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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01072-01

Fecha
6 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01072-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de septiembre de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que desestimó por improcedente por falta de legitimación en la causa por activa, la petición de amparo promovida por Luis Felipe Henao Cardona, por las razones aquí expuestas. SEGUNDO: En los términos del artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-01072-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

6 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: Dr. FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01072-01

Accionante: LUIS FELIPE HENAO CARDONA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-
SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN B.

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra auto dictado dentro del proceso de verificación de
cumplimiento de sentencia de acción popular del Río Bogotá. Falta de legitimación en la
causa por activa. Confirma decisión que declara improcedente la acción de tutela.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Antecedentes
Escrito de tutela

1. El actor formula acción de tutela en contra del auto de 24 de noviembre de
2023, proferido por la sala unitaria de la Subsección C de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del trámite de cumplimiento del
fallo de acción popular identificada con radicado 2001-00479-02 y proferido en
segunda instancia por el Consejo de Estado el 28 de marzo de 2014. El objetivo de
aquella acción popular y de la providencia que puso fin al proceso de acción popular
es la descontaminación del río Bogotá. En aquella providencia del año 2014, entre
otras cosas se ordenó:

“4.18. ORDÉNASE al Distrito Capital y a los demás entes territoriales
aferentes a la cuenca hidrográfica del Río Bogotá que en el término
perentorio e improrrogable de doce (12) meses contados a partir de la
aprobación y declaración de la modificación y actualización del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá -POMCA por
parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR,
modifiquen y actualicen los Planes de Ordenamiento Territorial -POT, Planes
básicos de ordenamiento territorial -PBOT y Esquemas de Ordenamiento
Territorial -EOT ajustándolos con los contenidos del mismo.

Adicionalmente, ORDÉNASE al Distrito Capital y a los demás entes
territoriales aferentes al Río Bogotá, que en el actual proceso de modificación
de los POTs, PBOT y EOT y de acuerdo con los demás términos que el
ordenamiento jurídico ha establecido, incluyan en los mismos las variantes
ambientales, de cambio climático y la gestión de riesgos asociados a estos.

Finalmente, ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca -CAR asesorar al Distrito Capital y a los demás entes
territoriales aferentes al Río Bogotá: i) en el actual proceso de modificación
de los POT´s, PBOT y EOT y ii) en su articulación con el Plan de

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01072-01
Accionante: Luis Felipe Henao Cardona
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá -POMCA
una vez éste de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4.8”1

2. Dentro del cumplimiento de esa sentencia de acción popular, el 2 de
diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sala Unitaria de la
Subsección C de la Sección Cuarta profirió una medida cautelar de urgencia con el
fin de garantizar el cumplimiento de la anterior orden (identificada con el No. 4.18).
Ello en atención a que la orden de la sentencia de segunda instancia se encontraba
vencida. Con el fin de reiterar aquel auto de medida cautelar, la misma autoridad
judicial profirió el auto de 24 de noviembre de 2023 en el que ordenó, entre otras
cosas:

“PRIMERO: REITÉRASE la medida cautelar de 2 de diciembre de 2020 y
ORDÉNASE a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA -CAR- PARA QUE SE ABSTENGA DE APROBAR LA
CONCERTACIÓN DE PROYECTOS DE PLANES DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL que presenten los municipios de la CUENCA DEL RÍO
BOGOTÁ y que no cumpla con los requisitos de ley y demás condiciones
expuestas en este proveído.

SEGUNDO: REITÉRASE Y ORDÉNASE COMO MEDIDA CAUTELAR DE
URGENCIA a los ALCALDES DE LOS 45 MUNICIPIOS y A LOS CONCEJOS
MUNICIPALES de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá y de sus
subcuencas relacionadas en la parte motiva de esta providencia que den
cumplimiento a la orden 4.18 impartida por el Consejo de Estado, y en
consecuencia, para que en los ajustes a los PLANES DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, PLANES BÁSICOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL y
ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL incluyan las
determinantes ambientales definidas en el POMCA y en los decretos 1076
de 2015, 1232 de 2020, 2079 de 2021 y en la Ley Plan Nacional de
Desarrollo- Ley 2294 de 2023 atendiendo a las razones señaladas en esta
providencia.

TERCERO: En cumplimiento de la competencia que la sentencia como el
artículo 34 de la Ley 472 de 1998 asigna a la suscrita magistrada para decidir
previo incidente de desacato y/o cumplimiento a la referida orden 4.18 de la
sentencia, esto es, establecer y decidir si los planes de ordenamiento
territorial de los municipios y del distrito capital de Bogotá cumplen con las
determinantes ambientales a las que se hace referencia en la parte motiva
como en el ordinal tercero de esta resolutiva, ORDÉNASE A LOS ALCALDES
DE LOS 45 MUNICIPIOS DE LA CUENCA: (i) ) que en el evento en que no
se cumplan las determinantes señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo -
Ley 2294 de 2023 o en los Decretos 1076 de 2015, 1232 de 2020. 2079 de
2021, DEVUELVAN los proyectos a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA para que se proceda a la revisión y
correspondiente evaluación de tal manera que se cumplan las referidas
normas; ii) ORDÉNASE A LOS CONCEJOS MUNICIPALES (concejales)
QUE SE ABSTENGAN DE APROBAR AJUSTES O MODIFICACIONES A
LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PLANES BÁSICOS DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL cuando de conformidad con lo prescrito en el artículo
2.2.2.1.2.2.6 del Decreto 1232 de 2020 y por efecto de las observaciones y

1
Folio 2 del auto de 24 de noviembre de 2023, anexo con el escrito de tutela. Índice Samai 2.

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01072-01
Accionante: Luis Felipe Henao Cardona
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

ajustes solicitados por el consejo territorial de planeación o el concejo
municipal o distrital, sea necesario modificar temas exclusivamente
ambientales que fueron objeto de concertación con la corporación autónoma
regional o autoridad ambiental respectiva. Como consecuencia, deberán
disponer la devolución del proyecto a la CAR CUNDINAMARCA con el fin de
que se adelante nuevamente el procedimiento de concertación y consulta
previsto en las normas vigentes, sobre los temas objeto de modificación. Lo
anterior en concordancia con el parágrafo del ARTÍCULO 2.2.2.1.2.2.7
Adopción del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. Prohíbe y manda que
No se someterá a consideración del concejo municipal o distrital el proyecto
de Plan de Ordenamiento Territorial - POT sin haber agotado los trámites
correspondientes ante cada una de las instancias de concertación y consulta
previstas en la Ley 388 de 1997. Las anteriores órdenes que se profieren bajo
la advertencia de que se trata de medidas cautelares de urgencia con el fin
de evitar un daño inminente y grave al ordenamiento del territorio y al
ecosistema del río Bogotá y sus afluentes. las cuales DEBERÁN
CUMPLIRSE DE MANERA INMEDIATA dado el EFECTO DEVOLUTIVO
señalado en el artículo 26 de la Ley 472 de 1998, SO PENA de incurrir en
fraude a resolución judicial de la sentencia de 28 de marzo de 2014 proferida
por el Consejo de Estado orden 4:18 y en DESACATO con la consiguiente
imposición de las sanciones legales a las que haya lugar.”

3. Contra la anterior decisión, el actor presentó solicitud de aclaración y/o
adición de providencia, pues en su sentir la misma es contradictoria. Hasta el
momento en que se presentó la acción de tutela dicha petición de aclaración y/o
adición no había sido contestada.

4. Ante el silencio de la entidad accionada, el actor formuló acción de tutela
contra la providencia de 24 de noviembre de 2023. El actor indicó que la providencia
atacada resulta confusa en su contenido, particularmente en la coherencia que debe
existir entre la parte motiva y resolutiva. Afirmó que el auto incurrió en cuatro formas
de defecto sustantivo primero, por señalar que el artículo 32 de la Ley 2294 de 2022
(Plan Nacional de Desarrollo) es de aplicación inmediata para los instrumentos de
planificación de los Municipios, ignorando que esta misma norma, delega la
declaración de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos en el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

5. Un segundo defecto sustantivo se debe a que el auto de 24 de noviembre de
2023, no llevó a cabo una interpretación sistemática de las normas que reglamentan
la competencia de la CAR para pronunciarse sobre el uso de suelos con capacidad
agrológica. El tercer defecto sustantivo se relaciona con la contradicción frente a la
competencia que tiene la CAR respecto a la definición de usos de suelo con
capacidad agrológica, pues si bien señala que la CAR no resulta competente para
pronunciarse sobre el uso de suelos con capacidad agrológica, el mismo auto de 24
de noviembre de 2023 ordena que el POMCA del Río de Bogotá -expedido por la
CAR- debe considerar los suelos clasificados como tal. Finalmente, sostuvo como
cuarto defecto sustantivo que el Tribunal al proferir la providencia atacada vulneró
flagrantemente los derechos fundamentales al debido proceso, así como el acceso
efectivo a la administración de justicia, en virtud del contenido confuso.

6. Adicionalmente, argumentó que incurrió en los defectos de violación directa de la
Constitución y orgánico. En cuanto al primero indicó que la decisión judicial vulnera
el artículo 113 superior, conforme al cual, las diferentes instituciones estatales
tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente. En criterio del actor, la

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Accionante: Luis Felipe Henao Cardona
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

decisión judicial vulnera el principio de separación de poderes, pues una autoridad
judicial limitó las facultades de cada municipio de la cuenca del río Bogotá para
regular el uso del suelo. El defecto orgánico se concreta en que, el auto de 24 de
noviembre de 2023 desborda las órdenes proferidas en sede de acción popular, y
por el contrario suplanta a las autoridades competentes para tomar ese tipo de
decisiones.

7. Concluyó el escrito de amparo solicitando la tutela de los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia y solicitó:

“De conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos de la presente
tutela, se solicita al honorable Consejo de Estado, dejar sin efectos el Auto
de 24 de noviembre del 2023 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Cuarta-Subsección B, que ordenó a los MUNICIPIOS y a la CAR
abstenerse de aprobar ajustes o modificaciones a los POT, PBOT y EOT, en
cumplimiento a la orden No. 4.18 del fallo de la acción popular rad. No. 2001-
00479-00, caso del río Bogotá, por vulnerar los derechos al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia y por incurrir en los defectos
orgánico, sustantivo y violación directa a la Constitución”2

Trámite de la acción de tutela

8. Admitida en primera instancia, se vincularon al procedimiento de tutela a los
municipios de la cuenca del río Bogotá, a las autoridades ambientales, a empresas
de servicios públicos y a la autoridad judicial accionada3. Antes de proferirse fallo
de fondo, se resolvieron varios impedimentos formulados por los Consejeros de
Estado que conocieron en sede de primera instancia.

9. En la contestación de la acción de tutela, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, a través de la magistrada ponente
solicitó declarar improcedente la acción de tutela, en atención a los siguientes
argumentos: i) el auto del 24 de noviembre de 2023, se encuentra debidamente
ejecutoriado, al resolverse los recursos de reposición, aclaraciones y adiciones
mediante el proveído de 12 de marzo de 2024, encontrándose en trámite para remitir
las diligencias y actuaciones al Consejo de Estado a fin de que se surtan los
2
Folio 23 del escrito de tutela.
3
Al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, y como interesados en
las resultas del proceso, a la Procuraduría Cuarta Judicial II Ambiental y Agraria, al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de
Educación Nacional, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación, al Ministerio de Salud y de la Protección Social, al Ministerio de Minas y Energía, al
Departamento Nacional de Planeación, a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA), a la Agencia Nacional de Minería (ANM), a la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (CAR), a la Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio),
al Departamento de Cundinamarca, al Distrito Capital de Bogotá, a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, a ENEL-EMGESA S. A. E.S.P., a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y a los municipios de Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, Guatavita , Guasca, La
Calera, Tocancipá, Gachancipá, Cucunubá, Tausa, Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Cajicá, Chía, Sopo,
Tabio, Tenjo, Subachoque, El Rosal, Cota, Bogotá D. C., Funza, Madrid, Mosquera, Bojacá,
Facatativá, Zipacón, Cachipay, Anolaima, Quipile, Soacha, Granada, Sibaté, San Antonio del
Tequendama, El Colegio, Tena, La Mesa, Anapoima, Apulo, Tocaima, Viotá, Agua de Dios, Ricaurte,
Girardot, Chipaque. De igual forma, vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso a
los señores Pablo Carrizosa de Narváez, Medardo Galindo Hernández, Ricardo Carrillo Palencia,
Arturo Sánchez Andrade, Luis Hernando Tarazona Soto y Gustavo Moya Ángel, al haber actuado en
la acción popular que se tramitó con el radicado 25000- 23-15-000-2001-00479-00 [01-02]

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01072-01
Accionante: Luis Felipe Henao Cardona
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

recursos de apelación interpuestos, por lo que es a dicha corporación a quien le
corresponde, en segunda instancia, analizar la pertinencia y legalidad de las
medidas cautelares allí decretadas. Esas circunstancias determinan la inviabilidad
de la acción de tutela como medio de defensa, al no superarse el requisito de
subsidiariedad.

10. La Agencia Nacional de Minería, la Unidad Administrativa Especial Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca —CAR solicitaron declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva de las entidades, la improcedencia de la acción, y de manera
subsidiaria negar el amparo. Señalaron que, en general, las entidades no son las
llamadas a resolver la solicitud elevada por el actor, toda vez que el mecanismo de
amparo es un trámite netamente judicial y no administrativo que recaiga en su
contra. Resaltaron que lo pretendido por el accionante es usurparle las funciones
judiciales al juez natural que adelanta actualmente el cumplimiento de la sentencia
de la acción popular, de tal manera que este mecanismo constitucional no procede

11. Los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ciencia, Tecnología e
Innovación, las Culturas, las Artes y los Saberes, Hacienda y Crédito Público, Minas
y Energía, Salud y Protección Social, Vivienda, Ciudad y Territorio y Trabajo
solicitaron declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva y su consecuente
desvinculación del trámite de tutela, o abstenerse de proferir decisión alguna en
contra, ya que bajo ninguna circunstancia ni general ni concreta han sido
responsables del presunto menoscabo de los derechos fundamentales invocados
por el accionante.

12. Varios municipios de la cuenca del río Bogotá (Chía, Cucunuba, Tabio)
intervinieron con el objetivo de indicar que, estarían atentos a cumplir las decisiones
judiciales que se profieran y que, en todo caso, algunas decisiones proferidas en
sede de cumplimiento de la acción popular, sí han sido confusas y se han proferido
teniendo en cuenta la situación de un solo municipio.

13. Las Secretarías Distritales de Gobierno y de Salud solicitaron su desvinculación
de la acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva, y se opusieron
a las pretensiones del accionante.

14. Por último, la Procuraduría 4° Judicial II Agraria y Ambiental de Bogotá dijo
compartir integralmente las manifestaciones expuestas por el accionante, sin
embargo, indicó que el pasado 12 de marzo de 2024, el despacho judicial accionado
se pronunció sobre la solicitud de aclaración del auto del 24 de noviembre de 2023,
lo que configura en el asunto la carencia actual de objeto por hecho superado.

Sentencia de primera Instancia

15. En providencia de 4 de septiembre de 2024, la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado rechazó la acción de tutela pues consideró que el actor, al
no haber sido parte de la acción popular que está cuestionando, carece de
legitimación en la causa por activa para atacar un auto de cumplimiento. La
providencia concluyó lo siguiente:

“En el caso, el señor Luis Felipe Henao Cardona acude a la acción de tutela en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados con el auto
del 24 de noviembre de 2023, proferido dentro del proceso de acción popular con
radicación 25000-23-15-000-2001-00479-00 [01-02], sin haber sido parte dentro del

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01072-01
Accionante: Luis Felipe Henao Cardona
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Referencia: Segunda instancia acción de tutela

proceso y, en todo caso, sin ni siquiera haber intervenido en calidad de tercero con
interés, ya que, como se dejó sentado en el acápite de hechos probados, su solicitud
de coadyuvancia fue rechazada dentro del proceso, por haber sido presentada de
manera extemporánea, es decir, después de 20 años de que se profirió la sentencia
de primera instancia”.

16. La Sala de primera instancia encontró que la acción se encuentra afectada por
la ausencia del presupuesto procesal de legitimación en la causa por activa y, en tal
sentido, lo declaró en la parte resolutiva de la decisión.

Impugnación

17. Dentro del término legal, el actor formuló recurso de impugnación en el que
reiteró los supuestos fácticos en los que fundamenta su petición de amparo
constitucional. Estimó que, satisface el requisito de legitimación en la causa por
activa dado que, en la acción popular se tramita la protección de derechos colectivos
cuya titularidad es de todos y cada uno de los individuos. Concluye: “al tener de por
medio el auto de fecha 24 de noviembre de 2023 derechos colectivos, el cual se
pretende dejar sin efectos mediante la presente tutela, me encuentro legitimado por
activa al ser esta clase de derechos de todos y cada uno de los individuos de la
sociedad, por lo que no se requiere que el suscrito haga parte del proceso en virtud
del cual se dieron las órdenes antes transcritas”.

18. Por lo anterior, solicita revocar el fallo de primera instancia, y que en su lugar se
amparen los derechos invocados y dejar sin efecto el fallo de 24 de noviembre de
2023.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

19. Esta Subsección es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

2. Problema jurídico

20. A la Sala le corresponde determinar si la acción de tutela resulta formalmente
procedente, especialmente teniendo en cuenta que, el actor no fue parte del proceso
de la acción popular, procedimiento judicial que cuenta con una amplia legitimación
en la causa por activa, y con etapas procesales explícitas para que las personas
que deseen participar dentro del proceso puedan vincularse como terceros. En caso
de concluir que la acción de tutela es formalmente procedente, se examinará si la
decisión de 24 de noviembre de 2023 incurre en los defectos específicos invocados.

21. Con el fin de resolver el primer problema jurídico, se examinará las reglas sobre
legitimación en la causa por activa, específicamente en tutela contra providencias
judiciales de acciones populares.

22. Conforme la jurisprudencia constitucional4, la acción de tutela contra providencia
resulta procedente en aquellos eventos en los que, en un procedimiento ordinario,

4
SU-585 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo). En aquel caso un militante del partido liberal
atacó una sentencia proferida por un juez popular en la que se daban órdenes a la colectividad

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Accionante: Luis Felipe Henao Cardona
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Referencia: Segunda instancia acción de tutela

una providencia judicial, sentencia o auto, incurre en seis causales genéricas de
procedencia y al menos una causal específica. Entre las causales genéricas no se
indica que la acción constitucional deba ser formulada por una parte dentro del
proceso o quien se vea directamente afectado por el fallo, pero sí se señala que los
yerros que se aleguen en sede de amparo, debieron haber sido alegados dentro del
proceso ordinario, lo que de suyo implica, necesariamente, que haya sido admitido
como sujeto procesal

23. En efecto, jurisprudencialmente se ha indicado que5, quien puede atacar una
decisión judicial debió haber sido sujeto dentro del proceso judicial que llevó al fallo
cuestionado, o debe mostrar que, siendo un tercero, la decisión lo afecta
directamente.

24. Esto cobra especial relevancia respecto de las acciones populares, pues
conforme el artículo 12 de la Ley 472 de 1998, este tipo de acciones constitucionales
gozan de una amplia legitimación en la causa por activa y se prevé la hipótesis de
extensa participación ciudadana. En efecto, la acción popular puede ser ejercida por
cualquier persona, organizaciones civiles, no gubernamentales, etc., y además el
artículo 24 prevé que cualquier persona puede solicitar ser reconocido como
coadyuvante de cualquiera de las partes, antes del fallo de primera instancia. La
acción popular, por la naturaleza de los derechos que protege, cuenta con una vasta
legitimación en la causa, razón por la cual no existen barreras procesales para que
cualquier persona se haga parte en aquel tipo de procesos.

25. Descendiendo al caso concreto, el actor tendría legitimación en la causa por
activa, inclusive siendo un tercero ajeno al proceso de la acción popular y mostrando
que no estuvo en condiciones de hacerse parte dentro de aquel, si ofreciera razones
concretas y particulares en las que la decisión judicial atacada vulnera o amenaza
derechos fundamentales de los cuales, el actor es titular.

26. A juicio de esta Sala, el yerro del actor estriba en que busca mostrar que cuenta
con legitimación en la causa por activa, aplicando estándares propios de la acción
popular, cuando, en sede de tutela, las reglas normativas son disímiles. El artículo
10 del decreto 2591 de 1991 prescribe que la acción de tutela puede ser ejercida

por la vulneración del derecho colectivo a la moralidad pública. En aquella ocasión, la Sala Plena de
la Corte verificó que la acción de tutela contra la decisión del juez popular buscaba la protección de
derechos subjetivos de un militante del partido liberal, no en abstracto el derecho del partido político.
Indicó la Corte: “En el caso bajo revisión ha de advertirse que el señor Rodrigo Llano Isaza promovió
la presente acción de tutela para solicitar la protección de sus propios derechos fundamentales,
pero también para proteger los derechos fundamentales de la colectividad política a la que
pertenece…” (negrillas y subrayado fuera del texto)
5
SU-565 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo). En aquella ocasión se resolvió una acción de
tutela contra una providencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en la que se fijaba la
competencia para conocer de un proceso penal contra una persona menor de edad. Quien ejerce la
acción de tutela contra la decisión judicial era el Fiscal delegado que venía ejerciendo la acción
penal contra el menor de edad. La Corte indicó que el Fiscal de Derechos Humanos contaba con
legitimación en la causa por activa puesto que la decisión atacada lo afectaba directamente. Precisó
la Corte: “En cumplimiento de este deber, el ciudadano Camilo Escobar Rico, en su condición de
Fiscal 18 Especializado de la Dirección de la Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario, ha sido el responsable de la investigación de los hechos
punibles que podría haber cometido el ciudadano Moisés Cabrera Moreno. También es autor de la
resolución de acusación en contra del ciudadano investigado, por la presunta comisión de los delitos
de rebelión y coautoría de secuestro. Contra la resolución acusatoria proferida por el Dr. Escobar
Rico se promovió el incidente de nulidad y se presentó un recurso de apelación, cuya
respuesta conduce a que se le retire del ejercicio oficioso de la acción penal. En suma, es el
ciudadano accionante, el fiscal Escobar Rico, quien resulta desprovisto de la competencia para el
cumplimiento de los cometidos de investigación y acusación de los delitos señalados.”

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01072-01
Accionante: Luis Felipe Henao Cardona
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

por “cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales”. La norma indica que podrá acudir al juez de tutela quien
sumariamente ofrezca elementos de convicción que evidencien que sufre, en
primera persona, una vulneración a uno de sus derechos fundamentales.

27. El demandante en sede de tutela, tanto en el escrito como en la impugnación
indica que acude al juez constitucional para proteger los derechos colectivos que se
ven afectados por la decisión judicial atacada y cuando argumenta los defectos
específicos de la providencia cuestionada, no ofrece razones para atisbar la manera
en la que la providencia judicial lo afecta directamente. El defecto sustantivo,
orgánico y de vulneración directa de la Constitución apuntan a que se afectan a
colectivos, ya sea grupos de personas o a los municipios de la ribera del río Bogotá,
pero no indican la manera concreta y puntual en que se ven amenazados o
conculcados los derechos del tutelante que son de naturaleza subjetiva.

28. Adicional a lo anterior, si el actor reprocha que la autoridad judicial accionada
vulnera sus derechos fundamentales pues acudió a dicha instancia, Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para intervenir dentro del procedimiento de
cumplimiento del fallo del juez popular, y su petición no ha sido resuelta, se estaría
ante el escenario de acción de tutela por mora judicial. Sin embargo, estos no fueron
los ataques propuestos por el actor, y en todo caso, como lo indicó el agente del
Ministerio Público, la petición de aclaración del auto atacado ya fue resuelta.

29. En conclusión, en atención a que el decreto 2591 de 1991 y el precedente
constitucional indican que, para atacar una decisión judicial mediante escrito de
tutela resulta necesario satisfacer el requisito de legitimación en la causa por activa.
Mostrar que la decisión judicial amenaza o vulnera derechos fundamentales del
tutelante, y en el caso concreto el actor no lo cumple, corresponde proferir un fallo
de improcedencia. En atención a que la decisión de primera instancia fue de
rechazo, se confirmará la decisión de improcedencia de la acción constitucional de
amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de septiembre de 2024, proferida por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que desestimó por
improcedente por falta de legitimación en la causa por activa, la petición de amparo
promovida por Luis Felipe Henao Cardona, por las razones aquí expuestas.

SEGUNDO: En los términos del artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, REMITIR a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01072-01
Accionante: Luis Felipe Henao Cardona
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Segunda instancia acción de tutela

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono
celular el código QR que aparece a la derecha.

VF

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