Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01605-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01605-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01605-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-01605-01
Accionante: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con los requisitos generales de subsidiariedad y de relevancia
constitucional. La parte accionante cuenta con otro medio de defensa
judicial como lo es el recurso extraordinario de revisión.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
26 de marzo de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales1 solicitó, a través de apoderado
judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad,
en conexidad con los principios de legalidad, confianza legítima, buena fe y
seguridad jurídica, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 15 de agosto de
2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de reparación directa
con número de radicación 110013343063-2022-00157-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que la Contraloría General de la República promovió la demanda del medio
de control de reparación directa núm. 110013343063-2022-00157-00/01 contra la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, y el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria Colombia S.A con el fin de que se declararan responsables por el pago
1 En adelante DIAN.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
ordenado y ejecutado en favor de la DIAN mediante Resolución No. 8653 del 8 de
noviembre de 2019.
2.2. Refirió que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Sesenta y Tres
Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, mediante providencia de
28 de febrero de 2024, negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Adujo que la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión y la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de sentencia de 15 de agosto de 2025, revocó la decisión
y en su lugar declaró administrativamente responsable a la DIAN en los siguientes
términos:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de febrero de 2024 proferida
por el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En consecuencia, DECLARAR administrativamente responsable a
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, por el pago realizado
por la Contraloría General de la República, el 14 de noviembre de 2019, en
favor de la DIAN por un valor de $617.500.000, el cual constituye pago de lo no
debido.
TERCERO: CONDENAR a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN a reconocer y pagar por concepto de perjuicios materiales
en favor de la Contraloría General de la República la suma de ochocientos
noventa y ocho millones ochocientos dieciséis mil ciento cincuenta y ocho
pesos ($898.816.158); más los intereses corrientes causados desde la fecha
del pago de lo no debido (14/11/2019), hasta la ejecutoria de la presente
decisión, e intereses moratorios desde la ejecutoria de esta sentencia hasta el
pago total de la obligación.
CUARTO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandada
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, por tal motivo, se fija
como agencias en derecho la suma de dos (2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la ejecutoria de la presente sentencia en favor de la
entidad demandante, esto es $2.847.000 […]”. [Negrilla del texto]
2.4. Indicó que la anterior providencia vulneró sus derechos fundamentales indicados
supra, por haber incurrido en un defecto fáctico, sustantivo, un desconocimiento del
precedente, la causal de decisión sin motivación y violación directa de la
constitución.
2.5. Señaló que la autoridad judicial incurrió en un defecto fáctico por omisión en la
valoración de pruebas determinantes, que acreditan la naturaleza tributaria del asunto
y la actuación voluntaria y autónoma del agente retenedor como: recibos bancarios,
comunicaciones, declaración privada y la resolución interna de pago, lo que conllevó
a una reconstrucción fáctica equivocada.
2.6. Expuso que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo, toda vez que inaplicó el
régimen tributario al omitir aplicar los artículos 368, 369, 371 a 377, 580, 714 y 746 del
Estatuto Tributario, que establecen la ineficacia de declaraciones sin pago, firmeza y
presunción de veracidad de las declaraciones, obligaciones del agente retenedor y
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Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
procedimiento de devoluciones, y fundó erróneamente la decisión en normas civiles
inaplicables.
2.7. Añadió que se desconoció el artículo 90 de la Constitución Política, toda vez que
se declaró responsable a la DIAN sin identificar el título de imputación, sin acreditar la
antijuricidad del daño y sin probar el nexo causal entre una actuación estatal y el
perjuicio reclamado.
2.8. Manifestó que se desconoció la jurisprudencia obligatoria que prohíbe actuar contra
los propios actos, pese a que la Contraloría reconoció la ineficacia, presentó
declaración, ordenó y realizó voluntariamente el pago, y luego demandó a la DIAN por
ese mismo pago.
2.9. Precisó respecto de la causal de decisión sin motivación que la autoridad judicial
accionada omitió pronunciarse respecto del eximente de responsabilidad por culpa
exclusiva de la víctima, alegada reiteradamente por la DIAN y el Banco BBVA, pese a
su carácter decisivo.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Que se tutele en favor de mi representada los derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa e igualdad en congruencia con los principios de la
buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, vulnerados con la sentencia
proferida por parte de la Corporación defecto material o sustantivo, violación
directa de la Constitución, decisión sin motivación, defecto fáctico y
desconocimiento del precedente.
Que se deje sin efecto la sentencia del 15 de agosto de 2025 de la Sección
Tercera Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dictada
en el proceso de reparación directa 110013343063-2022-00157-01.
Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca -Sección Tercera proferir un nuevo fallo en donde corrija los
defectos advertidos a la sentencia que se deja sin efecto […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 4 de marzo de 2026, el Despacho de la Sección Quinta del
Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente
acción de tutela. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés directo en el
resultado del proceso a la Contraloría General de la República, al Banco BBVA, al
Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se allegaron
los siguientes informes:
5.1. El Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá solicitó
negar la acción de tutela al considerar que la providencia no ha incurrido en las
vulneraciones alegadas por la accionante. Asimismo, señaló que los argumentos
expuestos en el presente mecanismo de amparo son una mera inconformidad
respecto a la valoración probatoria y el análisis normativo aplicado al proceso.
5.2. La Contraloría General de la República solicitó declarar la improcedencia de la
acción constitucional, toda vez que no cumple el requisito de relevancia
constitucional en razón a que la parte actora se limitó a cuestionar la valoración
probatoria efectuada por el Tribunal, convirtiendo el mecanismo en una tercera
instancia.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 26 de marzo de 2026, la Sección Quinta del Consejo
de Estado resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
el requisito de i) subsidiariedad y ii) relevancia constitucional, para lo cual señaló
frente al segundo de estos que “[…] los cargos por desconocimiento del precedente
y defecto fáctico no cumplen con el requisito de relevancia constitucional puesto que
la acción carece de carga argumentativa requerida por la jurisprudencia
constitucional en clave de derechos fundamentales […]”.
7. El juez de primera instancia advirtió frente al defecto fáctico que se trata de una
“[…] inconformidad con respecto a la valoración probatoria efectuada por el tribunal
accionado. Esto, pues el actor se limitó a establecer lo que, desde su criterio, se
encontraba acreditado con el material probatorio obrante en el expediente, sin
exponer ninguna razón que permita entrever algún tipo de arbitrariedad o capricho
por parte del juez natural de la causa al momento de valorar las pruebas […]”.
8. Asimismo, indicó respecto al cargo por desconocimiento del precedente resaltó
que “[…] esta Sección ha considerado que la parte que invoca este defecto debe
cumplir con la carga mínima de identificar: (i) la decisión que considera desatendida;
(ii) la ratio aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción
dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la decisión final
que adopte el fallador de instancia. Estos criterios no fueron desarrollados por la
parte demandante, por lo que no se satisface el deber de una carga mínima que
permita superar la relevancia constitucional […]”.
9. Señaló que “[…] las acciones de tutela dirigidas contra decisiones que
comprometan recursos públicos ni que estén relacionado con la administración
tributaria. Aceptar ello, implicaría que todo litigio propuesto contra una providencia
judicial dictada en el marco de un proceso adelantado contra una entidad pública
tendría relevancia constitucional […]”.
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Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
10. En relación con el defecto de una decisión sin motivación en el cual se argumentó
“[…] la omisión de estudio de la culpa exclusiva de la víctima, a pesar de que este
cargo fue planteado por la DIAN en la contestación de la demanda y reiterado en
los alegatos de conclusión […]”, el a quo advirtió que dicho cargo se enmarca en la
causal de procedibilidad del recurso extraordinario de revisión, por tratarse de una
nulidad originada en la sentencia, motivo por el cual consideró que frente a dicho
argumento la acción de tutela resulta improcedente por subsidiariedad.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
11. Laparte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, solicitó
revocar la decisión, para en su lugar proferir sentencia de fondo que ampare los
derechos fundamentales solicitados en el escrito de tutela.
12. Manifestó que la afirmación realizada por el ad quo en cuanto a que el recurso
extraordinario de revisión resulta ser el idóneo por enmarcarse en una de las
causales señaladas, no resulta ser así, toda vez que “[…] u alcance se limita a la
verificación de nulidades procesales estrictas y no a la corrección de defectos
sustantivos, como los presentados en el fallo del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que incurrió en violación directa de la Constitución por
desconocimiento del artículo 90 por cuanto se asignó responsabilidad a la DIAN sin
probar el título de imputación, sin verificar la antijuridicidad del daño, ni acreditar el
nexo causal entre una actuación imputable a la Administración y el supuesto
perjuicio, en un fallo donde en ninguna parte quedó demostrado que la DIAN haya
realizado algún acto, hecho u operación administrativa y su nexo causal con el
supuesto daño y al no haber aplicado la normativa tributaria que regulaba
íntegramente la controversia […]”.
13. Expuso que el juez de tutela en primera instancia analizó una causal distinta a la
alegada, pues no se cuestionó una valoración arbitraria, sino el desconocimiento de
pruebas documentales determinantes, que demostraban que i) el pago fue
voluntario y autónomo del agente retenedor; ii) la declaración inicialmente
presentada fue ineficaz por pago extemporáneo; y, iii) no existió acto administrativo
definitivo de la DIAN que ordenara el pago, por lo que, al omitirse estas pruebas, el
Tribunal construyó una realidad fáctica incompleta.
14. Finalmente señaló que no se trata de un simple debate económico, sino de una
vulneración directa y grave de derechos fundamentales, al permitir una imputación
patrimonial sin los presupuestos constitucionales y al margen del procedimiento
tributario, con impacto en la protección del erario y la seguridad jurídica.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
15. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
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noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20247.
VIII.2. Problemas jurídicos
16. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
17. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
18. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
19. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
20. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
6
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
21. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.
22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.
23. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
24. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
VIII.4. El caso concreto
25. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales13 solicitó, a través de
apoderado judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a
la igualdad, en conexidad con los principios de legalidad, confianza legitima, buena
fe y seguridad jurídica, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 15 de agosto
de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de reparación directa
con número de radicación 110013343063-2022-00157-00/01.
26. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, los requisitos generales de subsidiariedad y de relevancia constitucional.
VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad
27. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
28. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto]
29. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza14), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
30. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de la
acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
13 En adelante DIAN.
14
Corte Constitucional, Sala Plena. Auto 132 de 16 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”15.
31. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada
como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que
estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”16.
32. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
33. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
34. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la accionante alega que
la autoridad judicial accionada vulneró su derecho fundamental citado supra por,
presuntamente, haber incurrido en la causal de decisión sin motivación, por cuanto
la autoridad judicial accionada omitió pronunciarse respecto del eximente de
responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima, alegada reiteradamente por la
DIAN y el Banco BBVA.
35. Encriterio de la Sala, el argumento citado busca cuestionar un presunto
desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia de segunda instancia
15
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01605-01
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del proceso ordinario, porque la autoridad judicial presuntamente no se habría
pronunciado sobre aspectos que fueron solicitados.
36. Esta Sala de Decisión ha sostenido que el recurso extraordinario de revisión,
amparado en la causal 5°, es el medio judicial idóneo para controvertir la falta de
congruencia externa y/o interna de la sentencia. Al respecto se dijo en el fallo de 16
de febrero de 202317:
“[…] De la revisión del contenido de los argumentos planteados en esta acción
de amparo es dable inferir que la inconformidad del actor se concreta en que la
sentencia de 6 de julio de 2022 violó el principio de congruencia y la garantía
constitucional de doble instancia porque no resolvió de fondo los planteamientos
que se efectuaron contra la decisión de primera instancia.
39. En ese sentido, para esta Sección el debate propuesto en el escrito de tutela
está encaminado a demostrar que el fallo judicial incurrió en una nulidad por
desconocer el principio de congruencia de la sentencia, en tanto que el juez
contencioso se abstuvo injustificadamente de analizar los argumentos
señalados en el recurso de apelación.
40. En relación con el desconocimiento principio de congruencia como causal
de nulidad de la sentencia, cabe traer a colación el siguiente pronunciamiento
de la Sala Octava Especial de Revisión de esta Corporación:
[...] La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y se
traduce en la armonía que deber estar presente en su estructura interna, esto
es, la parte motiva y resolutiva del fallo, como en la externa, entendida como
la coherencia entre la decisión y lo pedido por las partes. Este principio es una
garantía de que gozan las partes para exigir del fallador una decisión que
resuelva la controversia formulada, no solo frente a las pretensiones que
formula el actor, sino respecto del pronunciamiento que el juez debe realizar
de la defensa de quien funge como parte accionada y que, generalmente, se
propone a título de excepciones. Ahora, la congruencia en la decisión de
segunda instancia está atada a la competencia del superior funcional y
al examen que le corresponde realizar como consecuencia de la revisión
de la providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para
que, según su análisis, la revoque, modifique o si lo encuentra
pertinente, la confirme, de acuerdo con el artículo 320 armonizado con el
281, ambos del CGP [...].
41. En consecuencia, esta Sección debe concluir que la supuesta omisión que
se atribuye por la parte actora a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es susceptible de ser invocada como causal de revisión,
motivo por el cual la acción de amparo resulta improcedente ante el
desconocimiento del principio de subsidiariedad […]”. [Negrilla fuera del texto].
37. En ese orden de ideas, la Sala considera que el argumento objeto de estudio es
susceptible de plantearse a través de otro mecanismo de defensa judicial, previo al
cumplimiento de los requisitos legales; y, además, en el asunto de la referencia no
se demostró la configuración de un perjuicio irremediable18, razón por la cual se
confirmará lo decidido en el fallo impugnado.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de febrero de
2023. Exp. 11001-03-15-000-2023-6776-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
18 Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como
consecuencia de acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez
producido, es irreversible y por tanto no puede ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio
irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1) el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá
11
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VIII.4.2. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
38. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental19 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones20.
39. En las acciones de tutela contra providencias judiciales21 el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías
constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso
del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones de los jueces22.
40. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación23, sostuvo que:
“[…] La ‘relevancia constitucional’ es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de ‘relevancia constitucional’, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto]
41. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202224 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es, que una vez que aquel se haya
producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la gravedad determinan
que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).
19
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
20
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
21
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
22
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
23
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
24 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, el accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
42. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202325.
25 Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses
Mosquera; 22 de marzo de 2023.
13
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43. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales26.
44. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de defensa y a la igualdad,
así como los principios de legalidad, confianza legitima, buena fe y seguridad
jurídica, por incurrir en un defecto fáctico, sustantivo, un desconocimiento del
precedente y la causal de violación directa de la constitución.
45. Señaló que la autoridad judicial incurrió en un defecto fáctico por omisión en la
valoración de pruebas determinantes, que acreditan la naturaleza tributaria del asunto
y la actuación voluntaria y autónoma del agente retenedor como: recibos bancarios,
comunicaciones, declaración privada y la resolución interna de pago, lo que conllevó
a una reconstrucción fáctica equivocada.
46. Expuso que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo, toda vez que inaplicó el
régimen tributario al omitir aplicar los artículos 368, 369, 371 a 377, 580, 714 y 746 del
Estatuto Tributario, que establecen la ineficacia de declaraciones sin pago, firmeza y
presunción de veracidad de las declaraciones, obligaciones del agente retenedor y
procedimiento de devoluciones, y fundó erróneamente la decisión en normas civiles
inaplicables.
47. Añadió que se desconoció el artículo 90 de la Constitución Política, toda vez que se
declaró responsable a la DIAN sin identificar el título de imputación, sin acreditar la
antijuricidad del daño y sin y sin probar el nexo causal entre una actuación estatal y el
perjuicio reclamado.
48. Manifestó que se desconoció la jurisprudencia obligatoria que prohíbe actuar contra
los propios actos, pese a que la Contraloría reconoció la ineficacia, presentó
declaración, ordenó y realizó voluntariamente el pago, y luego demandó a la DIAN por
ese mismo pago.
49. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P.
Guillermo Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Rad. núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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instancia adicional, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto.
50. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales […]”.
51. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la providencia de 15 de agosto de 2025 cuestionada:
“[…] 5.1. Daño antijurídico
Se tiene entonces probado que la demandante realizó el pago de la declaración
de retención en la fuente del año gravable 2018 periodo 4, mediante cheques
girados en el BBVA en fecha 15 de mayo de 2018, no obstante, con ocasión del
proceso de canje de los títulos valores, el pago ingresó a la demandada hasta
el 17 de mayo de 2018.
En consecuencia, la demandada DIAN, remitió oficio persuasivo penalizable No.
1 31 201 244 2236, a la demandante, invitando a que presente la
correspondiente declaración de retención en la fuente, o en caso de encontrarse
la obligación cancelada, dar cuenta del pago efectuado.
Una vez verificados los soportes enviados por la demandante, la DIAN, indicó
que la declaración de retención en la fuente del año gravable 2018, periodo 4,
resultaba ineficaz en atención a que el pago ingresó a la entidad recaudadora 2
días después del vencimiento de la declaración, por lo que con el fin de
subsanar dicho error, la demandante, solicitó, la liquidación de los intereses
moratorios de la declaración de retención en la fuente correspondiente 04 del
año gravable 2018, la cual fue remitida el 7 de noviembre de 2019 y finalmente
pagada el 14 de noviembre de la misma anualidad.
Visto lo anterior, considera la Sala que, el pago realizado por la demandante, el
14 de noviembre de 2019, en favor de la DIAN por un valor de $617.500.000,
correspondiente a la corrección de la declaración de retención en la fuente del
año gravable 2018, periodo 04, constituye un pago de lo no debido y en
consecuencia una lesión cierta al patrimonio de la demandante.
[…]
De acuerdo con las normas y doctrina citadas, advierte la Sala, que el pago de
la declaración de retención en la fuente, efectuado por la parte demandante
mediante cheques el 15 de mayo de 2018, no solo era procedente, si no que se
debía entender efectuado en igual fecha de presentación.
Lo anterior, reforzado por el testigo Samuel Eduardo Ortiz Castañeda,
empleado del Banco BBVA, quien precisó que el pago se entiende realizado
cuando ha sido recibido por la entidad recaudadora, que en el presente caso
fue el 15 de mayo de 2018.
En consecuencia, como quiera que el demandante, demostró que allegó los
cheques para el pago de su declaración el 15 de mayo de 2018, se advierte que
la obligación tributaria se surtió en tiempo, extinguiéndose por pago
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inmediatamente, y no dos días después como lo indicó la parte demandada
aduciendo el proceso de canje del título.
Ahora bien, en el caso concreto, no se está discutiendo el tributo pagado por el
demandante, si no que el pago realizado el 14 de noviembre de 2019, se hizo
con base en una obligación inexistente, toda vez que ya se había cumplido el
15 de mayo de 2018, por ello, una vez demostrado el pago con fundamento en
una obligación ya extinguida, se entiende que no existía causa legal para la
misma, presentándose un pago de lo no debido, y una correspondiente lesión
cierta al patrimonio de la entidad demandante que no estaba en el deber jurídico
de soportar.
Por lo anterior, se tiene probada la existencia del daño antijurídico, consistente
en el pago efectuado por la Contraloría General de la República, el 14 de
noviembre de 2019, en favor de la DIAN por un valor de $617.500.000, el cual
como se explicó, constituye un pago de lo no debido.
Finalmente, se precisa que no hay lugar a determinar un daño por parte de la
demandada Banco BBVA Colombia, toda vez que esta únicamente intervino en
la operación como agente recaudador, sin verse inmiscuida en el pago realizado
por la demandante a la DIAN, por lo tanto, no hay lugar a determinar
responsabilidad de la mencionada entidad financiera en el presente caso.
5.2. Imputabilidad.
Probado que la demandante sufrió un daño antijurídico, como primer elemento
de la responsabilidad del Estado, se hace necesario determinar si dicho daño
resulta imputable tanto fáctica como jurídicamente a la entidad demandada.
En este caso, desde el plano de la imputación fáctica o relación de causalidad,
entre el actuar de la entidad demandada y el daño sufrido por la demandante,
se encuentra satisfecho toda vez que fue la Demandada DIAN en su calidad de
autoridad tributaria, quien determinó que el pago realizado por la demandante
había sido ineficaz, por lo que lo conminó a realizar un nuevo pago con
sanciones e intereses.
[…]
Así las cosas, la Sala encuentra probada la imputación jurídica en contra de la
entidad demandada, ya que al demandante probar el pago, como se indicó
previamente, este se presume indebido, habilitándose al demandante a repetir
sobre lo pagado por error a la DIAN.
En consecuencia, satisfechos los elementos de la responsabilidad del Estado,
la Sala revocará la sentencia de primera instancia, resolverá declarar la
responsabilidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, y
por consiguiente, pasará a revisar lo relacionado con la indemnización de
perjuicios causados […]”. [negrilla del texto].
52. De la transcripción anterior no se observa que la decisión proferida hubiese sido
arbitraria o se hubiese desconocido los derechos fundamentales de la parte
accionante en el trámite del proceso contencioso administrativo.
53. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”27.
27 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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54. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”28. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”29.
55. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección confirmará el fallo
impugnado, pero por las razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de marzo de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
28 Ibid.
29Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-026 de 2021, Exp. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger; 5 de febrero de 2021.
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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