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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01605-00

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01605-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por la señora Diana María Botero Madrid, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01605-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

5 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01605-00
Demandante: Diana María Botero Madrid

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01605-00
Demandante: DIANA MARÍA BOTERO MADRID
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A,
Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica mínima y suficiente
para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada / La
accionante omitió exponer las razones por las que considera que se rechazó indebidamente el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia / Se pretende usar la tutela como instancia
adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, para cuestionar la valoración
probatoria y la definición que del litigio realizó la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por la señora Diana María Botero Madrid
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Sala Sexta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 19 de marzo de la presente anualidad, la señora Diana María Botero Madrid, a
través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, con ocasión de
la providencia del 11 de septiembre de 2024, mediante la cual se rechazó un recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia y de la sentencia de segunda instancia
proferida, el 6 de diciembre de 2023, en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-005-2017-001150-01. Formuló
las siguientes pretensiones:

1
Se advierte que el 3 de abril de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01605-00
Demandante: Diana María Botero Madrid

PRIMERO: Conforme a los hechos que más adelante se narran, respetuosamente
solicito al Honorable Consejo de Estado de manera inmediata se proceda al amparo
de los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO EFECTIVO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD Y PRECEDENTE JUDICIAL,
declarando y ordenando lo siguiente:

SEGUNDO: Que el CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
incurrió en vías de hecho y, por tanto, debe declararse la nulidad de su actuación
contenida en la sentencia del día once (11) de septiembre de dos mil veinticuatro
(2024), mediante la cual se dispuso RECHAZAR EL RECURSO DE UNIFICACIÓN
DE JURISPRUDENCIA. Por lo anterior, solicito se deje sin efectos la providencia y,
en su lugar, se profiera una nueva decisión.

2. De la demanda de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente
relevantes:

3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora
Diana María Botero Madrid demandó al Hospital General de Medellín «Luz Castro de
Gutiérrez», con el fin de que se anulara el Oficio HGM012-2016007463 del 3 de octubre
de 2016, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de las reclamaciones de
carácter laboral solicitadas mediante petición del 7 de septiembre anterior. A título de
restablecimiento del derecho, la demandante pidió que: (i) se declarara la existencia de
un contrato realidad entre los siguientes extremos temporales: del 1° de febrero de 2012
al 30 de junio de 2014 y (ii) que se efectuara la nivelación salarial y prestacional
equivalente al cargo de auxiliar de enfermería de la planta de personal de la entidad
demandada.

4. Según se narró en la demanda, la señora Botero Madrid prestó sus servicios como
enfermera de forma ininterrumpida, personal, permanente y subordinada al hospital
demandado entre el 1° de febrero de 2012 y el 30 de junio de 2014, por medio de la
Corporación para la salud – Corfenix, del Sindicato de Profesionales y Oficios de la Salud
• DAR-SER y, a partir del 1° de julio de 2014, de manera directa; no obstante, devengaba
salario y prestaciones sociales inferiores a los que recibía un funcionario de planta de la
entidad.

5. Al proceso se le asignó el radicado 05001-33-33-005-2017-00115-00 y correspondió,
por reparto, al Juzgado Quinto Administrativo de Medellín, que, en sentencia del 19 de
mayo de 2022, negó las súplicas de la demanda, bajo la consideración de que no se
configuraron los elementos de la relación laboral, especialmente, el de subordinación. En
su criterio, las pruebas obrantes en el expediente resultaban insuficientes para acreditar
que la parte actora recibió y ejecutó órdenes, cumplió horarios, se vio sometida a
reglamentos o que no tenía la posibilidad de actuar con independencia dentro del marco
del cumplimiento de los contratos de prestación de servicios suscritos con el Hospital
General de Medellín, la Corporación Corfenix y el Sindicato de Profesiones y Oficios de
la Salud DAR SER, en virtud de los cuales prestó el servicio de auxiliar de enfermería.

6. Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación. Allí afirmó
que en el proceso sí se acreditó la existencia de una relación laboral. Además, indicó
que, si bien es cierto el a quo invocó en su decisión la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021, también lo es que no aplicó adecuadamente los criterios allí fijados,

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01605-00
Demandante: Diana María Botero Madrid

pues, de haberlo hecho, hubiera llegado a una conclusión distinta respecto de la
subordinación.

7. Mediante sentencia del 6 de diciembre de 2023, la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia confirmó la sentencia de primera instancia. Argumentó que
la demandante no logró desvirtuar los contratos de prestación de servicios celebrados,
porque no probó la concurrencia de los tres elementos constitutivos de la relación laboral,
particularmente, la subordinación y dependencia continuadas y la remuneración, lo que
impedía que surgiera el pago de prestaciones sociales a favor de la demandante.

8. El 5 de agosto de 2024, la señora Botero Madrid formuló recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia. Expuso que al expediente se allegaron diversos elementos
de convicción que evidenciaban que, en el caso bajo estudio, sí estaban presentes los
tres elementos propios de una relación laboral, especialmente, el de la subordinación.
En particular, se refirió a los contratos de prestación de servicios, al lugar de prestación
del servicio, al cuadro de turnos —en el que se evidenciaba el horario que debía cumplir
la demandante—, a los testimonios y, en general, a todas las pruebas documentales y
testimoniales obrantes en el proceso. Afirmó que estas no lograron desvirtuar la
presunción de subordinación que recae sobre el ejercicio de la enfermería, por lo que era
«indudable» que existió una verdadera relación laboral entre la demandante y la
demandada.

9. Al proceso se le asignó el radicado 05001-33-33-005-2017-00115-01 y correspondió,
por reparto, a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que, en
providencia del 11 de septiembre de 2024, rechazó el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia. Estimó que el referido medio extraordinario de impugnación
tiene como fines asegurar la unidad de interpretación del derecho y su aplicación
uniforme, así como reparar los agravios causados con una providencia que
eventualmente desconozca una sentencia de unificación, escenario que, a su juicio, no
se configuró en el sub judice, pues la inconformidad planteada en el escrito inicial estaba
relacionada con el análisis de los elementos probatorios realizado por el Tribunal ad
quem, como si se tratara de una tercera instancia del proceso ordinario.

10. En el escrito de tutela, la accionante afirmó que Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
sin realizar ningún tipo de análisis probatorio y/o jurisprudencial sobre el fondo de la
controversia e insistió en que en el caso concreto estaban acreditados todos los
elementos para que se declarara la existencia de una relación laboral; no obstante, la
Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia omitió aplicar
adecuadamente las reglas de unificación contenidas en la sentencia del 9 de septiembre
de 2021 y negó infundadamente las pretensiones de la demanda. Motivo por el cual la
aludida sentencia de segunda instancia adolece de defecto por desconocimiento del
precedente jurisprudencial.

B. Trámite impartido e intervenciones

11. Mediante auto del 25 de marzo de 20252, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo

2
SAMAI, índice 4.

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Demandante: Diana María Botero Madrid

de Estado y la Sala Sexta de Decisón del Tribunal Administrativo de Antioquia y vinculó
al Hospital General de Medellín «Luz Castro de Gutiérrez», en calidad de tercero con
interés. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

12. El Hospital General de Medellín «Luz Castro de Gutiérrez»3, pidió que se
declarara improcedente el amparo solicitado, pues el apoderado de la accionante
pretende utilizar el mecanismo para planear un debate de orden legal que ya fue objeto
de estudio en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho e indicó que a lo
anterior se suma el hecho de que en el caso en concreto no se configuraron los requisitos
específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
establecidos por la Corte Constitucional.

13. El Juzgado Quinto Administrativo de Medellín4 allegó copia digital del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-005-2017-00115-00,
pero no se pronunció respecto de la petición de amparo.

14. Los demás vinculados guardaron silencio, pese a que fueron debidamente
notificados del auto admisorio de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

15. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno
del Consejo de Estado).

D. Cuestión previa

16. Antes de formular el problema jurídico, la Sala estima necesario precisar que, al
realizar el estudio de la admisibilidad de la presente acción constitucional, el despacho
sustanciador del proceso advirtió que el abogado que decía actuar en representación de
la señora Botero Madrid no aportó el poder especial conferido por ella para presentar la
solicitud de amparo, por lo que, en auto del 25 de marzo del año en curso, lo requirió,
con el fin de que aportara el aludido mandato.

17. Mediante memorial radicado el 28 de marzo de la presente anualidad 5, el apoderado
de la demandante aportó el poder especial conferido por ella para que presentara acción
de tutela, con el fin de que «se deje sin efectos legales la actuación contenida en la
providencia del once (11) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), mediante la cual
se dispuso RECHAZAR EL RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA y, en

3 SAMAI, índice 10.
4 SAMAI, índice 8.
5 SAMAI, índice 9.

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su lugar, ordene proferir una nueva decisión que esté de acuerdo con los mandatos
legales sobre la materia y los precedentes jurisprudenciales aplicables al caso».

18. En el mismo escrito, la señora Botero Madrid especificó que sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia
resultaron vulnerados «por las actuaciones y omisiones por parte del CONSEJERO
PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN (A)».

19. De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que, en cumplimiento del requerimiento
efectuado por el despacho sustanciador del proceso el pasado 25 de marzo, el abogado
de la accionante aportó el poder especial conferido por ella únicamente para cuestionar
la decisión del 11 de septiembre de 2024, por medio de la cual la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia.

20. Así las cosas, dado que el artículo 74 del CGP establece que «[e]n los poderes
especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados», el
estudio de la presente acción constitucional se circunscribirá a analizar los cargos
erigidos contra la mencionada providencia, sin reparar en los reproches que se
formularon contra la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 05001-33-33-005-2017-00115-01.

E. Problema jurídico

21. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Sólo en el evento de que se cumplan tales
exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia de la señora
Diana María Botero Madrid, al rechazar el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia que presentó.

F. Análisis de la Sala

Causales generales de procedibilidad

22. De entrada, se advierte que la acción de tutela no cumple con los requisitos de
subsidiariedad y de relevancia constitucional.

23. En efecto, consultado el trámite del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia en el aplicativo Samai6, se observa que la parte actora no interpuso el

6 Radicado 05001333300520170011501. M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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recurso procedente contra el auto que lo rechazó, esto es, el recurso de súplica previsto
en el artículo 2467 de la Ley 1437 de 2011. Por tanto, no puede ahora utilizar la acción
de tutela para subsanar esa falencia. Recuérdese que el mecanismo de amparo
constitucional es de naturaleza subsidiaria, razón por la cual se torna improcedente ante
la existencia de otros medios judiciales de defensa.

24. De otra parte, en cuanto a la exigencia de la relevancia constitucional, se tiene que,
en sentencia del 5 de agosto de 20148, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el
juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o
no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos: una carga
argumentativa mínima y que no se utilice este instrumento como tercera instancia o
instancia adicional a las establecidas por el legislador.

25. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 9 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

26. Como se determinó desde la cuestión previa, la Sala reitera que el estudio se
circunscribirá a analizar los cargos formulados en el escrito de amparo contra el auto del
11 de septiembre de 2024, en virtud del cual la Subsección A de la Sección Segunda de
esta Corporación rechazó un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Lo
anterior, por cuanto, de acuerdo con el poder conferido al apoderado de la demandante,
éste sólo está facultado para cuestionar la mencionada providencia.

27. Así, en la petición de amparo, la señora Botero Madrid alegó que la Subsección A de
la Sección Segunda de esta Corporación vulneró sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión del
auto del 11 de septiembre de 2024, por medio del que la referida autoridad judicial
rechazó un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia sin realizar «ningún
tipo de análisis probatorio y mucho menos jurisprudencial».

28. Se advierte entonces que la presente acción constitucional carece del requisito de
relevancia constitucional, como quiera que el escrito de tutela no contiene una carga
argumentativa mínima que permita al juez del amparo analizar si la decisión censurada

7 ARTÍCULO 246. SÚPLICA. <Artículo modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo

texto es el siguiente:> El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el magistrado
ponente:
(…)
3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios; los rechace o declare
desiertos.
(…).
8 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022

y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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adolece de algún defecto que la invalide y, por tanto, si con ella se vulneraron o no los
derechos fundamentales de la demandante.
29. Ciertamente, a lo largo del escrito de tutela la parte actora insistió en que los jueces
de la causa en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se adelantó bajo
el radicado 05001-33-33-005-2017-001150-01 desconocieron e inaplicaron los criterios
y reglas fijados en la sentencia de unificación CE-SU-025-CES2-2021 del 9 de
septiembre de 2021, pues las pruebas recaudadas en el trámite dan cuenta de la
concurrencia de los elementos propios de una relación laboral, lo que devenía en la
obligación de reconocimiento y pago de los emolumentos, salarios y prestaciones que se
derivaban de ella.

30. No obstante, respecto de la providencia que rechazó el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, se limitó a manifestar su inconformidad, en el sentido de
que, a su modo de ver, la autoridad judicial accionada no realizó una valoración
probatoria ni efectuó un análisis jurisprudencial sobre el fondo de la controversia.

31. En su desacuerdo la parte actora omitió señalar cómo y en qué consistió la supuesta
falta de apreciación probatoria que condujo a la Subsección A de la Sección Segunda de
esta Corporación a rechazar indebidamente el recurso extraordinario de unificación, ni
se preocupó por explicar por qué era procedente su admisión.

32. En los términos expuestos, la Sala observa que el juez del amparo carece de
parámetros para analizar si la autoridad judicial demandada incurrió en algún yerro al
rechazar el recurso extraordinario de unificación formulado por la demandante contra la
sentencia del 6 de diciembre de 2023, proferida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia. Por el contrario, revisada la providencia censurada se
advierte que la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, en el marco
de su autonomía e independencia judicial, consideró que los reproches expuestos en el
escrito de impugnación constituían una reiteración de la postura de la demandante en el
litigio ordinario, sin ofrecer razones que permitieran establecer que en el caso de estudio
podía existir una contradicción o indebida aplicación de las reglas fijadas en la sentencia
de unificación invocada.

33. Además, concluyó que los cuestionamientos expuestos en el recurso extraordinario
relacionados con una supuesta indebida valoración probatoria dejaban ver que la
demandante pretendía convertir tal mecanismo excepcional en una tercera instancia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se
emitiera un nuevo pronunciamiento sobre los elementos de convicción decretados y
practicados en el proceso.

34. Cabe señalar que, en sentencia de unificación SU-215 de 2022, la Corte
Constitucional insistió en la relevancia constitucional como un requisito necesario para la
procedencia de la tutela contra providencia judicial, a fin de impedir que se convierta en
instancia adicional a los procesos o se resuelvan aspectos legales, económicos sin
trascendencia constitucional.

[…] según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela
como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso

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adicional para reabrir debates meramente legales10. Para determinar si este requisito
se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y,
(iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales11.

35. Así pues, luego de considerar los criterios señalados, es claro que el presente asunto
no es de aquellos en los que exista la necesidad de interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución o darle alcance a un derecho fundamental, ni siquiera por el hecho de que
se alegue la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia, pues la demanda carece de carga
argumentativa mínima para desvirtuar la validez y razonabilidad de la providencia
censurada.

36. En suma, como se anticipó, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
promovida por la señora Diana María Botero Madrid, por incumplimiento de los requisitos
de subsidiariedad y relevancia constitucional.

37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por la señora Diana María
Botero Madrid, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

10 Cita original de la providencia: En la sentencia T-131 de 2021, “la Corte resumió los escenarios en los

que un asunto reviste relevancia constitucional, así: (i) se desconoce, a priori, el derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso en su faceta constitucional; (ii) no se emplea
como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está orientado a resolver aspectos que
trascienden cuestiones legales; (iv) no tiene la pretensión de cuestionar el criterio de los árbitros para
decidir el caso; (v) pretende cuestionar la falta de aplicación de normas constitucionales; y (vi) busca evitar
la afectación del patrimonio público cuando se cumplen determinadas condiciones.”
11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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www.consejodeestado.gov.co

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