Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01684-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01684-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01684-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
5 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01684-00
Accionante: IRMA LLANOS GALINDO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-
SECCIÓN CUARTA - SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Legitimación en la causa por activa en tutela contra providencia judicial, cuando la
tutelante no fue parte del proceso judicial que llevó a la decisión cuestionada.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
Escrito de tutela
1. La actora acude al medio constitucional de amparo con el fin de cuestionar
la providencia del 14 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, dentro del trámite de cumplimiento
de la sentencia de acción popular dentro del radicado 2001-00478-02. Alegó como
vulnerados el derecho fundamental al debido proceso, como también el ambiente
sano y el derecho al agua.
2. En aquel proceso de acción popular, esta Corporación, en sede de segunda
instancia, profirió órdenes dirigidas a la descontaminación de la cuenca del río
Bogotá. La verificación del cumplimiento correspondió al juez de primera instancia,
esto es al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.
3. Dentro del trámite del cumplimiento, el 5 de marzo del año en curso se realizó
audiencia de inspección judicial en el páramo de Chingaza. En el marco de esa
diligencia, una de las partes, el apoderado de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, EAAB, solicitó que, a través de providencia de medida
provisional, se ordenara al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
suspender el proceso de publicación de una resolución en la que regulara los
lineamientos para el ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá, de tal manera
que se garantice la coordinación con el Consejo Estratégico de la Cuenca del Río
Bogotá, y de esa manera se haga posible la articulación con los planes y proyectos
existentes.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01684-00
Accionante: Irma Llanos Galindo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta -Subsección B
Referencia: Primera instancia acción de tutela
4. En providencia de 14 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, Sala Unitaria resolvió, entre otras,
decretar como medida cautelar provisional “que se reinicie y agoten las etapas de
que da cuenta la parte motiva de esta providencia, haciendo hincapié que los
documentos y pruebas técnicas practicadas deberán someterse a la contradicción
de los sujetos y entidades que no tuvieron la oportunidad de ser oídos y de
controvertirlos y contradecirlos en los términos del inciso segundo del artículo 138
del Código General del Proceso”.
5. En contra de la anterior decisión, la demandante formuló acción de tutela y
sostuvo que la decisión “excede las competencias de la sentencia del Río Bogotá,
ya que interfiere en las funciones propias del Ministerio de Ambiente, en especial,
las relacionadas con el ordenamiento ambiental del territorio, establecidas en el
artículo 61 de la Ley 99 de 1993”. Argumentó que el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible desarrolló un proyecto de resolución para la regulación de la
cuenca del río Bogotá, y para ello, ha garantizado la participación de las
comunidades, la academia, los entes territoriales y las organizaciones ambientales.
6. La tutelante recordó las competencias legales de los Tribunales
Administrativos y sostuvo que entre ellas no se encuentra comprendida la
suspensión de proyectos de resoluciones. Por lo cual, insistió en que la decisión
judicial interfiere en las competencias de la cartera ministerial y desconoce la
urgencia de la crisis hídrica que atraviesa Bogotá. Adujo que, con su decisión, se
vulneraron los derechos al debido proceso, al ambiente sano y al acceso al agua,
por lo que solicitó que se suspendan los efectos del auto proferido el 14 de marzo
de 2025, dentro del cumplimiento de la acción popular 2001-00479-02 y en esa
medida se garantice la autonomía del Ministerio de Ambiente para expedir el
ordenamiento territorial.
7. Adicionalmente solicitó que se reconozca que la sentencia proferida por el
Consejo de Estado, como juez popular, no impide la expedición de lineamientos
ambientales y que la medida cautelar del Tribunal constituye una extralimitación de
las competencias del Tribunal. Finalmente solicitó vincular al trámite de tutela, al
ministerio de Ambiente, y que se garantice que decisiones judiciales no impidan la
implementación de políticas ambientales.
Trámite de la acción de tutela
8. En auto de 25 de marzo, se admitió la solicitud de amparo1 y se vinculó al
trámite a la entidad accionada, a la ANDJE, al ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Adicionalmente, se comisionó a la entidad accionada para que notificara del auto
admisorio a todas las personas jurídicas y naturales partes del proceso de la acción
popular. Finalmente se solicitó a la entidad accionada que certifique si la tutelante
fue reconocida como sujeto procesal dentro del proceso de la acción popular
radicada bajo el Número 25000-23-15-000-2001-00479.
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Índice Samai 5
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01684-00
Accionante: Irma Llanos Galindo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta -Subsección B
Referencia: Primera instancia acción de tutela
9. En desarrollo de lo anterior, se recibieron 41 intervenciones de las entidades
vinculadas2. En la gran mayoría de los escritos se solicitó proferir una sentencia en
la que se declare la improcedencia por los siguientes motivos: (i) no se cumple el
requisito de subsidiariedad, pues la decisión atacada en tutela puede ser
cuestionada por medios judiciales; (ii) las entidades administrativas vinculadas
indicaron que carecen de legitimación en la causa por pasiva, pues no profirieron la
decisión judicial atacada.
10. Otras entidades esgrimieron un tercer argumento: (iii) solicitaron negar el
amparo, pues el escrito no invocó ninguna causal específica de procedencia de
tutela contra providencia, y examinado el auto que decretó la medida provisional, se
verifica que el mismo fue proferido en ejercicio de las competencias propias del juez
popular en sede de cumplimiento del fallo del Consejo de Estado.
11. Las intervenciones del municipio de La Mesa (índice Samai 40), la Secretaría
Distrital de Ambiente (índice Samai 56) y la Magistrada titular del despacho que
profirió la decisión atacada (índice Samai 52), quienes agregaron que, la actora no
contaba con legitimación en la causa por activa, pues no es parte dentro del proceso
de acción popular 25000-23-15-000-2001-00479, dentro del cual se profirió la
decisión cuestionada.
12. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible3 solicitó acceder a las
pretensiones de la accionante, suspender la decisión emitida el 14 de marzo de
2025 y garantizar la autonomía del ministerio para proferir reglamentación de
lineamientos de la Sabana de Bogotá. Adujo que la petición de amparo de la actora
satisface los requisitos de procedencia formal de tutela contra providencias
judiciales. Además, señaló que, el Ministerio cuenta con facultades legales y
reglamentarias para proferir actos administrativos de carácter general relacionados
con la protección de la Sabana de Bogotá. La Unidad de Gestión del Riesgo de
Desastres (índice Samai 49), el Servicio Geológico Colombiano (índice Samai 71) y
el municipio de Mosquera (Índice Samai 54 y 55), indicaron que no se oponen a que
2
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (índice Samai 12), Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (índice Samai 13), Agencia Nacional de Licencias Ambientales (índice Samai
16), las alcaldías municipales de: La Calera (índice Samai 18), Chía (índice Samai 31), Cucunubá
(índice Samai 32), Sopó (índice Samai 33), Girardot (índice Samai 36), La Mesa (índice Samai 40),
Gachancipá (índice Samai 47), Cota (índice Samai 53), Mosquera (índice Samai 54 y 55), Tocancipá
(índice Samai 67), Cogua (índice Samai 70), Viotá (índice Samai 96), Tenjo (índice Samai 100). La
Cámara de Comercio de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca (índice Samai 19), el Instituto
Agustín Codazzi (índice Samai 21), la Constructora Amarilo (índice Samai 23), la Unidad
Administrativa Especial-Comisión de Regulación de agua potable y saneamiento básico (índice
Samai 24), el Instituto de Desarrollo Urbano (índice Samai 25), la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca (índice Samai 27), la Secretaría Jurídica Distrital (índice Samai 28), la Secretaría
Distrital de Salud (índice Samai 51), Secretaría Distrital de Ambiente (índice Samai 56), el grupo
de Energía de Bogotá (índice Samai 29), el Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio (índice Samai
38), el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio climático (índice Samai 43), Enel Colombia
S.A. E.S.P. (índice Samai 48), la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres (índice Samai 49), la
magistrada del despacho sustanciador de la providencia atacada (índice Samai 52), el Ministerio de
Educación Nacional (índice Samai 59), la Personería de Bogotá (índice Samai 64), el Director
distrital de gestión judicial (índice Samai 65), la Agencia Nacional de Minería (índice Samai 66), el
Servicio Geológico Colombiano (índice Samai 71), la Superintendencia de Notariado y Registro
(índice Samai 73), la Procuradora 4° judicial II Ambiental y Agraria (índice Samai 74), el Instituto de
Caminos y Construcción de Cundinamarca ICCU (índice Samai 76), el Departamento Nacional de
Planeación (índice Samai 84) y la Agencia Nacional de Infraestructura (índice Samai 95) .
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Índice Samai 13.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01684-00
Accionante: Irma Llanos Galindo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta -Subsección B
Referencia: Primera instancia acción de tutela
prospere la acción de tutela pues el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
sí cuenta con competencias para proferir reglamentación sobre la sabana de
Bogotá. El Servicio Geológico Colombiano puntualmente indicó que el proyecto de
resolución del Ministerio de Ambiente no afectaba derechos colectivos.
CONSIDERACIONES
Competencia
13. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para conocer de esta acción de tutela conforme el artículo 32 del
decreto 2591 de 1991.
Problema jurídico
14. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal. Por lo anterior se
reiterarán las reglas jurisprudenciales sobre la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales. En caso de resolver positivamente a dicho interrogante, se
formulará el problema jurídico de fondo y se harán las consideraciones relacionadas
para atender al mismo interrogante.
Precedente constitucional sobre tutela contra providencias judiciales.
Procedencia formal de la acción de tutela.
15. Jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional4 ha señalado que resulta
posible promover acción de tutela contra una providencia judicial, siempre que el
tutelante satisfaga seis causales genéricas de procedencia y al menos una
específica. Respecto a las causales genéricas, se ha indicado que todo medio de
amparo debe cumplir con los requisitos de: 1) legitimación por activa y por pasiva,
2) relevancia constitucional, 3) subsidiariedad, 4) inmediatez, 5) irregularidad
procesal decisiva, 6) identificación razonable de los hechos vulneradores del
derecho, y 7) que no se ataquen sentencias de tutela5.
16. Respecto a la legitimación en la causa por activa, la jurisprudencia
constitucional ha indicado que6, cuando se formula acción de tutela contra una
providencia judicial, quien promueve el medio judicial constitucional tiene que verse
directamente afectado por la decisión cuestionada, ya sea porque niega derechos
4
Cfr. Sentencia T-744 de 2004 y reiterada posteriormente por la C-590 de 2005.
5
Conceptos ampliamente explicados por la Corte Constitucional en sentencias C-590 de 2005 entre
otras.
6
SU-585 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo). En aquel caso un militante del partido liberal
atacó una sentencia proferida por un juez popular en la que se daban órdenes a la colectividad por
la vulneración del derecho colectivo a la moralidad pública. En aquella ocasión, la Sala Plena de la
Corte verificó que la acción de tutela contra la decisión del juez popular buscaba la protección de
derechos subjetivos de un militante del partido liberal, no en abstracto el derecho del partido político.
Indicó la Corte: “En el caso bajo revisión ha de advertirse que el señor Rodrigo Llano Isaza promovió
la presente acción de tutela para solicitar la protección de sus propios derechos fundamentales,
pero también para proteger los derechos fundamentales de la colectividad política a la que
pertenece…”.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01684-00
Accionante: Irma Llanos Galindo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta -Subsección B
Referencia: Primera instancia acción de tutela
que solicitó dentro del trámite ordinario, o porque, sin ser parte del proceso judicial
atacado, en la providencia que puso fin a la instancia, se le dio una orden sin haber
sido vinculado, es decir, que siendo un tercero, la decisión judicial lo afecta
directamente7. En punto a la satisfacción del requisito de legitimación en la causa
por activa, entonces, quien inicia la acción constitucional tuvo que haber sido parte
dentro del proceso judicial que puso fin a la decisión cuestionada.
17. Lo anterior, cobra especial relevancia respecto de las acciones populares,
pues conforme el artículo 12 de la Ley 472 de 1998, este tipo de acciones
constitucionales gozan de una amplia legitimación en la causa por activa y se prevé
la hipótesis de amplia participación ciudadana. En efecto, la acción popular puede
ser ejercida por cualquier persona, organizaciones civiles, no gubernamentales,
etc., y además el artículo 24 prevé que cualquier persona puede solicitar ser
reconocido como coadyuvante de cualquiera de las partes, antes del fallo de primera
instancia. La acción popular, por la naturaleza de los derechos que protege, cuenta
con una amplia legitimación en la causa, razón por la cual no existen barreras
procesales para que cualquier persona se haga parte en aquel tipo de procesos.
18. Descendiendo al caso concreto, conforme certificación remitida por la
magistrada titular del despacho que profirió la decisión cuestionada, y además,
conforme lo indicaron varias intervenciones de municipios, la actora no fue parte
dentro del proceso judicial de acción popular que llevó a la adopción del auto de 14
de marzo de 2025, motivo por el cual, no satisface el requisito de legitimación en la
causa por pasiva, pues la decisión cuestionada no resolvió sobre derechos
subjetivos de la actora.
19. La actora tiene un juicio negativo sobre la decisión cuestionada, pero ello no
basta para que, por ese solo hecho, cuente con legitimación en la causa por activa.
Resulta fundamental que haya sido parte dentro del proceso judicial o que la
decisión del 14 de marzo de 2025, directamente, la afectara de manera concreta y
precisa. La actora se identifica como defensora de derechos ambientales, e invoca
el derecho al ambiente sano, el derecho al agua, el derecho al debido proceso y la
protección de la autonomía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En
el escrito de tutela, en relación con los derechos invocados, no se presentan
argumentos o material probatorio, al menos sumario, en relación con la manera en
7
SU-565 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo). En aquella ocasión se resolvió una acción de
tutela contra una providencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en la que se fijaba la
competencia para conocer de un proceso penal contra una persona menor de edad. Quien ejercer
la acción de tutela contra la decisión judicial era el Fiscal delegado que venía ejerciendo la acción
penal contra el menor de edad. La Corte indicó que el Fiscal de Derechos Humanos contaba con
legitimación en la causa por activa puesto que la decisión atacada lo afectaba directamente. Precisó
la Corte: “En cumplimiento de este deber, el ciudadano Camilo Escobar Rico, en su condición de
Fiscal 18 Especializado de la Dirección de la Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario, ha sido el responsable de la investigación de los hechos
punibles que podría haber cometido el ciudadano Moisés Cabrera Moreno. También es autor de la
resolución de acusación en contra del ciudadano investigado, por la presunta comisión de los delitos
de rebelión y coautoría de secuestro. Contra la resolución acusatoria proferida por el Dr. Escobar
Rico se promovió el incidente de nulidad y se presentó un recurso de apelación, cuya respuesta
conduce a que se le retire del ejercicio oficioso de la acción penal. En suma, es el ciudadano
accionante, el fiscal Escobar Rico, quien resulta desprovisto de la competencia para el cumplimiento
de los cometidos de investigación y acusación de los delitos señalados.”
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01684-00
Accionante: Irma Llanos Galindo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta -Subsección B
Referencia: Primera instancia acción de tutela
la que se presenta una eventual conculcación concreta y subjetiva de derechos
fundamentales. La actora invoca dimensiones colectivas del derecho al agua y al
ambiente sano, haciendo referencia a la protección de las fuentes hídricas de la
sabana de Bogotá, así como una supuesta autonomía del ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
20. Debe recordarse que, por disposiciones internacionales8 y de derecho
interno9, el derecho al agua tiene varias dimensiones. Es, en principio un derecho
colectivo, en tanto parte del ambiente sano, pero también tiene la dimensión de un
derecho fundamental, cuando se busca la protección del acceso al líquido para el
consumo humano. En igual situación se encuentra el derecho al ambiente sano10 el
cual, es un derecho colectivo, pero con dimensiones subjetivas individuales. En esa
medida, la actora afirmó que buscaba la protección de los derechos al agua y al
ambiente sano, pero no explicó la manera concreta y específica en la que se
amenazaron o conculcaron dimensiones subjetivas de las cuales sea titular. Se
limitó a afirmar, en abstracto la vulneración de esos derechos, razón por la cual,
respecto a dichos derechos carece de legitimación en la causa por activa para
invocar su protección.
21. Respecto al derecho al debido proceso, la actora tampoco cuenta con
legitimación en la causa por activa, pues como ya se indicó la decisión judicial
censurada no resolvió ninguna petición concreta en contra de los intereses de la
actora. Así, en atención a que no fue parte dentro del proceso de cumplimiento del
fallo popular, la providencia atacada no resolvió ninguna pretensión o solicitud
concreta de la actora. Respecto a la invocación de los derechos al ambiente sano y
al agua, tampoco cuenta con legitimación pues del escrito de amparo y del material
probatorio no se verifica alguna eventual vulneración subjetiva en cabeza de la
actora.
22. Finalmente, debe recordarse que, en un fallo de tutela del año
inmediatamente anterior11, esta Corporación resolvió una acción de tutela dirigida
contra un auto proferido dentro del trámite de cumplimiento de la sentencia popular
dentro del radicado 25000-23-15-000-2001-00479. En aquella ocasión, la acción de
amparo fue formulada por una persona ajena al proceso por lo que se declaró la
falta de legitimación en la causa por activa, atendiendo las razones anotadas en
esta decisión.
8
Observación General No. 15 del Comité DESC: “El derecho humano al agua es el derecho de todos
a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y
doméstico”. (negrillas y subrayado fuera del texto).
9
Cfr. T-891 de 2014: “En las sentencias citadas, la Corte ha acogido una serie de reglas aplicables
a casos similares que conviene concretar. Ha dicho la Corporación que: (i) el agua para consumo
humano es un derecho fundamental, pues se encuentra en conexión con el derecho a la vida digna
y a la salud”.
10
Ley 472 de 1998, artículo 4: “Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados
con: a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y
las disposiciones reglamentarias”.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01072-01. Actor: Luis Felipe Henao Cardona (Unánime).
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01684-00
Accionante: Irma Llanos Galindo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta -Subsección B
Referencia: Primera instancia acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo promovido por Irma Llanos
Galindo por no satisfacer el requisito de legitimación en la causa por activa.
SEGUNDO: COMUNICAR a las partes la decisión aquí adoptada.
TERCERA: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
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VF
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