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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01605-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01605-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01605-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01605-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: DIANA MARÍA BOTERO MADRID

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. NO SE CUMPLE CON EL
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. LA ACTORA NO HIZO USO DEL
RECURSO DE SÚPLICA QUE TENÍA A SU ALCANCE CONTRA EL
RECHAZO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA E IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora

contra la sentencia de 5 de mayo de 2025, mediante la cual la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

1
En adelante la SECCIÓN TERCERA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01605-00
Actora: DIANA MARÍA BOTERO MADRID

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

La señora DIANA MARÍA BOTERO MADRID, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y a la igualdad, los cuales, a su juicio,

le fueron vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN

“A”- DEL CONSEJO DE ESTADO2 al proferir la providencia de 11

de septiembre de 2024 dentro del recurso extraordinario de

unificación de jurisprudencia identificado con el número único de

radicación 05001-33-33-005-2017-00115-01.

I.2 Hechos

Indicó que promovió el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho contra el Hospital General de

Medellín, con el fin de que se declarara la nulidad del acto

administrativo por medio del cual se le negó el reconocimiento y

pago de las reclamaciones de carácter laboral solicitadas y, a título

de restablecimiento, que se declarara la existencia de un contrato

2
En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.

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Actora: DIANA MARÍA BOTERO MADRID

realidad entre las partes.

Relató que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 2017-00115-00 y correspondió por reparto al Juzgado

Quinto Administrativo de Medellín que, mediante sentencia de 19

de mayo de 2022, denegó las pretensiones al considerar que no

se configuraron los elementos de la relación laboral,

especialmente, el de subordinación, decisión confirmada en

segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia en

providencia de 6 de diciembre de 2023.

Manifestó que contra la anterior decisión promovió recurso

extraordinario de unificación de jurisprudencia, en el cual allegó

los elementos de convicción que demostraban la relación laboral

entre las partes, el cual le correspondió a la SECCIÓN SEGUNDA

que, en providencia de 11 de septiembre de 2024, lo rechazó al

estimar que la controversia giraba en torno al análisis de los

elementos probatorios allegados al proceso.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la SECCIÓN SEGUNDA sin ningún tipo

de análisis probatorio y mucho menos jurisprudencial, profirió la

decisión de rechazo del recurso extraordinario de unificación de

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jurisprudencia, pues se limitó a sostener que la parte actora se

encontraba inconforme con la valoración probatoria, mas no con

la contradicción de las reglas jurisprudenciales trazadas en la

sentencia de unificación, concluyendo que se pretendió utilizar el

recurso como una tercera instancia, desconociendo así que el

recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como

fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho y su

aplicación uniforme.

Aseveró que la autoridad judicial accionada incurrió en

desconocimiento del precedente judicial establecido por el Consejo

de Estado en sentencia de 9 de septiembre de 20213 que ha fijado

las reglas y criterios para el examen de un contrato realidad, por

lo que el recurso extraordinario de unificación no debió ser

rechazado, pues desconoció que existían suficientes medios de

prueba para determinar que sí se configuró el elemento de la

subordinación.

Adujo que en el proceso no se respetó el elemento de la

temporalidad que se debe cumplir en la celebración de contratos

de prestación de servicios, ni la solución de continuidad, entre

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, radicación núm. 05001-23-33-000-2013-01143-01.

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otros factores que determinaban que sí se cumplía con los

presupuestos para declarar el contrato realidad.

Destacó que no se tuvo en cuenta el testimonio de la señora ALBA

ROCÍO MONTOYA, lo que lleva a la conclusión de que se realizó

una valoración defectuosa del material probatorio allegado al

proceso.

Por último, destacó que la solicitud de amparo cumple con los

requisitos generales para su procedencia.

I.4. Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende la

protección de sus derechos fundamentales invocados como

vulnerados y, en consecuencia, solicita:

“[…] Ordene al CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN
DUQUE GUTIÉRREZ, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN
(A), proferir una nueva decisión, mediante la cual, se dé
aplicación al precedente judicial establecido en la Sentencia
de fecha nueve (09) de septiembre de dos mil veintiuno
(2021), proferida por la SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA. Demandante:
GLORIA LUZ MANCO QUIROZ. Demandado: Municipio de
Medellín - Personería de Medellín y otro. Radicado: 05 001 23
33 000 2013 01143 01 […]”.

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I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA pese a ser notificada del trámite

constitucional, guardó silencio.

I.6. Intervinientes

I.6.2.- El Hospital General de Medellín Luz Castro de

Gutiérrez E.S.E. indicó que no ha vulnerado derecho fundamental

alguno de la actora, por lo que la solicitud de amparo de la

referencia resulta improcedente.

Destacó que la parte actora no manifiesta en concreto en qué

consiste la violación del debido proceso en su caso, pues

simplemente realiza apreciaciones abstractas sin concretar en que

consiste la vulneración, pues para demostrar un defecto fáctico la

parte interesada tiene la carga de acreditar de manera razonada

la equivocación en que ha incurrido la autoridad judicial accionada

en el análisis y valoración de los medios de convicción.

Sostuvo que por el solo hecho de no compartir los razonamientos

probatorios, no necesariamente se configura una vía de hecho,

máxime que lo que se pretende tanto con el recurso extraordinario

de unificación como con la presente acción de tutela, es que se

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valoren nuevamente las pruebas allegadas al proceso de nulidad

y restablecimiento del derecho.

Así las cosas, aseveró que no se cumple con el requisito de la

relevancia constitucional, por lo que solicitó que no se tutelen los

derechos fundamentales invocados.

I.6.3.- El Juzgado Quinto Administrativo de Medellín se

limitó a enviar el expediente digital contentivo del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho origen de la

controversia, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo

del asunto.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 5 de mayo de 2025, la SECCIÓN TERCERA

declaró improcedente la solicitud de amparo al estimar que no se

cumplió con el requisito de la subsidiariedad, en la medida en que

la actora no agotó el recurso de súplica que tenía a su alcance

para controvertir la decisión que rechazó el recurso extraordinario

de unificación.

Sumado a lo anterior, destacó que tampoco se cumplió con el

requisito de la relevancia constitucional, comoquiera que no se

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cumplió con la carga argumentativa mínima que permita al juez

del amparo analizar si la decisión censurada adolece de algún

defecto que la invalide.

En efecto, resaltó que la parte actora en el escrito de tutela insistió

en que los jueces del proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho desconocieron e inaplicaron los criterios y reglas fijados

en la sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021, no

obstante, respecto del rechazo del recurso extraordinario de

unificación se limitó a manifestar su inconformidad sin señalar en

qué consistió la supuesta falta de apreciación probatoria de la

SECCIÓN SEGUNDA, ni se ocupó de explicar por qué era

procedente su admisión.

Sumado a lo anterior, afirmó que los cuestionamientos expuestos

en el recurso extraordinario de unificación relacionados con una

supuesta indebida valoración probatoria dejaban ver que la

demandante pretendía convertir tal mecanismo excepcional en

una tercera instancia del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, lo cual no resulta válido.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

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La parte actora impugnó la sentencia proferida en primera

instancia, para lo cual argumentó lo siguiente:

Adujo que, contrario a lo advertido por el a quo, sí se cumple con

el requisito de la subsidiariedad, toda vez que si se agotaron todos

los medios ordinarios y extraordinarios que tenía a su alcance.

Sostuvo que en el asunto bajo examen el recurso de súplica sería

inoperante, pues la SECCIÓN SEGUNDA es de la tesis de que las

reglas que trae la sentencia de unificación no son aplicables en

estos casos; además, si el recurso extraordinario fue rechazado

por falta de requisitos, lo procedente era haberse inadmitido y

conceder el término de 5 días para que la recurrente subsane la

solicitud, oportunidad procesal que nunca se otorgó, razón más

para considerar vulnerados sus derechos fundamentales.

Ahora, en cuanto al requisito general de la relevancia

constitucional, destacó que el asunto sí reviste de una especial

connotación constitucional, pues gira en torno al desconocimiento

de una postura jurídica adoptada por el Consejo de Estado, la

Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en la cual, en

asuntos con identidad fáctica se han amparado los derechos

fundamentales invocados, máxime cuando se trata de derechos

laborales.

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Insistió en que la autoridad judicial accionada desconoció el

precedente judicial dispuesto por la Sección Segunda del Consejo

de Estado en sentencia de 9 de septiembre de 2021, respecto a

los asuntos donde se pretende desvirtuar un contrato de

prestación de servicios y se reconoce la existencia de una relación

laboral.

Aseveró que los presupuestos necesarios para establecer la

existencia de un contrato realidad, están plenamente demostrados

dentro del proceso, en especial, el elemento de la subordinación,

lo que deja en evidencia un indebido análisis probatorio realizado

por el Tribunal Administrativo de Antioquia y un desconocimiento

del precedente dispuesto por la Corte Constitucional, el Consejo

de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, solicitó revocar la decisión proferida por el a quo y,

en su lugar, acceder al amparo deprecado.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

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de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción

de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política,

en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo

de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García

González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica

y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es

procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando

se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales

fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros

fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

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aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción

de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales,
de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y

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proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio
y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible . Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
[8]

acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida,
mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.

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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado
fuera del texto)

En el caso bajo examen, la parte actora pretende que se deje sin

efecto la providencia de 11 de septiembre de 2024, proferida

por la SECCIÓN SEGUNDA dentro del recurso extraordinario de

unificación identificado con el número único de radicación 2017-

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00115-01, a través de la cual se rechazó el mencionado recurso.

El proceso aludido tiene origen en el medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho promovido por la actora contra el

Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, con el fin de

que se declarara la existencia de un contrato realidad entre las

partes, el cual fue resuelto de forma desfavorable para sus

intereses, por lo que la señora BOTERO MADRID interpuso

recurso extraordinario de unificación.

El disenso de la actora se deriva del hecho de que, a su juicio, la

SECCIÓN SEGUNDA sin ningún tipo de análisis probatorio y

mucho menos jurisprudencial, profirió la decisión de rechazo del

recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, pues se

limitó a sostener que la parte actora se encontraba inconforme

con la valoración probatoria, mas no con la contradicción de las

reglas jurisprudenciales trazadas en la sentencia de unificación,

concluyendo que se pretendió utilizar el recurso como una tercera

instancia, desconociendo así que el recurso extraordinario de

unificación de jurisprudencia tiene como fines asegurar la unidad

de la interpretación del derecho y su aplicación uniforme.

En el curso de la primera instancia de la presente acción de tutela

la SECCIÓN TERCERA declaró improcedente la acción de tutela

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por falta de los requisitos generales de subsidiariedad y relevancia

constitucional.

En la impugnación la actora iteró los argumentos iniciales e indicó

que sí se cumple con los requisitos de subsidiariedad y relevancia

constitucional, máxime cuando se están discutiendo derechos

laborales.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico

que debe resolver consiste en determinar si en el presente caso

se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de primer

grado, para lo cual, en primer lugar se debe estudiar si el caso

cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la

acción de tutela y, de ser así, establecer si la autoridad judicial

accionada vulneró los derechos fundamentales invocados dentro

del recurso extraordinario de unificación identificado con el

número único de radicación 2017-00115-01, al proferir la

providencia de 11 de septiembre de 2024.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia, en especial, el requisito de la

subsidiariedad.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

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requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por

el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo

86 de la Constitución Política», prevé como causal de

improcedencia que «existan otros recursos o medios de

defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio

irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en

concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en

que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que,

existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure en forma

transitoria, en aras de obtener una protección urgente e inmediata

de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de

los derechos fundamentales no sería examinada por su juez

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natural idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo

con las competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia

de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que

se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe

conocer del fondo del asunto.»4 (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

Precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente acción de

tutela es improcedente por incumplir con el requisito

general de la subsidiariedad, comoquiera que la actora no hizo

uso del recurso de súplica que procedía contra la providencia de

11 de septiembre de 2024, por medio de la cual se rechazó el

recurso extraordinario de unificación, de conformidad con lo

establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 246 del CPACA,

mecanismo judicial idóneo para controvertir la providencia

cuestionada.

4 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.

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Actora: DIANA MARÍA BOTERO MADRID

En efecto, de conformidad con los numerales 2 y 3 del artículo 246

del CPACA, contra el auto que rechaza el recurso extraordinario

de unificación procede el recurso de súplica. El citado artículo

prevé:

“[…] ARTÍCULO 246. Súplica. El recurso de súplica procede
contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente:
[…]
2. Los enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo 243 de este
código cuando sean dictados en el curso de la única instancia, o
durante el trámite de la apelación o de los recursos
extraordinarios.
3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos
extraordinarios, los rechace o declare desiertos […]”.
(Destacado fuera de texto).

En ese sentido, si la actora se encontraba inconforme con la

providencia de 11 de septiembre de 2024, por medio de la cual la

SECCIÓN SEGUNDA rechazó el recurso extraordinario de

unificación, lo correcto era interponer el recurso de súplica que

procedía contra dicho proveído, sin que se haya hecho uso del

mismo.

Así las cosas, la Sala considera que la presente acción de tutela

es improcedente ante la existencia de otros medios de defensa

judicial, esto es, el recurso de súplica, el cual la actora tuvo a

su alcance y no interpuso, por lo que no es válido que ahora

pretenda suplir su desidia y descuido dentro del recurso

extraordinario de unificación, máxime cuando no resulta de recibo

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su justificación, pues independientemente de si resultaba

favorable a sus intereses, debió agotarlo.

En ese orden de ideas, se destaca que mal podría el juez de tutela

ordenar un amparo constitucional con el propósito de que se

emitan unas órdenes que evidentemente son competencia del juez

de conocimiento y que deben ser ventiladas dentro del recurso

extraordinario de unificación, escenario idóneo para resolver la

controversia aquí planteada.

Aunado a lo anterior, la Sala no advierte la existencia de un

perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela de

la referencia como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio

irremediable, dado que de los elementos de juicio obrantes en el

expediente no es posible establecer dicha circunstancia.

Finalmente, la Sala se relevará del estudio del requisito general

de la relevancia constitucional, comoquiera que no se encuentra

superado el presupuesto de la subsidiariedad, lo que hace

improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a

quo que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia,

por las razones expuestas en precedencia, como en efecto se

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dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito

y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de junio

de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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