Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01633-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01633-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01633-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
5 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01633-00
Accionante: Ruth Marina Arias Gudiño
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Acto de elección de concejal de
Hatillo. Doble militancia en la modalidad de apoyo / DECLARA IMPROCEDENCIA –
Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional – Se pretende
emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y
reproches carecen de carga argumentativa
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 19 de marzo de 2025 la señora Ruth Marina Arias Gudiño, a través de
apoderado judicial, promovió acción de tutela2 contra la Sección Quinta del Consejo
de Estado, con la pretensión de que se dejara sin efectos la sentencia de 24 de
octubre de 2024, emitida dentro del proceso de nulidad electoral3 instaurado por el
señor Camilo Jesús Castro Ortiz en su contra, encaminado a obtener la anulación de
su acto de elección como concejal de Hatillo de Loba, para el período 2024-2027,
bajo el fundamento de haber incurrido en la causal de nulidad electoral de doble
militancia en la modalidad de apoyo.
2.
Mediante la providencia acusada, se revocó la decisión adoptada el 4 de julio de
2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones ordinarias,
para en su lugar, acceder a estas. Se determinó que la accionante brindó su apoyo
a una candidata a la alcaldía de Hatillo de Loba que pertenecía al partido político
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Invocó sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y a elegir
y ser elegido.
3 Expediente 13001-23-33-000-2024-00007-02.
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Accionante: Ruth Marina Arias Gudiño
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Conservador Colombiano, es decir, uno diferente al que ella militaba y el cual tenía
un aspirante propio para la misma alcaldía (partido de La U).
3.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto fáctico, pues se valoró de
manera indebida el material probatorio que reposaba en las diligencias ordinarias.
Ello implicó que se desconociera el elemento objetivo exigido para la configuración
de la doble militancia en la modalidad de apoyo, consistente en la existencia de
manifestaciones positivas y concretas de respaldo a un candidato distinto al avalado
por el partido al cual pertenecía.
4.
Lo anterior, por cuanto se le otorgó un alcance indebido a las pruebas incipientes
presentadas por la parte demandante. Estas fueron un par de capturas de pantalla o
fotografías en formato PDF de una publicación en su red social Facebook, sin que
se identificaran sus autores ni se acreditara su autenticidad como verdaderos
mensajes de datos dentro del expediente y con base en los cuales no se puede inferir
de manera objetiva y concluyente la conducta imputada.
5.
También se configuró desconocimiento del precedente, en tanto la autoridad
judicial se apartó del criterio que venía sosteniendo de manera pacífica en relación
con la doble militancia en la modalidad de apoyo. Según aquel, para su configuración
se deben presentar manifestaciones positivas y concretas de respaldo o apoyo a
candidatos de otros partidos, es decir, este respaldo debe ser expreso e inequívoco,
circunstancias que no acaecieron en este caso. Dicho criterio se planteó en las
sentencias de 1º de noviembre de 20124, 6 de octubre de 20165 y 21 de abril (sic)6 y
9 de noviembre de 20237.
6.
Además, también se ha reiterado sobre la importancia de contar con pruebas
claras y suficientes para acreditar ese tipo de doble militancia, como se indicó en la
sentencia de 3 de octubre de 20248, al precisar que la existencia de simples capturas
de pantalla sin manifestaciones expresas y concretas de respaldo no es suficiente
para demostrar el apoyo indebido a otro candidato.
7.
Por último, indicó que se presentó una violación directa de la Constitución, toda
vez que se vulneraron sus garantías superiores a la igualdad y a ser elegida. Se
decidió su caso en sentido diferente a los que han sido zanjados de manera previa
bajo similares supuestos fácticos y jurídicos, en particular, en la mencionada
sentencia de 3 de octubre de 2024. Se impuso una restricción indebida al derecho a
ser elegida, al basarse en una valoración probatoria débil e inconsistente, que no
cumple los estándares exigidos por la jurisprudencia constitucional y convencional.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
4 Radicación 2011-00311, C. P. Mauricio Torres Cuervo.
5 Expediente 50001-23-33-000-2016-00077-01, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
6 Expediente 11001-03-28-000-2022-00118-00.
7 Expediente 11001-03-28-000-2022-00258-00.
8 Expediente 13001-23-33-000-2023-00472-01, C. P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
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8.
Mediante auto de 25 de marzo de 20259, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad demandada y se vinculó al señor Camilo Jesús Castro Ortiz,
a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral, en
calidad de terceros con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
(i) Consejo de Estado – Sección Quinta
9.
Indicó que en el fallo cuestionado se valoraron las pruebas documentales
aportadas por el demandante bajo los criterios de la sana crítica y de acuerdo con la
jurisprudencia de la Sección, para concluir que del contenido de dos fotografías se
configuraba la doble militancia en la modalidad de apoyo.
10.
Por lo anterior, la valoración probatoria realizada no fue irrazonable, arbitraria y
caprichosa, así como tampoco se desconoció la jurisprudencia de la Sala, ni se
trasgredieron postulados constitucionales, dado que, del material legal y
oportunamente allegado al proceso, se pudo concluir la existencia de actos ciertos
de apoyo que conllevan a sustentar la decisión objeto de tutela.
11.
En ese sentido, se evidencia que lo que pretende la parte actora es reabrir el
debate de lo resuelto con fundamento en la ley por el juez electoral, por ende, pide
que se nieguen las pretensiones de la tutela.
(ii) Registraduría Nacional del Estado Civil
12.
Adujo que no tiene competencia para pronunciarse sobre lo pretendido por la
actora, pues recae sobre el proceso contencioso administrativo adelantado en la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por tanto, es esa Corporación la cual, en el
marco de sus competencias, debe resolver la situación presentada con la
declaratoria de nulidad de la elección de la tutelante. Sin perjuicio de ello, se debe
tener en cuenta que se pretende reabrir un debate de tercera instancia, lo cual resulta
inadmisible dentro del marco de la acción de tutela.
(iii) Consejo Nacional Electoral
13.
Advirtió que no tuvo participación directa ni indirecta en la configuración de los
hechos materia de la acción constitucional, ni intervino en el proceso de nulidad
electoral cuya decisión se cuestiona. Asimismo, no es la autoridad competente para
satisfacer las pretensiones formuladas en esta tutela, en tanto no tiene injerencia
alguna en las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado, en su calidad de
autoridad judicial en sede de apelación de procesos de nulidad electoral.
9 Notificado el 28 de marzo de 2025.
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14.
Por consiguiente, se evidencia que carece de legitimación en la causa por pasiva,
por lo que solicita su desvinculación del trámite constitucional.
15.
En auto del 2 de mayo de 2025 se declaró fundado el impedimento manifestado
por el consejero Fernando Pardo Flórez.
II. CONSIDERACIONES
C. Solicitud de desvinculación
16. La Sala negará la petición del Consejo Nacional Electoral, pues su vinculación no
se realizó en condición de accionado. Resulta claro que dicha entidad carece de la
facultad de emitir una decisión judicial que reemplace la controvertida, que es lo que
se pretende en este asunto. No obstante, al juez de tutela le asiste la obligación de
integrar de oficio el contradictorio y comoquiera que la referida entidad fue vinculada
al proceso electoral, en virtud del numeral 2 del artículo 277 del CPACA, mediante
auto de 29 de enero de 2024, que admitió la demanda de nulidad electoral formulada
contra la tutelante, resultaba indispensable que fuera llamada a estas diligencias
como tercera interesada.
D. Análisis del caso concreto
17. La Sala advierte que la tutela no satisface el presupuesto de relevancia
constitucional. La parte actora pretende que se acoja la manera como, a su juicio,
se debió haber zanjado el litigio. Para cuyo efecto, se limita a presentar
inconformidad con la decisión judicial atacada, en cuanto a la valoración probatoria
efectuada y a la aplicación de la jurisprudencia que se avenía a su caso, para revivir
el debate que en ese aspecto fue definido por el juez natural, con el fin de obtener
una decisión que le resulte favorable a sus intereses, y sin que se despliegue una
carga argumentativa suficiente tendiente a demostrar los yerros constitucionales que
motivaron la presentación de esta acción, como se expondrá a continuación.
18. La tutelante indica que en la providencia acusada se incurrió en defecto fáctico,
porque se valoró de manera indebida el material probatorio que reposaba en el
proceso ordinario. En particular, las capturas de pantalla o fotografías en formato
PDF de una publicación de su red social Facebook, pues no se identificó su autor ni
su autenticidad y, en todo caso, carecían de la potencialidad para demostrar la
existencia de manifestaciones positivas y concretas de respaldo a un candidato
distinto al avalado por el partido al cual pertenecía.
19. A pesar de que la tutelante alega que se desconoce la autoría de las imágenes,
así como su autenticidad, se debe tener en cuenta que la autoridad judicial precisó
que resultaba irrelevante el hecho de que ella en el interrogatorio de parte hubiera
informado que no sabía la razón por la cual estas aparecían en su red social, bajo
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el argumento de que aunque era su perfil de Facebook donde estas reposaban, ella
no hacía ni compartía publicaciones.
20. Lo anterior, por cuanto no era posible desconocer que las publicaciones objeto de
debate se efectuaron en su red social, hecho que ella aceptó, por ende, conforme lo
ha anotado en litigios previos10, al ser titular de esta cuenta virtual, es su
responsabilidad el contenido publicado. Afirmación que para la Sala no representa
arbitrariedad alguna, máxime cuando tiene respaldo jurisprudencial.
21. En lo atinente a la valoración de dichos elementos de convicción, la Sección
Quinta del Consejo de Estado consideró que, contrario a lo sostenido por la
tutelante, tenían la virtud de acreditar el mencionado apoyo. De esas pruebas se
evidenciaba que publicó en su perfil de Facebook el 13 y 16 de agosto de 2023
(época de campaña electoral) “contenido alusivo a la candidatura de la señora
«Leonor» como alcaldesa para el periodo 2024-2027, con el eslogan «Hatillo de
todos y para todos» y el logo del Partido Conservador Colombiano”.
22. Por cuanto, “en la primera fotografía, se evidencia un evento masivo donde
aparece una persona en una tarima decorada con globos azules y blancos,
dirigiéndose a un público, donde varios de sus asistentes portan camisetas azules
que contienen el nombre «Leonor», y aparece el slogan «Hatillo de todos y para
todos» y, en la segunda, se observa con claridad la candidata, el partido y su logo y
el cargo al que aspira, lo que se constituye como un acto de publicidad, que busca
obtener votos y denota el apoyo brindado a la campaña de la aspirante del Partido
Conservador, dentro de los 3 meses anteriores a las elecciones”. Situaciones que
implicaban manifestaciones públicas tendientes a promocionar una aspiración
política de un candidato ajeno al de su partido y, de ese modo, persuadir a los
electores para obtener su respaldo.
23. De la citada relación probatoria, se colige que la tutelante brindó su apoyo a la
señora Leonor Mora Barandica, aspirante a la Alcaldía de Hatillo de Loba por el
partido Conservador Colombiano, a pesar de que la agrupación política a la que
pertenece, partido de La U, tenía candidato propio a la misma alcaldía (señor
Robinso Fernández Astorga).
24. Para la Sala las anteriores conclusiones no involucran arbitrariedad alguna, en la
medida en que encuentran sustento en el material probatorio allegado al expediente
ordinario, en particular, en los elementos probatorios que presuntamente se
valoraron de manera indebida. Se describió el contenido de las fotografías objeto de
reproche y se determinó que las circunstancias allí advertidas comprobaban la
conducta prohibida endilgada.
25. Con base en lo anotado en precedencia, la Sala no infiere en qué consistió la
indebida valoración de las mencionadas imágenes, pues esta no resulta irracional,
10 Se hizo referencia a la sentencia de 26 de agosto de 2021, expediente 05001-23-33-000-2019-02946-01, C.
P. Rocío Araújo Oñate.
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ni atenta contra los postulados de la sana crítica. Diferente es que el resultado de
ese ejercicio valorativo haya resultado contrario a los intereses de la tutelante.
26. Por tanto, no es aceptable que la actora pretenda que se le imponga al juez
natural el grado de certeza que, a su juicio, se le debió otorgar a los aludidos
elementos de convicción, cuando este justificó las conclusiones probatorias que de
estos emergían, sin que la parte actora las controvirtiera de ninguna manera, pues
se limitó a manifestar su inconformidad. Acceder a lo pretendido por la tutelante
implicaría invadir la órbita de competencia del juez natural, como si este escenario
constitucional hubiera sido instituido como una tercera instancia, para imponer el
grado probatorio que se les debe otorgar a las pruebas recaudadas.
27. Por otro lado, la tutelante aduce que no se tuvo en cuenta el criterio acogido por
la autoridad judicial, según el cual en los litigios relacionados con doble militancia en
la modalidad de apoyo resulta indispensable que se acrediten manifestaciones
positivas y concretas de respaldo o apoyo a candidatos de otros partidos, es decir,
que el respaldo sea expreso e inequívoco. Para tal efecto, citó las sentencias de 1º
de noviembre de 2012, 6 de octubre de 2016 y 21 de abril (sic) y 9 de noviembre de
2023 y 3 de octubre de 2024.
28. Sobre el particular, no se evidencia de qué modo se desconoció la pauta
jurisprudencial a la que se hizo alusión en precedencia, pues la autoridad judicial
determinó que las fotografías objeto de debate, en razón a las particularidades que
se observaban en ellas, tenían la entidad para acreditar el aludido respaldo electoral,
conclusión que como se analizó con antelación no comporta arbitrariedad alguna.
29. No obstante, se evidencia que las providencias citadas no son de unificación y,
en todo caso, no comparten similitudes fácticas y probatorias con el litigio suscitado
contra la tutelante, por ende, no es viable imponer que se hubiera decidido en el
mismo sentido que en esos casos.
30. En la sentencia de 1º de noviembre de 2012, si bien se analizó la conducta de
doble militancia, no lo fue bajo la modalidad de apoyo, sino porque la candidata a la
gobernación del Quindío para el período 2012-2015 no renunció a la curul que
ocupaba en la Asamblea de ese departamento 12 meses antes de su inscripción
como aspirante.
31. Por su parte, en el fallo de 6 de octubre de 2016, aunque el objeto de controversia
era la configuración de la doble militancia en la modalidad de apoyo, aquí fueron
analizados dos videos en los que se fundamentaba el presunto apoyo, de los cuales
uno se consideró vulneró los derechos al debido proceso e intimidad de la
demandada, y en cuanto al otro video, se efectuó una afirmación que si bien
comprobaba el mencionado apoyo, esta fue corregida en ese mismo momento, y,
en todo caso, tuvo lugar de manera posterior a las elecciones. También se
analizaron unas fotografías, pero se concluyó que de estas no se evidenciaba la
representación de las indebidas manifestaciones de apoyo político que se alegaba
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en la demanda, pues no existía certeza alguna frente a quién las tomó, dónde,
cuándo y en qué circunstancias, particularidades que difieren de la situación de la
tutelante, pues se acreditaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar, máxime
cuando se obtuvieron de su red social.
32. Ahora bien, en cuanto a la providencia de 21 de abril de 2023, se advierte que
conforme al radicado y al nombre del demandado citado por la tutelante, la fecha de
la sentencia no corresponde, pues esta se emitió el 16 de febrero de ese año.
Aclarado lo anterior, se evidencia que en aquella decisión judicial el estudio se
contrajo a esclarecer si se había configurado o no la causal de doble militancia en la
modalidad de apoyo. Allí las pruebas demostraron que los actos de apoyo
acaecieron de manera posterior a la campaña electoral y no se configuró la conducta
prohibitiva, particularidades que no se presentaron en el caso de la accionante.
33. En la sentencia de 9 de noviembre de 2023 también se estudió un caso de doble
militancia en la modalidad de apoyo, pero en el que estaba involucrado una
coalición, con fundamento en la cual se determinó que si bien el allí demandado no
estaba obligado a apoyar a alguien con quien no se comparten ideales políticos, así
integre una coalición, sí tiene prohibido desplegar actos de apoyo a un candidato
diferente al de su coalición. Es decir, más que demostrar en qué consistieron los
actos de apoyo, el estudio se contrajo a determinar su implicación cuando está de
por medio una coalición política, evento que no se presentó en el sub lite.
34. Finalmente, en la sentencia de 3 de octubre de 2024, se abordó un litigio relativo
también a la causal de nulidad electoral de doble militancia bajo la modalidad de
apoyo. En esas diligencias se valoraron una capturas de pantalla de un video y unas
imágenes obtenidas de una red social del demandado y de la candidata a la que
presuntamente se le otorgó el indebido apoyo, con las que se pretendían demostrar
las manifestaciones de apoyo brindado por parte del demandado a una candidata
que pertenecía a un partido diferente al suyo. No obstante, estas contenían
publicidad conjunta que no demostraba dicho apoyo y no se evidenciaba una
manifestación en ese sentido. Asimismo, en algunas no se evidenciaba el lugar de
su ocurrencia ni se observaba la presencia del demandado.
35. A pesar de que en esa controversia se haya determinado que las pruebas
consistentes en capturas de pantalla no tenían la entidad suficiente de acreditar el
acto de apoyo alegado, no puede pretenderse que se acoja dicha conclusión en el
presente asunto, pues son imágenes que no tienen el mismo contexto ni contenido
y frente a las aportadas en el proceso contra la tutelante la autoridad judicial realizó
una valoración probatoria que no contraría los postulados de la sana crítica, por
tanto, no involucra arbitrariedad alguna.
36. En ese orden de ideas, no se desconoció el criterio jurisprudencial según el cual
el apoyo prohibido debe ser expreso e inequívoco, diferente es que la tutelante no
comparta la decisión que adoptó la autoridad judicial sobre el particular, en el sentido
de que el material probatorio demostraba esa acción.
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37. Por último, alega la accionante que las irregularidades descritas transgreden la
Constitución Política, en cuanto a sus derechos de igualdad y a ser elegida. No
obstante, tal reproche carece de asidero jurídico, en la medida en que no se satisface
el presupuesto de relevancia constitucional que imponga efectuar un estudio
constitucional de la providencia acusada, en esa medida, se colige que esta se
encuentra conforme a derecho y, por tanto, no genera ninguna afectación a sus
prerrogativas superiores.
38. Esta Sala advierte que lo pretendido por la tutelante es imponer la manera como
debió valorarse el material probatorio recaudado y como debe aplicarse la
jurisprudencia sobre la materia, al no compartir el modo en que lo hizo el juez natural
del litigio, frente a lo cual cabe anotar que la tutela no es el mecanismo idóneo para
fijar el grado de certeza que se les debe otorgar a las pruebas obrantes en el proceso
ordinario ni que se acoja jurisprudencia para decidir en determinado sentido sin tener
en cuenta el material probatorio obrante en el proceso. Tal actuación escapa de la
órbita de competencia para la que fue instituida, pues de avalarse ello se usurparía
la función del juez natural de la controversia.
39. De igual modo, la parte actora no despliega argumentación dirigida a desvirtuar
las conclusiones a las que arribó la autoridad judicial ni a demostrar arbitrariedad
alguna que implique vulneración de derechos fundamentales. Insiste en la no
configuración de la causal de nulidad electoral de doble militancia en la modalidad
de apoyo, sin considerar la argumentación empleada por el juez natural para hallarla
acreditada.
40. Por consiguiente, el hecho de que el juez natural de la causa no haya zanjado el
litigio como lo pretendía la tutelante, no la habilita para que acuda a este mecanismo
judicial para imponer su tesis, con el fin de que se decida en determinado sentido,
máxime cuando no se evidencia arbitrariedad alguna en la providencia acusada. La
simple inconformidad de criterios no comporta por sí sola afectación constitucional.
41. Asílas cosas, las inconformidades de la tutelante no demuestran afectación
constitucional alguna ni contienen una carga argumentativa suficiente que acredite
algún yerro de índole constitucional que implique vulneración de derechos
fundamentales, cuanto más si su objeto era dejar sin efectos una sentencia proferida
por una Alta Corte, para cuyo propósito resulta indispensable que se acredite la
configuración de una irregularidad de tal envergadura que atente de manera abierta
con la Carta política
42. Por tanto, dicha discusión no trasciende al ámbito constitucional, pues la acción
de tutela no puede emplearse como una instancia adicional al proceso ordinario, con
el propósito de efectuar un juicio de corrección, dado que en este escenario se debe
desarrollar uno de validez.
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43.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se supera el requisito de relevancia
constitucional, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
44.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN formulada por el
Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas en la motivación de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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