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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03132-01

Fecha
31 de octubre de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03132-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 25 de junio de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones expuestas en la presente providencia. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 16 Radicación: 11001-03-15-000-2025-03132-01 Accionante: Eduardo López Chávez Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03132-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

31 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-15-000-2025-03132-01
ACCIONANTE: EDURARDO LÓPEZ CHÁVEZ
AUTORIDAD: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
ASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra el fallo proferido el
25 de junio de 2025 por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B-, que negó
el amparo de los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela interpuesta
por Eduardo López Chávez contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 22 de mayo de 2025, Eduardo López Chávez, por medio de apoderado, interpuso
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad. Consideró que fueron
vulnerados por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima, al proferir los autos del 19 de julio de 2024 y del 5 de diciembre
de 2024, respectivamente.

Mediante esas providencias se dispuso el rechazo de la demanda de reparación directa
interpuesta por el accionante contra el Municipio de Ibagué, el Departamento del Tolima,
la Nación-Rama Judicial-Dirección de Administración Judicial, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario-INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-
USPEC, la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho, la Nación-Fiscalía General de la

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Accionante: Eduardo López Chávez
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Nación y la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, en el marco del proceso con
radicado 73001-33-33-003-2024- 00107-00/01.

En virtud de la acción de tutela, solicita que los derechos alegados sean tutelados. Pide
(se transcriben, incluso con errores):

« 1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al
accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia
proferido por el Juzgado 3 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 19 de julio
de 2.024, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 5 de
diciembre de 2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de EDUARDO
LÓPEZ CHÁVEZ, radicado No. 73001-33-33-003-2024-00107-00, así como
también las actuaciones posteriores al fallo, tales como: auto de obedézcase y
cúmplase del 21 de febrero de 2.025, y subsiguientes, proferidas por el Juzgado 3
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de acuerdo con
lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se
vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados».

2. Hechos relevantes

El 8 de septiembre de 2021, el señor López Chávez fue recluido en las instalaciones de
la Permanente Central de la Policía de Ibagué. Permaneció en dicha institución hasta el
25 de abril de 2022.

Narra el accionante que luego de haber recobrado la libertad se enteró de que había
sufrido hacinamiento mientras estuvo recluido. Para confirmar ese hecho presentó un
derecho de petición ante la Policía Metropolitana de Ibagué el 17 de enero de 2023.
Solicitó que se le informara cuál era la capacidad total con la que contaba la Permanente
Central de la Policía de Ibagué para albergar detenidos y si en dichas instalaciones existía
hacinamiento carcelario. Este fue contestado el 19 de enero de 2023, indicando que
existía un «hacinamiento del 514%».

En esa medida, el 6 de marzo de 2024, el accionante solicitó la conciliación extrajudicial
ante la Procuraduría 105 Judicial I para Asuntos Administrativos de la Procuraduría
General de la Nación. Esta se celebró pero no hubo ánimo conciliatorio. El 10 de mayo
de 2024, se expidió la constancia del trámite de conciliación.

El 10 de agosto de 2024, el señor López Chávez presentó demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa contra el Municipio de Ibagué, el Departamento del

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Accionante: Eduardo López Chávez
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Tolima, la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios
y Carcelarios-USPEC, la Nación-Ministerio de Justicia y el Derecho, la Nación-Fiscalía
General de la Nación y la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, para que se le
resarcieran los perjuicios derivados del hacinamiento que vivió durante el tiempo que
permaneció detenido.

El asunto correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué
que, mediante auto del 19 de julio de 2024, rechazó la demanda al encontrar probado el
fenómeno de la caducidad. Sobre ello, dicha autoridad judicial consideró que el
accionante conoció de la situación de hacinamiento desde el día en que fue recluido, por
lo cual desde ese momento debía iniciar el conteo del término de dos años con el que
contaba el accionante para interponer la demanda. El accionante apeló dicha decisión y
el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó el rechazo mediante auto del 5 de
diciembre de 2024, bajo los mismos argumentos.

3. Fundamentos de la solicitud

El accionante considera que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, al proferir los autos del 19 de julio de 2024 y del 5 de diciembre de 2024. Aduce
que en estas se incurrió en los defectos de desconocimiento del precedente y sustantivo.

Respecto del primero afirma que:

«se desconocen el precedente jurisprudencial de carácter vertical proveniente del
máximo órgano contencioso administrativo, el Consejo de Estado, y el precedente
horizontal proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío, del Tribunal
Administrativo del Tolima y del Tribunal Administrativo de Antioquia».

Del desconocimiento del precedente en sentido vertical, trajo a colación una sentencia
proferida el 6 de diciembre de 2022 por el Consejo de Estado, en el proceso identificado
con el Rad. No. 05001-23-31-000-2002-04829-01. Con base en esta providencia,
argumenta que las accionadas no debieron declarar la caducidad de la acción, pues el
cómputo de esta inicia desde que la víctima se percata del daño. En virtud de lo anterior,
arguye que:

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Accionante: Eduardo López Chávez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

«Este criterio acogido por la alta Corporación es contrario a la posición asumida
por las entidades accionadas, ya que estas afirman que dicho término de
caducidad empieza a correr de manera automática a partir del primer día en que
el detenido ingresa al centro de detención.»

También citó el fallo del 5 de mayo de 2025 de acción de tutela, con el Rad. No. 11001-
03-15-000-2025-01176-00. Esta providencia la usa para argumentar que ante la ausencia
de elementos probatorios que permitan determinar el momento en el que se conoció el
daño, se puede prorrogar el conteo de la caducidad a un momento posterior del proceso,
como la sentencia, cuando en la etapa inicial no sea posible determinar con claridad el
momento en que se debe empezar a contar. Igualmente, de este fallo resalta que la falta
de elementos probatorios para aplicar un supuesto legal lleva a incurrir en un yerro que
configura la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Finalmente, hace referencia al precedente vertical de la Corte Suprema de Justicia y cita
el fallo que resolvió el recurso extraordinario de casación, con el Rad. No. 1001-31-03-
010- 2011-00675-01. Mediante este fallo, el accionante argumenta que cuando se trata
de un daño que no se consolidó en un solo momento, sino con el paso del tiempo, se
debe contabilizar la caducidad haciendo referencia al último momento en que se
consolidó el daño.

Para acreditar el desconocimiento del precedente en sentido horizontal, el accionante
menciona unas decisiones proferidas por los Tribunales Administrativos del Quindío, del
Tolima y de Antioquia. Con base en estas, argumenta que el término de caducidad en
asuntos relacionados con hacinamiento carcelario es de dos años contados a partir de
que cesa el daño, pues se trata de la imputación de daños de tracto sucesivo o continuos.
Ello implica que el conteo de dicho término inicia desde que la víctima dejó de sufrir los
padecimientos que dan lugar al daño con base en el cual fundamenta la demanda.

Así pues, en línea con lo anterior, el accionante considera que:

«De acuerdo con lo anterior, el término de caducidad debe ser calculado desde el
día siguiente a la cesación del daño continuado, es decir, el 26 de abril de 2022, a
partir del cual transcurrieron 1 año, 10 meses y 9 días, hasta que el accionante
radicó solicitud de conciliación extrajudicial para agotar el requisito de
procedibilidad, esto es, el 6 de marzo de 2024, cuando faltaban 1 meses y 21 días
para la configuración de la caducidad, lo cual suspendió el término hasta que la
constancia del trámite de conciliación fue expedida, que lo fue el 10 de mayo de
2024; a partir del día siguiente se reanudó el cómputo por los días que faltaban al
momento de presentar la solicitud de conciliación, por lo que la caducidad del
medio de control operaba el 1 de julio de 2024.

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Accionante: Eduardo López Chávez
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Así las cosas, teniendo en cuenta que la demanda de reparación directa se
presentó el 10 de mayo de 2024, es evidente que fue radicada antes de la
configuración de la caducidad; es decir que este fenómeno procesal no operó el 9
de septiembre de 2023, como se determinó en el fallo, y que el medio de control
se ejerció dentro de la oportunidad establecida en la ley, por lo que no hay lugar a
declarar el fenómeno jurídico de la caducidad.».

Adicional a lo anterior, puntualizó que, en tratándose de un caso de indemnización por el
estado de hacinamiento carcelario que sufre una persona privada de la libertad, el término
que debe ser tenido en consideración para el cómputo de la caducidad de la acción es el
que inicia a correr desde que la víctima conoce de su estado de hacinamiento. Por lo que,
en virtud de lo expuesto:

«tampoco procedería la declaratoria de caducidad en el caso bajo estudio, puesto
que el accionante sólo vino a tener conocimiento cierto de esa situación una vez
la Policía Metropolitana de Ibagué – Distrito Uno de Ibagué contestó el 19 de enero
de 2.023, mediante informe GS-2023-003124-METIB/COSECDISPO-29.25, que
las instalaciones estaban diseñadas para un cupo máximo de 46 PPL, y las
antiguas instalaciones de espacio público para 20 PPL, indicando un porcentaje
de hacinamiento del 514% para 2021 y 561% para 2022».

Por otro lado, el accionante argumenta que se configura la violación directa de la
Constitución porque el fallo impugnado interpreta las normas sobre la causalidad
erróneamente y desconoce principios y derechos fundamentales consagrados en la Carta
Política. Específicamente, la administración de justicia, el precedente jurisprudencial, y la
protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Así mismo,
alega que al omitir hacer un análisis de fondo se afectaron desproporcionadamente los
derechos de las víctimas. Finalmente, adujo que la decisión judicial desconoció que el
accionante había sido sometido a condiciones contrarias a su dignidad humana que no
estaba en el deber de soportar y que el Estado tenía la obligación de garantizarle un trato
y condiciones dignas en los centros de detención.

Sobre el defecto sustantivo, afirma que este se encuentra configurado en la medida en
que las accionadas omitieron aplicar los lineamientos establecidos por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, para el cómputo de la caducidad en casos en los
que se reclama una indemnización por daño continuado. Sostiene que dichas Cortes
plantean que:

«cuando el daño no se materializa en un solo momento, sino que se prolonga en
el tiempo, el término de caducidad debe contarse desde el día siguiente a la
cesación del daño y no desde la fecha en que se inició el hecho generador de la
afectación, en este caso, se ignoró este criterio y se calculó erróneamente la

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caducidad desde la fecha de ingreso del accionante a la Permanente Central de la
Policía de Ibagué, sin considerar que las condiciones indignas de detención a las
que estuvo sometido constituyeron una afectación prolongada que sólo terminó
con su traslado definitivo al centro carcelario y penitenciario COIBA».

4. Trámite de primera instancia

El asunto correspondió por reparto a la Sección Segunda de esta Corporación. Así, el 27
de mayo de 2025 se admitió la acción de tutela 1 y se ordenó su notificación a las
autoridades judiciales accionadas, así como a la Nación-Ministerio de Justicia y del
Derecho, a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Nación-Ministerio de Defensa-
Policía Nacional, a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC, a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios-USPEC, al Municipio de Ibagué y al Departamento del
Tolima, en calidad de terceros con interés.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-USPEC2 solicitó que se declarara
improcedente la acción por no cumplir con los requisitos específicos de procedibilidad.
Lo anterior en la medida en que no se desconoció el precedente pues el Consejo de
Estado no ha unificado un criterio. Además, manifestó que la contabilización de la
caducidad en procesos de reparación directa inicia desde el momento en que el afectado
conoció o tuvo conocimiento del hecho u omisión causante del daño. En el caso presente,
ese momento se configuró desde el primer momento en que el accionante ingresó a las
instalaciones de la Permanente Central De Ibagué por haber sido una situación evidente.
Finalmente, indicó que la acción de tutela busca una tercera instancia en el proceso.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC3 solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva y que en consecuencia fuera desvinculado de la
acción de tutela.

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué 4 alegó que el amparo de la
solicitud resulta improcedente porque lo que la acción pretende obrar como instancia
adicional. Además, alegó que no cumple ninguno de los requisitos generales de

1 SAMAI, índice 4 de primera instancia.
2 SAMAI índice 10 de primera instancia.
3 SAMAI índice 11 de primera instancia.
4 SAMAI índice 12 de primera instancia.

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procedencia. Finalmente, indicó que no se configura un perjuicio irremediable que sea
inminente, que requiera medidas urgentes.

Por su parte, el Tribunal Administrativo del Tolima, a través del magistrado ponente del
auto confirmatorio, solicitó, en su escrito de contestación5, que se negara el amparo
solicitado. Indicó que a lo largo del trámite judicial se garantizó el derecho al debido
proceso del accionante y que las providencias proferidas fueron resultado de un análisis
riguroso de las normas y los hechos probados en el proceso.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 6 solicitó, por su parte, que se negara el
amparo pretendido por el accionante en su contra por falta de legitimación en la causa
por pasiva. Alegó que la finalidad de la acción es reabrir el debate, es decir, que sea una
instancia adicional.

La Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho 7 solicitó que se declare su falta de
legitimación en la causa por pasiva y que se denieguen las pretensiones de la acción de
tutela. Adujo que la acción no fue dirigida contra dicha cartera ministerial y que el
accionante pretende revivir lo resuelto en el trámite ordinario.

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, contestó la demanda de
tutela8. Manifestó que la decisión tomada en el auto cuestionado en este proceso fue
resultado de un estudio juicioso de la demanda, las normas aplicables y la jurisprudencia.
Igualmente manifestó que las actuaciones judiciales respetaron en todo momento el
derecho al acceso a la justicia del accionante. Junto con la contestación remitieron el
expediente.

La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional 9 solicitó su desvinculación, ya que
carece de legitimación en la causa por pasiva, al no tener responsabilidad alguna sobre
las entidades accionadas. Además argumentó la inexistencia de la vulneración de los
derechos del accionante y la improcedencia de la acción de tutela

5 SAMAI, índice 13 de primera instancia.
6 SAMAI índice 14 de primera instancia.
7 SAMAI índice 15 de primera instancia.
8 SAMAI, índice 16 de primera instancia.
9 SAMAI índice 17 de primera instancia.

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El Municipio de Ibagué10 solicitó que se declare improcedencia de la acción de tutela por
inexistencia de la vulneración al derecho fundamental, la falta de legitimación en la causa
por pasiva, y que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela en relación con el
municipio como quiera que no ha ejercido conducta bien por acción u omisión que haya
dado lugar a la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales alegados por el
accionante.

La Fiscalía General de la Nación11 solicitó que se declarara la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con los requisitos de procedencia, y la falta de legitimación en la
causa por pasiva de la entidad pues no existe relación de causalidad entre las
actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y la presunta vulneración de los derechos
fundamentales alegados por el accionante.

Finalmente, El Departamento de Policía del Tolima12 solicitó su desvinculación, ya que
carece de legitimación en la causa por pasiva pues las pretensiones expuestas son
competencia de las autoridades judiciales administrativas. También indicó que la entidad
carece de capacidad para resolver reparaciones o pretensiones relativas a las
condiciones de reclusión prolongada porque no tiene responsabilidades carcelarias o
penitenciarias.

Las demás autoridades vinculadas guardaron silencio.

El 25 de junio de 202513, lla Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
profirió sentencia de primera instancia. Consideró que las providencias censuradas no
desconocieron el precedente judicial pues por un lado no hay una postura pacifica en el
Consejo de Estado sobre el tema, y porque el criterio de caducidad acogido es el más
frecuente actual y vigente. Igualmente, se pronuncia sobre el argumento del accionante
relativo al momento en que este conoció la situación de hacinamiento. Manifestó que la
situación era notoria y que no era necesaria la respuesta del derecho de petición del 19
de enero de 2023 con el cálculo matemático, para poder establecer la situación.

10 SAMAI índice 18 de primera instancia.
11 SAMAI índice 19 de primera instancia.
12 SAMAI índice 20 de primera instancia.
13 SAMAI, índice 22 de primera instancia.

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Mediante memorial del 29 de agosto de 2025 14 , la parte accionante interpuso
impugnación contra la providencia de primera instancia. Alegó que no comparte el criterio
de la sentencia de primera instancia para determinar el momento en que inicia el conteo
del término de caducidad. Reitera que en la admisión de la demanda aún no se tiene
certeza del momento en que el accionante tuvo conocimiento de la situación de
hacinamiento y que el rechazo de la misma coarta su derecho al acceso a la justicia en
tanto no le permite probar la fecha en que tuvo conocimiento de la situación. Igualmente,
manifestó que el rechazo de la demanda desconoció los principios pro homine y pro
actione en tanto se optó por aplicar una interpretación regresiva y restrictiva del derecho
de acceso a la justicia. Además, manifiesta que la decisión de iniciar el conteo de la
caducidad al día siguiente del ingreso a Permanente Central de la Policía de Ibagué
desconoce que se trata de una situación de tracto sucesivo, y resulta en la violación del
bloque de constitucionalidad y de la especial protección de la que gozan las personas
privadas de la libertad. Finalmente, trajo a colación más providencias de esta Sección,
particularmente de las subsecciones A y C, que no cuentan la caducidad desde el
momento de la reclusión, sino que consideran que el hacinamiento constituye un daño
continuado. La impugnación fue concedida el 5 de septiembre de 202515.

II. CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, revocar o modificar la sentencia del
25 de junio de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, que negó el amparo de los derechos invocados en la acción de tutela por
Eduardo López Chávez contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima.

6. Análisis de la sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera

14 SAMAI, índice 27 de primera instancia.
15 SAMAI, índice 29 de primera instancia.

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instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el
Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental16. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela17.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el
requisito de relevancia constitucional18: i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii)
Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue

16 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 Ibidem.
18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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proferida la providencia acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:

«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

En primer lugar, la Sala estudiará las solicitudes de desvinculación por parte de varios
terceros interesados. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC, la Nación-
Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Nación-Ministerio de
Justicia, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, el Municipio de Ibagué, la
Nación-Fiscalía General de la Nación, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional,
en sus contestaciones solicitaron ser desvinculados del proceso por no tener legitimación
en la causa por pasiva.

Frente a estas solicitudes es preciso aclarar a dichas entidades que no son sus acciones
u omisiones las que se enjuician con la presente acción, sino las de las autoridades
judiciales accionadas. A pesar de ello, como fueron demandados en el proceso de
reparación directa iniciado por el accionante, la Sala advierte que tienen un interés en la
acción que les permite pronunciarse en esta oportunidad. Así las cosas, las entidades
deben permanecer vinculadas en la calidad de terceros con interés. Por ello, la Sala
confirmará este punto de la providencia impugnada.

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Dicho lo anterior, corresponde a la Sala resolver el caso bajo examen.

El accionante considera que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, al proferir los autos del 19 de julio de 2024 y del 5 de diciembre de 2024. Aduce
que en estos se incurrió en los defectos de desconocimiento del precedente y sustantivo.
Esto, por haber rechazado la demanda de reparación directa, al considerar que se había
configurado el fenómeno de la caducidad.

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué consideró, con base en la
jurisprudencia del Consejo de Estado, que la caducidad debe contarse desde el momento
en que el actor conoció del daño que genera los perjuicios que reclama. Para esta
autoridad judicial, ese conocimiento se produjo en el momento en que el accionante
ingresó a las instalaciones de la Permanente Central –el 8 de septiembre de 2021– por
lo que la caducidad contó desde el 9 de septiembre de ese año hasta el 9 de septiembre
de 2023.

Al enjuiciar las providencias, el accionante afirma, con base en distintos
pronunciamientos proferidos por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y
de los Tribunales Administrativos del Quindío, del Tolima y de Antioquia, que el cómputo
debió iniciar desde que cesó el daño.

En ese sentido, considera que las autoridades no tuvieron en cuenta que el daño en el
cual se fundamentó la demanda, las condiciones de hacinamiento, es de tracto sucesivo.
En consecuencia, al tratarse de un hecho dañoso que se prolongó en el tiempo, el término
de la caducidad debió contabilizarse desde la cesación del daño y no desde la fecha de
ingreso a la Permanente Central, como lo consideró el juez de primera instancia. Esgrime
que el daño terminó una vez recobró la libertad, es decir, la fecha en que se dio su salida
efectiva la Permanente Central de la Policía de Ibagué, el 25 de abril de 2022.

Además, afirma que el 6 de marzo de 2024, faltando 1 mes y 20 días para que se
cumpliera el término de la caducidad, presentó solicitud de conciliación extrajudicial. Esto
suspendió el cómputo hasta la expedición del acta que declaró fallida la conciliación, el
10 de mayo de 2024. Como en esa misma fecha presentó la demanda de reparación
directa, lo hizo en tiempo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03132-01
Accionante: Eduardo López Chávez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

El Tribunal accionado, por su parte, resolvió confirmar lo resuelto por el a quo pues,
conforme al material probatorio aportado y el marco normativo y jurisprudencial aplicable
al caso, consideró, contrario a lo manifestado por el actor, que el término para el cómputo
de la caducidad del medio de control presentado inició el 9 de septiembre de 2021, es
decir desde el día siguiente que inició su detención, y no desde el 25 de abril de 2025 de
mayo de 2022, fecha a partir de la cual el demandante salió del centro de reclusión objeto
del hacinamiento reclamado. Trajo a colación los artículos 140 y 164 del CPACA, así
como la jurisprudencia de esta Corporación. Con base en estos planteó que no era dable
acceder a admitir la demanda incoada, pues:

« (…) el punto de partida para el cómputo del término de caducidad es la ocurrencia
de la acción u omisión causante del daño (hecho dañoso), sin que sea necesario
entrar a verificar el tipo de daño que se cause (continuado).

Bajo este hilo conductor, es patente que el actor desde el mismo momento en que
entró a las instalaciones de la Permanente Central de la Policía de Ibagué el 8 de
septiembre del año 2021 por el delito de Tráfico de Estupefacientes, Tráfico,
Fabricación o Porte de Estupefacientes, Destinación Ilícita de muebles o inmuebles
y uso de menores de edad para la comisión, según da cuenta la certificación
expedida el 15 de febrero de 2023 por la Policía Metropolitana de Ibagué2, tuvo
conocimiento directo de las condiciones de hacinamiento presentadas pues era un
hecho notorio (514% de hacinamiento), y por ende de la falla del servicio carcelario,
habilitándolo para que pudiera acudir desde ese momento a la jurisdicción
contenciosa administrativa a solicitar la reparación de sus perjuicios y no esperar
a que terminara su reclusión para accionar, como equivocadamente lo considera
el extremo demandante, lo que conduciría a una ampliación injustificada del
término legal de caducidad del medio de control.

En este sentido, ante la comprobación en esta temprana etapa procesal de la
configuración del fenómeno jurídico de la caducidad, pues la solicitud de
conciliación extrajudicial se radicó sólo hasta el 6 de marzo de 2024 y la
demanda el 10 de mayo de esta misma anualidad, esto es cuando habían
transcurrido más de dos (2) años desde el conocimiento de la falla de la
administración, no quedaba alternativa diferente que declarar probada la
caducidad como lo hizo el a quo, garantizando con ello la seguridad jurídica y
el interés general, y evitando un desgaste innecesario de la administración de
justicia. »

Adicionalmente, citó un fallo que negó una acción de tutela dirigida en contra de una
sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de radicado 05001-23-31-000-
2002-04829-01, en que resolvió un asunto similar de la misma forma.

La Subsección B de la Sección Segunda, al resolver la acción de tutela en primera
instancia, negó las pretensiones porque consideró que no hubo desconocimiento del

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Accionante: Eduardo López Chávez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

precedente en tanto el Consejo de Estado no tiene una posición pacifica frente a la
materia y porque la providencia acogió el criterio más frecuente, actual y vigente.

Además, argumentó que el accionante supo del hacinamiento desde el momento en que
ingresó al centro y que el debate propuesto sobre la caducidad buscaba que la tutela
obrara como tercera instancia.

Finalmente, en la impugnación, el accionante pretende que se analice la acción por
cuanto se invocan principios constitucionales y el estado de especial protección de las
personas privadas de la libertad. Además, reiteran precedente del Consejo de Estado
que ha considerado que el hacinamiento es un daño continuado.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Sala advierte que los argumentos presentados
por el accionante no acreditan una vulneración o amenaza de derechos fundamentales,
sino que se encaminan a volver sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento
y esgrimen divergencias de carácter netamente legal.

Esto, pues las autoridades judiciales accionadas, en las providencias reprochadas,
consideraron que el medio de control incoado debía ser rechazado por cuanto este fue
presentado por fuera del término legal destinado para ello, situación que dio lugar a la
configuración del fenómeno de la caducidad. Plantearon, contrario a lo que considera el
actor, que este tuvo conocimiento del daño –es decir, de las condiciones de
hacinamiento–, desde que ingresó al centro de reclusión, y no desde el día siguiente de
su salida de este ni desde la respuesta a la petición. De modo que, revisados los
fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la Sala estima que provienen de una
interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco
legal y jurisprudencial aplicable al asunto.

Tan es así, que los jueces de primera y segunda instancia recurrieron a otras providencias
judiciales para afirmar que el conocimiento de las circunstancias dañosas se configuró
desde el ingreso al centro de detención transitoria, lo cual demarca el inicio del conteo de
la caducidad. Como consecuencia de lo anterior, la acción no reviste relevancia
constitucional, dado que busca revivir el debate jurídico procesal que ha sido zanjado por
los jueces naturales del asunto.

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Accionante: Eduardo López Chávez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Adicionalmente, la impugnación trae argumentos que no son de recibo en esta instancia,
en lo que respecta a los principios pro homine y pro accione, la Sala advierte que en
cualquier litigio se genera tensión sobre los principios constitucionales, más aún
tratándose del debido proceso. Y aun así, el mero desacuerdo con los jueces de instancia,
por más que exista un argumento mediado por principios constitucionales, no suscita una
discusión relevante para el juez constitucional por no estar ligada a la vulneración de los
derechos fundamentales.

Por otro lado, el precedente que se pone de presente no resulta suficiente para desvirtuar
la razonabilidad de la decisión, de cara al requisito de relevancia constitucional. La parte
accionante se limita a exponer una diferencia de posturas jurisprudenciales, incluso
dentro de esta Corporación, donde una de ellas beneficia sus intereses. Sin embargo, la
diferencia de criterio jurídico con los jueces de instancia no suscita una discusión en la
que deba intervenir el juez constitucional del asunto, máxime cuando esos criterios tienen
respaldo en las fuentes del derecho.

Así las cosas, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez de tutela revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es una
instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la autonomía e
independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las razones expuestas, la
acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 25 de junio de 2025 por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones
expuestas en la presente providencia.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Accionante: Eduardo López Chávez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

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