Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01696-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01696-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01696-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
2 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera Ponente (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202501696-00
Actora: Provedata S.A.S.
Demandada: Sección Tercera -Subsección C- del Consejo de Estado
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.
Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia,
ii) igualdad y iii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la sociedad Provedata S.A.S.
contra la Sección Tercera -Subsección C- del Consejo de Estado.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La sociedad Provedata S.A.S. presentó acción de tutela contra la Sección
Tercera -Subsección C- del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la
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Actora: Provedata S.A.S
sentencia de 24 de julio de 2024, dentro del proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales identificado con el número único
de radicación 250002336000-2017-01479-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que: “[…] El 9 de agosto de 2017, UT DELTA, conformada por las
empresas MICROHARD S.A. y PROVEDATA S.A.S. -en adelante UT DELTA-,
presentó demanda, en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, contra CPE, con el fin de que: i) se declare el incumplimiento del
contrato de compraventa No.115-14 del 18 de junio de 2014 respecto de la fórmula
contractual de previsión anticipada de riesgos, relacionada con la fluctuación del
dólar y su TRM; y ii) se reconozca en su favor la suma total de $2.584’936.665, por
concepto de la aplicación de la fórmula de reajuste por la variación de la TRM. […]”.
4. Indicó que la Sección Tercera -Subsección A- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 8 de julio de 2020, denegó las pretensiones
de la demanda.
5. Señaló que la Unión Temporal Delta 01-14 interpuso recurso de apelación,
frente al cual, la Sección Tercera -Subsección C- del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 24 de julio de 2024, resolvió:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de julio de 2020, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, por los motivos
plasmados en la parte motiva de esta decisión […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] 8.1. La cláusula de reajuste por la variación de la TRM era aplicable al contrato
No.115-14 de 2014, incluidas sus modificaciones
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Actora: Provedata S.A.S
De entrada, la Sala estima que no le asistió razón a CPE y al a quo al considerar que
la cláusula de reajuste por la variación de la TRM no era aplicable al contrato No.
115-14 del 18 de junio de 2014 con sus modificaciones, debido a que, pese a que
hubo un incumplimiento del contratista, lo cierto es que fue superado mediante los
otrosíes suscritos por los sujetos negociales y el contrato de transacción que
celebraron, sin que en aquellos se hubiera excluido la fórmula por la fluctuación del
dólar estadounidense, como se pasa a explicar. […]”.
[…]
“[…] En tal sentido, le asiste razón a la parte actora en que operó la novación de la
obligación de entrega de computadores y ratones en el contrato de suministro, en
concordancia con el artículo 1687 del Código Civil, debido a que, si bien inicialmente
se convino tanto un plazo como unas especificaciones detalladas de los productos
que luego fueron incumplidos por UT DELTA (hechos probados retratados en el
acápite 7.2.), en realidad las partes modificaron el alcance del objeto negocial en
varias ocasiones por la mora obligacional, para pasar a fijar un nuevo término y,
adicionalmente, computadores y ratones con cualidades diferentes, por lo que mal
haría CPE en alegar ahora que dicho incumplimiento le impedía aplicar la fórmula
de reajuste por el incremento de la TRM cuando lo validó y superó.
A su turno, cuando se presentó el incumplimiento de UT DELTA y se suscribió tanto
el acuerdo de transacción del 6 de octubre de 2014, como los otrosíes Nos. 172-14,
222-02 y 002-03 (hechos probados 7.3.3., 7.4.1., 7.4.2., y 7.4.3.), en ninguno de tales
convenios se excluyó la aplicación de la fórmula de reajuste por la variación de la
TRM, sino que, por el contrario, en todos los eventos se ratificó que las demás
disposiciones del acuerdo de voluntades se mantendrían vigentes, lo que debía
llevar a concluir que, con ello, la totalidad de los mandatos de los pliegos de
condiciones seguían rigiendo la relación negocial, por más de que se hubiera
incrementado su plazo.
De ese modo, es claro que la cláusula de reajuste por la fluctuación de la TRM era
aplicable al contrato No. 115-14 del 18 de junio de 2014 con todo y que aquel se
extendió en su plazo y se modificaron las especificaciones del suministro por cuenta
de un incumplimiento de UT DELTA, debido a que CPE se allanó a tal desatención
obligacional y, además, en los otrosíes suscritos para conjurar tal aspecto no se
excluyó la aplicación de dicha fórmula. […]”.
[…]
“[…] 8.2. La reclamación efectuada por UT DELTA para solicitar la aplicación de la
cláusula de reajuste por la variación de la TRM fue formulada en tiempo
La Sala considera que, contrario a lo indicado por CPE, UT DELTA no efectuó su
reclamación por la variación de la TRM de manera extemporánea, debido a que la
cláusula de reajuste por la fluctuación de dicho índice no estableció una restricción
en el tiempo para formular el reparo en cuestión […]”.
[…]
“[…] 8.3. No se acreditó que hubiera existido una variación de la TRM superior al
8,81% y, por ende, que se tuviera que reconocer un monto adicional por ello
De la revisión del material obrante en el expediente, la Subsección encuentra que
no se cuenta con elementos materiales de juicio suficientes para determinar los
extremos sobre la base de los cuales osciló la TRM, lo que conlleva a que no sea
posible determinar si hubo una variación de tal figura superior al 8,81% y, por
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Actora: Provedata S.A.S
consiguiente, CPE no estaba obligada a aplicar la cláusula por la fluctuación de dicho
factor en favor de UT DELTA. […]”.
[…]
“[…] En virtud de las consideraciones plasmadas en las páginas precedentes, la
Subsección concluye que UT DELTA no acreditó las fechas en que efectuó los pagos
en dólares de los bienes que posteriormente suministró a CPE, información sin la
cual la demandada no estaba obligada a aplicar en su favor la cláusula de reajuste
por la fluctuación de la TRM, ante la falta de información para determinar tal aspecto,
situación que refleja que el incumplimiento obligacional alegado por la actora no se
configuró.
Por lo tanto, no se evidencia ninguna infracción a los principios inherentes a la
contratación estatal por el hecho de que CPE se hubiera negado a aplicar la fórmula
de reajuste por la fluctuación de la TRM en favor de UT DELTA, pues no existían
elementos suficientes para concluir que el índice osciló en un porcentaje superior al
8,81%, de ahí que, contrario a lo advertido por la parte apelante, la demandada actuó
de buena fe, no solo porque basó su decisión en la ausencia de pruebas existente,
sino porque le garantizó al reclamante la posibilidad de plasmar los argumentos de
lo que pretendía, así como lo requirió para que allegara la información faltante, sin
que hubiera procedido en tal sentido. […]”.
6. Precisó que: “[…] Microhard S.A.S. ha cedido la totalidad de sus derechos
litigiosos en favor de Provedata S.A.S., como consta en la Minuta de Cesión […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] En mérito de lo expuesto, respetuosamente solicito al Consejo de Estado,
actuando en sede de tutela y como juez constitucional, que ampare los derechos
fundamentales invocados y en consecuencia disponga lo siguiente:
27. Petición principal: Que se deje sin efectos la sentencia de 24 de julio de 2024
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro
del proceso promovido por la U.T. DELTA 01-14 contra Computadores para Educar.
Esta medida se solicita como garantía de los derechos fundamentales vulnerados,
restableciendo la situación jurídica al estado anterior a dicha decisión y eliminando
los efectos lesivos que esta conlleva, conforme al artículo 5 del Decreto 2591 de
1991, que establece: “El juez de tutela adoptará las medidas necesarias para la
protección inmediata de los derechos fundamentales, pudiendo ordenar cualquier
actuación que restablezca el derecho conculcado”.
28. Petición derivada o consecuencial principal: Que el juez de tutela dicte una
sentencia sustitutiva que corrija los defectos sustantivos y fácticos identificados,
reconociendo el incumplimiento de Computadores para Educar y la obligación de
reparar el perjuicio ocasionado a la U.T. Delta,
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Actora: Provedata S.A.S
29. Petición consecuencial subsidiaria: Que se ordene a la Subsección C de la
Sección Tercera emitir un nuevo fallo conforme a las pautas de esta tutela, remitiendo
la liquidación de daños a un incidente posterior conforme al artículo 193 del CPACA,
modificado por el artículo 87 de la Ley 2080 de 2021.
30. Petición cautelar provisional: Como medida urgente para evitar un perjuicio
irremediable, solicito la suspensión provisional de los efectos de la sentencia del 24
de julio de 2024, conforme al artículo 7, primer inciso del Decreto 2591 de 1991, que
dispone: “Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de
la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para
proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o
vulnere…” Dado que el perjuicio económico es grande y podría agravarse sin esta
medida, se justifica su adopción hasta la resolución de la tutela.
31. Medidas de cumplimiento y seguimiento: Solicito al Honorable Consejo de Estado
que se impartan las órdenes necesarias para hacer efectiva la protección otorgada,
incluyendo la comunicación inmediata del fallo de tutela a las partes del proceso
original y, de ser procedente la orden de proferir una nueva sentencia, la fijación de
un plazo razonable para ello, so pena de desacato, conforme al artículo 52 del
Decreto 2591 de 1991 […]”.
7.1. Como fundamento de su solicitud, la actora consideró que:
“[…] En síntesis, la sentencia impugnada se encuentra viciada por varios defectos
sustantivos y fácticos, y por una contradicción lógica interna, que afectó el derecho a
la defensa y al debido proceso de la parte actora.
Los defectos sustantivos consisten en no haber aplicado materialmente la norma
estipulada por las partes, como «ley del contrato», para establecer la distribución del
riesgo cambiario, la estimación del desequilibrio económico producido por una
variación excesiva de la tasa de cambio y el mecanismo para corregir dicho
desequilibrio, al adoptar una interpretación de la cláusula pertinente que resulta
desproporcionada, irracional, arbitraria, contraria a la intención real de las partes y
que no se sujeta a las disposiciones legales aplicables para la interpretación de los
contratos.
Asimismo, incurre en un defecto fáctico grave, pues la decisión de fondo no descansa
en la prueba, sino que, más bien, elude pronunciarse sobre ella. En esa medida, la
ausencia de un análisis probatorio completo, razonable e imparcial, comprometió la
justicia del fallo, y dejó a la U.T. DELTA en un estado de indefensión material y en
una posición de desigualdad frente a su contraparte, pues sus argumentos y
evidencias no fueron realmente considerados.
Los defectos sustantivos y fácticos explicados se refuerzan y agudizan con una
contradicción lógica, de carácter interno, en la que incurrió el Consejo de Estado en
la sentencia impugnada, consistente en que, si bien anunció que analizaría, y
resolvería la controversia a la luz de lo pactado expresamente por las partes en el
contrato (que incorpora el pliego de condiciones y sus anexos), es decir, como un
incumplimiento contractual, y no frente a las condiciones y requisitos exigidos por la
ley y la jurisprudencia para analizar la procedencia de reclamos basados en el
desequilibrio económico de los contratos estatales, terminó haciendo exactamente
esto último, al imponerle al contratista una carga probatoria que no le correspondía,
según lo estipulado expresamente en el contrato.
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Actora: Provedata S.A.S
Por las razones anteriores, la sentencia atacada ocasionó una clara vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a la
tutela judicial efectiva de la Unión Temporal y de las sociedades que integran dicha
asociación. Esta vulneración todavía subsiste y debe ser corregida. […]”.
Actuación
8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 1o. de abril de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Tercera -
Subsección C- del Consejo de Estado; iii) vinculó, como terceros con interés
legítimo, a la Sección Tercera -Subsección A- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y a Computadores Para Educar, concediéndoles el término de tres
(3) días para rendir informe sobre el particular; y iv) negó la medida provisional
solicitada por la actora.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
9. La Sección Tercera -Subsección C- del Consejo de Estado solicitó declarar
improcedente la acción de tutela o, en su defecto, denegar las pretensiones, al
considerar lo siguiente:
“[…] 1.1.- La acción de tutela impetrada no configura un asunto de relevancia
constitucional
La acción interpuesta por Provedata S.A.S. no configura un asunto de relevancia
constitucional, pues en vez de comportar una vía procesal para la protección de
derechos fundamentales, en realidad se está ejerciendo como una tercera instancia
donde se han reformulado cuestionamientos concernientes al procedimiento
contencioso administrativo, que revelan una desavenencia con el contenido de la
decisión, mas no que esta transgrediera los derechos de la accionante. […]”.
[…]
“[…] En particular, en este caso no se vislumbra ninguna vulneración de derechos,
sino una intención de reabrir el debate probatorio del proceso contencioso
administrativo, ya que Provedata S.A.S. está solicitando la revaloración de la cláusula
de reajuste por la variación de la TRM, que fue interpretada sistemáticamente
respecto del contrato No. 115-14 del 18 de junio de 2018 y donde se encontró que,
para poder determinar si la oscilación fue superior al 8,81% y, por tanto, si procedía
un reajuste, se debía conocer el momento en que el contratista efectuó pagos en
dólares, pues la escencia (sic) de tal figura fue protegerlo de las fluctuaciones de esa
divisa, por lo que de no demostrarse tal aspecto era imposible determinar la variación,
como en efecto sucedió.
A lo anterior se suma que, contrario a lo indicado en la tutela del accionante, la Sala
no podía tener en cuenta el dictamen pericial que aportó, debido a que, como este
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mismo lo advierte en su solicitud de amparo, no se demostró la calidad del perito,
aunado a lo cual sus afirmaciones se fundaron en simples especulaciones, al punto
que en la práctica de la prueba este afirmó que “las fechas me las da la parte
demandante y yo con la parte jurídica no me meto”, aspecto que revela que la
experticia estaba basada en especulaciones y, valorada con las demás pruebas, no
daba cuenta de cuándo se efectuaron los pagos de los negocios entre UT Delta y sus
distribuidores, para así determinar la oscilación de la TRM.
Así pues, no se está ante ninguna anomalía que riña abiertamente con la Carta,
elemento exigido por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción
de tutela en cuanto al elemento de relevancia constitucional y, por tanto, no le
corresponde al juez de tutela reabrir la discusión probatoria del asunto con radicado
25000-23-36-000-2017-01479-01 (66566), lo que implicaría desconocer que la aquí
accionante tuvo todas las garantías y sus reproches de apelación se estudiaron
integralmente. […]”.
[…]
“[…] 1.2.- No se presentó ninguna irregularidad procesal con un efecto decisivo o
determinante en la decisión objeto de la demanda de tutela
Además de que no se configuró el requisito de relevancia constitucional, vale
destacar que en la sentencia del 24 de julio de 2024 tampoco existe ningún defecto
procedimental que configure una irregularidad procesal, ya que fue producto del
estricto rigor del trámite de segunda instancia, al punto de que tanto CPE como UT
Delta alegaron de conclusión en segunda instancia. A su vez, se hizo una valoración
integral, sistemática y completa de las pruebas, que durante el trámite de la primera
instancia fueron trasladadas debidamente y los sujetos procesales tuvieron la
posibilidad de controvertirlas […]”.
[…]
“[…] la Sala efectuó una lectura integral del contrato y descartó una interpretación
aislada de la cláusula de variación de la TRM, lo que llevó a concluir que el querer
de las partes con dicha figura fue blindar al contratista de que los negocios que
efectuara en dólares se vieran mitigados frente a los riesgos de fluctuación
monetaria, por lo que, naturalmente, los realizados en moneda nacional no estaban
cubiertos por dicho mandato y, además, era necesario probar la manera en que se
realizaron los pagos para ese efecto.
Empero, como UT Delta no demostró cuándo realizó los pagos en cuestión, no
existían elementos determinantes para establecer con certeza si la oscilación de la
TRM fue mayor al 8,81%, lo que, como se ha indicado reiteradamente, impedía
acceder a las pretensiones de la apelación, de ahí que al arribarse a esa conclusión
no se incurrió en un defecto sustantivo, pues no hay una contradicción entre los
argumentos plasmados y la decisión.
10. La Sección Tercera -Subsección A- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva y denegar la acción de tutela. Para tal efecto, manifestó lo siguiente:
“[…] En primer lugar, es importante aclarar que la decisión adoptada por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en la sentencia proferida el 8 de julio de 2020, negó las pretensiones a partir del
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análisis de la situación fáctica y los elementos probatorios obrantes en el proceso, en
el marco de autonomía e independencia judicial.
Se advierte además que, en ejercicio del derecho de defensa y contradicción se apeló
la decisión y en esa medida la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en decisión del 24 de julio de 2024 confirmó la sentencia proferida el 8 de
julio de 2020 dentro del proceso No. 25000-23-36-000-2017-01479 00, pero por las
razones allí expuestas, a partir igualmente del análisis realizado en segunda instancia
de los aspectos fácticos y los elementos probatorios obrantes en el proceso, en el
marco de la autonomía e independencia judicial.
Bajo ese entendido, nótese que la actuación del Despacho se ha ajustado al trámite
de ley, sin desconocer los derechos fundamentales de las partes y el hecho de que
se hubieren negado las pretensiones y que dicha decisión se hubiere confirmado, no
conlleva al desconocimiento o vulneración de los derechos fundamentales alegados.
Adicionalmente, debo señalar que el actor, no puede pretender a través de la acción
de tutela que el juez constitucional proceda a efectuar un análisis factico (sic),
normativo y probatorio del caso ya resuelto, como si se tratara de una tercera
instancia contra la decisión, como al parecer pretende en este caso […]”.
11. Computadores para Educar solicitó declarar improcedente la acción de tutela,
al considerar lo siguiente:
“[…] De la revisión, análisis y estudio detallado de los hechos y los fundamentos en
que se sustenta esta acción constitucional, se advierte con suficiente nivel de claridad
que lo pretendido por la UT DELTA consiste en someter al conocimiento del juez
constitucional asuntos que fueron debatidos y resueltos en cada una de las instancias
previstas en sede ordinaria por el ordenamiento jurídico. En consecuencia, la acción
de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional bajo los lineamientos
jurisprudenciales ya referidos al tratarse de un asunto meramente legal que no
plantea debate jurídico sobre el alcance y goce de derechos fundamentales, sino
sobre aspectos de orden contractual no susceptibles de ser ventilados por vía de este
mecanismo juridicial (sic); y finalmente, porque no se advierte una ostensible
actuación arbitraria por parte del juez ordinario que profirió la sentencia cuestionada.
En efecto, se alega la vulneración del derecho a la igualdad y del debido proceso, sin
embargo, de los argumentos que se exponen como sustento de tal trasgresión se
evidencia un marcado interés por desvirtuar los razonamientos jurídicos y la
valoración probatoria llevada a cabo por el juez ordinario al momento de dirimir
definitivamente lo pretendido en sede contractual y, en esa medida, desnaturalizar la
acción de amparo atribuyéndole efectos de una nueva instancia para discutir asuntos
ajenos a este escenario […]”.
[…]
“[…] Tal como se desprende del texto de la sentencia de segunda instancia (24 de
julio de 2024), el análisis realizado por la Sala sobre la cláusula de TRM fue producto
de una interpretación sistemática del contrato, del contexto de ejecución, y del
comportamiento contractual de las partes. De manera que, la exigencia de demostrar
pagos efectivamente realizados en moneda extranjera no constituye un elemento
jurídico nuevo ajeno al debate procesal, sino una consecuencia natural de la carga
probatoria impuesta a quien alega el derecho a un reajuste económico (artículo 167
del Código General del Proceso). […]”.
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Actora: Provedata S.A.S
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20212 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 3, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
Falta de legitimación en la causa por pasiva
14. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
15. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actora: Provedata S.A.S
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
16. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20064, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[5].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
4 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
5 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Actora: Provedata S.A.S
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
17. La Sala advierte que la Sección Tercera -Subsección A- del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca solicitó su desvinculación, porque, a su juicio,
carece de legitimación en la causa por pasiva.
18. Al respecto, es preciso indicar que la Sección Tercera -Subsección A- del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue vinculada al proceso de tutela de la
referencia como tercero con interés directo, en la medida en que conoció en
primera instancia del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales identificado con el número único de radicación
250002336000201701479-01, objeto de la presente acción de tutela.
19. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que a la Sección Tercera -Subsección A-
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le asiste interés en la decisión de
tutela que esta Sala profiera, razón por la que se denegará su solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Problemas jurídicos
20. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional.
21. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; iv) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia;
v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
12
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Actora: Provedata S.A.S
igualdad; vi) procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose
en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
23. Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20058, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de
un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra
tutela.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
8 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Actora: Provedata S.A.S
25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos parámetros.
26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
28. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
29. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
9 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
14
Núm. único de radicación: 110010315000202501696-00
Actora: Provedata S.A.S
201411, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
consideró lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [12]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [13].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [14].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [15].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
11 Ut supra página 6.
[12] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[13] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
15
Núm. único de radicación: 110010315000202501696-00
Actora: Provedata S.A.S
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [16]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [17].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [18]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
30. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró19:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
[16] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[17] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[18] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
19 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
16
Núm. único de radicación: 110010315000202501696-00
Actora: Provedata S.A.S
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”20
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”21
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
31. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.
20Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
21 Ibidem.
17
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Actora: Provedata S.A.S
32. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202222 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
18
Núm. único de radicación: 110010315000202501696-00
Actora: Provedata S.A.S
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala)
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
33. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional23 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
23 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19
Núm. único de radicación: 110010315000202501696-00
Actora: Provedata S.A.S
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia
35. El artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
36. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
37. El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
20
Núm. único de radicación: 110010315000202501696-00
Actora: Provedata S.A.S
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
38. Atendiendo a que la Corte Constitucional25 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Análisis del caso concreto
39. La sociedad Provedata S.A.S. presentó acción de tutela contra la Sección
Tercera -Subsección C- del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 24 de julio de 2024, dentro del proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales identificado con el número único de
radicación 250002336000201701479-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
40. De acuerdo con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la
parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del
acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico,
concluir el caso concreto.
41. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
25 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
21
Núm. único de radicación: 110010315000202501696-00
Actora: Provedata S.A.S
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
42. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
42.1 Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales identificado con el número único de radicación
250002336000-2017-01479-01.
Solución del caso concreto
43. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional.
44. Como fundamento de su solicitud, la actora en su escrito de tutela señaló
que26:
“[…] En síntesis, la sentencia impugnada se encuentra viciada por varios defectos
sustantivos y fácticos, y por una contradicción lógica interna, que afectó el derecho a
la defensa y al debido proceso de la parte actora.
Los defectos sustantivos consisten en no haber aplicado materialmente la norma
estipulada por las partes, como «ley del contrato», para establecer la distribución del
riesgo cambiario, la estimación del desequilibrio económico producido por una
variación excesiva de la tasa de cambio y el mecanismo para corregir dicho
desequilibrio, al adoptar una interpretación de la cláusula pertinente que resulta
desproporcionada, irracional, arbitraria, contraria a la intención real de las partes y
que no se sujeta a las disposiciones legales aplicables para la interpretación de los
contratos.
Asimismo, incurre en un defecto fáctico grave, pues la decisión de fondo no descansa
en la prueba, sino que, más bien, elude pronunciarse sobre ella. En esa medida, la
ausencia de un análisis probatorio completo, razonable e imparcial, comprometió la
justicia del fallo, y dejó a la U.T. DELTA en un estado de indefensión material y en
una posición de desigualdad frente a su contraparte, pues sus argumentos y
evidencias no fueron realmente considerados.
26 Transcripción literal del texto.
22
Núm. único de radicación: 110010315000202501696-00
Actora: Provedata S.A.S
Los defectos sustantivos y fácticos explicados se refuerzan y agudizan con una
contradicción lógica, de carácter interno, en la que incurrió el Consejo de Estado en
la sentencia impugnada, consistente en que, si bien anunció que analizaría, y
resolvería la controversia a la luz de lo pactado expresamente por las partes en el
contrato (que incorpora el pliego de condiciones y sus anexos), es decir, como un
incumplimiento contractual, y no frente a las condiciones y requisitos exigidos por la
ley y la jurisprudencia para analizar la procedencia de reclamos basados en el
desequilibrio económico de los contratos estatales, terminó haciendo exactamente
esto último, al imponerle al contratista una carga probatoria que no le correspondía,
según lo estipulado expresamente en el contrato.
Por las razones anteriores, la sentencia atacada ocasionó una clara vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a la
tutela judicial efectiva de la Unión Temporal y de las sociedades que integran dicha
asociación. Esta vulneración todavía subsiste y debe ser corregida. […]”.
45. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por la actora ya fue
objeto de estudio por la Sección Tercera -Subsección C- del Consejo de Estado y
la acción de tutela contra providencia judicial no constituye una tercera instancia
que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto
verificar si la autoridad accionada incurrió en la vulneración de derechos
fundamentales.
46. Además de lo anterior, para la Sala, la actora planteó una afectación de sus
derechos fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente
legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso del medio de control
de controversias contractuales y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.
47. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedencia
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente27:
“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
27 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Núm. único de radicación: 110010315000202501696-00
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autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en
el ejercicio del poder público”28, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con
autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas
del ordenamiento jurídico”29. Por tanto, en el evento en que se cuestione una
sentencia dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional
debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos,
la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.
48. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el
escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.
49. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte en
la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa
carece de relevancia constitucional porque la discusión planteada por la actora no
gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo
que se agrega que la actora no justificó el motivo por el cual dicha decisión
constituye una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.
50. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la actora aduce que fueron
desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad lo cierto es que no existe una mayor
explicación acerca de las razones por las cuales se afectó, en forma
desproporcionada, el núcleo esencial de los derechos fundamentales de la actora
28 Sentencia SU-050 de 2018.
29 Sentencia SU-354 de 2017.
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con ocasión de la sentencia de 24 de julio de 2024, proferida por la Sección Tercera
-Subsección C- del Consejo de Estado.
51. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del
escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la
controversia se encuentra limitado a asuntos legales y probatorios cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
52. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente legal, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad
de protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la
tesis jurídica de la actora y, con ello, acceda a las pretensiones dentro del proceso
de controversias contractuales, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una
clara trascendencia o relevancia constitucional.
53. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida en que, si bien
la actora enuncia la trasgresión de sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, esa presunta afectación
tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.
Conclusiones de la Sala
54. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
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III. FALLA:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la Sección Tercera -Subsección A- del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela presentada por la
actora contra la Sección Tercera -Subsección C- del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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