Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01605-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01605-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-01605-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
19 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01605-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: DIANA MARÍA BOTERO MADRID
TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. NO SE CUMPLE CON EL
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. LA ACTORA NO HIZO USO DEL
RECURSO DE SÚPLICA QUE TENÍA A SU ALCANCE CONTRA EL
RECHAZO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA E IGUALDAD.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la sentencia de 5 de mayo de 2025, mediante la cual la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1 declaró improcedente la solicitud de amparo.
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En adelante la SECCIÓN TERCERA.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01605-00
Actora: DIANA MARÍA BOTERO MADRID
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
La señora DIANA MARÍA BOTERO MADRID, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, los cuales, a su juicio,
le fueron vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN
“A”- DEL CONSEJO DE ESTADO2 al proferir la providencia de 11
de septiembre de 2024 dentro del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia identificado con el número único de
radicación 05001-33-33-005-2017-00115-01.
I.2 Hechos
Indicó que promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Hospital General de
Medellín, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo por medio del cual se le negó el reconocimiento y
pago de las reclamaciones de carácter laboral solicitadas y, a título
de restablecimiento, que se declarara la existencia de un contrato
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En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.
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Actora: DIANA MARÍA BOTERO MADRID
realidad entre las partes.
Relató que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2017-00115-00 y correspondió por reparto al Juzgado
Quinto Administrativo de Medellín que, mediante sentencia de 19
de mayo de 2022, denegó las pretensiones al considerar que no
se configuraron los elementos de la relación laboral,
especialmente, el de subordinación, decisión confirmada en
segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia en
providencia de 6 de diciembre de 2023.
Manifestó que contra la anterior decisión promovió recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, en el cual allegó
los elementos de convicción que demostraban la relación laboral
entre las partes, el cual le correspondió a la SECCIÓN SEGUNDA
que, en providencia de 11 de septiembre de 2024, lo rechazó al
estimar que la controversia giraba en torno al análisis de los
elementos probatorios allegados al proceso.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, la SECCIÓN SEGUNDA sin ningún tipo
de análisis probatorio y mucho menos jurisprudencial, profirió la
decisión de rechazo del recurso extraordinario de unificación de
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jurisprudencia, pues se limitó a sostener que la parte actora se
encontraba inconforme con la valoración probatoria, mas no con
la contradicción de las reglas jurisprudenciales trazadas en la
sentencia de unificación, concluyendo que se pretendió utilizar el
recurso como una tercera instancia, desconociendo así que el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como
fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho y su
aplicación uniforme.
Aseveró que la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial establecido por el Consejo
de Estado en sentencia de 9 de septiembre de 20213 que ha fijado
las reglas y criterios para el examen de un contrato realidad, por
lo que el recurso extraordinario de unificación no debió ser
rechazado, pues desconoció que existían suficientes medios de
prueba para determinar que sí se configuró el elemento de la
subordinación.
Adujo que en el proceso no se respetó el elemento de la
temporalidad que se debe cumplir en la celebración de contratos
de prestación de servicios, ni la solución de continuidad, entre
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, radicación núm. 05001-23-33-000-2013-01143-01.
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otros factores que determinaban que sí se cumplía con los
presupuestos para declarar el contrato realidad.
Destacó que no se tuvo en cuenta el testimonio de la señora ALBA
ROCÍO MONTOYA, lo que lleva a la conclusión de que se realizó
una valoración defectuosa del material probatorio allegado al
proceso.
Por último, destacó que la solicitud de amparo cumple con los
requisitos generales para su procedencia.
I.4. Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende la
protección de sus derechos fundamentales invocados como
vulnerados y, en consecuencia, solicita:
“[…] Ordene al CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN
DUQUE GUTIÉRREZ, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN
(A), proferir una nueva decisión, mediante la cual, se dé
aplicación al precedente judicial establecido en la Sentencia
de fecha nueve (09) de septiembre de dos mil veintiuno
(2021), proferida por la SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA. Demandante:
GLORIA LUZ MANCO QUIROZ. Demandado: Municipio de
Medellín - Personería de Medellín y otro. Radicado: 05 001 23
33 000 2013 01143 01 […]”.
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I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA pese a ser notificada del trámite
constitucional, guardó silencio.
I.6. Intervinientes
I.6.2.- El Hospital General de Medellín Luz Castro de
Gutiérrez E.S.E. indicó que no ha vulnerado derecho fundamental
alguno de la actora, por lo que la solicitud de amparo de la
referencia resulta improcedente.
Destacó que la parte actora no manifiesta en concreto en qué
consiste la violación del debido proceso en su caso, pues
simplemente realiza apreciaciones abstractas sin concretar en que
consiste la vulneración, pues para demostrar un defecto fáctico la
parte interesada tiene la carga de acreditar de manera razonada
la equivocación en que ha incurrido la autoridad judicial accionada
en el análisis y valoración de los medios de convicción.
Sostuvo que por el solo hecho de no compartir los razonamientos
probatorios, no necesariamente se configura una vía de hecho,
máxime que lo que se pretende tanto con el recurso extraordinario
de unificación como con la presente acción de tutela, es que se
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valoren nuevamente las pruebas allegadas al proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.
Así las cosas, aseveró que no se cumple con el requisito de la
relevancia constitucional, por lo que solicitó que no se tutelen los
derechos fundamentales invocados.
I.6.3.- El Juzgado Quinto Administrativo de Medellín se
limitó a enviar el expediente digital contentivo del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho origen de la
controversia, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo
del asunto.
II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 5 de mayo de 2025, la SECCIÓN TERCERA
declaró improcedente la solicitud de amparo al estimar que no se
cumplió con el requisito de la subsidiariedad, en la medida en que
la actora no agotó el recurso de súplica que tenía a su alcance
para controvertir la decisión que rechazó el recurso extraordinario
de unificación.
Sumado a lo anterior, destacó que tampoco se cumplió con el
requisito de la relevancia constitucional, comoquiera que no se
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cumplió con la carga argumentativa mínima que permita al juez
del amparo analizar si la decisión censurada adolece de algún
defecto que la invalide.
En efecto, resaltó que la parte actora en el escrito de tutela insistió
en que los jueces del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho desconocieron e inaplicaron los criterios y reglas fijados
en la sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021, no
obstante, respecto del rechazo del recurso extraordinario de
unificación se limitó a manifestar su inconformidad sin señalar en
qué consistió la supuesta falta de apreciación probatoria de la
SECCIÓN SEGUNDA, ni se ocupó de explicar por qué era
procedente su admisión.
Sumado a lo anterior, afirmó que los cuestionamientos expuestos
en el recurso extraordinario de unificación relacionados con una
supuesta indebida valoración probatoria dejaban ver que la
demandante pretendía convertir tal mecanismo excepcional en
una tercera instancia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cual no resulta válido.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
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La parte actora impugnó la sentencia proferida en primera
instancia, para lo cual argumentó lo siguiente:
Adujo que, contrario a lo advertido por el a quo, sí se cumple con
el requisito de la subsidiariedad, toda vez que si se agotaron todos
los medios ordinarios y extraordinarios que tenía a su alcance.
Sostuvo que en el asunto bajo examen el recurso de súplica sería
inoperante, pues la SECCIÓN SEGUNDA es de la tesis de que las
reglas que trae la sentencia de unificación no son aplicables en
estos casos; además, si el recurso extraordinario fue rechazado
por falta de requisitos, lo procedente era haberse inadmitido y
conceder el término de 5 días para que la recurrente subsane la
solicitud, oportunidad procesal que nunca se otorgó, razón más
para considerar vulnerados sus derechos fundamentales.
Ahora, en cuanto al requisito general de la relevancia
constitucional, destacó que el asunto sí reviste de una especial
connotación constitucional, pues gira en torno al desconocimiento
de una postura jurídica adoptada por el Consejo de Estado, la
Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en la cual, en
asuntos con identidad fáctica se han amparado los derechos
fundamentales invocados, máxime cuando se trata de derechos
laborales.
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Insistió en que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente judicial dispuesto por la Sección Segunda del Consejo
de Estado en sentencia de 9 de septiembre de 2021, respecto a
los asuntos donde se pretende desvirtuar un contrato de
prestación de servicios y se reconoce la existencia de una relación
laboral.
Aseveró que los presupuestos necesarios para establecer la
existencia de un contrato realidad, están plenamente demostrados
dentro del proceso, en especial, el elemento de la subordinación,
lo que deja en evidencia un indebido análisis probatorio realizado
por el Tribunal Administrativo de Antioquia y un desconocimiento
del precedente dispuesto por la Corte Constitucional, el Consejo
de Estado y la Corte Suprema de Justicia.
Finalmente, solicitó revocar la decisión proferida por el a quo y,
en su lugar, acceder al amparo deprecado.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
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de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción
de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política,
en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril
de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo
de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de negocios entre las Secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García
González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica
y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es
procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando
se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales
fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros
fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
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aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales,
de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
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proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio
y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible . Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
[8]
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida,
mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado
fuera del texto)
En el caso bajo examen, la parte actora pretende que se deje sin
efecto la providencia de 11 de septiembre de 2024, proferida
por la SECCIÓN SEGUNDA dentro del recurso extraordinario de
unificación identificado con el número único de radicación 2017-
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00115-01, a través de la cual se rechazó el mencionado recurso.
El proceso aludido tiene origen en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por la actora contra el
Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, con el fin de
que se declarara la existencia de un contrato realidad entre las
partes, el cual fue resuelto de forma desfavorable para sus
intereses, por lo que la señora BOTERO MADRID interpuso
recurso extraordinario de unificación.
El disenso de la actora se deriva del hecho de que, a su juicio, la
SECCIÓN SEGUNDA sin ningún tipo de análisis probatorio y
mucho menos jurisprudencial, profirió la decisión de rechazo del
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, pues se
limitó a sostener que la parte actora se encontraba inconforme
con la valoración probatoria, mas no con la contradicción de las
reglas jurisprudenciales trazadas en la sentencia de unificación,
concluyendo que se pretendió utilizar el recurso como una tercera
instancia, desconociendo así que el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia tiene como fines asegurar la unidad
de la interpretación del derecho y su aplicación uniforme.
En el curso de la primera instancia de la presente acción de tutela
la SECCIÓN TERCERA declaró improcedente la acción de tutela
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por falta de los requisitos generales de subsidiariedad y relevancia
constitucional.
En la impugnación la actora iteró los argumentos iniciales e indicó
que sí se cumple con los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional, máxime cuando se están discutiendo derechos
laborales.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico
que debe resolver consiste en determinar si en el presente caso
se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de primer
grado, para lo cual, en primer lugar se debe estudiar si el caso
cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela y, de ser así, establecer si la autoridad judicial
accionada vulneró los derechos fundamentales invocados dentro
del recurso extraordinario de unificación identificado con el
número único de radicación 2017-00115-01, al proferir la
providencia de 11 de septiembre de 2024.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia, en especial, el requisito de la
subsidiariedad.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
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requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo
86 de la Constitución Política», prevé como causal de
improcedencia que «existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que,
existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure en forma
transitoria, en aras de obtener una protección urgente e inmediata
de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de
los derechos fundamentales no sería examinada por su juez
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natural idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo
con las competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que
se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe
conocer del fondo del asunto.»4 (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente acción de
tutela es improcedente por incumplir con el requisito
general de la subsidiariedad, comoquiera que la actora no hizo
uso del recurso de súplica que procedía contra la providencia de
11 de septiembre de 2024, por medio de la cual se rechazó el
recurso extraordinario de unificación, de conformidad con lo
establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 246 del CPACA,
mecanismo judicial idóneo para controvertir la providencia
cuestionada.
4 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01605-00
Actora: DIANA MARÍA BOTERO MADRID
En efecto, de conformidad con los numerales 2 y 3 del artículo 246
del CPACA, contra el auto que rechaza el recurso extraordinario
de unificación procede el recurso de súplica. El citado artículo
prevé:
“[…] ARTÍCULO 246. Súplica. El recurso de súplica procede
contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente:
[…]
2. Los enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo 243 de este
código cuando sean dictados en el curso de la única instancia, o
durante el trámite de la apelación o de los recursos
extraordinarios.
3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos
extraordinarios, los rechace o declare desiertos […]”.
(Destacado fuera de texto).
En ese sentido, si la actora se encontraba inconforme con la
providencia de 11 de septiembre de 2024, por medio de la cual la
SECCIÓN SEGUNDA rechazó el recurso extraordinario de
unificación, lo correcto era interponer el recurso de súplica que
procedía contra dicho proveído, sin que se haya hecho uso del
mismo.
Así las cosas, la Sala considera que la presente acción de tutela
es improcedente ante la existencia de otros medios de defensa
judicial, esto es, el recurso de súplica, el cual la actora tuvo a
su alcance y no interpuso, por lo que no es válido que ahora
pretenda suplir su desidia y descuido dentro del recurso
extraordinario de unificación, máxime cuando no resulta de recibo
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su justificación, pues independientemente de si resultaba
favorable a sus intereses, debió agotarlo.
En ese orden de ideas, se destaca que mal podría el juez de tutela
ordenar un amparo constitucional con el propósito de que se
emitan unas órdenes que evidentemente son competencia del juez
de conocimiento y que deben ser ventiladas dentro del recurso
extraordinario de unificación, escenario idóneo para resolver la
controversia aquí planteada.
Aunado a lo anterior, la Sala no advierte la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela de
la referencia como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, dado que de los elementos de juicio obrantes en el
expediente no es posible establecer dicha circunstancia.
Finalmente, la Sala se relevará del estudio del requisito general
de la relevancia constitucional, comoquiera que no se encuentra
superado el presupuesto de la subsidiariedad, lo que hace
improcedente la solicitud de amparo de la referencia.
Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a
quo que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia,
por las razones expuestas en precedencia, como en efecto se
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dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de junio
de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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