la motivación que
justifique reabrir el término de caducidad, ni para reconocer la solicitud de conciliación, ni para admitir
la demanda extemporánea. En cuanto al cómputo del término de caducidad, la Sala reitera que, conforme al artículo 169 del C. de
P.A. y de lo C.A., el plazo de dos años para instaurar el medio de control de reparación directa se cuenta

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08096-01
Demandante: Yilmer Asnober Ávila

desde el momento en que el interesado conoce el hecho generador del perjuicio. Dado que el
conocimiento del hacinamiento es inmediato y evidente para la persona privada de la libertad, el
cómputo comenzó el 25 de marzo de 2021 y venció, sin lugar a prórroga, el 25 de marzo de 2023. Ni la
conciliación extrajudicial presentada el 6 de marzo de 2024 —fuera del término legal— ni la demanda
interpuesta el 22 de mayo de 2024 pueden surtir efecto suspensivo o interruptivo sobre un plazo que ya
se había extinguido, tal como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia de esta Corporación.
Finalmente, la Sala subraya que el respeto a los términos legales constituye un pilar del principio de
seguridad jurídica y de la debida administración de justicia. Permitir la admisión de acciones
presentadas después de vencido el término preclusivo implicaría desconocer la finalidad del artículo
169 del C. de P.A. y de lo C.A. y redundaría en una indefinición de la responsabilidad patrimonial del
Estado. Por tanto, la Sala confirmará el rechazo de la demanda por caducidad, en defensa de la
predictibilidad y la certeza en el ejercicio de los derechos.

Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por el tribunal
demandado, que explicó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el
cómputo del término de caducidad cuando se reclaman daños por hacinamiento
carcelario debe iniciarse desde el día en que el procesado fue ingresado al centro de
reclusión.

En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.

Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar si el
daño reclamado por el actor en el proceso ordinario era de carácter continuado.

La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.

En este punto, conviene resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
determinado que la acción de tutela contra decisiones judiciales se concibe como un juicio
de validez, mas no de corrección6, y que, por lo tanto, este mecanismo no puede utilizarse
como una instancia para discutir asuntos de índole probatoria que dieron origen a los
procesos ordinarios.

Finalmente, la Sala no pasa por alto que con la impugnación el demandante alegó el
desconocimiento del precedente del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional8
sobre el momento real en que se tuvo conocimiento del daño; sin embargo, ese cargo
constituye argumentos nuevos que no fueron expuestos en la demanda de tutela,
respecto del cual las autoridades judiciales demandadas no pudieron ejercer su derecho
de defensa.

En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para revocar la decisión
impugnada, para, en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada, para en su lugar:

6 Ver, entre otras, las sentencias T.344 de 2015, SU-425 de 2016, y T-022 de 2019.
7 Sentencia 5 de mayo de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-01176-00, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez; sentencia

19 de mayo de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-02071-00, C.P.: Fernando Alexei Pardo Flórez; sentencia del 29 de
enero de 2020, exp. 85001-33-33-002-2014-00144-01, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico; sentencia 6 de diciembre
de 2022, exp. 05001-23-31-000-2002-04829-01.
8 Sentencias T-388 de 2013 y SU-122 de 2022.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08096-01
Demandante: Yilmer Asnober Ávila

2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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